Casos| 2da Sesión| Alejandra Jazmín Simental Franco

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Sentencia a Favor de Derechos Politico-Electorales de las Mujeres

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Casos| 2da Sesión| Alejandra Jazmín Simental Franco

  1. 1. ·" .•. "..- b 12<?~ t e~(..fo on9fV01f ( CcY15~.¿ . de 26 po 101S ( 1 Vú cup ~C1fOtc5sfq Meat· ASUNTO: Se promueve Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 11--es e---rtó- Ho-.y- I--( -. (J-;ciVVe c. : ~:~!r::<" ",,: ",-:¿,S SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAl!. DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE LA A m CIRCUNSCRIPCIÓNELECTORAL PAÍS. DEL Presente.- ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO, Representante del Partido de la Revolución Democ:rática y de la coalición denominada "MEGA ALIANZA TODOS CON QUINTANA ROO", personalidad que tengo reconocida ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roa, y ante el tribunal electoral responsable, señalando como dornlclllo- para oír y recibir notificaciones en el edificio marcado con el número 100 de Viaducto Tlalpan, esquina Periférico Sur, Edificio "A" planta baja, área de partidos políticos, oficinas de la representación del Partido de la Revolución Derpocrátlca, colonia Arenal Tepepan, DelegaCión Tlalpan de la Ciudad de MéXico, Distrito Federal y el correo electrónico para firma electrónica jaime.castanedaife@gmail.com; autorizando indistintamente para los mismos efectos a los e.e. Alfa Eliana González Magallanes¡ José Luis Tuñón Gordillo y Fernando Vargas Manríquez, Jaime Miguel Castañeda Salas, ante este H. Tribunal comparezco y expongo: En nombre del partido político y coaliciones electorales que represento, por medio del presente escrito¡ anexos y copias que acompaño, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 3, párrafos 1 y 2, inciso d); 6, párrafos 3 y 4, 7, párrafo 2; 8; 9; 12, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a); 86, párrafo 1; 87, párrafo 1, incís? ~)¡ 88, párrafo 1, inciso d)¡ 89; 92; 9.3; párrafo 1, inciso b); y demas relativos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor, vengo a promover JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL contra la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roa, en los términos que más adelante se precisan.
  2. 2. ---_ _-------------, ..<. 2 A efecto de satisfacer los requisitos señalados en la ley de la materia para la interposición de la presente demanda, me permito expresar lo siguiente: ACTORES.- Partido de la Revolución Democrática y Coalición MEGA ALIANZA TODOS CON QUINTANA ROO", promoviendo por conducto de la suscrita representante del partido político y coalición mencionados. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y .. RECIBIR NOTIFICACIONES.- Ya quedó precisado en el proemio . PERSONERÍA.- La acredito mediante los documentos que acompaño y/o con la parte relativa del Informe circunstanciado que deberá rendir la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el inciso a), párrafo 2 del artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. . ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La inconstitucional sentencia de fecha 26 de mayo de 2010, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el expediente del juicio de inconformidad JIN/013/2010, que confirma el Acuerdo de fecha 14 de mayo del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se otorgó el registro de las planillas de candidatos a los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel y José María Morelos, que postula el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de que no se cumple la cuota de género. Asimismo, objeto las consecuencias de hecho o de derecho que deriven o pudieran derivar del acuerdo impugnado. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Son los artículos 1, 14 último párrafo, 16 primer párrafo, 17 segundo párrafo, 41 y 116 fracción IV inciso b) y 1) Y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la parte conducente de los preceptos 1, 3, 4, 71 fracciones Ir, V Y VI, 79, 127 Y 131 de la
  3. 3. t. 3 Ley Electoral de Quintana Roo, y 1, 4, 6, 9, 14 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; así como los numerales 1, 3, 4 Y 44 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y demás preceptos que se invocan en los subsiguientes apartados. Considero aslmismc que la sentencia que ahora se combate, no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previo al Juicio de Revisión Constitucional Electoral, y no existe medio ,de impugnación local en el estado de Quintana Roo, por el cual pudiera ser modificada, revocada o anulada. También es de considerar que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, tomando en cuenta la etapa del proceso electoral en que nos encontramos; por lo que es procedente el presente juicio ante esa Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fundo la presente impugnación en los siguientes H E e H o s: 1.- Con fecha dieciséis de marzo del año dos mil diez, dio inicio el proceso electoral local ordinario, para la elección de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 2.- El día ocho de mayo del año en curso, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitudes de registro de las planillas de candidatos a miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos y Cozumel del Estado de Quintana Roo, a efecto de contender en la próxima jornada electoral ordinaria a celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez. 3,- El 13 de mayo del año en curso, el Consejo General. del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria, aprobó el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOUCITUD DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS PRESENTADAS POR EL
  4. 4. 4PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A EFECTO DECONTENDER EN LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOSAYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO,COZUMEL Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,EN LA PRÓXIMA JORNADA ELECTORAL ORDINARIA A CELEBRARSE ELCUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ", identificado con claveIEQROO/CG/A-070-10, cuyos puntos decísorlos fueron: I "PRIMERO. Se determina procedente el registro de la planilla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Reo, postulada por el Partido Revolucionario lnstitucional, a efecto de contender en la jornada electoral ordinaria a celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez¡ misma que se integra de la siguiente manera: [_O-~"~- _--... .---,.,ffi-..;::.............-.-- --,.. . --:- .< •...... .;::, ....... ~-_ CARGO PARA EL QUE.SE,·.·, ;1 ~--~".._--- CIUpAD~NO. . ; .- ______ ·~OSTU.LA::i>.;, .~. ,iL"<::.<;).. ~:::~ .",.;. . " .•.....J ,. . ¡ Presidente Municipal Carlos Marlo VíJlanueva Tenorio I J Propietario I ( Presidente Municipal Vicente Andrés AguiJar Ongay 1 Suplente ¡ Síndico Pablo Jesús Moreno Povedano I l Propietario Síndico Juana Vanessa Piña Gutiérrez 1 Suplente 1 Primer Regidor Jorge Alberto Rejón Chan ! ; I PropIetario I PrImer Regidor María Candelaria Raygoza Alcacer I Suplente I Segundo Regidor Ignacio López Mora 1 I Propietario I Segundo Regidor Gabrie/a Edith Milán Castillo Suplente , ¡ Tercer Regidor Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez I I Propietario 1 Tercer Regidor Abril Eugenia Conde Bates ¡ j ¡ Suplente Cuarto Regidor Armando Fide/io González Sánchez I Propietario
  5. 5. -, 5 - , ! Cuarto Regidor Georglna Núñez Campos -- I ! Suplente ¡ Quinto Regidor Ernesto Bermudes Montufar ! , . 1 Pc~pietario Quinto Regidor Fernando Flores Cabrera , ! Suplente. 1 Sexto Regidor Georgina Margarita Santín Asencio , 1 Propietario , José Ángel Pérez Chávez Sexto Regidor 1 Suplente ~ I~ -- Séptimo Regidor Christian Emanuel Alvarado Atcocer ! Propietario , - Séptimo Regidor Roclo Monsserrat Rodríguez Rodríguez 1 ¡ Suplente j ¡ Octavo Regidor Cristhian Eduardo Espinosa Angula I propietario Octavo Regidor Erick Paolo Martínez Acosta I I Suplente i Noveno Regidor Francisco Atondo Machado I f ¡ ; Propietario I Noveno Regidor Elv/a María Contreras Casteleyro I , ¡ Suplente SEGUNDO. Se determina procedente el registro de la planílla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de José María More/os del Estado de Quintana ñoo, postulada por el PartIdo Revolucionario tnstttuctonet, a efecto de contender en la jornada electoral ordinaria a celebrarse el cuatro de julio de dos mí! diez, misma que se integra de la siguiente menere: EL Presidente Municipal I r~¡:-RCi1fp~RA Quf"s(p(¿1Tullf"""[-.-".,-, .~"-CIUDADANO~--"" Frolylán Sosa Flota Propietario Presidente Municipal J Carmen Santiago Rodrfguez I Suplente 1 síndico ¡ Rubén Sabido Catzlm I
  6. 6. ----.-------------------------, 6 -- ..• ------ Propietario Síndico I María Edília díaz Suplente Primer Regidor tucieno Poot Chan Propietario Primer Regidor María Marlene Castillo Cano ! Suplente Segundo Regidor Juan Carlos Huchin Serralta Propietario Segundo Regidor Santiago Brito Chan f <:: Suplente Tercer Regidor ezeautet Dzu! Dzul 4 Propietario ; Tercer Regidor Mary Rosa Chi Cárdenas r···--- Suf.?!~.?E..~ Cuarto Regidor Propietario r-~-------_·-··_·-------- Sofía Alcacer Alcacer --------Cua;to Regidor-T Ile;;;:; Fablola Mukul Vivas Suplente I Quinto Regidor Amado Ek Ctierrez Propietario Quinto Regidor Silvia Si/va Ruiz Suplente Sexto Regidor María de la Cruz Tzuc Pech Propietario I Sexto Regidor Norma Argelia Pacheco Alvarado Suplente TERCERO. Se determina procedente el registro de la planilla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roa, postulada por el Partido Revolucionario Instituctonet, a efecto de contender en la jornada electoral ordinaria a celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez, misma que se integra de la siguiente manera:-----------------¿- ...---- ..
  7. 7. 7 ~I Síndico ., Adriana Paulina Teissier Zavala Propietario Srndico Martín de la Cruz Ake Salís Suplente~---------Regidor Primer José Luis Chacón Méndez Propietario¡ Primer Regidor José Francisco Puc Pech Suplente Segundo Regidor Luis Fernando Marrufo Martín_~ __ .__ Propietario Segundo Regidor Flor Angélica Lara Mena SupJente ._----- Tercer Regidor Emilio Villanueva Sosa Propietario:--- j Tercer Regidor , Isela Betzabé Zetina Molina Suplente---------_._----_._---~---~-,._----_"---------I ---------~ .. Cuarto Regidor Felipe de Jesús aatarn Ku Propietario Cuarto Regidor José Francisco Peraza Palma Suplente Quinto Regidor Raquel Guadalupe Pérez Mac Propietario Quinto Regidor Violeta del Rosario Zetina González Suplente Sexto Regidor Elizabeth Martina Zavala Vivas Propietario Sexto Regidor Carlos Manuel Angulo López Suplente
  8. 8. 8 CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al Partido Revolucionario tnstitucionet, por conducto de su representante acreditado ante este Consejo General. QUINTO. Se instruye al Consejero Presidente y al Secretario General para que expidan la constancia de registro respective. SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejos DistritaJes 1, VI Y VIII de este Instituto. SEPTIMO. Notitiquese por oficio el presente Acuerdo a los integrantes del Consejo General y de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo. OCTAVO. Se instruye a fa Dirección de Partidos Políticos, para que en términos del artículo 51, en su fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, proceda a inscribir en el libro respectivo el presente Acuerdo. NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roa. DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Consejo General UNDÉCIMO. úmplase." Dicho acuerdo se emitió no obstante el incumplimiento evidentede la cuota de género. 4.- Inconforme con el acuerdo indicado en el punto de hechos que antecede, mediante escrito presentado el 16 de mayo del año encurso, la suscrita representante propietaria del Partido de. la Revolución Democrática y de la Coalición "Mega Alianza Todos conQuintana Roo" interpuse juicio de inconformidad en contra delAcuerdo señalado en el párrafo anterior, habiendo expresado, en lademanda que dio origen a la citada inconformidad, los conceptos deagravio que se reproducen en el Considerando Tercero de laresolución impugnada, mismos que en obvio de repetlcíonesinnecesarias pido se tengan por expresados en el presente escrito,como si lo fueran literalmente. 5.- En fecha 26 de mayo del año en curso, el Pleno del TribunalElectoral de Quintana Roa celebró sesión pública en la cual emitió lasentencia que ahora se controvierte, y cuyos puntos resolutivos sondel tenor literal siguiente:
  9. 9. .. _--_ _-------------------, .. 9 "PRIMERO.- Se confirma el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se resuelve sobre (ij solicitud de registro de las planillas presentadas por el Pertido Revolucionario Institucional, a efecto de contender en la elección de miembros de los ayuntamientos de los Municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y José María Morelos del Estado de Quintana ñoo, en la próxima jornada electoral ordinaria a celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez", por las razones expuestas en el ~onsiderando QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO.- NOTIFiQUESE: Personalmente, a los actores y al tercero interesado en el domicilio señalado en autos; por oficio, a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados en términos de lo que establecen los artículos 55, 58, 59 Y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. n Tal resolución soslaya el incumplimiento por el PartidoRevolucionario Institucional de las cuotas de género legal yestatutaria requeridas para el registro de las planillas de candidatosal ayuntamiento en los municipios mencionados y es contrario a losprincipios de legalidad, certeza, equidad y autenticidad de laselecciones; situación que causa a mis representadas los siguientes· A G R A V lOS: FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el considerando QUINTO enrelación con los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la sentenciaimpugnada, que confirma indebidamente el Acuerdo de registro de las planillasde candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional amiembros de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel y José MaríaMorelos. ARTfcULOS CONSTITUCIONALES, Y LEGALES VIOLADOS.- 1, 14, 16,17,41, 116 fracción IV incisos b) y 1), Y 133 de la Carta Magna; el 49 de laConstitución del Estado de Quintana Roo, así como [o previsto en losnumerales 1, 3,4,127,130 Y 131 de la ley Electoral de Quintana Roo, 1,2,5,6,7, 19 Y 44 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. CONCEPTOS DE AGRAVIO.- Agravia a mis representadas y es motivode revocación de la sentencia impugnada, emitida en el expediente JIN-013/2010, el hecho de que el Tribunal Electoral responsable haya confirmado elAcuerdo número IEQROO/CG/A-070-10, por el cual la autoridad administrativaelectoral determinó procedente el registro de las planillas de candidatos amiembros de los ayuntamientos de los municipios de Othón P. Blanco,Cozumel y José María Morelos, postuladas por el Partido RevolucionarioInstitucional, pues habiendo declarado parcialmente fundado el agravio aducido
  10. 10. la en la demanda del juicio de inconformidad, en el sentido de que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo omitió, fundar y motivar adecuadamente el acto reclamado, en cuanto al cumplimiento de la cuota de género, es claro que el propio Tribunal responsable debió revocar dicho acuerdo, remitiéndolo a la referida autoridad administrativa electoral para purgar los vicios de fundamentación y motivación en que incurrió, y al nohacerlo así, el citado órgano jurisdiccional local incurrió en violación directa a lodispuesto en los artículos 14 parte final y 16 primer párrafo, en relación con loprevisto en el numeral 116 fracción IV inciso 1), con lo cual incumple su deberde garantizar que se cumpla el objeto del sistema de medios de impugnaciónen materia electoral vigente en la legislación electoral del estado para quetodos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente alprincipio de legalidad. En otras palabras, si el Tribunal Electoral estimaba que el actoreclamado carecía de la debida fundamentacíón y motivación respecto ,delcumplimiento de las cuotas de género para vida de otorgar el registro a lasplanillas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional era menesterrevocarlo y hacer remisión a la autoridad que emitió el impugnado acuerdo deregistro para que emitiera un nuevo acuerdo, debidamente fundado y motivado. Sin embargo, no lo hizo así, sino que el citado órgano jurisdiccional entróal estudio de fondo, vulnerando los principios de legalidad y de congruencia delas resoluciones judiciales, e incurriendo a su vez, -ya en su estudio de tondo-,en indebida motivación y fundamentación al declarar inoperante el comentadoconcepto de agravio de mi inconformidad, como se verá más adelante. En efecto, por una parte, en la demanda de juicio de inconformidad,expresé al respecto, lo siguiente: "No omito mencionar que el agravio en que incurrió la responsable, al otorgar el registro de la planilla de candidatos postulada por el Partido Revolucionaría Institucional al Ayuntamiento del municipio mencionado, es aún mayor; si se toma en cuenta que de una simple lectura de los considerandos del Acuerdo impugnado, se advierte que dicho Consejo General en ninguna parte hace la precisión de los porcentajes de género (de hombres o mujeres) que representan las candidaturas incorrectemente registradas, es decir; omite injustificadamente determinar y valorar esta circunstancia, con lo que contraviene los principios de certeza, objetividad y transparencia que deben regir su eaascton: lo cual implica además que la responsable faltó al principio de exhaustividad que deben regir las resoluciones electorales, pues si bien en el considerando 4 hace alusión a la cuota de género desde la perspectiva de la base constituctona! local que invoca, también es aero que en ninguna parte dice, cómo aplícar/a o cómo se cumpliría, a su entender el mencionado reqaisito; tampoco hace razonamiento alguno relativo a qué consecuencias jurídicas trae consigo el incumplimiento de las normas df;Jgénero, y por ende, mucho menos pudo aplicar; en el caso concreto las consideraciones de derecho que omitió establecer en su escueto acuerdo. " A ese planteamiento, el Tribunal responsable, entre otras cosas, señalólo siguiente:
  11. 11. 11 "En este sentido, la falta de dichos elementos ocurre cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede adecuar se a la norma jurfdica; en el presente asunto, la autoridad responsable fundamenta lo relativo a la cuota de género en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que señala la obligación de los partidos polítiCos a postular candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos tenga una representación mayor al sesenta por ciento; omitiendo especHicamente la disposición normativa comprendida en la Ley Electoral de Quintana Roo, en el tercer párrafo del artículo 127, en el cual establece que los partidos pofltícos o coaliciones vigilarán que las candidaturas por ambos principios no excedan el setenta por ciento para un mismo género, salvo que las mismas hayan sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo. Consecuentemente, en el Acuerdo impugnado la máxima autoridad del Instituto Electoral de Quintana Roo, no fundamenta ni motiva adecuadamente el cumplimIento de la cuota de género, pues sí bien refiere textualmente lo dispuesto en la constitución local, no hace alusión a la regulación de la Ley Electoral de Quintana Roo, y además no realiza ningún planteamiento posterior encaminado a determinar que la planilla propuesta por el Partido Revolucionario Institucional para integrar los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel y José Marfa Morelos, se ajustan a lo señalado en ambos ordeasmientos, considerándose una omisión, más que una falta al principio de exhaustivídad. .... De ahí que se considere el agravio parcialmente fundado, pues la autoridad responsable, no señala explícitamente el cumplimiento de la cuota de género en las planillas propuestos por el Partido Revolucionario Instituciona/ aprobadas en el acuerdo impugnado. " Esto -se insiste- debería traer como consecuencia la revocación del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roa, en términos de lo previsto en la parte aplicable del artículo 49 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de que dicha autoridad administrativa emita nuevo acuerdo que purgue los vicios de fundamentación y motivación, pues el objeto del sistema de medios de impugnación es garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, lo que en la especie no aconteció en la resolución de la autoridad administrativa y tampoco se garantiza en la sentencia de lajurisdiccional electoral, vulnerando con ello, la responsable jurisdiccional el principio de legalidad que deriva de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5 Y 44 dela Ley adjetiva electoral invocada, en relación con los preceptosconstitucionales ya referidos.
  12. 12. 12 Más aún, porque de lo aducido por el Tribunal responsable se concluyeque el acuerdo de la autoridad administrativa electoral en realidad carece demotivación, aunado a que su fundamentación sea incorrecta. A mayor abundamiento, se cita la tesis relacionada cuyo rubro y tesisson las siguientes, y estimo aplicables mutatis mutandi al caso concretocontrovertido: RegIstro No. 170307 Localización: Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federa~ión y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008 Página: 1964 Tesis: 1,30.C, J/47 Jurisprudencia Materia(s). Común FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACiÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FAL TA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN YA LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de tundemeatscion y motivación es una vio/ación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es tina violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u olra, por lo que el estudio de aquel/a omisión debe hacerse de manera previa, En efecto, e/ art/culo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobemados, pero la contravención al mandato constitucional que exIge la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, 8 saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la rolta de {undamentación y motivación, cuando se omite expreser el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad s/ se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su edecuscion o encuadre en lél hipótesis normativa, y una incorrecta motivación, en el supuesto en que st se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que /a falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre /a aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con e/ caso concreto, La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos Insitos, connatural es, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, oaveruaa su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado, y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de tundementos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector. sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto
  13. 13. . 13 para llegar a conduir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota díslíntiVG1,los efectos de /a concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente. y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir,. una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exciusián del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquél/os, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 557/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 200S. Unanimidad de votos, Ponente: Neófito López Ramos. Secretaría: Raúl A/faro Te/palo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 36412007. Gl.Jadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Poneruei Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcue. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamíento México, S.A, de C. V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Allaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xsttepec, s.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretarío: Raúl A/faro Te/palo. Motivo por el cual, solicito se revoque o modifique la sentencia reclamada, dejando, asimismo, sin efectos el acuerdo de la autoridad administrativa electoral mediante el cual declaró procedente el registro de candidatos de las planillas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional para la integración de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel y José María Morelos. Por otra parte, como he mencionado en este mismo apartado, no obstante que el Tribunal responsable estima que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral carece de la debida motivación y fundamentación, lo cierto es que el Tribunal Electoral de Quintana Roa también incurre en similares vicios que el Consejo General del IEQROO al estudiar el fondo de mis conceptos de agravio formulados en la inconformidad (incorrecta motivación y fundamentación), y en incorrecta intelección de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Electoral de Quintana Roa, pues tratando de justificar su argumento en el sentido de que
  14. 14. " .14 al final de cuentas del análisis realizado al acuerdo impugnado, se advierte que sí u••• cumple con lo dispuesto en la normativldad electoral relacionado con la cuota de género, de manera que aún suponiendo que se le remitiera a la autoridad responsable para su debida fundamentación y motivación, dicha circunstancia no le causaría ningún beneficio a los actores, pues el acto permanecería incólume." Ahora bien, el propio Tribunal local presenta algunas tablas y análisis simplistas con los que supone -o dice constatar- que ninguna de las planillas de candidatos postulados por el PRI para la integración de los ayuntamientos de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y José María Morelos sobrepasa el 70% de candidatos de un mismo género; pretendiendo derivar de ello que ese partido supuestamente no incurre en vulneración alguna a dicha regla de orden público. Lo cual es impreciso, como se verá. Asi, en el caso "Othón P. Blanco", la resolutora afirma que "La planilla propuesta para integrar el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, está compuesta por un total de veintidós candidaturas que incluye propietariosy suplentes, de las cuales trece están asignadas él hombres lo que representa el cincuenta y nueve punto cero nueve por ciento y nueve a mujeres lo que representa el cuarenta punto noventa y uno por ciento. ambas incluyenpropietariosy suplentes: Y, después de precisar los nombres de los integrantes de la planilla y el cargo al que aspiran, ya sea en carácter de propietarios o suplentes, representa gráficamente su conclusión de la siguiente manera: GÉNERO CANDIDATURAS PORCENTAJE HOMBRE 13 59.09% MUJERES 9 40.91% En el caso "Cozumel", indica que "La planilla propuestapara integrar el Ayuntamiento de Cozurnel, está contorrnedepor un total de dieciséis candidaturas que Incluye propIetarios y suplentes, de las cuales nueve están asignadas a hombres lo que representa el cincuenta y seis punto veinticinco por ciento, y siete a mujeres lo que representa el cuarenta y tres punto setenta y cincopor ciento, ambas incluyen propietariosy suplentes: Y, después de precisar los nombres de los integrantes de la planilla y el cargo al que aspiran, ya sea en carácter de propietarios o suplentes, representa gráficamente su conclusión de la siguiente manera: GENERO CANDIDATURAS PORCENTAJE HOMBRE 9 56.25% MUJER 7 43.75% I
  15. 15. 15 y en el caso de José María Morelos, refiere que VLaplanilla propuesta para integrar e/ Ayuntamiento de José Marla More/os, está compuesta por un total de dieciséis candidaturas que Incluye propietarios y suplentes, de las cuales siete están asignadas 8 hombres /0 que representa el cuarenta y tres punto setenta y cinco por ciento, y nueve a mujeres lo que representa el cincuenta y seis punto veinticinco por ciento, ambas incluyen propietarios y suplentes. " y de igual forma, después de precisar los nombres de los integrantes de la planilla y el cargo al que aspiran, ya sea en carácter de propietarios o suplentes, representa gráfícamente su conclusión de la siguiente manera: CANDIDATURAS PORCENTAJE HOMBRE 7 43.75% MUJER 9 56.25% Remitiéndome al efecto, por cuanto hace a los nombres e integrantes dedichas planillas, a los cuadros respectivos que se reproducen en el apartado deantecedentes del presente medio impugnativo, en obvio de repeticiones. Sin embargo: De las tablas y afirmaciones del Tribunal Electoral deQuintana Roo, es fácil deducir que en ningún momento y en ninguna parte dela sentencia combatida establece ocuántos candidatos propietarios son hombres en cada una de esas planillas y qué porcentajes representan en cada caso o cuántos candidatos suplentes son hombres en cada una de esas planillas y qué porcentajes representan en cada caso o cuántas candidatas propietarios son mujeres en cada una de esas planillas y qué porcentajes representan en cada caso o cuántas candidatas suplentes son mujeres en cada una de esas planillas y qué porcentajes representan en cada caso Pues si bien, en las tablas que han quedado insertas, la responsablejurisdiccional hace referencia en cada caso a los géneros "HOMBRE" y"MUJER", así como al número global de candidaturas y porcentajes globalesque de cada planilla corresponde a dichos géneros, también lo es que, en esastablas faltarían, al menos, un casillero que pormenorice y distinga en cadaplanilla, entre el número de candidatos propietarios hombres y el número decandidatos suplentes hombres, y entre el número de candídatas propietariasmujeres y el número de candidatas suplentes mujeres, así como otro casilleroque precise qué porcentajes alcanzan, en cada caso, tanto los candidatospropietarios o suplentes de cada uno de los géneros y en cada planilla, a fin deestablecer la relación porcentual entre ambos géneros, y así poder determinarcon certeza y objetividad si se sobre pasa o no el límite del sesenta o setenta
  16. 16. . 16 por ciento a que se refiere el Tribunal Electoral responsable en su infundada e inmotivada sentencia. No bastando a mi juicio, para el caso a estudio, la determinación simple o global de mujeres "propietarias y suplentes" y hombres "propietarios y suplentes", como hace la responsable, pues hay notoria diferencia, tanto entre los géneros "hombre" y "mujer" como en el carácter de "candidatos propietarios" y el de candidatos suplentes". En todo caso, al haber efectuado incompleto el anáüsis en mención, la autoridad jurisdiccional local omitió constatar que: El PRI, lncumplió con la cuota de género prevista en la Ley Electoral invocada al postular mucho más del 70% de candidatos propietarios varones a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (9 de 11 candidaturas posibles, lo que representa el 81.81 %). El PRI incumplió la norma de género aludida, en el caso de la planilla de candidatos al Ayuntamiento de José María Morelos donde postuló 6 de 8 candidatos propietarios varones, lo que representa el 75%, infringiendo así 10 dispuesto en el citado artículo 127 invocado. El PRI incumplió la cuota estatutaria de género, al postular en los tres municipios más del 50% de candidatos propietarios hombres (81.81%, 75% Y 62.5% respectivamente), siendo que de acuerdo a la ley no podía incluir una proporción mayor del 70% de candidatos de un mismo sexo tanto para propietarios, como para suplentes, en cada una de las planillas cuyo registro solicitó para integrar los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, José Maria Morelos y Cozumel y, en todo caso, estatutariamente no podía incluir una proporción mayor al 50% de ningún género. En la postulación de 105 candidatos de las planillas a que hace referencia el Acuerdo impugnado, el PRI dejó de observar el principio aludido en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares, como es fácil advertir de una simple revisión y comparación objetiva en cuanto al orden e identificación del sexo (hombres-mujeres) de las candidaturas -tanto para propietaríos como para suptentes- postuladas para la integración de cada una de las planillas, e ilegalmente registradas por la autoridad responsable, porque en todo caso soslaya lo dispuesto en el numeral 170 de los estatutos priistas. De lo anterior es fácil advertir que basta la lectura, y un simple análisis, de dichas tablas, para concluir que el Tribunal Electoral responsable dejó de estudiar con exhaustividad los planteamientos que hice valer en la demanda de inconformidad, vulnerando así el órgano resolutor, en nuestro perjuicio, tanto el principio de exhaustividad de las resoluciones judiciales, como los principios de
  17. 17. 17certeza, legalidad y objetividad que deben guiar los actos y resoluciones de lasautoridades electorales, con la consecuente conculcación de los artículos 14,16, 17 Y 116 fracción IV inciso b de la Ley Fundamental del país, Aunado a lo anterior es evidente que la autoridad resolutora dejó deestudiar en su impugnada sentencia la parte de los conceptos de agravio de lainconformidad en que manifesté lo siguiente: Uparotra parte, funcionalmente hablando, la noción de "candidatura~ para efectos de Integración de Ayuntamientos, tiene Que ver con la calidad de candidatos propietarios, más que con la de suplentes; pues son los primeros quienes acceden al Cabildo en caso de alcanzar el triunfo por votacián mayoritaria e favor de la planilla, o por asignación como regidores de representación proporcional, pues, solo excepcionalmente asumen los suplentes. Inclusive, es posible que ninguno de los suplentes /legue a asumir en ningún tiempo el cargo en sustituctáa del propietario respectivo. De lo expuesto, es lógico deducir que el esptntu del fegislador ha sido dar participación po/¡lica al género subrepresentado -8 las mujeres en el caso pleoteedo-, con garantía de que, si no se puede lograr le psrtasd de géneros en la planilla, al menos la inferioridad porcentual o numérica no sea tal que rebase o no alcance la re/ación 70%- 30% que ampara la norma. Es decir, no se trata solo de garantizar que ningún género tenga menos de un 30% de representantes en la planilla de candidatos al Ayuntamiento, o que ningún género rebase el 10%; sino que, en todo caso, el órgano de gobierno municipal (Ayuntamiento) refleje esa integración en cuanto a proporción de géneros se refiere; y, como es sabido, los suplentes no tienen el derecho preferente de acceder a esos cargos, sino solo una expectativa de derecho para asumir temporalmente el cargo, en caso de ausencia justificada del propieterio respectivo; lo conducente es estimar que la norma O cuota de género que impone la obligación de no rebasar Ifmites porcen/uales en la postulacíón y registro de cualquiera de las candidaturas a cualquiera de los géneros, sean aplicable a propietarios- En esa tesitura, es obvio que en el caso de la plamlla cuyo registro se impugna el Partido Revolucionario Ins/itucional incumplió trontelmeme fa cuota de género (en detrimento del género femenino). Consecuentemente, la autoridad responsable, al determinar procedente dicho registro se apertó del principio de legalidad, trasgrediendo, tanto lo dispuesto en el precepto en estudio, como los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, seguridad jurídica, certeza y objetividad, establecidos en los artículos 1, 14, 16Y 716 fracción IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 49 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roa, y los preceptos 1, 4, 6, 9 Y 14 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, y los numerales 1, 3, 4, Y 737 de la Ley Electoral de Quintana Roo, al detenninar procedente un registro de planilla de candidatos e todas luces irregular, motivo Suficiente para soücasr a ese Tnbunal Electoral que en su momento revoque y deje sin efectos el acuerdo reclamado en la parte qué se impugna; o al menos para que modifique el acto impugnado, ordenando a la aatortaaa responsable proceder al ajuste de la lista o planilla registrada, de tal suerte que se cumpla con lo dispuesto en el artrculo 727 de la Ley Electoral invocada, para que ningún género exceda el setenta por cierto de candidaturas propietarias en el caso de la planilla de cendidetos al Ayuntamiento municipal de Othón P. Blanco postulada por el Partido Revolucionario /nstitucíonal.•
  18. 18. 18 Pues si bien, el Tribunal local, en una parte de su sentencia, al analizarel procedimiento que se deberá llevar a cabo por la autoridad responsable, parael registro de candidatos, entre otras cosas sostiene que la norma electoralartículo 127 de la ley Electoral de Quintana Roo], "efectivamente prevé la observancia de una cuota de género, que no constituye un mero requisito, sino que es une norma de carácter general que pmtende establecer condiciones de equidad para acceder a los cargos de elección popular de ambos géneros," y más adelante argumenta que "... tal y como efectivamente lo aducen los impetrantes en su escrito de demanda el porcentaje de género que señala el tercer párrafo del artículo 127 de la multicitada Ley Electoral de Quintana Roo, debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el segundo párrafo del propio precepto que a la letra dice: "Para los ayuntamientos, las candidaturas se registrorán por planil/as Integradas por propietarios y suplentes, en este tenor, esta autoridad jurisdiccional considera, que dicho porcentaje debe ser aplicado a la planilla en su totalidad, pues la propia Ley no distingue, si es para propietarios o suplentes, sino que se refiere a los integrantes de la planilla postulada en su conjunto y no en lo individual, máxime que para ser candidato propietario y suplente deben sujetarse a los mismos requisitos, por tanto, no es procedente ni correcto aplicar dicho porcentaje para los cargos de propietarios únicamente, como erróneamente lo sostienen los actores, lo anterior además basado en el principio general de derecho que establece "donde fa ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir". Lo cierto es que la sentencia de dicho tribunal, de ninguna forma atiende a los planteamientos dados en la inconformidad en el sentido de que los candidatos propietarios son quienes acceden al Cabildo en caso de alcanzar eltriunfo por votación mayoritaria a favor de la planilla, o por asignación como regidores de representación proporcional, de tal forma que no se trata solo de garantizar que ningún género tenga menos de un 30% de representantes en la planilla de candidj3tos al Ayuntamiento, o que ningún género rebase el 70%; sino que, en todo caso, el órgano de gobierno municipal (Ayuntamiento) reflejeesa integración en cuanto a proporción de géneros se refiere, y que tal es larazón esencial, para estimar que la norma o cuota de género que impone laobligación de no rebasar límites porcentuales en la postulación y registro decualquiera de las candidaturas a cualquiera de los géneros, sean aplicable apropietarios, más que a suplentes, y que, por ende, es obvio que en el caso dela planilla cuyo registro se impugna el Partido Revolucionario Instituciónalincumplió frontal mente la cuota de género, en detrimento del género femenino, Con ello, la autoridad jurisdiccional responsable vulnera lo establecidoen el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, así como lo previsto en elarticulo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque enperjuicio de mis representadas, y afectando también los intereses difusos de losciudadanos quintanarroenses, deja de impartir justicia completa e imparcial, yomite desarrollar las posibilidades de recurso judicial, razón por la cual sesolicita a esa Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
  19. 19. 19 Federación repare la violación reclamada y estudie integralmente el concepto de agravio cuyo análisis fue omitido por el tribunal local responsable. Ahora bien, bajo ese estudio es dable considerar, asimismo, que no tienerazón el Tribunal Electoral de Quintana Roo. cuando afirma que el porcentajelímite del 70% debe ser aplicado a la planilla en su totalidad, pues la propia Leyno distingue, si es para propietarios o suplentes, sino que se refiere a losintegrantes de la planilla postulada en 5U conjunto y no en lo individual,añadiendo que no es procedente ni correcto aplicar dicho porcentaje para loscargos de propietarios únicamente. Esto es así porque, aun cuando existe el princlpio que invoca en elsentido de que "donde /a ley no distingue, nosotros tampoco debemosdistinguir", tal principio resulta inaplicable al texto y sentido del artículo 127 dela Ley Electoral de Quintana Roo en la forma que sostiene la responsable. Dicha responsable parte de una errónea intelección, cuando sostiene elprincipio de cuenta en relación con la parte relativa del segundo párrafo delprecepto 127, si atendemos al contenido e interpretación, no solo gramatical,sino sistemática y funcional del texto legal, partiendo del texto que invoca laresponsable. "Para los ayuntamientos, las candidaturas se registrarán por planillas integradas por propietarios y soptentes. Porque gramaticalmente, la porción normativa también podría leerse ast Para los ayuntamientos, las candidaturas se registrarán por planillasintegradas por [candidatos] propietarios y [candidatos] suplentes. Luego entonces, si el párrafo tercero del numeral 127 de la ley electoralcomentada refiere que Los partidos políticos •• o coaliciones vigilarán Que las candidaturas por ambos principios no excedan el setenta por ciento para un mismo género, salvo que las mismas hayan sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo. Asimismo, promoverán la participación política de las mujeres y los jóvenes." Es claro que en las planillas para los ayuntamientos hay tantocandidaturas de "propietarios" como de "suplentes". De ahí que lascandidaturas de los propietarios no deban exceder el señalado 70% para unmismo género en la planilla, y lo mismo aplica para las candidaturas desuplentes en cada planilla, y es el caso que está debidamente probado que enlas planillas de candidatos postulados por el PRI para los ayuntamientos,elnúmero de propietarios hombres sobre pasa dicho porcentaje. Razón por lacual, incluso en su acepción gramatical, la norma debe ser entendidadistinguiendo los candidatos propietarios de cada planilla. de los candidatossuplentes de cada planilla, y si los propietarios son 11 en el caso de Othón P.Blanco, siendo de ellos 9 hombres, representan el 81.81 % del total de
  20. 20. 20 candidatos propietarios postulados por el PRI al ayuntamiento, por ende, exceden el 70%. Y así, en los casos de las planillas al ayuntamiento de Cozumel y de José Maria Morelos, exceden los porcentajes limite que permite la ley para cualquiera de los géneros. Al no considerarlo así, la responsable infringe 105 criterios deinterpretación previstos en el artículo 3 de la Ley Estatal de Medios deImpugnación en Materia Electoral de Quintana Roa, lo que implica infracción ala garantía de legalidad, y a los principios de certeza y objetividad que dichotribunal estaba obligado a respetar, motivo suficiente para solicitar de esa H.Sala, la revocación o modificación de la sentencia impugnada. Por lo que se refiere al criterio sistemático, la autoridad jurisdiccionallocal debió interpretar el precepto en mención, en el sentido de que la leydistingue entre candidatos propietarios y candidatos suplentes en las planillasque los partidos políticos postulan y la autoridad electoral competente registrapara la integración de cada uno de los ayuntamientos de los municipios de laentidad, y que, por consecuencia, el límite porcentual del 70% le es aplicabletanto a propietarios como a suplentes, a cada género, porque también el PRI enel artículo 170 de sus estatutos distingue entre candidatos propietarios ycandidatos suplentes, señalando límites porcentuales -aunque diversos a los dela ley, aplicables a ambos géneros, tanto en candidatos propietarios como ensuplentes. Basta por ahora señalar que el texto del dispositiva 170 del estatutopríista dice: "Mieulo 170. En la integración de las planillas para Ayuntamientos, ton/o para propíe/aríos como para suplentes, que el Partído registre para elecciones municipales no se incluirá una proporcíón mayor del 50% de candídatos de un mismo sexo. Este pnncipio deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de caae tres lugares, salvo que sea consultada la militaneJa o rija el procedimiento de usos y costumbres. En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación proporcional, procede lo dispuesto en los artículos 168 y 169. ti Luego, es claro que aún la interpretación y normas internas de esepartido, tal debe ser la conclusión, que ningún género rebase (tanto encandidatos propietarios como en suplentes) determinado porcentaje. Así las cosas, inclusive, por lo que se refiere al criterio funcional, lanorma en comento debe ser entendida distinguiendo también el caso de loscandidatos propietarios de los candidatos suplentes que integran cada planillapropuesta por los partidos políticos o coaliciones. En nuestro concepto, el espíritu del legislador debe estar referido a que,en ningún caso, los candidatos propietarios de cada planilla postulada por lospartidos políticos o coaliciones para la integración de los ayuntamientos de losrespectivos municipios puedan rebasar el 70% de candidatos de un mismogénero, pues entenderlo de otra manera, como lo hace la responsable, quien
  21. 21. 21 afirma que basta que no se rebase el citado porcentaje en el conjunto de candidatos de la planilla, para que se cumpla la norma de género. Tal razonamiento, sería irracional y absurdo, porque, llevado al extremo, podría aplicarse diciendo que "incluso si todos los candidatos propietarios son de un sexo (o género) y todos los suplentes del otro género, estaría cumplida la norma. Es obvio que no puede ser esa la interpretación del texto legal, porque,la equiparación de las candidaturas de propietarios con las de los suplentes,que hace la responsable, al afirmar -por ejemplo-, que en el caso de Othón P.Blanco la planilla se integra por 22 candidatos, es evidentemente incorrecta Sabemos que el partido que triunfe en ese municipio en las eleccionesdel 4 de julio solo podrá lograr el acceso de los 11 integrantes propietarios alCabildo, mas no así el acceso de los suplentes. Estos podrían acceder despuésen el supuesto de falta de los respectivos propietarios, pero, aún entonces, elsentido de la leyes que debe garantizarse el porcentaje de género. De ahí que la cuota de género sea aplicable sobre todo a los candidatospropietarios de cada planilla; en el entendido de que, las planillas de candidatosse postulan para la integración de los ayuntamientos respectivos, y no solopara generar expectativas de derecho; lo que, en abducción, reitera la hipótesisde que la norma atañe más a los candidatos propietarios que a los suplentes, yes en ese tipo de candidaturas en el que más se debe garantizar el porcentaje ocuota de género cuyo fin es la debida integración de los ayuntamientos. Sostener la interpretación de la responsable, burlaría el espíritu de la ley,y esa infracción podrfa ser total o parcial en la medida que un solo género copela mayoría absoluta o todas las candidaturas propietarias de la planilla. En elcaso concreto, se burlaría en parte, porque son 9 hombres de 11 candidatospropietarios posibles, rebasando con mucho el 70% de límite legal y muchomás del 50% de límite estatutario de ese partido, diseñados y aplicables paracualquiera de los géneros, tanto en candidatos propietarios como en suplentes. De ahí que la aplicación que realiza la responsable sea, además deilógica, no racional ni proporcional, mucho menos equitativa. En consecuenciaconsidero que esa Sala Regional debe revocar la sentencia impugnada, y dejarsin efectos la decisión de la autoridad administrativa electoral, declarandoimprocedente el registro otorgado a las planillas de candidatos que el PRIpostula para la integración Por lo que respecta al aspecto relativo a lo que el Tribunal Electoralresponsable clasifica, en su inconstitucional sentencia, como inciso b) del únicoagravio aducido en la demanda de inconformidad, tal como lo expuse en el mediode impugnación local, al dictar el acuerdo número IEQROO/CG/A-070·1 O, el ConsejoGeneral responsable debió advertir que el Partido Revolucionario Institucional,
  22. 22. " . 22 incumplió lo dispuesto en el numeral 170 de su Estatuto, en el sentido de que rebasó el Hmite del 50% en la postulación de candidatos propietarios varones, pues dicha infracción deriva en vulneración flagrante de lo dispuesto en las fracciones 11 y V del articulo 77, junto a lo dispuesto en el numeral 127 de la Ley Electoral de Quintana Roa, disposiciones que, interpretadas sistemática y funcionalmente, en términos de lo previsto en el artículo 1 de la propia ley, son de orden público y de observancia general en el estado de Quintana Roa. Al respecto, considero que no asiste la razón a la autoridad responsable cuando declara que la actora carece de interés jurídico, lo cual deviene ilegal e incongruente, pues por una parte, al desestimar las causales de improcedencia hechas valer por la representación priista (tercero perjudicado) en el juicio de inconformidad, señaló que en el caso opera la tesis de rubro "ACCIONES TUITlVAS DE INTERESES DIFUSOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POL/TICOS LAS PUEDAN DEDUCIR: con lo que se estima que en el caso no se está en presencia de un interés meramente individual del partido y coalición promovente, sino en defensa de los intereses de la comunidad, puesto que, por una parte, como lo expresé en el concepto de agravio de la demanda de inconformidad, "La anterior tesis tiene su relevancia pues la integración final del Cabildo es asunto relevante para la comunidad, luego hay interés general en la solución Que se de al medio de impugnación incluyendo las cuotas de género, ya Que el sntcoto 115 constitucional, es uno de los poderes soberanos del pueblo articulo 39 constitucional federal.D Luego entonces, ante la inexistencia de un procedimiento que confiera acción a ciudadanos no pertenecientes a los partidos políticos, en este caso al Partido Revolucionario Institucional, para denunciar y obtener el reencausamiento del principio de legalidad, que es el objeto central del sistema de medios de impugnación, es patente que a los partidos políticos asiste el deber y el derecho de garantizar el inicio del procedimiento para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Por otra parte, es inexacto lo afirmado por la responsable en el sentido de que supuestamente el PRO y la coalición actora, entes por mí representados, carezcan de dicho interés jurídico, toda vez que, el artículo 41 constitucional confiere como núcleo central de los derechos fundamentales de todo partido político nacional, individual o asocíadamente, de participar en las elecciones estatales y municipales, de acuerdo a lo que disponga la ley. En ese tenor, la ley electoral local, dispone, en su artículo 75, entre los derechos de los partidos políticos, el derecho de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, y la garantía de libertad de realizar libremente sus actividades, en tanto que, el numeral 77 fracciones 11 y V, de la propia Ley Electoral de Quintana Roa, dispone entre las obligaciones
  23. 23. 23de los partidos políticos, Conducir sus actividades dentro de los cauces legalesy ajustar sus actos a los principios del Estado Democrático, respetando la libreparticipación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos, ycumplir con sus normas internas. En esa tesitura, si el Partido Revolucionario Institucional, en su libertadde auto organización. quiso libremente obligarse a cumplir una cuota de géneroque en ningún caso rebase el 50% por ninguno de los géneros al integrar lasplanillas de candidatos, tanto para propietarios como para suplentes, quepostule para los ayuntamientos de los municipios, es evidente que elincumplimiento de esa norma interna, en relación con lo preceptuado en lasporciones normativas del numeral 77 de la Ley Electoral ya expresadas, esasunto de orden público en términos del artículo 1 de la propia ley local, y nosolo atañe a los militantes de ese partido como erróneamente sugiere laresponsable, al considerar en su sentencia que supuestamente la actora carecede interés jurídico, pues es notorio que causa perjuicio a toda entidad de interéspúblico el hecho de que otro partido político incumpla normas de orden público,cuya exigencia y observancia es general. habida cuenta de que tenemoslegitimación para cuestionar todo acto de autoridad que se aparte del principiode legalidad, y en tal situación, la autoridad debió proceder al estudio de fondodel referido agravio, para estimar que el PRI debió ajustarse a la referida cuotaestatutaria, en el entendido que toda violación estatutaria es violación de la ley,de conformidad con la tesis de la tercera época, sustentada por la SalaSuperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queenseguida me permito transcribir: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLfTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.-De la interpretación del artículo 269, párrafos 1 y 2, inciso al, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 38 del citado ordenamiento legal, se puede desprender que cuando un partido político nacional incumpla sus disposiciones estatutarias, ello genera el incumplimiento de disposiciones legales, en virtud de que la obligación que pesa sobre los partidos políticos para conducir sus actividades dentro de los cauces legales, debe entenderse a partir de normas jurídicas en un sentido material (toda disposición jurldica constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria que presente las características de generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomía y coercibilidad), como lo permite concluir la lnterpretaclón sistemática del artIculo 41, párrafo segundo, fracción 11,segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte en que se dispone que los partidos políticos tienen ciertas finalidades y que para su cumplimiento lo deben hacer de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, así como de lo dispuesto en el propio artículo 38, párrafo 1, incisos a). b), d), e), t), h), i), j), 1), m) y n), del código en cita, ya que ahí se contienen prescripciones legales por las cuales se reconoce el carácter vínculatorío de disposiciones que como mínimos deben establecerse en sus documentos básicos y, partlcuíarrnente, en sus estatutos. Al respecto, en el articulo 38 se prevé expresamente la obligación legal de los partidos políticos nacionales de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que
  24. 24. , 24 tengan registrados; conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando ros derechos de los ciudadanos; mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios, y comunicar al Instituto Federal Electoral las modificaciones a sus estatutos. Esto revela que el respeto de las prescripciones estatutarias -como en general, de la normativa partidaria- es una obligación legal. No es obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que en dicho artículo 38 no se prevea expresamente a todos y cada uno de los preceptos que, en términos del artículo 27 del código de la materia, se deben establecer en los estatutos de un partido político, como tampoco impide obtener esta conclusión el hecho de que, en el primer artículo de referencia, tampoco se, haga mención expresa a algunas otras normas partidarias que adícionalmente decidan los partidos políticos incluir en su normativa básica. Lo anterior es así, porque si en la Constitución federal se reconoce a los principios, programas e ideas de los partidos políticos como un acuerdo o compromiso primario hacia el puebloy especialmente para los ciudadanos, lo que destaca la necesidad de asegurar, a través de normas jurídicas, su observancia y respeto, en tanto obligación legal y, en caso de incumplimiento, mediante la configuración de una infracción que dé lugar a la aplicación de sanciones. En ese sentido, si los partidos políticos nacionales tienen la obligación de cumplir lo previsto en el Código Federal Electoral y ahl se dispone que deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, es claro que uno de dichos cauces es el previsto en las normas estatutarias. Recurso de apelación. SUP-RAP-Q41/2002.-Pertido de la Revolución Democrática.-28 de marzo de 2003.-Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: José Félix Cerezo Vélez. Revista Justicia Electoral2004, Tercera ¡;poca, suplemento 7, páginas 41-42, Sala Superior, tesis S3EL 009/2003. CompIlación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 562-564. Asimismo, en autos quedó acreditado que, en la postulación de los candidatos de las planillas a que hace referencia el Acuerdo impugnado, el PRI dejó de observar el principio aludido en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares, como es fácil advertir de unasimple revisión y comparación objetiva en cuanto al orden e identificación delsexo (hombres-mujeres) de las candidaturas -tanto para propietarios como parasuplentes- postuladas para la integración de cada una de las planillas, eilegalmente registradas por la autoridad responsable. Lo que corrobora que el Partido Revolucionario Institucional, al integrarsus planillas de candidatos a los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel yJosé María Morelos, violentando sus normas estatutarias, también violó la leyelectoral en los preceptos multi aludidos en el presente escrito. y asimismo, al estimar inoperante dicho agravio, y al dejar de estudiar elfondo del concepto de agravio aducido, bajo la supuesta falta de interés jurídicode las promoventes, el tribunal responsable vulneró las garantías de legalidad y
  25. 25. .. _ __.. .. _---., 25 seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, además de omitir impartir justicia completa e imparcial, en vulneración de (o establecido en el numeral 17 segundo párrafo de (a Ley Suprema de la Unión, con lo que deja de garantizar el objeto del sistema de medios de impugnación, en infracción a lo previsto en el artículo 116 fracción IV inciso 1) de la Carta Magna, (o que se traduce además en infracción a los principios de equidad, autenticidad e imparcialidad de las elecciones, pues al confirmar el acuerdo emitido por la autoridad administrativa electoral convalida normas de orden público que atañen a la integración de órganos del poder popular, contraviniendo asimismo lo dispuesto en los artículos 39 y 133 constitucionales. Motivo por el cual solicito de esa Sala Regional revocar y dejar sin efectos la sentencia impugnada. A efecto de acreditar lo anterior, se ofrecen de la intención de (a parte actora las siguientes P R U E B A S: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a la parte que represento, misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente recurso. LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. DOCUMENTALES consistentes en constancia o certificación de mi acreditación como representante del partido y coalición que represento ante el Consejo General del IEQROO, a fin de acreditar la personería con Que comparezco al presente juicio. Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito; PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito y documentos que acompaño para acreditar mi personería, promoviendo en nombre del Partido de la Revolución Democrática, y de la Coalición denominada "MEGA ALIANZA TODOS CON QUINTANA ROO", Juicio de Revisión Constitucional Electoral contra de la resolución que se combate.
  26. 26. 26 SEGUNDO.- Dar entrada al presente Juicio de RevisiónConstitucional Electoral, seguir los trámites respectivos hasta dictarsentencia definitiva en la que se declare procedente y fundado elpresente juicio, resolviendo en la forma y términos solicitados a lolargo del presente ocurso. Chetumal, Quintana Roo, a 30 de Mayo de 2010.Representante del PART OLUCIÓN DEMOCRÁTICAy de la Coalición MEGA TODOS CON QUINTANA ROO II jo General del IEQROO.

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