El Derecho De Acceso A La Información

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Presentación del Magistrado Alexei Rojas sobre el marco jurídico del derecho de acceso a la información en Colombia.

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El Derecho De Acceso A La Información

  1. 1. El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico colombiano Alexei Julio Estrada
  2. 2. Disposiciones constitucionales <ul><li>El derecho de acceso a la información está consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política en los siguientes términos: “ Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. Este derecho está ubicado en el Capítulo 2 del Título II de la Constitución (De los DESC), no obstante la jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter de derecho fundamental. </li></ul>
  3. 3. Disposiciones constitucionales <ul><li>El artículo 74 define los componentes estructurales del derecho: </li></ul><ul><li>- Titular: todas las personas (naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros). </li></ul><ul><li>- Objeto: Documentos públicos. </li></ul><ul><li>- Sujeto obligado: No define, en principio podría entenderse que sólo cobija a las autoridades públicas pero en ciertos supuestos también puede cobijar a particulares o incluso a organismos internacionales. </li></ul><ul><li>- Límites: Los que establezca la ley. </li></ul>
  4. 4. Disposiciones constitucionales <ul><li>Se ha entendido también que guarda estrecha relación con este derecho el artículo 23 constitucional, el cual reconoce el derecho de petición: “T oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.” </li></ul>
  5. 5. Bloque de constitucionalidad <ul><li>El derecho de acceso a la información pública también es reconocido en tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales son relevantes para establecer el contenido constitucionalmente protegido del derecho. </li></ul>
  6. 6. Bloque de constitucionalidad <ul><li>Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( aprobada por la Ley 16 de 1972) en su artículo 13 consagra la libertad de pensamiento y expresión, libertad que protege el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole , por cualquier medio . Igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( aprobado por la Ley 74 de 1968 ) en su artículo 19 se refiere a la libertad de expresión e incluye expresamente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole . </li></ul>
  7. 7. Bloque de constitucionalidad <ul><li>Existen otros instrumentos internacionales de derecho internacional de los derechos humanos relevantes en la materia, tales como la Declaración de Chapultepec, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Principios de Johannesburgo y los llamados Principios de Lima . Los cuales si bien en principio no integran el bloque de constitucionalidad, en todo caso constituyen doctrina relevante para interpretar los tratados internacionales que hacen parte del mismo. </li></ul>
  8. 8. El alcance constitucional del derecho <ul><li>La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado el alcance del derecho de acceso a la información pública. En primer lugar ha establecido que este derecho guarda estrecha relación con “e l fortalecimiento de una democracia constitucional” porque “la publicidad de la información permite que la persona pueda controlar la gestión pública, en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance en los objetivos planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, entre otros (…) </li></ul>
  9. 9. El alcance constitucional del derecho <ul><li>En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal ” (sentencia C-873 de 2002). Se ha hecho énfasis en la relación de este derecho con los principios de transparencia y publicidad en la actuación de los poderes públicos propios de un Estado democrático. </li></ul>
  10. 10. El alcance constitucional del derecho <ul><li>Igualmente ha precisado que este derecho tiene un carácter instrumental para alcanzar los siguientes fines constitucionalmente legítimos: </li></ul><ul><li>(i) Permite el control ciudadano sobre l as agencias estatales al obligarlas a explicar públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos públicos. </li></ul><ul><li>(ii) Es una garantía en la lucha contra la corrupción y para hacer efectivo el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho. </li></ul>
  11. 11. El alcance constitucional del derecho <ul><li>(iii) Constituye una condición para la existencia y ejercicio de las funciones de crítica y fiscalización de los actos del gobierno. Es la base sobre la cual se puede ejercer un verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos políticos conexos. </li></ul><ul><li>(iv) E s una herramienta fundamental para la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y de violaciones de derecho humanos y para garantizar el derecho a la memoria histórica de la sociedad. </li></ul>
  12. 12. El alcance constitucional del derecho <ul><li>Las principales reglas jurisprudenciales sobre el alcance de este derecho son las siguientes: </li></ul><ul><li>1. Las personas tiene acceso a todos los documentos públicos. De allí que constituya una obligación constitucional de las autoridades públicas entregarle, a quien lo solicite, la información que tenga carácter público. Las informaciones suministradas deben ser claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas . La información solicitada debe ser suministrada de manera fácil de entender. Este derecho comprende la expedición de copias. No debe indicarse la finalidad con la cual se solicita la información. </li></ul>
  13. 13. El alcance constitucional del derecho <ul><li>2. De la regla anterior se derivan dos consecuencias: las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada . A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación del servidor publico de motivar la decisión que niega el acceso a un documento público y tal motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva, por esta vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. </li></ul>
  14. 14. El alcance constitucional del derecho <ul><li>3. El derecho de acceso a los documentos públicos no se extiende a los documentos meramente preparatorios o en trámite de elaboración ni a la información íntima o privada de personas naturales que no tenga ninguna relevancia pública . En la sentencia C-872 de 2003 la Corte señaló que la información privada que repose en las hojas de vida en poder del Estado y que no tenga relevancia pública puede ser reservada y no difundirse sin autorización del data habiente. </li></ul>
  15. 15. El alcance constitucional del derecho <ul><li>4. Los límites del derecho de acceso a la información pública debe estar fijados en la ley , por lo tanto no son admisibles las reservas que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos. Así, la Corte tuteló el derecho de un ciudadano a quien las autoridades aeronáuticas le negaban el acceso a una cierta información con el argumento de que la misma era objeto de reserva según un reglamento aeronáutico contenido en un acto administrativo (T-1286 de 2001). </li></ul>
  16. 16. El alcance constitucional del derecho <ul><li>5. No son admisibles las normas genéricas o vagas en materia de restricción del derecho de acceso a la información porque pueden convertirse en una especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que discrecionalmente consideren adecuado. L a ley debe establecer con claridad y precisión (i) el tipo de información que puede ser objeto de reserva, (ii) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. </li></ul>
  17. 17. El alcance constitucional del derecho <ul><li>6. La reserva puede operar respecto del contenido de un documento público pero no respecto de su existencia. Al respecto la Corte ha indicado que “el secreto de un documento público no puede llevarse al extremo de mantener bajo secreto su existencia. El objeto de protección constitucional es exclusivamente el contenido del documento. Su existencia, por el contrario, ha de ser pública, a fin de garantizar que los ciudadanos tengan una oportunidad mínima a fin de poder ejercer, de alguna manera, el derecho fundamental al control del poder público (art. 40 de la C.P.)” (T-216 de 2004). </li></ul>
  18. 18. El alcance constitucional del derecho <ul><li>7. La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta. Esta regla es aplicable sobre todo cuando se trata de información en procesos judiciales, en ese sentido en un caso de violencia contra menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún bien o derecho constitucional . </li></ul>
  19. 19. El alcance constitucional del derecho <ul><li>En este sentido se ha manifestado también la Corte Suprema de Justicia al considerar 1) que la reserva legal del proceso penal se levanta una vez ha terminado o se ha archivado la actuación; 2) que sólo puede permanecer en reserva la información estrictamente necesaria para proteger la vida o integridad de víctimas y testigos o la intimidad de sujetos de especial protección como los menores; 3) que sólo se admite la reserva de las piezas que han sido trasladadas a otro proceso que se encuentra en curso pero no de la información restante del proceso archivado (sentencias de la Sala de Casación Penal de junio 17 de 1998 y de 10 noviembre de 1999). </li></ul>
  20. 20. El alcance constitucional del derecho <ul><li>8. La reserva legal no puede cobijar información que por decisión constitucional deba ser pública. Así por ejemplo, resultaría abiertamente inconstitucional que se estableciera una reserva sobre el contenido de las leyes de la República, el trámite legislativo, los nombres de los servidores públicos de elección popular, en fin, todos los procesos y actuaciones cuya publicidad es constitucionalmente obligatoria. </li></ul><ul><li>9. La reserva debe ser temporal. Su plazo debe ser razonable y proporcional al bien jurídico constitucional que la misma busca proteger. Vencido dicho término debe levantarse. </li></ul>
  21. 21. El alcance constitucional del derecho <ul><li>10. Existe una obligación estatal de mantener la información disponible y en buen estado para que pueda ser consultada. Durante el periodo amparado por la reserva la información debe ser adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior publicidad. La pérdida o deterioro de los documentos en los que reposa esta información puede dar lugar a graves sanciones disciplinarias e incluso penales y por ello las entidades que custodian la información así como los organismos de control deben asegurarse que dicha información se encuentre adecuadamente protegida. </li></ul>
  22. 22. El alcance constitucional del derecho <ul><li>11. La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla. </li></ul>
  23. 23. El alcance constitucional del derecho <ul><li>12. La reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la información reservada. En este sentido, la exigencia de motivación de la decisión de no entregar una información “reservada” tiene como uno de sus propósitos principales, según la Corte, facilitar el control judicial de dicha decisión. </li></ul>
  24. 24. El alcance constitucional del derecho <ul><li>13. Los límites al derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como la seguridad nacional, el orden público o la salud pública y si además resultan idóneos y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad). </li></ul>
  25. 25. El alcance constitucional del derecho <ul><li>Así por ejemplo se han encontrado legitimas reservas 1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales. En todo caso cualquier restricción debe resultar razonable y proporcionada a los fines que se busca alcanzar. </li></ul>
  26. 26. El alcance constitucional del derecho <ul><li>14. Corresponde al juez que ejerce el control sobre la decisión de no entregar determinada información, definir si tal decisión se encuentra soportada de manera clara y precisa en una ley y si la misma resulta razonable y proporcionada al fin que se persigue. </li></ul>
  27. 27. La regulación legal del derecho <ul><li>El principal instrumento normativo que regula este derecho es la Ley 57 de 1985. la Corte ha considerado “constitucionalmente admisible” la regulación legal del procedimiento de acceso a información, tales reglas deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional a la hora de definir si en un determinado caso existe vulneración del derecho que se estudia. </li></ul>
  28. 28. La regulación legal del derecho <ul><li>El Capítulo II de esta Ley se titula “Acceso ciudadano a los documentos” y establece las siguientes reglas: </li></ul><ul><li>Artículo 12. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. </li></ul>
  29. 29. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 13. La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta (30) años de su expedición. Cumplidos éstos el documento adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo. </li></ul>
  30. 30. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 14. Para los efectos previstos en el artículo 12, son oficinas públicas las de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva Nacional del nivel central y descentralizado por servicios (Ministerios, Departamentos Administrativos, las Superintendencias y las Unidades Administrativas Especiales) y en el nivel departamental y municipal “ y todas las demás respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal”. </li></ul>
  31. 31. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 15 . La autorización para consultar documentos oficiales y para expedir copias o fotocopias, autenticadas si el interesado así lo desea, deberá concederla el jefe de la respectiva oficina o el funcionario en quien éste haya delegado dicha facultad. </li></ul><ul><li>Artículo 16. La consulta se realizará en horas de despacho al público, y, si ello fuere necesario, en presencia de un empleado de la correspondiente oficina. </li></ul><ul><li>Artículo 17. La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique (…) En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción. </li></ul>
  32. 32. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 19. Las investigaciones de carácter administrativo o disciplinario, no estarán sometidas a reserva. En las copias que sobre estas actuaciones expidan los funcionarios, a solicitud de los particulares, se incluirán siempre las de los documentos en que se consignen las explicaciones de las personas inculpadas. Parágrafo. Si un documento es reservado el secreto se aplicará exclusivamente a dicho documento y no a las demás piezas del respectivo expediente o negocio. </li></ul>
  33. 33. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 20. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo. </li></ul>
  34. 34. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 21. La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente. </li></ul>
  35. 35. La regulación legal del derecho <ul><li>Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente. </li></ul>
  36. 36. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 23. Las peticiones a que se refieren los artículos anteriores podrán presentarse y tramitarse directamente por los particulares o por medio de apoderado debidamente constituido y acreditado. Si la solicitud de copia o fotocopia de documentos la hace un periodista acreditado en la fecha como representante de un medio de comunicación, se tramitará preferencialmente. </li></ul>
  37. 37. La regulación legal del derecho <ul><li>Artículo 25. Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes. El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo. </li></ul>
  38. 38. La regulación legal del derecho <ul><li>Igualmente resultan relevantes en materia de regulación del derecho de acceso a la información el Código Contencioso Administrativo, la Ley 80 de 1993, la Ley 130 de 1994, la Ley 594 de 2000 y la Ley 850 de 2003, entre otras. </li></ul>
  39. 39. La regulación legal del derecho <ul><li>Código Contencioso Administrativo, Libro I, Título I, Capítulo IV “Del derecho de petición de informaciones”. Estas disposiciones han de entenderse en su mayor parte subrogadas por la Ley 57 de 1985. </li></ul><ul><li>ARTICULO 17. DEL DERECHO A LA INFORMACION. El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que contempla este capítulo. </li></ul>
  40. 40. La regulación legal del derecho <ul><li>ARTICULO 18. INFORMACION GENERAL. Las autoridades mantendrán en sitios de fácil acceso público los documentos relativos a ellas, con información actualizada de interés general acerca de: </li></ul><ul><li>1. Las normas que les dan origen y definen sus funciones o su naturaleza y estructura, si es el caso. </li></ul><ul><li>2. Las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos de bienes y conocer las decisiones. </li></ul><ul><li>3. Los métodos, procedimientos, formularios y sistemas para el trámite de los diversos asuntos, y los organigramas y manuales de funciones. </li></ul><ul><li>Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los anteriores documentos. </li></ul>
  41. 41. La regulación legal del derecho <ul><li>ARTICULO 19. INFORMACION ESPECIAL Y PARTICULAR. Toda persona tendrá acceso a los demás documentos oficiales y podrá pedir y obtener copia de ellos. Sin embargo, la petición se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reservados. La decisión negativa será siempre motivada. </li></ul>
  42. 42. La regulación legal del derecho <ul><li>ARTICULO 20. INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES. Las excepciones que autoriza el artículo anterior no podrán invocarse para enervar el ejercicio de las facultades que la Constitución Política o la Ley confieren a los Órganos del Poder Público cuando obran según las normas de procedimiento, pero éstos conservarán el deber de mantener reserva, si la Ley no dispone otra cosa. </li></ul>
  43. 43. La regulación legal del derecho <ul><li>Ley 80 de 1993 </li></ul><ul><li>Estatuto general de contratación de la Administración Pública. </li></ul><ul><li>Artículo 23. Principio de transparencia. </li></ul><ul><li>3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política. </li></ul><ul><li>4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. </li></ul>
  44. 44. La regulación legal del derecho <ul><li>Ley 130 de 1994 </li></ul><ul><li>Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos </li></ul><ul><li>ARTÍCULO 33. ACCESO DE LA OPOSICIÓN A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIALES. Salvo asuntos sometidos a reserva legal o constitucional, los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno tendrán derecho a que se les facilite, en forma preferencial y con celeridad, la información y documentación oficiales, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud. </li></ul><ul><li>El funcionario oficial que omita el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo incurrirá en causal de mala conducta. </li></ul>
  45. 45. La regulación legal del derecho <ul><li>Ley 594 de 2000 </li></ul><ul><li>“ Ley general de archivos”. </li></ul><ul><li>ARTICULO 27. ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. </li></ul><ul><li>Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. </li></ul>
  46. 46. La regulación legal del derecho <ul><li>ARTICULO 28. MODIFICACION DE LA LEY 57 DE 1985. Modifícase el inciso 2o. del artículo 13 de la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: &quot;La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo&quot;. </li></ul>
  47. 47. La regulación legal del derecho <ul><li>ARTICULO 29. RESTRICCIONES POR RAZONES DE CONSERVACION. Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando fuere del caso. </li></ul>
  48. 48. La regulación legal del derecho <ul><li>Ley 850 de 2003 </li></ul><ul><li>Veedurías Ciudadanas </li></ul><ul><li>Artículo 9º. Principio de transparencia. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos, deberes, instrumentos y procedimientos consagrados en esta ley, la gestión del Estado y de las veedurías deberán asegurar el libre acceso de todas las personas a la información y documentación relativa a las actividades de interés colectivo de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las normas vigentes sobre la materia. </li></ul>
  49. 49. La regulación legal del derecho <ul><li>Según el artículo 18 es uno de los derechos de las veedurías: </li></ul><ul><li>d) Obtener de los supervisores, inventores, contratistas y de las entidades contratantes, la información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa; </li></ul><ul><li>La información solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta; </li></ul>
  50. 50. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>E n la Sentencia C-872 de 2003, la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos 27 y 42 del DECRETO 1799 DE 2000, “Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones&quot;. Se demandaron los artículos 27 y 42 del citado decreto porque a juicio del actor vulneraban entre otros derechos el derecho de acceso a documentos públicos. </li></ul>
  51. 51. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Artículo 27. Carácter. Son documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras en los que se consignan informaciones y juicios de valor acerca de las condiciones personales y profesionales de los oficiales y suboficiales regidos por este decreto. Los documentos de evaluación tienen carácter de reservado salvo para las partes que intervienen en el proceso. </li></ul><ul><li>Artículo 42. Reserva. Las sesiones decisorias de la junta calificadora y las decisiones tomadas tienen carácter reservado, así como los documentos en que ellas consten. </li></ul>
  52. 52. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Al examinar la constitucionalidad del artículo 27 demandado, la Corte con base en las pruebas aportadas al proceso concluyó que los documentos públicos a los cuales hace referencia esa disposición “apuntan, en esencia, a reseñar información personal y profesional del oficial o suboficial, las cuales servirán para evaluar el desempeño del servidor público correspondiente. De allí que se presente una tensión entre, de una parte, los derechos fundamentales a la vida, integridad física e intimidad del evaluado; por otra, el principio de publicidad de los documentos públicos”. </li></ul>
  53. 53. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Igualmente consideró que existían fines constitucionalmente legítimos para la reserva de otro tipo de información contenida en tales documentos: “ Por otra parte, en relación con la reserva legal que recae sobre los juicios de valor realizados por las autoridades evaluadoras y revisoras, considera la Corte que la norma persigue garantizar, ante todo, la imparcialidad y la independencia de los servidores públicos que adelantan estas labores, y en tal sentido, el secreto se erige en un instrumento que permite el adecuado funcionamiento de las Fuerzas Militares, las cuales, por mandato constitucional, son un cuerpo armado no deliberante y caracterizado por una estructura de mando rígida y estrictamente jerarquizada”. </li></ul>
  54. 54. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Encontró por lo tanto que la reserva establecida en el artículo 27 sobre ciertos documentos era proporcional y la declaró exequible. Respecto del artículo 42 sostuvo que establecía dos tipos de reservas, sobre las sesiones de la Junta Clasificadora y sobre las decisiones adoptadas por la misma. </li></ul>
  55. 55. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>E n lo que concierne a la reserva sobre el desarrollo de las sesiones de la Junta Clasificadora, y por ende, sobre las actas contentivas de las mismas, considera la Corte que la imposición del secreto garantiza el buen funcionamiento de las Fuerzas Militares, como quiera que se trata de un cuerpo armado, estrictamente jerarquizado, basado en el principio del mando, y por ende, se justifica que las discusiones sobre los ascensos que tienen lugar en el seno de la institución castrense no sean públicas. </li></ul>
  56. 56. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Por el contrario - dice textualmente la Corte -, la imposición de una reserva legal sobre los actos administrativos mediante el cual se decide clasificar para ascenso en una lista o en otra a un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares, así como la imposición del secreto sobre los documentos que en ellos consten, no persiguen un fin constitucionalmente válido, pues no se encuentran asociadas de manera clara con la defensa de la seguridad nacional ni con la protección de otro derecho o bien constitucional de tal importancia que justifique la reserva. </li></ul>
  57. 57. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>En la sentencia C-491 de 2007 se examina la constitucionalidad de la Ley 1097 de 2006 por la cual se regulan los gastos reservados ( aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes) . Si bien el demandante formulaba cargos contra la totalidad de la ley, era especialmente problemático el artículo 5 de la misma. </li></ul>
  58. 58. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Artículo 5°. Reserva legal. La información relacionada con gastos reservados gozará de reserva legal por un término de 20 años, sin perjuicio de las investigaciones de orden penal, disciplinario o fiscal. </li></ul><ul><li>Con excepción del control político que determina la Constitución Nacional y de las investigaciones formales de que trata el inciso anterior, la información a que se refiere el presente artículo solo podrá ser examinada por el grupo auditor definido en el artículo 4° de la presente ley. </li></ul><ul><li>La información por su carácter reservado no podrá hacerse pública y el informe respectivo se rendirá en informe separado que tendrá también el carácter de reservado, al cual solo tendrán acceso las autoridades competentes con fines de control político, penal, disciplinario o fiscal. </li></ul>
  59. 59. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>No obstante a juicio de la Corte Constitucional los cargos formulados por el actor no reunían los requisitos para hacer un pronunciamiento relacionado con la supuesta vulneración del derecho de acceso a los documentos públicos. El cargo examinado respecto del artículo 5 fue la exclusión de la Defensoría del Pueblo de las autoridades que pueden acceder ala información relacionada con los gastos reservados y este cargo no prosperó. </li></ul>
  60. 60. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Sentencia T-1025 de 2007. el ciudadano Javier Giraldo Moreno, quien actúa como representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, según autorización que le fuera concedida por el representante legal de la misma, instauró una acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la consideración de que éste había vulnerado el derecho de los miembros de la Comunidad a acceder a la justicia. Manifiesta que, inicialmente, le solicitó al Ministro de Defensa “15 datos elementales, referentes a la identidad de oficiales, suboficiales y soldados o agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en fechas, sitios y circunstancias precisas en que fueron vulnerados gravemente los derechos de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó o de personas colaboradoras o cercanas a la misma Comunidad.” </li></ul>
  61. 61. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Expone que el Ministerio le negó el suministro de la información requerida, razón por la cual elevó otro derecho de petición, con hechos adicionales, y en el cual fundamentaba su pretensión con nueve argumentos. Dice que la segunda petición también le fue negada. Considera que las respuestas del Ministerio vulneran el derecho de los miembros de la Comunidad a acceder a la justicia. Afirma también que la conducta acusada vulnera el principio de publicidad de la función administrativa, contenido en el art. 209 de la Constitución, y el art. 92 de la misma, que dispone que cualquier persona puede solicitar a las autoridades respectivas “la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.” </li></ul>
  62. 62. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>El Ministerio de Defensa responde que “Entregar los nombres, códigos y rangos del personal militar y de policía que se supone participaron en hechos delictivos constituye una violación a las garantías judiciales, entre ellas la más elemental, la presunción de inocencia expresamente reconocida en nuestra legislación interna (...) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos (…) Desconocer este derecho implica que los militares y policías de los cuales se pretende conocer su nombre, código y rango se presuman culpables, sin que se haya demostrado ante las órganos de investigación competentes que las acusaciones son ciertas; (…) a someterlos a la picota pública cuando sus nombres aparezcan a la luz pública no como servidores del Estado sino como criminales que aún no han sido oídos ni vencidos en juicio legal, afectando no sólo la legitimidad de la institución a la cual pertenecen, sino su mismo entorno familiar”. </li></ul>
  63. 63. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Problemas jurídicos : ¿Tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? ¿Vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia? </li></ul>
  64. 64. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Se establece una regla sobre la procedencia de la tutela para a protección del derecho de acceso ala información pública: Cuando no se invoca una reserva legal o constitucional o motivos de seguridad nacional la tutela es procedente en lugar del mecanismo judicial previsto en la Ley 57 de 1985. En el caso concreto el Ministerio había justificado la reserva en la presunción de inocencia de los miembros de la fuerza pública por esa razón es procedente la tutela. </li></ul>
  65. 65. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Se somete la negativa del Ministerio de Defensa a suministrar la información requerida a un juicio de proporcionalidad estricto porque afecta una de las manifestaciones de la libertad de expresión. Se considera que la medida es idónea porque “ persigue un fin ajustado a la Constitución, cual es el de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y la presunción de inocencia de los miembros de la Fuerza Pública cuyos nombres son solicitados por el actor. De la misma manera, el rechazo de la solicitud de proporcionar las identidades de esos agentes no puede ser calificada como inadecuada para garantizar esos derechos”. </li></ul>
  66. 66. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>“ Sin embargo, la decisión no cumple con los requisitos de necesidad y de estricta proporcionalidad que incorpora el examen estricto de la proporcionalidad de la medida. Ciertamente, la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano de acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado. En realidad, la protección del debido proceso y la presunción de inocencia de los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres solicita el actor podría lograrse a través de medidas menos lesivas del derecho de acceso a la información”. </li></ul>
  67. 67. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>“ Por otra parte, la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho de acceder a la información, con lo cual obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que podrían estar implicados”. </li></ul>
  68. 68. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Finalmente, la Sala de Revisión estudia si, dadas las difíciles condiciones de orden público existentes en la región de Urabá – que constituyen un hecho notorio – el suministro de los nombres solicitados por el actor podría generar una amenaza para la vida e integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública concernidos, puesto que la información podría eventualmente filtrarse y hacerse pública. Es decir, cabe preguntarse también en este caso si la negativa de suministrar los nombres puede fundamentarse debidamente en razones de seguridad de los agentes. </li></ul>
  69. 69. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Concluye que la medida escogida para lograr la no identificación de los miembros de la Fuerza Pública – la reserva de los nombres de los efectivos que participan en determinadas acciones distintas a las de inteligencia – no cumple con los requisitos de necesidad y de proporcionalidad que incorpora el juicio estricto de proporcionalidad de la medida. Ciertamente, para garantizar la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública aludidos se puede acudir a medidas menos lesivas del derecho ciudadano a obtener información que reposa en las instituciones del Estado. </li></ul>
  70. 70. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>La Sala de Revisión considera que podrían darse casos en los que se requiera hacer una excepción al deber de suministrar los nombres de los agentes de la Fuerza Pública. Esta excepción, no alegada en el proceso pero relevante, apunta a permitir la valoración de las circunstancias en que se encuentran los policía, miembros de un cuerpo civil cuyos miembros viven con sus familias, con el fin de proteger la vida e integridad de los miembros de la Policía Nacional y su familia. Se trata de aquellas situaciones en los que los miembros de la Policía habiten con su familia por fuera de los cuarteles, lo cual los podría hacer muy vulnerables en el contexto de la zona. </li></ul>
  71. 71. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>En estas situaciones, se podrá negar el suministro del nombre del miembro de la Policía, siempre y cuando el Comandante General de la Policía Nacional certifique las condiciones de la persona y justifique que su nombre no sea hecho público por ser necesario para proteger su vida y la de su familia ante un riesgo claro y presente no evitable de otra manera menos restrictiva de derechos. </li></ul>
  72. 72. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>La Sala de Revisión concluye que el Ministerio de la Defensa sí debe suministrar los datos solicitados por el demandante. La información que se proporcione debe contener la relación de los nombres de los miembros de la Fuerza Pública concernidos, con indicación de las fechas de servicio y el lugar donde fue prestada, según lo pedido. Sin embargo, es necesario hacer la salvedad de que la inclusión de un nombre en la lista en ningún caso puede tenerse como una sospecha, un señalamiento o, mucho menos, un reconocimiento de responsabilidad. </li></ul>
  73. 73. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>T-920 de 2008. La reserva judicial. Se distinguen dos situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petición se requieren asuntos que están vinculados de manera estricta a la función judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de carácter meramente administrativo. En el segundo evento se rigen por lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y por la Ley 57 de 1985. </li></ul>
  74. 74. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>En el primer evento estas solicitudes encuentran sus límites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentación de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los términos y demás formalidades aplicables al proceso. No obstante, se debe aclarar, cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, éstas deben ser examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petición tendrá un vínculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. </li></ul>
  75. 75. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>“ Si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal impide el acceso del indiciado, por regla general, a las evidencias y elementos materiales probatorios hasta que se realice la audiencia de formulación de acusación, también es necesario reconocer que para que éste pueda ejercer en debida forma el derecho de defensa, puede tener acceso a algunas diligencias ejecutadas en la indagación. Por tanto, cuando un indiciado requiera el acceso o las copias de una carpeta en donde se consigne el programa de indagación, es necesario que la Fiscalía distinga explícitamente, a partir de la Ley 906, cuáles elementos se encuentran cobijados por la reserva y cuales no”. </li></ul>
  76. 76. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Se ordena a la Fiscalía: (i) comunique de la decisión de archivo al indiciado, bajo los mismos presupuestos establecidos para garantizar los derechos de las víctimas y el ejercicio de las potestades del Ministerio Público y que (ii) conforme al artículo 238 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, proceda a enterar al actor sobre las condiciones bajo las cuales se efectuó la revisión de legalidad del allanamiento por parte del Juez de Control de Garantías. </li></ul>
  77. 77. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>Sentencia T-837 de 2008. Acceso a documentos reservados. Historia clínica. Reglas: (i) el paciente ha fallecido o se encuentra en un estado de incapacidad física o mental, (ii) e l interesado deberá acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge o compañero o compañera permanente en relación con el titular de la historia clínica, </li></ul>
  78. 78. Algunas decisiones de la Corte Constitucional <ul><li>(iii) el peticionario deberá expresar las razones por las cuales demanda el conocimiento de dicho documento, sin que, en todo caso, la entidad de salud o la autorizada para expedir el documento pueda negar la solicitud por no encontrarse conforme con dichas razones, (iv) quien acceda a la información de la historia clínica del paciente por esta vía no podrá hacerla pública. </li></ul>

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