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Daños y perjuicios. Responsabilidad por el hecho de las cosas. Daños causadospor el riesgo o vicio de la cosa. Vicio. Defi...
Al respecto debo señalar que la expresión de agravios consiste en la fundamentación destinada a impugnar lasentencia, cuan...
Aún cuando habilita la doctrina del plenario a apartarse de la aplicación de la tasa de interés activa cuando“implique una...
De acuerdo a los testimonios y la prueba pericial acompañados a la causa, analizados exhaustivamente por elMagistrado, si ...
copropiedad al imponer un canon por la instalación o mantenimiento de los carteles que utilizan las unidadesfuncionales ar...
En cuando al fondo del asunto, cabe señalar que la postura de la actora en sus agravios soslaya tanto losfundamentos del m...
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2011.25.08 ph. resp consorcio.

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2011.25.08 ph. resp consorcio.

  1. 1. Daños y perjuicios. Responsabilidad por el hecho de las cosas. Daños causadospor el riesgo o vicio de la cosa. Vicio. Deficiente instalación de un calefón en eldepartamento locado. Muerte del inquilino. Responsabilidad del propietario delinmueble. Responsabilidad del consorcio de propietarios. Obligacionesconcurrentes“R., A. L. v. Consorcio de Propietarios San Luis y otros”Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala HEn Buenos Aires, a 08 días del mes de junio del año 2011, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes dela Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictarsentencia en los autos: “R., A. L. y otros c/ Consorcio de Prop. ... y otros; s/Ordinario. Daños y perjuicios” yhabiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio,La Dra. Abreut de Begher dijo:I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la codemandada Schitercontra la sentencia dictada a fs.458/472 que rechazó la acción contra Mario Fedorovsky, como la pretensión dela coactora Aurea Montenegro, e hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios. El Magistradoreceptó favorablemente la acción contra el Consorcio de la calle ...; Santiago Schiter y Boston Compañía deSeguros S.A., condenándolos a abonar la suma de $ 8.000 a la coactora J. M. y $ 23.333 al coactor R., concostas.A fs. 548/550 expresa agravios únicamente el codemandado Schiter, los que son contestados por el coactor R. afs.555/7.II- Se agravia el codemandado Schiter, en su calidad de propietario y locador del departamento ubicado en lacalle San L., piso 5 dpto.”A”, de esta ciudad, al indicar que la sentencia de grado es arbitraria e incongruente.En el primer agravio cuestiona que se le impute responsabilidad, en su calidad de propietario del inmueblealquilado, por el luctuoso hecho en el cual perdió la vida M. M. C. como consecuencia de las emanaciones demónoxido de carbono que emergían del calefón de la finca, instalado en forma defectuosa. Dice que el conductode salida de aire del calefón tenía vicios ocultos, constructivos, de dificil percepción para cualquier persona; queun mes antes había sido revisado ese artefacto, y que la víctima no le había anoticiado de desperfecto alguno, ofalla que pudiera corregirse.En el segundo agravio critica la aceptación de los dichos de la testigo Rodríguez, a los que considera falaces,además de contradictorios conforme la versión actora y el resto de la documentación agregada a lasactuaciones.En el tercero agravio dice que el Juez no evaluó correctamente la prueba del perito ingeniero quien detectó unaanormalidad constructiva en el conducto de evacuación de gases del edificio, estableciendo que no existía unasalida, sino que brotaban por el calefón del departamento alquilado, debido a una obstrucción que lo interrumpíaen la losa del piso de la sala de máquinas del ascensor, a nivel de la terraza. Así, el COVE no tenía salida a loscuatro vientos, sino que la salida de ventilación de los otros calefones era el conducto del departamentoalquilado.En el cuarto agravio se queja por las partidas indemnizatorias fijadas por daño emergente de $ 8.000 a favor deJ. M. y de $ 23.333 a favor del hijo de la víctima en concepto de daño moral, como por la aplicación sobre talescifras de un interés de acuerdo a la tasa activa, por entender que conduce a un enriquecimiento indebido atentolos años que transcurrieron desde el ilícito.Por último, en el quinto agravio, solicita que de confirmarse el fallo, se establezca el porcentaje deresponsabilidad que le cupo en el infortunio a los condenados, para determinar en que proporción deberánresponder el Consorcio y él mismo, en su calidad de propietario y locador del inmueble.La pieza recursiva es contestada únicamente por el coactor R., quien solicita que se declare la deserción delrecurso, y subsidiariamente, en un escueto escrito de dos fojas, rechaza los cuestionamientos del apelante.III- Luego de la lectura de la sentencia, considero que el recurso de apelación debe ser declarado desierto en sumayor parte, por cuanto el quejoso no logra rebatir eficazmente cada uno de los sólidos argumentos brindadospor el distinguido Magistrado para decidir como lo hizo.El sentenciante desmenuzó cada una de las aristas de este lamentable hecho en el cual perdió la vidamilagrosamente solo una persona, pues de acuerdo a los hechos comprobados, hoy podríamos estar juzgandoun caso de muerte múltiples; y fundó cada una de sus aseveraciones en la prueba colectada al proceso,mediante un análisis exhaustivo y meticuloso, sin dejar puntos sin expedirse o resolver. No observoarbitrariedad, y menos incongruencia en su decisión, toda vez que se apoyó en la prueba testimonial, pericial yconfesional, además de las constancias de la causa penal.
  2. 2. Al respecto debo señalar que la expresión de agravios consiste en la fundamentación destinada a impugnar lasentencia, cuando el recurso ha sido concedido libremente, con la modalidad de obtener su modificación o surevocación (Highton-Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Tomo 5, pág. 239); porello, no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para quecumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de lapartes del fallo que el apelante considere equivocadas” (Morello-Sosa-Berisonce, Códigos Procesales en loComercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, Abeledo Perrot, Tomo III, pág.351)Alsina sostiene que la expresión de agravios supone como carga procesal, una exposición jurídica en la quemediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así, unaarticulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y unademostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (Alsina, Tratado,T.IV, pág. 389).De este modo, la crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudiode los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones yconjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nación,Astrea, Tomo 1, pág. 941). Es un acto procesal por medio del cual el recurrente refuta total o parcialmente lasconclusiones establecidas en la sentencia en lo que ataña a la apreciación de los hechos, o de la prueba, o a laaplicación de las normas jurídicas (conf. Jorge Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,Abeledo-Perrot, 2010, T I, comentario art.266, pág.610).Se ha entendido que expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto errores (de hecho o de derecho),que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebatatodos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (Cám. 2ª, Sala III, La Plata, RDJ 1979-9-35, sum. 34citado en Morello-Sosa-Berisonce, op. cit., pág. 335).Esta Sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestacionesimprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestionesajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de lasentencia apelada. Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidezinsalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias,deben indicarse los equívocos que se estimen configurados según el análisis -que debe hacerse- de la sentenciaapelada.En suma, la expresión de agravios no es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni deprofusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostracióndel eventual error in judicando: ilegalidad e injusticia del fallo. La falta de cumplimiento de la crítica concreta yrazonada de los puntos del fallo recurrido, trae como consecuencia la falta de apertura de la alzada yconsecuentemente la declaración de deserción del recurso de apelación (conf. art. 266 del Código Procesal).En el caso, no cabe otra solución por cuanto se advierte que las manifestaciones vertidas en esta Alzada resultanineficaces para revertir la decisión de grado conforme detallé ut supra.Por lo tanto, corresponde declarar desierto el recurso en forma parcial, respecto de los agravios 1°, 2°, 3° yparte del 4° en cuanto se refiere a los montos indemnizatorios otorgados a los coactores M. y R..IV- Respecto del cuestionamiento de la decisión del a quo de aplicar la tasa activa desde el momento del hechoconforme el plenario “Samudio”, no se observa que ello conduzca a un enriquecimiento indebido, tal comoesgrime el codemandado Schiter.Conforme se estableciera en el fallo plenario del 16/12/58 “los intereses correspondientes a indemnizacionesderivadas de delitos o cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de lareparación” (Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte”). En este sentido cabe destacar que la deudade responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de intereses-, es previa con relación a la resoluciónjurisdiccional que la reconoce.Ahora bien, los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en formacoetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a suestado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvolugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios como contrapartidasurge el derecho del damnificado a ser indemnizado.Esta Cámara en pleno se ha expedido in re "Samudio de Martinez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SAs/daños y perjuicios" (20-4-2009), por lo cual corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada por todo el período indicado enla sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal). Me remito –brevitatis causae– a los fundamentos vertidosen autos “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero" (recurso499.526 del 24/04/09).
  3. 3. Aún cuando habilita la doctrina del plenario a apartarse de la aplicación de la tasa de interés activa cuando“implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimientoindebido”, ello no acontece en autos. A continuación las razones.Por un lado, debo apuntar que las cifras fijadas para cada una de las partidas lucen como escasas, pero enatención a que no fueron apeladas por los interesados, no pueden ser modificadas. Por el otro, igualmente noveo que la aplicación de intereses en la forma dispuesta por el Magistrado lleve a un enriquecimiento“desmedido” o indebido, como lo rotula el apelante.No se advierte que el cómputo de los accesorios desborde su finalidad que no es otra que dejar indemnerespecto de la lesión patrimonial producida por la falta de pago oportuno del crédito, pero cuidando de noexceder su razonable expectativa de conservación patrimonial con apartamiento de la necesaria relación quedebe existir entre el daño real y la cuantía de la indemnización (CSJN, Fallos 316:3054; ver fundamentos de lamayoría a la cuarta cuestión propuesta en el plenario).En efecto, la aplicación de la tasa activa sobre los montos de condena desde el momento del hecho hasta lafecha del fallo de 1ª.Instancia –septiembre de 2009- arroja la suma de $ 97.266,03, y si tenemos en cuenta quese está indemnizando el daño moral por la muerte de una persona, y el daño emergente directo que sudesaparición produjo, no aparece el resultado final como exagerado.Lo expuesto sella la cuestión en este punto.V- 1) Resta analizar el planteo del accionado que solicita que se establezca el porcentaje por el cual cada uno delos condenados debe responder con motivo del evento dañoso.En primer término, cabe aclarar que la condena no es solidaria, sino concurrente, debido a que difieren por eltítulo, y la calidad de los deudores.El art.700 C.Civil dispone al mencionar las fuentes de la solidaridad que ésta “puede ser constituida portestamento, por decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada o puede resultar de la ley respecto de losdeudores”. Si bien, la norma faculta al juez a fijar la solidaridad en su condena, dicha cláusula conforme elartículo siguiente debe ser establecido en forma expresa en la sentencia. Tal circunstancia aquí no aconteció(conf. art.700, 701 y cc Civil; ver Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, Ed. Platense SRL, 1989,T II, pág.398 y sgtes.; CNCom sala A, expte. 037421 in re "Borisenko. C.A. c/ Bankboston N.A. y otro s/ordinario", del 28/10/2008, elDial.com - AA5086).En la especie, no se verifica un supuesto de obligaciones solidarias en tanto no hay ningún supuesto desolidaridad de base legal, ni de base convencional y tampoco surge del fallo. De acuerdo las características delilícito, estamos frente a un caso de las denominadas obligaciones concurrentes o “in solidum”. Hay un acreedorpara cada partida indemnizatoria, un mismo objeto procesal (reparación del daño producido por el calefón y laviciosa instalación del conducto colectivo de salida común de las evacuaciones de gas), y distinta la causa por lasobligaciones de cada uno de los condenados, como su calidad de deudores; uno, por su negligencia en lainstalación y funcionamiento del calefón del cual era dueño; y el otro, por el vicio de las cosas comunes deledificio consorcial (ver sobre este aspecto Héctor Lafaille-Bueres-Mayo, Derecho Civil. Tratado de lasObligaciones, La Ley –Ediar, 2009, T II, pág.465; Jorge Bustamante Alsina, Concurrencia de responsabilidadesobjetivas (Garantía y riesgo) en un mismo hecho dañoso, LL 1997-E-662; Ramón D.Pizarro, Responsabilidad civilpor riesgo creado y de empresa, La Ley, 2006, T II, pág.129 y sgtes.; Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyescomplementarias, Ed. Astrea, 1981, T 3, pág.304 comentario art.699).La prueba colectada en autos reafirma esa conclusión. Así, coincido con el iudex que estableció que Schiter deberesponder por su calidad de dueño del inmueble alquilado donde se produjo el luctuoso hecho; y el Consorcio dela calle San L. por el vicio de las cosas comunes que coadvuyaron para que el suceso ocurriera (conducto desalida colectivo de evacuación de gases de calefones obturado en la sala de máquinas del ascensor); mientrasque la empresa Boston Cía Argentina de Seguros S.A., lo hace en su calidad de aseguradora del consorcio en lostérminos del art.118 ley 17.418.Sin embargo corresponde admitir los agravios en tanto el apelante solicita la fijación del porcentaje deresponsabilidad que le cupo a cada accionado.V.2) La Superintendencia Federal de Bomberos, División Siniestros, luego de examinar el lugar del siniestro dijoque en el departamento se detectaron anormalidades en la instalación del calefón, siendo la más importante lareferida al conducto colectivo de evacuación de gases, por cuanto no tenía salida al exterior, existiendosolamente un falso conducto apoyado sobre una de las paredes de la sala de máquinas (ver causa penal,fs.44/57). Que también se verificó que los gases del calefón eran conducidos hacia el espacio común deevacuación estructural del edificio (COVE) por un conducto metálico acodado del tipo corrugado, y por lo tanto,no reglamentario. Además, como argumento decisivo, tal como ya se indicó, no había salida a los cuatro vientosdel conducto (COVE) por encontrarse cerrado a la altura del piso superior (sala de máquinas del ascensorubicada en la terraza) lo cual hacía que las emanaciones de los departamentos desembocaran en una pared sinsalida, y permitía que volvieran a ingresar al departamento del accionado.
  4. 4. De acuerdo a los testimonios y la prueba pericial acompañados a la causa, analizados exhaustivamente por elMagistrado, si bien no tenemos la certeza para afirmar que fue un defecto de obra constructivo con unaantigüedad de varias décadas, lo cierto es que ese conducto colectivo reviste la calidad de cosa común (conf.art. 2 ley 13.512; art.1113 2da.parte C.Civil), por lo que el daño ocasionado por el defectuoso funcionamientodebe ser soportado por el Consorcio, tal como indicó el a quo (conf. Brito, fs.177; Graciela M., fs.76; Juan LizanaSoto, fs.485/6; Juan Cranvillano, fs.96/vta.). Pero es evidente que a ello coadyuvó la actitud asumida por eldueño del departamento que se desentendió del correcto funcionamiento del calefón, el cual en definitiva, fueuno de los motivos desencadenantes del ilícito (conf. art.1113, 2da.parte C.Civil). Digo esto, porque parecieraque luego de su reparación un mes antes, comenzaron a agudizarse los problemas –vgr. afirma el gasista que elconducto del calefón no solo era antirreglamentario sino también que no era hermético, fs. 485/6-.Por los motivos señalados, en tanto el conducto colectivo de ventilación es cosa común y su vicio estaba oculto -por lo que no podía saber de ello el codemandado propietario, sin perjuicio de que una concienzuda revisadahubiera puesto al descubierto ese defecto y habría evitado el luctuoso hecho-, y en tanto la instalación delcalefón también era antirreglamentaria, propicio que se establezca la responsabilidad derivada del accidente, enun 30% sobre el dueño del departamento (Schiter) y el 70% restante en cabeza del Consorcio accionado (conf.art. 495, 499, 505, 512, 1067, 1068, 1109, 1113 y cc C.Civil); condena que se extiende a la aseguradora en lostérminos del art. 118 ley 17.418.VI- En resumen, propongo a decisión de mis distinguidos colegas de Sala: I- Declarar desierto el recurso deapelación interpuesto por Schiter respecto de los agravios 1, 2, 3 y parte del 4°, en tanto se refiere este último alos montos indemnizatorios. II- Rechazar el agravio referido al cuestionamiento de la aplicación de la tasa activaconforme al plenario “Samudio” desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago. III-Disponer que laobligación de pagar los montos de condena es concurrente, debiendo responder el acciondo Schiter en un 30%,y el 70% restante el Consorcio, mientras que la citada en garantía debe hacerlo en los términos de su póliza deacuerdo al art.118 ley 17.418. IV- Las costas de segunda instancia se imponen por su orden dada la forma deresolución del presente (conf. art.68 CPCC).El Dr. Kiper , por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher , adhiere al voto que antecede.Y VISTO , lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por mayoría devotos, el Tribunal decide: I- Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por Schiter respecto de losagravios 1, 2, 3 y parte del 4°, en tanto se refiere este último a los montos indemnizatorios. II- Rechazar elagravio referido al cuestionamiento de la aplicación de la tasa activa conforme al plenario “Samudio” desde elmomento del hecho y hasta el efectivo pago. III-Disponer que la obligación de pagar los montos de condena esconcurrente, debiendo responder el acciondo Schiter en un 30%, y el 70% restante el Consorcio, mientras quela citada en garantía debe hacerlo en los términos de su póliza de acuerdo al art.118 ley 17.418. IV- Las costasde segunda instancia se imponen por su orden dada la forma de resolución del presente (conf. art.68 CPCC). ElDr. Mayo no firma por hallarse en uso de licencia (art. 22 del RLMFyEJN). Con lo que se dio por terminado elacto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. – Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.Propiedad horizontal. Consorcio de copropietarios. Facultades y atribuciones.Asamblea. Carteles. Pago de canon“Enfant Gate SA v. Cons. de Propietarios del Edificio de Av. Corrientes”Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala IEn la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de julio del año dos milonce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursosinterpuestos en los autos: “Enfant Gate SA c/ Cons. Propietarios del Edificio Av. Corrientes 1628/32 s/ nulidad deasamblea” respecto de la sentencia corriente a fs.344/350, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. CASTRO, OJEAQUINTANA y UBIEDO.Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:I. La sentencia de fs. 344/350 rechazó la acción de nulidad deducida por la actora respecto de la asamblea delconsorcio demandado celebrada el 6 de diciembre de 2.006 y su acta complementaria del 28 de diciembre de2.006, con costas. Apeló la actora quien expresó agravios a fs. 377/387. El correspondiente traslado fuecontestado a fs. 389/394.II. La actora, como copropietaria de varios locales que ocupan el frente del edificio del consorcio demandadoplanteó la nulidad de la asamblea celebrada el 6 de diciembre de 2006 por defectos de notificación, deficienciasen la redacción del orden del día y finalmente, porque lo dispuesto en ese acto modificaría el reglamento de
  5. 5. copropiedad al imponer un canon por la instalación o mantenimiento de los carteles que utilizan las unidadesfuncionales arrendadas sin que a ese fin se hubieran reunido las mayorías necesarias.El magistrado de la anterior instancia desestimó el reclamo. A ese fin consideró en primer término el invocadodefecto de notificación de la convocatoria a la asamblea ordinaria del 6 de diciembre de 2006. La actora sostuvoal respecto que la comunicación fue dirigida a un domicilio distinto de su sede social “diferente al edificio delconsorcio”, mientras que el consorcio sostuvo que los copropietarios son notificados mediante “una copia de lanotificación de mano del encargado, y firman la planilla de recepción que se adjunta.” El juez consideró quecomo la ley no prescribe una determinada forma para practicar esas notificaciones ni tampoco exige publicidadprevia del acto, resulta suficiente en principio cualquier medio idóneo para que la noticia de la reunión llegue aconocimiento de los propietarios con una anticipación razonable a la de su celebración. La nulidad entonces sóloresulta procedente cuando se hubieran omitido estos recaudos, pero no lo es en cambio en caso de que lacitación se hubiera formalizado, siempre que exista constancia de ello, extremo que en el caso entendiócumplido con la documentación agregada a fs. 172/4 que da cuenta de la entrega de la correspondienteconvocatoria, documentación cuya recepción pese a haber sido negada resulta de la declaración de uno de lostestigos que suscribieron la planilla de recibo (v. fs.298) lo que entendió corroborado por la declaración testificaldel encargado del edificio (fs 252). El magistrado tuvo en cuenta además la diversidad de domicilios de la actoraque resultan de otras actuaciones y además que la propia interesada no demostró haber comunicado sudomicilio a la administración en los términos que prevé el reglamento. Restó trascendencia al hecho de que lacitación la hubieran recibido eventualmente los locatarios de las unidades de propiedad cuando el inquilinoasume legalmente la obligación de comunicar al locador en el menor tiempo posible toda novedad que haga aluso y goce de la cosa dada en locación en los términos del art.1554 y de forma concordante con el art. 1530 delCódigo Civil.Ello es materia de los agravios de la vencida, que entiendo claramente insuficientes para desvirtuar lasconsideraciones del magistrado. En primer lugar, la reticente declaración del testigo Minero -inquilino del local, ya quien el consorcio le exigía el pago del canon que justamente la actora persigue dejar sin efecto medianteestos autos- reconoce su firma. Mal puede indicar como lo hace al declarar que no sabía para qué fecha era laconvocatoria que se le notificaba pues la fecha -en todo caso el día- aparece enmendado. Es que la citadaplanilla da cuenta no ya de la notificación de la convocatoria a asamblea -aspecto en el que todo caso lamención del día manuscrita en un formulario informático podría dar lugar a alguna duda- sino que ella importa elrecibo de la “copia de la convocatoria a Asamblea General” tal como se lee en su título. De esta forma eldesconocimiento al que alude el testigo carece de toda justificación y parece más bien leerse dentro del contextode una declaración complaciente con la postura de la actora. Por lo demás, y como lo sostuvo el a quo la cartadocumento obrante a fs. 5 de los autos seguidos entre las mismas partes (expte. 27.912/2007) dirigida alinvocado domicilio de la demandada fue devuelta porque “encargado desconoce titular” y no fue agregada-como se sostiene en las quejas- por la firma sino por el consorcio al iniciar la causa citada. Otro es por otraparte el domicilio que la sociedad declara al otorgar el poder obrante a fs. 50/52 del juicio anterior seguido entrelas mismas partes. De allí que no se advierte concretamente a cuál de todos estos domicilios debiera habersedirigido la citación para resultar válida a juicio de la demandada apelante.Sostuvo la actora que la “genérica y lacónica redacción (que) no denotaba el núcleo del tema a tratar”. El juezdesestimó la objeción pues entendió que la función de la inclusión de un asunto en la orden de día tiene porfinalidad que los copropietarios puedan conocer de antemano los temas a debatir para poder elaborar su voto afavor o en contra de una propuesta, extremo que entendió cumplido en la especie mediante la mención en elapartado sexto del el orden del día -”Reglamento de copropiedad e interno: Colocación de carteles” (cfr. fs.179)-, pues se hizo expresa mención a que uno de los tópicos a tratar discutidos en la reunión se refería a los“carteles”.Sostiene el apelante que los términos de la convocatoria era genéricos y no denotaban “la pretensiónde cobrar un canon por su uso”, a lo que se agrega que la alusión a ambos reglamentos -copropiedad e interno-alejaba la posibilidad pues “ninguno de ellos preveía esa opción”. Evidentemente, el resultado de la asamblearespecto del punto -en el caso se convino la fijación del canon cuestionado en autos- no puede ser incluido en laconvocatoria como parece entenderlo la actora. Ello importa desconocer la naturaleza esencialmente deliberativade la reunión de copropietarios (art. 10 ley 13.512), que es convocada para deliberar sobre los temas incluídosen la orden del día y no para votar propuestas como parece resultar de la tesis que ensaya la apelante.El Sr. juez de primera instancia desestimó igualmente los cuestionamientos de la actora en orden a que ladecisión de la asamblea implicó avanzar sobre una resolución que requería de mayorías especiales pues imponerun canon implicaría modificar el Reglamento al resolver sobre algo no estatuido ni facultado a decidir. Partiópara ello de lo dispuesto en el reglamento en cuanto establece que por simple mayoría se deciden las cuestionesvinculadas al Reglamento interno del Edificio. Y como la resolución cuestionada fue aprobada por la totalidad delos presentes la decisión resulta válida y eficaz conforme se desprende del reglamento ya citado. El apelantesostiene en los agravios que la asamblea modificó el Reglamento de Administración que “prohibía” la colocaciónde carteles pues decidió permitirla, por lo que modificó ese instrumento. Sin embargo según surge del propio“Reglamento Interno de la Finca...” que el actor agregó a su demanda (cfr. fs. 27/29) resulta que era éste elinstrumento en que los consorcistas regulaban ya desde 1980 la colocación de carteles de publicidad. Entonces,la modificación de este reglamento interno -tal como lo hizo el consorcio y lo interpretó el magistrado de laanterior instancia- era la vía adecuada para tratar la cuestión, la que fue decidida con las mayorías necesarias aese fin.
  6. 6. En cuando al fondo del asunto, cabe señalar que la postura de la actora en sus agravios soslaya tanto losfundamentos del magistrado de grado y como una cuestión que estimo fundamental. Es el propio Reglamentode copropiedad el que prohibió la instalación de la cartelería; el reglamento interno ya en 1980 la permitió,sujeta a la aprobación de los carteles. Esta cuestión -parece evidente- no genera agravio alguno a la actora; deno existir la previsión del reglamento interno regiría la reglamentaria que obviamente hubiera perjudicado a laactora. El conflicto en tal caso se hubiera planteado en otros términos bien distintos pues hubiera sido éstaquien en su caso debiera haber cuestionado tanto el Reglamento de Copropiedad como las consecuentesmedidas que con base en ese instrumento prohibitivo se hubieran adoptado.Es también evidente que esa facultad de aprobación de los carteles corresponde al consorcio. No se advierteentonces a qué apuntan sus quejas cuando afirma que de esa facultad carecía la Asamblea por lo que no habríapodido delegarla en el Consejo de Administración; la pregunta que queda sin respuesta en la visión de la actoraes a quién concretamente asistiría la facultad de autorizar la instalación de los letreros publicitarios.A mi juicio carece por completo de relevancia que la colocación de la cartelería fuera anteriormente tolerada porel consorcio si se tiene en cuenta que en el caso no está en juego su pretensión de hacer valer la prohibición decolocarlos sino simplemente las condiciones para ello, en el caso, el pago de canon.Finalmente, no parece que la decisión vulnere “derecho natural” alguno, a poco que se advierta -reitero- que noprohíbe la colocación de letreros que dificulten el uso comercial de los locales de propiedad de la actora sino quesólo fija un canon para ello, cuyo monto no ha sido concretamente cuestionado.Por estas consideraciones y las propias de la sentencia recurrida, voto para que se la confirme con costas deesta instancia a la actora vencida (art. 68 primera parte del Código Procesal).Por razones análogas, los doctores OJEA QUINTANA Y UBIEDO adhieren al voto que antecede.Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) confirmar lasentencia apelada; 2) imponer las costas a la actora vencida.-Para conocer en las apelaciones de honorarios interpuestas a fs. 353 y 362 cabe ponderar la naturaleza delproceso de monto indeterminado, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia, extensión y complejidad,las etapas cumplidas, la trascendencia jurídica y económica del proceso, el resultado obtenido y las demáspautas establecidas en los arts. 1, 6, 7, 8, y 9 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.Teniendo ello en cuenta, por no haber sido apelados por bajos se confirman los honorarios regulados al letradoapoderado de la parte actora Dr. Enrique Marcos Salama, y por resultar reducidos los regulados al letradoapoderado de la parte demandada, Dr. Fernando Oscar Gil, se los eleva a la suma de $2.000 (dos mil pesos).Considerando el trabajo efectuado por el experto, su incidencia en el resultado del proceso y las pautas deldecreto ley 7887/55, por resultar reducidos los honorarios regulados a favor del perito arquitecto José LuisCocco se los eleva a la suma de $600 (seiscientos pesos).Por la actuación en la alzada, atento las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlanse los honorarios del Dr.Salama en la suma de $500 (quinientos pesos), y los del Dr. Gil en la suma de $500 (quinientos pesos).Regístrese y notifíquese.- PATRICIA E. CASTRO.– CARMEN N. UBIEDO.– JULIO M. OJEA QUINTANA. (Sec.:MARÍA LAURA RAGONI).

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