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Domingo 27 de marzo de 2011

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NC-2011-03-27-1

  1. 1. NC-2011-03-27-1Domingo 27 de marzo de 2011De la revista Proceso, misma fecha 1. ...Los generales tras una ley a modo... 2. La república de Televisa 3. Y los medios se amordazan 4. El acuerdo, al gusto del presidente 1. ...Los generales tras una ley a modo... Jesusa CervantesTodo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladasen los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa decambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde loslegisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad paratomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.“Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados porlos que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge CarlosRamírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacciónde los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos dela urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la luchacontra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos parainvestigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cincogenerales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta desu llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general dedivisión Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de laDefensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretarioGuillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en elvehículo verde olivo número 0500124.Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del PalacioLegislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadierEzequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general JoséFrancisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; yotros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, ala oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues losdiputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por
  2. 2. el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que alLegislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las FuerzasArmadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y elcrimen organizado.Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas,coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares yRamírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, eltambién priista Rogelio Cerda.La conversaciónProceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruyefragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, porparte de la milicia, en cada ocasión.–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició laconversación Ramírez Marín.–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.–¿Cómo quieren la ley?–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Estoes cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimenorganizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una leyestablecida con claridad.–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados porlos que vengan en dos o tres años?–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la luchacontra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos parainvestigar, detener y combatir el crimen organizado.Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómodeben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de lasFuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitiry qué no.Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre lasdiferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior yseguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo quelas fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos oacciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se debenevitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.
  3. 3. Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobaciónde la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual laminuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tienepara cuándo discutir la minuta”.Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida yClaudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con lainiciativa aprobada por el Senado.Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora deintercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, elviernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparadopara la próxima Legislatura.Otros cabildeosEsa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión deDerechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general CarlosDemetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de laSecretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto ellunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que elpasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto encuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN yrepresentantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaríade Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional(Cisen), la Sedena y la Semar.El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina lasfacultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, delas autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momentoen que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimenorganizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga laboresde inteligencia y el tema de la “gradualidad”.Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores delpresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de NavarretePrida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto PérezCuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sidoconvocado”.
  4. 4. Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y lagente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández losustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas estánrenuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos,garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional escompleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejércitoy otras”, comentan participantes de las reuniones.Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones delnarcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernadorde Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad deDurango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.Diferencias A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a laCámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, larealidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más quehan podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminadopor una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar ygradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena yuna de Gobernación.Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia–establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar laboresde inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previaautorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por losjefes del Estado Mayor de las mismas”.Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la miliciapropone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar ydiseminar información (que llaman „generar inteligencia‟) con fines de seguridadnacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera aotras y a las entidades federativas”.Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones,como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en loscasos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”;mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistara personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos lospodrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.
  5. 5. Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “sepierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretendedar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutaracciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” deltema.En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar“medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridadinterior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente aun acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en gradode amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza elestado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunosnegociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan“pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechoshumanos”.En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridadnacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que sedivide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, interesesu objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro oproveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un“obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estadomismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta degrupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factoradverso son los desastres naturales.En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser“coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero queen el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y laMarina) las que estén a la cabeza de las operaciones.Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, segúnalgunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con laSedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en lasacciones de apoyo al Ejército”.Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, FernandoGómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy eltema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –gobernadores y alcaldes– participen.
  6. 6. Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladasen los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa decambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde loslegisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad paratomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.El Consejo Nacional de Educación Indígena e Intercultural estima que laevaluación es discriminatoria al no considerar la lengua materna y el contexto deesos pueblos. 2. La república de Televisa Miguel Ángel Granados ChapaAunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haberconsumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República.Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quierediseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios decomunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita lainformación sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimenorganizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a losparticipantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisase reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, eltipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generarconfianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendráexistencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto depropaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparatose convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de lasverdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esosproyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados paradenotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni esperaauxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón eljueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento deSan Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. Elcontenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero.Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio.Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a lacomunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuenciaorganizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de
  7. 7. vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesisde la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practicatambién el Estado.La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la CoberturaInformativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon unasuerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal,pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para laefectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Estoes, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuyala violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento sedesprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay másque dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hacefalta para regular su vida.Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos delAcuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir“para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de laviolencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de laviolencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efectoentre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay granviolencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esainformación no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. Eldel fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupaciónhotelera.El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito dela independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios sonadecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunosde ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en esecaso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbodebemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuenciaorganizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de lascosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo esfrancamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en voceroinvoluntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario,puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado quealtere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información queprovenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a losnarcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian apersonajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo dehacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puededarle sentido.
  8. 8. Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos procedende manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente lainformación”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidara las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de unejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a reciéndetenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de lasautoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales loscondenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces losexoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueronprobadas.El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda“proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o accióncontra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que sepusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarlesdurante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafosde televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción noacudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que noconsideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, envez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, lastelevisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones queno se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, elreportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todosellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el dedesnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es elaviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine elapego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago deexclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buenaprensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminadotodo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de losciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedadolos medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se lescoloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobiernocon este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de larevista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacciónde condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro,cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relataen su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentidocontinúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar elvalor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen enjaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadoresde una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas deese calibre en las cuales cebarse.
  9. 9. Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república deTelevisa. 3. ...Y los medios se amordazan José Gil OlmosPromovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por elduopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia,firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidaspara encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchoscomunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación,consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar lainformación y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de LosPinos.Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010,Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenasde radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte desu estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos,impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar“criminales” para no convertirlos en héroes.Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdopara la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios–aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por lasdos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión AztecaPedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno delos más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevistatelefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre dela Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación.“Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reuniónprevia el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gustoque estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.–¿Ven una posibilidad de censura?–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás yrevisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de laviolencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de serapologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes.
  10. 10. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano delgobierno.El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, perocomplementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los interesesempresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentosen que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.“Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores devarios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa dedonde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento”, afirma Trejo,presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es enrealidad “un acto de propaganda” y que por eso fue presentado en un “escenariolamentable” y “espectacularizado”: el Museo de Antropología convertido en un setde televisión.RegulaciónRegular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderóndesde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, elcongreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de laentidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala,esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios “nootorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a susrepresentantes”.El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en eltema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por laSeguridad. Hacia una Política de Estado.La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TVAzteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, RadioFórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria deTelecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radioy Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de losperiódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México.El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de laSociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Trasseñalar que el crimen organizado se ha convertido en “el mayor riesgo al ejerciciodel periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación yrepresión a la labor informativa”, pidió la regulación de los contenidos.“Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a laagenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera
  11. 11. de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva losgrandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear lainformación, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo,noticioso, la voz intimidatoria de los criminales.”El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: “Si yo no hubiera sido político, alo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es unaprofesión que respeto”, afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de Américaorganizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País.“Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondríade un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas lasmás importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlasahí”.Tras asegurar que las únicas que “asientan hechos totalmente objetivos einocultables” son las notas deportivas, Calderón afirmó que “se debe equilibrar yponer en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas quehay en el país”.De acuerdo con el acuerdoCon la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, FelipeCalderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de laprensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico.Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desdeApodaca, Nuevo León: “Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara deque la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular porlos medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de laviolencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizacionescriminales que afectan a los mexicanos”.Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mespasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad yviolencia.“Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de laviolencia”, dice Raúl Trejo. “Cada vez que puede reitera su anhelo para que enMéxico haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero aveces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero síaplaudió este acuerdo”, señala.Medidas huecas
  12. 12. Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon lanecesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación,protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan paralos medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos notienen ni Seguro Social.Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de “establecermecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo”.Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmentedistintos al documento final.Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas “a miembrosde las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentenciacondenatoria en su contra”. En la versión definitiva sólo se habla de “impedir quelos delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroespúblicos” y “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminalescon propósitos propagandísticos”.Los ausentesSe dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicacióndel país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieronparticipar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados,como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medioslocales.De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimenorganizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán,Sinaloa y Nuevo León.Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado sedecidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar demanera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la mismaque la de otras ciudades.“No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen máslibertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquícuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos quetener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a ladistancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable estageneralización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia.”En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo,“llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor partede los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a unacircunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan
  13. 13. incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada porlas organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas”.Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TVAzteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando“recuperaron” las instalaciones de Canal 40.El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientosmediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y “evocalas ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, FelipeCalderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer unperiódico”.Y remata: “Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia entorno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos,omisiones y extravíos del discurso oficial”.La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diarioReforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivascolaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como “losmezquinos de siempre”.La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir lasospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialistaEdgardo Buscaglia, “gerenciar el flujo de la información”. Esto es, uniformar lainformación, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepciónde lo que está pasando.“El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan alfracaso de la estrategia gubernamental”, asevera Aristegui. 4. El acuerdo, al gusto del presidente Arturo Rodríguez GarcíaLos reclamos del presidente Felipe Calderón contra quienes cuestionan su políticade seguridad encontraron eco en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de laViolencia, impulsado por el duopolio Televisa-TV Azteca y firmado porrepresentantes de medios de todo el país el pasado jueves 24.El documento, presentado dentro del programa Iniciativa México 2011, incluye unapartado de criterios editoriales de 10 puntos.
  14. 14. En los tres primeros se abordan aspectos sobre el tratamiento que debe darse a lainformación y coinciden casi por completo con los planteamientos que en torno altema ha señalado Calderón casi desde el inicio de su mandato:1. Tomar postura contra la violencia generada por el crimen organizado; 2. Noconvertirse en voceros involuntarios del crimen organizado; 3. Dimensionaradecuadamente la información.Además, en los puntos 7 y 10 se indica que los medios deben promover laparticipación y la denuncia ciudadana y no interferir en el combate a ladelincuencia.En varias ocasiones el presidente se ha referido a la información difundida por losmedios en relación con la violencia que azota al país.El 25 de febrero de 2010, en una reunión con empresarios en Yucatán, elpresidente pronunció un discurso que coincide plenamente con el decálogo decriterios editoriales del acuerdo:“Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego que la manta que dejan,además, en un pueblo, un recado de fulano para zutano... Lo que nos cuesta acualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones depesos, eso sí aparece en primera plana y a todo color”, observó.Más adelante dijo:“A veces es como deporte; a veces se trata de ver qué tanto podemos exacerbarnuestros problemas, qué tanto podemos amplificar los retos que tenemos. Y eso(...) sí causa mucho daño, no estoy diciendo, conste, que el problema no exista,sino que tenemos un problema real de inseguridad que tenemos que combatir, y sialguien tiene una alternativa, que me diga „no lo combatas‟, que me lo diga”, retóel mandatario a quienes lo critican por su “guerra”.En un almuerzo con embajadores y cónsules mexicanos, el pasado 6 de enero, losinstruyó para que “hablaran bien de México” y mencionó datos de la violencia quepriva en países de Centro y Sudamérica, en los que las cifras de homicidios sonsuperiores a las de México. Insistió en que hay un “problema de percepción”cuando se difunden materiales acerca de este tema.Los primeros en tomarle la palabra fueron los directivos de la Cámara Nacional deComercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), cuyos dirigentes lanzaron lacampaña “Hablemos bien de México” desde mediados de 2010.El pasado 25 de enero Calderón inauguró la Convención Nacional de Turismoconvocada por la Canaco-Servitur. Ahí se presentó la segunda etapa de lacampaña, titulada “Hablemos y actuemos bien por México”.
  15. 15. Al término de la reunión el mandatario firmó un decreto para declarar 2011 como“Año del turismo en México”.Intelectuales a modoEl presidente no sólo se ha valido de reuniones empresariales para enviar susmensajes a los medios de comunicación que no comulgan con sus políticas.También se ha valido de intelectuales destacados Por ejemplo, el viernes 4 demarzo, al otorgar la Orden del Águila Azteca en grado de insignia, la másimportante que concede el gobierno mexicano, al Premio Nobel Mario VargasLlosa, éste se deshizo en elogios hacia el régimen actual.En su mensaje Calderón se dijo lector del hispano-peruano a quien describió comoun luchador por la libertad.Atrás quedaron las expresiones críticas del escritor que acuñó la denominación de“dictadura perfecta” para referirse al régimen priista. Emocionado, exaltó “lalibertad” que hay en México y se dijo emocionado por saber que Calderón es unode sus lectores.La firma del acuerdo tuvo como testigos a destacados personajes, como JoséNarro, rector de la UNAM; Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN; JuanRamón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades;Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de TransparenciaMexicana; Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y Homero Aridjis,escritor y poeta, entre otros.También lo signaron dirigentes de organismos como el Consejo Mexicano deHombres de Negocios, A Favor de lo Mejor en los Medios, el Consejo de laComunicación, y los ciudadanos María Elena Morera, de Causa Común, y laseñora Isabel Miranda de Wallace.Hay, asimismo, algunos gobernadores que se han unido al apoyo. Por ejemplo elde Durango, el priista Jorge Herrera Caldera, se deshizo en elogios para elmandatario.En una reunión realizada el martes 22 en esa entidad le dijo: “Desde aquí mesumo también a los millones de mexicanos que reconocemos y apreciamos lafirmeza y valentía con que el presidente Calderón enfrenta los retos del país. EnDurango somos aliados del presidente de la República en la lucha a favor de laseguridad pública y en contra de la delincuencia organizada”, exclamó.Complacido, Calderón respondió:
  16. 16. “Necesitamos seguir trabajando fuerte en el tema de la seguridad para losduranguenses, porque es un problema medular del estado. Sepa Durango que hacontado y seguirá contando con el apoyo del gobierno federal para enfrentar yresolver este problema.”

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