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BoletíN Informativo 25 Mayo 2009 Laboral Corporativo

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BoletíN Informativo 25 Mayo 2009 Laboral Corporativo

  1. 1. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS BOLETÍN INFORMATIVO SUMARIO 1. Normas Legales. 2. Noticias. 3. Artículos 4. Jurisprudencia 5. Entrevistas 6. Opiniones, etc… Lima, 25 de Mayo de 2009.
  2. 2. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS BOLETÍN INFORMATIVO 25 de Mayo de 2009 NORMAS LEGALES DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL LUNES 25 DE MAYO. Establecen requisitos zoosanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de equinos de origen y procedencia de EE.UU. (R.D. N° 028-2009-AG-SENASA- DSA) DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL DOMINGO 24 DE MAYO. No se han publicado Normas Legales de Interés. DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL SÁBADO 23 DE MAYO. Aprueban la Política Nacional del Ambiente. (D.S. N° 012-2009-MINAM) Aprueban Directiva “Procedimiento para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y Captura de Carbono”. (R.M. N° 104-2009- MINAM) Aprueban disposiciones para el acogimiento al Beneficio de Extinción de Infracción cometida por Despachadores de Aduana-Decreto Legislativo Nº 1053. (Res. N° 226- 2009/SUNAT) Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre melaza y bagazo de caña, diseño curricular de programas educativos, ingeniería de software y productos de cacao. (Res. N° 013-2009/CNB- INDECOPI) JUDICIALES Nada reseñable. NOTICIAS DIARIO LA REPÚBLICA www.larepública.pe FUSIONAR ORGANISMOS REGULADORES HARÁ MENOS EFICIENTE SU LABOR EX DIRECTOR DE OSIPTEL SOSTIENE ADEMÁS QUE PODRÍA GENERAR COPAMIENTO POLÍTICO. PROPUESTA NO ASEGURA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO. La propuesta de fusionar a los organismos reguladores (Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositran) en una sola institución significaría no solo un desempeño menos eficiente en cada sector, sino que impactaría en las nuevas inversiones que vengan al Perú, sostuvo José Távara, ex director de Osiptel y especialista en temas de regulación. “Puede significar un ahorro en términos de infraestructura, pero el perjuicio está en quién dirige el organismo, porque se requieren personas especializadas, en particular en instituciones como Osinergmin y Osiptel”, sostuvo. Asimismo, consideró que detrás de la propuesta hay un interés político, el cual podría degenerar en el copamiento de miembros del partido dentro de la institución. “Hay que tener mucho cuidado en este tipo de propuesta que a la larga afectan al usuario”, acotó.
  3. 3. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS 513 EMPRESAS VIOLARON DERECHOS LABORALES En el primer trimestre de este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) identificó 513 empresas que infringen diversos puntos de la vigente legislación laboral. ¿Los infractores? Según el titular de esta cartera, Jorge Villasante, “en los sectores de comercio, servicios y transportes existe un mayor incumplimiento de la legislación laboral y donde también se detectan los mayores porcentajes de informalidad”, indicó. Respecto a las faltas, estas fueron agrupadas por el MTPE según las afectaciones a las relaciones laborales como no registrar trabajadores en planilla (con 240 casos entre los que figuran la Asociación Peruana de Autores y Compositores de Arequipa y el Indecopi de Loreto). Otro tipo de faltas es obstaculizar la labor inspectora (con 202 casos, donde figuran la empresa Soyuz S.A. y el instituto Cesca). Del mismo modo, dentro del reporte se menciona el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (con 36 casos donde figuran Topy Top S.A. y la Municipalidad de Surquillo), no inscribir a los trabajadores en la seguridad social (24 empresas donde figura la empresa de transportes y turismo Jaén Express de San Martín), discriminación y prohibición de libertad sindical (donde se menciona a la empresa Lan Perú S.A.) y contratación de trabajo infantil. APLICACIÓN DE MULTAS Los mayores montos de multas acumuladas corresponden también con la mayor incidencia de las faltas. Así, la afectación a las relaciones laborales registran más de 1 millón 540 mil soles, obstruir la labor inspectiva, 1 millón 511 mil soles, y no cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo más de 329 mil nuevos soles. “Cada vez hay un mejor cumplimiento en el pago de multas. El 2008 cobramos 9 millones de soles y el 2007 poco menos de 8 millones. Pero nuestro interés principal no es multar ni cobrar, sino que las empresas respeten los derechos legales de los trabajadores, que entiendan que trabajadores con derechos hacen empresas productivas y que en planilla todos ganan”, manifestó el ministro de Trabajo, quien dijo además que este año se fiscalizará a dos mil empresas a nivel nacional. DIARIO EL COMERCIO www.elcomercio.com.pe LA BANCA NUESTRA DE CADA DÍA El sistema financiero peruano sigue siendo uno de los más concentrados de la región. Por estas mismas fechas el año pasado, entre el Banco de Crédito (BCP), el BBVA Banco Continental (BBVA) y el Scotiabank —los tres bancos más grandes del país— se concentraba más del 80% de las colocaciones y de los depósitos de todo el sistema. Y esa situación casi no ha cambiado. Como siempre, el grueso de los esfuerzos ha estado en ganar cada vez más clientes entre las personas, incrementando —de paso, es cierto— la bancarización a través de ofertas cada vez más agresivas de otorgamiento de crédito, que el año pasado creció a una tasa de 40%. Además, sin dejar de avanzar en el sentido descrito (que tiene un límite al que ya parece estar llegando), las miradas de la banca y las instituciones financieras empezaron a ponerse sobre las pequeñas, medianas y microempresas. Ello ha permitido que, por ejemplo, Mibanco, con una participación de mercado de menos de 5%, haya quedado en el sexto lugar de recordación total detrás del Banco de la Nación (BN) —al que todos recuerdan por obvios motivos— con un 25,3% del total de menciones. En séptimo lugar se ubica el transformado Banco del Trabajo (hoy financiera Crediscotia), con una fuerte presencia en el sector consumo, lo que probablemente explique mejor que, de acuerdo
  4. 4. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS siempre con el estudio de Arellano Marketing, el Scotiabank aparezca mencionado como el tercer banco (detrás del BCP y del BN) con el que las personas trabajan con mayor frecuencia o en el que tienen cuentas. Lo extraño radica justamente en que de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el BBVA es el segundo banco con más depositantes y colocaciones, con una ventaja importante sobre su competidor. Claro, la explicación podría estar, como afirman en el banco, que ahora entre la financiera y Scotiabank tienen más de 100 alianzas con tiendas minoristas, entre supermercados, ferreterías y farmacias, a través de las cuales otorgan créditos y expanden su marca y, siempre en conjunto, y según ellos, tienen la red de contacto directo con los clientes más grande del sistema con más de 1.000 puntos. Además, según la encuesta, son el segundo banco con el que las personas querrían trabajar si es que deciden formar parte del sistema financiero. Al respecto, fuentes del BBVA señalaron escuetamente que “las cifras oficiales de la SBS, que muestran el sólido segundo lugar que tiene el banco lejos de su seguidor más cercano, son sumamente coherentes y consistentes con los estudios permanentes que realizan prestigiosas empresas que analizan la evolución del sistema financiero peruano” y que “el banco seguirá fortaleciendo su posicionamiento con las diferentes estrategias comerciales trazadas”. Nada más. De otra parte, otros atributos que las personas buscan en un banco son orientación, velocidad y simpleza y, según el Scotiabank, ellos son “los más simpáticos de la fiesta”. Mientras tanto, el BCP y el BN mantienen sus posiciones con las redes de oficinas más numerosas del sistema. Además, el 50% de las personas que están en planilla recibe su sueldo en el BCP. Nada mal para empezar. VOLVERÁN LAS FERIAS AL PERÚ Atraída por la solidez macroeconómica del Perú, su crecimiento y su vinculación con el Brasil y la cuenca del Pacífico, la principal empresa organizadora de ferias de Colombia, el Caribe y Centroamérica, Corferias, abrió en nuestro país su primera filial en el exterior. Según el presidente de Corferias Bogotá, Andrés López, el Perú les resulta también interesante por su tradición de 40 años con la Feria del Pacífico y por su ubicación en Sudamérica. Según explicó, el objetivo de su filial, Corferias del Pacífico, es trabajar con los gremios empresariales y con el Gobierno ferias que son “una importante oportunidad de integración y de negocios”. Adelantó que la primera feria que organizarán en el Perú será la Feria Expoalimentaria 2009, a realizarse en Lima en setiembre. Asimismo, no descartó que en un futuro puedan contar con un centro de ferias, como el que tienen en su país, de 160.000 m2. DIARIO GESTIÓN www.gestion.com.pe MEF DARÁ LA PELEA PARA QUE CONTINÚE LA ELIMINACIÓN DE LAS EXONERACIONES El poder Ejecutivo presentará en Junio al Congreso un proyecto de ley para destrabar el proceso de eliminación de las exoneraciones tributarias a la selva peruana, luego que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional las leyes que se otorgaron con esa finalidad, informó a Gestión el viceministro de hacienda, José Arista. Como se recuerda en abril, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Economistas de Ucayali contra los decretos legislativos 977 y 978, expedidos por el poder Ejecutivo, que eliminan gradualmente las exoneraciones tributarias a la selva y establecen compensaciones para la inversión y el gasto social. Asimismo, el Tribunal Constitucional consideró que el análisis de constitucionalidad debía recaer no solo a los decretos antes señalados, sino también sobre la Ley 28932 que delegó el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Por eso, declaró inconstitucional el artículo 2 inciso 1 y 5
  5. 5. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS de esta ley de delegación, pues a criterio del Tribunal cuando los beneficios tributarios forman parte de un régimen tributario especial para una determinada zona (como sucede con el D.L. 978), la facultad de legislar no puede ser delegada al Ejecutivo, tal como se desprende del último párrafo del artículo 79 de la Constitución política del Perú. Nosotros vamos a enviar un texto único ordenado de todas las modificaciones legales que se ha hecho y que se plantearon, para que le Congreso lo apruebe, tal como sugiere el tribunal Constitucional”, adelanto José Arista. IMPULSO En ese sentido, opinó que el Gobierno continuará con el proceso de eliminación de las exoneraciones tributarias, y su respectiva compensación, a la selva peruana. El Tribunal Constitucional no ha cuestionado el contenido de los decretos 977 y 978. lo que ha cuestionado es que el Congreso haya delegado al poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre el tema que requería una votación calificada, comentó. Otra fuente del Ejecutivo señaló a gestión que el MEF ha interpuesto un pedido de aclaración al Tribunal Constitucional respecto de la sentencia de inconstitucionalidad del D.L. 977, y espera que esa solicitud sea resuelta muy pronto. Por su parte, la Comisión de Economía también estaría estudiando alguitas posibilidades de salida, tal como ha establecido la resolución del Tribunal Constitucional. “Pero nosotros también queremos saber cuál será la respuesta al pedido de aclaración que ha solicitado el MEF al TC. De acuerdo a ello, procederemos con la discusión”, señaló una fuente de dicha comisión. HAY 800 EMPRESAS QUE DESPIERTAN INTERÉS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN En momentos en que los créditos de la banca se han cerrado para muchas empresas, los private equity o fondos de inversión de capital de riesgo –una de las modalidades de fondos de inversión que operan en el Perú, además de los especializados en descuento de facturas, leasing operativo e inmobiliarios, entre otros-, emergen como una alternativa interesante de financiamiento. Más aún si en el radar de estos fondos existen unas 800 empresas, pequeñas y medianas (facturan entre US$ 10 millones y US$ 100 millones al año), en las que podrían invertir, según el director gerente de Summa SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión), Carlos García. quot;Son empresas que hemos ido identificando en los últimos años, con atractivo suficiente para que los fondos inviertan en ellas. Hay mucho por hacer en este mercadoquot;, señaló en el foro quot;Perú Private Capitalquot;, organizado por Latin American Venture Capital Association. Los private equity son fondos que invierten temporalmente, por lo general en plazos que van de siete a diez años, en el capital de empresas con buenas proyecciones de crecimiento y, sobre todo, de rentabilidad. Tras culminar ese periodo, los fondos retiran su participación de la empresa –a la que dejan consolidada patrimonialmente- y realizan su ganancia. Aunque los orígenes de los fondos de inversión en el Perú se remontan a principios de esta década, quot;cuando teníamos que enfrentar todo tipo de obstáculosquot;, según narra José García Herz, vicepresidente de Access SEAF Perú, ahora los administradores private equity ven grandes oportunidades. quot;Vemos mejores condiciones para invertir. La banca, ahora, ha endurecido mucho sus condiciones y las empresas deben reprogramar sus flujos. Tienen una fuerte carga de deuda de capital de trabajo, y todo esto genera oportunidadesquot;, afirmó Carlos García. El fondo que administra espera adquirir, pronto, participación en otras tres empresas. Mientras que Erik Petersen, director gerente de Aureos Capital, anunció que uno de los fondos que gestiona, y que
  6. 6. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS opera en México, Colombia y Perú, terminaría el año con inversiones por US$ 200 millones, incluyendo el próximo ingreso de nuevas empresas locales. También se alista a participar en compañías peruanas, el fondo Energy Capital. DIARIO CORREO www.correoperu.com.pe LA CCL ESTÁ PREOCUPADA POR PROPUESTA: BUSCAN DEROGAR EL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Son dos los proyectos que se encuentran en la Comisión Agraria del Congreso que han puesto los pelos de punta a los empresarios. Pues estas iniciativas proponen derogar la Ley Nº 27360, es decir, el régimen laboral agrario creado por la Ley de Promoción del sector. A decir de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) las iniciativas están basados en argumentos inconsistentes. Los proyectos N° 2436 y 2545, fueron presentadas por el Partido Nacionalista y Unión por el Perú. Para la CCL, el actual régimen laboral agrario corresponde a la realidad del agro peruano y además cuenta con el aval del Tribunal Constitucional (TC), ya que declaró que no es discriminatorio ni desigual. Añade que los proyectos intentan destruir el régimen laboral agrario que ha generado más de 400 mil puestos de trabajo, con derechos laborales básicos que desde el año 2000 gozan los trabajadores del sector agropecuario. Entre los argumentos inconsistentes que se alegan, añade el gremio, figura que los beneficios laborales del sector agrario son reducidos y discriminatorios, opiniones que el TC se ha encargado de aclarar, disponiendo la plena validez y constitucionalidad de estos regímenes JURISPRUDENCIA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE AMPARO SENTENCIA N° 02338-2008-AA/TC DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2009. Derecho a Pensión de Invalidez. El artículo 25 del Decreto Ley 19990, dispone que: “Tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando”. Para mayor información visite la siguiente página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02338-2008-AA.html
  7. 7. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS HÁBEAS CORPUS SENTENCIA Nº 06852-2008-PHC/TC DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009. Ne Bis In Ídem El ne bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra la referida triple identidad entre ambos procesos. [En el presente caso] la multa impuesta en el proceso civil y la remisión de las copias pertinentes al Ministerio Público [no constituye violación al principio Ne bis indem, por cuanto en el primer caso] se fundamenta en las facultades disciplinarias del juez establecidas en el Código Procesal Civil, [mientras que en el segundo caso] el proceso penal iniciado en contra del recurrente estuvo orientado a determinar su responsabilidad penal. [Por tanto] no puede equipararse la imposición de una sanción de carácter pecuniario con el inicio de un proceso penal en el se persigue determinar la responsabilidad penal en la vulneración de un bien jurídico protegido. Para mayor información visite la siguiente página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06852-2008-HC.html PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS RESOLUCIÓN Nº 0082-2009/CEB-INDECOPI DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2009. Se declara barrera burocrática la restricción de horario de funcionamiento establecida en el distrito de Barranco mediante Ordenanza Nº 271-MDB. Dicha medida ha sido impuesta de manera generalizada para los locales con determinado giro dentro de todo el distrito y no únicamente para las zonas del distrito en las que se ha identificado problemas específicos que afecten la tranquilidad pública, contrariamente a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI. Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera burocrática, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. Para mayor información visite la siguiente página: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-234/4/9/Exp1732008.pdf
  8. 8. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS ARTÍCULO DISPONIBILIDAD TOTAL DE LA CTS ¿MEDIA ANTICRISIS? (*) Dr. Sara Rosa Campos Torres Especialista en Derecho Laboral Como se ha venido anunciando en diversos medios de comunicación, el Congreso de la Republica aprobó el proyecto de ley que establece la libre disponibilidad de la compensación por tiempo de servicios, beneficio que actualmente es disponible solo hasta el 50%, y en caso de vivienda, 80%. Dicha norma dispone que a partir del año siguiente (2010) progresivamente se restrinja la libre disposición de los depósitos por este concepto, para luego a partir del año 2011 y hasta la finalización del vínculo laboral, los trabajadores puedan disponer libremente solo del 70% del excedente de seis remuneraciones brutas de sus cuentas individuales de CTS. Al respecto, se han dividido las opiniones sobre si esta propuesta constituye una medida anticrisis, debido a que este beneficio fue creado con la finalidad de proteger al trabajador ante una situación de desempleo. En efecto, por un lado, un sector importante del mercado laboral, como representantes de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, entre otros destacados economistas, apoyan la aprobación de este proyecto porque – en opinión de ellos – fomentaría el crecimiento y la reactivación del consumo interno, debido a que los trabajadores contarían con una mayor liquidez, sin embargo, el Ministro de Trabajo y otros abogados laboralistas discrepan con la aprobación de esta ley porque se estarían atentando contra la naturaleza intangible de la CTS, llegando incluso a afirmarse que en la práctica se estaría perdiendo un “seguro de desempleo”. Sobre el particular, consideramos que pese al contexto de crisis económica y financiera que estamos viviendo, se deben adoptar medidas laborales que no vulneren derechos laborales ni desnaturalicen beneficios laborales, que fueron creados justamente a favor de los trabajadores, como es el caso de la CTS. En efecto, justamente el carácter intangible que se le otorgó a este beneficio responde a las necesidades que se le presentan a un trabajador en una situación de cese (sea por renuncia o despido) en la que requiere contar con un respaldo económico que le permita mantenerse durante un tiempo razonable hasta que se reinserte en el mercado laboral, situación que no sería posible de aprobarse la libre disponibilidad de la CTS, más aún cuando somos testigos del alto índice de reclamos por parte de trabajadores que han sido victimas de despidos arbitrarios. Por ello, creemos que son otras las medidas laborales que debería promover el Congreso en aras de reducir el desempleo y el alto índice de informalidad, y hacer frente a la crisis, de ellas justamente ha sido la aprobación del proyecto de ley que inafecta de los tributos laborales a las gratificaciones legales, no obstante, faltaría la promoción de incentivos laborales a favor de los empleadores que cumplen con sus obligaciones laborales, como la reducción del aporte obligatorio al Sistema Privado de Pensiones – el cual equivalía en un primer momento a 8% - entre otras, todas con la finalidad de motivar el cumplimiento de los beneficios laborales y fomentar la inclusión de los trabajadores que laboran en situación informal, lo que no se lograría con la aprobación de la libre disponibilidad de la CTS. Por otro lado, respecto a la calificación que se le ha otorgado a la CTS de “seguro de desempleo” por quienes están en desacuerdo con la libre disponibilidad de ete beneficio, consideramos importante resaltar que la CTS tiene la calidad de beneficio social, esto es, de prevención de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción de desempleo, el cual correspondería más a un beneficio en materia de seguridad social. En ese sentido, consideramos desacertada la norma aprobada por el Congreso sobre la libre disponibilidad de la CTS porque se estaría desnaturalizando la finalidad para la cual fue creada, no obstante, sí consideramos prudente que el trabajador luego de un determinado lapso de tiempo pueda disponer solo de una determinada suma de la CTS, a fin de que pueda sostenerse en una situación de desempleo. (*) Artículo extraído del Diario La Ley, Abril 2009
  9. 9. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS RECURSOS HUMANOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (*) Fernando Rodríguez García Especialista en Derecho Laboral En los últimos años se ha puesto de moda entre las empresas el uso de términos como responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, ya que la aplicación práctica de dichas políticas, además de conllevar una serie de beneficios económicos, ayuda a redefinir el papel de las empresas en la comunidad en la que se desenvuelven, lo cual refleja una participación responsable de estas frente a los diversos problemas sociales. Pero, ates de encasillar a una empresa como socialmente responsable, es necesario entender los alcances de lo que se conoce como responsabilidad social empresarial (RSE) pues algunas empresas, al momento de implementar supuestas políticas de RSE, terminan realizando actividades meramente filantrópicas o de voluntariado y, aun así, ostentan los beneficios que debería otorgar la aplicación de verdaderas políticas de RSE. Seguidamente, debemos establecer los actuales beneficios que otorga la aplicación de políticas de responsabilidad social empresarial para, posteriormente, proponer algunos beneficios que podría brindar el Estado a todas las empresas que implementen verdaderas políticas de RSE. Y ese es justamente el objetivo del presente trabajo, brindar elementos que evidencien la necesidad de que el Estado, mediante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fomente la aplicación d medidas de responsabilidad social empresarial incorporando en un cuerpo normativo tanto la definición de lo que se entiende por RSE, como las características, requisitos, forma de implementación y, finalmente, los estímulos que otorgaría el Estado a todas aquellas empresas que implementen políticas de RSE en el marco de la regulación especial. I. Hipótesis Conceptuales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Elaborar una definición jurídica sobre responsabilidad social empresarial resulta ser una tarea bastante difícil toda vez que dicho concepto no se encuentra comprendido dentro del ámbito de estudio del Derecho. En efecto, la RSE es u concepto que, desde su aparición, es objeto de estudio de especialidades como la economía, la administración, la gestión de recursos humanos e incluso la sociología (en lo referente a la interacción de la comunidad con las corporaciones) y la geología (en lo relacionado con la conservación del medio ambiente); sin embargo, el hecho de que la RSE tenga su origen en otras especialidades no significa que la aplicación de políticas empresariales de responsabilidad social no tenga alguna incidencia en el plano jurídico. Por tal motivo, resulta necesario las consecuencias jurídicas de la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial, no precisamente porque exista una regulación especial sobre la materia (como veremos más adelante su implementación voluntaria y no responde a normas de carácter imperativo), sino porque tras su aplicación, es posible afectar el ámbito de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores y empleadores. 1. Implicancias del término “responsabilidad”. Dado que le principal objetivo del presente trabajo es identificar los efectos jurídicos relacionados con la implementación de políticas de RSE, debemos comenzar analizando la real dimensión del término “responsabilidad” dentro de la RSE. Cuando se hace referencia a la responsabilidad no se intenta vincular dicho término con los efectos de la responsabilidad jurídica desarrollada en el Código Civil (contractual o extracontractual), ya que en la responsabilidad jurídica las limitaciones al accionar de los sujetos son impuestas por fuentes externas (el Estado); sin embargo, en la RSE las limitaciones al actuar de los sujetos son autoimpuestas (voluntarias). (*) Artículo extraído de la Revista Soluciones Laborales N° 16 Abril 2009
  10. 10. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS Verdaderamente, una de las características más saltantes de la RSE es su carácter voluntario ya que se aplicación no viene impuesta por una norma legal o constitucional, sino que nace del compromiso empresarial con los proyectos sociales que atiendan las preocupaciones ambientales y a la mejora de las condiciones de la comunidad en la cual la empresa desarrolla actividades. Ahora bien, lo anterior no significa que dentro de la RSE no puedan aparecer elementos que generen una regla de conducta similar a las que imponen las normas jurídicas. En efecto, si bien la RSE supone la aplicación voluntaria de ciertas limitaciones en la conductas de las empresas, esto no significa que dichas conductas no puedan ser asumidas como normas internas (en el Reglamento Interno de Trabajo) o como obligaciones frente a terceros (a través de su inclusión en los contratos de trabajo o en los convenios colectivos). Así, es posible que las empresas conviertan ciertas reglas de conducta en obligaciones a través de su inclusión en reglamentos, contratos o convenios colectivos, los cuales tiene la particularidad de limitar las actuaciones de las partes y de poder ser exigibles en vía judicial. En ese sentido, si una empresa decide incorporar políticas de responsabilidad social (voluntariamente asumidas) en el marco de una negociación colectiva, estará convirtiendo dichas políticas en reglas imperativas cuyo incumplimiento generará responsabilidad jurídica de la empresa. Como podemos apreciar, si bien las políticas de RSE son adoptadas de manera voluntaria, su cumplimiento puede no necesariamente responder a esta lógica y, por tanto, generar responsabilidad jurídica. 2. Alcances de la RSE La RSE suele estar vinculada con la forma en la cual las empresas se relacionan con la comunidad tanto en el ámbito interno como en el externo. En el ámbito Interno, la RSE busca el mejoramiento de condiciones de trabajo, implementación de programas de capacitación y, en general, todo lo referido a las prácticas gerenciales y los derechos laborales. En el ámbito Externo, la RSE busca el mantenimiento y cuidado del medio ambiente, la salud, la cultura, educación, trabajo y, en general, la mejoramiento de las relaciones con la comunidad en general. De esta manera, las empresas no solo van a satisfacer los intereses de las personas interesadas en la actividad empresarial (stakeholders), como los proveedores o inversionistas, sino que van a trabajar con un nuevo concepto que comprenda no solo la maximización de utilidades sino también la búsqueda de la satisfacción del consumidor y el impacto causado en la sociedad. COMENTARIO JURISPRUDENCIAL CERTIFICADO DE TRABAJO QUE NO INDIQUE EL TIEMPO DE LAS LABORES REALIZADAS CARECE DE VALOR PROBATORIO El Tribunal Constitucional ha señalado que carece de valor probatorio para demostrar la relación laboral la presentación de un certificado expedido por l supuesto empleador cuando no se indica el tiempo de las labores realizadas. Así lo estableció mediante la STC Nº 0015-2008-PA (20/03/2009), fallo a través del cual se pronunció con respecto al pedido de reposición solicitado por Rufino Guillermo Tovar meneses, que se habría desempeñado como obrero de la Municipalidad provincial de Tarma, que según manifiesta fue cesado sin expresión de causa el 30 de diciembre de 2007. El Tribunal Constitucional determinó que en este caso en particular no procedería aplicar el principio de primacía de la realidad porque del análisis de los documentos presentados por el obrero, estos, por sí solos, no acreditaban que haya existido una relación laboral entre el demandante y la demandada, debido a que el certificado expedido por la emplazada no indica el tiempo de las labores realizadas; con lo cual le restó valor probatorio para demostrar la existencia de una relación laboral.
  11. 11. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS De esta manera, la sentencia concluyó que no habiéndose acreditado que el trabajador realizó labores en forma subordinada, permanente y continúa, no era de aplicación el principio de primacía de la realidad, razón por la que no se puede invocar la existencia de un despido arbitrario al no haberse podido acreditar una relación laboral entre las partes. ENTREVISTA LOS ALCANCES Y RIESGOS DE LA ACCIÓN PERSECUTORIA El laboralista Mario Pasco Lizárraga explica los alcances de la acción persecutoria y advierte la necesidad de mejorar algunos de sus alcances para evitar imprecisiones que podrían generar abusos, en esta entrevista. ¿Cómo podría definir el concepto de la acción persecutoria? Es la herramienta legal que abre la posibilidad a que un acreedor cobre una deuda. Esto procede a pesar de que los bienes en cuestión hubiesen sido transferidos a otra persona. ¿En qué situaciones se podría utilizar? En la cobranza de deudas laborales. El artículo 24 de la Constitución política del Estado determina que el pago de remuneración, así como la cancelación de los beneficios sociales, del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. El Decreto legislativo 856 hace concreta esa protección y permite que un trabajador pueda ir tras los bienes del empleador, así se hay deshecho de ellos y lo autoriza a embargarlos y rematarlos, a pesar de que ya son propiedad de otra persona. En términos simples, se puede decir que si un trabajador no le pagaron remuneraciones o beneficios sociales, tiene la posibilidad, en determinados casos, de embargar la fábrica en la que laboraba, aunque esta hubiese sido vendida. ¿El caso al que se está refiriendo es una situación muy extrema? Efectivamente, la persecutoriedad es en extremo delicada, pues puede llevar a que una persona que no debe dinero a nadie pierda un bien por la deuda que corresponde a otra. Por ello, los casos y modos en los que procede deberían estar muy bien definidos por la ley, de modo absolutamente cristalino, que no dejara lugar a dudas. Lamentablemente, sucede todo lo contrario… ¿Por Qué? Cuando el empleador esta en insolvencia, el asunto se lleva de modo ordenado ante el INDECOPI, y la posibilidad de revertir transferencias tiene como límite los seis meses previos. Pero para todos los otros casos la norma utiliza fórmulas muy imprecisas, que se limitan a aludir a dos elementos: uno, la transferencia de bienes del activo fijo; y, dos, la falta de pago de beneficios; pero no permiten determinar si el trabajador debe o no demostrar la intervención maliciosa del adquirente en dicha transferencia, que sería un requisito lógico para que se le pudiera afectar. Peor aún, la norma no fija límite temporal para ejercer la persecutoriedad, lo cual abre un campo amplísimo para abusos e incluso para el fraude. ¿Prescribe en el tiempo la acción persecutoria? No hay una respuesta clara a esta pregunta, las variantes no están temperadas y llevan a extremos. Si se asimila la persecutoriedad a la anulación de la transferencia – que en estricto no lo es- cabría aplicar un plazo de dos años, que es el término más corto que contempla el Código Civil, pero si se trata como obligación personal, se amplía hasta el plazo más largo, que es de diez años. ¿Usted cree que es necesario mejorar la ley? Esta vaguedad por sí sola ameritaría que la ley fuese mejorada, dado que uno de los elementos centrales de cualquier sistema económico es la predictibilidad de las operaciones y la seguridad de los contratos y transferencias de bienes.
  12. 12. ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS Pero si se agrega que ni si quiera está claro cuándo procederá la afectación y cuándo no, dicha reforma se tiene que aceptar como indispensable e impostergable. Nadie puede dudar de la conveniencia de que quien compra un bien importante pueda estar seguro de que lo podrá conservar en toda circunstancia. ¿Qué bienes se pueden incluir? En lo laboral, la persecutoriedad puede afectar cualquier bien que haya sido de propiedad de la empleadora, aunque, como es natural, se presentará normalmente respecto de los de su activo fijo. ¿Qué pasa si se trata de una persona natural? En sentencia reciente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que cuando el empleador es una persona natural, únicamente pueden ser afectados los bienes propios, sin extenderse a los que correspondan a la sociedad conyugal que integre. La Sala desestimó una acción persecutoria contra un bien de propiedad de la sociedad conyugal del empleador, al considerar que dicha sociedad no tiene la calidad de empleadora y que por lo tanto las disposiciones referidas a la persecutoriedad de créditos laborales no resultaban aplicables. DICCIONARIO LEX TERMINOLOGÍA LEGAL LABORAL CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL − Operario: albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, carpinteros, choferes mecánicos y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. − Oficiales o ayudantes: trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que laboran como auxiliar del operario. No ha alcanzado plena calificación en la especialidad. − Peones: trabajadores no calificados ocupados en las diversas tareas de obra.

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