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Auto no. 200 de 2007

  1. 1. REPUBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisión AUTO No. 200 de 2007 Referencia: Sentencia T-025 de 2004 – Protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo. Adopción de medidas de protección de los derechos a la vida y a la seguridad personal de algunos líderes de la población desplazada y ciertas personas desplazadas en situación de riesgo. Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil siete (2007)La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel JoséCepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competenciasconstitucionales y legales, ha adoptado el presente Auto con el propósito de adoptar medidascautelares para la protección de los derechos a la vida y a la seguridad personal de algunos líderesde la población desplazada y ciertas personas desplazadas en situación de riesgo, en el marco delproceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T-025 de 2004. I. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE DECISION1. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado decosas inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado en el país, constatando –entre otras-que los derechos a la vida y a la seguridad personal de la población desplazada, en particular de suslíderes y representantes, eran objeto de violaciones masivas y sistemáticas, ante las cuales lasautoridades no habían adoptado medidas apropiadas y conducentes encaminadas a conjurar lascausas de la violación y garantizar así el goce efectivo de los referidos derechos.2. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá lacompetencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de laamenaza.”1 La Sala Segunda de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento alcumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004, mantiene su competenciapara verificar que las autoridades adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo delos derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país.1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
  2. 2. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 23. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte manifestó que entre los derechos fundamentales violadospor la condición de desplazamiento forzoso, se incluye “el derecho a la seguridad personal2, puestoque el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes,importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechosfundamentales de los afectados.” También explicó la Corte que para la interpretación del alcance deeste derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes los PrincipiosRectores del Desplazamiento Interno, en particular los Principios 8, 10, 12, 13 y 15.34. Como parte del proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentenciaT-025 de 2004, la Corte Constitucional está en el deber de adoptar decisiones sustantivasencaminadas a asegurar que las autoridades competentes garanticen el goce efectivo de los derechosfundamentales de la población desplazada, entre ellos los derechos a la vida y a la seguridadpersonal de personas desplazadas, y en particular de líderes y representantes de organizaciones de lapoblación desplazada.5. La Corte Constitucional ha sido informada, mediante peticiones dirigidas directamente alMagistrado Sustanciador por las personas afectadas, sobre situaciones de riesgo grave y excepcionalpara sus vidas, relacionadas directamente con su situación de desplazamiento o en la mayoría de loscasos con su condición de líderes o representantes de la población desplazada, ante las cuales lasautoridades competentes, según lo dicho por ellos, han omitido adoptar las medidas de protecciónrequeridas por la dimensión del riesgo que se ha acreditado ante sus correspondientes Despachos, obien han adoptado medidas insuficientes de protección, que participarían de una serie de falenciascomunes que se indicarán más adelante.2 Ver por ejemplo, las sentencias T-258 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte protege elderecho a la vida de un docente amenazado por las FARC, que es obligado a desplazarse a Manizales juntocon su familia y a solicitar su traslado como docente a otro municipio dentro del mismo departamento. Laúnica oferta que había recibido fue para reubicarse en un lugar donde operaba el mismo frente que le habíaamenazado inicialmente; T-795 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández. Dado que el servicio deeducación está descentralizado, la Corte deniega la tutela para ordenar el traslado de los docentes, debido a lafalta de desarrollo de la Ley 715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentesamenazados, pertenecientes a distintas secretarías de educación departamentales.3 Principio 8: “El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, dignidad,libertad y seguridad de los afectados.”Principio 10: “1. El derecho a la vida es inherente al ser humano y estará protegido por la ley. Nadie podráser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en particular contra: a) elgenocidio; b) el homicidio; c) las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y d) las desapariciones forzadas, incluidoel secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte. // Se prohibirán las amenazas yla incitación a cometer cualquiera de los actos precedentes. 2. Los ataques u otros actos de violencia contralos desplazados internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohibidosen toda circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra: a) los ataques directoso indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques ala población civil; b) la privación de alimentos como medio de combate; c) su utilización como escudos deataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militares; d) los ataques asus campamentos o asentamientos; y e) el uso de minas antipersonal.”Principio 12: “1. Todo ser humano tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá sersometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados encampamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento resultan absolutamentenecesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias.3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o encarcelamiento arbitrarios comoresultado de su desplazamiento.4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso.”Principio 13: “1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá queparticipen en las hostilidades.2. Se protegerá a los desplazados internos contra las prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas ogrupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se prohibirán en toda circunstancia lasprácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen a quienes nolo hagan.”Principio 15: “Los desplazados internos tienen derecho a: a) buscar seguridad en otra parte del país; b)abandonar su país; c) solicitar asilo en otro país; y d) recibir protección contra el regreso forzado o elreasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.”
  3. 3. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 36. Es deber de la Corte Constitucional, en tanto juez de tutela en el presente proceso y garante de laintegridad de la Carta Política (art. 241, C.P.), adoptar las medidas que están en su órbita decompetencia para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales; y las situaciones quese han puesto en su conocimiento por parte de las personas directamente afectadas, parecen, primafacie, indicar la existencia de serios riesgos para los derechos a la vida y a la seguridad personal dequienes representan a la población desplazada o forman parte de ella, riesgos que por su carácterextraordinario, injustificado e intolerable, han de ser conjurados mediante medidas efectivas.7. En las decisiones sustantivas que la Corte adoptará en relación con el goce efectivo del derecho ala vida y a la seguridad personal de las personas en situación de desplazamiento forzado y enparticular de sus líderes y representantes, se explicarán en detalle las implicaciones constitucionalesde las diversas falencias comunes identificadas en la respuesta de las autoridades competentes a lassolicitudes de protección presentadas por las personas cuyos derechos a la vida están amenazados, yse adoptarán las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de tales derechosfundamentales. Sin embargo, para efectos de sustentar brevemente el fundamento de las presentesmedidas cautelares, la Sala indicará esquemáticamente cuáles son estas falencias, según lo alegadopor los interesados, y cómo se opondrían a los deberes de protección de las autoridades en relacióncon la población en situación de desplazamiento forzado. II. CONTEXTO FACTICO DENTRO DEL CUAL SE ADOPTA LA PRESENTE DECISION.1. Ante la Corte Constitucional ha sido denunciado por diversas fuentes –estatales, nogubernamentales e internacionales, así como por hechos notorios de público conocimiento- que loslíderes y representantes de la población desplazada por la violencia en el país son objeto depersecuciones, amenazas, atentados, homicidios, torturas, retenciones, señalamientos y otros actosdelictivos de comprobada ocurrencia, como parte de un patrón recurrente que se asocia a sus laborescomunitarias y cívicas y ha sido implementado por grupos armados al margen de la ley. Se trata,según se acredita ante esta Corporación, de un problema sistemático, reiterativo y grave, que semanifiesta en todo el territorio nacional, que ha cobrado un número inusitado de víctimas en losúltimos años, afectando tanto a los líderes y representantes en cuestión como a sus familiares y a lapoblación desplazada en general, y que debe ser objeto de la mayor consternación y atención porparte de las autoridades en cumplimiento de su deber constitucional primario de proteger la vida delos asociados (C.P., arts. 2 y 11).2. La persecución contra los líderes y representantes de la población desplazada por la violencia sederiva de diversos y complejos marcos causales respecto de los cuales no se pueden efectuarafirmaciones generales. Sin embargo, han señalado quienes acreditan este problema ante la Corte,en tanto constante, que dichas personas y sus familias son objeto de persecución por ciertas causascomunes, tales como (i) el señalamiento del que son objeto, por parte de los grupos armados almargen de la ley, como “informantes” o “colaboradores”, bien sea de otros grupos armados almargen de la ley, o de las autoridades, (ii) el tipo de información que manejan en virtud de susposiciones organizacionales, y que puede comprometer la seguridad de sus asociados, (iii) suvisualización como obstáculos para las aspiraciones de penetración social y territorial de los gruposarmados al margen de la ley, (iv) sus labores de reivindicación de los derechos fundamentales de lapoblación desplazada, particularmente cuando se trata de promover los derechos constitucionales delos desplazados como víctimas, o (v) su visibilidad social, que propicia el uso de su victimizacióncomo instrumento para la intimidación y el amedrentamiento de la población desplazada y de lasociedad civil en general por parte de actores criminales.En este contexto es importante resaltar que según se ha acreditado ante la Corte, las relacionesestablecidas entre los líderes y representantes de población desplazada y las autoridades encargadasde brindarles protección, en la práctica pueden terminar por incrementar sustancialmente el nivel deriesgo de tales líderes y representantes, bien sea porque (a) el hecho de pedir ayuda a las autoridadese involucrarlas en sus situaciones genera represalias de parte de quienes atentan contra su vida, (b)las autoridades han procurado la colaboración de algunos de estos líderes y representantes paradesarrollar sus operaciones de preservación del orden público y lucha contra el delito, sin brindarlesmedidas de protección concomitantes que conjuren el riesgo adicional que dicha colaboración lesgenera, o (c) el hecho de promover los derechos fundamentales de sus asociados, particularmentecomo víctimas que participan de procesos judiciales contra actores armados ilegales, les pone en la
  4. 4. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 4mira de los sujetos cuyos intereses se verían afectados por el desarrollo del proceso penalcorrespondiente. En estos casos, las autoridades han fallado en el cumplimiento de su obligación deno incrementar los niveles de riesgo de los asociados sin proveer las medidas de protecciónapropiadas, y han contribuido al marco causal del riesgo cierto -en no pocas oportunidadesmaterializado- que pende sobre los líderes y representantes de la población en situación dedesplazamiento.3. La respuesta de las autoridades ante esta grave y preocupante situación de riesgo no ha sidoadecuada, ni ha reflejado un cumplimiento pleno de los deberes constitucionales básicos del Estadoen relación con la protección de la vida, la seguridad personal y la integridad de todas las personas,y en particular de los líderes y representantes de población desplazada. Ante la Corte Constitucionalse han documentado numerosos casos de líderes y representantes de población desplazada quefueron asesinados, o que han sido objeto de atentados contra su vida, después de haber solicitadoinfructuosamente la protección del Estado, en algunos casos luego de varios años de reiterarpeticiones, cada vez más apremiantes, a las autoridades de todo nivel. La desatención a susrequerimientos de protección; la demora en el procesamiento, la aprobación o la implementación delas medidas de protección exigidas por el riesgo que debían afrontar; el rechazo de sus peticiones; ola inadecuación de las medidas efectivamente implementadas frente a la magnitud del riesgo quepende sobre sus vidas, son algunos de los factores comunes que se han identificado como fallas enla atención estatal frente a este tipo de casos, y que se reseñarán en detalle más adelante en estaprovidencia.4. La existencia del grave riesgo que se ha demostrado que existe contra los líderes y representantesde la población desplazada genera en éstos un estado de permanente zozobra, incertidumbre einseguridad, que –según han afirmado ante distintas autoridades, incluida la Corte Constitucional-les impide vivir en condiciones dignas e incide directamente sobre el ejercicio de sus derechosfundamentales y los de su familia. Ante la desesperación por la desatención estatal, el riesgo queexperimentan y su situación de temor constante, un alto número de tales líderes y representantes hanoptado, o bien por desplazarse nuevamente a lo largo del país –en algunos casos viéndose obligadosa regresar al lugar donde se origina el riesgo para sus vidas-, o por solicitar la protección de otrosEstados, por canales tales como la solicitud de asilo o refugio. El recurso frecuente a este tipo desoluciones refleja nítidamente el incumplimiento de los deberes de protección del Estadocolombiano frente a tales ciudadanos, y debe constituirse en un factor de apremio para que lasdistintas autoridades competentes en el campo incrementen su diligencia en la protección de laspersonas en esta situación y de sus núcleos familiares – incluida la Corte Constitucional comogarante de sus derechos fundamentales en el marco del estado de cosas inconstitucional declaradoen materia de desplazamiento interno.5. El contexto fáctico que se reseña incide adicionalmente sobre la efectividad del derecho a laparticipación de las personas en situación de desplazamiento, así como en la reivindicación de susderechos fundamentales, la cual se tramita en una alta proporción de los casos por medio de lasorganizaciones y mecanismos que desarrollan los líderes y representantes en riesgo. Aunque enalgunos casos dichos líderes y representantes han perseverado en sus actividades cívicas,comunitarias y de reivindicación de los derechos humanos pese a las amenazas ciertas que seciernen sobre sus vidas, tal curso de acción es excepcional y no puede, bajo ningún punto de vista,exigirse a quienes representan los intereses de la población desplazada que sacrifiquen sus propiasvidas en cumplimiento de sus labores. III. DEBERES DE PROTECCION MINIMOS DEL ESTADO COLOMBIANO EN RELACION CON LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA POBLACION DESPLAZADA, EN PARTICULAR DE SUS LIDERES Y REPRESENTANTES.1. Las autoridades tienen el deber primario de proteger los derechos fundamentales a la vida y a laseguridad personal de todos los residentes en el país. Según ha explicado la Corte Constitucional ensentencia T-719 de 2003, el derecho a la seguridad personal, entendido como el “derecho a recibirprotección estatal frente a riesgos extraordinarios que el individuo no tiene el deber jurídico desoportar”, activa obligaciones estatales de adoptar medidas de protección cuyo contenidoespecífico se ha de fijar en atención a las circunstancias de cada caso concreto, las cuales “debenser evaluadas como un todo, desde una perspectiva integral, para establecer la naturaleza,
  5. 5. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 5alcance, intensidad y continuidad de los riesgos que gravitan sobre cada individuo”, y determinarsi éstos son “riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios,claros, discernibles, excepcionales y desproporcionados para el sujeto”. En igual sentido, lajurisprudencia constitucional condensada en dicha sentencia precisó que las autoridadesconstitucionales tienen ciertas obligaciones básicas para preservar el derecho fundamental a laseguridad personal de quienes se ven enfrentados a este tipo de riesgos, a saber: ““1. La obligaciónde identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o un grupo depersonas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados. Poreso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado. 2. La obligación devalorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, lascaracterísticas (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen o fuente delriesgo que se ha identificado. 3. La obligación de definir oportunamente las medidas y medios deprotección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificadose materialice. 4. La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también demanera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que laprotección sea eficaz. 5. La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgoextraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución. 6. Laobligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgoextraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos. 7. Laprohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario paralas personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados.”2. El desplazamiento forzado es una situación que coloca a sus víctimas en situaciones de particularvulnerabilidad e indefensión, lo cual hace que las personas en condiciones de desplazamiento estén,según explicó la Corte Constitucional en la sentencia T-719 de 2003, “expuestas a riesgos de unaintensidad tal que es altamente factible que llenen todas o la mayoría de las características arribaseñaladas, por lo cual deberán ser objeto de especial atención por las autoridades competentes”.Vale recordar que la peticionaria en la acción de tutela que dio lugar a la referida sentencia T-719de 2003 era una mujer desplazada que, en su condición de viuda de una persona reinsertada de ungrupo ilegal al margen de la ley, huía de una situación de riesgo para su vida e integridad personal yla de su hijo de un año, y durante el desplazamiento había debido afrontar circunstancias de riesgosemejantes.3. Como consecuencia de este deber de especial atención hacia la población en situación dedesplazamiento por parte de las autoridades encargadas de proteger la vida y seguridad personal delas personas expuestas a riesgos extraordinarios con las características señaladas anteriormente,existe, cuando se reúnan las condiciones indicadas en el párrafo siguiente, una presunción de riesgo,que es por supuesto desvirtuable, pero mientras no lo sea mediante un estudio técnico de seguridadespecífico, debe ser observada por las autoridades al momento de determinar si una persona encondición de desplazamiento que solicita su protección efectivamente afronta una amenaza para susderechos, y cuál es la medida de protección a adoptar.4. Las condiciones que activan la presunción de riesgo son: (a) la presentación de una petición deprotección a la autoridad por parte de una persona desplazada, (b) la petición efectivamente fueconocida por la autoridad competente, (c) la petición presenta información que demuestra, primafacie, que la persona es efectivamente desplazada por la violencia, para lo cual bastan las remisionesefectuadas a las Instituciones Prestadoras de Salud en la cual se acredita la inscripción en elRegistro Unico de Población Desplazada, y (d) en la información presentada se alude de maneraespecífica a una amenaza puntual para la vida e integridad del peticionario o de su familia, o de unacto de violencia contra los mismos, relacionando hechos concretos que indiquen que fue objeto deamenazas o ataques. La descripción de los hechos efectuada por el peticionario debe ser, por lomenos, consistente y verosímil, y en caso de que la autoridad considere que el relato no esconsistente o es falso, compete a la autoridad demostrar por qué llega a esa conclusión, efectuandolas investigaciones a las que haya lugar.5. La presunción de riesgo que ampara a los líderes y representantes de la población desplazadatambién cobija a las personas en situación de desplazamiento forzado que, sin ser líderes orepresentantes de organizaciones de este sector, acrediten ante las autoridades que se encuentran ensituación de riesgo excepcional. En estos casos, las condiciones de activación de la presuncióncuentan con un elemento de refuerzo, consistente en que la persona interesada debe cumplir con una
  6. 6. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 6carga probatoria adicional, consistente en acreditar, mediante evidencias fácticas precisas yconcretas de actuación ante las autoridades, el riesgo que pesa sobre su vida y la de su familia, másallá de un relato coherente y verosímil de los hechos.6. Una vez activada la presunción de riesgo que ampara a las personas desplazadas que pidenprotección para su vida, seguridad e integridad personal y las de sus familias, sin que la autoridadcompetente ante la que se pidió protección haya desvirtuado dicha presunción mediante estudiosdetallados y cuidadosos que demuestren que es innecesario impartir la protección requerida, dichaautoridad competente está en la obligación de adoptar una medida de protección que sea:(i) adecuada fácticamente a las circunstancias en las que se encuentra quien las solicita, las cualeshan de ser objeto de un cuidadoso estudio que, sin embargo, no puede retardar en su realización laadopción de una medida efectivamente orientada a conjurar el riesgo;(ii) eficaz para proteger su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia –eficacia queincluye tanto la oportunidad de la medida, como su idoneidad para alcanzar el objetivo deprotección-, y(iii) adecuada temporalmente, es decir, que se mantenga en aplicación mientras subsista el riesgoextraordinario que se pretende conjurar – lo cual no obsta para que las autoridades competentes, conbase en estudios de seguridad serios y detallados, concluyan que una determinada medida deprotección ha dejado de ser necesaria en atención a la realidad del riesgo que pesa sobre subeneficiario. Al momento en que se asigne una medida de protección en respuesta a la activación dela presunción de riesgo recién descrita, la autoridad competente debe justificar expresamente ante elbeneficiario porqué su medida cumple con los requisitos de adecuación fáctica, eficacia yadecuación temporal.7. Las autoridades deben prestar una atención particular a los casos en los cuales quienes solicitanprotección son sujetos de especial protección constitucional, tales como indígenas,afrocolombianos, personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, menores de edad, docentesamenazados, personas con discapacidad, personas con orientación sexual diversa, defensores dederechos humanos, entre otros. En efecto, en no pocas oportunidades –algunas de ellas acreditadasconcretamente ante la Corte y objeto de descripción detallada en acápites subsiguientes- los lídereso representantes de población desplazada que solicitan protección de sus derechos a la vida yseguridad personal cuentan con condiciones adicionales que, por su misma naturaleza, refuerzan elriesgo al que están expuestos o acentúan alguna de sus dimensiones y, por lo mismo, exigen unaespecial atención y respuesta por parte del Estado – concretamente, por parte de las autoridadesencargadas de la protección de su vida y seguridad, quienes al momento de evaluar el riesgo al queestán expuestas y diseñar la medida de protección apropiada a las circunstancias, están obligadas atomar en consideración, como un factor de la mayor pertinencia, tal condición de sujeto de especialprotección constitucional que ostenta el afectado. Según se explicó en la sentencia T-719 de 2003,“las autoridades deben obrar frente a estos sujetos de manera especialmente diligente,interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, querefleje la intención del Constituyente y busque preservar, ante todo, el goce de sus derechosfundamentales. Asímismo, implica que cuando exista más de una entidad pública con competenciapara atender los requerimientos de uno de estos sujetos de especial protección, su deber general decoordinación ha de ser cumplido con particular cuidado, para que no se impongan a dichaspersonas cargas administrativas innecesarias que pueden –y deben- ser asumidas directamente porlas entidades públicas implicadas. // El deber de especial protección que tienen las autoridadesfrente a estos sujetos se acentúa en situaciones de emergencia en las cuales sus derechosfundamentales estén expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello esconsecuencia del conflicto armado”. El enfoque diferencial que subyace a la política integral deatención al desplazamiento interno también se debe reflejar, así, en la protección de los líderes yrepresentantes de población desplazada que ostentan la calidad de sujetos de especial protecciónconstitucional y de sus familias.Los casos concretos que se han puesto en conocimiento de la Corte indican que, según alegan losinteresados y según la documentación por ellos aportada a esta Corte, las autoridades encargadas degarantizar el goce efectivo de los derechos a la vida y seguridad personal de las personasdesplazadas, no han dado cumplimiento a los deberes que recaen sobre ellas en virtud de la
  7. 7. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 7presunción de riesgo que ampara a los peticionarios. Para efectos de evitar que se consumen losriesgos que penden sobre la vida y la seguridad personal de los peticionarios relacionados enacápites subsiguiente de este Auto, cuya objetividad se ha demostrado ante la Corte Constitucionaly no ha sido desvirtuada en forma fehaciente o cuidadosa por las autoridades competentes, seadoptarán en la presente decisión medidas específicas de protección para su situación, como mediosindispensables para proteger los derechos fundamentales en juego, en el marco del proceso deseguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004, y sinperjuicio de las órdenes generales que también se impartirán en la presente providencia paraconjurar las fallas reiterativas que se ha demostrado afectan al sistema de protección en vigor. III. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE PARA PROTEGER LA VIDA Y LA SEGURIDAD PERSONAL DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN RIESGO, PARTICULARMENTE SUS LIDERES.El sistema de protección que implementa el Ministerio del Interior y de Justicia en virtud de la Ley782 de 2002 se encuentra reglamentado por los Decretos 2816 de 2006 y 2788 de 2003. En síntesis,sin embargo, el sistema opera a través del procedimiento que se resume en los artículos 23 y 24 delDecreto 2816/06 de la siguiente forma: “Artículo 23.- Procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario para la implementación de las medidas de protección, será adoptado, mediante manual, por el Programa de Protección y constará de las siguientes etapas: 1.Recepción de la solicitud escrita presentada por el afectado o a través de un tercero. 2.Análisis y verificación de: la pertenencia del solicitante a la población objeto mencionada en el artículo 2 de este decreto, la existencia de causalidad, la vigencia del riesgo y el sitio de ubicación o permanencia, entre otros. En caso de ser necesario, se realizará una entrevista personal con el solicitante, con miras a ampliar la información pertinente. 3.Realización del estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza por parte de la Policía Nacional o el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 4.Presentación de la situación particular ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER, para que se hagan las recomendaciones pertinentes. 5.Notificación de las recomendaciones a los beneficiarios. 6.Implementación de las medidas recomendadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER. (…) Artículo 24.- Medidas de protección de emergencia. En casos de riesgo inminente, el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, podrá adoptar y/o solicitar, sin necesidad de estudio de nivel de resigo y grado de amenaza y recomendación previa por parte del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER, medidas provisionales de protección para los destinatarios del Programa e informará de las mismas al CRER, en la siguiente sesión, con el fin de que éste las conozca y recomiende las medidas definitivas. // Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de emergencia, el Programa hará una valoración inicial del riesgo al que está expuesto el peticionario, a través de verificación realizada con las autoridades de la zona y con los representantes de la población objeto ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER.”La regulación detallada de cada una de las etapas del procedimiento de protección, así como de lasautoridades que participan en él y sus funciones, se puede consultar para mayor precisión en losDecretos correspondientes.III. CASOS INDIVIDUALES PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE Y OBJETO DE LAS MEDIDAS CONCRETAS DE PROTECCION QUE SE ORDENAN EN LA PRESENTE PROVIDENCIA.Ante la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional se ha puesto de presente laconfiguración de varias situaciones fácticas que constituyen, aparentemente y prima facie según lainformación aportada por los interesados, circunstancias de riesgos específicos, individualizables,concretos, presentes, importantes, serios, claros, discernibles, excepcionales y desproporcionados
  8. 8. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 8para líderes y representantes de la población desplazada, así como para algunas personas encondiciones de desplazamiento. Aunque en la decisión sustantiva que adoptará la Corte en relacióncon el goce efectivo de los derechos a la vida y la seguridad personal de esta población seexplorarán en detalle cada uno de estos casos individuales, reseñando minuciosamente lasactuaciones de las autoridades para conjurar los riesgos en cuestión y sus implicacionesconstitucionales, a continuación la Corte describirá brevemente la situación actual de losbeneficiarios de las medidas cautelares adoptadas en la parte resolutiva de la presente providencia,para sustentar el contenido de las órdenes allí impartidas.La Sala advierte que, por el carácter sensible de la información que se incluye en la presentedecisión, y para efectos de prevenir los riesgos que se podrían generar para la vida y seguridad dequienes aquí se mencionan si se hubiera de divulgar públicamente dicha información, se ordenaráque se publique una versión con nombres ficticios y alteración o supresión de los datos que puedancomprometer la seguridad de los afectados, y que la versión con la información completa y losnombres reales se comunique únicamente al destinatario y a los beneficiarios de las órdenesimpartidas en la presente providencia.1. Caso de Luis LL.1.1. Descripción de la situación del peticionario.La documentación que sustenta la descripción fáctica subsiguiente se encuentra transcrita en suintegridad en el Anexo 1 de la presente providencia.1.1.1. Descripción del riesgo acreditado por el señor Luis LL.El ciudadano Luis LL es desplazado por la violencia y líder de organizaciones de población ensituación de desplazamiento. Es padre de familia de 2 menores de edad. Desde el año 2001 hadenunciado amenazas en su contra por parte de la guerrilla de las FARC, que le ha declaradopúblicamente como objetivo militar por sus actividades de organización y promoción comunitaria,en el contexto de la persecución expresa de este grupo armado ilegal contra los líderes yrepresentantes de la población desplazada del Departamento del Tolima, motivo por el cual debiódesplazarse a Ibagué; las amenazas se han reiterado a lo largo de su desplazamiento, y se hanmaterializado tanto en atentados infructuosos contra su vida, como en atentados y actos delictivoscontra miembros de su familia. Por tal motivo el señor Luis LL ha solicitado reiteradamente laprotección de las autoridades. Estas denuncias y peticiones de protección se han dirigido tantoindividual como colectivamente –junto con otros líderes de población desplazada del Departamentodel Tolima-, a autoridades de todo nivel, acreditando tanto el riesgo general que pende sobre su viday su seguridad –y que se ha cristalizado fatalmente en varios asesinatos-, como el riesgo específicoque existe contra su propia vida y seguridad personal, traducido en amenazas y atentados contra él ysu familia.La situación de los líderes de población desplazada del Departamento del Tolima, entre los cualesse cuenta el señor Luis LL, es grave y amerita la mayor consternación por parte de la CorteConstitucional. En efecto, según se ha documentado ante esta Corporación, desde el año 2001 –cuando se presentaron las primeras denuncias y peticiones de protección por parte de los líderes deorganizaciones de población desplazada de este departamento a las autoridades competentes de losniveles municipal, departamental y nacional- han sido asesinados por lo menos seis (6) dirigentes depoblación desplazada del Tolima, pertenecientes a distintas organizaciones, a saber: José AníbalMorales (19 de abril de 2003), Héctor Julio Aponte (27 de febrero de 2003), Jorge Enrique Romero(15 de diciembre de 2003), William Correa (14 de septiembre de 2003), Ovidio Maldonado (19 deoctubre de 2004) y Ever Valderrama (20 de febrero de 2007). Estos asesinatos, según se hademostrado en la documentación aportada a esta Corporación y que consta en el Anexo 1 de lapresente providencia, fueron precedidos de serias amenazas por parte de grupos armados al margende la ley, tanto generales como específicas, contra las víctimas y sus familias, y de las consecuentespeticiones de protección dirigidas por estas, en forma colectiva e individual, a las autoridadesmunicipales, departamentales y nacionales, sin que la respuesta de éstas fuera efectiva. Aunque enel apartado siguiente de este Auto se hace referencia a la situación colectiva de los líderes depoblación desplazada del departamento del Tolima, es relevante mencionar esta crítica situación deriesgo para establecer el contexto de las peticiones que ha dirigido el señor Luis LL –cuyo caso es
  9. 9. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 9un ejemplo fehaciente de esta preocupante situación y de la forma como las autoridades de todonivel han respondido en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.Así, según se transcribe en el Numeral 1.1. del Anexo 1 de la presente providencia, el 8 de junio de2001 varios líderes de población desplazada del Tolima, incluido el señor Luis LL, dirigieron a laProcuraduría Departamental una denuncia de amenazas contra su vida y la de sus familias, y unasolicitud de protección urgente; de los firmantes de este documento, observa la Corte que a la fecha,dos han sido asesinados (los señores Jorge Enrique Romero -asesinado el 15 de diciembre de 2003-y Ovidio Maldonado -asesinado el 19 de octubre de 2004-), después de haber solicitado en formareiterada e infructuosa protección por las autoridades, con posterioridad a esta primera denuncia.Así, nota la Sala que los difuntos señores Romero y Maldonado suscribieron peticiones deprotección subsiguientes en los días 10 de febrero de 2002 (numeral 2.1. del Anexo 1) y 18 deseptiembre de 2003 (numeral 3.12. del Anexo 1), y así mismo habían sido mencionados dentro delas reiteradas peticiones de protección colectivas dirigidas por distintos dirigentes de OPD delTolima desde el año 2001 a autoridades de todo nivel. De igual manera, el señor Ovidio Maldonadoy el señor Ever Valderrama, ambos asesinados, habían sido objeto de una evaluación de riesgorealizada por la Policía y el DAS del Tolima en 2003, en la cual se concluyó que su nivel de riesgoameritaba impartir instrucciones de autoprotección (Documentos 13 y 34 del Anexo 2). Al señorMaldonado se le practicó en agosto de 2003 una evaluación de nivel de riesgo que dio comoresultado ‘Medio-Bajo’, “al no existir la amenaza directa e individualizada sobre su integridadpersonal (…) sugiriéndosele seguir adoptando las medidas de autoprotección impartidas por estaseccional”. Pese a ello, el riesgo que denunciaron todos ellos terminó por materializarseefectivamente. A medida que se han presentado estos asesinatos, el señor Luis LL junto con losdemás líderes y representantes de OPD han reiterado sus solicitudes de protección a las autoridades,en términos apremiantes, recibiendo distintas respuestas estatales a sus requerimientos.1.1.2. Peticiones de protección dirigidas por el señor Luis LL a las autoridades y respuesta a lasmismas. Medidas de protección efectivamente otorgadas.Observa la Corte que el peticionario Luis LL, en sus numerosas peticiones de protección a lasautoridades desde el año 2001, ha expresado en forma enfática que el riesgo que pesa sobre la viday seguridad personal suya y de los demás líderes de población desplazada del Tolima se hamaterializado sucesivamente en varias oportunidades en el asesinato de varios de sus compañerosde organización, que también había pedido infructuosamente protección del Estado. También haindicado con detalle las amenazas específicas que se habían dirigido en su contra y en contra de sufamilia. Sin embargo, como se puede apreciar con una lectura cuidadosa de los documentostranscritos en el Anexo 1 de la presente providencia, las respuestas de las autoridades no han sidoadecuadas a la gravedad del riesgo que se ha puesto en su conocimiento, además de haber sidomeramente formales, fluctuantes, inconsistentes, inconsultas, reservadas, en no pocas oportunidadesarbitrarias y, por lo menos en dos casos, abiertamente hostiles hacia el peticionario.El señor Luis LL ha dirigido en forma reiterada peticiones de protección a autoridades de losniveles nacional y territorial, de las distintas ramas del poder público y entidades de control, desdeel Presidente de la República hasta la Policía de Ibagué. Así, desde el año 2001 hasta el presente, hadirigido (i) por lo menos catorce peticiones diferentes al Programa de Protección del Ministerio delInterior y de Justicia (o a las dependencias que cumplían funciones similares antes de su creación),(ii) cinco peticiones al DAS y una a la Policía, (iii) cinco peticiones ante la Procuraduría General dela Nación y ocho ante la Procuraduría Departamental del Tolima, (iii) siete peticiones ante laDefensoría del Pueblo o la Personería, (iv) once peticiones ante la Presidencia de la República y tresante el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario o laVicepresidencia de la República, (v) nueve peticiones ante la Fiscalía General de la Nación, (vi) dospeticiones ante el Alto Comisionado para la Paz, y (vii) dos peticiones ante la Gobernación delTolima. Constata la Sala que éstas son únicamente las peticiones de las que tiene noticia por ladocumentación presentada por Luis LL ante esta Corporación, pero que según se infiere de variasrespuestas también aportadas dentro de tal documentación, hubo numerosas peticiones adicionalespresentadas durante el mismo período por el señor Luis LL ante autoridades de todo nivel, ennombre propio y/o en representación de los líderes de la población desplazada del Tolima. En cadauna de ellas se pone de presente el grave riesgo que pesa sobre la vida y la integridad de estoslíderes, cuya seriedad se demuestra progresivamente con la serie de asesinatos cometidos desde2001, y se expresa el estado de angustia, temor y zozobra en el que viven los afectados y sus
  10. 10. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 10familias. Así mismo, el señor Luis LL ha acudido a las distintas formalidades procesales exigidaspor cada entidad – incluyendo derechos de petición, declaraciones juramentadas, denuncias penalesy declaraciones ante entes investigadores o de control, así como a la presentación de dos accionesde tutela, que han sido falladas en su contra.Las respuestas de las entidades a sus numerosas peticiones han sido, según se infiere de ladocumentación transcrita en el Anexo 1, o bien formales, o bien negando la solicitud de protecciónpor no ser competentes para otorgarla, o bien efectuando remisiones a otras autoridades. Haymomentos en que las respuestas de las autoridades son claramente confusas, y efectúan remisionesinterinstitucionales difíciles de comprender, en algunas ocasiones asumiendo un tono hostil hacia elpeticionario –especialmente después de la interposición de las acciones de tutela contra elMinisterio del Interior y de Justicia-. El grueso de la documentación aportada por el peticionario ytranscrita en el Anexo 1 está compuesta de remisiones interinstitucionales o comunicacionesformales que no resuelven de fondo su petición de protección, en las cuales se puede apreciar eltono predominante de las comunicaciones entre el señor Luis LL y las autoridades a quienes hapedido, en diversas formas y con distintos fundamentos, protección para su vida e integridad y la desu familia.Ahora bien, nota la Sala que la respuesta del Ministerio del Interior y de Justicia a las catorcepeticiones de protección que ha dirigido el señor Luis LL al Programa de Protección –o lasdependencias equivalentes del Ministerio antes de su creación- ha sido confusa, contradictoria yfluctuante, y aunque se han realizado distintos estudios de riesgo e impartido efectivamente algunasmedidas de protección, se observa que (a) los resultados de los estudios de riesgo han sido variablesy no parecen responder a los hechos puestos en conocimiento de los entes evaluadores, (b) lasmedidas de protección adoptadas no han guardado coherencia con los resultados de los estudios deriesgo correspondientes, o bien no han estado precedidas estrictamente de un estudio de riesgoespecífico, y (c) en cualquier caso, las medidas de protección no son suficientes para conjurar elriesgo cierto de muerte que pesa sobre el señor Luis LL y su familia.En efecto, se ha acreditado ante la Corte –tanto por parte del señor Luis LL como por parte delPrograma de Protección del Ministerio del Interior4- que se han efectuado los siguientes estudios deriesgo para su caso:(i) el 17 de septiembre de 2002, el DAS – Seccional Tolima – Oficina de Protección de Ibaguérealizó un estudio cuyo resultado fue un Nivel de Riesgo Medio-Medio (Ver Documento 2.6. delAnexo 1 de este Auto). Las recomendaciones impartidas por el DAS fueron las de trasladarse a otraregión donde existieran menos vulnerabilidades, y abstenerse de viajar al municipio de origen, en elcual se concentra el mayor riesgo para el peticionario. Con base en este estudio de riesgo, y luegode la sesión del CRER en Bogotá del 29 de enero de 2003, se aprobó como medida de protección laentrega de cinco tiquetes nacionales y un mes de ayuda humanitaria para el peticionario y su familia(ver documento 3.1. del Anexo 1 de este Auto).Luego de que se efectuara el traslado a la ciudad de Bogotá en cumplimiento de esta primeramedida de protección, se suspendió la entrega efectiva de esta ayuda humanitaria por varios meses,por lo cual el señor Luis LL debió dirigir varias nuevas peticiones, hasta que finalmente en abril de2004 el CRER aprobó nuevamente la entrega de los dos meses faltantes. En el entretanto, por la4 Por solicitud de la Corte, el Ministerio del Interior informó el 7 de junio de 2007 que se han asignado lassiguientes medidas para el señor Luis LL: “[LUIS LL] ha sido beneficiario de cinco (5) tiquetes aéreosnacionales y una (1) ayuda humanitaria; dos (2) ayudas humanitarias, mediante acta 01 de enero de 2003;un (1) medio de comunicación celular mediante acta 3 de 20 de junio de 2006; un (1) apoyo de reubicacióntemporal equivalente a un millón doscientos veinticuatro mil pesos ($1’224.000), mediante trámite deemergencia del 18 de octubre de 2006; dos (2) apoyos de reubicación temporal equivalentes cada uno a unmillón doscientos veinticuatro mil pesos ($1.224.000), los cuales fueron pagaderos mes a mes, mediante acta06 del 21 de diciembre de 2006; un (1) medio de comunicación avantel, mediante trámite de emergencia del 6de marzo de 2007; un (1) chaleco antibalas, mediante trámite de emergencia del 27 de marzo de 2007; un (1)apoyo especial para transportes, con una asignación de sesenta (60) horas mensuales, con un costo de hastadiez mil pesos por hora, mediante acta 03 del 2 de mayo de 2007.” Esta síntesis ha sido contrastada con ladocumentación puesta a disposición de la Corte por el señor Luis LL para efectuar el recuento fácticosubsiguiente.
  11. 11. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 11precariedad de su situación económica, el peticionario y su familia debieron regresar al Tolima,incrementando su nivel de riesgo.También en este período tuvo que interponer una acción de tutela contra el Ministerio del Interiorpara recibir la protección que necesitaba; en primera instancia le fue concedida, pero en segundainstancia se revocó y se le denegó. Con posterioridad a este proceso de tutela, el tono del Ministeriodel Interior hacia el peticionario se hizo displicente, como se observa en los documentos 3.18 (14 denoviembre de 2003), 4.4. (14 de abril de 2004) y 4.6. (6 de mayo de 2004) del Anexo 1 del presenteAuto.(ii) en junio de 2004, un nuevo estudio de riesgo efectuado por el DAS de Ibagué arrojó comoresultado un Nivel Medio-Alto. Sin embargo, sin dar explicación al peticionario, este resultado fuemodificado en agosto de 2004 por la oficina central del DAS en Bogotá, reduciendo su nivel porconsiderarlo demasiado elevado, a Medio-Medio (Ver el documento 4.11. del Anexo 1 de estaprovidencia). Posteriormente, en febrero de 2005 se redujo aún más a Bajo, a pesar de que enoctubre anterior había sido asesinado el líder Ovidio Maldonado, quien había pedido protecciónconjuntamente con el señor Luis LL a diferentes autoridades, y cuyo estudio de seguridadindividual, realizado en agosto de 2003 por el DAS del Tolima, había arrojado un resultado Medio-Bajo (Documento 34 del Anexo 2 de este Auto). Luego, el 29 de abril de 2005, ante una nuevapetición de protección, se le dirigió una comunicación al señor Luis LL informándole en términosgenerales sobre los requisitos para participar en el programa de protección, como si no hubierapresentado peticiones con anterioridad (ver el documento 5.12 del Anexo 1 de este Auto).(iii) posteriormente, en mayo de 2005 se le comunicó al señor Luis LL que su nivel de riesgo eraMedio-Bajo. Con base en la información sobre nuevas amenazas contra su vida, el 20 de junio de2005, el CRER aprobó la asignación de un celular por seis meses, y advirtió que era necesario quese judicializara la información nueva, para evaluar nuevamente su nivel de riesgo (Ver elDocumento 5.27 del Anexo 1 de esta providencia).(iv) en agosto de 2006, la Policía del Tolima dictaminó que, pese a las denuncias de nuevasamenazas específicas en su contra, y de una orden de asesinarlo impartida por algunos líderesguerrilleros, su nivel de riesgo era ordinario, “de tipo circunstancial derivado de ladesestabilización de orden público que se registra en el país” (Ver el documento 6.7. del Anexo 1de este Auto). Meses después, el 2 de mayo de 2007, el Ministerio del Interior adoptó algunasmedidas colectivas de protección para los líderes de población desplazada del Tolima, queincluyeron la provisión de un chaleco antibalas para el señor Luis LL, y un número de horas detransporte en taxi compartidas entre todos los beneficiarios. Estas medidas fueron ratificadas poruna reunión del CRER del 2 de junio, en la cual se conceptuó que los niveles de riesgo de estoslíderes eran “ordinarios”. Ello, a pesar de que el 20 de febrero de 2007 se presentó un nuevoasesinato, del líder Ever Valderrama –quien figuraba como peticionario de protección en numerosascomunicaciones precedentes-.En suma, pese a que los hechos que el señor Luis LL ha narrado a las autoridades son verosímiles,consistentes y muy graves, y que ponen de presente la existencia de un riesgo serio contra su vida yla de su familia que no ha sido desvirtuado por las autoridades, los estudios de nivel de riesgo queha logrado que se le realicen desde que solicitó protección por primera vez en 2001 han arrojadoresultados variables, que no parecen responder a la realidad y magnitud de las amenazas que harecibido, y que no tienen en cuenta que en varios casos estas amenazas se han materializado en elasesinato de sus compañeros líderes de la población desplazada, así como en atentados contra suvida y actos criminales contra miembros de su familia, como la tortura de su hermano. Sin aparenterelación con los estudios de riesgo, y en concordancia con la clasificación de su nivel de riesgo pordebajo de la realidad, le han sido asignadas algunas medidas de protección que, o bien han resultadoinsuficientes para proteger efectivamente sus derechos, o por no ser provistas de manera oportunano han logrado su objetivo constitucional, como sucedió –por ejemplo- con la provisión de apoyoeconómico para su reubicación en 2003, que fue efectivamente entregado en 2004 cuando, por lasdifíciles condiciones de vida que debía afrontar, se vio obligado a regresar a Ibagué donde afrontaaltos niveles de riesgo.Más aún, las amenazas persisten y han sido puestas en conocimiento de las autoridades, aunque enla actualidad se haya concluido en el CRER que su nivel de riesgo es ordinario, dictamen que no es
  12. 12. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 12consistente con la asignación de un chaleco antibalas para su protección. En julio de 2007, el señorLuis LL informó a las distintas autoridades, incluida la Corte Constitucional, que ha recibido nuevasamenazas de muerte.1.2. Valoración de la situación por la Corte Constitucional. Activación de la presunción deriesgo y de los deberes mínimos de las autoridades frente a su caso. Medida de protección aimplementarEl señor Luis LL ha probado ante la Corte Constitucional que cumple con las condiciones queactivan la presunción constitucional de riesgo que le ampara como líder y representante de lapoblación desplazada por la violencia. En efecto, (a) ha presentado numerosas peticiones deprotección a las autoridades estatales de todo nivel, (b) las peticiones han sido efectivamenteconocidas por las autoridades competentes, (c) las peticiones han presentado información quedemuestra claramente que es una persona desplazada por la violencia, (d) la información que hapresentado ante las autoridades demuestra la existencia de amenazas ciertas y puntuales contra suvida e integridad personal y la de su familia, que se han materializado trágicamente en variasoportunidades, mediante descripciones no solo consistentes y verosímiles sino comprobadasobjetivamente por hechos de conocimiento de las autoridades.Como consecuencia de la aplicación de esta presunción constitucional al señor Luis LL en suscondiciones actuales, se encuentra activa la obligación estatal, en cabeza del Programa deProtección del Ministerio del Interior, de adoptar una medida de protección que sea (a) adecuadafácticamente a las circunstancias del señor Luis LL tal y como se han reseñado en el acápiteprecedente y se documentan en el Anexo 1 de la presente Providencia, circunstancias que han de serobjeto de una cuidadosa consideración por parte del Ministerio al momento de definir el alcance dela medida; (b) eficaz para proteger su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia, en elsentido de que sea oportuna e idónea para alcanzar el objetivo de protección a la luz de lascircunstancias reales de riesgo que afronta el peticionario; y (c) adecuada temporalmente, es decir,debe mantenerse en aplicación mientras subsista el riesgo extraordinario que pende sobre el señorLuis LL.Al momento de impartir la medida de protección que cumpla con las características señaladas, elMinisterio habrá de comunicarle expresamente su decisión al señor Luis LL, justificando con totalclaridad fáctica y jurídica porqué su medida cumple con los requisitos recién enunciados deadecuación fáctica, eficacia y adecuación temporal. En tanto acto administrativo, esta decisiónestará sujeta a los recursos de ley, para efectos de permitir la participación activa del beneficiario enel diseño e implementación de las medidas impartidas para proteger su vida y seguridad personal yla de su familia.Dado que se trata de proteger derechos fundamentales de importancia primaria en el ordenconstitucional colombiano, la Corte Constitucional otorgará al Director del Programa de Proteccióndel Ministerio del Interior, Rafael Bustamante, un término de cinco (5) días hábiles a partir de lacomunicación del presente Auto para finalizar el proceso de evaluación, diseño e implementaciónefectiva de la medida de protección requerida por el señor Luis LL. La gravedad de la situación y elriesgo apremiante que afecta al señor Luis LL amerita, en criterio de la Corte, que el señorBustamante acuda a los procedimientos de urgencia que considere necesarios; en caso de que seaindispensable en su criterio someter el caso a una nueva evaluación del CRER, podrá convocar aeste organismo si así lo estima prudente, pero en ningún caso podrá esta convocatoria o este procesode estudio retardar el cumplimiento de la orden impartida al señor Bustamante en este Auto en elsentido de implementar efectivamente una medida de protección respetuosa de los requisitosenunciados, dentro del término estricto e improrrogable de cinco (5) días hábiles a partir de sucomunicación.Se advierte al destinatario de la orden que, en virtud de decisión de la Sala Segunda de Revisión deldía trece (13) de agosto del año en curso, la Corte Constitucional ha reasumido la competencia paragarantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco del proceso de seguimiento de lasuperación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno. Por lomismo, la Corte Constitucional – Sala Segunda de Revisión será, en lo sucesivo, el juez competentepara tramitar los incidentes de desacato a los que hubiere lugar en virtud del Decreto 2591 de 1991.
  13. 13. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 132. Caso de los líderes y representantes de la población desplazada del departamento delTolima.2.1. Descripción de la situación de los afectados. Riesgo acreditado ante las autoridades yrespuesta de las mismas a las solicitudes de protección.Como se mencionó en el apartado precedente, la situación de los líderes de población desplazadadel departamento del Tolima es grave, y debe ser objeto de la mayor preocupación por parte de lasautoridades nacionales y territoriales. Según se ha documentado ante esta Corporación, desde el año2001 –año en el cual se presentaron las primeras denuncias y peticiones de protección por parte delos líderes de organizaciones de población desplazada de este departamento- han sido asesinadospor lo menos seis (6) dirigentes de población desplazada del Tolima, a saber: José Aníbal Morales(19 de abril de 2003), Héctor Julio Aponte (27 de febrero de 2003), Jorge Enrique Romero (15 dediciembre de 2003), William Correa (14 de septiembre de 2003), Ovidio Maldonado (19 de octubrede 2004) y Ever Valderrama (20 de febrero de 2007). Estos asesinatos, según se ha demostrado enla documentación aportada a esta Corporación y tal , fueron precedidos de amenazas generales yespecíficas contra las víctimas y sus familias, y de las consecuentes peticiones de proteccióndirigidas por estas, en forma colectiva e individual, a las autoridades municipales, departamentalesy nacionales, sin que la respuesta de éstas fuera efectiva. Las amenazas persisten, así como lasrecurrentes solicitudes de protección dirigidas por líderes de OPD de este departamento a lasautoridades.Ha sido demostrado ante la Corte Constitucional que varios dirigentes de población desplazada deldepartamento del Tolima, sobre los cuales pesan amenazas generales y específicas de muerte porparte de las FARC y otros grupos armados ilegales, han solicitado la protección de las autoridadesdesde el año 2001, presentando ante éstas relatos fehacientes de los hechos que constituyen riesgospara su vida y seguridad, sin que hasta la fecha hayan recibido medidas de protección acordes con elnivel de riesgo al que han comprobado estar expuestos. La documentación pertinente se encuentratranscrita en su integridad en el Anexo 2 de la presente providencia, así como en las peticiones atítulo general dirigidas por Luis LL a las autoridades en representación de los líderes del Tolima,que se incluyen en el Anexo 1.Dada la reacción inadecuada de las autoridades ante las distintas peticiones dirigidas por los líderesdel Tolima, éstos designaron una comisión que se dirigió a Bogotá y se reunió con RafaelBustamante, Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior, llegando a ciertosacuerdos de protección que, según se demostró ante la Corte, se tradujeron en la adopción dedistintas medidas de protección, concretamente la asignación de algunos chalecos antibalas (entreellos el que se asignó a Luis LL), de algunos medios de comunicación (teléfonos celulares yavantel) y de un medio colectivo de transporte (horas de taxi). Algunos de los líderes queparticiparon de este acuerdo regresaron a Ibagué, mientras que otros permanecieron en Bogotá. Sinembargo, a partir de entonces se ha informado a la Corte que el Ministerio del Interior no hacumplido con el compromiso adquirido de impartir las medidas concretas de protección que seannecesarias para conjurar el riesgo individual que afronta cada uno de los líderes en mención.En efecto, con base en la documentación aportada por los líderes de población desplazada delTolima a la Corte, así como en la información aportada por el Ministerio del Interior y de Justicia –Programa de Protección el día 7 de junio de 2007, se tiene que los siguientes líderes específicos hansido identificados como sujetos de protección urgente por estar expuestos a riesgos extraordinarioscontra su vida e integridad personal, riesgos que como se ha demostrado ante las autoridades, se hanmaterializado en asesinatos sucesivos, atentados y graves amenazas contra los referidos líderes ysus familias:2.1.1. Antonio AA. Consta que el peticionario diligenció el formulario de inscripción al Programade Protección del Ministerio del Interior el 18 de diciembre de 2006 en su calidad de Vicepresidentede la Organización OO, en virtud de amenazas contra su vida y la de su familia que se agravarondesde mayo de 2006, y que puso en conocimiento de la Fiscalía (Documentos 52 y 53 del Anexo 2).En respuesta a la petición de protección del 18 de diciembre de 2006, el Programa de Protección delMinisterio del Interior le informó el 21 de marzo de 2007 que debía someterse a una evaluación denivel de riesgo, pero no obstante le había sido asignado un medio de comunicación avantelmediante trámite de urgencia del 6 de marzo de 2007, y quedaban a la espera del resultado del
  14. 14. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 14estudio. Posteriormente, el 8 de mayo de 2007 se informó al señor Antonio AA que el CRER, ensesión del 2 de mayo, había aprobado dos meses de apoyo especial para transporte con unaasignación mensual de 50 horas. (Documentos 49 y 50 del Anexo 2 del presente Auto). El señorAntonio AA dirigió una nueva petición el 10 de mayo de 2007 ante el DAS, pidiendo el resultadodel estudio de riesgo (Documento 51 del Anexo 2), pero la respuesta del DAS (Documento 48 delAnexo 2) fue que no era posible darle a conocer tal información, por ser reservada.Según informa el Ministerio del Interior – Programa de Protección, en comunicación a la Corte deldía 7 de junio de 2007, el señor Antonio AA “ha sido beneficiario de un (1) medio decomunicación avantel, mediante trámite de urgencia del 6 de marzo de 2007; tres (3) apoyos dereubicación temporal, equivalentes cada uno a un millón trescientos mil pesos ($1’300.000),pagaderos mes a mes, sujetos a la verificación de la permanencia del señor [Antonio AA] fuera dela zona de riesgo, mediante acta 04 de 1 de junio de 2007, los cuales están en proceso deimplementación”. Ahora bien, según ha informado el señor Luis LL a la Corte (Documento 1 delAnexo 2 de la presente providencia), “[ANTONIO AA], quien tuvo que abandonar el departamento,porque no habían las garantías y por amenazas en contra de su vida.// Y como representante de la[Organización OO] tuvo que venirse a la ciudad de Bogotá, y el día 20 de diciembre de 2006, pidióla vinculación del programa de inmediato por Acta 38, cumpliendo con toda la documentación,denuncias y pruebas necesarias ante el Ministerio, pero pasados casi siete meses, no ha tenidorespuestas, solo se le ha dicho verbalmente que el CRER le aprobó la reubicación pero no hatenido oficialmente ninguna solución.// A la vez se ha acercado repetidamente al Ministerio, se ledijo que en este momento habían cambiado de fiduciaria y que no habían los recursos paraatenderlos y que tenía que esperarse mientras hacía convenio con una nueva fiduciaria, dondefinalmente la persona queda totalmente desprotegida por la negligencia de la Institucionalidad…”.2.1.2. Carmen CC. Según informa el señor Luis LL a la Corte Constitucional (Documento 1 delAnexo 2), “[CARMEN CC] secretaria de la [Organización PP], presentó la solicitud porque tuvoque presentar la ciudad de Ibagué, junto con el representante legal el señor [Francisco FF]”.Consta en la documentación aportada a la Corte que la señora Carmen CC diligenció el formato desolicitud de inscripción en el Programa de Protección del Ministerio del Interior del 29 de mayo de2007 (Documento 42 del Anexo 2), informando que desde este mismo mes de mayo recibióamenazas directas contra su vida e integridad personal de parte de las FARC, en la ciudad deBogotá – amenazas que denunció oportunamente ante la Fiscalía General de la Nación (Documento43 del Anexo 2). Sin embargo, un mes después de haber presentado esta solicitud de protección nohabía recibido respuesta ni información, lo cual motivó la presentación de una nueva petición el 27de junio de 2007 ante Rafael Bustamante, en su nombre, por parte de Luis LL (Documento 41 delAnexo 2), solicitando la actuación efectiva de las autoridades.2.1.3. Francisco FF. Informa el señor Luis LL a la Corte Constitucional (Documento 1 del Anexo2): “[CARMEN CC] secretaria de la [Organización PP], presentó la solicitud porque tuvo quepresentar la ciudad de Ibagué, junto con el representante legal el señor [Francisco FF]. // Despuésde haber presentado toda la documentación no le dieron respuesta sobre la solicitud que habíahecho de acogerse al programa de reubicación para salvaguardar su vida y su integridad, cuandose hizo la reunión con Rafael Bustamante, él mismo dijo que las personas que habían tomado ladecisión de quedarse en la ciudad de Bogotá, se les iba a dar la ayuda inmediatamente, pero ahorami carpeta no aparece en el Ministerio y la respuesta que tuve por la doctora Karen Rojas, era queno se habían podido comunicar con Ibagué para contrastar mi liderazgo. …en igual manera alseñor [Francisco FF], pasados dos meses no se le ha dado o no ha recibido todavía una ayudaoficial para el tema de seguridad.”2.1.4. Fernando FF. Informa Luis LL: “De igual forma viene sucediendo con los dirigentes quetomaron la decisión de regresar a Ibagué, porque el Ministerio iba a tomar las medidasinmediatas, lo único que se hizo fue entregarse un chaleco antibalas y un avantel para cada uno deellos, y en cada caso me voy a referir concretamente como es el caso de [Fernando FF], [CarlosCC], [Mauricio MM], [Daniel DD], [Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajounos compromisos institucionales, confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar elnivel de riesgo y pasados tres meses el Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentandoque están verificando con la fuerza pública y que están esperando un informe de ese departamento,cuando ya existen los estudios técnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constancias
  15. 15. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 15expedidas por las Fiscalías de amenazas, las denuncias, documentación que se puso enconocimiento de la Defensoría, Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima,igual que al DAS, Personería, Policía Nacional y a otras instituciones competentes.”(Comunicación de Luis LL, Documento 1 del Anexo 2) El señor Fernando FF presentó una nuevadenuncia de las amenazas en su contra el 9 de abril de 2007 ante la Fiscalía Regional de Ibagué,acreditando ante las autoridades que el 20 de marzo anterior, en la ciudad de Florencia, había sidointimidado por un sujeto que le advirtió que, de continuar en tal poblado, sería asesinado.(Documento 39 del Anexo 2 del presente Auto).2.1.5. Carlos CC. El señor Carlos CC ha acreditado que ha recibido amenazas específicas en sucontra de parte de las FARC, y que ha sido mencionado en las amenazas genéricas dirigidas por estegrupo contra los líderes desplazados del Tolima (documento 5 del Anexo 2). La existencia de talesamenazas ha sido certificada por el Personero Municipal de su municipio de origen, en febrero de2004 (Documento 13 del Anexo 2). Consta que pidió protección individualmente por primera vez el26 de septiembre de 2003 ante la Personería de Ibagué (Documento 10 del Anexo 2), que diligencióel formato de solicitud de protección al Ministerio del Interior el 1º de abril de 2004 (documento 28del Anexo 2), que reiteró su petición de protección el 28 de septiembre de 2004 (Documento 33 delAnexo 2), y que dirigió peticiones adicionales de protección en julio 7 y octubre 25 de 2004 a laProcuraduría General de la Nación (Documento 8 del Anexo 2), en octubre 5 de 2004 a laDefensoría del Pueblo (Documento 14 del Anexo 2), así como de manera colectiva en febrero ymarzo de 2007 (Documentos 24, 25 y 46 del Anexo 2), oportunidades en las cuales se informó a lasautoridades sobre nuevos hechos constitutivos de amenaza contra su vida e integridad. Igualmentedenunció las amenazas en su contra desde noviembre de 2002 (Documento 29 del Anexo 2), hapedido la protección del Programa de Protección a Víctimas del Ministerio del Interior en octubre11 de 2006 (Documento 21 del Anexo 2), y fue incluido en la solicitud de protección a dichoprograma de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo 2). Según informa Luis LL a la CorteConstitucional: “De igual forma viene sucediendo con los dirigentes que tomaron la decisión deregresar a Ibagué, porque el Ministerio iba a tomar las medidas inmediatas, lo único que se hizofue entregarse un chaleco antibalas y un avantel para cada uno de ellos, y en cada caso me voy areferir concretamente como es el caso de [Fernando FF], [Carlos CC], [Mauricio MM], [DanielDD], [Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajo unos compromisosinstitucionales, confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar el nivel de riesgo ypasados tres meses el Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentando que estánverificando con la fuerza pública y que están esperando un informe de ese departamento, cuandoya existen los estudios técnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constancias expedidaspor las Fiscalías de amenazas, las denuncias, documentación que se puso en conocimiento de laDefensoría, Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima, igual que al DAS,Personería, Policía Nacional y a otras instituciones competentes.” (Comunicación de Luis LL,Documento 1 del Anexo 2)2.1.6. Mauricio MM. El Sr. Mauricio MM diligenció el formato de inscripción en el programa deprotección del Ministerio del Interior desde septiembre de 2003 (Documento 3 del Anexo 2),acreditando que ha sido objeto de amenazas específicas en su contra de parte de las FARC durantelos tres años precedentes, así como de las amenazas genéricas dirigidas por esta guerrilla contra loslíderes de población desplazada del Tolima; en el mismo mes había pedido protecciónindividualmente ante la Personería de Ibagué (Documento 10 del Anexo 2). La existencia de talesamenazas ha sido certificada por el Personero Municipal de su municipio de origen, en febrero de2004 (Documento 13 del Anexo 2). Las peticiones de protección al Ministerio del Interior han sidoreiteradas en abril 1º de 2004 (documento 4 del Anexo 2), marzo 16 de 2006 (Documento 20 delanexo 2), febrero 28 de 2007 (Documento 46 del Anexo 2) y marzo 26 y 27 de 2007 (Documentos24 y 25 del Anexo 2), así como en julio 7 y octubre 25 de 2004 a la Procuraduría General de laNación (Documento 8 del Anexo 2), oportunidades en las cuales denunció nuevos hechos queconstituían riesgos en su contra. También ha acudido conjuntamente con Carlos CC a la Fiscalíapara denunciar las amenazas en su contra (Documento 11 del Anexo 2), e igualmente ha pedido laprotección del Programa de Protección a Víctimas del Ministerio del Interior en octubre 11 de 2006(Documento 21 del Anexo 2) y marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo 2). Según informaLuis LL a la Corte Constitucional: “De igual forma viene sucediendo con los dirigentes quetomaron la decisión de regresar a Ibagué, porque el Ministerio iba a tomar las medidasinmediatas, lo único que se hizo fue entregarse un chaleco antibalas y un avantel para cada uno deellos, y en cada caso me voy a referir concretamente como es el caso de [Fernando FF], [Carlos
  16. 16. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 16CC], [Mauricio MM], [Daniel DD], [Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajounos compromisos institucionales, confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar elnivel de riesgo y pasados tres meses el Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentandoque están verificando con la fuerza pública y que están esperando un informe de ese departamento,cuando ya existen los estudios técnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constanciasexpedidas por las Fiscalías de amenazas, las denuncias, documentación que se puso enconocimiento de la Defensoría, Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima,igual que al DAS, Personería, Policía Nacional y a otras instituciones competentes.”(Comunicación de Luis LL, Documento 1 del Anexo 2)2.1.7. Daniel DD. El señor Daniel DD fue incluido en la solicitud de protección al programa deProtección de Víctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzode 2007 (Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto). Según informó el señor Daniel DD ala Fiscalía Regional de Ibagué mediante denuncia del 9 de abril de 2007 (Documento 37 del Anexo2), amenazas semejantes a las que le llevaron a desplazarse originalmente de su lugar de residenciafueron reiteradas por los mismos actores armados, con ocasión de su trabajo como líder depoblación desplazada en Ibagué, desde el 21 de febrero de 2007, con el agravante del asesinato, poresa misma fecha, del líder Ever Valderrama, situación que le llevó a pedir nuevamente la protecciónde las autoridades para sí mismo y su familia. Según informa Luis LL a la Corte Constitucional:“De igual forma viene sucediendo con los dirigentes que tomaron la decisión de regresar a Ibagué,porque el Ministerio iba a tomar las medidas inmediatas, lo único que se hizo fue entregarse unchaleco antibalas y un avantel para cada uno de ellos, y en cada caso me voy a referirconcretamente como es el caso de [Fernando FF], [Carlos CC], [Mauricio MM], [Daniel DD],[Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajo unos compromisos institucionales,confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar el nivel de riesgo y pasados tres mesesel Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentando que están verificando con la fuerzapública y que están esperando un informe de ese departamento, cuando ya existen los estudiostécnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constancias expedidas por las Fiscalías deamenazas, las denuncias, documentación que se puso en conocimiento de la Defensoría,Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima, igual que al DAS, Personería,Policía Nacional y a otras instituciones competentes.” (Comunicación de Luis LL, Documento 1del Anexo 2)2.1.8. Pablo PP. El señor Pablo PP fue incluido en la solicitud de protección al programa deProtección de Víctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzode 2007 (Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto). Según informa Luis LL a la CorteConstitucional: “De igual forma viene sucediendo con los dirigentes que tomaron la decisión deregresar a Ibagué, porque el Ministerio iba a tomar las medidas inmediatas, lo único que se hizofue entregarse un chaleco antibalas y un avantel para cada uno de ellos, y en cada caso me voy areferir concretamente como es el caso de [Fernando FF], [Carlos CC], [Mauricio MM], [DanielDD], [Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajo unos compromisosinstitucionales, confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar el nivel de riesgo ypasados tres meses el Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentando que estánverificando con la fuerza pública y que están esperando un informe de ese departamento, cuandoya existen los estudios técnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constancias expedidaspor las Fiscalías de amenazas, las denuncias, documentación que se puso en conocimiento de laDefensoría, Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima, igual que al DAS,Personería, Policía Nacional y a otras instituciones competentes.” (Comunicación de Luis LL,Documento 1 del Anexo 2)2.1.9. Miguel MM. El señor Miguel MM fue incluido en la solicitud de protección al programa deProtección de Víctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzode 2007 (Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto). Según informa Luis LL a la CorteConstitucional: “De igual forma viene sucediendo con los dirigentes que tomaron la decisión deregresar a Ibagué, porque el Ministerio iba a tomar las medidas inmediatas, lo único que se hizofue entregarse un chaleco antibalas y un avantel para cada uno de ellos, y en cada caso me voy areferir concretamente como es el caso de [Fernando FF], [Carlos CC], [Mauricio MM], [Daniel
  17. 17. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 17DD], [Pablo PP], [Miguel MM].// Estas personas regresaron bajo unos compromisosinstitucionales, confiados en que se les iban a dar las garantías para bajar el nivel de riesgo ypasados tres meses el Ministerio no ha dado la respuesta concreta argumentando que estánverificando con la fuerza pública y que están esperando un informe de ese departamento, cuandoya existen los estudios técnicos de seguridad, hechos por el DAS, POLICIA, constancias expedidaspor las Fiscalías de amenazas, las denuncias, documentación que se puso en conocimiento de laDefensoría, Procuraduría y ante la Gobernación del Departamento del Tolima, igual que al DAS,Personería, Policía Nacional y a otras instituciones competentes.” (Comunicación de Luis LL,Documento 1 del Anexo 2)2.1.10. Rafael RR. El señor Rafael RR ha sido objeto de amenazas individualizadas por parte de lasFARC desde junio de 2004 como consecuencia de su labor de organización de la poblacióndesplazada (Documento 18 del Anexo 2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdocon el Ministerio del Interior en marzo de 2007 (Documentos 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto).2.1.11. Guillermo GG. Fue incluido en la solicitud de protección al programa de Protección deVíctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo 2), y formóparte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzo de 2007(Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto).2.1.12. Eduardo EE. El señor Eduardo EE fue incluido en la solicitud de protección al programa deProtección de Víctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzode 2007 (Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto). Según informó el señor Eduardo EE ala Fiscalía en denuncia del 9 de abril de 2007, desde diciembre de 2006 empezó a recibir amenazaspor su labor como líder de una asociación para la defensa de los derechos de la poblacióndesplazada, y empezó a tomar dichas amenazas en serio después del asesinato de Ever Valderramael 20 de febrero del año en curso, puesto que éste último había sido amenazado por el mismo frentede las FARC.2.1.13. Rosa RR. La señora Rosa RR fue incluida en la solicitud de protección al programa deProtección de Víctimas del Ministerio del Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo2), y formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior en marzode 2007 (Documentos 23, 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto).2.1.14. Alejandro AA. El señor Alejandro AA formó parte del grupo de líderes que llegó a unacuerdo con el Ministerio del Interior en marzo de 2007 (Documentos 24 y 25 del Anexo 2 de esteAuto). Consta en la documentación anexa a este Auto (Documento 36 del Anexo 2) que en abril de2007 el señor Alejandro AA puso en conocimiento del Programa de Protección del Ministerio delInterior varios hechos recientes que generaban un riesgo para su vida y su integridad personal, comofue el asesinato de su tío, la recepción de diversas amenazas, la realización de atentados conartefactos explosivos y la retención de algunos miembros de su familia, actos todos cometidos porlas FARC dentro de la persecución desatada contra él y los demás directivos de la Organización QQ– quienes se individualizan así: (…).2.1.15. Iván II; formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interioren marzo de 2007 (Documentos 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto). Sin embargo, según secomunicó el 17 de abril al Ministerio del Interior por parte de un grupo de líderes de poblacióndesplazada de todo el país (Documento 47 del Anexo 2), al señor Iván II “el Ministerio le quitó sinjustificación alguna la protección que le otorgó, obligándolo a abandonar el Departamento delHuila en donde realizaba una labor social por la comunidad desplazada. Como consecuencia deesto, el desplazamiento forzado del Huila para la ciudad de Bogotá”.2.1.16. Julio JJ. Formó parte del grupo de líderes que llegó a un acuerdo con el Ministerio delInterior en marzo de 2007 (Documentos 24 y 25 del Anexo 2 de este Auto).2.1.17. Roberto RR, hijo de Carlos CC, y a su vez objeto de amenazas (Documento 27 del Anexo2).
  18. 18. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 182.1.18. Santiago SS, ha sido mencionado en las amenazas dirigidas por la guerrilla de las FARCcontra los líderes y representantes de población desplazada del Tolima (Documento 27 del Anexo2), y fue incluido en la solicitud de protección al programa de Protección de Víctimas del Ministeriodel Interior de marzo 12 de 2007 (Documento 21 del Anexo 2).2.2. Valoración de la situación por la Corte Constitucional. Activación de la presunción deriesgo y de los deberes mínimos de las autoridades frente a su caso. Medida de protección aimplementarLos señores Antonio AA, Carmen CC, Francisco FF, Fernando FF, Carlos CC, Mauricio MM,Daniel DD, Pablo PP, Miguel MM, Rafael RR, Guillermo GG, Eduardo EE, Rosa RR,Alejandro AA, Iván II, Julio JJ, Roberto RR y Santiago SS, han probado ante la CorteConstitucional que cumplen con las condiciones que activan la presunción constitucional de riesgoindividual que ampara a cada uno de ellos como líder y representante de la población desplazadapor la violencia en el departamento del Tolima. En efecto, (a) han presentado numerosas peticionesde protección a las autoridades estatales de todo nivel, (b) las peticiones han sido efectivamenteconocidas por las autoridades competentes, (c) las peticiones han presentado información quedemuestran claramente que son personas desplazadas por la violencia, (d) la información que hanpresentado ante las autoridades demuestra la existencia de amenazas ciertas y puntuales contra suvida e integridad personal y las de sus familias, que se han materializado trágicamente en variasoportunidades, mediante descripciones no solo consistentes y verosímiles sino comprobadasobjetivamente por hechos de conocimiento de las autoridades.Como consecuencia de la aplicación de esta presunción constitucional a los señores Antonio AA,Carmen CC, Francisco FF, Fernando FF, Carlos CC, Mauricio MM, Daniel DD, Pablo PP,Miguel MM, Rafael RR, Guillermo GG, Eduardo EE, Rosa RR, Alejandro AA, Iván II, JulioJJ, Roberto RR y Santiago SS en sus condiciones actuales, se encuentra activa la obligaciónestatal, en cabeza del Programa de Protección del Ministerio del Interior, de adoptar una medida deprotección para cada uno de ellos que sea (a) adecuada fácticamente a las circunstancias de cadauno de sus casos tal y como se han reseñado en el acápite precedente y se documentan en el Anexo2 de la presente Providencia, circunstancias que han de ser objeto de una cuidadosa consideraciónpor parte del Ministerio al momento de definir el alcance de la medida; (b) eficaz para proteger suvida, seguridad e integridad personal y la de su familia, en el sentido de que sea oportuna e idóneapara alcanzar el objetivo de protección a la luz de las circunstancias reales de riesgo que afrontacada peticionario; y (c) adecuada temporalmente, es decir, debe mantenerse en aplicación mientrassubsista el riesgo extraordinario que pende sobre cada uno de estos líderes y representantes.Al momento de impartir las medidas de protección que cumplan con las características señaladas, elMinisterio habrá de comunicarle expresamente su decisión a cada uno de los beneficiarios,justificando con total claridad fáctica y jurídica porqué la medida correspondiente cumple con losrequisitos recién enunciados de adecuación fáctica, eficacia y adecuación temporal. En tanto actosadministrativos, estas decisiones estarán sujeta a los recursos de ley, para efectos de permitir laparticipación activa de cada beneficiario en el diseño e implementación de las medidas impartidaspara proteger su vida y seguridad personal y la de su familia.Dado que se trata de proteger derechos fundamentales de importancia primaria en el ordenconstitucional colombiano, la Corte Constitucional otorgará al Director del Programa de Proteccióndel Ministerio del Interior, Rafael Bustamante, un término de quince (15) días hábiles a partir de lacomunicación del presente Auto para finalizar el proceso de evaluación, diseño e implementaciónefectiva de las medidas de protección requeridas por los señores Antonio AA, Carmen CC,Francisco FF, Fernando FF, Carlos CC, Mauricio MM, Daniel DD, Pablo PP, Miguel MM,Rafael RR, Guillermo GG, Eduardo EE, Rosa RR, Alejandro AA, Iván II, Julio JJ, RobertoRR y Santiago SS. La gravedad de la situación y el riesgo apremiante que afecta a estas personas ysus familias amerita, en criterio de la Corte, que el señor Bustamante acuda a los procedimientos deurgencia que considere necesarios; en caso de que sea indispensable en su criterio someter estoscasos a una nueva evaluación del CRER, podrá convocar a este organismo si así lo estima prudente,pero en ningún caso podrá esta convocatoria o este proceso de estudio retardar el cumplimiento dela orden impartida al señor Bustamante en este Auto en el sentido de implementar efectivamentemedidas de protección respetuosas de los requisitos enunciados, dentro del término estricto eimprorrogable de quince (15) días hábiles a partir de su comunicación.
  19. 19. Seguimiento sentencia T-025 de 2004 19Teniendo en cuenta que la situación fáctica descrita afecta no solamente a los líderes yrepresentantes recién enumerados, sino también a los demás líderes y representantes de la poblacióndesplazada del departamento del Tolima, la Corte Constitucional también ordenará al señorBustamante que, en ejercicio de sus competencias y si lo considera pertinente como parte del grupode medidas a impartir para los peticionarios recién individualizados, incluya como beneficiarios demedidas protectivas a los demás líderes y representantes de la población desplazada del Tolima quecumplan, en su criterio, con las condiciones para activar la presunción constitucional de riesgo.Se advierte al destinatario de la orden que, en virtud de decisión de la Sala Segunda de Revisión deldía trece (13) de agosto del año en curso, la Corte Constitucional ha reasumido la competencia paragarantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco del proceso de seguimiento de lasuperación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno. Por lomismo, la Corte Constitucional – Sala Segunda de Revisión será, en lo sucesivo, el juez competentepara tramitar los incidentes de desacato a los que hubiere lugar en virtud del Decreto 2591 de 1991.3. Caso de José JJ3.1. Descripción de la situación del afectadoLa documentación que sustenta el relato fáctico subsiguiente, aportada por el señor José JJ a laCorte Constitucional, se encuentra transcrita en su integridad en el Anexo 3 del presente Auto.3.1.1. Riesgo acreditado ante las autoridadesEl señor José JJ se desempeñó como líder de la población desplazada del departamento dePutumayo hasta enero de 2006, cuando fue víctima de dos retenciones ilegales e interrogatorios quedescribe como torturas psicológicas, por parte de personas armadas no identificadas, quienes comoconsecuencia de su labor le exigían que suministrara información sobre los miembros de laorganización que lidera. Estas retenciones estuvieron precedidas por el asesinato, en diciembre 31de 2005, del líder de población desplazada del Putumayo Melesio Lesmes. Eventualmente, en abril20 de 2006 los grupos armados ilegales que operan en Mocoa ordenaron al señor José JJ y sufamilia que abandonaran la región en un plazo de 72 horas, por lo cual se desplazó a la ciudad deBogotá. (Ver a este respecto el relato de los hechos efectuado por el señor José JJ ante la Fiscalía,en denuncia del 28 de abril de 2006).3.1.2. Peticiones presentadas ante las autoridades y medidas de protección efectivamenteadoptadas.El Programa de Protección del Ministerio del Interior, en reconocimiento de la seriedad del riesgoque pendía sobre su seguridad y la de su familia, reaccionó inicialmente para conjurar la situaciónde riesgo del peticionario, asignando: tres apoyos de reubicación temporal entre enero y abril de2006, y un apoyo para transporte aéreo y trasteo hacia la ciudad de Bogotá en mayo de 2006 (Ver eldocumento No. 2 del Anexo 3 de este Auto). Por voluntad de su familia, el desplazamiento aBogotá se realizó por vía terrestre, motivo por el cual los tiquetes aéreos quedaron sin utilizar.Desde entonces, según afirma, no ha recibido ninguna prestación ni medida adicional de protección.Si bien se afirma por parte del Ministerio que en mayo de 2006 se le otorgó un nuevo apoyo dereubicación temporal, el señor José JJ afirma que ello no se le comunicó, y que no ha recibido taldinero.Dado que el apoyo para reubicación temporal fue concedido en 2006, hace más de un año, el señorJosé JJ se encuentra en Bogotá atravesando una crítica situación económica que conlleva violaciónclara de su mínimo vital, situación que de contera ha obligado a su esposa y su núcleo familiar aretornar a Putumayo, donde permanecen actualmente sin que el señor José JJ pueda reunirse conellos porque su vida corre riesgo en este departamento, según han reconocido las mismasautoridades. El señor José JJ solicitó el 13 de septiembre de 2006 una prórroga del apoyo concedido(ver el documento 3 del Anexo 3 del presente Auto), pero la respuesta del Programa de Protección,comunicada el 7 de febrero de 2007, fue negativa, por considerar que su nivel de riesgo eraordinario, en criterio del DAS, contenido en un concepto que nunca le fue comunicado alpeticionario, al cual no se le realizó materialmente un estudio de riesgo. A pesar de ello, se le asignó

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