CISA / Comunicación e Información, SA de CV
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Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando
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La guerra calderonista contra el narcotráfico ha cau-
sado decenas de miles de muertes (el gobierno federal
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lo que realmente es el año base. De entonces
a la fecha el número se cuadruplicó. Por ca-
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La semana del 22 al 28 de octubre horrorizó al país:
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Ese año, 2008, Guerrero padeció una
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En California las autoridades están haciendo cuentas de
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  1. 1. CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Enrique Maza DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: María Scherer Ibarra SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Marlon Mejía ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN: Graciela Zepeda COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Gerardo Albarrán de Alba; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez REPORTEROS: Carlos Acosta, Miguel Cabildo, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Alejandro Gutiérrez, Santiago Igartúa, José Daniel Lizárraga, Raúl Monge, Ricardo Ravelo, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos, Arturo Rodríguez; Tabasco: Ar- mando Guzmán; Tamaulipas, Ma. Gabriela Hernández; Veracruz, Regina Martínez INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Rosario Manzanos, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Eduardo Soto Millán, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; asistente, Niza Rivera Medina; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Alejandro Caballero, Coordinador; Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú,Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Marta Lamas,Pablo Latapí Sarre, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador;Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya, Ernesto García Parra COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma semanario de información y análisis 31 de octubre de 2010 • No. 1774 Índice Panteón en Ciudad Juárez Foto Portada: Eduardo Miranda NARCOTRÁFICO 6 2006-2010: estadísticas del horror /Rodrigo Vera 9 Las masacres, sello de la casa /Gloria Leticia Díaz 14 “La Sedena sabe dónde está mi hermano” /Patricia Dávila 17 La guerra antinarco, inútil si no ataca el lavado de dinero /Jenaro Villamil 22 Los “narcos” pobres /Marcela Turati 25 California: la mariguana como industria /Alejandro Maciel ECONOMÍA Y FINANZAS 29 Las cifras alegres de Calderón /Carlos Acosta Córdova ESTADOS /JALISCO 32 Proyecto para “curar” la homosexualidad /Víctor M. López Álvaro INTERNACIONAL 36 ESTADOS UNIDOS: El solitario de la Casa Blanca /Peter Baker 39 Los costos del desencanto /J. Jesús Esquivel 40 Los pronósticos, los riesgos… /Olga Pellicer 43 Los ultras /Alejandro Maciel 46 ARGENTINA: Herencia sin herederos /Josefina Licitra ANÁLISIS 48 Administración de la desgracia /Javier Sicilia 49 Inexplicable... /Hernández 25
  2. 2. Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080. Delfina Cervantes, Luis Coletor, Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Julio Aguilar, Jonathan García. ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora SISTEMAS: Jorge Suárez, gerente; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez FINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Christian Arcos, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, Felipe Suárez, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES: Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 33, No. 1774, 31 DE OCTUBRE DE 2010 IMPRESIÓN: Impresora Transcontinental de México; Durazno 1, Col. San José de las Peritas 16010 México DF. DISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel. 5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. Resto de la República y Locales Cerrados: Publicaciones Citem, SA de CV. Tel. 5366-0000. EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Jorge Pérez, Manuel Robles, Concep- ción Villaverde; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Juan Pablo Proal, coeditor; Alejandro Saldívar, asistente de contenidos; Tel. 5636-2010 Soporte técnico: Jorge Suárez; Tel. 5636-2106 COORDINADOR: Alejandro Caballero; procesoradio@proceso.com.mx; Tel. 5636-2010 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2000-112911074700-102. Registro del S.P.M. CR-DFJ-003-99 / Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 20 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,100.00 ; 6 meses, $660.00 ; Guadalajara, Monterrey y Puebla: Un año, $1,200.00 ; 6 meses, $720.00 . Ejemplares atrasados: $40.00 . Servicios informativos y fotográficos: AP, Notimex, Reuters. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. agencia proceso de información agencia de fotografía 50 Una vida por una tonelada de mariguana /Sabina Berman 51 IFE: Resolución pusilánime y contradictoria /Jesús Cantú 52 Interés Público /Miguel Ángel Granados Chapa 54 La UNAM contra sí misma /Ernesto Villanueva CULTURA 56 Naranjo: Voy a dibujar hasta el final /José Gil Olmos 61 In Memorian Antonio Alatorre /Alberto Paredes 62 Réquiem por Alí Chumacero /Miguel Ángel Flores INVENTARIO 64 Sor Juana, Nervo, Chumacero, Alatorre. En la noche del virreinato /José Emilio Pacheco 66 Páginas de crítica Arte: La XIV Bienal de Fotografía /Blanca González Rosas Teatro: El rumor del incendio /Estela Leñero Franco Cine: Biutiful /Javier Betancourt Televisión: Digitalización televisiva en suspenso /Alma Rosa Alva de la Selva Libros: La verdad con humor /Jorge Munguía Espitia DEPORTES 74 Juárez: lucro vergonzante /Beatriz Pereyra 77 Conade: Siete años perdidos /Raúl Ochoa 80 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens /Calaveras nupciales de una bola de vivales /Helguera y Hernández 32 46 74
  3. 3. 2006-2010: estadísticas del horror APphoto/RaymundoRuiz 6 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  4. 4. La guerra calderonista contra el narcotráfico ha cau- sado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independien- tes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Es- tados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente... RODRIGO VERA L as decenas de miles de muer- tos que ha dejado la guerra em- prendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma can- tidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que de- jó 436 muertos, de acuerdo con cifras ge- neralmente aceptadas. Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfi- co: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calde- rón, al término de su sexenio serán ase- sinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los es- tándares internacionales. El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este se- manario: “La actual guerra contra el nar- cotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdi- da de antemano, pues fortalece a la delin- cuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan ma- yores ganancias. “Así, queriéndolo o no, el Estado forta- lece a la delincuencia organizada y se con- vierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizan- do las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas. “Todo esto tiene un efecto multipli- cador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que ha- ce que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vi- das humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.” Analista en la misma materia, Juan Pa- blo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por dispu- tas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendi- da por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”. A petición de Proceso ambos peri- tos hacen un minucioso análisis estadísti- co sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México. Conteos diferentes Señalan que a falta de una estadística con- fiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil ba- jas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los espe- cialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra po- dría estar por debajo de la real. En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muer- tos por cada 100 mil habitantes. Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El nú- mero aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año des- pués hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes. Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes. Además, el pasado martes 26, la Se- cretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos. Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 7
  5. 5. lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por ca- da 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”. –¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio? –Si las cosas siguen igual, las tenden- cias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremen- to grandísimo. Juan Pablo Arango recalca: “Esto só- lo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejér- cito y las corporaciones policiacas con- tinúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una nego- ciación con la delincuencia organizada”. Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pú- blica. Desde hace una década han trabaja- do en equipo y son coautores de varios li- bros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligen- cia policial. Ahora colaboran con un grupo de tra- bajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a úl- timas fechas se han especializado en eva- luar estadísticas sobre homicidios. ArturoArango fue investigador del Ins- tituto Ciudadano de Estudios Sobre la In- seguridad, que dirige el exómbudsman ca- pitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabili- zar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”. –¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de es- ta guerra contra el narcotráfico? –¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesiona- dos por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica. –¿Y viudas? –Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen in- gresos y se integran al mercado laboral. “La guerra está generando muchas pre- siones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impre- sionante porque provoca un conflicto adi- cional que el Estado es incapaz de atender.” –¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras? –Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas. En ese sentido, los peritos en estadísti- ca señalan que las muertes de la lucha con- tra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años. También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Uni- dos, que duró dos años; de las 8 mil en cua- tro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos. Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929. En números relativos Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es me- nos letal que la mayoría de las anterio- res guerras. “Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos varia- bles importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civi- les y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican. Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas reba- saba los 6 millones. La guerra de Texas provocó 28 muer- tes por cada 100 mil habitantes. El con- flicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mien- tras que la guerra sucia y el conflicto chia- paneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes. Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos rela- tivos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados. Indican que las matanzas más conoci- das del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Cor- pus, en 1971 –se calculan 60– son “even- tos aislados”, por lo que fueron desecha- das de sus cálculos comparativos. –Pero la guerra contra el narco tam- bién está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas. –Sí. Pero a estas alturas esas 72 muer- tes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcenta- je mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango. Asegura que las matanzas del narco- tráfico no pueden calificarse de genoci- dio, pues esta figura implica el extermi- nio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de de- rechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vi- toria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juá- rez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de De- rechos Humanos. Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va de- jando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanis- mo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lu- cha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total. “El registro de muertes tiene que em- pezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que no- sotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos inter- nacionales no se cumplen en México. “Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el go- bierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dón- de sacaban secuestradores si no tenían se- cuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose. “Por eso ante la falta de datos confia- bles, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Mile- nio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecu- tómetros’ mediante los que registran dia- riamente el número de ejecutados.” –¿Para qué sirve llevar un registro de muertos? –Un problema que no se puede me- dir no se puede interpretar, mucho me- nos combatir. Es como si un médico supo- ne que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determi- nar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabi- lidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas in- adecuadas –responde Arturo Arango. –¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico? –Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempes- tad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamen- te perdido. 8 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  6. 6. Las La semana del 22 al 28 de octubre horrorizó al país: siete matanzas –la mayoría de adolescentes y jóve- nes– sumaron más de 60 cadáveres y el fenómeno ya ha llamado la atención incluso de las Naciones Unidas. Pero el sexenio de Felipe Calderón ha dado mucha más violencia y crímenes relacionados con el narcotráfico: no se olvidan los 24 cuerpos abandonados en La Mar- quesa, la masacre de Creel, los 12 policías decapitados en Mérida… y tal vez la tragedia más espantosa, la de los 72 indocumentados centro y sudamericanos fusila- dos en Tamaulipas en agosto pasado. GLORIA LETICIA DÍAZ L os primeros cuatro años del go- bierno de Felipe Calderón están marcados por la sangre de dece- nas de niños, adolescentes, mu- jeres y hombres asesinados por el crimen organizado en varios estados del país. La semana pa- sada, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, Tepic, la Ciudad de México y Jilotlán, Ja- lisco, fueron escenario de varias matanzas que dejaron más de 60 cadáveres, de jóve- nes la mayoría de ellos. Mientras eso ocurría, Felipe Calderón dio una entrevista a la BBC de Londres en la que criticó a su antecesor Vicente Fox por “no actuar a tiempo” para combatir al sello de la casa masacres, APphoto/RaymudoRuiz Juárez, 24 de octubre. Los funerales NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 9
  7. 7. narcotráfico; más tarde, en el estado de Mo- relos declaró que la guerra que emprendió contra el crimen organizado “por desgra- cia” costará más vidas, pero que la lleva- rá adelante “con todos sus costos, con to- dos sus riesgos”. El recuento de hechos sangrientos se inicia en Ciudad Juárez el viernes 22: un grupo armado disparó con fusiles de asal- to contra los asistentes a una fiesta fami- liar en la colonia popular Horizontes del Sur. Las víctimas fueron 12 jóvenes y dos mujeres adultas. La madrugada de ese mismo viernes en la zona rural de Acapulco fueron halla- dos los cuerpos de seis personas, atadas de pies y manos, y con huellas de tortura. En Tijuana 13 internos del centro de rehabilitación El Camino literalmente fueron fusilados el lunes 25. Un día des- pués la ola de crímenes se movió a Te- T EPIC, NAY.- Desde la muerte de sus padres pasaron 14 años para que Juan Manuel Hernández Robledo volviera a sentirse feliz. El pasado abril sorprendió a sus familiares cuando, por voluntad propia, se recluyó en una de casa de rehabilitación de la iglesia cristia- na Alcance Victoria y estaba orgulloso de los seis meses que llevaba sin probar dro- gas ni alcohol. Pero la mañana del miércoles 27 todo terminó para él: murió en el ataque perpe- trado por más de una decena de sicarios en el negocio de lavado de automóviles Gamboa, donde prestaba sus servicios como parte de su proceso de recupera- ción. Junto con Juan Manuel murieron 14 personas más –la mayoría internos del al- bergue– y tres quedaron heridas. Esa matanza evidenció los niveles de violencia del crimen organizado en Nayarit, particularmente en la capital, desde princi- pios de este año. De acuerdo con el ejecu- tómetro del portal de noticias Nayarit en lí- nea, en los primeros 10 meses de 2010 han muerto 292 personas a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Horas después del múltiple asesinato el gobernador Ney González asistió a una “mi- sa por la paz” en la iglesia de San Judas Ta- deo, donde dijo que era un buen momento para reflexionar, pues “una buena dosis de oración no nos cae mal a todos”. En una entrevista radiofónica el man- datario aseguró que la violencia que azo- ta al estado se deriva de factores externos. “Ésta no es una guerra que tenga que ver con problemas entre nayaritas, es un pro- blema entre narcotraficantes y tienen que librar su guerra allá en sus espacios, no en nuestras calles, no en donde están nues- tros jóvenes; ésta es una guerra que no es de Nayarit”. Asimismo, en su espacio de Facebook Ney González calificó de “doloroso” el he- cho de que hayan muerto jóvenes que “lu- chaban por escapar de las drogas”, además de que estimó que el suceso es “doloroso para todos porque lastima también a quie- nes radican en esa zona, a quienes tienen sus empresas en esas calles; daña el nom- bre del estado de Nayarit, su economía y provoca la pérdida de empleo”. Entre otras decisiones posteriores, Gon- zález anunció el cese del director general de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de algu- nos mandos de la Policía Estatal Investiga- dora (PEI). El presidente estatal del PRD, Rodrigo González Barrios, cuestiona esas medidas y advierte que a lo largo de su sexenio Ney pic: 15 muchachos que trabajaban en un lavado de automóviles fueron ametralla- dos, en tanto que la noche del miércoles 27, en la colonia Morelos de la Ciudad de México siete jóvenes fueron asesina- dos en la calle. El jueves 28, cinco patrullas de la po- licía estatal que circulaban por un camino vecinal en el municipio jalisciense de Ji- lotlán fueron emboscadas por sicarios. El saldo fue de nueve uniformados muertos, 10 heridos y un desaparecido. La actual racha de violencia es conde- nada por el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Na- ciones Unidas para los Derechos Huma- nos, Javier Hernández Valencia, quien en un comunicado pidió al gobierno de Feli- pe Calderón “redoblar esfuerzos y adoptar medidas eficaces para garantizar la tran- quilidad de la ciudadanía, así como para investigar de manera pronta y diligente to- dos los sucesos con el fin de capturar, juz- gar y sancionar a los responsables”. Desde el arranque Pero los de la semana pasada, que cobra- ron más de seis decenas de vidas, no son los únicos hechos sangrientos de alto im- pacto que han marcado al gobierno de Fe- lipe Calderón. En el primer año de la guerra contra el narcotráfico se dieron casos como el ase- sinato del exalcalde de Río Bravo, Tamau- lipas, exdiputado federal y exsenador Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, el 30 de no- viembre de 2007. Otras cinco personas fueron ejecutadas con él: dos eran guar- dias proporcionados por la Agencia Fede- ral de Investigación (AFI). Como candi- dato a la alcaldía de Río Bravo, Guajardo Nayarit, en el mapa del luto PEDRO ZAMORA BRISEÑO AlejandroGarcía/“Nayaritenlínea” Los lavacoches ametrallados 10 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  8. 8. González se ha caracterizado por cambiar con frecuencia a los funcionarios de las corporaciones policiacas. “El gobernador ha fallado en todas sus estrategias; ha dicho que va a caer más personal de los cuerpos de seguridad, pe- ro la verdad es que la única cabeza que de- bería caer en Nayarit es la del gobernador; creo que este barco ya se hundió, hay una total desconfianza de parte de los ciudada- nos, hay un rechazo muy fuerte, porque no ha hecho absolutamente nada en materia de seguridad”, dice el dirigente perredista. Añade que en Nayarit “no tenemos go- bierno”, pues el gobernador “no vive en la capital, sino en Nuevo Vallarta… quienes ejercen el poder en Tepic son los grupos delictivos y si no detenemos esto, pron- to vamos a estar viviendo como en Ciudad Juárez o en algunos municipios de Tamau- lipas o Nuevo León. Debe hacerse algo muy rápido”. Rodrigo González dice entender que la gente esté rezando en sus casas y encuen- tre en sus oraciones un poco de calma, “pero el gobernador es de un estado laico, está obligado a darnos seguridad a todos los nayaritas y no ha cumplido; desde fina- les de enero de este año hace llamados a rezar y nos quiere regañar porque dice que no cuidamos a nuestros hijos”. Desmiente también que todos los pis- toleros sean gente de otros estados, co- mo lo ha afirmado el gobierno estatal, pues “hay muchos jóvenes nayaritas que se han convertido en sicarios, que hoy están muertos, que son de aquí, de familias que todos conocemos; es gravísimo que estén muriendo, y deberíamos estar buscando maneras de evitar que se vayan al crimen organizado”. Y los tiros de gracia El miércoles 27, poco antes de matar a 15 personas en el autolavado Gamboa los si- carios pasaron dos veces frente a ese ne- gocio, por la avenida Rey Nayar. La tercera ocasión, minutos antes de las 10 de la ma- ñana, los tres vehículos en los que iban de- tuvieron totalmente la marcha, los asesinos bajaron empuñando armas de alto poder y dispararon. Esto fue observado desde la acera de enfrente por un taxista que comía una torta en un estanquillo. “Cuando vi que traían ar- mas largas, casi por instinto me tiré al piso, traté de cubrirme y no supe más; en cuanto terminó la balacera me fui de ahí”, cuenta. Los vecinos de la zona temen hablar del tema. Nadie acepta haber visto lo ocurrido. El propietario de una llantera, el encargado de una clínica veterinaria y una odontóloga cuentan que estaban trabajando dentro de sus establecimientos cuando escucharon las ráfagas y se pusieron bajo resguardo. Difieren en cuanto al tiempo que duró la balacera, pues hablan de tres a 10 minutos. Uno de ellos dijo haber escuchado al final disparos aislados, que atribuyó a los tiros de gracia. Además de los internos del centro de rehabilitación murieron otras personas que estaban en el lugar por casualidad, como Max Eduardo Hernández Dostler, de 38 años, quien acababa de llegar en su moto- cicleta para entregar un pedido de tortas y jugos. También murieron los hermanos Fernan- do y Roberto Velasco Delgado, albañiles de 25 y 28 años, quienes elaboraban el presu- puesto para una adecuación al baño. El pri- mero trabajaba para sostener a sus padres y el segundo, casado, deja tres hijos peque- ños. Falleció también Rafael Gamboa, cu- ñado del dueño del negocio. Los otros ejecutados son Emanuel Pe- ña Martínez, de 17 años; Mauricio Cande- lario Monroy Gutiérrez, de 20; Francisco Rosalío Silva Osuna, de 46; Jesús Castillo Martínez, de 52; Efraín González Guzmán, de 28; Alfonso López Félix, Salvador Due- ñas Quezada, Eduardo de Jesús Sosa Var- gas, Armando Preciado y Manuel García Estrada. Entrevistado después de oficiar la mi- sa de Juan Manuel Hernández Robledo, el sacerdote Amadeo Cortés Velázquez, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, advierte que la situación de violencia en Nayarit ha generado mucha indignación e impotencia entre la población. “Es increíble el clima de violencia que se vive, es algo que no podemos creer, a todos nos sorprende… Pero el camino no va a ser la justicia por propia mano; el go- bierno tiene que luchar para que esto no quede impune, pero como sociedad tene- mos que cooperar con compromiso con la no violencia y educar a nuestros hijos. “No hay palabras para consolar a la gente que está sufriendo el dolor de haber perdido un hijo –dice–. Yo les hablo de la fe, pero no es fácil, hay quienes le echan la culpa a los delincuentes, al gobierno o in- cluso desde el dolor hay quienes cuestio- nan dónde está Dios.” En esta parroquia, en el camino al pan- teón Jardines de la Cruz, este año se han incrementado las misas de cuerpo pre- sente. Amadeo Cortés informa que en promedio se realizan tres o cuatro por se- mana, las más de las veces para personas asesinadas. había advertido de los vínculos de algunos candidatos del PRI con el crimen organi- zado. (Proceso 1623) En Guerrero, los días 4 y 5 de mayo de 2008 dos hechos llamaron la atención so- bre la movilidad de los grupos delincuen- ciales que operan sin ser detenidos por po- licías o militares. En busca del exalcalde y cacique de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez unos 70 sicarios que viajaban en un convoy de ca- mionetas acribillaron en la ciudad de Igua- la a siete integrantes de la Unión Regio- nal Ganadera, presidida entonces porAlba Álvarez. El exalcalde, que era su objetivo, no estaba entre los muertos, por lo que los pistoleros se enfilaron a la casa de Alba en Petatlán; ahí asesinaron a nueve personas, entre ellas dos hijos del cacique, y secues- traron a su hija (Proceso 1645). JorgeDueñes/Semanario“Zeta” Tijuana. El albergue atacado NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 11
  9. 9. Ese año, 2008, Guerrero padeció una violencia tan grande que ni el Ejército se salvó: el 21 de diciembre ocho militares y un exjefe policiaco aparecieron decapita- dos en Chilpancingo; un narcomensaje de- jado junto a los cadáveres advertía que por cada delincuente que las fuerzas federales ejecutaran, los narcotraficantes matarían a 10 uniformados (Proceso 1678). En Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 ocurrió una de las más estremecedoras matanzas de los últimos años. En la comu- nidad de Creel, en la Sierra Tarahumara, un comando asesinó a 13 personas –entre ellas un bebé de un año– que se divertían en una fiesta. Después de cometer el multihomici- dio, los sicarios presuntamente integran- tes de La Línea salieron de la ciudad sin ser molestados por las autoridades, pese a que hacían alarde de las armas que porta- ban. Durante varias horas el sacerdote je- suita Javier Ávila fue la única persona que asistió a los heridos (Proceso 1660). Tijuana fue escenario de otra danza macabra: el 30 de septiembre de ese año en dos terrenos baldíos fueron hallados los cadáveres de 15 hombres y una mujer, con edades que iban de 18 a 25 años. En uno de los lotes estaban los cuerpos de 12 de ellos y junto, una bolsa de plástico con sus len- guas. “Por bocones”, decía una cartulina. Masivamente Pero aún faltaban hechos de crueldad ex- trema que horrorizaron al mundo: el 29 de agosto de 2008, 12 cuerpos decapitados, semidesnudos y amontonados fueron ha- llados en las inmediaciones de Mérida. El 12 de septiembre, cuando todavía no se acababan de digerir las imágenes de los cadáveres de Mérida, otros 24 fueron tirados en un paraje cercano a La Marque- sa, en el Estado de México. Todos estaban atados y tenían el tiro de gracia. Se trataba de 24 hombres, aparente- APphoto/RaymundoRuiz APphoto/BernardinoHernández Morir en la línea fronteriza Ejecutados en Acapulco 12 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  10. 10. mente albañiles, originarios de Puebla, Guerrero, Veracruz y el Estado de Méxi- co que vivían en Huixquilucan. Las inves- tigaciones indicaron que el 10 de septiem- bre fueron sacados de sus viviendas por personas con uniformes negros y azules con las siglas de la AFI (Proceso 1663). Esta tragedia fue opacada por otra más impactante. La noche del 15 de septiem- bre de ese año una multitud reunida fren- te al Palacio de Gobierno de Morelia fue blanco de un ataque –calificado de “nar- coterrorismo” por especialistas como Ed- gardo Buscaglia–: presuntos integrantes de La Familia Michoacana hicieron esta- llar dos granadas de fragmentación entre la gente que acudía a la festividad del Gri- to de Independencia en la capital michoa- cana, dejando un saldo de nueve muertos y 132 heridos (Proceso 1664). Durante todo 2009 tuvieron lugar nu- merosos ataques de los grupos criminales en bares y antros de ciudades de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Durango. Actuan- do en la impunidad los sicarios dejaron una estela de cadáveres. Presos y policías Los reclusorios no han sido ajenos a la guerra del narco. El 5 de marzo de 2009, en el cereso de Ciudad Juárez reos de la banda de sicarios llamada Los Aztecas, a las órdenes del cártel de Juárez, mataron a 20 e hirieron a siete internos de las bandas de Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, ligados al cártel de Sinaloa. En la misma ciudad, ese año hubo por lo menos cuatro matanzas en centros de re- habilitación. En septiembre, testigos de dos de ellas en las que murieron 28 personas narraron que en el centro ElAliviane 18 in- ternos fueron sacados de sus dormitorios para ser fusilados, en tanto que en elAnexo de Vida 15 hombres armados entraron por la fuerza y mataron a 10 personas que se cruzaron por su camino (Proceso 1716). En julio de 2009, Michoacán se volvió frente de guerra entre sicarios de La Fami- lia Michoacana, Los Zetas y la Policía Fe- deral. Sin duda el hecho más impactante ocurrió en el municipio de La Huacana el 14 de ese mes donde los cuerpos de 12 po- licías federales –11 hombres y una mujer– fueron apilados en un paraje al lado de la carretera a Morelia. Con signos de tortura, los cuerpos de los federales estaban atados y amorda- zados, amontonados sobre leña y junto a ellos había un mensaje: “Vengan por otro, los estamos esperando” (Proceso 1707). En octubre de ese año, en el municipio guerrerense de Tlapehuala se encontraron los restos de nueve hombres que habían si- do desmembrados, decapitados y coloca- dos en 18 bolsas de plástico en la caja de un camión de carga abandonado. Siete de las cabezas tenían el tiro de gracia y, de acuerdo con los reportes pe- riodísticos, los restos de los cuerpos esta- ban acompañados de narcomensajes fir- mados por El Jefe de Jefes Arturo Beltrán Leyva. El nuevo objetivo El 30 de enero de 2010, jóvenes de Ciu- dad Juárez que se divertían en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar fueron atacados por un comando: 17 mu- chachos murieron. A pesar de que la ciudad fronteriza es- tá llena de fuerzas federales, los familiares de los asesinados afirman que la ayuda so- licitada nunca llegó para auxiliar a los heri- dos y que los sicarios no fueron buscados. Mientras, desde Tokio Felipe Calderón de- claró que se trataba de “un ajuste de cuentas entre pandillas” (Proceso 1736). Exactamente la misma noche de la matanza de Salvárcar 10 muchachos de entre 19 y 25 años que departían en El Ferri, un bar de Torreón, fueron asesina- dos por cuatro hombres armados con ri- fles de asalto. El 28 de marzo de 2010, 10 personas de entre ocho y 21 años murieron acribi- lladas en Pueblo Nuevo, Durango: un gru- po armado detuvo una camioneta en la que viajaban 12 personas, del vehículo bajó a dos mujeres y al resto de los pasajeros los atacó a tiros y con granadas de fragmenta- ción (Proceso 1744). La tragedia migrante Mientras la espiral de muerte sigue co- brando cientos de víctimas en entidades controladas por los cárteles del narcotráfi- co, en agosto de este año un acontecimien- to –con un móvil distinto, el secuestro de indocumentados centro y sudamericanos, pero con los mismos verdugos– horrorizó al mundo. En un paraje del municipio de San Fernando, Tamaulipas, se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes asesinados. Todos estaban secuestrados, a merced de presuntos zetas que les exigían dinero pa- ra ser liberados o, en su defecto, unirse a la banda criminal, según narró uno de los sobrevivientes.Ante la negativa a unirse al cártel, los indocumentados fueron fusila- dos (Proceso 1765). Frente a los innumerables hechos san- grientos que forman parte del día a día de México, la última semana de octubre la muerte violenta de muchos jóvenes in- defensos volvió a conmover a una nación que ha sido testigo de una guerra que su- ma ya más de 28 mil víctimas, mil 200 de ellas menores de edad sólo en Ciudad Juá- rez, según informa el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. NARCOTRÁFICO
  11. 11. PATRICIA DÁVILA C iudad Juárez continúa convul- sionada. La pugna entre los gru- pos de la delincuencia organi- zada dejó la semana pasada una estela crítica en esa urbe consi- derada la más violenta del mun- do: el sábado 23 fueron ejecutados 13 ado- lescentes en una fiesta y 15 más resultaron heridos; el jueves 28 por la madrugada, cuatro personas murieron y otras 14 queda- ron heridas cuando un comando abrió fue- go contra tres camiones de transporte de personal de una empresa maquiladora. Pero el caso más escandaloso es el de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora general de Justicia de Chi- huahua, Patricia González Rodríguez, se- cuestrado el jueves 21, poco antes de la una de la tarde. La exfuncionaria aporta dos elementos que para ella son clave so- bre el plagio: que en la operación partici- paron expolicías y uniformados estatales, y que el video en que Mario la señala co- mo protectora del cártel de Juárez y la res- ponsabiliza de varios asesinatos fue graba- do en un cubículo de la procuraduría que ella dirigió. Patricia González también asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Se- dena) posee información sobre la célu- la del cártel de Sinaloa que presuntamen- te plagió a su hermano. Ella insiste que la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa (Unito), creada dentro del Operativo Con- junto Chihuahua (OCCH), incluso realizó una investigación sobre este grupo. “La Sedena sabe dónde está mi hermano” “El secretario Guillermo Galván Gal- ván, si quiere, me puede ayudar a encon- trar a mi hermano”, dice. Por su parte el gobernador de Chihuahua, César Duarte, niega que en el secuestro estén involucra- dos agentes de la policía estatal. La historia puede seguirse a través de un cronograma de hechos que se concate- nan de manera inquietante: En su edición 1771, correspondiente al domingo 10 de octubre, Proceso publi- có una entrevista con el expresidente mu- nicipal de Ciudad Juárez, José Reyes Fe- rriz, en la que acusó a Patricia González de haber contribuido al fracaso del OCCH al dejar en libertad a 9 mil 500 de los 10 mil detenidos consignados por el ayuntamien- to en los dos años y medio de operativo. El viernes 15, a través de un interme- diario, la exprocuradora solicitó la opor- tunidad de responder, igualmente en una entrevista, a las imputaciones de Reyes Ferriz. La cita fue acordada para el lunes 18, a las 10 de la mañana, en las oficinas de la revista, en la Ciudad de México. En punto de la hora llegó a la redac- ción. Unos cuantos minutos después em- pezó la entrevista, que se prolongó duran- te varias horas. Tres días después, el jueves 21, su her- El plagio. Trama inquietante Patricia González y José Reyes Baeza. Infierno
  12. 12. La exprocuradora de Chihuahua Patricia González Ro- dríguez se dice lastimada por el secuestro de su herma- no Mario, ocurrido el jueves 21, tres días antes de que Proceso diera a conocer la entrevista en la que ella refuta las imputaciones que en esta misma revista, una semana antes, le hizo José Reyes Ferriz, exalcalde de Juárez, y cuestiona los operativos conjuntos contra el crimen organizado. Dice que desconfía de las autorida- des y lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional se niegue a apoyarla, toda vez que, afirma, esta depen- dencia sabe dónde está su hermano. mano Mario fue plagiado en la capital del estado, hecho que ocurrió tres días antes de que este semanario difundiera la entre- vista con Patricia, en la que la exprocu- radora afirmó que el OCCH estaba “ago- tado” y calificó de “error” el sustituir al Ejército por la Policía Federal (PF) en Ciudad Juárez; también habló de los 320 mil dólares que el cártel de Juárez pagó a un “alto funcionario” de la PF en la Ciu- dad de México y otro pago “local” por 140 mil dólares para que dejara trabajar a esa organización (Proceso 1773). Patricia González también detalló la forma en que los cárteles de Sinaloa y de Juárez, sobre todo este último, controlan ejecuciones, secuestros y levantones con el apoyo de las policías municipales y la estatal. Incluso diseccionó las estructuras de ambas organizaciones en los munici- pios de Chihuahua, un estado donde Joa- quín El Chapo Guzmán y sus sicarios van imponiendo su ley. El viernes 22 presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Repú- blica (PGR) por la “desaparición forzada” de su hermano. Ese mismo día hubo una llamada a la esposa de Mario: le dijeron que debía pagar 500 mil dólares para que su marido recuperara la libertad. El fin de semana, el silencio. La madrugada del lunes 25 aparecie- ron mantas en la ciudad. Una de ellas, co- locada en el puente de la vialidad Nogales y calle Alfonso Sosa, decía: “A las auto- ridades y público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados por los (ilegi- ble) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el puente de Periférico de la Juventud y ca- lle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pa- só, Noe Salgueiro, para qué secuestraste al Lic. Mario González…”. En ambas se mencionaba también que el plagio se debió a que ni Mario ni Pa- tricia González habían cumplido con los acuerdos pactados con el cártel de Sina- loa. En la entrevista del lunes 18 la expro- curadora había comentado que El Flaco Salgueiro es uno de los líderes del cártel comandado por El Chapo. Casi en forma simultánea a la coloca- ción de las mantas –la edición de Proce- so, con la entrevista a Patricia González, aún no llegaba a manos de los lectores de Juárez–, en la página electrónica youtube. com, se difundió un video de 9.56 minutos en el que se observa a cinco encapuchados de pie. Visten uniforme tipo militar y por- tan armas largas. Delante de ellos aparece Mario Gon- zález Rodríguez. Está sentado y tiene las manos esposadas. Mira a la cámara mien- tras responde al interrogatorio que le hace una persona sobre varios de los asesinatos cometidos en Chihuahua. En todos los ca- sos él responde que la responsable fue su hermana Patricia; incluso da los nombres de otros presuntos involucrados. Refiere también que tanto él como la procuradora pertenecen a La Línea, grupo armado del cártel de Juárez dirigido por Vicente Carrillo Fuentes. Videos y masacres El lunes 25, Patricia González solicitó que dentro de la Averiguación Previa en torno al plagio de su hermano (AP/PGR/ CHI/1613/2010-II/B), llevada por la agen- te del Ministerio Público federal de la PGR Damaris Baglietto Hernández, se realice un análisis criminalístico de las caracterís- ticas estructurales y decorativas de los cu- bículos de la procuraduría estatal. El motivo: que el lugar donde fue gra- bado el video tiene características “pecu- liares” e “idénticas” al edificio donde se ubican las oficinas del Ministerio Públi- co estatal y la Agencia Estatal de Inves- tigación”; también solicitó que peritos en dactiloscopia detecten huellas de calzado, manchas de sangre, saliva, sudor… El miércoles 27, personal del MP fe- deral realizó un recorrido por los centros de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 ho- ras de ese día en youtube.com apareció la segunda parte del video, en la que Mario González menciona varios asesinatos y a los presuntos ejecutores, entre ellos el del líder campesino Armando Villarreal Mar- ta, ordenado por Juan Pablo Ledesma, El JL, operador de La Línea. Según el inte- rrogado, Villarreal fue ultimado por opo- nerse a que se sembraran estupefacientes en el noroeste de Chihuahua. Además, re- veló que El JL y otro sicario conocido co- mo El Mónico murieron en dos enfrenta- mientos, el primero de los cuales ocurrió en Culiacán, Sinaloa. DanielPeregrino/“ElDiario”deChihuahua NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 15
  13. 13. En el video, Mario González involucra también a Luis Corral Torresdey, de la Di- rección de Seguridad Pública Municipal, así como a los agentes Ricardo Vázquez, Socorro Soto, Rafael Tarín, Ángel Palo- mares y Mario Iracheta. Expuso que Ariel Meixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Éd- gar Artemio García Treviño, quienes se desempeñaban como alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, respectivamente, fueron ase- sinados por La Línea. Ese miércoles 27, Patricia González solicitó que se cite a comparecer a los ti- tulares de las ocho dependencias que du- rante dos años y medio participaron en el OCCH: el coordinador, el general Felipe de Jesús Espitia; el secretario de Seguri- dad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos; Conrado García y Eddie Robles, ambos del Centro de Investigación y Se- guridad Nacional (Cisen); el titular de la Unito en Ciudad Juárez, Arnoldo Cris- terna; el secretario de Seguridad Pública Municipal, el general Julián David Rive- ra Bretón; el comisario coordinador ope- rativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el subprocurador de Justicia de la Zona Nor- te,Alejandro Pariente, así como a Gustavo Zabre y a Javier Torres Cardona. “Presenté una promoción para que en- treguen la información que se tiene sobre la célula (una de las 15 que integran el cár- tel de Sinaloa en Chihuahua) que tiene re- tenido a mi hermano, a la que pertenece el link denominado elquitapuercosenchi- huahua y la persona que subió el video que se hace llamar elpumaorigina. Al pa- recer, este individuo es el líder de la célula y busca publicidad para posicionarse co- mo delincuente en su organización crimi- nal”, explica la exprocuradora en entrevis- ta telefónica con esta reportera. –¿El secuestro de su hermano es una venganza en su contra? –se le pregunta. –Sí. Este grupo criminal pretende apropiarse no sólo del territorio chihu- ahuense para continuar con sus activida- des ilícitas (e intimidar) a los ciudadanos, sino también quebrantar, a través del te- rrorismo psicológico, las decisiones de los operadores de los tres niveles de gobierno. “Quieren tender una cortina de humo para seguir operando en las estructuras policiales que han participado con ellos en las actividades ilícitas. Buscan inti- midar y paralizar a la población para que guarde silencio, tolere y consienta estos actos de barbarie.” Esta última entrevista se realizó el jueves 28, mientras los medios informa- ban de una nueva masacre en Ciudad Juá- rez: un comando atacó a los empleados de la planta maquiladora Tagle Ottawa, con saldo de cuatro mujeres y un hombre muertos y 14 personas más heridas; las autoridades reportaron un desaparecido. La semana previa, el sábado 24, se re- gistró el multihomicidio de jóvenes en una fiesta en Valle de Juárez. Murieron seis mujeres y ocho jóvenes, cuatro de ellos menores de edad; 15 resultaron heridos. Reproche a los militares PatriciaGonzálezafirmaquetieneapoyodela PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero lamenta que la Sedena se lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada en el interior de la V Guarnición Militar en Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tie- ne a mi hermano y cómo ubicar al grupo para rescatar a mi hermano”. Dice que solicitó ayuda al capitán Es- pitia para que, con su grupo de agentes del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Es- peciales (GAFE), localice a su hermano: “Me dijo: ‘Señora, yo estoy en México, necesito una autorización para propor- cionarle la información que tenemos’. Por eso insisto, si el secretario de la De- fensa quiere, puede ayudarme a encontrar a Mario, como solidario de las personas que trabajamos en el OCCH. “Ellos (el Ejército) detuvieron a per- sonas relacionadas con ésta célula, saben dónde viven y cómo se llaman quienes usan los seudónimos de elquitapuercosen- chihuahua y elpumaoriginal”. E insiste: “Ayer (miércoles 27) presen- té una promoción. Pedí que se cite a de- clarar a los integrantes del OCCH para ver si proporcionan información sobre esa cé- lula. Fui su compañera casi tres años, tra- bajamos entre la vida y la muerte.Yo creo que la mínima cortesía es que declaren y digan en dónde podemos localizarlos (a los plagiarios). Además, algunos trabajan en la actual administración”. La exprocuradora, quien recibe apoyo de peritos franceses y de Nuevo México especializados en rastreo de videos como el que fue subido a youtube.com, señala: “Ya recordé nombres; ya recordé investi- gaciones de detenciones que hizo princi- palmente el Ejército, casos de homicidios relacionados con esa célula criminal”. La entrevistada envió a Proceso un do- cumento con una lista de casos que con- sidera más “relevantes”: los homicidios múltiples como el de los jóvenes de Villas de Salvárcar y los de los centros de rehabi- litación El Aliviane y Anexo de Vida. Ahí se indica que de los 173 individuos rela- cionados con la delincuencia organizada y los 211 detenidos por secuestro, 96% es- taban relacionados con el cártel de Juárez. Detalla también varios homicidios: el de Ernesto Rascón Mayers, el 8 de di- ciembre de 2008; el del poblado de Cre- el, Chihuahua; el del líder mormón Benja- mín Lebarón; el del Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Pedro Aragonez; el del periodista de El Diario de Juárez Ar- mando Rodríguez y el de Miguel Etzel Maldonado. También menciona el homi- cidio en grado tentativa de Julio Porras Chávez y el de Enrique Perea Quintanilla, así como el del detenido Crispín Borunda. En lo relativo a los feminicidios, Patri- cia González señala que está plenamente demostrado en las averiguaciones previas que hay 222 sentenciados, 46 detenidos a los que se les dictó ya auto de formal pri- sión, 17 sentenciados en el tribunal de me- nores y 24 casos de homicidio/suicidio. Dice que 93% de esos homicidios fue- ron producto de la violencia doméstica o de género. Por lo tanto, señala, las expre- siones del video que apareció en youtu- be.com en torno a los feminicidios refle- ja un “desconocimiento” total del tema y una “falacia”. Además, comenta que demandará al exalcalde juarense José Reyes Ferriz por daño moral y adelanta que expondría su caso ante organismos internacionales co- mo la Organización Mundial contra la Tor- tura, la Comisión Interamericana de Dere- chos Humanos y Amnistía Internacional. Patricia González afirma que, aun cuando cuenta con el apoyo del goberna- dor César Duarte, desconfía de la mayor parte de los empleados de la procuradu- ría estatal. “Sé que cualquier solicitud de información que haga la van a filtrar a los cárteles”, comenta a la reportera. Proceso solicitó entrevistas a Duarte, a Reyes Ferriz y a Reyes Baeza. Los tres se negaron a concederlas. El miércoles 27, durante la entrevista con Joaquín López Dóriga en su noticiario de Radio Fórmu- la, la exprocuradora afirmó: “Tengo 31 años de experiencia en el tra- bajo de procuración y administración de la justicia y en estos seis años me tocó lidiar con policías que di de baja. Me tocó enfrentarlos y confrontarlos. Si el gobernador (Duarte) no está de acuerdo, lo siento, pero es una hipóte- sis que tendrá que investigarse.” Al día siguiente, Proceso volvió a con- sultar a la exfuncionaria y ella envió un do- cumento en el que reflexiona sobre su que- hacer público: “Cuando fui procuradora promoví reformas que trastocaron los inte- reses económicos tanto del crimen organiza- do como de los funcionarios públicos que se habían asociado con éste. La forma en que las reformas afectaron a policías y otros fun- cionarios fueron muchas. Por ejemplo, per- dieron su trabajo cerca de 350 funcionarios que considerábamos cuestionables en térmi- nos de capacidad y honestidad… “Me duele en el alma que delincuen- tes usen a mi hermano para castigarme por mi desempeño como servidora pú- blica. Asumo los costos. Lo lamento, me duele, me duele muchísimo pero no me arrepiento…” 16 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  14. 14. 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 17 “L os efectos de la lucha poli- ciaca contra el narcotráfico, cuerpo a cuerpo, son muy limitados. Por más que se aprehenda a los jefes de los cárteles la pregunta obliga- da es: ‘¿Y su dinero? ¿Dónde están esas ganancias?’ No tenemos un instrumento jurídico que nos permita dar esa lucha”, advierte el senador panista Santiago Cre- el, quien subraya que ni siquiera 1% de las ganancias anuales derivadas del cri- men organizado –alrededor de 25 mil mi- llones de dólares– ha sido confiscado por las autoridades. JENARO VILLAMIL NARCOTRÁFICO La guerra antinarco, Hasta ahora las acciones para acabar con el narcotrá- fico han sido infructuosas pues no se enfrenta el pro- blema desde su raíz y se aborda sólo la lucha armada contra los sicarios, lo que ha derivado en los 28 mil muertos por esa la guerra de este sexenio. Así lo consi- dera el senador Santiago Creel, quien está convencido de que al crimen organizado sólo podrá derrotársele si se ataca su dinero. En entrevista con Proceso habla de su iniciativa de ley que, afirma, es “más completa y co- ordinada” que la presentada por Calderón en agosto… inútilsi no ataca el lavado de dinero JuanCarlosCruz
  15. 15. 18 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 En entrevista con Proceso el exsecreta- rio de Gobernación abunda sobre los deta- lles de su iniciativa de Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento B RUSELAS.- Tan sólo por el trasiego de cocaína en México y Centroamérica, los beneficios de los cárteles mexi- canos de las drogas ascendieron a 6 mil millones de dólares en 2008, afirma un amplio reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Orga- nizado (UNODC, por sus siglas en inglés). Dicho estudio sirvió como referencia a las discusiones de la Conferencia de los Estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen- cia Organizada Trasnacional, que tuvo lu- gar en Viena, Austria, del 18 al 22 de octu- bre de este año. México forma parte de esa Convención. De acuerdo con el reporte de la UNODC, de 314 páginas y publicado el pasado 17 de junio, los cárteles mexicanos de la droga constituyen la “principal amenaza” del “cri- men organizado trasnacional” en la región, y han alcanzado tal poderío que ya disponen del armamento, los recursos económicos y los elementos necesarios para “desafiar” la estabilidad del Estado mexicano. Peor aún, la amenaza tiende a “incre- mentarse”, advierte el documento titulado La globalización del crimen: una evaluación so- bre la amenaza del crimen organizado trasna- cional, elaborado por la Sección de Estudios y Análisis de Amenazas de la UNODC, a peti- ción de sus Estados miembros. Los análisis contenidos en ese repor- te se basan sobre todo en las informacio- nes que proporcionaron los gobiernos, pero también colaboraron agencias internaciona- les como Interpol o el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI, por sus si- glas en inglés), con sede en Estocolmo.  En su apartado Regiones bajo tensión: MARCO APPEL Riesgode desestabilización cuando el crimen organizado trasnacional amenaza la gobernabilidad y la estabilidad, el reporte señala que la extrema violencia generada en México por el narcotráfico ha atraído la atención internacional, ya que, refiere, el país podría estar siendo “severa- mente desestabilizado”. Como el principal negocio de los cárteles mexicanos, ubica el tráfico de cocaína, cuyo origen, explica, son los países andinos y cuyo destino es principalmente Estados Unidos. No obstante, enfatiza que desde los años 80 del siglo pasado la demanda de co- caína ha bajado en Estados Unidos, y que en los últimos años esa disminución ha sido notable mientras que, en la última década, su consumo se ha disparado en Europa. La cocaína –recuerda el documen- to– es transportada desde Colombia a México o a Centroamérica por vía marí- tima, de lo que se ocupan narcotrafican- tes colombianos; los mexicanos se encar- gan después de llevar la droga por tierra hacia Estados Unidos y Canadá. Asegura que el 90% de la cocaína que consume Estados Unidos ingresa por su frontera terrestre con México. Mientras que el 70% de esa droga es trasladada desde Colombia a través del océano Pacífico, el 20% pasa por el Atlántico y el restante 10% llega de Venezuela y de países del Caribe. Y expone: “Se necesitan 196 toneladas de cocaína para satisfacer la demanda de Estados Unidos, un flujo valuado en 38 mil millones de dólares en 2008, aunque esta al Terrorismo presentada el martes 26 en el Senado y que “complementa” la propuesta de Felipe Calderón, en el mismo sentido, enviada al Congreso a finales de agosto. Creel considera que el combate actual al narcotráfico, que privilegia la acción policiaca y militar, debe continuar pero advierte que “si no se ataca el motor, el corazón del crimen organizado que son las utilidades, el dinero, la lucha tendrá irre- mediablemente efectos limitados”. –La violencia en todo el país se incre- menta. ¿Esta escalada se relaciona con el mayor volumen de ganancias? –se le plantea. –La violencia es directamente propor- cional a las utilidades del negocio. A ma- yores utilidades, mayor violencia. Entre más rentable sea el negocio, más riesgos está decidido a asumir el criminal. Eso ya lo estamos viendo en la lucha por el con- trol de territorios que observamos en el país. Tiene que ver con el dinero. Por tan- to, ¿qué estamos haciendo para disminuir las ganancias y capturar el dinero? Abso- lutamente nada o muy poco. –¿Su iniciativa lleva implícito un replan- teamiento de la lucha contra el narcotráfico? –Sí porque se abre una nueva avenida que no hemos explorado. Si a un cártel se le ataca por donde más le duele y no cuenta con dinero para comprar armas y precursores químicos, ya no puede des- plegar su fuerza por carecer de recursos. Se ve imposibilitado para cooptar a las autoridades, a los policías, a los partidos políticos. Con esta ley la lucha en la calle será muy distinta. La iniciativa advierte que de 2000 a la fecha el gobierno mexicano ha incumpli- do 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacio- nal (GAFI), organismo creado por el G-8 –el de las naciones más desarrolladas– para combatir el lavado de dinero. Entre esas recomendaciones el GAFI ha criti- cado la dispersión de las leyes mexicanas en la materia, ya que existen 11 que han sido inoperantes. “Las leyes (mexicanas) que pe- nalizan el lavado de dinero y el finan- ciamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significa- tivamente su aplicación”, advierte una de las recomendaciones. En otra recomendación el GAFI ad- vierte que el gobierno mexicano no ha realizado “ninguna revisión a las entida- GermánCanseco Creel. Iniciativa “complementaria”
  16. 16. 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 19 NARCOTRÁFICO des y organizaciones sin fines de lucro, así como para apoyar la adopción de medidas para impedir el uso ilegal de las personas morales en relación con el lavado de dine- ro y el financiamiento al terrorismo”. El legislador reconoce que una de las fuentes que inspiraron su iniciativa contra el lavado de dinero son las recomendacio- nes del GAFI, pero también las experien- cias de España y Colombia, así como la situación prevaleciente en México. Y aporta un dato: la Unidad de Inte- ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, creada el 7 de mayo de 2004 para combatir el blanqueo de capitales, tiene un presupuesto anual de apenas 48 millones de pesos y muy poco personal. Desde hace dos años la mayoría de las ins- tituciones financieras no recibe la emisión de criterios para combatir el lavado. En contraste, Creel calcula que la ren- tabilidad del negocio de la droga es de 15 mil a 35 mil millones de dólares anuales. “Pongamos una media de 25 mil millo- nes de dólares. Si lo que se captura al año son 400 millones de dólares, no estamos ni al 1%”, resume. –¿Qué resistencias ha encontrado al presentar una iniciativa de este tipo? –Todavía no las observo porque aca- bo de presentarla. Estoy consciente de que habrá resistencias. Pero si queremos seguir igual, bueno, dejemos las cosas co- mo están, no nombremos a los legislado- res como personas políticas expuestas al narcotráfico, dejemos a un lado el sistema financiero del país. “El ai se va mexicano en todo es- to sería veneno puro. Vamos a tener que combatir una enfermedad imposible de curar. Además ya vamos muy retrasados en la materia. Llevamos mucho tiempo sin cumplir las recomendaciones del GAFI”. Partidos, iglesias, sindicatos La iniciativa de Creel, integrada por más de 100 artículos, no se limita sólo al sis- tema financiero y económico tradicional. El senador argumenta que incluyó el lla- mado “sistema de negocio ampliado”, que abarca casas de juegos y apuestas, sorteos, casas de empeño, instituciones altruistas, partidos políticos, asociaciones religio- sas, agrupaciones gremiales y sindicales, organismos campesinos, arrendadoras, compañías inmobiliarias, constructoras y empresas de autotransporte. cifra no se distribuye de forma pareja. “Los cultivadores de coca de tres paí- ses andinos ganaron unos mil 100 millones de dólares ese año. Las sumas generadas en los países andinos mediante las activida- des de procesamiento y tráfico de cocaína destinada a los países de América del Norte ascendieron a 400 millones de dólares.” Prosigue el informe: “Los ingresos brutos totales obtenidos por las personas que importaron cocaína a México se estiman en unos 2 mil 400 millo- nes de dólares (excluyendo los gastos de en- vío), en tanto que los cárteles mexicanos ob- tuvieron 2 mil 900 millones de dólares ese año únicamente por el transporte de cocaína a través de la fronteras con Estados Unidos.”  La UNODC plantea asimismo que, “no obstante, los mayores beneficios fue- ron los generados dentro de Estados Uni- dos, que ascendieron a 29 mil 500 millo- nes de dólares entre el nivel mayorista y los consumidores estadunidenses”. La diversificación La UNODC advierte que los traficantes de cocaína mexicanos se están configu- rando como “grupos multi-crímenes”, los cuales han desarrollado tal grado de complejidad financiera que son capaces de desplazar sus “inversiones” de las zo- nas donde decae el comercio de cocaína hacia otras que mantienen la rentabilidad. Indica el reporte: “Desde hace mucho tiempo, el territorio de México ha servido a los narcotraficantes como conducto pa- ra la cocaína destinada a Estados Unidos, pero los cárteles mexicanos le han progre- sivamente arrancado el control de este flu- jo a los abastecedores colombianos. Ac- tualmente, unas 180 toneladas de cocaína –que generan alrededor de 6 mil millones de dólares en la región– transitan por Cen- troamérica y México cada año”.  A partir de 2006, expone el estudio, tuvo lugar una repentina caída del consu- mo en Estados Unidos debido a una baja del aprovisionamiento. Ello derivó en una reducción de los mercados de esa droga y en una intensificación de la competen- cia entre bandas del narcotráfico, que las obligó a diversificar sus operaciones. El informe de la UNODC asevera que “la riqueza asociada al tráfico de cocaína ha creado amplios y poderosos grupos del cri- men organizado” en México, y subraya que los cárteles mexicanos “controlan elementos y armas suficientes para desafiar al Estado: cuentan incluso con acceso a armamento militar y explosivos. Además poseen los fon- dos necesarios para sembrar la corrupción de modo generalizado y al más alto nivel”. Debido a una considerable baja en el comercio de cocaína, tales organizacio- nes comenzaron a diversificar sus ope- raciones con el tráfico de migrantes, el secuestro y la extorsión, aunque estos crímenes, recuerda, “ya existían en Méxi- co previamente”.
  17. 17. 20 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 Sólo en la enumeración de los sujetos obligados del sistema financiero, la ini- ciativa prevé los siguientes: instituciones de banca múltiple, instituciones de ban- ca de desarrollo, asesores de inversión, almacenes generales de depósito, arren- dadoras financieras, casas de cambio, fondos de aseguramiento, empresas de factoraje, uniones de crédito, transmiso- res de dinero, administradores de tarjetas de crédito o servicios, centros cambiarios, casas de bolsa, cooperativas y sociedades financieras, entre otras. En el caso de los “nuevos sujetos obli- gados” la iniciativa incluye a “las personas que se dediquen a las actividades de pro- moción, agencia, desarrollo, construcción, compraventa, comodato, arrendamiento, inversión, comisión, administración, in- termediación o cesión de derechos en el sector inmobiliario; a los prestadores de servicios profesionales independientes; a los fedatarios y notarios públicos; a quie- nes se dediquen a la fabricación o venta de metales, piedras preciosas, joyas, obras de arte o antigüedades y a las personas dedi- cadas a la transportación aérea, marítima o terrestre de bienes y personas”. Creel admite que desatará polémica la inclusión de partidos políticos, agrupa- ciones religiosas y organismos sindicales como nuevos “sujetos obligados” a rendir cuentas frente a las sospechas de “lavado de dinero”. “Hay altísimas sospechas de que exis- ten templos que se han financiado con re- cursos de procedencia ilícita”, advierte el excoordinador de la bancada del PAN en el Senado y puntualiza: “De varias deno- minaciones religiosas, no sólo de una”. Por lo que toca a las campañas electo- rales y los partidos políticos, argumenta: “Si estamos viendo que partidos, candida- tos y campañas están teniendo problemas por los altos riesgos de que sean interve- nidos por narcodinero, hay que incluirlos. Lo mismo ocurre con los organismos gre- miales del país. Una cosa es su autonomía; y otra, de dónde vienen sus recursos y a dónde van a parar. Igual sucede con las centrales campesinas”. El tercer bloque de sujetos a investigar tiene que ver con la economía informal, que constituye 50% de las actividades económicas del país a través del pago en efectivo, sin comprobante. La iniciativa propone que todas aque- llas operaciones de más de 2 mil 500 salarios mínimos (150 mil pesos, en pro- medio) deberán realizarse mediante ope- raciones bancarias. Creel ejemplifica: “No se van a poder comprar coches o casas en efectivo. Que- da claro que ningún vehículo nuevo o bien inmobiliario vale menos de 150 mil pesos. Hay cierto tipo de operaciones que irre- mediablemente se van a ‘bancarizar’. No se trata de poner un manto de sospecha a toda la economía, a todos los agentes de negocios, pero sí de que todos cumplan las mismas reglas”. –¿En términos de costo-beneficio se ha hecho un cálculo de lo que costará vigilar todas estas actividades, en com- paración con movilizar al Ejército y a las policías? –se le pregunta. –La Unión de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda gasta al año 48 millones de pesos. Por supuesto, esta cantidad tiene que multiplicarse. Si ha- blamos de un negocio que gana miles de millones de dólares, vale la pena que el Estado invierta un poco más. “Mi idea no queda ahí. Consiste en utilizar los recursos capturados para in- vertirlos en inteligencia, en equipamiento. Claro que van a sobrar porque estamos ha- blando de mucho dinero. Los 35 mil mi- llones de dólares de ganancias anuales del lavado son para armar a un ejército que no necesitamos. “Por ejemplo, hoy en día les pagamos a las policías municipales 4 mil pesos mensuales y a otros superiores, 10 mil pesos. ¿No podríamos establecer un sis- tema de bonos de desempeño para que a quien capture un patrimonio importante o haga una aprehensión estratégica se le re- conozca en su propio salario, para buenas prestaciones sociales, para invertir en su capacitación en el país y en el extranjero?” –¿Disminuiría la violencia con una ley de este tipo? –Estoy convencido de que en el media- no plazo, cuando los mecanismos empie- cen a entrar en vigor, tendrá que disminuir el poder del crimen organizado. –¿Cuál sería la ruta legislativa? –Ya podemos empezar el proceso de dictaminación con las dos iniciativas presentadas por el presidente y los sena- dores perredistas René Arce y Minerva Hernández. La iniciativa que planteo es complementaria de las precedentes. Creo que vamos a poder trabajar muy bien. Considero que la mía cubre algunos as- pectos como la regulación del sistema financiero, que no está en ninguna de las otras dos. Los riesgos, los muertos A diferencia de las otras dos iniciativas, en esta nueva propuesta se crea el Comi- té Técnico Interinstitucional, nuevo orga- nismo colegiado en el que participará el titular de la Unidad de Inteligencia Finan- ciera de la Secretaría de Hacienda más re- presentantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Banco de México. Creel admite que la falta de coordina- ción institucional es un gran problema. Debe establecerse en qué momento inter- vendrá el Ministerio Público ya que “la Secretaría de Hacienda no tiene facultades para detener, no es una policía; por eso ha- ce falta un mecanismo de coordinación e inteligencia”. –¿Se incorporará a elementos de inte- ligencia de las Fuerzas Armadas? JuanCarlosCruz Decomiso en Culiacán
  18. 18. 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 21 NARCOTRÁFICO –Los pueden invitar. Se puede con- vocar a cualquiera. Este comité ya le da un carácter distinto porque va a recibir toda la información y reportes del siste- ma financiero. “Va a existir un registro único que va a ser personal para cada actor económico relevante en el país. Contendrá su decla- ración patrimonial, sus declaraciones fis- cales, todo el flujo de información de los registros públicos de propiedad y de co- mercio y también va a capturar informa- ción que aparezca en medios.” Y ejemplifica: “Si a un servidor públi- co se le ve en un Ferrari en una fotografía de prensa, el sistema debe detectar que el Ferrari no corresponde con su declaración patrimonial. Se prenden los focos rojos. “Sé que esto va a molestar, va a pisar ca- llos, pero tenemos que hablar con el ejem- plo. Por cierto, prevenir el lavado de dinero también es un mecanismo de combate a la corrupción. No todo el lavado de dinero ocu- rre por la vía del crimen organizado, una parte muy importante se da por corrupción. Esta ley, sin querer queriendo, o más bien queriendo, va a ser un instrumento para combatir la corrupción porque pone una lu- pa sobre todos los servidores públicos”. –¿Qué tal si el poder de corrupción llega a este Comité Técnico Interdisciplinario? –Hay una cláusula para que, al azar, se les hagan exámenes de confianza a todos los integrantes. Además el comité sirve para entregar toda la información jurídica disponible. –¿Esta figura existe en otros países o es una propuesta de acuerdo con lo que ha observado en el gobierno? –Es un mecanismo muy hecho a la medida del sistema mexicano, pero en España y en Colombia hay una disposi- ción de la comisión. Esto también forma parte de mi experiencia: las instituciones no se coordinan. La Secretaría de Ha- cienda no tiene una función policiaca, tampoco las aduanas. Tenemos que refor- zar a la Secretaría de Hacienda para que pueda cumplir con su responsabilidad. –¿El PRI apoyará la iniciativa? –Todavía no me lo han dicho. –¿No existe el riesgo de que la iniciati- va se negocie y quede en parches? –Sí, hay muchos riesgos. Pero yo digo: tenemos muchos municipios con altísima presencia del crimen organiza- do, casi 400; hay 28 mil muertos y una situación que se viene deteriorando. O acompañamos esta estrategia con accio- nes para combatir el dinero sucio o no lograremos nada. “Por cierto, tenemos que hacer el acompañamiento internacional. Si Es- tados Unidos no reconoce su responsa- bilidad y lo mismo los países andinos, creo que el problema va a ser más complejo y difícil. El mercado ameri- cano sigue creciendo y la producción en los países andinos viene aumentan- do año con año. En la medida que la producción de coca no se disminuya y el consumo no baje vamos a estar en una situación muy difícil. Estamos en medio de un problema por el altísimo nivel de ganancia de la hoja de coca.” Y otro de los datos con que se ilustra en la iniciativa el nivel de ganancias es bastante revelador: un kilo de pasta de co- ca en Colombia vale 950 dólares; al con- vertirse en cocaína su valor asciende a 2 mil 340 dólares. Al llegar a alguna ciudad mexicana de la frontera, ese mismo kilo vale 12 mil 500 dólares. En cuanto cruza la frontera vale 26 mil 500 dólares. Una vez que se divide en gramos o líneas, en las calles de Estados Unidos un kilo as- ciende a 180 mil dólares.
  19. 19. Los “narcos” pobres MARCELA TURATI C HILPANCINGO, GRO.- Flo- rencia Morales Dircio no se parece a La Reina del Pacífi- co. A ella no la detuvieron en una residencia ni le confisca- ron relojes finos, aunque tam- bién se encuentra en la cárcel acusada por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. A esta joven indígena que mira al piso cuando habla, unos ju- diciales federales la sacaron del jacal de su suegro, le quitaron al hijo que llevaba en brazos, la acusaron de estar “cerca” de semillas de amapola y greñas de ma- riguana, y por tal delito un juez la con- denó a cinco años y tres meses de cárcel. Su caso engrosa la publicitada ci- fra de 82 mil detenidos en lo que va del sexenio por delitos relacionados con el narcotráfico, pero el delito de Floren- cia, si acaso, es ser indígena, analfabeta, mascar mal el español y carecer de dine- ro para contratar un abogado. Aunque al ser encarcelada era me- nor de edad, tenía un hijo lactante, es- taba embarazada y no hubo pruebas en su contra, le fijaron la pena máxima pa- ra los campesinos “de escasa instrucción y extrema necesidad económica” dedi- cados a la siembra, cultivo o cosecha de mariguana, amapola, hongos alucinó- genos, peyote “o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares”. Marcela Turatti Plantío de amapola
  20. 20. En el país existen 477 indígenas ence- rrados bajo la acusación de haber come- tido uno o varios delitos contra la salud. Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27, cuatro son mujeres. La descripción del operativo de captu- ra de Florencia, plasmada en el expediente 06/2008, ilustra su estilo de vida: “Teniendo acceso por la puerta de ma- dera sin pintar, se observó un altar con imágenes religiosas y, a un costado, elo- tes amontonados en el suelo, así como tres botes metálicos. Se encontró sobre el sue- lo una yerba verde y seca en greña, así co- mo envolturas color azul con un atado con las características propias al parecer de la mariguana y un pañuelo color rosa conte- niendo al parecer semillas de amapola (…) se observó una cocina donde se observan un molino, una mesa de madera, una ha- maca y un comal donde no se localizó de- lito alguno (…) es una casa de construc- ción de adobe con techo de teja y lámina y mide aproximadamente 10 metros de lar- go y seis de ancho.” En el legajo se indica que en enero de 2008, cuando fue aprehendida en la co- munidad de Oxtotitlán, municipio de Jo- sé Joaquín de Herrera, Florencia tenía 16 años. El comandante al mando de la mi- sión era Benjamín Catalán Nava, de la Agencia Federal de Investigación, quien señala que acudieron al jacal por una de- nuncia anónima y al llegar descubrieron a Faustino García, esposo de Florencia, y al padre de éste, Vicente Hermenegildo Gar- cía, regando el jardín de la casa. “Ante ello, el personal se traslada al patio y, a tres o cuatro metros, observan diversas plantas conformadas por tallos y bulbas con características de amapola en una superficie de 100 metros cuadrados, con 10 plantas por metro cuadrado”, de- clara Catalán en su reporte. De la culpabilidad de los varones, o de su paradero, nada dice el expediente por- que ellos nunca pisaron la cárcel. Floren- cia afirma que eso se debe a que ni su ma- rido ni su suegro estaban en el lugar. “Ese día iba yo a visitar a mi suegro y vi que cerquita iban como tipos arma- dos, así como civiles; nomás estaba la ca- sa sola y ellos empezaron a entrar, pues, a revisar, y me pregunta: ‘¿Aquí vive tu suegro?, venimos este orden de cateo’. Le digo: ‘yo no sé nada’. Quieren traerme, no quería venirme, tenía yo cargando mi ni- ño, me lo quitaron y se lo dieron a una se- ñora; una mujer judicial hasta me arrem- pujaba. ‘Aquí vas a caminar, así te va a ir en Chilpo’. Le digo: ‘¿Qué delito, ten- go problemas? Enséñeme mi nombre si de veras viene’.Y me trajeron”, explica la jo- ven nahua a Proceso. El magistrado del Primer Tribunal Unitario, José Luis Arroyo, quien firmó el expediente, sólo dio validez a la palabra de los agentes de la AFI. Desechó las decla- raciones de Florencia y de los dos testigos que juraron que ni siquiera era suya la ca- sa donde supuestamente encontraron los estupefacientes. Tampoco le valió el tes- timonio del agente de Bienes Ejidales de su verdadera comunidad, Ajacayan Orien- te, a media hora de Oxtotitlán, que la des- cribió como persona intachable; ni el de la vecina presente en la detención que decla- ró que en el operativo no encontraron dro- ga. A Florencia también le sorprendieron los cargos. El magistrado Arroyo, sin em- bargo, consideró que los testigos fueron aleccionados para beneficiarla. “Tales probanzas no son suficientes, ya que aun cuando refieren que Florencia no vivía en el lugar, no justificaron su pre- sencia en el mismo (…), y la testigo Ma- riana Felipe, que señala que vio todo por- que estaba llenando su tanque y andaba un señor repartiendo agua, es una manera va- ga y superficial de intentar beneficiar al procesado”, argumentó. Bajo la premisa de que los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el mismo juez señaló que Flo- rencia no presentó pruebas para sustentar su inocencia y que, aunque la casa denun- ciada no es suya, estuvo cerca de la droga: 430 gramos de mariguana y dos kilos de semillas de amapola. “A pesar de que admitió que tuvo den- tro de su radio de acción y ámbito de dispo- nibilidad los estupefacientes y precisó que son de sus suegros –asentó el juez–; sin em- bargo esa manifestación por sí sola no tie- ne alcance de invalidar el conocimiento de elementos; se trata de una simple negati- va de su participación en los hechos, pero no corroborada con prueba alguna. Admi- tir como válida tal manifestación sería tanto como destruir todo el mecanismo de prue- ba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier inculpado, ya que toda una cade- na de presunciones se volvería ineficaz por la sola manifestación de los procesados, si- tuación que es jurídicamente inadmisible.” El día de la visita de esta reporte- ra al penal, Florencia dejó al hijo, que la acompaña, a cargo de otra interna que es madre, con la que comparte un cuarto de madera en el patio. Llegó a la Dirección con su cara de niña asustada, se instaló retorciéndose como lombriz en la silla, penosa, intentando zafarse de la entrevis- ta con el argumento de que no entiende español, aunque con dos años y medio de encierro lo ha aprendido bien. Cuando entró en confianza, lamentó que su esposo no tiene dinero para visitar- la y que de tanto tiempo de separación su hijo mayor, el chiquillo que tenía un año y que cargaba el día que la detuvieron, ya no la reconoce. “Tenía mi hijo que lo cuida mi suegra; me lo trajeron a los ocho meses después; orita ya no me conoce como mamá; sí me dice ‘mamá’, pero casi no. No hay mane- ra que vengan a verme. Para donde yo vi- vo está lejos y el pasaje sale mucho di- nero. Mi otro hijo ya nació aquí, aquí lo tengo, tiene un año con seis meses. Cuan- do vienen les digo: ‘Yo estoy aquí, ustedes allá, pero algún día voy a juntar mis hiji- tos que no se conoce como hermanos’. A veces me dicen que viene licenciado, pero yo les digo: ‘Ustedes son licenciado, sáca- me y ahí afuera voy a conseguir prestado, los voy a pagar’, pero me dicen: ‘Ya te fal- ta poquito ahí, aguanta’.” Los presuntos culpables Datos del Colectivo por una Política In- tegral Hacia las Drogas (Cupihd) señalan que México ocupa el quinto lugar entre los países con más gente encarcelada, con En su desesperación por allegarse cifras que de- muestren que su guerra contra el narcotráfico tie- ne sentido, Felipe Calderón presume que su go- bierno ha detenido a 82 mil presuntos narcos. Lo que no dice es que un alto número de ellos son campesinos o indígenas azotados por la miseria, semianalfabetos que fueron injustificada y arbi- trariamente involucrados, por ejemplo, en el culti- vo de enervantes. NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 23
  21. 21. 225 mil reos. Una cuarta parte de ellos fueron condenados por delitos federales, principalmente tráfico de drogas. “No consideramos válida la varia- ble de número de detenidos como mues- tra del buen resultado de la estrategia (gu- bernamental antidrogas); la consideramos detestable y deleznable porque a muchos de éstos ni siquiera se les inicia averigua- ción previa debido a que hay mal trabajo de integración judicial, y los que llegan a la cárcel son los eslabones más débiles, que no pueden contratar abogados para defen- derse o que a veces se quedan inocentes. Porque también pasa que primero agarran a gente y luego averiguan quiénes sí esta- ban involucrados y quiénes no”, dice Car- los Zamudio, investigador de Cupihd. La exdiputada Elsa Conde, activista por la legalización de la mariguana e in- tegrante del colectivo, señala que del total de los detenidos en la “guerra contra las drogas” sólo el 0.5% son capos; el resto, infantería, y la mayoría, pobres. Por su parte,Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachino- llan de La Montaña, ubicado en la región más pobre del país y primera en cultivo de amapola, critica la estrategia gubernamen- tal antidrogas porque se basa en castigar a los campesinos y no se ocupa de las cau- sas que obligan a los pobres a cambiar su milpa por cultivo de “maíz-bola” (como se conoce a la amapola). “Acá mandan al Ejército como si hu- biera grandes delincuentes, en vez de en- viar proyectos para que la gente siembre maíz, estudie, tenga comida. Esa política ve a los pobres como delincuentes, pero la gente se ve obligada a sembrar, no porque quiera, sino porque tiene hambre. De esos llenan las cárceles”, manifiesta el antropó- logo Barrera. Según el titular de la Comisión Nacio- nal para el Desarrollo de los Pueblos Indí- genas, Xavier Abreu, en México unos 50 mil indígenas de 60 comunidades se de- dican a la siembra de drogas; sin embar- go, nunca ha querido aclarar en qué repor- te funda su cálculo ni en qué lugares viven dichos indígenas. En la cárcel de Chilpancingo hay otro joven nahua, Gumersindo Primitivo, quien dice que a él y a seis vecinos los acusa- ron de tráfico de drogas porque un cacique quería quedarse con sus tierras. “Nosdetuvieron,nospusierongomaque no era de nosotros, nos dieron sentencia de cinco años y 100 días sin tener ni una cul- pa. Hemos presentado las pruebas, presen- tamos testigos, trajimos constancia de buena conducta, pero no pasó nada. El terreno que estábamos defendiendo se lo quedó el señor que nos acusó”, explica a Proceso. Asimismo, Alfonsa Juárez Barrera, una indígena jornalera de 29 años, fue en- carcelada a su regreso de las pizcas de Si- naloa. Había conseguido trabajo de lim- pieza en una casa donde la enviaron a llevar un encargo. En el camino la detu- vieron los soldados, y cuando la revisaron se enteró de que el paquete contenía ‘go- ma’, el líquido cristalizado de la amapola. La sentenciaron a 10 años de cárcel. Explica: “La señora de Tlapa me di- ce: ‘Te voy a dar mi encargo, no lo abras’. Me mandó a dejar unas cosas en Chilapa. Pasé donde los guachos, y cuando dicen los guachos que me pare, lo abrieron, y así pues dicen: ‘tú vas a ir a la cárcel’”. Ella también es madre. Sus hijos tie- nen siete y 11 años. “Nadie me cuida a mis hijos; se van a meter a otra casa ajena. Están tristes. Yo también, porque me están dejando la cul- pa; a la señora que me mandó ya la mata- ron”, dice. Según el visitador adjunto de la Comi- sión Estatal de Derechos Humanos, Juan Silva Santana, en los juicios de los indí- genas acusados por delitos contra la salud las declaraciones de los acusados se con- traponen a las que hacen las autoridades. “Ellos niegan siempre esos delitos. Comúnmente dicen que la droga se la sembraron, pero las autoridades afirman que sí los detuvieron con esa droga. Sólo algunos internos aceptan que los detuvie- ron en el sembradío, pero argumentan que lo hicieron por las necesidades económi- cas”, expresa el funcionario. Otro indígena encarcelado en Chilpan- cingo, el tlapaneco Victórico Castro Con- cepción, refiere que unos encapuchados armados le salieron al paso y le dijeron que llevara un paquete a otro paraje, pero en el camino miembros del Ejército revi- saron su automóvil y lo detuvieron. Su ex- pediente es el 102/2007. “Llevé a mi primo, que iba a traer a su esposa del hospital. Estuve sentado espe- rando, y que me fijo, y ahí están dos perso- nas en mi camioneta. Le abrieron el cofre, bajé, me estuvieron amenazando, querían la llave, sacaron un arma: ‘Tú vas a llevar un recado a Zapotitlán.Van a salir tres per- sonas vestidas de negro en el camino. Si no quieres, matamos a tu familia, tus hi- jos’. Me arranqué, bajé, estaban los solda- dos revisando los carros. Ahí me dijeron que llevaba goma.” Él era el sostén de ocho hijos que se vie- ron obligados a dejar la escuela y a quie- nes su esposa mantiene lavando ropa ajena. Victórico luce pelón, está enfermo, tiene un tumor en la cabeza cuyos dolores mitiga a base de aspirinas que a veces le dan en la enfermería. Está resignado a morir, pues no tiene dinero para pagar una operación. (En cuanto lo escucha, el visitador de derechos humanos le toma sus datos.) El tlapaneco lamenta: “Yo veo que so- mo indígena y la gente se aprovechan de uno, que nos viene a engañar.Aquí hay mu- cha gente mala. Estoy sentenciado. No es- toy de acuerdo. Veo que las personas que hacen los hechos no están aquí, y tú, la gen- te que no hizo nada, está pagando”. Marcela Turatti Florencia. Culpabilidad fabricada 24 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
  22. 22. En California las autoridades están haciendo cuentas de fantasía. Confían en que el próximo martes 2 la droga se legalizará en esa entidad estadunidense, lo que per- mitirá fumarla de manera recreativa y no sólo con fines terapéuticos. La administración californiana se frota las manos al calcular lo que recaudará vía impositiva. Pero ya hay algunos obstáculos a la vista: primero habrá un choque frontal con las leyes federales y, segundo, es probable que el mercado negro reduzca a cero la capta- ción de gravámenes por el comercio de la yerba. la mariguana como industriaALEJANDRO MACIEL S AN DIEGO.- En California mu- chos aspiran a que la marigua- na sea legalizada el martes 2 de noviembre: los adictos, por- que podrán traer consigo hasta una onza (28 gramos) de la dro- ga sin ser molestados; la policía, porque ya no tendrá que arrestar a consumidores por un delito menor –lo es la posesión pa- ra disfrute personal; el uso medicinal de la planta está permitido– y los políticos por- que avizoran la solución a los problemas financieros del estado. California: Jesús Esquivel NARCOTRÁFICO 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 25
  23. 23. El Acta de Regulación, Control e Im- puestos de la Mariguana (conocida como Propuesta 19) se abrió camino hasta las ur- nas luego de que sus impulsores reunieron más de 1 millón de firmas para que se co- locara en la boleta de las elecciones inter- medias que se efectuarán este martes 2. Entre otras medidas, el acta propone que el estado regule la venta de marigua- na y aplique un impuesto de 50 dólares por onza, lo que podría significar unos mil 400 millones de dólares anuales, según cálcu- los de los promotores de la iniciativa; sin embargo, un reporte elaborado en 2007 por el Departamento de Salud de Califor- nia dice que 1 millón 950 mil california- nos consumen al año 16 millones de onzas (unas 450 toneladas) de mariguana, lo que no podría generar esa cantidad de dinero. “La propuesta busca crear una estruc- tura regulatoria similar a la que se usa pa- ra la venta del alcohol”, dice a Proceso Eugene Davidovich, de la organización Americans for Safe Access (que pretende que la mariguana sea legal en todo el país) “La iniciativa establecería un impuesto a los adultos y prohibiría la venta a meno- res de 21 años”. Algunas ciudades ya han empezado a cobrar ese impuesto. En julio de 2009 Oakland aplicó un gravamen a la llama- da mariguana medicinal (la que se usa pa- ra fines terapéuticos) luego de que los vo- tantes aprobaran el impuesto a la venta de cannabis en los dispensarios, que pagan 18 dólares por cada mil de venta. Cultura verde A pesar del entusiasmo generado por la Propuesta 19, hace unas semanas el apoyo a la medida empezó a caer. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas realiza- da el pasado 3 de octubre reveló que 52% de los votantes favorecían la legalización, mientras 41% la rechazaba. Pero la en- cuesta del 20 de octubre –del mismo insti- tuto– arrojó que 49% de los californianos se oponía a la propuesta y sólo 44% la apoyaba. El mayor rechazo se manifestó en la comunidad latina: en septiembre pasado, 63% de los electores hispanos apoyaba la propuesta y ahora sólo 51% está a favor. Al margen de las encuestas la Propues- ta 19 ya genera más interés que la compe- tencia política entre la senadora Barbara Boxer y su oponente, la republicana Carly Fiorina. Incluso tiene más seguidores que las elecciones por la gubernatura estatal entre el demócrata Jerry Brown y la repu- blicana Meg Whitman. La cultura de la mariguana está muy extendida en California, donde hay dece- nas de revistas y hasta manuales electró- nicos con las más avanzadas técnicas de cultivo. La revista electrónica High Times, por ejemplo, puso a la venta el disco com- pacto Mariguana hidropónica para inte- riores y mariguana orgánica para cultivo exterior, de Jorge Cervantes, un reconoci- do experto en la materia. En San Francisco, los pasados 25 y 26 de septiembre tuvo lugar la Exposición In- ternacional de Cannabis de California. En la publicidad de esta feria semestral los organizadores destacaban que había más de 30 mil metros cuadrados para exhibi- ciones de todo lo relacionado con la ma- riguana: plantas, semillas, herramientas, recetas, pipas, y hasta un área especial destinada al consumo médico de la plan- ta. Los organizadores calculan que hubo más de 25 mil asistentes en los dos días de muestra. Tan abierto es todo lo relacionado con la mariguana que hasta los empresarios han empezado a organizarse para sacar prove- cho. En el condado de Humboldt la empre- sa llamadaAsociación de California está en busca de una licencia para convertirse en el primer comercializador industrial, con una red de más de mil agricultores, empacado- res y distribuidores de la planta. Los sindicatos no se quedan atrás. En marzo pasado, la agrupación sindical Unión de Trabajadores de Alimentos y Comercios (UFCW, por sus siglas en in- glés) empezó a representar a las 80 perso- nas que trabajan en Medi-Cone forjando cigarros de mariguana para uso medicinal. La fábrica, ubicada en el área de la bahía de San Francisco, es parte de una indus- tria, la de la mariguana medicinal, que sir- ve a más de 200 mil californianos –quie- nes tienen una tarjeta que los identifica como usuarios de la planta con fines te- rapéuticos– y que actualmente ya genera ventas por más de mil 300 millones de dó- lares anuales. Dan Rush, director de Operaciones Es- peciales de la Sección 5 del UFCW –que tiene 32 mil miembros en California y se especializa en la representación de traba- jadores de la industria del empaque y pro- cesamiento de alimentos–, afirma que ya han empezado a organizar a los trabajado- res, incluyendo a sembradores, recolecto- res, empleados de invernaderos, empaca- dores y técnicos de laboratorio. En entrevista con el periódico Sacra- mento Bee Rush indicó que su sindica- to está negociando los contratos para los trabajadores de esta industria. “Desde los sembradores hasta los científicos con una escala salarial de entre 25 y 50 dólares por hora y seguro médico. Ahora sólo repre- sentamos a unos cientos de trabajadores, pero es una industria que está creciendo”. También los Teamsters (el sindicato de transportistas) firmaron en septiembre un contrato para representar a los 40 trabaja- dores agrícolas de invernaderos de Marjyn Investments, empresa de Oakland que su- pervisa el cultivo y distribución de mari- guana para los dispensarios. Por su lado la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, con más de 700 mil afiliados, aunque no ha expresado su intención de representar a los trabajadores de este sector sí ha respaldado la Propues- ta 19 debido a “su enorme potencial de ge- nerar recursos a través de impuestos”, di- jo Mary Gutiérrez, su vocera en California en un comunicado de prensa del pasado 15 de agosto. Jeff Jones, uno de los promotores de la Propuesta 19 y fundador de la Cooperativa de Compradores de Cannabis de Oakland, dice a Proceso que la industria de la mari- guana con fines medicinales actualmente emplea a 10 mil personas en todo el esta- do. “De legalizarse el uso recreativo de la Juan Manuel Robledo Oro verde. Nueva industria 26 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

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