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Ejecucionhipotecaria ley 24.240

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Ejecucionhipotecaria ley 24.240

  1. 1. "ERCON S.A. C/ OLIVEIRA, ALFREDO EDGARDO Y OTRA S/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA (EXPTE. N° 1439)"CONCORDIA, 13 de mayo de 2013.VISTO: Estos autos caratulados "ERCON S.A. C/OLIVEIRA, ALFREDO EDGARDO Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA(EXPTE. N° 1439)", venidos a despacho para resolver,Y CONSIDERANDO:VOTOS de los Dres. Horacio Edgardo Mansilla ySilvia Elena Taborda.1) La actora apela la sentencia de trance y remate defs. 114/119 en cuanto, si bien mandó llevar adelante la ejecucióncontra Marta Josefina Elizar -quien no compareció a autos ni opusoexcepciones-, en cambio admitió la excepción de prescripción opuestapor el coejecutado Alfredo Edgardo Oliveira respecto del cual rechazóla ejecución promovida.Para resolver de ese modo, no obstante dejar a salvosu criterio personal en la materia, aplicó la doctrina casatoria sentadapor el STJER, conforme a lo dispuesto por el art. 285º del C.P.C. y C,en cuanto a que el vínculo jurídico entablado entre los litigantesencuadra en las disposiciones de la ley nº 24.240, por lo que laprescripción de la acción ejercitada en autos se rige por el plazo detres años fijado en el art. 50 de la referida ley, en desmedro delestablecido por las disposiciones de Código Civil o de Comercio.2) En sus agravios la recurrente señala que elaccionado al plantear la excepción invoca, indistinta ydiscrecionalmente, las disposiciones del Código de Comercio, la ley24.240 y la aplicación subsidiaria del art. 4027 inc. 3º) del CC.Luego de resaltar el criterio personal de la jueza pararesolver la cuestión, postula que el precedente "Cata" del STJER notiene carácter vinculante ni para la a quo ni para el Tribunal, como lo
  2. 2. señala el Fiscal General en dicho precedente, toda vez que el mismorefiere exclusivamente a la acción quanti minoris, lo cual no tieneninguna vinculación con la ejecución hipotecaria deducida en autos.Agrega que el mutuo hipotecario que genera estaejecución es un mutuo civil, regido por sus propias normas, rigiéndosesus acciones de cumplimiento por un régimen propio de prescripción.La finalidad esencial de la quiebra es llevar adelante laliquidación de los activos para cancelar el pasivo, por lo que su parteno puede ser considerada como proveedera, entidad financiera oprofesional del crédito en términos del art. 2 de la ley aludida, niresulta aplicable a la operatoria, origen de este pleito, el art. 36 dedicha ley.Resalta que este juicio es el último eslabón de lacadena de actos conservatorios y dispositivos, a la vez, del activofalencial a cargo de la Sindicatura que desempeña.Sostiene que, para que el mutuo dinerario sea deconsumo, el mutuante debe ser una entidad financiera regulada por laley 21526 y controlada por el BCRA, quien en definitiva impone lasnormas protectorias, conforme la remisión que efectúa la LDC.Agrega que en autos no estamos en presencia de uncontrato de adhesión o consumo, sino que se trata de un mutuo congarantía hipotecaria especialmente redactado e individualizado,extendido en escritura pública, que hace fe entre los contratante,pudiendo ser desvirtuado sólo mediante acción civil o criminal en lostérminos de los arts. 993/995 del CC.Que si bien la LDC es de orden público no derogó elrégimen general del Código Civil y siendo aquélla una excepción a laregla general civil, la situación debe ser encuadrada con precisión, másaún en el caso de autos en que la misma se subsume en otra normade orden público como el régimen falencial.Dice que no es suficiente que exista como base fáctica
  3. 3. una relación de consumo, que no es el caso de autos, siendonecesario, además, que sea una cuestión vinculada al derecho deconsumo la que genere el litigio.Luego de formular una serie de consideraciones paraconcluir que el vínculo entre las parte de autos no encuadra en lasprevisiones del régimen de defensa del consumidor, por noconfigurarse, ni subjetiva ni objetivamente, una relación de consumodeviniendo inaplicable el plazo de prescripción previsto en el art. 50 dela LDC., por lo que propicia el plazo de prescripción decenal que fijacomo regla el art. 4023 del Cód. Civil, para finalmente destacar elcarácter restrictivo con el que debe evaluarse la aplicación de laprescripción opuesta como defensa y solicita que se revoque en estepunto la sentencia.3) Que si bien los patrocinantes del coejecutadoapelado, Alfredo Edgardo Oliveira, replicaron los agravios mediante elmemorial que luce a fs. 133/145, el mismo no fue firmado por éste,razón por la cual no tiene efecto jurídico alguno a los finespretendidos, toda vez que aquéllos carecen de facultades parapostularse procesalmente por el nombrado, sobre quien recae lamisma al actuar en el caso por derecho propio sin mediarapoderamiento alguno a favor de los letrados de referencia, en talescircunstancias deviene jurídicamente irrelevante la presentación demarras a efectos de resolver el recurso articulado y por tal motivoinoficiosa la labor profesional desplegada, en los términos del art. 9 dela ley arancelaria.4) Resumidos los antecedentes del caso, es precisodestacar que sobre la cuestión debatida hay numerosos precedentes,tanto de ambas Salas de la jurisdicción como del STJER, que han sidomencionados tanto por la a quo como por la recurrente, los cualesavalan la decisión adoptada por la magistrada, circunstancia quepresagia la suerte adversa que le depara al recurso articulado.
  4. 4. Dando por superada las cuestiones relativas a si lanaturaleza ejecutiva de este proceso permite examinar la relaciónjurídica subyacente entre los litigantes, sin excederse del marcoescasamente cognoscitivo que el mismo brinda, y por sentado que elplazo de prescripción de la acción ejecutiva entablada, fijado en el art.50 de la ley 24.240, se halla superado al momento de interponerse, enese marco se analizarán los agravios de la apelante.Al respecto cabe puntualizar que teniendo en cuenta lostérminos en que se planteó la contienda en autos, más allá de susmatices y de las vicisitudes relativas a si en la instancia de origen seadmitió, o no, la excepción de marras y quien, en consecuencia,reviste la calidad de apelante, el supuesto de autos es similar a la delos precedente aludidos y concretamente a los resueltos por elTribunal, v. gr., "ERCON S.A C/ PAISSAN, MARCELO CLAUDIO Y OTRAS/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 853)", del 14 de marzo de2011, "ERCON S.A C/ ORNETTI, ROMUALDO FEDERICO Y OTRA S/EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 874)", del 3 de marzo de 2011,"ERCON S.A. C/DEBORTOLI, RICARDO HÉCTOR Y OTRA S/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA (EXPTE. Nº 868)", del 4 de marzo de 2011 y "ERCONS.A. C/CALÓGERO, NORMA BEATRIZ S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA(EXPTE. Nº888)", del 18 de octubre de 2011, "ERCON S.A. C/ AVIO,RAFAEL LUCAS Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº1121)", del 9/2/2012, "ERCON S.A. C/ CUTRO, PASCUAL UMBERTO YOTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 1132)" y "ERCON S.A.C/ ALVAREZ, JOSÉ FRANCISCO Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA(EXPTE. Nº 1141)", estos últimos del 14/2/2012, entre otros, por loque los argumentos allí esgrimidos para rechazar la apelacióndeducida contra la interlocutoria que admitió la excepción deprescripción opuesta, resultan aplicables al subexamen.En efecto, al igual que en los precedentes dereferencia, el tenor del título en que se basa la ejecución promovida,
  5. 5. la escritura pública agregada a fs. 4/12, permite afirmar, sinhesitación alguna, que la relación que vincula a las partes es deconsumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 24.240.Se ha consignado en dicho instrumento que la hipotecaen segundo grado constituida en favor de la actora, es para garantizarla deuda originada en el cofinanciamiento por la construcción de launidad habitacional adquirida por la demandada, estipulándose que serige por las mismas cláusulas que la de primer grado constituida enfavor del IAPV en lo que sea aplicable y no interfiera en ésta,atribuyéndose a la firma Ercon S.A. el carácter de entidad promotora.Asimismo, no caben dudas su actividad consiste enconstruir y comercializar profesionalmente, sea habitual u ocasional,bienes, entre ellos inmuebles, y servicios destinados a consumidoresfinales, condición que reviste la accionada en la operacióninstrumentada en la escritura de referencia, en la medida queadquirieron la unidad habitacional para uso propio y de su grupofamiliar, como establece el art. 1 de la citada ley.No empece a ello la situación de falencia en que seencuentra la firma actora -más allá que no lo haya planteado en lainstancia de origen-, habida cuenta que se trata de una situaciónsobreviniente que es insusceptible de alterar la naturaleza del vínculoentablado cuando la entidad no se encontraba en ese estado depostración patrimonial, como para exceptuarlo de la aplicación de laLDC, es que las vicisitudes que afecten la situación particular dealguna de las partes no puede modificar el carácter consumista quereviste la relación ni la calidad de consumidor o proveedor que asumecada una de ellas, la cual se consolida al momento de celebrarse lacontratación y hace que la misma precipite en la normativa de la leyde marras.En síntesis, teniendo presente la actividaddesarrollada por la actora -construcción y servicios de asistencia
  6. 6. financiera- y la condición de consumidor o destinatario final comoprestatario del mutuo hipotecario que reviste la ejecutada, resultaaplicable la normativa referida -art.1 primera parte de LDC-, por loque merced a la autonomía del sistema de protección del consumidory en virtud a la reforma introducida por la Ley 26.361 a la 24.240, enlo atinente a la prescripción de acciones judiciales, administrativas ysanciones -art. 50- se ha fijado en tres años el plazo para que ellaopere, modificando el previsto por otras leyes, v. gr. el Código deComercio en sus arts. 846 y 847, como del Código Civil 4023, 4027 yccs., en la medida en que resulte más favorable al consumidor, por loque no corresponde aplicar estas últimas como propicia la recurrente .Así las cosas, teniendo en cuenta que no se halladiscutido que al momento de la interposición de la demanda habíatranscurrido el plazo trienal de prescripción previsto en el art. 50 de laley 24.240, la acción promovida en autos está prescripta, lo cualconduce, inexorablemente, a confirmar el decisorio apelado en cuantoadmite la excepción de prescripción.Acerca de la cuestión debatida, la Sala Civil del S.T.J.en numerosos precedentes resolvió el entuerto mediante la aplicaciónde la citada ley, concretamente en conflictos suscitados entre elInstituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y losadquirentes de viviendas en cuya construcción y financiación intervinodicho organismo y por cuestiones vinculadas a diversos aspectos dela contratación.En los mismos se atribuyó a los compradores de lasunidades habitacionales la calidad de consumidores, encuadrando susituación en la preceptiva del art. 1 de la LDC y su reglamentación, apartir de lo cual consideró que las acciones judiciales fundadas en talconvención se rigen por lo dispuesto en el art. 50 dicha norma(vgr."González c/Iapv y otros s/Ordinario"del 13/12/07; "Cata y otrosc/Iapv y otra s/Ordinario" del 09-04-08 entre otros), lo que resulta
  7. 7. aplicable al caso de autos en virtud de lo dispuesto por el art. 285 delC.P.C.C..Pero es decisiva para admitir el recurso la circunstanciaque, puntualmente y sobre la cuestión aquí examinada, el MáximoTribunal de la provincia se ha expedido en igual sentido al quepropiciamos en los autos "ERCON S.A. C/SALINA FELIX JOSÉ Y OTRAS/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"- Expte. Nº 6126, "ERCON S.A.C/TERENZANO RUBÉN OCLIDES Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"- Expte. Nº 6128, ambos del 7/11/2011, "ERCON S.A. C/URTEAGACESAR VICTOR Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" - Expte. Nº6127 del 14/11/2011, "ERCON S.A. C/ZALAZAR JUAN CARLOS Y OTRAS/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" - Expte. Nº 6125, del 23 /11/2011 y"ERCON S.A. C/SALAS MORAS DIEGO GERMÁN Y OTRA S/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA" - Expte. Nº 6141, de la misma fecha, y más recientesen los que al igual que en este caso se admitió la excepción deprescripción, el Alto Tribunal destaca que las objeciones efectuadas aldecisorio de la Alzada consisten en meras discrepancias subjetivas sindemostrar la arbitrariedad denunciada y, mas reciente, "ERCON S.A.C/ AVIO, RAFAEL LUCAS Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE.Nº 6367)", "ERCON S.A. C/ ÁLVAREZ, JOSÉ FRANCISCO Y OTRA S/EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 6404)", ambos del 14/9/2012 y"ERCON S.A. C/ CUTRO, PASCUAL UMBERTO Y OTRA S/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA (EXPTE. Nº 6366)" del 21/9/2012.Aunque pueda resultar extensa y tediosa su lectura, noes ocioso transcribir los argumentos más saliente del Alto Tribunal enestos últimos, cuando confirma lo decidido en ellos por ésta Sala encuanto a la procedencia de la excepción opuesta y a la aplicación de laley 24.240 y sus modificatorias, señalando que "Es preciso destacar queel Tribunal al momento de revocar la sentencia de Primera Instancia brinda asu interpretación de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a losconceptos de consumidor -art. 1- y proveedor -art. 2-, y en razón de ello
  8. 8. sostiene, que dada la actividad desplegada por la accionante de haberconstruido la vivienda de los accionados asiento de la garantía realoportunamente incorporada y la condición de usuarios o destinatarios finalesen sus caracteres de prestatarios del contrato de mutuo, es aplicable lanormativa protectoria; teniendo en cuenta al momento de resolver laaplicación del plazo de prescripción, la prevalencia de dicha normativa,amparada constitucionalmente que pone en cabeza de los consumidores yusuarios derechos plenos, que son operativos. Sumado a su carácter de ordenpúblico establecido en el art. 65 de la ley mencionada, que acarrea en razónde ello la aplicación del sistema legal de protección al consumidor y enconsecuencia el término trienal de prescripción de la acción. Que como bienha sido analizado en la Alzada se encontraba holgadamente cumplido.Quedando definido el marco legal, el derecho protectorio de carácterconstitucional -art. 42 de la Constitución Nacional- que se impone en lasrelaciones jurídicas, a fin de neutralizar la vulnerabilidad a que se expone elconsumidor, como bien ha sido encuadrado en segunda instancia. Se aplica lanormativa cuestionada, luego de efectuar un encuadre legal, estableciendo elrango normativo que ha sido modificado y que debe ser integrado respetandoel rango constitucional, debiendo aplicarse a toda relación de consumo conprescindencia de toda otra norma que se oponga a sus explícitasdisposiciones, todo ello conforme fue expresamente considerado en los autos"Cata". En cuanto a las leyes aplicables, cabe agregar que la Ley 26361,modificatoria de la 24240, "... amplió el criterio que los define y protege másallá de la garantía constitucional, al establecer que se entiende porconsumidor o usuario a "toda persona física o jurídica que adquiera o utilicebienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final enbeneficio propio o de su grupo familiar o social"... y que "se considera,asimismo, consumidor o usuario a quien sin ser parte de una relación deconsumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes oservicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar osocial, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación deconsumo". (cfr. Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina"Comentada y Concordada, 4ta. edición, T. I, pág. 584, Ed. La Ley, BuenosAires, 2011), y dispone el principio general que en caso de duda sobre los
  9. 9. principio que establece esta ley, se estará siempre a la interpretación másfavorable para el consumidor -art. 3 Ley 26361-, a fin de proteger al másdébil. En razón de ello es evidente que no se han modificado los principiosrectores de la Ley de Defensa al Consumidor 24240 que fue aplicada en losantecedentes citados en los fallos hoy impugnados, sino que por el contrariola normativa actual es aún más abarcativa de los derechos protectorios.Asimismo cabe señalar que con la referenciada modificación a la Ley deDefensa del Consumidor 24240 -Ley 26361- el régimen tuitivo de losconsumidores se amplía notoriamente en el art. 50 se consagra expresamentelo que se venía resolviendo jurisprudencialmente es decir la aplicación de lamás favorable al consumidor. Como corolario cabe reseñar que como la Leyde Defensa del Consumidor se autodeclara de orden público sus normas sonde aplicación imperativa, modifica la legislación sustancial y procesal vigente;por lo que cabe realizar una armónica interpretación de la legislación, dado elcarácter protectorio debiendo aplicarse a las relaciones de consumo,integrando dicha normativa -con anclaje constitucional- con el resto delsistema jurídico, todo ello en definitiva consagrando el principio en favor delconsumidor. También cabe señalar que la normativa general prevista en loscódigos de fondo sufre adecuaciones importantes, a fin de evitar abusos quepodrían tener lugar por aplicación de la legislación ordinaria, en perjuicio delconsumidor."Como consecuencia de ello, corresponde desestimar elrecurso deducido y confirmar el decisorio apelado, en cuanto rechazala ejecución promovida contra Alfredo Edgardo Oliveira, porencontrarse prescripta la acción ejercitada.Que las costas devengadas por el recurso debenimponerse a la parte ejecutante vencida, de conformidad a lodispuesto por el art. 65 del C.P.C.C..VOTO del Dr. Héctor Rubén Galimberti:Por coincidir, en lo esencial, con los argumentosesgrimidos por los colegas preopinantes, me adhiero a la solución delpleito propuesta por los mismos.-Por ello y lo dispuesto por los arts. 267º, ss. y cc. del
  10. 10. C.P.C. y C.,SE RESUELVE:1º) DESESTIMAR el recurso deducido por la parteactora contra la sentencia de trance y remate de fs. 114/119, enconsecuencia CONFIRMAR la misma en lo que fue materia de agravios.2º) IMPONER las costas a la recurrente vencida.-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, en estado, BAJEN.-FIRMADO: MANSILLA. GALIMBERTI. TABORDAJUZGADO DE ORIGEN: JC0005CO Nº DE EXPTE: 3908SALA CIVIL y COMERCIAL II. EXPTE. Nº 1439ES COPIALiliana E. MORNACCOSecretaria

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