La responsabilidad civil de martilleros y corredoresLa responsabilidad civil de martilleros y corredoresPor Félix A. Trigo...
El corredor es pues, en suma, un intermediario entre la oferta y la demanda, quetrabajando en forma independiente, aproxim...
Por último, a partir de la ley 25.028, "Régimen legal de martilleros y corredores", seexige a quien desee desempeñarse com...
Y concretamente con relación al corretaje, son obligaciones de los corredores:1) primeramente comprobar "la identidad de l...
5) guardar secreto sobre las operaciones en que intervenga; pudiendo solo en virtud demandato de autoridad competente, ate...
IV. Naturaleza jurídica del corretaje.-El corredor actúa en su propio interés, puesto que percibe una remuneración o"comis...
por el éxito obtenido: la concreción del negocio con relación al cual intermediaranacercando a las partes [9]. No obstante...
Aunque entre nosotros se ha preferido en definitiva la expresión "martillero", utilizadapor primera vez el 26 de marzo de ...
El acto del remate es siempre comercial, atento lo dispuesto en el art. 8 inc. 3º delCódigo de Comercio; pero lo mercantil...
1) llevar los "libros" a que se refiere el art. 17 de la ley 20.266 (inc.) a) -diario deentradas (de bienes recibidos para...
Al igual que los "corredores", el contrato que habitualmente concluyen los martilleroses asimismo de "locación de obra", o...
Esta responsabilidad en el caso de los martilleros y corredores es en principiocontractual, o sea deriva del incumplimient...
En tanto que la co-responsabilidad contractual es en principio simplementemancomunada, por lo que cada corresponsable adeu...
En el primer caso, si el incumplimiento es culposo, el deber de reparar se limita a losdaños que sean consecuencia inmedia...
Existiendo en suma entre ambos supuestos una diferencia, nada más ni nada menos, quede ocho años, en el término de prescri...
En punto a los martilleros en relación a las partes y en el ámbito privado o extrajudicial,su actuación genera dos clases ...
O sea en suma, que cuando actúa en el ámbito privado el martillero responde: a) Frenteal dueño del bien, siempre como mand...
caso fortuito y fuerza mayor, cuando ello hubiese sido pactado expresamente, o siatendiendo a las circunstancias, así lo d...
En este ámbito la situación es muy distinta, habiendo existido dos posturas, que sepueden denominar como privatistas y pro...
XIII. Presupuestos de la responsabilidad civil.-Siendo la responsabilidad de los martilleros y corredores un mero apartado...
Lo cual es así, en efecto, dado que sólo en presencia de un perjuicio el jurista estará encondiciones de indagar si el mis...
forma tal que el comportamiento de cada uno no ocasione perjuicios a los otrosindividuos, sea en sus personas o en los bie...
Y también nuestra jurisprudencia ha tenido oportunidad de decidir, verbigracia, que larealización de una segunda subasta n...
XVII. Factor de atribución.-Por último es necesario que todos los elementos ya considerados se conjuguen con unfactor de a...
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La responsabilidad civil de martilleros y corredores trigo represas.

  1. 1. La responsabilidad civil de martilleros y corredoresLa responsabilidad civil de martilleros y corredoresPor Félix A. Trigo Represas [1]I. Introito.-El régimen de los corredores y martilleros estuvo establecido inicialmente en los arts.88 a 112 y 113 a 122, respectivamente, del Comercio de Comercio. En el año 1973 sedictó la ley 20.266, que derogara y sustituyera lo dispuesto en los arts. 113 a 122 delCódigo de Comercio, y recién en 1985 se sancionó la ley 23.282 que modificara el art.88 del mismo Código. Finalmente, en 1998 se dictó la ley 25.028, que derogó elCapítulo I "De los corredores", del libro primero, título IV del Código de Comercio yley 23.282, incorporando a la vez a la Ley 20.266 el Capítulo XI "Corredores", con susarts. 31 a 38; ley esta última que, de todas maneras, ya había quedado incorporada alCódigo de Comercio con arreglo a su art. 28.-II.Corredores.-En la antigüedad ya encontramos corredores en el Oriente, en Grecia (proxenoi) y enRoma (proxenetae). El corretaje nació de la necesidad de concluir operacionescomerciales entre un extranjero (huésped) y un ciudadano nativo; en cuyo caso el"corredor" o intermediario servía incluso, al mismo tiempo, de intérprete. Pero luego suesfera de actividades se fue extendiendo a la mediación en toda clase de operaciones,aun en el mismo país y entre personas de la misma nacionalidad.-
  2. 2. El corredor es pues, en suma, un intermediario entre la oferta y la demanda, quetrabajando en forma independiente, aproxima o pone en contacto a quienes desean hacerun negocio, para facilitarles su conclusión; o sea, que el mismo acerca a las personasque buscan o necesitan lo que otros le pueden ofrecer, pero que a su vez ignoran quien yen qué condiciones se lo pueden suministrar [2]; siendo este concepto de corretaje, elque desde mediados del siglo pasado se fue sentando en nuestro país por lajurisprudencia [3].-Nuestro Código de Comercio había seguido el sistema de permitir ejercer comocorredor a cualquier persona capaz, sin perjuicio de que además debía matricularsecomo tal y, para poder hacerlo debía acreditar que era persona de experiencia, en razónde haber ejercido el comercio por sí o en alguna casa de corredor o de comerciante,fuese como socio, gerente, o al menos como tenedor de libros, con buen desempeño yhonradez (art. 89 inc. 3º Cód. de Comercio); con lo cual se aseguraba que, en razón deconocer la plaza en donde iba a desarrollar su actividad y haber actuado en el comercio,estaba así en condiciones de poder brindar una labor de asesoramiento honrada, seria,imparcial y útil. Pero desde la reforma de la ley 23.282 al art. 88 del Código deComercio, se requirió para ser corredor, como ya se lo había hecho antes con losmartilleros en la ley 20.266, tener aprobada la enseñanza secundaria, con títuloexpedido o revalidado en la República, y además la previa aprobación de un "examen deidoneidad para el ejercicio de la actividad", "sobre nociones básicas acerca de lacompraventa civil y comercial", que debía rendirse ante cualquier Tribunal de Alzada dela República con competencia en materia comercial, fuese federal, nacional o provincial(art. 88 inc. c) Cód. de Comercio, reformado por ley 23.282); sin perjuicio además,como siempre, la matriculación en el tribunal de comercio de su domicilio" (art. 89mismo Código). Aunque a título de mera anécdota, cabe recordar que el mencionadoinciso c) del art. 88 del Cód. de Comercio, reformado por la ley 23.282, y asimismo elart. 1º inciso c) de la Ley de Martilleros 20.266, ambos referidos al previo examen deidoneidad para poder ser corredor o martillero, fueron declarados inconstitucionales porun fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín del 1º deNoviembre de 1994, en el cual no se atacó la exigencia del examen de idoneidadestablecido en aquellas preceptivas, sino la imposición de dicha tarea a cargo de lostribunales "provinciales" de alzada en materia comercial, lo que se consideró unaintromisión del legislador nacional en la administración de justicia provincial y laimposición así de cargas, tareas y funciones al Poder Judicial local; fallo que, endefinitiva, no llegó a tener ninguna ulterior relevancia.-
  3. 3. Por último, a partir de la ley 25.028, "Régimen legal de martilleros y corredores", seexige a quien desee desempeñarse como corredor: "poseer título universitario expedidoo revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que alefecto se dicten" (arts. 32 inc. b) y 33 inc. b), incorporados a la ley 20.266 por la25.028) [4]. Aunque, como bien lo resolviera la Suprema Corte de Buenos Aires,quienes hubieran obtenido la certificación habilitante para el ejercicio de las profesionesde corredor y martillero, al amparo de la originaria ley 20.266 y de la 23.282, estánequiparados en cuanto al cumplimiento de tal condición habilitante, con quienes egresende la carrera universitaria prevista por la ley 25.028; la que por supuesto no modifica lassituaciones ya pasadas y agotadas durante la vigencia de la ley anterior [5].-III. Deberes a cargo de los corredores.-Los mismos tienen a su cargo varios deberes legales que se detallan a continuación.-El primero de todos es el de llevar un libro de Registro rubricado por el RegistroPúblico de Comercio u órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción,en el cual "deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operacionesconcluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales" (arts. 35 y 36 inc.a) Ley 20.266, reformada por ley 25.028). Y a su turno, el art. 208 inc. 2º del mismoCódigo dispone que los contratos comerciales pueden justificarse por las notas de loscorredores y certificaciones extraídas de sus libros; de manera que éstos, aun cuando noconstituyan instrumentos públicos, resultan un excelente medio de prueba, teniendo encuenta que el corredor ha de ser imparcial y por ende ser sus anotaciones objetivas;resultando pues aplicable a su respecto el art. 63 del Código mercantil sobre el valorprobatorio de los "libros de comercio", aunque teniendo en cuenta al respecto que aquílas anotaciones las hace un tercero, que en realidad no es parte del contrato concluidocon su intervención.-
  4. 4. Y concretamente con relación al corretaje, son obligaciones de los corredores:1) primeramente comprobar "la identidad de las personas entre quienes tratan losnegocios en que intervienen, y su capacidad legal para celebrarlos" (art. 36 inc. b)misma ley, agregado, como todo el Capítulo XII, por la 25.028);2) "comprobar la existencia de los instrumentos de los que resulte el titulo invocado porel enajenante", y cuando se trate de bienes registrables recabar la certificación delRegistro Público correspondiente "sobre sobre inscripción de dominio, gravámenes,embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como lasinhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente" (art. 36 inc. c) de la mismaley) [6];3) "Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la formade satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demásinstrucciones relativas al negocio", dejándose expresa constancia cuando el corredor seaademás autorizado para suscribir el instrumento que documente aquélla o realizar otrosactos de ejecución del contrato en nombre del titular;4) proponer "los negocios con exactitud, precisión y claridad necesarias para laformación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstanciasconocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación, en particular lasrelativas al objeto y al precio de mercado" (art. 36 inc. e) citada ley 20.266). El Código.de Comercio iba más allá e incluso mencionaba como supuestos falsos que podíaninducir en error a los contratantes: "haber propuesto un objeto bajo distinta calidad de laque se le atribuye por el uso general del comercio", o "dar una noticia falsa sobre elprecio que tenga corrientemente en la plaza la cosa sobre que versa la negociación" (hoyderogado art. 99 Cód. de Comercio);
  5. 5. 5) guardar secreto sobre las operaciones en que intervenga; pudiendo solo en virtud demandato de autoridad competente, atestiguar sobre las mismas (art. 36 inc. f) mismaley);6) asistir a la entrega de los efectos vendidos, si los interesados o alguno de ellos loexigiere (art. 36 inc. g. ley 20.266);7) en las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, debe identificarlas yconservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad dediscusión sobre la calidad de las mismas (art. 36 inc. h) misma ley);8) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuyanegociación intervenga (art. 36 inc. i) misma ley); y9) en los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presentecuando lo firman las partes, y dejar constancia en su texto de su intervención,recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad; y en los que norequieran forma escrita, debe entregar a las partes una minuta de la operación, según lasconstancias de su Libro de Registro (art. 36 inc. j) citada ley 20.266).-
  6. 6. IV. Naturaleza jurídica del corretaje.-El corredor actúa en su propio interés, puesto que percibe una remuneración o"comisión" por su trabajo, pero lo hace a nombre y por cuenta ajena, o sea sinrepresentar, ni haber recibido mandato de los interesados; salvo que expresamente fueseautorizado por el enajenante para suscribir el instrumento de la operación o realizarotros actos de ejecución del contrato en su nombre. Su misión es pues, en principio,simplemente la de aproximar a las partes y posibilitarles o hacerles más accesible,merced a su organización y conocimiento del mercado, la concertación de operaciones ocontratos, los que a su vez pueden ser comerciales o civiles -verbigracia la compraventade inmuebles es un típico contrato civil (art. 452 inc. 1º del Cód. de Comercio)-;contratos que, sin embargo, habrán de ser concluidos en definitiva, directamente por sustitulares. Hay pues que distinguir en el desarrollo de la actividad del corredor doscontratos: el propiamente de corretaje o pactum proxeneticum, y el contrato entre laspartes interesadas, a las cuales el corredor ha acercado, llamado contrato principal. Elcontrato de corretaje no es pues un fin en sí mismo, sino un medio para realizar otrocontrato [7].-Tiene semejanza con la "locación de servicios", ya que en ambas una persona confía aotra una actividad o trabajo, y se compromete a abonarle una retribución. Pero en la"locación de servicios", desarrollada la actividad del intermediario, cumplido el trabajo,existe el derecho a la retribución, aunque no se hubiese logrado en definitiva elresultado perseguido. En tanto que en el corretaje se puede percibir la comisión, cuandolas partes aproximadas y puestas en contacto por el corredor concluyen entre ellas, si lesconviene, su propio contrato; o sea que es necesario el logro del "resultado" del trabajoasumido por el corredor; tal como actualmente resulta expresamente, del in fine delprimer párrafo del inciso a) del art. 37 de la ley 20.266, reformada por la 25.028, quereza que salvo pacto contrario, surge el derecho a la percepción de la remuneración delcorredor, "desde que las partes concluyan el negocio mediado" . Por lo que bien pudodecirse por Mosset Iturraspe, con quien coincidimos, que en el caso de los corredores, elcontrato que celebran constituyen una verdadera locación de obra [8], asumiendo unaobligación de resultado que se mide, no por el empeño puesto en el cumplimiento, sino
  7. 7. por el éxito obtenido: la concreción del negocio con relación al cual intermediaranacercando a las partes [9]. No obstante, la remuneración se le debe al corredor "aunquela operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociónpor el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere porsí mismo", como lo dice expresamente el segundo párrafo del inciso a) del citado art. 37de la ley 20.266 [10]Aunque también existió una jurisprudencia más antigua, favorable al encuadramiento dela intermediación en la compraventa como locación de servicios [11]; y actualmenteexisten pronunciamientos que califican al corretaje de contrato sui generis, accesorio,bilateral, consensual y no formal, de intermediación entre dos partes, para queconcluyan un negocio [12].-De otra parte el corredor no tiene mandato ni representación de las partes interesadas,no es nada más que un intermediario que acerca a las mismas, pero no actúa ni participaen el contrato a que ha dado lugar su intervención, el que por el contrario será concluidodirectamente por los interesados[13]; salvo que además el corredor fuese expresamenteautorizado por el enajenante para suscribir el pertinente instrumento o para realizar otrosactos de ejecución.-V. Martilleros o rematadores.-La otra profesión que nos ocupa, afín pero no idéntica, es la de los martilleros orematadores. Como ha dicho Pessagno se trata de términos sinónimos, sobre cuyasbondades resulta ociosa toda indagación, debiendo estarse a las costumbres del país y alos usos entre comerciantes, para adoptar una u otra [14].-
  8. 8. Aunque entre nosotros se ha preferido en definitiva la expresión "martillero", utilizadapor primera vez el 26 de marzo de 1822 en la resolución ministerial de Rivadavia, queautorizara la apertura de casas de martillo para la venta de frutos y productos del país. Yésta es, efectivamente, la denominación que fuera adoptada en la ley nacional 20.266,intitulada "De los Martilleros"; como así también en ciertas leyes locales, tales como: elCódigo Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (arts. 558 inc.1º y 565) y su Ley 10.973 de "Martilleros y corredores públicos"; o las Leyes deMartilleros nº 7547 de Santa Fe; la 7191 de Córdoba; la 3043 de Mendoza; la 5735 deEntre Ríos, etc.-Ni el Código de Comercio, ni la ley nacional 20.266, ni las leyes locales, han definido almartillero; lo que tampoco sucede en las legislaciones de otros países del Mercosur,como Paraguay (ley 1034/83), Uruguay (ley 15.508/83) o Brasil (decreto 21.981/82).-Y aunque tampoco hay en la doctrina nacional ni comparada un concepto de"martillero" que haya sido aceptado sin cuestionamientos, se puede decir que en nuestradoctrina existe al menos coincidencia en que: martillero o rematador es la persona que,mediante un golpe de martillo, se encarga de la venta al público de determinados bienesmuebles o inmuebles, de viva voz y al mejor postor [15], es decir a quien de entre losofertantes efectuó la postura u oferta no superada por nadie [16]. Lo que, palabra más omenos, también ha sido resuelto reiteradamente por la Suprema Corte de Buenos Aires,en el sentido de que: "martillero o rematador es la persona que hace profesión de laventa pública y al mejor postor, de cosas que con tal objeto se le encomiendan; o sea,que en forma habitual realiza los remates o subastas -venta al público, de viva voz y almejor postor, con o sin base, de bienes determinados, muebles o inmuebles-, propone laenajenación indicando sus condiciones, recibe las ofertas de precio y mediante un golpede martillo adjudica las cosas perfeccionando la compraventa [17].-
  9. 9. El acto del remate es siempre comercial, atento lo dispuesto en el art. 8 inc. 3º delCódigo de Comercio; pero lo mercantil será simplemente el procedimiento, pues unavez individualizado el comprador se concreta la operación de compraventa, la cual serácivil o comercial según la propia naturaleza de la convención [18]Martillero es, en suma, dice Piedecasas, la persona -física o jurídica-; legalmentefacultada, puesto que no basta con el ejercicio profesional y habitual sino que se hacenecesario cumplir con los demás requisitos habilitantes (art. 1º ley nacional 20.266);para realizar la operación de remate, que es la actividad principal y caracterizante delmartillero, aunque por cierto puede realizar otras, como por ejemplo la de informarsobre el valor venal o de mercado de los bienes para cuya venta está facultado (arts. 8ºinc. b) ley 20.266) [19].-Y para ser martillero se requiere en la actualidad, conforme a los arts. 1º y 3º incs. a) yb) de la ley 20.266, modificados por la 25.028: ser mayor de edad y poseer títulouniversitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentacionesvigentes y las que al efecto se dicten.-VI. Deberes legales de los martilleros.-Son obligaciones de los martilleros conforme al art. 9 de la citada ley 20.266, las que semencionan a continuación.-
  10. 10. 1) llevar los "libros" a que se refiere el art. 17 de la ley 20.266 (inc.) a) -diario deentradas (de bienes recibidos para su venta) y diario de salidas (de ventas), y el de"cuentas de gestión", que documenta las realizadas entre el martillero y cada uno de suscomitentes-;2) comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer delbien a rematar, y tratándose de inmuebles constatar también el estado del dominio (inc.b);3) anunciar los remates con la publicidad necesaria, indicando su nombre, domicilioespecial y número de matrícula, e igualmente la fecha, hora y lugar del remate, con ladescripción y estado del o los bienes y sus condiciones de dominio (art. 9 inc. d) ley20.266);4) realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, explicando en voz alta antes decomenzar la subasta las condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes quepesaren sobre el mismo, aceptando posturas solamente cuando se efectuaren de viva voz(art. 9 incs. e) a g) de la ley 20.266);5) suscribir con los contratantes, previa comprobación de su identidad, el instrumentoque documente la venta, en el que constaran los derechos y obligaciones de las partes(art. 9 inc. h) de la ley 20.266);6) percibir del adquirente en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta de precio, enla proporción fijada en la publicidad, otorgando los recibos correspondientes (art. 9 inc.i) de la ley 20.266); y7) rendir cuentas y entregar el saldo resultante dentro de los cinco días de celebrado elremate (arts. 9 inc. j) y 19 inc. g) de la ley 20.266).-VII. Naturaleza jurídica del contrato que celebran los martilleros.-
  11. 11. Al igual que los "corredores", el contrato que habitualmente concluyen los martilleroses asimismo de "locación de obra", o, en todo caso, un contrato sui generis muy similara aquél: consistente en realizar una venta en pública subasta, válida y eficiente.-VIII. Intrascendencia en punto a responsabilidad civil, sobre si son "comerciantes" o "auxiliares de comercio".-Cabe señalar que la controvertida cuestión sobre si el martillero o corredor "en función"es comerciante, según resultaría de la combinación de los arts. 1º y 8º inc. 3º del Cód. deComercio, tal como lo han sostenido Fargosi, Fontanarrosa, Isaac Halperín, Pessagno,José Ignacio Romero, Marcos Satanowsky, Segovia, Siburu, etc.; o un mero auxiliar decomercio como lo ubica claramente el art. 87 inc. 2º del mismo Código y lo afirmanentre otros: Raúl Aníbal Etcheverry, Raymundo L. Fernández, Mezzera Alvarez,Perrota, Zavala Rodríguez y un fallo de la SCBA del 22 de mayo de 1984 [20], siendotambién nuestro parecer [21]; con ser, sin duda, importante, carece sin embargo deverdadera importancia con relación a la "responsabilidad civil" en que puedan incurrirlos mismos, razón por la cual no habremos de incursionar en dicha cuestión.-IX. Responsabilidad en principio contractual.-
  12. 12. Esta responsabilidad en el caso de los martilleros y corredores es en principiocontractual, o sea deriva del incumplimiento del previo del contrato que, habitualmente,habrá de existir entre aquéllos y su cliente, según hemos visto.-Tal acotación previa es necesaria, ya que es bien sabido que entre nosotros revisteespecial importancia la determinación de si la responsabilidad surge de unincumplimiento contractual o de la comisión de un hecho ilícito, atento sus distintosregímenes legales; lo que resulta ante todo del art. 1107 del Código Civil, que da inicioal Titulo 9º de la Sección segunda del Libro segundo, dedicado a los hechos ilícitos queno son delitos, que reza: "los hechos o las omisiones en el cumplimiento de lasobligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si nodegeneran en delitos del derecho criminal"Aunque en verdad, nuestro entender, las diferencias entre ambos regímenes deresponsabilidad no son tantas, ni tan importantes. Sólo existirían en realidad tresverdaderas disimilitudes entre los mismos y en rigor una sola de significación. Laprimera, que constituye una diferencia práctica importante, aunque no lo es en rigordesde un punto de vista conceptual, es la mancomunación entre los corresponsables, deexistir pluralidad de los mismos; la segunda, que en cambio carece de mayor relevanciapráctica, es la relativa a la extensión del resarcimiento; y la restante, que efectivamenteotorga relevante interés al distingo, es la referente al término de prescripción de lasrespectivas acciones resarcitorias.-a) La mancomunación entre los corresponsables.- Esta constituye como se ha dicho, unadiferencia práctica de trascendencia. En efecto, los distintos coautores o copartícipes enun hecho ilícito son solidariamente responsables frente al damnificado, de conformidadcon lo establecido por los arts. 1.081 y 1.109 del Cód. Civil, por lo que puede exigirseíntegramente de cualquiera de ellos el total de la indemnización (arts. 699, 705, 731 inc.3º Cód. Civil), sin perjuicio de las acciones de "contribución" que después puedanexistir entre ellos (arts. 689 y 717 Cód. Civil).-
  13. 13. En tanto que la co-responsabilidad contractual es en principio simplementemancomunada, por lo que cada corresponsable adeuda únicamente su respectiva cuotaparte (arts. 675 y 691 del Cód. Civil); pudiendo ser solidaria sólo si así resulta sin lugara dudas (art. 701 Cód. Civil) del título constitutivo de la obligación (expresaconvención) o de una disposición legal (art. 699 Cód. Civil), como verbigracia sucedecon la ley de defensa del consumidor 24.240, desde las reformas introducidas por la ley24.999, que prácticamente vino a restablecer la vigencia de los textos vetados alsancionarse la primera, y cuyos arts. 13 y 40 instituyen ahora un sistema deresponsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa o del servicio y unaamplia legitimación pasiva solidaria entre los co-responsables.-Pero de todas maneras, esta diferencia está circunscripta a los supuestos de pluralidad deresponsables, y por lo tanto no es de aplicación en los casos de un único obligado; locual evidencia su carácter no esencial. Y además, conceptualmente el principio essiempre el mismo para ambas responsabilidades: la solidaridad debe ser expresa oresultar claramente del título de la obligación (art. 701 Cód. Civil y su doctrina); soloque en materia de hechos ilícitos ello es así por categórica disposición de la ley (arts.1081 y 1109, párr. 2º Cód. Civil), en tanto que en materia contractual, donde enprincipio impera la autonomía de la voluntad, deben ser las propias partes quiénes loestablezcan con precisión en sus convenciones, ya que de lo contrario se aplica elrégimen básico general de la simple mancomunación [22].-b) Extensión del resarcimiento.- En cuanto a ésto, el régimen de los daños e intereses enel incumplimiento contractual se encuentra legislado en los arts. 519 a 522 del Cód.Civil; en tanto que para los hechos ilícitos rige lo dispuesto en los arts. 901 y ss. delmismo Código.-
  14. 14. En el primer caso, si el incumplimiento es culposo, el deber de reparar se limita a losdaños que sean consecuencia inmediata y necesaria de aquél (art. 520 Cód. Civil), y enel doloso o "malicioso" el mismo alcanza también a las consecuencias mediatas (art.521 Cód. Civil); pero nunca se responde por las consecuencias casuales. En cambio entodos los hechos ilícitos, culposos o dolosos, se responde siempre de las consecuenciasinmediatas (art. 903 Cód. Civil) y de las mediatas previsibles (art. 904 Cód. Civil);amén de que en los delitos (hechos ilícitos dolosos) puede inclusive llegarse a responderde ciertos "casos fortuitos" o consecuencias casuales no remotas. Tal ante todo, el casode consecuencias casuales para la generalidad de los individuos pero que no lo fueronpara el autor del hecho, quién por sus especiales conocimientos las tuvo en sus miras alejecutarlo, es decir que las previó y las quiso (art. 905 Cód. Civil), de forma tal que enrigor se trata a su respecto de "consecuencias mediatas" previstas y queridas, pese a queen general o en abstracto fuesen "casuales" [23]; aunque es obvio que tratándose deconsecuencias "mediatas" previstas y queridas por el agente del daño, la mismaresponsabilidad cabría en el incumplimiento contractual doloso o "malicioso", conformea lo dispuesto en el art. 521 del Cód. Civil. E igualmente puede existir responsabilidadpor ciertos "casos fortuitos" que no habrían llegado a acontecer de no haberse producidocon anterioridad el hecho ilícito (arts. 1091, 2435, 2436, etc. del Cód. Civil); lo que porotra parte no se contradice con lo establecido en el art. 513 del Cód. Civil para elincumplimiento contractual, que hace responsable al deudor del caso fortuito cuandoéste se hubiese producido por su culpa, y va de suyo, con tanta mayor razón, si lohubiese sido por dolo.-O sea que en definitiva el deber de resarcir es algo más extenso cuando se trata de hechoilícitos, que en el incumplimiento contractual; aunque a la postre las diferencias no sonrelevantes, sin perjuicio de que en algún caso concreto pueda llegar a tener importanciael distinto monto que pudiese corresponder por indemnización, según se tratare de uno uotro tipo de responsabilidad.-c) Plazo de prescripción de la acción indemnizatoria. En punto a prescripción liberatoriala diferencia es en cambio mucho más notoria, puesto que es en general para la acciónresarcitoria por incumplimiento contractual, salvo algunos supuestos regidos por plazosespeciales, la prescripción decenal ordinaria del art. 4023 del Cód. Civil; en tanto que esde sólo dos años para la responsabilidad civil extracontractual, que se encuentraexpresamente legislada en el art. 4037 del Cód. Civil.-
  15. 15. Existiendo en suma entre ambos supuestos una diferencia, nada más ni nada menos, quede ocho años, en el término de prescripción de las respectivas acciones.-X. Supuestos de responsabilidad civil contractual en el corretaje.-En el corretaje, el corredor es un mero intermediario que aproxima a las partes, pero sonéstas en su caso, directamente, las que celebran entre si el contrato de que se trate; alpunto que únicamente el logro de ese resultado -la contratación inter partes- habrá dedar al "corredor" derecho a su comisión o retribución.-En principio resulta pues poco probable que en estos casos pueda llegar a darse unaresponsabilidad civil del corredor. Aunque en nuestra jurisprudencia se registran casosen que se ha responsabilizado a los corredores ante el incumplimiento de su deber deproponer los negocios con exactitud, claridad, precisión -art. 36 inc. e) de la ley 20.266,modificada por la 25.028-, como así de la de verificar la titularidad del dominio delvendedor y condiciones del mismo, así como sobre las inhibiciones o interdicciones quepudiesen afectar al transmitente -previsto en el inc. c) del mismo art. 36 de la citada ley20.266-; tal como ocurre, entre otros, en los fallos de la Suprema Corte de Buenos Airesdel 16-5-1989 [24], de la Cámara 2a en lo Civil y Comercial de La Plata, sala III del8-4-1975 [25], y de la Cámara Civil 1a de Capital Federal del 13-11-1947 [26].-XI. Supuestos de responsabilidad civil de los martilleros o rematadores en su actuaciónen el ámbito privado.-
  16. 16. En punto a los martilleros en relación a las partes y en el ámbito privado o extrajudicial,su actuación genera dos clases de relaciones: una de carácter interno con el dueño delbien que le encargara la venta (comitente), y otra de carácter externo con el compradoren la subasta pública del bien.-En la relación externa frente a este último, el tratamiento legislativo resulta diferente,según la posición jurídica que adopte el martillero, quien puede actuar como mandatarioo comisionista, ya que según reza el art. 10 de la ley 20.266: "...cuando los martillerosejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren devenderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones, consignatariossujetos a las disposiciones de los arts. 232 y siguientes del Código de Comercio"; encuyo caso habrán de quedar directamente obligados hacia las personas con quienescontrataren, "sin que éstas tengan acción contra el comitente, ni éste contra aquéllas".Pudiendo agregarse, siguiendo a Fontanarrosa [27], que: "No bastaría... que estuvierapresente (el dueño de las cosas) para conferir al martillero el carácter de mandatario.Son siempre necesarias las dos condiciones: a) presencia del dueño de las cosas; b)invocación de que la venta es en nombre o por cuenta de éste". Ahora bien cuando actúacomo comisionista, el martillero queda directamente obligado hacia las personas conquienes contratare (los compradores), sin que éstos tenga acción contra el dueño delbien, ni éste respecto de ellos.-Por el contrario, si el rematador actúa como mandatario, la relación jurídica emergentede la compraventa se establece directamente entre el dueño del bien subastado y elcomprador, siendo el martillero ajeno a dicha relación.-A su turno, en la relación interna con el dueño del bien, el martillero siempre estaráregido por las reglas del mandato, ya que el art. 232 del Cód. de Comercio disponeclaramente que entre comitente y comisionista existe la misma relación de derechos yobligaciones que entre mandante y mandatario.-
  17. 17. O sea en suma, que cuando actúa en el ámbito privado el martillero responde: a) Frenteal dueño del bien, siempre como mandatario, aunque la relación fuese calificada decomisión; y b) Frente al tercero adquirente como mandatario o comisionista, según secalifique de una u otra forma a la situación jurídica planteada.-Se pueden sin embargo mencionar algunos casos particulares de responsabilidad delmandatario y del comisionista, que a veces importan un apartamiento de los principiosgenerales y otras una confirmación de los mismos. Así responde:1) Ante todo por los daños causados por falta de oportuna comunicación de la noaceptación del mandato, la que debe ser realizada en principio dentro de las 24 hs. derecibida o por medio del segundo correo (art. 235 Cód. de Com.).-2) En principio por los daños y perjuicios que por culpa o imprudencia causaren almandante por la inejecución total o parcial del mandato, conforme a los arts. 239 Cód.de Comercio y 1904 in fine y 1907 Cód. Civil.-3) Frente al mandante por los daños y perjuicios que por haberse apartado de lasinstrucciones recibidas o por abuso de sus facultades hubiere generado (art. 242 Cód. deComercio), más allá de que pueda o no igualmente quedar obligado en forma directafrente a los terceros adquirentes de los bienes (art. 243 mismo Código). Respondiendotambién directamente frente a los terceros con quienes contrate, cuando hubieseexcedido los límites de su poder y su actuación no hubiera sido ratificada por el titularde los bienes (arts. 233 Cód. Com. y 1932 y 1933 Cód. Civil).-4) Por la pérdida de valores en dinero de su mandante que tenga en su poder elmartillero, aun por caso fortuito o de violencia (art. 270 Cód. de Comercio), siempreque aquéllos no estuviesen individualizados como lo dice el art. 1915 del Cód. Civil:estando "contenidos en cajas o sacos cerrados" y que sobre éstos "recaiga el accidente ola fuerza". Sin embargo también cabe tener en cuenta que conforme al citado art. 270del Cód. de Comercio, se admite la exención de responsabilidad en los supuestos de
  18. 18. caso fortuito y fuerza mayor, cuando ello hubiese sido pactado expresamente, o siatendiendo a las circunstancias, así lo decide el prudente arbitrio judicial.-5) Por los perjuicios que causa al mandante cuando renunciare al mandatoextemporáneamente o sin causa suficiente.-6) Frente al titular de los bienes, cuando utilizare indebidamente los fondos por élentregados o sin ajustarse a las instrucciones recibidas para su empleo o disposición(art. 228 Cód. de Comercio).-7) Cuando se hubiere obligado a anticipar fondos de su propio peculio para la ejecucióndel mandato y no lo hace; salvo que probare el sobreviniente descrédito notorio delcomitente (art. 241 Cód. de Comercio).-8) Por las obligaciones fiscales frente al Fisco y a su mandante.-9) Frente al titular de los bienes por su deterioro, disminución o pérdida, salvo casofortuito o fuerza mayor o vicio propio de la cosa; eximentes que sin embargo nofuncionan si existiese mora del martillero, o no hubiese dado aviso al titular de losbienes dentro de las 24 horas o por el segundo correo, para que éste pudiese tomar lasmedidas pertinentes (arts. 247 a 249 Cód. Comercio).-10) Frente a la orden específica de constituir un seguro sobre los bienes y no lo hiciere,teniendo fondos para hacerlo. Y11) Cuando actuare como comisionista, por la insolvencia del tercero adquirente de losbienes, de así haberse pactado mediante cláusula o convenio especial y expreso (art. 256Cód. Com.) [28].-XII. Supuestos de responsabilidad civil del martillero en el ámbito judicial.-
  19. 19. En este ámbito la situación es muy distinta, habiendo existido dos posturas, que sepueden denominar como privatistas y procesalistas, que han intentado a través deltiempo ubicar al martillero o bien como mero mandatario o comisionista, a pesar delproceso judicial que sirve de marco a su actuación, o como auxiliar del juez u oficialpúblico, según las tendencias.-Empero en la actualidad, de manera casi unánime se acepta que "en el caso de subastajudicial, el martillero no actúa como mandatario ni como comisionista de ninguna de laspartes litigantes, ni de ambas conjuntamente, sino como un oficial público auxiliar deljuez, o mejor aún como integrante del órgano judicial [29]; todo lo cual es lógicaconsecuencia de la máxima que formulara Pothier, cuando afirmaba que "vende elórgano público en ejercicio de su función jurisdiccional y no el ejecutado o elejecutante". Sin perjuicio de que nada obsta a que, en determinadas situacioneslegalmente previstas, puedan convivir ambas calificaciones: privatistas y procesalistas,generándose así obligaciones y responsabilidades con diverso sustento normativo.-En suma, en su actuación judicial el martillero puede responder, entre otros supuestos,los que por cierto pueden ser muchos: 1) por los daños generados en la infundada faltade aceptación del cargo; 2) por los daños generados por el incorrecto cumplimiento, olisa y llanamente por incumplimiento de sus obligaciones frente al proceso de subasta,aunque no se opere la suspensión o nulidad de la misma; 3) por los daños que origine lasuspensión o nulidad del remate, cuando ello fuere imputable a su actuar (art. 578 Cód.Proc. Civil y Com. Pcia. de Bs. As.); y 4) por los daños originados por la falta derendición de cuentas, o rendición tardía o incompleta (art. 579 Código Procesal Civil yComercial de la Provincia de Buenos Aires y art. 564 del de la Nación) [30].-
  20. 20. XIII. Presupuestos de la responsabilidad civil.-Siendo la responsabilidad de los martilleros y corredores un mero apartado o capítuloespecial de la temática genérica de la responsabilidad civil, va de suyo que para suconfiguración también se habrá de requerir la concurrencia de los mismos elementos opresupuestos de esta última, que para nuestra doctrina mayoritaria son sólo cuatro: laexistencia de un daño causado; la antijuridicidad o ilicitud; la relación de causalidadentre el obrar humano violatorio del ordenamiento jurídico y el daño; y un factor deatribución, subjetivo u objetivo, que la ley repute apto o idóneo para en cada casoasignar la responsabilidad a uno o más sujetos.-De todos ellos habremos de ocuparnos a continuación, aunque bueno es señalar desdeya que no todos presentan particularidades destacables en punto, concretamente, a laresponsabilidad profesional de martilleros y corredores.-XIV. El daño causado.-El daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil, puesto que sin él no puedesuscitarse ninguna pretensión resarcitoria: sin perjuicio no hay responsabilidad civil[31].-
  21. 21. Lo cual es así, en efecto, dado que sólo en presencia de un perjuicio el jurista estará encondiciones de indagar si el mismo fue provocado -relación de casualidad-,infringiéndose un deber jurídico -antijuridicidad- y culpablemente -imputabilidad-; entanto que a la inversa, si no existe daño, por ausencia de interés que es la base de todaslas acciones, resultará superfluo entrar a indagar la existencia o inexistencia de los otrospresupuestos de la responsabilidad civil [32].-Sin embargo, en punto a la responsabilidad civil de martilleros y corredores, no existecon relación a este elemento ninguna nota particular destacable, que merezca otrasconsideraciones.-XV. La antijuricidad.-La "antijuridicidad" o "ilicitud" consiste en el obrar contrario a derecho; es lacontradicción de la conducta con algún deber jurídico preexistente impuesto en unanorma o regla de derecho integrativa del ordenamiento jurídico, concebido éste como untodo único y pleno.-Pero la infracción del deber jurídico no sólo existe en aquellos supuestos antedichos,sino también siempre que se ejecute un hecho que por culpa o imprudencia de su autor,ocasione un daño a otro; en cuyo caso la obligación de reparar resultante "es regida porlas mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" (arts. 1109 y 1067Cód. Civil); pudiendo decirse que el deber jurídico entonces violado es el del "alterumnon laedere" o "no dañar a los demás" de la compendiosa fórmula de Ulpiano, o sea: undeber de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de
  22. 22. forma tal que el comportamiento de cada uno no ocasione perjuicios a los otrosindividuos, sea en sus personas o en los bienes y cosas de su pertenencia [33].-Y sobre el respecto no se pueden dejar de destacar los tres fallos de la Corte SupremaNacional del día 5 de Agosto de 1986, recaídos en los autos: "Santa Coloma c/Ferrocarriles Argentinos" [34], "Gunther c/ Estado Nacional" [35], y "Luján c/ NaciónArgentina" [36], en los que se afirma que: "la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y1113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de laConstitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero.El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación,tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el código civil en cuanto a laspersonas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo yexcluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regulacualquier disciplina jurídica". Criterio éste luego reiterado por el mismo Tribunal, conotras integraciones, en distintas oportunidades [37].-En el caso de los corredores y martilleros, la antijuridicidad puede producirseespecíficamente por violación de las concretas normas referidas al ejercicio de susfunciones, en cuanto las mismas impongan deberes positivos de conducta o modos deobrar, o determinen prohibiciones o deberes negativos. Todas ellas se encuentran,actualmente, en la ley 20.266, modificada por la 25.028.-Por lo demás, está expresamente previsto en muchas de esas mismas disposiciones, queen caso de infracción a cada uno de tales deberes, los corredores y los martilleros seránresponsables del daño que así causaren; aunque obviamente lo serian de todas formas,aun en ausencia de tales previsiones, por aplicación de los principios generales sobreresponsabilidad civil del Código Civil ya referidos.-
  23. 23. Y también nuestra jurisprudencia ha tenido oportunidad de decidir, verbigracia, que larealización de una segunda subasta no autorizada, en razón de no haber abonado la señaen dinero el adquirente en el primer remate, amén de la nulidad de la operación, puedegenerar el deber de indemnizar el perjuicio resultante de la diferencia entre los preciosobtenidos en ambas ocasiones; como así, en tren de conjeturas, el daño que podríaresultar al ejecutante, en tanto el menor monto obtenido en la segunda oportunidadreduce su garantía como acreedor [38].-XVI. Nexo causal.-Por intermedio de la relación de causalidad, es ante todo posible conocer si tal o cualresultado dañoso puede, objetivamente, ser atribuido a la acción u omisión física delhombre, o sea si éste puede ser tenido como "autor" del mismo; y una vez elloestablecido, la medida del resarcimiento que la ley le impone como deber a su cargo,habrá de resultar a la vez de la propia extensión de las consecuencias perjudicialesderivadas de ese proceder, o que puedan ser tenidos como "efectos" provocados odeterminados por esa conducta, la que vendría así a ser su "causa" [39].-En punto a la responsabilidad civil de martilleros y corredores, nuestra jurisprudenciatambién ha exigido, como no podía ser de otra forma, que debe mediar una relación decausalidad entre el incumplimiento y el daño -fallo ya citado de la Suprema Corte deBuenos Aires del 16-5-1989 [40]-; y que dicha relación existe, si el perjuicio resulta dela notable diferencia de precios obtenidos en los dos remates sucesivos llevados a cabopor el martillero, no estando autorizado el segundo [41].-
  24. 24. XVII. Factor de atribución.-Por último es necesario que todos los elementos ya considerados se conjuguen con unfactor de atribución de la responsabilidad, subjetivo u objetivo, que la ley repute idóneopara sindicar a quién habrá de ser el sujeto responsable [42].-Ahora bien, en general la responsabilidad profesional lo es por hecho propio o personal;por lo que a priori podría pensarse que el factor de atribución ha de ser subjetivo: laimputabilidad por culpa o dolo del agente del daño. Empero, tampoco puede olvidarselo que ya se dijera respecto de que martilleros y corredores comprometen en realidad unresultado: los primeros una venta en pública subasta válida y eficiente, y los segundos laconcreción del negocio con relación al cual intermediaran acercando a las partescontratantes; como así que con relación a esa clase de obligaciones determinadas o "deresultado", el factor de atribución, como bien lo ha señalado nuestra doctrina, devieneobjetivo [43]. Con lo que habrá de quedar a cargo del deudor que quiera liberarse de suresponsabilidad, la demostración de que el incumplimiento de su obligación queocasionara el daño provino en realidad de una causa extraña, ajena a su órbita [44].-Todo lo cual se corrobora, cuando lo que se infringe son los deberes establecidos en laley 20.266, modificada por la 25.028 y/o en las leyes locales reglamentarias delejercicio de las profesiones de martillero y corredor; ya que entonces no será necesarioprobar su culpa, bastando con la simple prueba de que su obrar ha implicado lainfracción de lo establecido en las normas legales sobre la materia. Aunque comocontrapartida, en la propia ley 20.266 se contempla que el martillero tiene derecho aretribución, si iniciada la tramitación del remate el mismo no se llevara a cabo "porcausas que no le fueren imputables" (art. 12), o "si el remate se anulare por causas noimputables al martillero" (art. 14); la prueba de lo cual, sin embargo, siempre habrá decorresponderle al martillero que alegue en su defensa la existencia de la causa extraña yajena.-Fuente: eldial.com

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