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Trabajo obligaciones extracontractuales jesuu (2)

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ensayo derecho internacional privado

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Trabajo obligaciones extracontractuales jesuu (2)

  1. 1. Universidad Fermín Toro Vice Rectorado Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela de Derecho Autor: Jesús Álvarez Obligaciones Extracontractuales El tema objeto d estudio alude a las obligaciones que pueden ser adquiridas extracontractualmente en el derecho internacional privado, se vislumbra el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios entre otras, todas ellas regidas tanto por la legislación propia del país, como la Ley del Derecho Internacional Privado como por aquellas que regulan actos internacionales, tales como el Código de Bustamante, esto contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones que las personas puedan contraer en base al derecho internacional privado y a las soluciones que este ofrece en caso de conflictos. La doctrina la ha estimado como la obligación de reparar un daño derivado de un hecho distinto a la no ejecución o ejecución forzosa de una obligación contractual; en virtud de ello, es imprescindible enfatizar al artículo 1.185 del Código Civil Venezolano puesto a que del texto de dicha norma se concibe que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Asimismo, es relevante enfatizar que las obligaciones extracontractuales tienen como fuentes, según lo admitido por sistemas jurídicos al Hecho ilícito, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y al cuasicontrato.
  2. 2. De igual modo, es preciso hacer mención que el hecho ilícito refiere a aquella conducta que tiene la intención de generar un daño, la responsabilidad civil derivada de este hecho comprende a aquellas acciones, siendo entre las diversas conductas los delitos contra las personas y contra la propiedad, los comportamientos culposos en el ejercicio de profesiones y oficios y entre otros; conforme a ello la Ley Del Derecho Internacional Privado regula lo referente aludiendo que se rigen por el Derecho del lugar donde se han producido sus efectos, sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. Aunado a ello, la doctrina ha concluido que para determinar el Derecho aplicable a los hechos ilícitos existen sistemas tradicionales como lo son la Lex Loci Delicti Commissi, en la cual se argumenta la existencia de un vinculo natural entre el hecho ilícito y el lugar de ocurrencia de los hechos y la ley del lugar de comisión del ilícito como única regla accesible a los interesados para proceder a la reclamación por el daño sufrido y como segundo sistema; la Lex Fori fundamentada en el carácter constitutivo y en que la doctrina ha atribuido a algunos países sentencias que condenaban el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios como consecuencia del hecho ilícito. La gestión de negocio consiste en el hecho de que una persona interviene en los negocios de otra sin su conocimiento. La doctrina lo define como acto donde una persona (gestor) interviene o se ocupa en los asuntos de otra (denominada dueño) sin obligación legal o convencional de hacerlo; asimismo la ley de Derecho Internacional Privado, establece que la gestión de negocios, entre otras, se rigen por el Derecho del lugar del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación.
  3. 3. Cuando se menciona la gestión de negocios dentro del derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante es fundamental, ya que este ha tomado el criterio de someter la gestión de negocios en una Ley única declarando como principio general la competencia de la ley del lugar de la gestión; entonces este criterio soporta que fuera de toda relación contractual, esta ley es la de mayor autoridad para asumir una regulación internacional de estos asuntos y nacen ciertas obligaciones, tal como la de rembolsar al gestor los gastos necesarios o útiles, con los intereses, desde el día en que el gestor haya hecho los gastos. Conforme a ello, llamado el pago de lo indebido dentro del ámbito de la ley de Derecho Internacional Privado hace mención que La gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el Derecho del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación. En este orden de ideas, se concibe al el pago de lo indebido que representa el centro de regulación de las hipótesis de enriquecimiento sin causa, en Venezuela hasta la última reforma del Código Civil, fue incluido el enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de obligaciones; la variedad legislativa existente explica la importancia del asunto desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, puesto que las discrepancias se presentan no sólo respecto de los elementos constitutivos de la cotuiictio indebiti (posibilidad de amparar o no el error de derecho) sino también del ámbito de su vigencia (punto de partida y rata de interés, según la buena o mala fe de accipienis; lapso de prescripción de la acción). Es por ello, que la escogencia de la ley aplicable al pago de lo indebido se ha visto influenciada por consideraciones propias a otros institutos jurídicos, y algunos sectores
  4. 4. doctrinarios sostienen la validez de los mismos criterios utilizados en materia de contratos, de cuasicontratos en general o de enriquecimiento sin causa; y de igual modo ha sido atribuida competencia a la ley de la nacionalidad común de las partes, a la ley de domicilio del accipiens o a la lex fori, esta última por consideraciones de orden público internacional. Sin embargo, existe una variedad de criterios que se encuentra reflejada en la doctrina venezolana, puesto que existen doctrinologos que sostienen la asimilación al respectivo régimen contractual; la Lex loci es defendida aun cuando el carácter de orden público internacional de la obligación es restituir lo pagado indebidamente, circunstancia que explica otros autores en favor de la lex fori y por ende frente a tales directrices doctrinarias, el Código Bustamante, no reservado por Venezuela, dispone, el cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes, y, en su defecto, a la ley del lugar en que se hizo el pago. Es oportuno acotar que existe por lo tanto una relación personal y las leyes territoriales no son la única salida posible, debido a que cada parte debió contar con el derecho para todas las consecuencias de su acción, y ese derecho habrá de ser el conocido y el probable para ellos. La ley personal recobra su influjo y adquiere títulos a su aplicación, cuando esa aplicación es posible por ser común a los que se ligan con dicha relación de derecho y si la ley personal difiere, puede y debe sustituirla, como en los contratos, la del lugar en que el pago se hubiere hecho. Sin embargo, la posición tradicionalmente aceptada se orienta hacia la competencia de la ley del lugar donde el pago se efectúa, no obstante, los autores están en desacuerdo respecto al fundamento de la regla: por una parte se destacan las inconveniencias de los otros criterios propuestos y por la otra se hace hincapié en consideraciones de orden público internacional;
  5. 5. pero la idea dominante trata de reflejar una necesidad racional ante la ausencia de otro vínculo objetivo de conexión con el territorio de un Estado diferente. Aunado a ello, el enriquecimiento sin causa se suele conectar con principios de Derecho natural, por cuanto su fundamento está vinculado a exigencias primarias impuestas por la equidad. Sin embargo, no tiene consagración expresa en todos los países, puesto que en algunos es admitido sólo por la jurisprudencia, puesto que en unos se rigen por una amplia doctrina sobre la base del pago de lo indebido; y en otros existen regímenes jurídicos, más o menos completos, de esta manera adquiere particular importancia el problema de Derecho internacional privado, cuando el supuesto de hecho aparece conectado con varias leyes simultáneamente vigentes. De este modo, la escogencia de la ley aplicable al enriquecimiento sin causa no responde a criterios uniformes en los diversos países, y como sucede en el campo de la gestión de los negocios o del pago de lo indebido, se afirma la necesidad de trasladar analógicamente los criterios aceptados en materia de contratos o de cuasicontratos en general: también ha sido atribuida competencia a la ley de la nacionalidad común de las partes, a la ley de la nacionalidad o del domicilio del demandado, y a la lex fori, esta última por motivos de orden público internacional. Según se ha indicado respecto de la gestión de negocios y del pago de lo indebido, la anterior variedad de criterios también se refleja en la doctrina venezolana cuando sostiene la asimilación al respectivo régimen contractual. Conforme a todo lo expreso, la competencia de la lex loci se enfrenta en esta materia a las críticas derivadas del carácter fortuito o accidental del lugar donde pudo ocurrir el hecho generador del enriquecimiento; y en
  6. 6. particular con las dificultades para determinarlo, cuando el empobrecimiento y el enriquecimiento se localizan en países diferentes: en tal caso predomina doctrinariamente la ley del lugar donde se produjo el enriquecimiento, entre otros motivos porque éste debe existir en el momento de intentarse la demanda y por cuanto generalmente constituye un elemento positivo de más fácil localización y a la localización objetiva tradicional del lugar del enriquecimiento se oponen en los últimos tiempos recientes directrices sostenidas en el campo de los hechos ilícitos, tendientes a vincular el lugar de su ocurrencia con el medio social donde se encuentran más íntimamente vinculados, aun cuando de esta manera se incorpora un elemento de incertidumbre también se logra una mayor elasticidad en la aplicación de la lex loci, que sólo mantiene su validez teóricamente. En efecto, se puede determinar que el medio social de ocurrencia podría ser el domicilio de las partes, el lugar de la situación o cualquier otro, de acuerdo con las circunstancias; pero al permitirse al Juez apreciar las características particulares del caso concreto se obtiene una mayor flexibilidad en los resultados y se destaca más adecuadamente el aspecto subjetivo y moral del enriquecimiento sin causa; asimismo la lex locí determinará la necesidad de la ausencia de causa, pero su competencia no se extiende a decidir si en el caso concreto existe un derecho susceptible de explicar el enriquecimiento, asunto éste que debe resolverse conforme a la Ley que regule el derecho en cuestión: por tanto, si el demandado afirma un vínculo contractual justificativo del enriquecimiento habrá de consultarse la Lex contractus para pronunciarse acerca de la procedencia de sus alegatos. Del mismo modo, el Cuasi Contrato no es más que un acto voluntario, y se diferencia de la ley como fuente de las Obligaciones y por ende para poder distinguir o percibir constantemente las obligaciones derivadas tan sólo de la Ley y las nacidas de un hecho personal del deudor; podemos notar o darnos
  7. 7. cuenta que los legisladores también se acostumbraron a dividir estas últimas en delitos y cuasidelitos por una parte, y en cuasicontratos por la otra, es decir, en el Derecho interno la doctrina moderna sostiene la inutilidad de mantener la distinción tradicional entre delitos y cuasidelitos, por cuanto el carácter voluntario o involuntario (negligencia o imprudencia) de los hechos sólo tiene importancia en el ámbito penal y en nada modifica la responsabilidad civil impuesta al agente; y por ende la consagración de los cuasicontratos como fuente autónoma de obligaciones en Derecho Interno también es notoria en el Derecho Internacional Privado, así lo demuestran los esfuerzos para regirlos por una ley única, como lo hizo en forma subsidiaria el Código Bustamante cuando establece que los cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine. En el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado las situaciones jurídicas válidamente creadas bajo un Derecho extranjero, han tenido importancia desde siempre. Andrés Bello es el primero en referirse a las mismas afirmando que aunque un Estado sólo atiende a sus propias leyes para calificar de legales o ilegales los actos que se ejecutan bajo su imperio, los actos ejecutados en otro territorio y bajo el imperio de otras leyes deben calificarse de legales o ilegales con arreglo a éstas; y entre las fuentes convencionales vigentes para Venezuela que consagran el reconocimiento de las situaciones jurídicas válidamente creadas, se encuentran en primer lugar el Código Bustamante y la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.

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