Decretos del Poder Ejecutivo Nacional

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Dr. Oscar Flores UNT 2009

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Decretos del Poder Ejecutivo Nacional

  1. 1. Decretos del Poder Ejecutivo Nacional.
  2. 2. ¿Decretos o reglamentos? <ul><li>En el marco de la Constitución Nacional de 1853/60, el ejercicio de las tradicionales jefaturas del P.E.N. se manifestaban en forma de decretos . </li></ul><ul><li>Sin embargo, la Constitución, al establecer las atribuciones del Presidente, aludía a las “instrucciones y reglamentos que debía expedir el Poder Ejecutivo para ejecutar las leyes”, no a decretos . </li></ul><ul><li>No existía una referencia general a los decretos como modo ordinario de expresión de la voluntad ejecutiva. No obstante, la expresión estaba mencionada – aún hoy – en el art. 21 C.N. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>La denominación “reglamento” se aplica a todo acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales (Cassagne). </li></ul><ul><li>La actividad reglamentaria traduce una actividad materialmente legislativa o normativa, ya que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia (Cassagne). </li></ul><ul><li>Los reglamentos se denominan también actos de alcance o contenido general (LNPA). </li></ul><ul><li>Son actos de alcance general que integran el ordenamiento jurídico (ver la “pirámide jurídica”) . </li></ul>
  4. 4. Decreto = reglamentos del P.E.N. <ul><li>“ En la terminología utilizada en nuestro país con la palabra Decreto se alude a los reglamentos del Poder Ejecutivo. También se denominan de la misma forma los reglamentos dictados por los intendentes municipales; pero en nuestra práctica administrativa se denomina Decreto tanto al acto de contenido normativo, como al de alcance particular. En cuanto a la calificación que corresponde atribuir a los actos del Jefe de Gabinete dictados en ejercicio de la administración general del país o de facultades que le delegue al Presidente los respectivos actos se instrumentan mediante las llamadas &quot; decisiones administrativas &quot; (art. 100 incs. 1°, 2°, 3° y 4°, Const. Nac.) independientemente de su contenido normativo” (Cassagne) . </li></ul>
  5. 5. Caracteres jurídicos del reglamento (Cassagne) . <ul><li>Integran el ordenamiento jurídico; </li></ul><ul><li>Para que entren en vigencia deben ser publicados produciendo efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial y desde el día en que ellos determinen; si no designan tiempo, producirán efecto después de los ocho días computados desde el día siguiente de su publicación oficial; </li></ul><ul><li>Pueden ser derogados total o parcialmente por la Administración en cualquier momento, no rigiendo el principio de estabilidad del acto administrativo; </li></ul><ul><li>Están sujetos a los mismos principios que la ley en cuanto a su irretroactividad; </li></ul><ul><li>Tienen un régimen de protección jurisdiccional propio (LNPA: impugnación judicial en dos supuestos). </li></ul>
  6. 6. ¿Esto significa que el Presidente legisla? <ul><li>División de poderes, principio de legalidad y potestad reglamentaria. </li></ul><ul><li>El diseño constitucional argentino implica en esta materia otro de los apartamientos fundamentales del modelo estadounidense (Cassagne) . </li></ul><ul><li>Las formas en que se ha articulado el principio de legalidad pueden reducirse a tres grandes sistemas: a) función de legislar como atribución exclusiva del parlamento (Const. de Estados Unidos); b) el dualismo entre ley y reglamento (Const. argentina – ley en sentido formal y material) y c) la reserva de ley y el reconocimiento de un poder reglamentario residual. </li></ul><ul><li>De manera que, dentro de la doctrina de la división de los poderes, se reconoce en la actualidad – con mayores o menores limitaciones – un cierto margen de arbitrio al poder ejecutivo para la producción de normas generales y abstractas (Cassagne). </li></ul>
  7. 7. DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO De ejecución o reglamentarios Autónomos Delegados De necesidad y urgencia
  8. 8. PARTES DE UN DECRETO VISTO CONSIDERANDO PARTE RESOLUTIVA: “ DECRETA”
  9. 9. 1.- Decretos de ejecución o reglamentarios. <ul><li>Son los que dan nombre al P.E. (art. 99 inciso 2, C. N.) </li></ul><ul><li>Art. 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>“ Son los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades constitucionales propias (art. 99 inc. 2°, Const. Nacional), para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso el legislador” (Cassagne). </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Según la CSJN, los decretos reglamentarios o de “decretos de ejecución adjetivos” son &quot;aquellos que se sancionan para poner en práctica las leyes cuando éstas requieren de alguna determinada actividad del Poder Ejecutivo para su vigencia efectiva...se trata, en definitiva de normas de procedimiento para la adecuada aplicación de la ley por parte de la Administración Pública&quot; </li></ul><ul><li>CSJN &quot;Cocchia, Jorge D. c. Estado Nacional y otro&quot;, Fallos 316:2624,1993, consid. 14. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Es derecho complementario de la ley: los decretos reglamentarios integran la ley y tienen la misma fuerza imperativa. </li></ul><ul><li>Son decisivos para la eficacia de la ley: sin reglamentación, la ley queda habitualmente congelada y sin operatividad (Sagüés). </li></ul><ul><li>El momento de su dictado depende de la decisión del PE, salvo que la ley imponga un término imperativo para tal reglamentación. </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Se trata de una actividad normativa secundaria o subordinada respecto de la actividad primaria que es la ley (Cassagne). </li></ul><ul><li>El decreto reglamentario, al estar jerárquicamente subordinado a la ley, no debe afectar su sustancia. </li></ul><ul><li>Colisión: a) desnaturaliza la ley; b) invade áreas legislativas. </li></ul>
  14. 14. Leyes reglamentables (Cassagne). <ul><li>Sólo pueden reglamentarse aquellas leyes cuya aplicación corresponde al Poder Ejecutivo. </li></ul><ul><li>Las normas de Derecho Privado son aplicadas directamente por los particulares, correspondiendo su aplicación en caso de controversia a los tribunales federales, nacionales o provinciales; en consecuencia, el Poder Ejecutivo carece de competencia para reglamentar las disposiciones de los Códigos Civil o Comercial, con excepción de los aspectos donde su aplicación le ha sido encomendada (por ejemplo, inscripciones de operaciones inmobiliarias o de actos registrables en general). </li></ul>
  15. 15. 2.- Decretos autónomos o independientes. <ul><li>Son las normas generales que dicta el Poder Ejecutivo y, en general, la Administración, sobre materias que pertenecen a su zona de reserva. En su dictado, el gobierno y la Administración no aplican ni reglamentan una ley, sino que directamente interpretan y aplican la Constitución (competencias constitucionales propias - zona de reserva de la administración). </li></ul><ul><li>Se basaban en el antiguo art. 86 inc. 1. Hoy, como regla, le tocaría expedirlos al Jefe de Gabinete, pero el Presidente sigue emitiéndolos sin dificultades (reducción institucional del Jefe de Gabinete). </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Ejemplos de decretos autónomos: </li></ul><ul><li>Dec. 1429/72 (Régimen de licencias para los agentes públicos). </li></ul><ul><li>Dec. 977/95 ( Jefe de Gabinete de Ministros – Funciones). </li></ul><ul><li>Dec. 894/01 ( Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional ). </li></ul>
  17. 17. 3.- Decretos delegados. <ul><li>Se trata de normas generales dictadas por el Poder Ejecutivo en base a una autorización o habilitación del Congreso de la Nación, que regulan materias de competencia del poder legislativo. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Antes de la reforma de 1994, en “Cocchia” la CSJN los denominó “decretos de ejecución sustantiva”, y dijo que son aquellos que se emiten &quot;... cuando el legislador encomienda al Ejecutivo la determinación de aspectos relativos a la aplicación concreta de la ley, según el juicio de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que realiza el poder administrador. </li></ul><ul><li>En estos casos el Poder Legislativo dispone que el Ejecutivo aplique, concrete o ejecute la ley, según el “standard” inteligible que el mismo legislador estableció, es decir, una clara política legislativa…que actúa como un mandato de imperativo cumplimiento por parte del Ejecutivo“. </li></ul><ul><li>CSJN &quot;Cocchia, Jorge D. c. Estado Nacional y otro&quot;, Fallos 316:2624,1993, consid. 14. </li></ul><ul><li>Se los denomina también decretos de delegación impropia, debido a que antes de la reforma constitucional de 1994, la delegación de atribuciones legislativas no estaba permitida por la Constitución Nacional formal (Gelli) . </li></ul>
  19. 19. Reforma constitucional de 1994. <ul><li>Art. 76- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. </li></ul><ul><li>La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Lo emite el PEN refrendado por el Jefe de Gabinete, y lo controla la Comisión Bicameral Permanente (art. 100 inc. 12, C.N.). </li></ul><ul><li>Disposición Transitoria Octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al art. 76). </li></ul><ul><li>Blanqueo de los decretos delegados, bajo una condición resolutoria. </li></ul>
  21. 21. Delegación del ejercicio de atribuciones legislativas. <ul><li>Ley 25.414 (2001) </li></ul><ul><li>Ley 25.645 (2002) Ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. </li></ul><ul><li>Ley 25.918 (B.O. 24/08/2004) RATIFICASE EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO DE 2004 POR EL PLAZO DE DOS AÑOS Y CON ARREGLO A LAS BASES OPORTUNAMENTE FIJADAS POR EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL, LA TOTALIDAD DE LA DELEGACION LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS DETERMINADAS DE ADMINISTRACION O SITUACIONES DE EMERGENCIA PUBLICA, EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994, CUYO OBJETO NO SE HUBIESE AGOTADO POR SU CUMPLIMIENTO. APRUEBASE LA TOTALIDAD DE LA LEGISLACION DELEGADA DICTADA, AL AMPARO DE LA LEGISLACION DELEGANTE PREEXISTENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994, DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2002 HASTA LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Ley 26.135 (B.O. 24/08/2006) RATIFICASE EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO DE 2006 POR EL PLAZO DE TRES AÑOS Y CON ARREGLO A LAS BASES OPORTUNAMENTE FIJADAS POR EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL, LA TOTALIDAD DE LA DELEGACION LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS DETERMINADAS DE ADMINISTRACION O SITUACIONES DE EMERGENCIA PUBLICA, EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994, CUYO OBJETO NO SE HUBIESE AGOTADO POR SU CUMPLIMIENTO. APRUEBASE LA TOTALIDAD DE LA LEGISLACION DELEGADA DICTADA, AL AMPARO DE LA LEGISLACION DELEGANTE PREEXISTENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994, DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2004 HASTA LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY. </li></ul><ul><li>Vencimiento: 24 de agosto de 2009. </li></ul>
  23. 23. Jurisprudencia de la CSJN. <ul><li>CSJN “Selcro S.A.”, Fallos 326:4251, 21/10/2003 - FAYT - BELLUSCIO - PETRACCHI - BOGGIANO – VAZQUEZ -MAQUEDA. </li></ul><ul><li>Los aspectos sustanciales del derecho tributario no son delegables legislativamente, según el art. 76 C.N. </li></ul><ul><li>Respecto de las tasas rige el principio —de raigambre constitucional— de reserva de la ley o legalidad. En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corte resulta categórica en cuanto a que &quot;los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” (consid 5º). </li></ul><ul><li>Ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo (consid 6º). </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución (consid 7º). </li></ul><ul><li>No pueden caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (consid 8º). </li></ul>
  25. 25. “ Colegio Público de Abogados de Capital Federal c. Estado Nacional” CSJN 04/11/2008 <ul><li>La parte actora impugnó lo establecido por el decreto 1204/2001, en tanto disponía que los abogados que intervinieran en actuaciones judiciales en representación, patrocinio o defensa del Estado, estaban exentos del pago de bonos, derechos fijos o cualquier otro gravamen similar establecido en la ley nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 3°) y que esa representación, patrocinio o defensa no requería ninguna otra matriculación profesional, además de la exigida inscripción en el Registro de Abogados del Estado (art. 5°). </li></ul><ul><li>El Estado Nacional sostuvo que había empleado una de las atribuciones legislativas que le había delegado el Congreso, mediante la ley de emergencia pública 25.414. </li></ul><ul><li>Tal argumento fue desestimado por la CSJN por entender que las normas de los arts. 3º y 5º del el decreto 1204/2001 no encontraban convalidación en la delegación de facultades legislativas contenidas en la ley delegante invocada. </li></ul>
  26. 26. <ul><li>De los recaudos impuestos por el art. 76 CN, la CSJN puso el acento en uno de ellos: la prohibición de la delegación sin bases que emana del art. 76 de la Constitución argentina (Gelli). </li></ul><ul><li>La CSJN entendió que la delegación legislativa se dispuso &quot;de manera extremadamente amplia e imprecisa”, sin fijar un &quot;lineamiento inteligible&quot;, por lo que debe interpretarse muy restrictivamente la eficacia de la delegación. La Corte indica así cuál es el único perfil hermenéutico posible para el caso de ejercicio de facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo: interpretación restrictiva (Valcarce Ojeda). </li></ul><ul><li>Sin descalificar la ley de emergencia pública 25.414, interpretó el significado de la finalidad de ésta - necesidad de aumentar la eficacia de la administración - y, dado sus lindes difusos, en lugar de admitir la procedencia de cualquier medio para cumplimentar ese objetivo, exigió la demostración de que la medida elegida por la administración constituyera la concreción de la política delegante del Congreso (Gelli). </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Según Gelli, se desprende de esta sentencia la siguiente regla de limitación: “a mayor generalidad e imprecisión en las bases de delegación menor posibilidad de que el decreto delegado sea validado, excepto que la administración alegue y pruebe que la norma que dicta es una concreción de la específica política legislativa del Congreso”. </li></ul><ul><li>La regla en &quot; Colegio Público de Abogados &quot; puede enrolarse en los principios de excepcionalidad de los decretos delegados y de limitación de las atribuciones del Poder Ejecutivo. </li></ul><ul><li>Los límites establecidos por la CSJN en materia de delegación llevan al Tribunal a examinar los fines de la ley delegante 25.414, a discrepar con la interpretación que el Poder Ejecutivo efectuó de esta ley de emergencia pública y, conforme a su propia hermenéutica de esa normativa, invalidar el decreto PEN 1204/2001 por exceso de las disposiciones delegadas (Gelli) . </li></ul><ul><li>Se trata, en definitiva, de una actitud responsable de la Corte. Con esta toma de posición muestra su compromiso con el proyecto de 1994, esbozando una labor específica a desarrollar por el Poder Judicial e insertándola dentro del complejo mecanismo ideado por la Convención Constituyente, tendiente al fortalecimiento de las instituciones republicanas (Valcarce Ojeda). </li></ul>
  28. 28. <ul><li>“ Se trata, en definitiva, de una actitud responsable de la Corte. Con esta toma de posición muestra su compromiso con el proyecto de 1994, esbozando una labor específica a desarrollar por el Poder Judicial e insertándola dentro del complejo mecanismo ideado por la Convención Constituyente, tendiente al fortalecimiento de las instituciones republicanas” (Valcarce Ojeda). </li></ul><ul><li>La mayoría estuvo conformada por los Ministros LORENZETTI, FAYT, PETRACCHI, MAQUEDA, ZAFFARONI y ARGIBAY. En disidencia se pronunció la jueza HIGHTON de NOLASCO. </li></ul>
  29. 29. 4.- Decretos de necesidad y urgencia. <ul><li>Los dicta el PE sobre temas que la CN reserva al Congreso. Se los llama decretos leyes: “cuerpo de decreto y alma de ley”. </li></ul><ul><li>Desde el reestablecimiento de la democracia, se ha incrementado sustancialmente el uso de esta herramienta, ya que mientras en todo el período entre 1853 y 1983 (130 años) las distintas presidencias firmaron solo 25 DNU, mientras que entre 1983 y 2009 (poco mas de 26 años), fueron firmados 1061 DNU, registrando un promedio de 41 por año. </li></ul><ul><li>Es decir que desde el regreso de la democracia en 1983, el promedio anual de DNU casi duplica el total firmado en los 130 años anteriores de la historia argentina. (Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría). </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Presidentes y DNU : Alfonsín: 10; Menem: 545 en sus dos mandatos; De La Rúa: 73; Eduardo Duhalde: 158; Néstor Kirchner: 270; Cristina Fernández, 5 hasta marzo de 2009. </li></ul><ul><li>Con un promedio de 9.3 DNU firmados por mes, Duhalde fue el presidente que los ha usado con mayor intensidad desde 1983. En segundo lugar se ubica Néstor Kirchner con un promedio de 5 mes, seguido por Menem (4,4 durante sus dos mandatos), De la Rúa (3), Cristina Kirchner (0,3) y por último Alfonsín (0,1) (Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría). </li></ul><ul><li>“ Decreto de conveniencia” (Sagüés). </li></ul>
  31. 31. Antes de la reforma de 1994: “Peralta” CSJN 1991. <ul><li>En “Peralta” la CSJN convalidó el dec. 36/90 y consideró constitucionales los DNU siempre que mediasen tres factores: </li></ul><ul><li>Real situación de gravísimo riesgo social; </li></ul><ul><li>Necesidad de decidir la medida tomada; </li></ul><ul><li>No adopción por parte del Congreso de medidas contrarias. </li></ul><ul><li>Reforma de 1994: art. 99 inciso 3º C. N. </li></ul>
  32. 32. Art. 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: <ul><li>(…) </li></ul><ul><li>3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. </li></ul><ul><li>El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Materias sobre las que no pueden dictarse DNU. </li></ul><ul><li>Situación de hecho que justifica su dictado. </li></ul><ul><li>Procedimiento para su dictado y trámite posterior. Ley 26.122. </li></ul>
  34. 34. REGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACION LEGISLATIVA Y DE PROMULGACION PARCIAL DE LEYES <ul><li>Ley 26.122 .- Regúlase el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo. </li></ul><ul><li>Sancionada: Julio 20 de 2006 </li></ul><ul><li>Promulgada: Julio 27 de 2006 </li></ul><ul><li>B.O.: Julio 28 de 2006. </li></ul>
  35. 35. <ul><li>Esta ley subsana – formalmente – una larga omisión legislativa, ya que desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 1994 estaba pendiente la creación de la Comisión Bicameral Permanente encargada de controlar estos decretos (arts. 99, inciso 3 y 100, incisos 12 y 13, CN) y la sanción de la ley especial ordenada en el artículo 99, inciso 3 para reglamentar el trámite y los alcances de la intervención del Congreso en el control de los DNU (Pérez Sammartino). </li></ul>
  36. 36. <ul><li>El principal reparo que merece la demorada reglamentación es el efecto que se le asigna al silencio legislativo. </li></ul><ul><li>Al respecto, la ley determina que: (i) los decretos a que ella se refiere mantendrán su vigencia mientras no sean rechazados expresamente por ambas Cámaras del Congreso (art. 17); (ii) sólo el rechazo expreso por ambas Cámaras tendrá efectos derogatorios del decreto, &quot;quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia&quot; (art. 24) (Pérez Sammartino). </li></ul><ul><li>De manera que el mero silencio de éste (o el rechazo de una sola de las Cámaras) permite mantener vigentes los decretos de que se trate. </li></ul>
  37. 37. <ul><li>¿Qué ocurre con el art. 82 C.N.? </li></ul><ul><li>La voluntad del constituyente de 1994 fue que no pudiera haber más decretos-leyes con el silencio del Congreso. </li></ul><ul><li>Se buscaba derogar la doctrina del caso “Peralta”, que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso: “No hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como consentimiento al Poder Ejecutivo…El caso Peralta ha muerto, ha fenecido” (Convencional Ortiz Pellegrini, Diario de Sesiones, tomo II, págs. 2451/53). </li></ul>
  38. 38. <ul><li>Con la 26.122 un DNU vale más que la ley formal, ya que para ser rechazado requiere de la aquiescencia de ambas Cámaras, a diferencia de un proyecto de ley ordinaria respecto de la cual basta con el rechazo de una rama legislativa para que, incluso, la iniciativa no pueda repetirse en las sesiones del año (Midón). </li></ul><ul><li>A ello se suma el notorio vacío representado por la ausencia de preceptos que definan el término dentro del cual deben expedirse las ramas legislativas aceptando o rechazando un DNU, como también el llamativo mutismo en torno a las consecuencias de su eventual silencio (Midón). </li></ul>
  39. 39. ¿Cómo se deben interpretar el art. 99 inc. 3º y el art. 76 de la Constitución Nacional? <ul><li>Se deben armonizar ambos preceptos constitucionales y en consecuencia entender que prevalecen las reservas legales del art. 99 inc. 3º (respecto de la materia penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos), lo cual implica que el Congreso de la Nación carece de la potestad de delegar en esas materias (Cassagne). </li></ul><ul><li>Se trata de un argumento basado en el principio interpretativo a fortiori , que resulta convincente (Sagüés). </li></ul>
  40. 40. <ul><li>Además de la problemática que acarrea la mera existencia de distintos tipos de decretos, existe otra, que se genera por la mala costumbre que ha adoptado el Poder Ejecutivo en los últimos años, de dictar en un mismo cuerpo normativo, dos o tres tipos de decretos distintos. </li></ul><ul><li>En efecto, en no pocas ocasiones se invocan, en el mismo decreto, las facultades que emanan de los incisos 1, 2 y 3 del art. 99 C.N., con lo cual nos encontramos con que en las disposiciones de ese decreto se confunden normas dictadas con base en facultades autónomas propias (inc. 1), en facultades reglamentarias de las leyes (inc. 2) y en facultades legislativas que son ejercidas por el Presidente en virtud de las circunstancias especiales que imposibilitan seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes (inc. 3). En algunos casos se agrega también, como fundamento, una ley de delegación de funciones legislativas (Bidart Campos y Manili) . </li></ul>
  41. 41. Bibliografía. <ul><li>Bidart Campos, Germán J. y Manili, Pablo L., “A propósito de la moderna “decretocracia” argentina”, LA LEY 2003-C:1359. </li></ul><ul><li>Cassagne, Juan Carlos, “La configuración de la potestad reglamentaria”, LA LEY 2004-A, 1144. </li></ul><ul><li>Gelli, María Angélica: </li></ul><ul><li>“ Control estricto en la delegación legislativa. En el caso &quot;Colegio Público de Abogados de la Capital Federal&quot; Suplemento de Derecho Constitucional 2008 (diciembre), 38-LA LEY 2009-A, 161. </li></ul><ul><li>“ Los decretos autónomos del Poder Ejecutivo y la independencia del Ministerio Público (A propósito del decreto 539/2007 PEN)”, LA LEY 2007-D, 716. </li></ul><ul><li>Midón, Mario A., “Una ley contradictoria omisiva y claudicante”, LA LEY 2006-E, 1475. </li></ul><ul><li>Pérez Sammartino, Osvaldo A., “La reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Un remedio peor que la enfermedad”, LA LEY, Suplemento Actualidad. </li></ul><ul><li>Sagüés, Néstor Pedro, “Manual de Derecho Constitucional”, Astrea, Bs. As., 2007. </li></ul><ul><li>Valcarce Ojeda, Guadalupe, “Límites a las facultades legislativas del Poder Ejecutivo”, LA LEY, Suplemento de Derecho Constitucional 2009 (marzo), 20. </li></ul>

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