Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rechazo acción de amparo, por actividad en vía pública del estado

489 views

Published on

Cofiño, Luis Leandro contra GCBA sobre incidente de apelación
SENTENCIA
CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
10 de Noviembre de 2015
Id Infojus: NV13504
TEXTO
icono pdfcofino_luis_leandro_contra_gcba_sobre_incidente_de_apelacion.pdf
SINTESIS
Propiedad privada. Rechaza la acción de amparo interpuesta por un vecino del barrio de San Telmo contra el GCBA tendiente a que se abstenga de instalar un estacionamiento de bicicletas frente a su local comercial, en razón del supuesto daño irreversible a su propiedad y al entorno de la zona. En tal sentido, de las constancias de la causa se advierte una carencia de elementos corroborantes en cuanto a la protección de la propiedad privada, el espacio verde y el carácter de irreparable del daño que aparece como meramente conjetural, sumado a la presunción de legitimidad del acto administrativo. Asimismo, tampoco se vislumbraría la afectación del arbolado puesto que no se encontrarían dentro del sector a remover y no se perjudicaría la estética del lugar ni la funcionalidad de la acera.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rechazo acción de amparo, por actividad en vía pública del estado

  1. 1. Sala II “COFIÑO, LUIS LEANDRO CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN” EXP. A11764-2015/1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015. Y VISTOS; CONSIDERANDO: 1. Que la parte actora apeló y fundó a fs. 137/144 vta. contra la resolución de fs. 131/133 donde la jueza de grado dispuso “Rechazar la medida cautelar solicitada” (cfr. fs. 133). Para así decidir, la magistrada sostuvo que la parte actora no había podido demostrar de modo preliminar la verosimilitud en el derecho invocado. En tal sentido, sostuvo que “… no se advierte, en el estado embrionario de este proceso, el perjuicio concreto que autorice el dictado de una medida precautoria, y, a su vez, tampoco puede concluirse con las probanzas con las probanzas documentales de autos, que el accionar de la Administración Pública, en las especie, resulte manifiestamente arbitrario o ilegítimo…” (cfr. fs. 136). 1.2. Conforme expuso la parte demandante en su memorial, se agravió principalmente por cuanto: a) se materializaba un daño irreparable o irreversible que afectaba su derecho de propiedad y al entorno de la zona; b) se materializaba la verosimilitud en el derecho a tenor de la intimación a demoler la vereda que padecería de vicios que tornarían nula la decisión de la Administración; y, c) la remoción de la vereda y el establecimiento de un estacionamiento para biciclos implicaba la afectación del casco histórico y una modificación no compatible de conformidad con las prescripciones y procedimientos previstos en el Código de Planeamiento Urbano (CPU). 1.3. Corrido el pertinente traslado, la parte demandada contestó a fs. 174/176. 2. Que, en primer lugar, es adecuado recordar que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código”. Por otro lado, en el artículo 189 del referido código se dispone que “[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1) Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público. 2) Si el hecho, acto o contrato, www.iJudicial.gob.ar INFOJUS www.infojus.gov.ar
  2. 2. ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión”. 3. Que, asimismo, resulta oportuno señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[s]i bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican” (in re “Líneas Aéreas Williams S. A. c/ Catamarca, Prov. de s/ Interdicto de retener”, del 16/07/96). “Por ello, la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora” (CSJN, “Grinbank c/ Fisco Nacional”, del 23/11/95; “Pérez c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 25/06/96; “Frigorífico Litoral Arg. c/ DGI s/ declaración de certeza”, del 16/07/96). Finalmente, debe recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (esta sala in re “Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, el 21/11/00). 4. Que, asentado lo anterior, cabe puntualizar que la parte actora inició la presente acción de amparo con la finalidad de que el GCBA se abstuviese de realizar la remoción de baldosas, rotura de la vereda y extracción de árboles y plantas frente a su propiedad. En tal sentido, exigió se abstuviese de aplicar el acta de intimación N° serie 2 00004664 de la Dirección de Fiscalización de la Vía Pública (del 18/06/15) y se impidiese la instalación de un estacionamiento de bicicletas en el lugar. Frente al rechazo de la medida cautelar de no innovar, sus cuestionamientos centrales se plasmaron en la existencia de un posible daño irreversible con afectación de su propiedad y el entorno de la zona y la presunta ilegitimidad de la intimación de remoción de parte de la acera. Sin embargo, cabe puntualizar que más allá de lo esbozado en su escrito de queja, no ha podido –en puridad- colocar en crisis la resolución de primera instancia. En tal sentido, cabe recordar que la jueza de grado ha cuestionado la falta de precisión acerca de los derechos afectados, puntualizando que no se apreciaría la afectación del establecimiento comercial que posee el actor, ni se habría mencionado el perjuicio actual y concreto que padecería como motivo de la remoción de parte de baldosas de la acera, las que se encontrarían de modo irregular. Asimismo, precisó que además de no perjudicar su actividad comercial, tampoco se afectaba el normal tránsito peatonal ni las especies arbóreas ubicadas en la vereda. Por último, partió sobre la base de la presunción de legitimidad de los actos administrativos por lo que, no habiendo el actor puesto de manifiesto cuáles eran los vicios que afectarían la intimación recibida, no se justificaba el pedido anticipado de suspensión cuando no se advertía el obrar manifiestamente arbitrario e ilegítimo del GCBA. 4.1. Frente a estos precisos argumentos la parte actora no cuestionó concretamente los razonamientos y conclusiones arribadas por la magistrada, haciendo referencia -sólo de modo dogmático- respecto de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares (o suspensión del acto), puntualizó sobre un posible daño (como www.iJudicial.gob.ar INFOJUS www.infojus.gov.ar
  3. 3. Sala II “COFIÑO, LUIS LEANDRO CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN” EXP. A11764-2015/1 propietario, comerciante y vecino) que tampoco precisó en qué consistiría y cuál sería su alcance y, finalmente, efectuó livianas apreciaciones (a efectos de obtener la cautelar) respecto de la intimación para remover baldosas ubicadas “sobre la calzada” (cfr. fs. 45). 4.2. Expuesto ello, se aprecia que del acta de intimación N° 4664, se le exigió al actor “… remover las baldosas dispuestas sobre la calzada (uso indebido del espacio público)” (cfr. fs. 45). Asimismo, de la documental aportada por el actor se aprecia el plano de fs. 46 (en original a fs. 90) donde se advierte que el sector a demoler sería de 1,20 metros desde la línea del cordón hacia adentro de la calzada (calle Perú). Dicha conclusión, desde luego preliminar, tendría cierta identificación con las fotografías también acompañadas por el demandante a fs. 47/48. En la línea de este análisis fotográfico, además de las aportadas por la parte demandada a fs. 86/87, luce el acta de constatación llevada a cabo por el secretario del juzgado N°4 del fuero, donde no sólo se acompañan nuevas ilustraciones del lugar (cfr. fs. 51/60), sino que informó que el actor conocía el sector a remover “… tres (3) baldosas, de aproximadamente 1 mts. de longitud en total, más material de construcción suelto…” (cfr. fs. 61) mientras que el actuario formuló la siguiente conclusión “… observé que las tres (3) baldosas que menciona el Sr. Cofiño se ubican avanzando sobre el estacionamiento de vehículos y sobrepasando la línea del cordón de la vereda, como se puede observar en las fotografías que se adjuntan…” (cfr. fs. 61). Por otra parte, de la información vertida por la directora general de la Dirección General de Movilidad Saludable, se desprende que “… es imprescindible mencionar que la Calle Perú altura 1016/1024, se encuentra ubicado un local comercial. El mismo discrecionalmente, ha tomado parte de la calzada a fin del ensanchamiento de la vereda, con el único objetivo de aprovechar de la misma para realizar su actividad comercial, con un evidente objetivo de satisfacer su interés particular (…) se ha comprobado la invasión de forma no reglamentaria de la vía pública…” (cfr. fs. 89). Finalmente, junto con la contestación del traslado del recurso en análisis el GCBA acompañó una pericia llevada a cabo por la Arq. Bugni, en la que la experta expuso “… Frente a la numeración 1016 y hasta el 1024, frente a un inmueble conformado por dos locales comerciales en Planta baja y un uso que no pudo identificarse en planta alta, la acera tiene tres hileras de baldosas más, llegando aproximadamente a los 4,80 m. aprox. Contando una línea de unión más fina que cubre el cordón. La falta de cordón cuneta evidencia las obras realizadas por el propietario frentista. En la misma se localizan dos planteras antirreglamentarias que no cumplen con el Art. 4.3.3.3 del C. E. Aceras arboladas” (cfr. fs. 152). Asimismo, la arquitecta precisó “… Habiendo concurrido al lugar se observa que no hay espacio verde ninguno, que son plantas en macetas, algunas de ellas caídas, rotas y todas en mal estado y que las planteras que contienen árboles no son reglamentarias, pero que están detrás de la línea del cordón de la cuadra, por lo www.iJudicial.gob.ar INFOJUS www.infojus.gov.ar
  4. 4. tanto no deberán ser removidas las especies arbóreas. También se observa la diferencia de color entre las baldosas de la acera existente y la agregada” (cfr. fs. 152 vta.). Finalmente, cabe referir que a fs. 159, la perito acompañó una imagen de registro del año 1997 donde no surgiría la supuesta extensión de vereda por la que aquí reclamaría el actor. 5. Por tanto, de los elementos reseñados: a) surgiría que la remoción de baldosas se vincularía con una extensión o prolongación que se tildaría de “irregular” a tenor de las constancias acompañadas por el GCBA y no de toda la vereda; b) el actor conocería concretamente el sector a retirar según lo que le habría expresado al secretario del juzgado N°4 que efectuó la constatación; c) que no se advertiría, por el momento, cómo podría verse afectado el derecho de propiedad del actor y su actividad comercial que desarrolla; d) tampoco se vislumbraría la afectación del arbolado puesto que no se encontrarían dentro del sector a remover y que otras plantas existentes se hallarían en masetas fácilmente trasladables; e) no se perjudicaría la estética del lugar ni la funcionalidad de la acera; y, f) no se habrían alegado y plasmado los eventuales vicios que invalidarían la intimación N°4664 de la Dirección de Fiscalización de la Vía Pública, que -en principio- gozaría de la presunción de legitimidad. 6. En conclusión, cabe coincidir con la magistrada de primera instancia que, a tenor de los elementos acompañados a la causa y antes referenciados, no ha demostrado por el momento la parte actora la verosimilitud del derecho invocado. Pues, la falta de una crítica concreta y específica de los fundamentos de la sentencia interlocutoria de grado, la carencia de elementos corroborantes en cuanto a la protección de la propiedad privada, el espacio verde y el carácter de irreparable del daño hasta aquí meramente conjetural, sumado a la presunción de legitimidad del acto administrativo (que se fundaría en la supuesta ilegalidad en la extensión de la acera que afectaría parte de la calle Perú) es que se sella –en este estado embrionario del proceso- la suerte del recurso interpuesto por la parte actora. Por todo lo referido, prima facie, no ha demostrado la parte actora que le asista suficiente verosimilitud ni que exista peligro en la demora a fin de habilitar la tutela anticipada que peticionó. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución de fs. 131/133. Sin costas por no haber mediado sustanciación (art. 14 CCABA; 28, ley 2145 y 62 del CCAyT). La Dra. Mabel Daniele no suscribe por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y, oportunamente, devuélvase. Dr. Esteban Centanaro Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernando E. Juan Lima Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.iJudicial.gob.ar INFOJUS www.infojus.gov.ar

×