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Zylber. ej hipotecaria. fideicomiso. csjn

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Zylber. ej hipotecaria. fideicomiso. csjn

  1. 1. Z. -,' 87. XLVII. RECURSO DE HECHO Zylbersztejn, Abraham Gecel el González, Daniel y otro si ejecución especial. 'hJu Buenos Aires, Vistos dada los autos: en la causa Daniel si y otro "Recurso Zylbersztejn, ejecución dt /JI.¿ ~ de hecho Abraham especial", deducido Gecel Mario ~/I/.- por la deman- cl González, para decidir Mario sobre su pro- de la Sala D de la cedencia. Considerando: 1°) Que contra Cámara Nacional efecto la suspensión el pronunciamiento de Apelaciones culo 21 de la ley 24.522 éstos ral cuya denegación 2 0) autos, que la cámara el actor concurso del artículo 21 ej ecución 25.798 tina Que sostuvo la había quien, en ley sido Y -por su la multa el recurso revocar que en 24.522, "elegido" caso ello- carácter sería de decre- del artí- procesal impuesta a fede- los dispuesta resultaba el último el Banco fiduciario, base de las de la Nación habría en el párrafo el mutuo términos en innecesario de su crédito cuanto en sin queja. exigía por dejó hipotecaria la suspensión el lo cuanto extraordinario con la verificación como en en los términos la presente a fin de ej ecutado y 25.908, y confirmó motiva Civil ejecución instancia dedujeron cumpliera de lo de la presente tada por el juez de primera los accionados, en de del de la leyes Argen- asumir el pago de la deuda. Ponderó situdes que transcurrido el a esos efectos, actor desde había asimismo, tenido que se iniciaron -1- que las múltiples afrontar las presentes y el vicitiempo actuaciones.
  2. 2. 3 0) articulo a ese principio con las constancias decisión se apoya la cuando, aplicación cuestión. federal de hecho, pues, prueba como ocurre adecuado si bien re- ex- en el caso, el a qua a la controversia dogmáticas (Fallos: 315:2514 común, cabe hacer y la normativa en afirmaciones del bastante y derecho extraordinaria, de la causa sólo aparente a por la via elegida a la instancia no ha dado un tratamiento damento atinentes suscitan de una materia como regla, cepción agravios su tratamiento al examen ajena, los 21 de la ley 2~.522 que habilita miten Que de acuerdo aplicable, y la que le dan un fun- y 323:2314, entre muchos otros) . 4°) Que para verificación del crédito, q~e el mutuo no habia no operada 16 inciso 5°) Que, afrontar norma y demandado dor, respectivamente, debió por el acreedor actuaciones ordinario en los procesos descalificar legal en la sentencia admitido en el sistema la ley alguno 25.798 por lo en los articulas la rela- de acreedor las múltiples judiciales y deu- vicisitudes transcurrido que y que de no aplicar condiciones -2- de intactas. situaciones recurrida a (fs. 482), al acreedor prevista la que, pese y 7° de la ley 26.167, y el tiempo las innecesaria considerar y sus calidades son la decisión Que, pago lo demás, las 6°) por se mantenian iniciaron para sustentar creado la subrogación actor sido efectuado j de la citada ción entre habia hipotecaria el fiduciario en que resultaba el a qua omitió en ejecución re financiación que, concluir que desde que se se configuran no resultan de hábiles una norma vigente. expuestas, corresponde ya que ha sido demostrado el
  3. 3. Z. 87. XLVII. RECURSO DE HECHO Abraham Gecel el González, ejecución especial. Zylbersztejn, Daniel y otro directo rantías e inmediato entre constitucionales Mario si lo debatido que se dicen y resuelto vulneradas y las ga- (art. 15 de la ley 48). 7°) Que, por procesal cuya impuesta denegación 280 del Código el contrario, a los motivó demandados, la presente Procesal queja, sin Fiscal, con se declara efecto al tribunal el nuevo origen dicte un fallo queja recurso queja, apelada. con Con que, arreglo a la multa extraordinario, inadmisible por la señora se hace costas. por a la y se deja Vuelvan quien Pro- lugar extraordinario a lo (art. de la Nación) . indicado; el recurso a fin de es dictaminado alcance procedente la sentencia de el Civil y Comercial Por ello, y lo concordemente curadora en lo atinente los autos corresponda, expresado. al principal. Agréguese se la Notifíquese y remítanse. CARlOS S. FAYT JUAN CARLOS MAQUEDA E. RAUL ZAFFARONI -3-
  4. 4. Recurso de quej a interpuesto como abogado en causa propia Tribunal Tribunales Instancia de origen: Cámara por la parte demandada, Mario Daniel Gonzá1ez y como representante de É1ida Beatriz Flores. Nacional que intervinieron en 10 Civil n° 105. con de Apelaciones anterioridad: -4- en 10 Civil Juzgado (Sala D) Nacional de Primera
  5. 5. Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2013/MCordoneRosello/marzo/Zilbersztejn_Abraham_Gecel_Z_87_L_XLVII.pdf
  6. 6. ZILBERSZTEJN ABRAHAM GECEL el GONZALEZ MARIO S.C. Z. N" 87; L. XLVII Suprema Corte: -1- La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confinn6 la sentencia de la instancia anterior en cuanto, por un lado, habia rechazado el planteo de prescripción de la acción principal y, por otro, habia impuesto a los codemandados sanciones en los térnrinos del articulo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El tribunal modificó la decisión en lo que se refiere a la suspensión de las actuaciones en el marco de lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley N" 24.522 (texto según Ley N° 26.086), declarando su inaplicabilidad al caso (fs. 890/895 y 923/925, del expte. principal al que me referiré en lo sucesivo, salvo aclaración en contrario). Para así decidir, el tribunal sostuvo que no correspondía en el contexto del presente proceso "investigar la problemática introducida por los ejecutados en torno a la prescripción de la acción principal y del cobro de gastos y honorarios del letrado de la parte actora, efectuado en los términos de la ley 26.086" (v. fs. 923). Además, los jueces estimaron que las particularidades del caso permiten apartarse de lo establecido por el articulo 21 de la Ley N° 24.522 -último párr.- ya citado, que supedita el remate de la cosa gravada y la adopción de medidas precautorias a la acreditación del pedido de verificación del crédito y su privilegio. Destacaron al respecto, por un lado, que el mutuo fue elegido en los términos de la Ley Ñ'" 25.798 Y 25.908 y, en ese contexto, es el Banco de la Nación Argentina quiell, en su carácter de fiduciario, debe asumir el pago de la deuda, y, por otro, el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones. Sobre tal base declararon improcedente la suspensión del proceso resuelta por el magistrado de primera instancia y la innecesariedad de verificar el crédito con garantía hipotecaria.
  7. 7. En orden a las sanciones ii:npuestas, el a quo sostuvo la existencia de una inconducta por parte de los codemandados, mediante actos obstructivos y dilatorios puntualizados por el juez de la instancia, suficiente como para justificar su imposición. Finalmente, impuso las costas a la parte demandada, invocando el articulo 68 del Código de rito. -liContra dicbo pronunciamiento, los codemandados dedujeron recurso extraordinario, que fue desestimado (fs. 928/941 y 957), dando lugar a la presente queja (fs. 31i35, del cuaderno respectivo). En sintesis, alegan que la sentencia es arbitraria, pues prescinde del derecho aplicable y no considera las circunstaneias de la causa y la conducta del actor. En particular, sostienen que la Cámara, para fundar la inaplicabilidad de la Ley de Concursos y Quiebras, puntualmente el articulo 21 que impone la acreditación del pedido de verificación del crédito y su privilegio, para la procedencia del remate de la cosa gravada y la adopción de medidas precautorias, sólo mencionó "las particularidades del caso", sin declarar su inconstitucionalidad. Señalan que si bien se trata de un mutuo elegido por el Sistema de Refinanciación Hipotecaría creado y regulado por las Leyes N° 25.798, 25.908 Y 26.167, el Banco de la Nación Argentina afirman- aún no se ha hecho cargo del pago del crédito, por 10 que no ha operado la subrogación prevista legalmente. De tal forma, consideran que no babiendo cumplido el actor con la verificación impuesta por ley, por propia negligencia, su acción prescnlJió, lo cual-dicendebe ser declarado en el trámite ejecutorio. Resaltan que su parte, a fojas 804/806, con fecha 9 de marzo de 2009 planteó la prescripción de la acción prinéipal y luego, con fecha 27 de julio de 2009, ante la "persistente inactividad del actor", solicitó la prescripción de la acción por cobro de honorarios y gastos.
  8. 8. ZILBERSZTEJN ABRAHAM GECEL CI GONZALEZ MARIO S.C. Z. N° 87; L. XLVll Manifiesta que en los procesos fulenciales de ambos codemandados fue cumplida la publicidad establecida por la ley. En relación con las sanciones aplicadas, sostienen que no medió mala fe de su parte en su actuación proce~ desde que todos los plantees y recursos interpuestos han sido fundados e interpuestos en defensa de sus derechos, 10 cual no fue valorado, a su juicio, por la alzada. -IDLa doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronÍlnciamientos presuntamente equivocados en orden a temas no federales -en el caso, los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho común·, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequivoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (v. Fallos 323:4028; 326:2156, 2525; entre otros). En mi opÍllÍón la sentencia recurrida halla adecuado sustento en las consideraciones de hecho y de derecho común, como en la valoración efectuada de la prueba acompañada, por lo que no resulta así descalificable en los términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad. Al respecto, las manifestaciones de los apelantes en orden a que la alzada prescindió del derecho vigente -en particular, los articulos 21 y 56 de la Ley N° 24.522- que impone la declaración de prescripción de la acción, configuran meras alegaciones desvinculadas de 10 decidido. En efecto, constituyen hechos no controvertidos en la causa que el mutuo con garantía hipotecaría objeto de autos, fue celebrado con fecha 6 de abril de 2000 y, en virtud de tal contrato, fue gravado un inmueble de propiedad de la codemandada Flores (v. fs. 20/26). A su vez, en 10 sustancial, resulta menester recordar que resuelta la conversión legal a pesos del crédito en cuestión (v. fs. 334/337, confirmada a fs. 428/430),
  9. 9. el Banco de la Nación Argentina informó que el 29 de marzo de 2004 los deudores solicitaron acogerse al Sistema de Refinanciaeión Hipotecaria, declarándose elegible el mutuo y firmándose el contrato entre el Fiduciario y ambos deudores el día 7 de octubre de 2004 (fs. 484/491), y, posteriormente, por sentencia -firme- del día 12 de díciembre de 2005 se detemrinó el monto de la ejecución y la costas (fs. 599/601 Y 696). Los demandados, respecto de los procesos universales, sólo agregaron copia de las sentencias medíantes las cuales: se decretó la quiebra de Mario Daniel González el 27 de junio de 2003, se declaró su conclusión (Ilnt07), se abrió el pequeño concurso preventivo de Elida Beatriz Flores (8/5/06) y se homologó la propuesta de acuerdo preventivo en este último trámite (2017/07) -v. fs. 813/820-. En tales condíciones, no parece irrazonable lo sostenido por la alzada en cuanto a la improcedencia de los planteos de prescripción en el marco del presente proceso, valorando especialmente que se desconoce exactamente el estado de los juicios universales, y que no fue ni siquiera invocada por los demandantes la conclusión del concurso de la ca-accionada Elida Flores -titular del iomueble gravado- en los ténninos del artículo 59 de la Ley N° 24.522. Por otra parte, los planteas de los recurrentes en relación con la sanción prevista en el artículo 45 del Códígo Procesal Civil y Comercial de la Nación, no poseen capacidad para modificar la decisión del a qua, desde que conducen a la interpretación de aspectos relacionados con temas de derecho común y procesal y valoración 4e.las circunstancias de hecho, materias que resultan ajenas a esta instancia. A • .".¡:<,~ este respecto, cabe recordar que Y.E. ha establecido que lo relativo a la calificación de la conducta de los litigantes y la aplicación de las sanciones pertinentes, son cuestiones procesales y fáeticas, privativas de los jueces de la causa, y, reitero, ajenas a la instancia extraordínaria prevista en el artículo 14 de la Ley N" 48, en tanto no excedan de los montos usuales o de los admitidos en razón de las dísposiciones legales que autorizan su imposición -en el caso, art. 45 del Código de rito- (v. doctrina de Fallos 289:162; 300:586;
  10. 10. ZILBERSZTEJN ABRAHAM GECEL CI GONZALEZ MARIO S.C. Z. N° 87; L. XLVll 313:101). Máxime teniendo en cuenta los fimdamentos expuestos por los juec~ de la causa quienes resaltaron, que los demandados, mientras se sustanciaban sus respectivos procesos falenciales, y sin mediar la notificación a los acreedores tal como exigió el magistrado concursa! (v. fu. 814 -pto. 13- y 817 -pto. 2-), se acogieron a los beneficios del Sistema de Refinanciación Hipotecaria que incluye una reducción drástica de los intereses aplicables al crédito. Estos fimdamentos no permiten concluir la irrazonabilidad manifiesta de la decisión. En este punto, no es ocioso recordar que, como lo ha reiterado V.E., la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a lá Corte Suprema en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional, en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento, ¿ una total ausencia de fimdamento normativo, no permitan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios, como una "sentencia fimdada en ley", con directa lesión a la garantía del debido proceso (Fallos 324:4321; 325:3265, entre otros), situación que, conforme 10 expuesto en los párrafos precedentes, no ocurre en el sub lite. -IV No obstante lo anterior, en mi opinión, asiste razón a los recurrentes en relación con los agravios vinculados con la procedencia de la suspensión teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley W 24.522. Es menester recordar que la última parte del artículo 21 citado establece que "[eJn las ejecuciones de garantías reales nO se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio". En este sentido, el tnounal para concluir que resulta innecesaria en el caso la verificación de! crédito, omitió constatar si, en el sub lite, había operado la subrogación legal prevista en e! artículo 16 de la Ley N° 25.798, sin que las
  11. 11. manifestaciones en orden al tiempo transcurrido o a las vicisitudes de indole procesal del actor, sean hábiles para declarar inaplicable al caso la Ley};"" 24.522. Vale recordar que el procedimiento concursa! se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de la cesación de pagos del deudor, y a tal fin ordena el ejercicio de las pretensiones promovidas contra éste y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal. Proceso que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular según as disposiciones legales prestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados (v. doctrina de Fallos 327:1002). En estos aspectos, el recurso de los demandados, habrá de prosperar. -V- En función de lo anterior, opino que corresponde desestimar la presente queja de conformidad con lo expuesto en el punto ID del presente dictamen, y d~ar sin efecto el pronunciamiento recurrido en lo que atañe a! punto IV y remitir los autos a! tribunal de origen, para que en relación con ello, dicte uno nuevo con arreglo a derecho. Buenos Alres,

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