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Lecturas Para El Estudio De Chile Siglo Xx

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Lecturas Para El Estudio De Chile Siglo Xx

  1. 1.         LECTURAS PARA  EL ESTUDIO DE  LA HISTORIA DE  CHILE EN EL  SIGLO XX    Aspectos sociales, económicos y  políticos            Selección de lecturas tomadas de www.memoriachilena.cl  Profesor: Rodrigo Acevedo M. 
  2. 2. ASPECTOS SOCIALES    MIGRACIÓN CAMPO CIUDAD (1885-1952) El surgimiento de los barrios marginales Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la explotación del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de expansión y modernización, para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. Ambos fenómenos de transformación económica, provocaron un crecimiento de la inversión extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital expandiera el mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones y, a principios del siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. La acumulación capitalista, sin embargo, se concentró sólo en los grandes centros urbanos -fundamentalmente Santiago-, por lo que éstos fueron creciendo a una tasa más elevada que el resto del país. Fue así como su demanda por mano de obra calificada para nuevos servicios, los transformó en polo de atracción laboral en actividades tales como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y el servicio militar. Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad laboral. Se desarrolló así una migración heterogénea y fluctuante, en la que las ciudades de pequeño o mediano tamaño fueron escala necesaria para los desplazamientos. Esto provocó, sobre todo en la capital del país, un fenómeno de sobrepoblación y saturación de la infraestructura urbana, surgiendo el problema del acceso a viviendas dignas. Buscando remediar este problema, en 1939, el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), base de un programa estatal de industrialización para la sustitución de importaciones. No obstante, el costo político de la creación de CORFO fue mantener inmutable la legislación sindical en el agro, por lo que las condiciones de vida de los campesinos, el principal grupo atraído por la migración, continuaron tan desmejoradas como en el pasado. Además, las motivaciones de este sector social no eran una cuestión fácil de determinar. En efecto, muchos emigraron por falta de trabajo o poca capacitación laboral; mientras otros, por una búsqueda de ascenso social, y para asimilar los valores urbanos. En consecuencia, la migración campo ciudad se mantuvo en ascenso durante la década de 1950, provocando en la capital las primeras tomas ilegales de terreno, origen a su vez de los barrios marginales.            
  3. 3. ASPECTOS SOCIALES    LA CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE (1880-1920) Pensamientos y debates Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. No obstante, ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son, un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano; una clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes. La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico, que a partir de la Encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores. Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la propia existencia del Estado liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente ni por las medidas de corte proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el poder autónomo de los propios trabajadores. A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Nacional.          
  4. 4. ASPECTOS SOCIALES    PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES CHILENOS (1890-1920) El movimiento popular en el siglo XX El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a parte importante de la población. Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social, surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales, sus organizaciones. Luego, con la transformación de las mutuales en mancomunales o sociedades de resistencia, el surgimiento de partidos políticos obreros y la aparición de líderes sindicales, se inició una etapa caracterizada por un mayor contenido ideológico que radicalizó los postulados del movimiento. En 1910, ya había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de sindicatos de trabajadores de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, entre otros. La celebración del 1 de mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo en convocatoria popular, para llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las calles de Santiago. Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas por parte de las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y la masacre de Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas reivindicativas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no sólo de obreros y artesanos, sino también de sus mujeres e hijos. Sin embargo, la masacre producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. En 1909, se fundó la Federación Obrera de Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido Obrero Socialista (POS), liderado por Luis Emilio Recabarren, con lo que el movimiento social adquirió mayor consistencia ideológica. Las primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron: el derecho al descanso dominical, mejoras en las viviendas obreras y la Ley de Accidentes del Trabajo. Más tarde, el alto costo de la vida motivó la organización de la Asamblea Obrera de la Alimentación que convocó a las marchas del hambre en Santiago, en los años 1918 y 1919. Después de 1917, los sindicatos obreros gozaron de un rápido crecimiento, registrándose unas ciento treinta huelgas entre 1917 y 1920, a lo largo de todo Chile. En la región de Magallanes se produjo una gran huelga y los estudiantes universitarios, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), asumieron un rol activo, desde 1920, en las luchas reivindicativas de la clase trabajadora. Por esos años, también comienza la incorporación del campesinado en el movimiento social chileno, que llegó en la década de 1930 a sus años de esplendor.
  5. 5. ASPECTOS SOCIALES  EL MOVIMIENTO MAPUCHE Y EL ESTADO EN EL SIGLO XX Entre la autonomía y la integración Durante el siglo XIX Europa fue el ejemplo de la civilización humana. En este contexto, los chilenos cultos no valoraron la cultura indígena y consideraron el territorio mapuche como tierras vacías dispuestas para la colonización. En consecuencia, en 1866, se aprobaron las primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. Junto a las tropas llegaron a las regiones del sur los agrimensores y los colonos. Sin embargo, debido a la gran presencia de indígenas, la idea de tierras vacías fue insostenible y se optó, entonces, por reducir el espacio ocupado por el pueblo mapuche. El sistema de radicación a la tierra por medio del cual se sometió a los indígenas provocó la crisis de la sociedad mapuche decimonónica. El asentamiento fue el principal factor que contribuyó a la constitución del minifundio mapuche pues las familias fueron creciendo y más personas debieron compartir los mismos espacios. Muchas tierras se degradaron, perdiendo su calidad y productividad. El resto de la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su aprovechamiento productivo. Otros espacios fueron obtenidos mediante presiones y artimañas legales. En las primeras décadas del siglo XX se perdieron los territorios de más de doscientas comunidades que tenían sus títulos de merced. Las tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías. La ley indígena de 1927 terminó con el proceso de radicación y planteó la idea de dividir las comunidades entregando la tierra como propiedad particular. Los cincuenta años que van desde 1927 a 1968 estuvieron marcados por la discusión acerca de la división de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. El conflicto se dio entre divisionistas y comunitaristas. La cuestión mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuche que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron las tomas de terreno como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos. El gobierno militar, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como una única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena. El año 1992 es clave en el desarrollo de las nuevas ideas mapuche. Con el retorno a la democracia comenzó la lenta tramitación de una ley indígena. Finalmente se logró llegar a consenso respecto a uno de los asuntos fundamentales: la defensa de las tierras aborígenes mediante un artículo que dispuso que no podían ser vendidas a personas no indígenas. A fines de 1993 fue aprobada la ley indígena por unanimidad. Esta ley creó la Corporación de Desarrollo Indígena. A fines del siglo XX se desencadenó un nuevo conflicto entre los mapuche y las empresas forestales. Las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y por el contrario perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio. En los últimos años, el movimiento mapuche se ha conocido internacionalmente a raíz del contacto con otros pueblos, la participación en diversos organismos, foros y eventos internacionales y la difusión de sus problemas y acciones a través de internet. Los mapuche han participado directamente en grupos y comisiones de trabajo que se ocupan de los problemas indígenas a nivel global.
  6. 6. ASPECTOS SOCIALES  EL MOVIMIENTO OBRERO (1909-1953) De la FOCH a la CUT Al comenzar el siglo XX los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación social o laboral que los favoreciera o les brindara protección. Fueron ellos mismos, a través de las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad proletaria. La Federación Obrera de Chile (FOCH) comenzó como una agrupación de obreros de ferrocarriles con una orientación mutualista ligada al Partido Demócrata. A mediados de la década de 1910, comenzaron a integrarse los trabajadores de salitre y adquirió un carácter nacional. Asimismo, el Partido Demócrata perdió influencia al imponerse en la organización las ideas revolucionarias del Partido Obrero Socialista liderado por Luis Emilio Recabarren, convertido después en el Partido Comunista, asumiendo la Federación una actitud anticapitalista y revolucionaria que se manifestó con fuerza en las movilizaciones sociales que caracterizaron la década de 1920. Sin embargo, la promulgación de las leyes sociales y el Código del Trabajo, entre 1925 y 1931, cambió radicalmente la conformación del movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores. A partir de entonces los sindicatos y sus federaciones se debatieron entre asumir la nueva legislación y someterse a sus reglas, como fue el caso de los obreros y empleados del sector estatal y las grandes empresas, o continuar con el discurso clasista y revolucionario. La dirección del movimiento obrero que adhirió esta última línea, se dividió entre tres grandes organizaciones: la FOCH ligada al Partido Comunista, la CGT (Confederación Nacional de Trabajadores), de inspiración anarquista, y la CNS (Confederación Nacional de Sindicatos), de origen socialista. En 1934, la violenta represión del gobierno de Arturo Alessandri a una huelga ferroviaria de carácter nacional, tuvo como reacción la unidad de las distintas organizaciones que agrupaban a los trabajadores. De este modo, el Comando Único que se gestó en la huelga se transformó en un Frente de Unidad Sindical, que organizó un Congreso de Unidad Sindical en diciembre de 1936, surgiendo la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH). La fuerza que adquirió la nueva organización de trabajadores les permitió formar parte de la alianza política que apoyó a la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda en la elección presidencial de 1938. El triunfo del Frente Popular facilitó a la CTCH una vinculación directa con el nuevo gobierno, lo cual, aún cuando le permitió crecer como organización, sería posteriormente la causa de su división y pérdida de protagonismo. Efectivamente, a fines de la década de 1940, el movimiento obrero, que estuvo fuertemente ligado al Partido Comunista a través de la Confederación de Trabajadores de Chile, fue fuertemente reprimido y debilitado por el gobierno de Gabriel González Videla al promulgar la Ley de Defensa de la Democracia o “Ley Maldita”. En consecuencia la conducción del movimiento de trabajadores fue asumido por las organizaciones de empleados, especialmente del sector público, los que a través del liderazgo de Clotario Blest lograron organizar una nueva confederación de trabajadores en 1953: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).            
  7. 7. ASPECTOS SOCIALES    LA FAMILIA OBRERA (1900-1950) Constitución e intervención en la vida familiar popular La situación de la familia obrera urbana de la primera mitad del siglo XX, estuvo fuertemente marcada por los efectos de la creciente industrialización y la llamada cuestión social. Los altos niveles de hacinamiento e insalubridad en que vivían, generaron elevados índices de mortalidad infantil y enfermedades contagiosas como la viruela, el cólera y la tuberculosis. En este escenario, la naciente preocupación estatal por la salud pública se concentró en asistir como objeto de diagnóstico, a la familia obrera, para enfrentar los alarmantes altos indicadores de morbilidad. El grupo familiar obrero típico estaba compuesto por ocho o nueve personas y podían estar conformados por matrimonios legales, uniones de hecho, o familias mono parentales encabezadas por mujeres. Al grupo nuclear se sumaban frecuentemente allegados, que podían ser parientes del matrimonio, compadres o amigos. La vivienda generalmente, no contaba con el espacio suficiente para albergar a un grupo tan numeroso de personas, ni con el mobiliario adecuado, que por lo general, se reducía a sólo dos catres para un grupo familiar de 9 personas, situación de hacinamiento que a ojos de observadores de la elite e instituciones asistenciales, era fuente de enfermedades, promiscuidad, inmoralidad y vicios. La legislación chilena adjudicaba al obrero el papel de proveedor y jefe de hogar, mientras el trabajo de la madre fue desincentivado, pues se consideraba pernicioso para la familia que la madre abandonara a sus hijos para salir a trabajar. Sin embargo, el sustento otorgado por la familia era crucial para la sobrevivencia del grupo familiar, lo que hizo que, a pesar de los desincentivos gubernamentales, el trabajo femenino industrial, aumentará progresivamente en las primeras décadas del siglo XX. Las tareas domésticas eran responsabilidad de la mujer, quien debía compatibilizar su trabajo con el cuidado del hogar. Cuando las actividades laborales impedían a la madre hacerse cargo del cuidado de los hijos menores y de la limpieza de la vivienda, éstas eran asumidas por las hijas mayores. Los hijos varones en cambio, solían auxiliar al padre en el trabajo u oficio, asumiendo desde muy temprana edad, la misma vida que los adultos. Las largas jornadas de trabajo, los salarios insuficientes e inconstantes, la precariedad de las viviendas, el hambre y las enfermedades amenazaban constantemente la estabilidad del grupo familiar, el cual, pese a de ser considerado como el centro de las fuerzas productoras de la nación, estaba en crisis. Esta dramática situación comenzó a acaparar, desde la década de los veinte, la atención y esfuerzos de los profesionales, médicos, algunos sectores políticos y medios de prensa quienes denunciaban las precarias condiciones de vida obrera. Lentamente el Estado comenzó a hacerse cargo de la situación proletaria. A través del auxilio de visitadoras sociales y enfermeras sanitarias intervino de manera progresiva al interior de la familia, lo que alcanzó su máxima extensión, durante los gobiernos radicales.              
  8. 8. ASPECTOS SOCIALES    LA INFANCIA EN EL SIGLO XX De la “infancia desvalida” a los derechos del niño Como lo anticipó Ellen Key en su libro El Siglo de los niños (1900), durante el siglo XX se desarrolló un gran interés por la infancia, que se evidenció en el desarrollo de numerosas instituciones, formas de socialización y patrones culturales que tuvieron a los niños, como su centro de atención. A partir de la década de los veinte, la preocupación pública por la situación de los niños estuvo marcada por la cuestión social. Así, las políticas de bienestar de la época planteaban que la modernización del país dependía directamente del mejoramiento de las condiciones de vida de los seres más vulnerables y desprotegidos de la sociedad como los trabajadores, mujeres y niños. Para esto, se desarrollaron una serie de proyectos que incorporaron a la figura del infante, no sólo en los discursos y plataformas programáticas, como lo fue la polémica Ciudad del Niño, sino que también como figura representativa del futuro de la nación. El principal centro de interés político estuvo enfocado en disminuir la mortalidad infantil, lo que se logró bien avanzado el siglo. La vulnerabilidad que afectaba a los niños era tanto sanitaria, como moral y el alma de los menores era amenazada por la delincuencia infantil, las precarias condiciones de trabajo, el abandono de los padres y el uso “inapropiado” del tiempo libre. En este contexto, varias leyes de protección a la infancia que buscaban controlar la marginalidad, el abandono y la delincuencia fueron promulgadas desde 1912, a las que se les sumaron las leyes laborales de 1924. A su vez, desde fines del siglo XIX, la educación primaria también comenzó a cobrar protagonismo y a ampliar su alcance. Uno de los mecanismos para incentivarla fue la alimentación escolar, aunque con resultados insuficientes. Sin embargo, la cobertura se transformó en un objetivo explícito a partir de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920, pese a que su aplicación se demoró varias décadas en concretarse. Así, desde 1928 hasta principios del siglo XXI, sucesivas reformas educacionales se propusieron ampliar la cobertura escolar y adecuar los objetivos educacionales a las necesidades del país y a los aportes de la pedagogía y de la sicología infantil, lo que se tradujo en la creación de organizaciones que, tanto dentro como fuera de la escuela, moldearon la formación moral de los niños, como los Boy Scouts, Los Pioneros (agrupación de niños comunistas) y Los Niños Cruzados (de origen católico). A lo largo del siglo XX, varios escritores incorporaron a los niños en la literatura, mientras que la narrativa infantil tuvo importantes cultores, como Gabriela Mistral. A partir de los años 40 la especialización y la difusión aumentó, sobre todo con autores como Marcela Paz y Hernán del Solar y la amplia distribución de las revistas para niños, siendo la más exitosa El Peneca. Entre las décadas de 1960 y 1970 la socialización a través de la lectura comenzó a declinar y el ocio infantil se canalizó a través de programas de radio y televisión y más adelante con los novedosos videojuegos y la expansión computacional. En el ámbito privado las formas de crianza se modificaron a tal grado que, el castigo y la disciplina rígida dejaron de ser considerados métodos legítimos de educación, lo que no ha evitado que sigan presentes prácticas de maltrato y abuso hasta el día de hoy. A lo largo del siglo XX, la doctrina de los derechos del niño traspasó la frontera de la discusión intelectual para representar una nueva visión que ha implicado cambios trascendentales, en la forma de concebir el lugar que ellos tienen en nuestra sociedad. Paradójicamente esto se desarrolla en momentos en que el número de niños ha disminuido notablemente, ya que, mientras la tasa global de fecundidad era de 3,6 hijos por mujer en 1970, la cifra disminuyó a 2,3 en 2002.    
  9. 9. ASPECTOS SOCIALES    MEMCH (1935-1953) El movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile La lucha por la igualdad jurídica y política y por el acceso paritario al mercado laboral entre hombres y mujeres, tuvo entre sus más importantes exponentes al MEMCH, Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, durante la primera mitad del siglo XX. En una época en que la palabra emancipación era considerada sinónimo de libertinaje, este movimiento inauguró una etapa para la historia social y política de las mujeres de fuerte influencia feminista. La actividad y organización del MEMCH, de carácter multiclasista, se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios superiores y también en mujeres trabajadoras, aumentando los escenarios locales para la creciente participación femenina en el ámbito público. Combinando la lucha social con la de género, las “memchistas” lideraron la historia de las organizaciones feministas de la primera mitad del siglo XX hasta la obtención del sufragio femenino universal, haciendo públicas sus demandas por mayores derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas en general, y la protección de la maternidad obrera para el creciente segmento de trabajadoras en el país. Sus principales dirigentes han sido reconocidas históricamente tanto por su calidad de feministas pioneras como por sus trayectorias en el ámbito político e intelectual, destacando, entre otras, Elena Caffarena, Olga Poblete, Marta Vergara y Graciela Mandujano. Entre las particularidades más relevantes del MEMCH y de otras organizaciones feministas de la época, se cuenta la capacidad que tuvo la organización para desarrollar un activismo provincial que permitió expandir sus ideales y proyectos en una época de fuerte centralismo político. La alta movilización femenina que el MEMCH expresó en la edición del periódico que la organización editaba, La Mujer Nueva, junto con estimular campañas por derechos sociales y políticos igualitarios entre hombres y mujeres, también concentró sus esfuerzos en denunciar las deterioradas condiciones en que vivían las familias pobres urbanas, particularmente mujeres y niños, e impulsó un movimiento social en torno a demandas pacifistas. Su rechazo al fascismo como ideología política y la cercanía ideológica de sus integrantes a la izquierda chilena, en particular al Partido Comunista, vinculó estrechamente al MEMCH y el Frente Popular. Dicha relación no estuvo exenta de problemas. Con el fin de debilitar al movimiento, las críticas a un feminismo burgués que postergaba la lucha por las reivindicaciones de la clase obrera y la difamación pública de la vida privada de algunas memchistas se convirtieron en prácticas frecuentes. Aquellos ataques no lograron que las feministas perdieran su independencia política y su capacidad crítica frente al poder gubernamental y los partidos políticos. Sin embargo, el surgimiento de un fuerte anticomunismo en la alianza gubernamental después de 1947, que afectó a las memchistas más moderadas, tensó significativamente las relaciones entre ambos conglomerados distanciando a las mujeres que ejercían doble militancia, el MEMCH y el Partido Comunista, de las feministas no militantes. Luego de obtener un gran triunfo, el sufragio femenino universal en 1949, el MEMCH sobrevivió a la persecución de sus militantes comunistas y al acoso estatal de sus actividades públicas. En adelante, el MEMCH se involucró en campañas de protección a la infancia y de orden pacifista, hasta 1953, año en que se anunció su disolución.        
  10. 10. ASPECTOS SOCIALES    1. INICIOS DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN CHILE (1840-1920)  Origen y consolidación del estado docente Consolidada la independencia tras el triunfo definitivo de las armas patriotas en 1818, la construcción del Estado republicano llevó más de un siglo de maduración. El sistema democrático requería de ciudadanos, los que eran necesario formar a partir del desarrollo de un amplio sistema educacional que cubriera a la totalidad de la población. La preocupación por educar y al mismo tiempo disciplinar a las clases populares a través del desarrollo del sistema educativo, se convirtió en una política estatal de largo aliento que se mantuvo durante todo el siglo XIX. El sistema educacional se dividió en dos secciones fuertemente diferenciadas. Por un lado, la instrucción primaria, de carácter elemental y masivo; por el otro, la instrucción secundaria y superior, de carácter selectivo y orientada a las élites. Con el tiempo, la segunda se convirtió en un importante mecanismo de ascenso social para los grupos medios emergentes, mientras que la primera mantuvo durante todo el siglo su carácter masivo y orientado a dar una instrucción básica y elemental. El sistema de instrucción primaria que desarrolló el Estado durante el siglo XIX estuvo mediado por un intenso debate ideológico sobre los alcances del Estado docente. En éste, se pueden distinguir dos momentos. El primero, corresponde a la etapa fundadora del sistema de educación primaria, que tuvo lugar en las décadas de 1840 y 1850, y participaron activamente en él pensadores como Domingo Faustino Sarmiento y los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui. El segundo es durante la década de 1880, cuando surge una nueva generación de educacionistas, formados en la experiencia europea y con un discurso centrado en los métodos pedagógicos, destacando figuras como Valentín Letelier, Claudio Matte y José Abelardo Núñez. Ellos establecieron las bases programáticas del sistema de instrucción primaria e impusieron su sello en las políticas educativas del Estado. Tras la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860, el Estado se convirtió en el principal sostenedor de la educación. La ley garantizaba la gratuidad de la enseñanza primaria y la responsabilidad fiscal con respecto a ésta. El sistema educacional quedó dotado de una estructura centralizada en la que el Estado controlaba la actividad pedagógica y, dividido en dos sectores: la educación primaria pública, a cargo del Estado y las municipalidades; y la educación primaria particular, que abarcaba tanto escuelas pagadas como algunas gratuitas pertenecientes a la Sociedad de Instrucción Primaria y otras sociedades filantrópicas. A partir de 1850, la acción educativa estatal se orientó a organizar y fortalecer la institucionalidad de la escuela, soporte básico del sistema educativo nacional. La construcción de la sociabilidad escolar tuvo lugar en dos ámbitos. El primero de ellos tiene relación con la creación de un sitio disciplinado y ordenado, segregado del mundo familiar y vecinal, a través de normas que definían el uso del espacio y el tiempo por parte de alumnos y preceptores. Las prácticas pedagógicas tendieron a reforzar este aspecto, separando a los alumnos en cursos y niveles, imponiendo horarios, homogeneizando el uso de textos –como los silabarios- y estableciendo un sistema de premios y castigos, así como evaluaciones anuales del desempeño escolar. El segundo ámbito tiene relación con la institucionalización de la escuela en cuanto fuente de conocimiento y verdad. Con la finalidad de formar preceptores capacitados para enseñar, se crearon Escuelas Normales en todo el país. En la década de 1880, la introducción de métodos pedagógicos desde Francia y Alemania contribuyó a institucionalizar un sistema educativo que cobraba creciente autonomía en relación al conjunto de la sociedad. En 1920, con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, se cierra el período de gestación y consolidación del sistema de educación primaria en Chile.    
  11. 11. ASPECTOS SOCIALES  MUJERES Y PROFESIONES UNIVERSITARIAS (1900-1950) El ingreso femenino a la universidad La creación de la Universidad de Chile en 1842 es un hito fundamental en la historia de la educación decimonónica y en el nacimiento de la clase profesional en el país. No obstante, el acceso a la instrucción universitaria estuvo vedado para la población femenina la mayor parte del siglo XIX, periodo en el cual aquella contaba con escasas alternativas educativas. Las mujeres podían asistir a la escuela primaria, a la Escuela Normal de Preceptoras - creada en 1854 y dirigida por las religiosas del Sagrado Corazón - y hacia fines del siglo XIX, a los primeros liceos femeninos. La necesidad de contar con mujeres instruidas que se hicieran cargo de la educación de sus hijos o que pudieran paliar la estrechez económica con algún tipo de formación u oficio fueron materias de tempranas discusiones que animaron el debate público respecto de la relación entre mujeres y profesión universitaria desde la década de 1870. Producto de aquel debate se promulgó, en 1877, un decreto que autorizó el acceso de las mujeres a los estudios universitarios. Dicho mandato, conocido como el Decreto Amunátegui, en recuerdo al Ministro de Educación que lo impulsó, Miguel Luis Amunátegui, se basó en tres argumentos: la conveniencia de estimular en las mujeres la dedicación al estudio continuado; la arraigada creencia de que las mujeres poseían ventajas naturales para ejercer algunos oficios relacionados con la asistencia a otras personas; y la importancia de proporcionar los instrumentos para que algunas mujeres, que no contaban con el auxilio de su familia, tuvieran la posibilidad de generar su propio sustento. El decreto también estipulaba que las mujeres que aspiraban obtener títulos profesionales debían rendir exámenes válidos bajo las mismas condiciones a las que estaban sometidos los hombres. Hacia fines del siglo XIX, las carreras elegidas por las primeras mujeres universitarias fueron derecho y medicina; en el caso de esta última profesión, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez son las primeras mujeres en recibir el título de médico cirujano. Pasados cincuenta años del decreto Amunátegui, la incorporación de las mujeres a la vida universitaria se había ampliado de manera sustantiva a carreras como las de química y farmacia, odontología, pedagogía, obstetricia, enfermería y servicio social. Hacia 1960, más de ocho mil mujeres habían recibido educación universitaria, constituyéndose así un grupo diverso de mujeres profesionales, concentradas en su mayoría en la capital, entre las cuales, el oficio preferido fue el de profesora de estado.                        
  12. 12. ASPECTOS SOCIALES  TRABAJO FEMENINO INDUSTRIAL (1890-1920) Las obreras urbanas Un aspecto social importante del inicio de la industria en Chile, fue el aumento de la participación de las mujeres en este sector económico desde fines del siglo XIX. El trabajo femenino, realizado tanto en establecimientos fabriles como en domicilio, empleó entre uno y dos tercios de las mujeres activas mayores de 12 años. En ciudades como Santiago y Valparaíso, las mujeres trabajaron en la manufactura de alimentos, textiles y vestuario, dando paso al nacimiento de una nueva protagonista de la sociedad urbana chilena: la mujer obrera. Hacia 1907, según datos estadísticos, las mujeres constituían casi un tercio de la población económicamente activa, conformando la mayor parte de la fuerza de trabajo de esas ramas económicas, sin embargo, su salario no era ni la mitad de lo que ganaban los obreros en las dos primeras décadas del siglo XX. La clásica identificación del trabajo remunerado con los hombres y el cuidado del hogar con las mujeres, se vio desafiada por la creciente participación femenina en el mercado laboral urbano. Ensayistas, políticos y reformistas de distintas corrientes ideológicas, fomentaron la discusión sobre las condiciones en que aquellas trabajaban y la protección a la maternidad obrera. Desde el ámbito privado, una de las iniciativas que promovió tempranamente la incorporación de las mujeres a la actividad industrial, fue la organización de la Escuela Profesional de Niñas propuesta por la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, en 1887. Por su parte, las mujeres católicas promovieron entre las trabajadoras, la creación de sindicatos y cooperativas que se establecieran bajo su protección como por ejemplo, la Liga de Damas Chilenas que desde 1915 apoyó la creación de sindicatos femeninos católicos. A consecuencia del aumento de las trabajadoras, las organizaciones y mutuales femeninas que buscaron su defensa y protección se multiplicaron, dando cuenta de un activismo que tuvo importante expresión en la prensa obrera feminista de la época.                                
  13. 13. ASPECTOS SOCIALES  DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XX La transformación de la sociedad chilena Durante el siglo XX, la población chilena tuvo un fuerte crecimiento en comparación al siglo anterior, pasando de 3.231.022 habitantes en 1907 a 15.116.435 en el año 2002. Los cambios demográficos influyeron profundamente en la estructura social chilena, y fueron acompañados por un acelerado proceso de urbanización y redistribución territorial, que transformó a una sociedad de marcado carácter rural en una predominantemente urbana. En la primera mitad del siglo XX el ritmo de incremento de la población chilena fue lento, pero siempre en ascenso. A pesar de que las tasas de natalidad se mantenían en niveles relativamente altos, las tasas de mortalidad continuaron siendo elevadas, particularmente en los niños menores de 5 años. Aunque desde las primeras décadas del siglo se realizó un importante esfuerzo en materia de higiene y sanidad, recién en la década de 1940 se inició una etapa de expansión y consolidación del sistema público de salud, la que comenzó a tener efectos en la baja de las tasas de mortalidad infantil. Esto contribuyó a aumentar el ritmo de crecimiento de la población, que pasó de un 1,4 por ciento en el decenio 1920-1930 a 2,7 por ciento en el decenio 1950-1960. Este fenómeno, conocido como el “boom demográfico”, alcanzó su máxima expresión en la década de 1960, para luego decaer en las décadas siguientes. Desde mediados de la década de 1960 se produjo una importante transformación sociodemográfica, caracterizada por la reducción del número de hijos por mujer. La extensión de los niveles de escolaridad, la acelerada urbanización, los cambios en la estructura productiva y la creciente integración de la mujer al mundo laboral trajeron consigo un descenso de la tasa de fecundidad, fenómeno al que también contribuyeron la aparición de nuevos métodos anticonceptivos y la difusión de éstos a través de programas públicos de salud. La baja en la tasa de fecundidad y el sostenido descenso de la mortalidad atenuaron el ritmo de crecimiento de la población y transformaron la estructura etaria de la población. A mediados de la década de 1980 la población chilena tenía una estructura caracterizada por un alto porcentaje de niños y adolescentes, aunque éste ya había comenzado a disminuir en relación a las décadas anteriores. A partir de entonces, el país entró en una etapa avanzada de la transición demográfica, caracterizada por un paulatino envejecimiento de la población. La proporción de adultos mayores de 60 años ha aumentado a un ritmo mucho mayor al resto de la población total, llegando al 11,3 por ciento en el censo del 2002, porcentaje que se seguirá incrementando en los años siguientes. Ello trae consigo fuertes repercusiones en la estructura familiar y social del país, y constituye un enorme desafío para los sistemas de seguridad social, tanto en el ámbito de la salud como en el de la previsión. Con el avance de la transición demográfica se han ido generando nuevos problemas, como la alta tasa de embarazo adolescente. Este fenómeno es un reflejo de los altos niveles de desigualdad social que caracterizan la sociedad chilena, así como las debilidades de los programas de educación y de salud sexual y reproductiva. Asimismo, hay sectores como los grupos indígenas que mantienen tasas de fecundidad mucho mayores al promedio de la población chilena, asociadas a altos índices de pobreza y marginalidad.            
  14. 14. ASPECTOS ECONÓMICOS  INICIOS DE LA INDUSTRIA EN CHILE (1860-1930) Desarrollo industrial en una economía exportadora Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos expansivos ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales. En las décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la exportación de trigo, plata y cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de manera significativa por primera vez tras la Independencia; se modernizó el sistema financiero con la creación de numerosas instituciones crediticias al alero de la Ley de Bancos de 1860 y se modernizó la infraestructura productiva y de transportes del valle central chileno. El auge económico permitió al Estado financiar un amplio programa de obras públicas y educacionales, a la par que se reformó y modernizó el aparato legal con la promulgación de nuevos códigos que reemplazaron al sistema jurídico colonial. En consecuencia, con el despegue económico y el crecimiento de los centros urbanos, se instalaron en el país las primeras industrias orientadas al mercado interno. La expansión económica chilena era subsidiaria del espectacular crecimiento de las economías industriales europeas, que alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860. Sin embargo, la detención de este primer gran ciclo expansivo de la economía mundial en 1873, inauguró un largo período de estancamiento que afectó profundamente a la economía chilena. Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras de Tarapacá y Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado a la exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad, se expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los nuevos mercados de la región salitrera y de los centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de la economía, creando una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a ser satisfecha por productores nacionales. Sin embargo, durante este segundo período de crecimiento económico la moneda se devaluó fuertemente, reflejando las constantes fluctuaciones de los mercados internacionales frente a los cuales el país tenía poca protección. Poco a poco comenzaron a escucharse argumentos proteccionistas que propugnaron la intervención del Estado en pro del desarrollo industrial, a través de políticas proteccionistas que resguardaron al país de los inestables mercados globales. El paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de la Sociedad de Fomento Fabril en 1883, aunque no logró imponerse hasta que las grandes crisis económicas de la segunda y tercera década del siglo XX obligaron al Estado a replantear las políticas económicas. El desarrollo industrial durante el período de expansión salitrera estuvo ligado a las permanentes fluctuaciones del tipo de cambio. La devaluación de la moneda fue un estímulo a las industrias nacionales al encarecer las importaciones; pero también generó problemas debido a que casi todos los establecimientos fabriles dependían de maquinaria e insumos importados. Aunque estuvo gravado con tarifas de importación menores que los otros productos, el suministro de insumos estuvo sujeto a la constante variación de los mercados internacionales y la precariedad del desarrollo industrial se agravó por la inexistencia de políticas crediticias sectoriales. Frente a la incertidumbre económica, los industriales pedían -y frecuentemente obtenían- privilegios exclusivos de parte del Estado; lo que sin embargo no garantizó en la menor medida el éxito de la empresa. De todas maneras, en algunos rubros, especialmente en los ligados a la minería, el desarrollo industrial fue mucho más completo. La conexión entre minería e industria existió desde mediados del siglo XIX, con la apertura del mineral de carbón de Lota y el desarrollo de la minería del cobre en el Norte Chico, aunque fue durante la época del auge salitrero que la relación se hizo más estrecha. La demanda de insumos por parte de la industria salitrera fomentó el surgimiento de numerosas maestranzas y fundiciones orientadas a ese mercado. Desde un punto de vista global, el Censo Industrial de 1895 reveló un gran número de establecimientos fabriles en el país, que fue creciendo en los años posteriores. La Primera Guerra Mundial tuvo un efecto formidable sobre la industria, al elevar los precios del salitre y encarecer las importaciones. Sin embargo, el término del conflicto dejó
  15. 15. al desnudo la dependencia de la economía, al caer abruptamente los precios del nitrato. Desde entonces, los distintos gobiernos comenzaron lentamente a reformular sus políticas económicas y a alejarse de la ortodoxia liberal. Desde la segunda mitad de la década de 1920, el Estado comenzó a tomar un rol más activo en el desarrollo económico; partiendo del principio de que la industrialización sacaría al país de la crisis económica y la volvería menos vulnerable a las fluctuaciones de la economía internacional. De esta manera, las políticas de sustitución de importaciones y desarrollo industrial precedieron a la gran crisis económica mundial de 1930, que hizo más evidente la necesidad de un cambio de modelo económico.                                                          
  16. 16. ASPECTOS ECONÓMICOS  ORIGEN DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE (1904-1930) El sueldo de Chile en el siglo XX Al comenzar el siglo XX, la tradicional minería cuprífera nacional pasaba por un período de profunda decadencia, después de haber sido durante varias décadas el principal productor mundial del metal rojo. Por la misma época, sin embargo, la demanda mundial de cobre experimentaba un incremento espectacular, situación que había significado el paulatino agotamiento de las minas de alta ley, donde por cada tonelada extraída entre el 30 y el 60 por ciento era cobre, provocando preocupación en las grandes corporaciones cupríferas del mundo ante la falta de nuevos yacimientos para responder a la demanda. La solución al problema fue la explotación en gran escala de las grandes reservas mundiales de cobre porfírico, metal de baja ley, donde por cada tonelada de material extraído sólo entre el uno y el dos por ciento era cobre, situación que requirió una verdadera revolución tecnológica, tanto para la extracción del mineral como para su concentración y refinado, siendo asimismo necesaria la inversión de enormes capitales para poner en marcha su explotación cuprífera. De hecho, en las tres primeras década del siglo XX, entraron en explotación once yacimientos de cobre porfírico en el mundo -ocho en Estados Unidos y tres en Chile- llegando estos a producir el 40 por ciento de la producción mundial de cobre en 1929. Como nuestro país contaba con las mayores reservas mundiales de cobre porfírico, distribuidas a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Arica a Temuco, geólogos e ingenieros norteamericanos recorrieron el territorio en la búsqueda de yacimientos para explotarlos en gran escala, surgiendo el interés de las grandes corporaciones norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y Potrerillos en el Norte Grande y de El Teniente en la zona central de Chile. De inmediato se organizaron en Estados Unidos empresas para explotar estos yacimientos, surgiendo la Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, la Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912 y la Andes Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916. Estas empresas invirtieron millones de dólares para poner en marcha la explotación de los nuevos yacimientos cupríferos, denominados “Gran Minería del Cobre”, logrando que a fines de la década del veinte su producción representara el 93 por ciento de la producción cuprífera nacional, lo que a su vez constituía el 16,7 por ciento de la producción mundial. Con ello Chile recuperaba el lugar que había ocupado a mediados del siglo XIX como uno de los principales productores mundiales de cobre. Las enormes utilidades que estas empresas generaban, los mínimos impuestos que pagaban, la autonomía de que gozaban los norteamericanos en estos yacimientos, provocaron un profundo malestar en los sectores nacionalistas y socialistas del país, surgiendo un movimiento de rechazo que demandaría un aumento de impuestos y la nacionalización y estatización de los yacimientos, demandas que en las décadas siguientes llevarían a un sostenido aumento de los impuestos a las empresas de la “Gran Minería del Cobre” y a su nacionalización en 1971.                
  17. 17. ASPECTOS ECONÓMICOS  EL IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN EN CHILE (1929-1932) De la prosperidad a la pobreza En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibañez del Campo y destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo. Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis económica internacional, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria a escala mundial, especialmente en los países con sistema de patrón oro. A comienzos de 1930, las consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en presencia de la mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran Depresión. El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931. La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que sólo duro doce días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en octubre de 1932. La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos dedes el norte. En Santiago, el gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad.                    
  18. 18. ASPECTOS ECONÓMICOS  LA CEPAL Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN CHILE (1948-1970) El subdesarrollo no constituye una etapa necesaria del proceso de formación de las economías capitalistas modernas. Es, en sí, un proceso particular resultante de la penetración de las empresas capitalistas modernas en estructuras arcaicas. Celso Furtado,1961 En 1947 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, siguiendo la idea de creación de organismos regionales de desarrollo que se había llevado a cabo para Europa y el lejano oriente tras la posguerra, propuso la creación de una Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con el fin de contribuir a su desarrollo económico. En 1948 la CEPAL comenzó sus funciones en su sede de Santiago de Chile. Al año siguiente, asumió la secretaría ejecutiva de la institución el economista argentino Raúl Prebisch, tras la publicación del estudio El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas, texto que le dio gran reputación y un liderazgo entre los economistas de la institución, al punto de ser reconocido como el manifiesto latinoamericano donde se exponía la teoría estructuralista del subdesarrollo económico latinoamericano. En las primeras décadas de su existencia la CEPAL desarrolló en materia de política económica un esfuerzo por dar mayor racionalidad al proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se había generado en forma empírica en Latinoamérica tras la gran depresión de 1930 y, a través de numerosos estudios, analizo a fondo las causas del subdesarrollo económico y social de América Latina. En esta tarea, la CEPAL reunió un equipo de intelectuales de primer nivel, donde sobresalían personajes como su secretario ejecutivo Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan Noyola, Regino Boti, Jorge Ahumada, Aníbal Pinto Santa Cruz, Osvaldo Sunkel, Alex Ganz y José Antonio Mayobre, entre otros. Entre estos economistas de la CEPAL sobresalieron los chilenos Jorge Ahumada y Aníbal Pinto Santa Cruz, quienes aplicaron las teorías y paradigmas desarrollistas para analizar la estancada economía chilena, escribiendo dos ensayos que tuvieron enorme influencia en su época. En 1958, Jorge Ahumada público En vez de la miseria, donde señalaba que el país vivía una crisis integral que se expresaban en la baja producción agrícola, una alta inflación, la desigual distribución del ingreso y la excesiva centralización de la población y la producción, proponiendo reformas estructurales para superar esta situación de crisis integral de Chile. Al año siguiente, Aníbal Pinto Santa Cruz publicó Chile, un caso de desarrollo frustrado, donde expuso su tesis sobre la pérdida de una oportunidad histórica del país para dar un salto al desarrollo durante el ciclo salitrero y las dificultades del modelo de sustitución de importaciones surgidos después de la gran depresión en Chile, proponiendo una serie de ideas y reformas para avanzar hacia el desarrollo económico y social de Chile. Ambos estudios tuvieron una notable repercusión e influencia en los análisis de los problemas económicos y sociales del país en la década del sesenta, como asimismo en la formulación de políticas publicas y en las, reformas estructurales emprendidas por los gobierno de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende      
  19. 19. ASPECTOS ECONÓMICOS  CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN (1939-1952) El Estado y la industrialización nacional Los orígenes de la Corporación de Fomento a la Producción, más conocida como CORFO, se encuentran en los postulados y proyectos que intelectuales, ingenieros y gremios empresariales difundieron sobre la necesidad de impulsar una industrialización nacional mediante una intervención del Estado, asi como también, en las políticas económicas proteccionistas y de sustitución de importaciones que se implementaron, después de la Gran Depresión de 1930. Su fundación, en abril de 1939, estuvo relacionada con las iniciativas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda para socorrer a los damnificados del terremoto de Chillán y el fomento de la infraestructura productiva. Se crearon dos corporaciones, una bajo el nombre de “Corporación de Reconstrucción y Auxilio” y otra denominada “Corporación de Fomento a la Producción”. Esta última, estaría encargada de elaborar y realizar un vasto plan de fomento productivo, autorizándose para su financiamiento la contratación de empréstitos, un aumento general de los impuestos, un impuesto adicional a las utilidades de las empresas del cobre y el empleo transitorio de los fondos asignados al servicio de la deuda externa. La Corporación se proponía “formular un plan general de fomento de la producción, destinado a elevar el nivel de vida de la población”; sin embargo, su estrategia inicial estuvo en implementar los llamados “Planes de Acción Inmediata” que reunían proyectos de fomento que ingenieros y gremios empresariales habían propuesto por años en los ámbitos de la industria, electricidad, minería, comercio, transporte y agricultura. El desarrollo de los planes de fomento se vieron dificultados durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la obtención de créditos externos y transferencia de tecnología. Empero, el término del conflico bélico permitió a la CORFO la concreción de empresas estatales básicas para la industrialización: la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (1944), con un plan de electrificación nacional exitoso; la Compañía de Acero de Pacífico S.A. (1946), una gran usina de acero en Huachipato; la Empresa Nacional de Petróleos S.A. (1950), prospección petrolífera en Magallanes y abastecimiento de crudo nacional. La obra de la Corporación de Fomento no sólo estuvo relacionada con sentar las bases de una industrialización, sino que también con el desarrollo de la agricultura - Industria Azucarera Nacional S.A.-, el fomento pesquero y turístico, la Fundición de Paipote para ayudar a la pequeña y mediana minería, entre otras realizaciones. Sin lugar a dudas, la CORFO constituyó una experiencia exitosa de intervención estatal en el fomento de la industrialización de Chile.                      
  20. 20. ASPECTOS ECONÓMICOS  LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA CHILENA ENTRE 1973-2003 Desde la implementación del modelo neoliberal al crecimiento con equidad Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX. Atrás quedó el excesivo control que en dichas materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador Allende Gossens. Finalmente, la intervención de las Fuerzas Armadas en la conducción del país el 11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una nueva política económica, hasta el momento no aplicada en el país. Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por el Gobierno Militar, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, se pueden encontrar en El ladrillo. Este documento fue elaborado, desde agosto de 1972, por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zabala Ponce; su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y la industrialización, y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas. Además, durante este período se produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en tres dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar por este nuevo modelo económico. La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales suscritos por los Chicago boys. Esto se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones, sello distintivo de las principales áreas estratégicas: la política anti-inflacionaria, las reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior. Como respuesta a las políticas contractivas adoptadas durante esos años, se experimentó un elevado índice del desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso. La crisis cambiaria de 1982-1983, originada por la devaluación del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas adoptadas hasta ese momento por el Presidente Pinochet y su equipo asesor. A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática. De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos. Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de intercambio como consecuencia del precio favorable del cobre y de la reestructuración sustancial realizada en la política fiscal, en las reformas comerciales y financieras y en las reformas sociales, conformaron la totalidad del conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen militar y por los gobiernos de la Concertación durante los últimos treinta años. El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, factor que se ha constituido en el mayor desafío a combatir. La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática que penetró en toda América Latina y de la exacerbada política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un período de enorme prosperidad económica desarrollada por estos gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado recientemente entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera en el país.  
  21. 21. ASPECTOS POLÍTICOS  ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN CHILE (1924-1931) De las leyes laborales al código del trabajo Desde fines del siglo XIX el desarrollo del capitalismo en Chile transformó profundamente el mundo del trabajo. Surgió un proletariado vinculado a la actividad minera, la incipiente industrialización y las actividades urbanas propias del crecimiento de las ciudades y puertos. Al mismo tiempo, el crecimiento del aparato estatal y las actividades urbanas permitieron la expansión de las labores de “cuello y corbata”, como se denominaba a los empleados, cuya diferencia con los obreros residía en el predominio en sus labores del esfuerzo intelectual sobre el físico. Estas transformaciones del mundo laboral estuvieron marcadas por permanentes conflictos que dieron lugar a sostenidos movimientos sociales. Poco a poco, los trabajadores fueron logrando una legislación social que permitió mejorar sus paupérrimas condiciones de trabajo. Es así como, desde 1907 en adelante, lentamente se va promulgando una legislación social: el descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros del comercio, salas cunas en los establecimientos industriales. Sin embargo, las demandas de los trabajadores apuntaban a una completa legislación que regulara claramente el contrato de trabajo, los protegiera en caso de enfermedades o accidentes laborales, permitiera la organización sindical y la huelga legal con sus respectivos mecanismos de solución del conflicto. Al comenzar la década de 1920, la candidatura de Arturo Alessandri Palma alentó las esperanzas de los trabajadores al manifestarse, en su campaña, a favor de promulgar una legislación social que armonizara las relaciones entre el capital y el trabajo como estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, durante su gobierno los parlamentarios se mostraron más preocupados de legislar una ley que aumentaba su dieta parlamentaria que las leyes laborales. La situación resultó intolerable para la oficialidad del Ejército, la cual se manifestó con fuerza en el Parlamento el 8 de septiembre de 1924, exigiendo la aprobación de dieciseis leyes, entre ellas importantes leyes laborales. Después de los convulsionados sucesos políticos que llevaron al poder al general Carlos Ibáñez del Campo en 1927, comenzó la aplicación de la nueva legislación laboral. La gran diversidad de leyes laborales, reglamentos y decretos relacionados con su aplicación, hizo necesaria la dictación de un solo cuerpo legal para facilitar su estudio, divulgación y aplicación. Es así como, el 6 de febrero de 1931, fue aprobado en el Congreso Nacional el Código del Trabajo refundiendo en un solo texto catorce leyes y decretos leyes relacionados con el mundo del trabajo.                        
  22. 22. ASPECTOS POLÍTICOS  ELECCIONES, SUFRAGIO Y DEMOCRACIA EN CHILE (1810-2005) La lenta maduración de una institucionalidad democrática  Durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando lentamente una institucionalidad democrática, en el contexto de un sistema político con altos grados de estabilidad. La maduración de las instituciones democráticas tuvo que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta intervención electoral del poder ejecutivo, y con una sociedad altamente jerarquizada que concentraba el poder político en una pequeña elite de terratenientes y comerciantes. Durante el siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la participación de nuevos sectores sociales, en un proceso que fue interrumpido con el golpe de Estado de 1973, y que sólo se retomó en 1989, con el retorno a la democracia. Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en las que se eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas entre distintas facciones internas que la sucedieron, impidieron una consolidación de las instituciones políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria conservadora de 1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y fuertemente presidencialista, que se expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente elecciones presidenciales y parlamentarias, éstas estaban marcadas por la intervención del poder ejecutivo. Las elecciones, en las que casi siempre ganaba el oficialismo, eran en la práctica verdaderos rituales políticos en las que lo más importante no era obtener el apoyo de los electores sino el del gobierno de turno, con el fin de aparecer en la lista oficial de candidatos. El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las prerrogativas presidenciales, llevó a la aprobación de una serie de reformas entre 1871 y 1891 que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad para intervenir en el proceso electoral. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral de 1874, que amplió el derecho de sufragio; las reformas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto; y la ley de Comuna Autónoma aprobada tras la revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central. Aunque todas esas reformas acabaron definitivamente con el intervencionismo electoral del gobierno, las elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo de irregularidades y el poder político siguió concentrado en una reducida elite. Las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas irrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la pauta para el posterior desarrollo político durante el siglo XX. Los niveles de participación electoral aumentaron gradualmente, y la conformación de partidos políticos de izquierda como el comunista (1922) y el socialista (1933) transformó el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de Carlos Ibáñez en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de fuerte competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al Frente Popular, la primera victoria electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile. El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la cédula única electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile. La movilización masiva de la población a fines de la década de 1960 e inicios de los ’70, en un contexto de alta polarización política, se interrumpió abruptamente con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende. La dictadura militar que se inició en 1973 llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. La población se inscribió masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, así como en todas las otras que se han efectuado hasta ahora, la composición del parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia de senadores designados por los militares y por un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular.
  23. 23. ASPECTOS POLÍTICOS  EL FRENTE POPULAR (1936- 1941) Gobernar es educar La década del treinta se caracterizó en el mundo entero por la extrema polarización ideológica de las sociedades. En Europa, los movimientos políticos fascistas tenían cada día más adeptos, especialmente en Alemania e Italia. La Unión Soviética emergía como única experiencia socialista y se convirtía en referente para amplios grupos sociales. Chile no fue una excepción en este clima de acentuada ideologización de la actividad política y social; en los años veinte habían surgido movimientos sociales y políticos que cuestionaban la conducción oligárquica del país y que habían madurado en un nuevo sistema de partidos políticos. Este sistema tenía como principal característica el surgimiento de las opciones de izquierda revolucionaria en los partidos Comunista (1922) y Socialista (1933), el desplazamiento del Partido Radical al centro del espectro político y la conformación de un bloque de derechas compuesto por conservadores y liberales. Inspirado en la estrategia de frentes populares que había llevado a coaliciones de centroizquierda al poder en Francia en 1935 y España al año siguiente, el Partido Comunista propuso la creación de un amplio Frente que reuniera a las fuerzas progresistas del país, para combatir a los partidos de derecha que sustentaban al gobierno del presidente Arturo Alessandri. En 1936 el Partido Radical aceptó integrarse al Frente Popular, y dos años después se unió el Partido Socialista. Se sumaron también los sindicatos obreros agrupados en la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, conformando un amplio bloque de izquierdas que proclamó la candidatura del dirigente radical Pedro Aguirre Cerda. El Partido Radical se convirtió en el eje de la coalición y le correspondió la organización del Frente Popular con vistas a las elecciones presidenciales de 1938. En ellas Aguirre Cerda se enfrentó a Gustavo Ross, abanderado de los partidos de derecha, y a Carlos Ibáñez del Campo, el ex-dictador que esta vez se presentó con el apoyo del Movimiento Nacional Socialista y otros partidos pequeños. El candidato del Frente Popular presentó un programa de gobierno basado en el fomento estatal a la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión de la cobertura educacional, con el lema “Gobernar es educar”. El fracaso de un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de jóvenes nazis, obligó a Carlos Ibáñez a bajar su candidatura poco antes de las elecciones y apoyar públicamente la de Aguirre Cerda, que triunfó por muy pocos votos sobre el candidato de derecha Gustavo Ross. Una vez en el gobierno, la coalición de centroizquierda creó, en 1939, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo fue el fomento de la economía nacional en sus diversas áreas, mediante políticas públicas tendientes a fomentar la producción industrial y la modernización del sector agrícola. Pilar fundamental de esta estrategia de desarrollo fue una política arancelaria y cambiaria que incentivó la sustitución de importaciones de bienes intermedios y manufacturados, fomentó la creación de líneas de crédito de apoyo a la industria, la construcción de infraestructura y la instalación de industrias básicas, como la generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles derivados del petróleo y la producción de acero. Asimismo, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo un ambicioso programa educacional, que se expresó en la construcción de más de 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas para nuevos maestros. Aunque el Frente Popular desapareció en 1941 -por discrepancias entre los partidos integrantes de la coalición-, la política de alianzas entre los partidos de centro y de izquierda, así como las políticas industrializadoras, se mantuvieron por casi toda la década de 1940. En este sentido, el Frente Popular fue una oportunidad única para la integración y la estabilidad del sistema democrático. El Frente Popular no fue sólo una coalición política: Intelectuales, artistas y escritores chilenos como Gabriela Mistral y Pablo Neruda se compenetraron del clima que vivía el país y el mundo, y adhirieron públicamente al Frente Popular y sus postulados. Entre los principales movimientos culturales de la época destacaron la Generación literaria de 1938 y el colectivo poético surrealista Mandrágora, a los que hay que sumar el contingente de artistas e intelectuales españoles que arribó a Chile en 1939, escapando de la guerra civil en su país.
  24. 24. ASPECTOS POLÍTICOS  LA REFORMA AGRARIA (1962-1973) La tierra para el que la trabaja En las primeras décadas del siglo XX la sociedad rural chilena mantuvo la estructura agraria tradicional, fundada en el predomino del gran latifundio y una jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista. En vista de esta situación las demandas por una reforma agraria fueron desde comienzos de siglo una propuesta de los sectores progresistas del país, como fue en el caso de la campaña presidencial del Frente Popular, en 1938. Sin embargo, una vez en el poder, los gobiernos radicales decidieron privilegiar la industrialización en el mundo urbano, postergando al rural. Como consecuencia, cientos de miles de campesinos emigraron a las ciudades en busca de un mejor futuro, mientras que la economía agraria comenzó a experimentar una crisis profunda caracterizada por su incapacidad productiva, siendo necesario, en los años cincuenta, llegar a la importación de alimentos. Al comenzar la década de 1960 la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse en la sociedad chilena. Esta vez contó con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió sus propias tierras entre los campesinos y con el apoyo de Estados Unidos a través de la “Alianza para el Progreso”. Enfrentado a las presiones, el gobierno de Jorge Alessandri promulgó en 1962 la primera ley de Reforma Agraria N° 15.020, la que permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el campo. Con la llegada al poder de la Democracia Cristiana, a través de la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertiginoso. Bajo el lema “la tierra para el que la trabaja” el programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la sindicalización campesina. Sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena. El nuevo gobierno de Salvador Allende continuó el proceso de reforma agraria, utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Este proceso también estuvo acompañado de una gran efervescencia campesina que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento. Al producirse el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había llegado a su fin. En las dos décadas siguientes el modelo neoliberal irrumpió en el mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletarios a los campesinos.              
  25. 25. ASPECTOS POLÍTICOS  LA NACIONALIZACIÓN DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE (1964-1971) De las grandes transnacionales mineras a CODELCO El cobre, principal riqueza y recurso de exportación chileno, ha sido la quot;viga maestraquot; de nuestra economía en el siglo XX. Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el Estado chileno, estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas controversias relacionadas con aumentos de impuestos, el precio del cobre y las inversiones. Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en América Latina, instalaron en la opinión pública nacional el tema de la recuperación de las riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa reformista de la quot;revolución en libertadquot;, cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la chilenización del cobre (1964). Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en nuestro territorio (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública el debate sobre una nacionalización total, obligando al Gobierno a poner en marcha la llamada nacionalización pactada. De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del candidato de la Unidad Popular puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, con muy pocas modificaciones y por votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450. El mismo día, por la tarde, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende se dirigió al país señalando que: “Chile va nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”.        

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