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BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25389restringirse la prestación de servicios provenientes dedichos Estados cuando afect...
25390 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166lo referente a las obligaciones de los prestadores deservicios incluidos los que a...
BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25391TÍTULO IIPrestación de servicios de la sociedadde la informaciónCAPÍTULO IPrincipi...
25392 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166Las anotaciones practicadas en los Registros Mer-cantiles se comunicarán inmediata...
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BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25397Los funcionarios adscritos al Ministerio de Cienciay Tecnología que ejerzan la ins...
25398 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166página de inicio del sitio de Internet del prestador, unavez que aquélla tenga car...
BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25399se hubiera cometido utilizando técnicas y medios tele-máticos o electrónicos y res...
25400 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166nombres de dominio de tercer nivel se asignarán enlos términos que se establezcan ...
BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25401Telecomunicaciones, que quedará redactado comosigue:«10. Tasa por asignación del r...
25402 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166de acceso funcional a Internet, de acuerdo con elsiguiente calendario:1.oAl menos ...
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Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico

  1. 1. 25388 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166I. Disposiciones generalesJEFATURA DEL ESTADO13758 LEY 34/2002, de 11 de julio, de serviciosde la sociedad de la información y de comer-cio electrónico.JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑAA todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yovengo en sancionar la siguiente Ley.EXPOSICIÓN DE MOTIVOSILa presente Ley tiene como objeto la incorporaciónal ordenamiento jurídico español de la Directiva2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de losservicios de la sociedad de la información, en particular,el comercio electrónico en el mercado interior (Directivasobre el comercio electrónico). Asimismo, incorpora par-cialmente la Directiva 98/27/CE, del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a lasacciones de cesación en materia de protección de losintereses de los consumidores, al regular, de conformi-dad con lo establecido en ella, una acción de cesacióncontra las conductas que contravengan lo dispuesto enesta Ley.Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedadde la información» viene determinado por la extraordi-naria expansión de las redes de telecomunicaciones y,en especial, de Internet como vehículo de transmisióne intercambio de todo tipo de información. Su incor-poración a la vida económica y social ofrece innume-rables ventajas, como la mejora de la eficiencia empre-sarial, el incremento de las posibilidades de elección delos usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo.Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologíastropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que espreciso aclarar con el establecimiento de un marco jurí-dico adecuado, que genere en todos los actores inter-vinientes la confianza necesaria para el empleo de estenuevo medio.Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de laaplicación a las actividades realizadas por medios elec-trónicos de las normas tanto generales como especialesque las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspec-tos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridadesque implica su ejercicio por vía electrónica, no estáncubiertos por dicha regulación.IISe acoge, en la Ley, un concepto amplio de «serviciosde la sociedad de la información», que engloba, ademásde la contratación de bienes y servicios por vía elec-trónica, el suministro de información por dicho medio(como el que efectúan los periódicos o revistas que pue-den encontrarse en la red), las actividades de interme-diación relativas a la provisión de acceso a la red, ala transmisión de datos por redes de telecomunicaciones,a la realización de copia temporal de las páginas deInternet solicitadas por los usuarios, al alojamiento enlos propios servidores de información, servicios o apli-caciones facilitados por otros o a la provisión de ins-trumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios deInternet, así como cualquier otro servicio que se prestea petición individual de los usuarios (descarga de archi-vos de vídeo o audio...), siempre que represente unaactividad económica para el prestador. Estos serviciosson ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones,los proveedores de acceso a Internet, los portales, losmotores de búsqueda o cualquier otro sujeto que dis-ponga de un sitio en Internet a través del que realicealguna de las actividades indicadas, incluido el comercioelectrónico.Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica,con carácter general, a los prestadores de servicios esta-blecidos en España. Por «establecimiento» se entiendeel lugar desde el que se dirige y gestiona una actividadeconómica, definición esta que se inspira en el conceptode domicilio fiscal recogido en las normas tributariasespañolas y que resulta compatible con la noción mate-rial de establecimiento predicada por el Derecho comu-nitario. La Ley resulta igualmente aplicable a quienessin ser residentes en España prestan servicios de la socie-dad de la información a través de un «establecimientopermanente» situado en España. En este último caso,la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto aaquellos servicios que se presten desde España.El lugar de establecimiento del prestador de servicioses un elemento esencial en la Ley, porque de él dependeel ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino detodas las demás disposiciones del ordenamiento españolque les sean de aplicación, en función de la actividadque desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimientodel prestador determina la ley y las autoridades com-petentes para el control de su cumplimiento, de acuerdocon el principio de la aplicación de la ley del país deorigen que inspira la Directiva 2000/31/CE.Por lo demás, sólo se permite restringir la libre pres-tación en España de servicios de la sociedad de la infor-mación procedentes de otros países pertenecientes alEspacio Económico Europeo en los supuestos previstosen la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la pro-ducción de un daño o peligro graves contra ciertos valo-res fundamentales como el orden público, la salud públi-ca o la protección de los menores. Igualmente, podrá
  2. 2. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25389restringirse la prestación de servicios provenientes dedichos Estados cuando afecten a alguna de las materiasexcluidas del principio de país de origen, que la Leyconcreta en su artículo 3, y se incumplan las disposi-ciones de la normativa española que, en su caso, resulteaplicable a las mismas.IIISe prevé la anotación del nombre o nombres de domi-nio de Internet que correspondan al prestador de servi-cios en el registro público en que, en su caso, dichoprestador conste inscrito para la adquisición de perso-nalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, conel fin de garantizar que la vinculación entre el prestador,su establecimiento físico y su «establecimiento» o loca-lización en la red, que proporciona su dirección de Inter-net, sea fácilmente accesible para los ciudadanos y laAdministración pública.La Ley establece, asimismo, las obligaciones y res-ponsabilidades de los prestadores de servicios que rea-licen actividades de intermediación como las de trans-misión, copia, alojamiento y localización de datos en lared. En general, éstas imponen a dichos prestadores undeber de colaboración para impedir que determinadosservicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando. Lasresponsabilidades que pueden derivar del incumplimien-to de estas normas no son sólo de orden administrativo,sino de tipo civil o penal, según los bienes jurídicos afec-tados y las normas que resulten aplicables.Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por protegerlos intereses de los destinatarios de servicios, de formaque éstos puedan gozar de garantías suficientes a lahora de contratar un servicio o bien por Internet. Conesta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servi-cios la obligación de facilitar el acceso a sus datos deidentificación a cuantos visiten su sitio en Internet; lade informar a los destinatarios sobre los precios queapliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar,imprimir y archivar las condiciones generales a que sesometa, en su caso, el contrato. Cuando la contrataciónse efectúe con consumidores, el prestador de serviciosdeberá, además, guiarles durante el proceso de contra-tación, indicándoles los pasos que han de dar y la formade corregir posibles errores en la introducción de datos,y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales,la Ley establece que éstas deban identificarse comotales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otrasvías de comunicación electrónica equivalente, salvo queel destinatario haya prestado su consentimiento.IVSe favorece igualmente la celebración de contratospor vía electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo conel principio espiritualista que rige la perfección de loscontratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia delconsentimiento prestado por vía electrónica, declararque no es necesaria la admisión expresa de esta técnicapara que el contrato surta efecto entre las partes, y ase-gurar la equivalencia entre los documentos en soportepapel y los documentos electrónicos a efectos del cum-plimiento del requisito de «forma escrita» que figura endiversas leyes.Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugarde celebración de los contratos electrónicos, adoptandouna solución única, también válida para otros tipos decontratos celebrados a distancia, que unifica el criteriodispar contenido hasta ahora en los Códigos Civil y deComercio.Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspec-tos generales de la contratación electrónica, como lasrelativas a la validez y eficacia de los contratos elec-trónicos o al momento de prestación del consentimiento,serán de aplicación aun cuando ninguna de las partestenga la condición de prestador o destinatario de servi-cios de la sociedad de la información.La Ley promueve la elaboración de códigos de con-ducta sobre las materias reguladas en esta Ley, al con-siderar que son un instrumento de autorregulación espe-cialmente apto para adaptar los diversos preceptos dela Ley a las características específicas de cada sector.Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios,se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a losprocedimientos alternativos de resolución de conflictosque puedan crearse mediante códigos de conducta, paradirimir las disputas que puedan surgir en la contrataciónelectrónica y en el uso de los demás servicios de lasociedad de la información. Se favorece, además, el usode medios electrónicos en la tramitación de dichos pro-cedimientos, respetando, en su caso, las normas que,sobre la utilización de dichos medios, establezca la nor-mativa específica sobre arbitraje.De conformidad con lo dispuesto en las Directivas2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la acción de cesa-ción que podrá ejercitarse para hacer cesar la realizaciónde conductas contrarias a la presente Ley que vulnerenlos intereses de los consumidores y usuarios. Para elejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, ade-más de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en laLey general de incorporación de la Directiva 98/27/CE.La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciu-dadanos y entidades se dirijan a diferentes Ministeriosy órganos administrativos para obtener información prác-tica sobre distintos aspectos relacionados con las mate-rias objeto de esta Ley, lo que requerirá el estableci-miento de mecanismos que aseguren la máxima coor-dinación entre ellos y la homogeneidad y coherenciade la información suministrada a los usuarios.Finalmente, se establece un régimen sancionador pro-porcionado pero eficaz, como indica la Directiva2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servi-cios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.Asimismo, se contempla en la Ley una serie de pre-visiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad delas personas con discapacidad a la información propor-cionada por medios electrónicos, y muy especialmentea la información suministrada por las Administracionespúblicas, compromiso al que se refiere la resolución delConsejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002,sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de sucontenido.La presente disposición ha sido elaborada siguiendoun amplio proceso de consulta pública y ha sido sometidaal procedimiento de información en materia de normasy reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, delParlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, yen el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.TÍTULO IDisposiciones generalesCAPÍTULO IObjetoArtículo 1. Objeto.1. Es objeto de la presente Ley la regulación delrégimen jurídico de los servicios de la sociedad de lainformación y de la contratación por vía electrónica, en
  3. 3. 25390 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166lo referente a las obligaciones de los prestadores deservicios incluidos los que actúan como intermediariosen la transmisión de contenidos por las redes de tele-comunicaciones, las comunicaciones comerciales por víaelectrónica, la información previa y posterior a la cele-bración de contratos electrónicos, las condiciones rela-tivas a su validez y eficacia y el régimen sancionadoraplicable a los prestadores de servicios de la sociedadde la información.2. Las disposiciones contenidas en esta Ley seentenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normasestatales o autonómicas ajenas al ámbito normativocoordinado, o que tengan como finalidad la protecciónde la salud y seguridad pública, incluida la salvaguardade la defensa nacional, los intereses del consumidor,el régimen tributario aplicable a los servicios de la socie-dad de la información, la protección de datos personalesy la normativa reguladora de defensa de la competencia.CAPÍTULO IIÁmbito de aplicaciónArtículo 2. Prestadores de servicios establecidos enEspaña.1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores deservicios de la sociedad de la información establecidosen España y a los servicios prestados por ellos.Se entenderá que un prestador de servicios está esta-blecido en España cuando su residencia o domiciliosocial se encuentren en territorio español, siempre queéstos coincidan con el lugar en que esté efectivamentecentralizada la gestión administrativa y la dirección desus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en quese realice dicha gestión o dirección.2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servi-cios de la sociedad de la información que los prestadoresresidentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan através de un establecimiento permanente situado enEspaña.Se considerará que un prestador opera mediante unestablecimiento permanente situado en territorio espa-ñol cuando disponga en el mismo, de forma continuadao habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en losque realice toda o parte de su actividad.3. A los efectos previstos en este artículo, se pre-sumirá que el prestador de servicios está establecidoen España cuando el prestador o alguna de sus sucur-sales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otroregistro público español en el que fuera necesaria lainscripción para la adquisición de personalidad jurídica.La utilización de medios tecnológicos situados enEspaña, para la prestación o el acceso al servicio, noservirá como criterio para determinar, por sí solo, el esta-blecimiento en España del prestador.4. Los prestadores de servicios de la sociedad dela información establecidos en España estarán sujetosa las demás disposiciones del ordenamiento jurídicoespañol que les sean de aplicación, en función de laactividad que desarrollen, con independencia de la uti-lización de medios electrónicos para su realización.Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos enotro Estado miembro de la Unión Europea o del Espa-cio Económico Europeo.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1y 8, esta Ley se aplicará a los prestadores de serviciosde la sociedad de la información establecidos en otroEstado miembro de la Unión Europea o del Espacio Eco-nómico Europeo cuando el destinatario de los serviciosradique en España y los servicios afecten a las materiassiguientes:a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.b) Emisión de publicidad por instituciones de inver-sión colectiva.c) Actividad de seguro directo realizada en régimende derecho de establecimiento o en régimen de libreprestación de servicios.d) Obligaciones nacidas de los contratos celebradospor personas físicas que tengan la condición de con-sumidores.e) Régimen de elección por las partes contratantesde la legislación aplicable a su contrato.f) Licitud de las comunicaciones comerciales porcorreo electrónico u otro medio de comunicación elec-trónica equivalente no solicitadas.2. En todo caso, la constitución, transmisión, modi-ficación y extinción de derechos reales sobre bienesinmuebles sitos en España se sujetará a los requisitosformales de validez y eficacia establecidos en el orde-namiento jurídico español.3. Los prestadores de servicios a los que se refiereel apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las nor-mas del ordenamiento jurídico español que regulen lasmaterias señaladas en dicho apartado.4. No será aplicable lo dispuesto en los apartadosanteriores a los supuestos en que, de conformidad conlas normas reguladoras de las materias enumeradas enel apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país enque resida o esté establecido el destinatario del servicio.Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado noperteneciente a la Unión Europea o al Espacio Eco-nómico Europeo.A los prestadores establecidos en países que no seanmiembros de la Unión Europea o del Espacio EconómicoEuropeo les será de aplicación lo dispuesto en los artícu-los 7.2 y 8.Los prestadores que dirijan sus servicios específica-mente al territorio español quedarán sujetos, además,a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre queello no contravenga lo establecido en tratados o con-venios internacionales que sean aplicables.Artículo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicaciónde la Ley.1. Se regirán por su normativa específica las siguien-tes actividades y servicios de la sociedad de la infor-mación:a) Los servicios prestados por notarios y registra-dores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio desus respectivas funciones públicas.b) Los servicios prestados por abogados y procu-radores en el ejercicio de sus funciones de represen-tación y defensa en juicio.2. Las disposiciones de la presente Ley, con laexcepción de lo establecido en el artículo 7.1, seránaplicables a los servicios de la sociedad de la informaciónrelativos a juegos de azar que impliquen apuestas devalor económico, sin perjuicio de lo establecido en sulegislación específica estatal o autonómica.
  4. 4. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25391TÍTULO IIPrestación de servicios de la sociedadde la informaciónCAPÍTULO IPrincipio de libre prestación de serviciosArtículo 6. No sujeción a autorización previa.La prestación de servicios de la sociedad de la infor-mación no estará sujeta a autorización previa.Esta norma no afectará a los regímenes de autori-zación previstos en el ordenamiento jurídico que no ten-gan por objeto específico y exclusivo la prestación porvía electrónica de los correspondientes servicios.Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios.1. La prestación de servicios de la sociedad de lainformación que procedan de un prestador establecidoen algún Estado miembro de la Unión Europea o delEspacio Económico Europeo se realizará en régimen delibre prestación de servicios, sin que pueda establecerseningún tipo de restricciones a los mismos por razonesderivadas del ámbito normativo coordinado, excepto enlos supuestos previstos en los artículos 3 y 8.2. La aplicación del principio de libre prestación deservicios de la sociedad de la información a prestadoresestablecidos en Estados no miembros del Espacio Eco-nómico Europeo se atendrá a los acuerdos internacio-nales que resulten de aplicación.Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios.1. En caso de que un determinado servicio de lasociedad de la información atente o pueda atentar contralos principios que se expresan a continuación, los órga-nos competentes para su protección, en ejercicio de lasfunciones que tengan legalmente atribuidas, podránadoptar las medidas necesarias para que se interrumpasu prestación o para retirar los datos que los vulneran.Los principios a que alude este apartado son los siguien-tes:a) La salvaguarda del orden público, la investigaciónpenal, la seguridad pública y la defensa nacional.b) La protección de la salud pública o de las per-sonas físicas que tengan la condición de consumidoreso usuarios, incluso cuando actúen como inversores.c) El respeto a la dignidad de la persona y al principiode no discriminación por motivos de raza, sexo, religión,opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra cir-cunstancia personal o social, yd) La protección de la juventud y de la infancia.En la adopción y cumplimiento de las medidas derestricción a que alude este apartado se respetarán, entodo caso, las garantías, normas y procedimientos pre-vistos en el ordenamiento jurídico para proteger los dere-chos a la intimidad personal y familiar, a la protecciónde los datos personales, a la libertad de expresión oa la libertad de información, cuando éstos pudieran resul-tar afectados.En todos los casos en que la Constitución, las normasreguladoras de los respectivos derechos y libertades olas que resulten aplicables a las diferentes materias atri-buyan competencia a los órganos jurisdiccionales paraintervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólola autoridad judicial competente podrá adoptar las medi-das previstas en este artículo.2. Si para garantizar la efectividad de la resoluciónque acuerde la interrupción de la prestación de un servi-cio o la retirada de datos procedentes de un prestadorestablecido en otro Estado, el órgano competente esti-mara necesario impedir el acceso desde España a losmismos, podrá ordenar a los prestadores de serviciosde intermediación establecidos en España, directamenteo mediante solicitud motivada al Ministerio de Cienciay Tecnología, que tomen las medidas necesarias paraimpedir dicho acceso.Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 cuan-do los datos que deban retirarse o el servicio que debainterrumpirse procedan de un prestador establecido enEspaña.3. Las medidas de restricción a que hace referenciaeste artículo serán objetivas, proporcionadas y no dis-criminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o enejecución de las resoluciones que se dicten, conformea los procedimientos administrativos legalmente esta-blecidos o a los previstos en la legislación procesal quecorresponda.4. Fuera del ámbito de los procesos judiciales, cuan-do se establezcan restricciones que afecten a un serviciode la sociedad de la información que proceda de algunode los Estados miembros de la Unión Europea o delEspacio Económico Europeo distinto de España, se segui-rá el siguiente procedimiento:a) El órgano competente requerirá al Estado miem-bro en que esté establecido el prestador afectado paraque adopte las medidas oportunas. En el caso de queno las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano noti-ficará, con carácter previo, a la Comisión Europea o, ensu caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeoy al Estado miembro de que se trate las medidas quetiene intención de adoptar.b) En los supuestos de urgencia, el órgano com-petente podrá adoptar las medidas oportunas, notificán-dolas al Estado miembro de procedencia y a la ComisiónEuropea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Eco-nómico Europeo en el plazo de quince días desde suadopción. Asimismo, deberá indicar la causa de dichaurgencia.Los requerimientos y notificaciones a que alude esteapartado se realizarán siempre a través del órgano dela Administración General del Estado competente parala comunicación y transmisión de información a lasComunidades Europeas.CAPÍTULO IIObligaciones y régimen de responsabilidadde los prestadores de servicios de la sociedadde la informaciónSECCIÓN 1.aOBLIGACIONESArtículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.1. Los prestadores de servicios de la sociedad dela información establecidos en España deberán comu-nicar al Registro Mercantil en el que se encuentren ins-critos, o a aquel otro registro público en el que lo estu-vieran para la adquisición de personalidad jurídica o alos solos efectos de publicidad, al menos, un nombrede dominio o dirección de Internet que, en su caso, uti-licen para su identificación en Internet, así como todoacto de sustitución o cancelación de los mismos, salvoque dicha información conste ya en el correspondienteregistro.2. Los nombres de dominio y su sustitución o can-celación se harán constar en cada registro, de confor-midad con sus normas reguladoras.
  5. 5. 25392 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166Las anotaciones practicadas en los Registros Mer-cantiles se comunicarán inmediatamente al RegistroMercantil Central para su inclusión entre los datos queson objeto de publicidad informativa por dicho Registro.3. La obligación de comunicación a que se refiereel apartado 1 deberá cumplirse en el plazo de un mesdesde la obtención, sustitución o cancelación del corres-pondiente nombre de dominio o dirección de Internet.Artículo 10. Información general.1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia deinformación se establecen en la normativa vigente, elprestador de servicios de la sociedad de la informaciónestará obligado a disponer de los medios que permitan,tanto a los destinatarios del servicio como a los órganoscompetentes, acceder por medios electrónicos, de formapermanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente infor-mación:a) Su nombre o denominación social; su residenciao domicilio o, en su defecto, la dirección de uno desus establecimientos permanentes en España; su direc-ción de correo electrónico y cualquier otro dato que per-mita establecer con él una comunicación directa y efec-tiva.b) Los datos de su inscripción en el Registro a quese refiere el artículo 9.c) En el caso de que su actividad estuviese sujetaa un régimen de autorización administrativa previa, losdatos relativos a dicha autorización y los identificativosdel órgano competente encargado de su supervisión.d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:1.oLos datos del Colegio profesional al que, en sucaso, pertenezca y número de colegiado.2.oEl título académico oficial o profesional con elque cuente.3.oEl Estado de la Unión Europea o del EspacioEconómico Europeo en el que se expidió dicho títuloy, en su caso, la correspondiente homologación o reco-nocimiento.4.oLas normas profesionales aplicables al ejerciciode su profesión y los medios a través de los cuales sepuedan conocer, incluidos los electrónicos.e) El número de identificación fiscal que le corres-ponda.f) Información clara y exacta sobre el precio del pro-ducto o servicio, indicando si incluye o no los impuestosaplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.g) Los códigos de conducta a los que, en su caso,esté adherido y la manera de consultarlos electrónica-mente.2. La obligación de facilitar esta información se darápor cumplida si el prestador la incluye en su página ositio de Internet en las condiciones señaladas en el apar-tado 1.Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadoresde servicios de intermediación.1. Cuando un órgano competente por razón de lamateria hubiera ordenado, en ejercicio de las funcionesque legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa laprestación de un servicio de la sociedad de la informacióno la retirada de determinados contenidos provenientesde prestadores establecidos en España, y para ello fueranecesaria la colaboración de los prestadores de serviciosde intermediación, podrá ordenar a dichos prestadores,directamente o mediante solicitud motivada al Ministeriode Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión,el alojamiento de datos, el acceso a las redes de tele-comunicaciones o la prestación de cualquier otro servicioequivalente de intermediación que realizaran.2. En la adopción y cumplimiento de las medidasa que se refiere el apartado anterior, se respetarán, entodo caso, las garantías, normas y procedimientos pre-vistos en el ordenamiento jurídico para proteger los dere-chos a la intimidad personal y familiar, a la protecciónde los datos personales, a la libertad de expresión oa la libertad de información, cuando éstos pudieran resul-tar afectados.En todos los casos en que la Constitución, las normasreguladoras de los respectivos derechos y libertades olas que resulten aplicables a las diferentes materias atri-buyan competencia a los órganos jurisdiccionales paraintervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólola autoridad judicial competente podrá adoptar las medi-das previstas en este artículo.3. Las medidas a que hace referencia este artículoserán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias,y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución delas resoluciones que se dicten, conforme a los proce-dimientos administrativos legalmente establecidos o alos previstos en la legislación procesal que corresponda.Artículo 12. Deber de retención de datos de tráficorelativos a las comunicaciones electrónicas.1. Los operadores de redes y servicios de comu-nicaciones electrónicas, los proveedores de acceso aredes de telecomunicaciones y los prestadores de servi-cios de alojamiento de datos deberán retener los datosde conexión y tráfico generados por las comunicacionesestablecidas durante la prestación de un servicio de lasociedad de la información por un período máximo dedoce meses, en los términos establecidos en este artículoy en su normativa de desarrollo.2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuestoen el apartado anterior, deberán conservar los opera-dores de redes y servicios de comunicaciones electró-nicas y los proveedores de acceso a redes de teleco-municaciones serán únicamente los necesarios para faci-litar la localización del equipo terminal empleado porel usuario para la transmisión de la información.Los prestadores de servicios de alojamiento de datosdeberán retener sólo aquéllos imprescindibles para iden-tificar el origen de los datos alojados y el momento enque se inició la prestación del servicio.En ningún caso, la obligación de retención de datosafectará al secreto de las comunicaciones.Los operadores de redes y servicios de comunica-ciones electrónicas y los prestadores de servicios a quese refiere este artículo no podrán utilizar los datos rete-nidos para fines distintos de los indicados en el apartadosiguiente u otros que estén permitidos por la Ley, y debe-rán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitarsu pérdida o alteración y el acceso no autorizado a losmismos.3. Los datos se conservarán para su utilización enel marco de una investigación criminal o para la sal-vaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional,poniéndose a disposición de los Jueces o Tribunales odel Ministerio Fiscal que así los requieran. La comuni-cación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-ridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativasobre protección de datos personales.4. Reglamentariamente, se determinarán las cate-gorías de datos que deberán conservarse según el tipode servicio prestado, el plazo durante el que deberánretenerse en cada supuesto dentro del máximo previstoen este artículo, las condiciones en que deberán alma-cenarse, tratarse y custodiarse y la forma en que, en
  6. 6. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25393su caso, deberán entregarse a los órganos autorizadospara su solicitud y destruirse, transcurrido el plazo deretención que proceda, salvo que fueran necesarios paraestos u otros fines previstos en la Ley.SECCIÓN 2.aRÉGIMEN DE RESPONSABILIDADArtículo 13. Responsabilidad de los prestadores de losservicios de la sociedad de la información.1. Los prestadores de servicios de la sociedad dela información están sujetos a la responsabilidad civil,penal y administrativa establecida con carácter generalen el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuestoen esta Ley.2. Para determinar la responsabilidad de los pres-tadores de servicios por el ejercicio de actividades deintermediación, se estará a lo establecido en los artículossiguientes.Artículo 14. Responsabilidad de los operadores deredes y proveedores de acceso.1. Los operadores de redes de telecomunicacionesy proveedores de acceso a una red de telecomunica-ciones que presten un servicio de intermediación queconsista en transmitir por una red de telecomunicacionesdatos facilitados por el destinatario del servicio o enfacilitar acceso a ésta no serán responsables por la infor-mación transmitida, salvo que ellos mismos hayan ori-ginado la transmisión, modificado los datos o seleccio-nado éstos o a los destinatarios de dichos datos.No se entenderá por modificación la manipulaciónestrictamente técnica de los archivos que alberguen losdatos, que tiene lugar durante su transmisión.2. Las actividades de transmisión y provisión deacceso a que se refiere el apartado anterior incluyenel almacenamiento automático, provisional y transitoriode los datos, siempre que sirva exclusivamente para per-mitir su transmisión por la red de telecomunicacionesy su duración no supere el tiempo razonablemente nece-sario para ello.Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores deservicios que realizan copia temporal de los datossolicitados por los usuarios.Los prestadores de un servicio de intermediación quetransmitan por una red de telecomunicaciones datos faci-litados por un destinatario del servicio y, con la únicafinalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior aotros destinatarios que los soliciten, los almacenen ensus sistemas de forma automática, provisional y tem-poral, no serán responsables por el contenido de esosdatos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:a) No modifican la información.b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatariosque cumplan las condiciones impuestas a tal fin, porel destinatario cuya información se solicita.c) Respetan las normas generalmente aceptadas yaplicadas por el sector para la actualización de la infor-mación.d) No interfieren en la utilización lícita de tecnologíageneralmente aceptada y empleada por el sector, conel fin de obtener datos sobre la utilización de la infor-mación, ye) Retiran la información que hayan almacenado ohacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan cono-cimiento efectivo de:1.oQue ha sido retirada del lugar de la red en quese encontraba inicialmente.2.oQue se ha imposibilitado el acceso a ella, o3.oQue un tribunal u órgano administrativo com-petente ha ordenado retirarla o impedir que se accedaa ella.Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores deservicios de alojamiento o almacenamiento de datos.1. Los prestadores de un servicio de intermediaciónconsistente en albergar datos proporcionados por el des-tinatario de este servicio no serán responsables por lainformación almacenada a petición del destinatario,siempre que:a) No tengan conocimiento efectivo de que la acti-vidad o la información almacenada es ilícita o de quelesiona bienes o derechos de un tercero susceptiblesde indemnización, ob) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirarlos datos o hacer imposible el acceso a ellos.Se entenderá que el prestador de servicios tiene elconocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuan-do un órgano competente haya declarado la ilicitud delos datos, ordenado su retirada o que se imposibiliteel acceso a los mismos, o se hubiera declarado la exis-tencia de la lesión, y el prestador conociera la corres-pondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientosde detección y retirada de contenidos que los presta-dores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y deotros medios de conocimiento efectivo que pudieranestablecerse.2. La exención de responsabilidad establecida enel apartado 1 no operará en el supuesto de que el des-tinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridado control de su prestador.Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores deservicios que faciliten enlaces a contenidos o instru-mentos de búsqueda.1. Los prestadores de servicios de la sociedad dela información que faciliten enlaces a otros contenidoso incluyan en los suyos directorios o instrumentos debúsqueda de contenidos no serán responsables por lainformación a la que dirijan a los destinatarios de susservicios, siempre que:a) No tengan conocimiento efectivo de que la acti-vidad o la información a la que remiten o recomiendanes ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercerosusceptibles de indemnización, ob) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimiro inutilizar el enlace correspondiente.Se entenderá que el prestador de servicios tiene elconocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuan-do un órgano competente haya declarado la ilicitud delos datos, ordenado su retirada o que se imposibiliteel acceso a los mismos, o se hubiera declarado la exis-tencia de la lesión, y el prestador conociera la corres-pondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientosde detección y retirada de contenidos que los presta-dores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y deotros medios de conocimiento efectivo que pudieranestablecerse.2. La exención de responsabilidad establecida enel apartado 1 no operará en el supuesto de que el des-tinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridado control del prestador que facilite la localización deesos contenidos.
  7. 7. 25394 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166CAPÍTULO IIICódigos de conductaArtículo 18. Códigos de conducta.1. Las Administraciones públicas impulsarán, a tra-vés de la coordinación y el asesoramiento, la elaboracióny aplicación de códigos de conducta voluntarios, porparte de las corporaciones, asociaciones u organizacio-nes comerciales, profesionales y de consumidores, enlas materias reguladas en esta Ley. La AdministraciónGeneral del Estado fomentará, en especial, la elaboraciónde códigos de conducta de ámbito comunitario o inter-nacional.Los códigos de conducta podrán tratar, en particular,sobre los procedimientos para la detección y retiradade contenidos ilícitos y la protección de los destinatariosfrente al envío por vía electrónica de comunicacionescomerciales no solicitadas, así como sobre los proce-dimientos extrajudiciales para la resolución de los con-flictos que surjan por la prestación de los servicios dela sociedad de la información.2. En la elaboración de dichos códigos, habrá degarantizarse la participación de las asociaciones de con-sumidores y usuarios y la de las organizaciones repre-sentativas de personas con discapacidades físicas o psí-quicas, cuando afecten a sus respectivos intereses.Cuando su contenido pueda afectarles, los códigosde conducta tendrán especialmente en cuenta la pro-tección de los menores y de la dignidad humana, pudien-do elaborarse, en caso necesario, códigos específicossobre estas materias.Los poderes públicos estimularán, en particular, elestablecimiento de criterios comunes acordados por laindustria para la clasificación y etiquetado de contenidosy la adhesión de los prestadores a los mismos.3. Los códigos de conducta a los que hacen refe-rencia los apartados precedentes deberán ser accesiblespor vía electrónica. Se fomentará su traducción a otraslenguas oficiales en la Comunidad Europea, con objetode darles mayor difusión.TÍTULO IIIComunicaciones comerciales por vía electrónicaArtículo 19. Régimen jurídico.1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas pro-mocionales se regirán, además de por la presente Ley,por su normativa propia y la vigente en materia comercialy de publicidad.2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datosde Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, enespecial, en lo que se refiere a la obtención de datospersonales, la información a los interesados y la creacióny mantenimiento de ficheros de datos personales.Artículo 20. Información exigida sobre las comunica-ciones comerciales, ofertas promocionales y concur-sos.1. Las comunicaciones comerciales realizadas porvía electrónica deberán ser claramente identificablescomo tales y deberán indicar la persona física o jurídicaen nombre de la cual se realizan.En el caso en el que tengan lugar a través de correoelectrónico u otro medio de comunicación electrónicaequivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra«publicidad».2. En los supuestos de ofertas promocionales, comolas que incluyan descuentos, premios y regalos, y deconcursos o juegos promocionales, previa la correspon-diente autorización, se deberá asegurar, además del cum-plimiento de los requisitos establecidos en el apartadoanterior y en las normas de ordenación del comercio,que queden claramente identificados como tales y quelas condiciones de acceso y, en su caso, de participaciónse expresen de forma clara e inequívoca.Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comercia-les no solicitadas realizadas a través de correo elec-trónico o medios de comunicación electrónica equi-valentes.Queda prohibido el envío de comunicaciones publi-citarias o promocionales por correo electrónico u otromedio de comunicación electrónica equivalente que pre-viamente no hubieran sido solicitadas o expresamenteautorizadas por los destinatarios de las mismas.Artículo 22. Derechos de los destinatarios de comu-nicaciones comerciales.1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar sudirección de correo electrónico durante el proceso decontratación o de suscripción a algún servicio y el pres-tador pretendiera utilizarla posteriormente para el envíode comunicaciones comerciales, deberá poner en cono-cimiento de su cliente esa intención y solicitar su con-sentimiento para la recepción de dichas comunicaciones,antes de finalizar el procedimiento de contratación.2. El destinatario podrá revocar en cualquiermomento el consentimiento prestado a la recepción decomunicaciones comerciales con la simple notificaciónde su voluntad al remitente.A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habi-litar procedimientos sencillos y gratuitos para que losdestinatarios de servicios puedan revocar el consenti-miento que hubieran prestado.Asimismo, deberán facilitar información accesible pormedios electrónicos sobre dichos procedimientos.TÍTULO IVContratación por vía electrónicaArtículo 23. Validez y eficacia de los contratos cele-brados por vía electrónica.1. Los contratos celebrados por vía electrónica pro-ducirán todos los efectos previstos por el ordenamientojurídico, cuando concurran el consentimiento y losdemás requisitos necesarios para su validez.Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuestoen este Título, por los Códigos Civil y de Comercio ypor las restantes normas civiles o mercantiles sobre con-tratos, en especial, las normas de protección de los con-sumidores y usuarios y de ordenación de la actividadcomercial.2. Para que sea válida la celebración de contratospor vía electrónica no será necesario el previo acuerdode las partes sobre la utilización de medios electrónicos.3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cual-quier información relacionada con el mismo conste porescrito, este requisito se entenderá satisfecho si el con-trato o la información se contiene en un soporte elec-trónico.4. No será de aplicación lo dispuesto en el presenteTítulo a los contratos relativos al Derecho de familia ysucesiones.
  8. 8. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25395Los contratos, negocios o actos jurídicos en los quela Ley determine para su validez o para la producciónde determinados efectos la forma documental pública,o que requieran por Ley la intervención de órganos juris-diccionales, notarios, registradores de la propiedad ymercantiles o autoridades públicas, se regirán por sulegislación específica.Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados porvía electrónica.1. La prueba de la celebración de un contrato porvía electrónica y la de las obligaciones que tienen suorigen en él se sujetará a las reglas generales del orde-namiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en lalegislación sobre firma electrónica.2. En todo caso, el soporte electrónico en que cons-te un contrato celebrado por vía electrónica será admi-sible en juicio como prueba documental.Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.1. Las partes podrán pactar que un tercero archivelas declaraciones de voluntad que integran los contratoselectrónicos y que consigne la fecha y la hora en quedichas comunicaciones han tenido lugar. La intervenciónde dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las fun-ciones que corresponde realizar a las personas facultadascon arreglo a Derecho para dar fe pública.2. El tercero deberá archivar en soporte informáticolas declaraciones que hubieran tenido lugar por vía tele-mática entre las partes por el tiempo estipulado que,en ningún caso, será inferior a cinco años.Artículo 26. Ley aplicable.Para la determinación de la ley aplicable a los con-tratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normasde Derecho internacional privado del ordenamiento jurí-dico español, debiendo tomarse en consideración parasu aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 deesta Ley.Artículo 27. Obligaciones previas al inicio del proce-dimiento de contratación.1. Además del cumplimiento de los requisitos enmateria de información que se establecen en la norma-tiva vigente, el prestador de servicios de la sociedadde la información que realice actividades de contrataciónelectrónica tendrá la obligación de informar al destina-tario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antesde iniciar el procedimiento de contratación, sobre lossiguientes extremos:a) Los distintos trámites que deben seguirse paracelebrar el contrato.b) Si el prestador va a archivar el documento elec-trónico en que se formalice el contrato y si éste va aser accesible.c) Los medios técnicos que pone a su disposiciónpara identificar y corregir errores en la introducción delos datos, yd) La lengua o lenguas en que podrá formalizarseel contrato.2. El prestador no tendrá la obligación de facilitarla información señalada en el apartado anterior cuando:a) Ambos contratantes así lo acuerden y ningunode ellos tenga la consideración de consumidor, ob) El contrato se haya celebrado exclusivamentemediante intercambio de correo electrónico u otro tipode comunicación electrónica equivalente, cuando estosmedios no sean empleados con el exclusivo propósitode eludir el cumplimiento de tal obligación.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaciónespecífica, las ofertas o propuestas de contratación rea-lizadas por vía electrónica serán válidas durante el perío-do que fije el oferente o, en su defecto, durante todoel tiempo que permanezcan accesibles a los destinatariosdel servicio.4. Con carácter previo al inicio del procedimientode contratación, el prestador de servicios deberá ponera disposición del destinatario las condiciones generalesa que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de maneraque éstas puedan ser almacenadas y reproducidas porel destinatario.Artículo 28. Información posterior a la celebración delcontrato.1. El oferente está obligado a confirmar la recepciónde la aceptación al que la hizo por alguno de los siguien-tes medios:a) El envío de un acuse de recibo por correo elec-trónico u otro medio de comunicación electrónica equi-valente a la dirección que el aceptante haya señalado,en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recep-ción de la aceptación, ob) La confirmación, por un medio equivalente al uti-lizado en el procedimiento de contratación, de la acep-tación recibida, tan pronto como el aceptante hayacompletado dicho procedimiento, siempre que la con-firmación pueda ser archivada por su destinatario.En los casos en que la obligación de confirmacióncorresponda a un destinatario de servicios, el prestadorfacilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendoa disposición del destinatario alguno de los medios indi-cados en este apartado. Esta obligación será exigibletanto si la confirmación debiera dirigirse al propio pres-tador o a otro destinatario.2. Se entenderá que se ha recibido la aceptacióny su confirmación cuando las partes a que se dirijanpuedan tener constancia de ello.En el caso de que la recepción de la aceptación seconfirme mediante acuse de recibo, se presumirá quesu destinatario puede tener la referida constancia desdeque aquél haya sido almacenado en el servidor en queesté dada de alta su cuenta de correo electrónico, oen el dispositivo utilizado para la recepción de comu-nicaciones.3. No será necesario confirmar la recepción de laaceptación de una oferta cuando:a) Ambos contratantes así lo acuerden y ningunode ellos tenga la consideración de consumidor, ob) El contrato se haya celebrado exclusivamentemediante intercambio de correo electrónico u otro tipode comunicación electrónica equivalente, cuando estosmedios no sean empleados con el exclusivo propósitode eludir el cumplimiento de tal obligación.Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.Los contratos celebrados por vía electrónica en losque intervenga como parte un consumidor se presumiráncelebrados en el lugar en que éste tenga su residenciahabitual.Los contratos electrónicos entre empresarios o pro-fesionales, en defecto de pacto entre las partes, se pre-sumirán celebrados en el lugar en que esté establecidoel prestador de servicios.
  9. 9. 25396 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166TÍTULO VSolución judicial y extrajudicial de conflictosCAPÍTULO IAcción de cesaciónArtículo 30. Acción de cesación.1. Contra las conductas contrarias a la presente Leyque lesionen intereses colectivos o difusos de los con-sumidores podrá interponerse acción de cesación.2. La acción de cesación se dirige a obtener unasentencia que condene al demandado a cesar en la con-ducta contraria a la presente Ley y a prohibir su rei-teración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse paraprohibir la realización de una conducta cuando ésta hayafinalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indi-cios suficientes que hagan temer su reiteración de modoinminente.3. La acción de cesación se ejercerá conforme alas prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil paraesta clase de acciones.Artículo 31. Legitimación activa.Están legitimados para interponer la acción de cesa-ción:a) Las personas físicas o jurídicas titulares de underecho o interés legítimo.b) Los grupos de consumidores o usuarios afecta-dos, en los casos y condiciones previstos en la Ley deEnjuiciamiento Civil.c) Las asociaciones de consumidores y usuarios quereúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984,de 19 de julio, General para la Defensa de los Consu-midores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación auto-nómica en materia de defensa de los consumidores.d) El Ministerio Fiscal.e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganoscorrespondientes de las Comunidades Autónomas y delas Corporaciones Locales competentes en materia dedefensa de los consumidores.f) Las entidades de otros Estados miembros de laUnión Europea constituidas para la protección de losintereses colectivos o difusos de los consumidores queestén habilitadas ante la Comisión Europea mediantesu inclusión en la lista publicada a tal fin en el «DiarioOficial de las Comunidades Europeas».Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista comoprueba de la capacidad de la entidad habilitada paraser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad dela misma y los intereses afectados legitiman el ejerciciode la acción.CAPÍTULO IISolución extrajudicial de conflictosArtículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.1. El prestador y el destinatario de servicios de lasociedad de la información podrán someter sus conflic-tos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitrajey de defensa de los consumidores y usuarios, y a losprocedimientos de resolución extrajudicial de conflictosque se instauren por medio de códigos de conductau otros instrumentos de autorregulación.2. En los procedimientos de resolución extrajudicialde conflictos a que hace referencia el apartado anterior,podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los tér-minos que establezca su normativa específica.TÍTULO VIInformación y controlArtículo 33. Información a los destinatarios y presta-dores de servicios.Los destinatarios y prestadores de servicios de lasociedad de la información podrán dirigirse a los Minis-terios de Ciencia y Tecnología, de Justicia, de Economíay de Sanidad y Consumo, y a los órganos que determinenlas respectivas Comunidades Autónomas y EntidadesLocales, para:a) Conseguir información general sobre sus dere-chos y obligaciones contractuales en el marco de la nor-mativa aplicable a la contratación electrónica.b) Informarse sobre los procedimientos de resolu-ción judicial y extrajudicial de conflictos, yc) Obtener los datos de las autoridades, asociacio-nes u organizaciones que puedan facilitarles informaciónadicional o asistencia práctica.La comunicación con dichos órganos podrá hacersepor medios electrónicos.Artículo 34. Comunicación de resoluciones relevantes.1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá alMinisterio de Justicia, en la forma y con la periodicidadque se acuerde mediante Convenio entre ambos órga-nos, todas las resoluciones judiciales que contengan pro-nunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia delos contratos celebrados por vía electrónica, sobre suutilización como prueba en juicio, o sobre los derechos,obligaciones y régimen de responsabilidad de los des-tinatarios y los prestadores de servicios de la sociedadde la información.2. Los órganos arbitrales y los responsables de losdemás procedimientos de resolución extrajudicial deconflictos a que se refiere el artículo 32.1 comunicaránal Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revis-tan importancia para la prestación de servicios de lasociedad de la información y el comercio electrónicode acuerdo con los criterios indicados en el apartadoanterior.3. En la comunicación de las resoluciones, laudosy decisiones a que se refiere este artículo, se tomaránlas precauciones necesarias para salvaguardar el dere-cho a la intimidad y a la protección de los datos per-sonales de las personas identificadas en ellos.4. El Ministerio de Justicia remitirá a la ComisiónEuropea y facilitará el acceso de cualquier interesadoa la información recibida de conformidad con esteartículo.Artículo 35. Supervisión y control.1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlaráel cumplimiento por los prestadores de servicios de lasociedad de la información de las obligaciones estable-cidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo,en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedadde la información.No obstante, las referencias a los órganos compe-tentes contenidas en los artículos 8, 10, 11, 15, 16,17 y 38 se entenderán hechas a los órganos jurisdic-cionales o administrativos que, en cada caso, lo seanen función de la materia.2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá rea-lizar las actuaciones inspectoras que sean precisas parael ejercicio de su función de control.
  10. 10. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25397Los funcionarios adscritos al Ministerio de Cienciay Tecnología que ejerzan la inspección a que se refiereel apartado anterior tendrán la consideración de auto-ridad pública en el desempeño de sus cometidos.3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en elapartado anterior, cuando las conductas realizadas porlos prestadores de servicios de la sociedad de la infor-mación estuvieran sujetas, por razón de la materia odel tipo de entidad de que se trate, a ámbitos com-petenciales, de tutela o de supervisión específicos, conindependencia de que se lleven a cabo utilizando téc-nicas y medios telemáticos o electrónicos, los órganosa los que la legislación sectorial atribuya competenciasde control, supervisión, inspección o tutela específicaejercerán las funciones que les correspondan.Artículo 36. Deber de colaboración.1. Los prestadores de servicios de la sociedad dela información tienen la obligación de facilitar al Minis-terio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganosa que se refiere el artículo anterior toda la informacióny colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al per-sonal inspector el acceso a sus instalaciones y la consultade cualquier documentación relevante para la actividadde control de que se trate, siendo de aplicación, en sucaso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 29/1998,de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-cioso-Administrativa.2. Cuando, como consecuencia de una actuacióninspectora, se tuviera conocimiento de hechos que pudie-ran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otrasleyes, estatales o autonómicas, se dará cuenta de losmismos a los órganos u organismos competentes parasu supervisión y sanción.TÍTULO VIIInfracciones y sancionesArtículo 37. Responsables.Los prestadores de servicios de la sociedad de lainformación están sujetos al régimen sancionador esta-blecido en este Título cuando la presente Ley les seade aplicación.Artículo 38. Infracciones.1. Las infracciones de los preceptos de esta Leyse calificarán como muy graves, graves y leves.2. Son infracciones muy graves:a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en vir-tud del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayansido dictadas por un órgano administrativo.b) El incumplimiento de la obligación de suspenderla transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a lared o la prestación de cualquier otro servicio equivalentede intermediación, cuando un órgano administrativocompetente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en elartículo 11.c) El incumplimiento de la obligación de retener losdatos de tráfico generados por las comunicaciones esta-blecidas durante la prestación de un servicio de la socie-dad de la información, prevista en el artículo 12.d) La utilización de los datos retenidos, en cumpli-miento del artículo 12, para fines distintos de los seña-lados en él.3. Son infracciones graves:a) El incumplimiento de lo establecido en los párra-fos a) y f) del artículo 10.1.b) El envío masivo de comunicaciones comercialespor correo electrónico u otro medio de comunicaciónelectrónica equivalente a destinatarios que no hayanautorizado o solicitado expresamente su remisión, o elenvío, en el plazo de un año, de más de tres comu-nicaciones comerciales por los medios aludidos a unmismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitadoo autorizado su remisión.c) No poner a disposición del destinatario del servi-cio las condiciones generales a que, en su caso, se sujeteel contrato, en la forma prevista en el artículo 27.d) El incumplimiento habitual de la obligación deconfirmar la recepción de una aceptación, cuando nose haya pactado su exclusión o el contrato se haya cele-brado con un consumidor.e) La resistencia, excusa o negativa a la actuacióninspectora de los órganos facultados para llevarla a cabocon arreglo a esta Ley.4. Son infracciones leves:a) La falta de comunicación al registro público enque estén inscritos, de acuerdo con lo establecido enel artículo 9, del nombre o nombres de dominio o direc-ciones de Internet que empleen para la prestación deservicios de la sociedad de la información.b) No informar en la forma prescrita por el artículo10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b),c), d), e) y g) del mismo.c) El incumplimiento de lo previsto en el artícu-lo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas pro-mocionales y concursos.d) El envío de comunicaciones comerciales porcorreo electrónico u otro medio de comunicación elec-trónica equivalente a los destinatarios que no hayan soli-citado o autorizado expresamente su remisión, cuandono constituya infracción grave.e) No facilitar la información a que se refiere el artí-culo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclu-sión o el destinatario sea un consumidor.f) El incumplimiento de la obligación de confirmarla recepción de una petición en los términos establecidosen el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusióno el contrato se haya celebrado con un consumidor, salvoque constituya infracción grave.Artículo 39. Sanciones.1. Por la comisión de las infracciones recogidas enel artículo anterior, se impondrán las siguientes sancio-nes:a) Por la comisión de infracciones muy graves, multade 150.001 hasta 600.000 euros.La reiteración en el plazo de tres años de dos o másinfracciones muy graves, sancionadas con carácter firme,podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a lasanción de prohibición de actuación en España, duranteun plazo máximo de dos años.b) Por la comisión de infracciones graves, multa de30.001 hasta 150.000 euros.c) Por la comisión de infracciones leves, multa dehasta 30.000 euros.2. Las infracciones graves y muy graves podrán lle-var aparejada la publicación, a costa del sancionado,de la resolución sancionadora en el «Boletín Oficial delEstado», o en el diario oficial de la Administración públicaque, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en dosperiódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el deactuación de la citada Administración pública o en la
  11. 11. 25398 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166página de inicio del sitio de Internet del prestador, unavez que aquélla tenga carácter firme.Para la imposición de esta sanción, se considerarála repercusión social de la infracción cometida, el númerode usuarios o de contratos afectados, y la gravedad delilícito.3. Cuando las infracciones sancionables con arregloa lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas porprestadores de servicios establecidos en Estados queno sean miembros de la Unión Europea o del EspacioEconómico Europeo, el órgano que hubiera impuestola correspondiente sanción podrá ordenar a los pres-tadores de servicios de intermediación que tomen lasmedidas necesarias para impedir el acceso desde Españaa los servicios ofrecidos por aquéllos por un períodomáximo de dos años en el caso de infracciones muygraves, un año en el de infracciones graves y seis mesesen el de infracciones leves.Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones.La cuantía de las multas que se impongan se graduaráatendiendo a los siguientes criterios:a) La existencia de intencionalidad.b) Plazo de tiempo durante el que se haya venidocometiendo la infracción.c) La reincidencia por comisión de infracciones dela misma naturaleza, cuando así haya sido declaradopor resolución firme.d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causa-dos.e) Los beneficios obtenidos por la infracción.f) Volumen de facturación a que afecte la infraccióncometida.Artículo 41. Medidas de carácter provisional.1. En los procedimientos sancionadores por infrac-ciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arre-glo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común, y sus normas dedesarrollo, las medidas de carácter provisional previstasen dichas normas que se estimen necesarias para ase-gurar la eficacia de la resolución que definitivamentese dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el man-tenimiento de los efectos de la infracción y las exigenciasde los intereses generales.En particular, podrán acordarse las siguientes:a) Suspensión temporal de la actividad del prestadorde servicios y, en su caso, cierre provisional de susestablecimientos.b) Precinto, depósito o incautación de registros,soportes y archivos informáticos y de documentos engeneral, así como de aparatos y equipos informáticosde todo tipo.c) Advertir al público de la existencia de posiblesconductas infractoras y de la incoación del expedientesancionador de que se trate, así como de las medidasadoptadas para el cese de dichas conductas.2. En la adopción y cumplimiento de las medidasa que se refiere el apartado anterior, se respetarán, entodo caso, las garantías, normas y procedimientos pre-vistos en el ordenamiento jurídico para proteger los dere-chos a la intimidad personal y familiar, a la protecciónde los datos personales, a la libertad de expresión oa la libertad de información, cuando éstos pudieran resul-tar afectados.En todos los casos en que la Constitución, las normasreguladoras de los respectivos derechos y libertades olas que resulten aplicables a las diferentes materias atri-buyan competencia a los órganos jurisdiccionales paraintervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólola autoridad judicial competente podrá adoptar las medi-das previstas en este artículo.3. En todo caso, se respetará el principio de pro-porcionalidad de la medida a adoptar con los objetivosque se pretendan alcanzar en cada supuesto.4. En casos de urgencia y para la inmediata pro-tección de los intereses implicados, las medidas pro-visionales previstas en el presente artículo podrán seracordadas antes de la iniciación del expediente sancio-nador. Las medidas deberán ser confirmadas, modifica-das o levantadas en el acuerdo de iniciación del pro-cedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quincedías siguientes a su adopción, el cual podrá ser objetodel recurso que proceda.En todo caso, dichas medidas quedarán sin efectosi no se inicia el procedimiento sancionador en dichoplazo o cuando el acuerdo de iniciación no contengaun pronunciamiento expreso acerca de las mismas.Artículo 42. Multa coercitiva.El órgano administrativo competente para resolverel procedimiento sancionador podrá imponer multascoercitivas por importe que no exceda de 6.000 eurospor cada día que transcurra sin cumplir las medidas pro-visionales que hubieran sido acordadas.Artículo 43. Competencia sancionadora.1. La imposición de sanciones por el incumplimientode lo previsto en esta Ley corresponderá, en el casode infracciones muy graves, al Ministro de Ciencia yTecnología, y en el de infracciones graves y leves, alSecretario de Estado de Telecomunicaciones y para laSociedad de la Información.No obstante lo anterior, la imposición de sancionespor incumplimiento de las resoluciones dictadas por losórganos competentes en función de la materia o entidadde que se trate a que se refieren los párrafos a) y b)del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al órganoque dictó la resolución incumplida.2. La potestad sancionadora regulada en esta Leyse ejercerá de conformidad con lo establecido al respectoen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común, y en sus normas dedesarrollo.Artículo 44. Concurrencia de infracciones y sanciones.1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora aque se refiere la presente Ley cuando haya recaído san-ción penal, en los casos en que se aprecie identidadde sujeto, hecho y fundamento.No obstante, cuando se esté tramitando un procesopenal por los mismos hechos o por otros cuya separaciónde los sancionables con arreglo a esta Ley sea racio-nalmente imposible, el procedimiento quedará suspen-dido respecto de los mismos hasta que recaiga pronun-ciamiento firme de la autoridad judicial.Reanudado el expediente, en su caso, la resoluciónque se dicte deberá respetar los hechos declarados pro-bados en la resolución judicial.2. La imposición de una sanción prevista en estaLey no impedirá la tramitación y resolución de otro pro-cedimiento sancionador por los órganos u organismoscompetentes en cada caso cuando la conducta infractora
  12. 12. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25399se hubiera cometido utilizando técnicas y medios tele-máticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley,siempre que no haya identidad del bien jurídico pro-tegido.3. No procederá la imposición de sanciones segúnlo previsto en esta Ley cuando los hechos constitutivosde infracción lo sean también de otra tipificada en lanormativa sectorial a la que esté sujeto el prestador delservicio y exista identidad del bien jurídico protegido.Cuando, como consecuencia de una actuación san-cionadora, se tuviera conocimiento de hechos que pudie-ran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otrasleyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos uorganismos competentes para su supervisión y sanción.Artículo 45. Prescripción.Las infracciones muy graves prescribirán a los tresaños, las graves a los dos años y las leves a los seismeses; las sanciones impuestas por faltas muy gravesprescribirán a los tres años, las impuestas por faltas gra-ves a los dos años y las impuestas por faltas leves alaño.Disposición adicional primera. Significado de los tér-minos empleados por esta Ley.A los efectos de la presente Ley, los términos defi-nidos en el anexo tendrán el significado que allí se lesasigna.Disposición adicional segunda. Medicamentos y pro-ductos sanitarios.La prestación de servicios de la sociedad de la infor-mación relacionados con los medicamentos y los pro-ductos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legis-lación específica.Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Con-sumo.El prestador y el destinatario de servicios de la socie-dad de la información podrán someter sus conflictosal arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aqué-llos al Sistema Arbitral de Consumo.La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellasotras de ámbito territorial inferior, autorizadas para ellopor el Instituto Nacional del Consumo, podrán dirimirlos conflictos planteados por los consumidores de acuer-do con lo dispuesto en el Real Decreto 636/1993, de3 de mayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo,a través de medios telemáticos.Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códi-gos Civil y de Comercio.Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil,que queda redactado de la siguiente manera:«El consentimiento se manifiesta por el concursode la oferta y de la aceptación sobre la cosa yla causa que han de constituir el contrato.Hallándose en lugares distintos el que hizo laoferta y el que la aceptó, hay consentimiento desdeque el oferente conoce la aceptación o desde que,habiéndosela remitido el aceptante, no pueda igno-rarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en talcaso, se presume celebrado en el lugar en que sehizo la oferta.En los contratos celebrados mediante disposi-tivos automáticos hay consentimiento desde quese manifiesta la aceptación.»Dos. Se modifica el artículo 54 del Código deComercio, que queda redactado de la siguiente manera:«Hallándose en lugares distintos el que hizo laoferta y el que la aceptó, hay consentimiento desdeque el oferente conoce la aceptación o desde que,habiéndosela remitido el aceptante, no pueda igno-rarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en talcaso, se presume celebrado en el lugar en que sehizo la oferta.En los contratos celebrados mediante disposi-tivos automáticos hay consentimiento desde quese manifiesta la aceptación.»Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las per-sonas con discapacidad y de edad avanzada a la infor-mación proporcionada por medios electrónicos.Uno. Las Administraciones públicas adoptarán lasmedidas necesarias para que la información disponibleen sus respectivas páginas de Internet pueda ser acce-sible a personas con discapacidad y de edad avanzada,de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenidogeneralmente reconocidos, antes del 31 de diciembrede 2005.Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internetcuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los cri-terios de accesibilidad antes mencionados.Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de nor-mas de accesibilidad por los prestadores de serviciosy los fabricantes de equipos y «software», para facilitarel acceso de las personas con discapacidad o de edadavanzada a los contenidos digitales.Disposición adicional sexta. Sistema de asignación denombres de dominio bajo el «.es».Uno. Esta disposición regula, en cumplimiento delo previsto en la disposición adicional decimosexta dela Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los prin-cipios inspiradores del sistema de asignación de nom-bres de dominio bajo el código de país correspondientea España «.es».Dos. La entidad pública empresarial Red.es es laautoridad de asignación, a la que corresponde la gestióndel registro de nombres de dominio de Internet bajoel «.es», de acuerdo con lo establecido en la disposiciónadicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, Gene-ral de Telecomunicaciones.Tres. La asignación de nombres de dominio de Inter-net bajo el «.es» se realizará de conformidad con loscriterios que se establecen en esta disposición, en elPlan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, enlas demás normas específicas que se dicten en sudesarrollo por la autoridad de asignación y, en la medidaen que sean compatibles con ellos, con las prácticasgeneralmente aplicadas y las recomendaciones emana-das de las entidades y organismos internacionales quedesarrollan actividades relacionadas con la gestión delsistema de nombres de dominio de Internet.Los criterios de asignación de nombres de dominiobajo el «.es» deberán garantizar un equilibrio adecuadoentre la confianza y seguridad jurídica precisas para eldesarrollo del comercio electrónico y de otros serviciosy actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y agi-lidad requeridas para posibilitar la satisfacción de lademanda de asignación de nombres de dominio bajoel «.es», contribuyendo, de esta manera, al desarrollode la sociedad de la información en España.Podrán crearse espacios diferenciados bajo el «.es»,que faciliten la identificación de los contenidos que alber-guen en función de su titular o del tipo de actividadque realicen. Entre otros, podrán crearse indicativos rela-cionados con la educación, el entretenimiento y el ade-cuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Estos
  13. 13. 25400 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166nombres de dominio de tercer nivel se asignarán enlos términos que se establezcan en el Plan Nacional deNombres de Dominio de Internet.Cuatro. Podrán solicitar la asignación de nombresde dominio bajo el «.es», en los términos que se preveanen el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet,todas las personas o entidades, con o sin personalidadjurídica, que tengan intereses o mantengan vínculos conEspaña, siempre que reúnan los demás requisitos exi-gibles para la obtención de un nombre de dominio.Los nombres de dominio bajo el «.es» se asignaránal primer solicitante que tenga derecho a ello, sin quepueda otorgarse, con carácter general, un derecho pre-ferente para la obtención o utilización de un nombrede dominio a los titulares de determinados derechos.La asignación de un nombre de dominio confiere asu titular el derecho a su utilización, el cual estará con-dicionado al cumplimiento de los requisitos que en cadacaso se establezcan, así como a su mantenimiento enel tiempo. La verificación por parte de la autoridad deasignación del incumplimiento de estos requisitos darálugar a la cancelación del nombre de dominio, previala tramitación del procedimiento que en cada caso sedetermine y que deberá garantizar la audiencia de losinteresados.Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el«.es» deberán respetar las reglas y condiciones técnicasque pueda establecer la autoridad de asignación parael adecuado funcionamiento del sistema de nombres dedominio bajo el «.es».La responsabilidad del uso correcto de un nombrede dominio de acuerdo con las leyes, así como del res-peto a los derechos de propiedad intelectual o industrial,corresponde a la persona u organización para la quese haya registrado dicho nombre de dominio, en los tér-minos previstos en esta Ley. La autoridad de asignaciónprocederá a la cancelación de aquellos nombres de domi-nio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones,siempre que así se ordene en la correspondiente reso-lución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en apli-cación del apartado ocho de esta disposición adicional.Cinco. En el Plan Nacional de Nombres de Dominiode Internet se establecerán mecanismos apropiados paraprevenir el registro abusivo o especulativo de nombresde dominio, el aprovechamiento indebido de términosde significado genérico o topónimos y, en general, paraprevenir los conflictos que se puedan derivar de la asig-nación de nombres de dominio.Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias paraminimizar el riesgo de error o confusión de los usuariosen cuanto a la titularidad de nombres de dominio.A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.esestablecerá la necesaria coordinación con los registrospúblicos españoles. Sus titulares deberán facilitar el acce-so y consulta a dichos registros públicos, que, en todocaso, tendrá carácter gratuito para la entidad.Seis. La asignación de nombres de dominio se lle-vará a cabo por medios telemáticos que garanticen laagilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro.La presentación de solicitudes y la práctica de notifi-caciones se realizarán por vía electrónica, salvo en lossupuestos en que así esté previsto en los procedimientosde asignación y demás operaciones asociadas al registrode nombres de dominio.Los agentes registradores, como intermediarios enlos procedimientos relacionados con el registro de nom-bres de dominio, podrán prestar servicios auxiliares parala asignación y renovación de éstos, de acuerdo conlos requisitos y condiciones que determine la autoridadde asignación, los cuales garantizarán, en todo caso,el respeto al principio de libre competencia entre dichosagentes.Siete. El Plan Nacional de Nombres de Dominio deInternet se aprobará mediante Orden del Ministro deCiencia y Tecnología, a propuesta de la entidad públicaempresarial Red.es.El Plan se completará con los procedimientos parala asignación y demás operaciones asociadas al registrode nombres de dominio y direcciones de Internet queestablezca el Presidente de la entidad pública empre-sarial Red.es, de acuerdo con lo previsto en la disposiciónadicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 dediciembre, de Medidas fiscales, administrativas y delorden social.Ocho. En los términos que permitan las disposicio-nes aplicables, la autoridad de asignación podrá esta-blecer un sistema de resolución extrajudicial de conflic-tos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidoslos relacionados con los derechos de propiedad indus-trial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadaslas garantías procesales adecuadas, se aplicará sin per-juicio de las eventuales acciones judiciales que las partespuedan ejercitar.Nueve. Con la finalidad de impulsar el desarrollode la Administración electrónica, la entidad públicaempresarial Red.es podrá prestar el servicio de notifi-caciones administrativas telemáticas y acreditar de for-ma fehaciente la fecha y hora de su recepción.Disposición transitoria única. Anotación en los corres-pondientes registros públicos de los nombres dedominio otorgados antes de la entrada en vigor deesta Ley.Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigorde esta Ley, ya vinieran utilizando uno o más nombresde dominio o direcciones de Internet deberán solicitarla anotación de, al menos, uno de ellos en el registropúblico en que figuraran inscritos a efectos constitutivoso de publicidad, en el plazo de un año desde la referidaentrada en vigor.Disposición final primera. Modificación del artículo 37de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-comunicaciones.Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-comunicaciones, que queda redactada en los siguientestérminos:«a) Que los ciudadanos puedan recibirconexión a la red telefónica pública fija y accedera la prestación del servicio telefónico fijo disponiblepara el público. La conexión debe ofrecer al usuariola posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionalese internacionales y permitir la transmisión de voz,fax y datos a velocidad suficiente para acceder deforma funcional a Internet.A estos efectos, se considerará que la velocidadsuficiente a la que se refiere el párrafo anteriores la que se utiliza de manera generalizada paraacceder a Internet por los abonados al servicio tele-fónico fijo disponible para el público con conexióna la red mediante pares de cobre y módem parabanda vocal.»Disposición final segunda. Modificación de la disposi-ción adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 deabril, General de Telecomunicaciones.Se modifica el apartado 10 de la disposición adicionalsexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
  14. 14. BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25401Telecomunicaciones, que quedará redactado comosigue:«10. Tasa por asignación del recurso limitadode nombres de dominio y direcciones de Internet.a) Hecho imponible.El hecho imponible de la tasa por asignaciónde nombres de dominio y direcciones de Internetestará constituido por la realización por la entidadpública empresarial Red.es de las actividades nece-sarias para la asignación y renovación de nombresde dominio y direcciones de Internet bajo el códigode país correspondiente a España (.es).b) Sujetos pasivos.Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantesde la asignación o renovación de los nombres ydirecciones de Internet.c) Cuantía.La cuantía de la tasa será única por cada nombreo dirección cuya asignación o renovación se soli-cite. En ningún caso se procederá a la asignacióno a la renovación del nombre o dirección sin quese haya efectuado previamente el pago de la tasa.Sólo podrán modificarse mediante Ley el númeroe identidad de los elementos y criterios de cuan-tificación con base en los cuales se determinanlas cuotas exigibles.A los efectos previstos en el párrafo anterior,se consideran elementos y criterios de cuantifica-ción del importe exigible por asignación anual ini-cial de los nombres de dominio o direcciones deInternet el número asignado, el coste de las acti-vidades de comprobación y verificación de las soli-citudes de asignación, así como el nivel en quese produzca la asignación y, en el caso de reno-vación anual en los años sucesivos, el coste delmantenimiento de la asignación y de las actividadesde comprobación y de actualización de datos. Igual-mente, se atenderá al número de nombres o direc-ciones de Internet asignados y a la actuación através de agentes registradores para concretar lacuantía de la tasa.El establecimiento y modificación de las cuantíasresultantes de la aplicación de los elementos y cri-terios de cuantificación a que se refieren los párra-fos anteriores podrá efectuarse mediante Ordenministerial.No obstante lo dispuesto en los párrafos ante-riores de este apartado, en los supuestos de carác-ter excepcional en que así esté previsto en el PlanNacional de Nombres de Dominio de Internet y enlos términos que en el mismo se fijen, con baseen el especial valor de mercado del uso de deter-minados nombres y direcciones, la cuantía por asig-nación anual inicial podrá sustituirse por la queresulte de un procedimiento de licitación en el quese fijará un valor inicial de referencia estimado. Siel valor de adjudicación de la licitación resultasesuperior a dicho valor de referencia, aquél cons-tituirá el importe de la tasa. En los supuestos enque se siga este procedimiento de licitación, elMinisterio de Ciencia y Tecnología requerirá, concarácter previo a su convocatoria, a la autoridadcompetente para el Registro de Nombres de Domi-nio para que suspenda el otorgamiento de los nom-bres y direcciones que considere afectados por suespecial valor económico. A continuación, se pro-cederá a aprobar el correspondiente pliego debases que establecerá, tomando en consideraciónlo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Domi-nio de Internet, los requisitos, condiciones y régi-men aplicable a la licitación.d) Devengo.La tasa se devengará en la fecha en que se pro-ceda, en los términos que se establezcan regla-mentariamente, a la admisión de la solicitud deasignación o de renovación de los nombres o direc-ciones de Internet, que no se tramitará sin que sehaya efectuado el pago correspondiente.e) Exacción y gestión recaudatoria.La exacción de la tasa se producirá a partir dela atribución de su gestión a la entidad públicaempresarial Red.es y de la determinación del pro-cedimiento para su liquidación y pago, medianteOrden ministerial.Los modelos de declaración, plazos y formas depago de la tasa se aprobarán mediante resoluciónde la entidad pública empresarial Red.es.El importe de los ingresos obtenidos por estatasa se destinará a financiar los gastos de la entidadpública empresarial Red.es por las actividades rea-lizadas en el cumplimiento de las funciones asig-nadas a la misma en los párrafos a), b), c) y d)del apartado 4 de esta disposición, ingresándose,en su caso, el excedente en el Tesoro Público, deacuerdo con la proporción y cuantía que se deter-mine mediante resolución conjunta de las Secre-tarías de Estado de Presupuestos y Gastos y deTelecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-mación, a propuesta de esta última.»Disposición final tercera. Adición de una nueva dispo-sición transitoria a la Ley 11/1998, de 24 de abril,General de Telecomunicaciones.Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, Generalde Telecomunicaciones, una nueva disposición transi-toria duodécima, con la siguiente redacción:«Disposición transitoria duodécima. Criterios parael desarrollo del plan de actualización tecnoló-gica de la red de acceso de la red telefónicapública fija.En el plazo máximo de cinco meses a partir dela entrada en vigor de esta disposición, el operadordesignado para la prestación del servicio universalpresentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología,para su aprobación en el plazo de un mes, previoinforme de la Comisión del Mercado de las Tele-comunicaciones, un plan de actuación detalladopara garantizar que las conexiones a la red tele-fónica pública fija posibiliten a sus abonados elacceso funcional a Internet y, en particular, a losconectados mediante Telefonía Rural de AccesoCelular (TRAC).El desarrollo del plan estará sujeto a las siguien-tes condiciones:a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientesdisponibles en el mercado para garantizar el dere-cho de los usuarios a disponer, previa solicitud apartir de la aprobación del plan, de la posibilidadde acceso funcional a Internet en el plazo máximode sesenta días desde la fecha de dicha solicituden las zonas con cobertura. Estas soluciones tec-nológicas deberán prever su evolución a medio pla-zo hacia velocidades de banda ancha sin que elloconlleve necesariamente su sustitución.b) La implantación en la red de acceso de lassoluciones tecnológicas a las que se refiere el párra-fo a) deberá alcanzar a los abonados al serviciotelefónico fijo disponible al público que, en la fechade aprobación del plan, no tienen la posibilidad
  15. 15. 25402 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166de acceso funcional a Internet, de acuerdo con elsiguiente calendario:1.oAl menos al 30 por 100 antes del 30 dejunio de 2003.2.oAl menos al 70 por 100 antes del 31 dediciembre de 2003.3.oEl 100 por 100 antes del 31 de diciembrede 2004.En todo caso, esta implantación alcanzará, almenos, al 50 por 100 de los citados abonadosen cada una de las Comunidades Autónomas antesdel 31 de diciembre de 2003.c) En el plan de actuación deberá priorizarseel despliegue al que se refiere el párrafo b) conarreglo al criterio de mayor densidad de abonadosafectados.d) A los efectos de lo dispuesto en los apar-tados anteriores y en caso de que sea necesario,el operador designado para la prestación del servi-cio universal podrá concluir con otros operadorestitulares de concesiones de dominio público radioe-léctrico, contratos de cesión de derechos de usode las bandas de frecuencias necesarias para elcumplimiento de los objetivos establecidos en estadisposición. Dichos contratos deberán ser some-tidos a la previa aprobación por parte del Ministeriode Ciencia y Tecnología, que podrá establecer lascondiciones de salvaguarda del interés público queestime necesarias.»Disposición final cuarta. Modificación de la disposiciónderogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril,General de Telecomunicaciones.Se modifica el último párrafo de la disposición dero-gatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril, Generalde Telecomunicaciones, que queda redactado de lasiguiente forma:«Igualmente, quedan derogadas cuantas otrasdisposiciones de igual o inferior rango a la presenteLey se opongan a lo dispuesto en ella y, en especial,a lo dispuesto en el artículo 37.1.a), en lo relativoa la velocidad de transmisión de datos.»Disposición final quinta. Adecuación de la regulaciónreglamentaria sobre contratación telefónica o elec-trónica con condiciones generales a esta Ley.El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el RealDecreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el quese regula la contratación telefónica o electrónica concondiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 dela Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones gene-rales de la contratación, para adaptar su contenido alo dispuesto en esta Ley.En dicha modificación, el Gobierno tendrá especial-mente en cuenta la necesidad de facilitar la utilizaciónreal de los contratos electrónicos, conforme al mandatorecogido en el artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.Disposición final sexta. Fundamento constitucional.Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.a,8.ay 21.ade la Constitución, sin perjuicio de las com-petencias de las Comunidades Autónomas.Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.Se habilita al Gobierno para desarrollar medianteReglamento lo previsto en esta Ley.Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códi-gos de conducta que incorporen determinadas garan-tías.En el plazo de un año a partir de la entrada en vigorde esta Ley, el Gobierno aprobará un distintivo que per-mita identificar a los prestadores de servicios que res-peten códigos de conducta adoptados con la participa-ción del Consejo de Consumidores y Usuarios, y queincluyan, entre otros contenidos, la adhesión al SistemaArbitral de Consumo o a otros sistemas de resoluciónextrajudicial de conflictos que respeten los principiosestablecidos en la normativa comunitaria sobre sistemasalternativos de resolución de conflictos con consumi-dores, en los términos que reglamentariamente se esta-blezcan.Disposición final novena. Entrada en vigor.Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publi-cación en el «Boletín Oficial del Estado».No obstante, las disposiciones adicional sexta y fina-les primera, segunda, tercera y cuarta de esta Ley entra-rán en vigor el día siguiente al de su publicación enel «Boletín Oficial del Estado».Por tanto,Mando a todos los españoles, particulares y auto-ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.Madrid, 11 de julio de 2002.JUAN CARLOS R.El Presidente del Gobierno,JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZANEXODefinicionesA los efectos de esta Ley, se entenderá por:a) «Servicios de la sociedad de la información» o«servicios»: todo servicio prestado normalmente a títulooneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición indi-vidual del destinatario.El concepto de servicio de la sociedad de la infor-mación comprende también los servicios no remune-rados por sus destinatarios, en la medida en que cons-tituyan una actividad económica para el prestador deservicios.Son servicios de la sociedad de la información, entreotros y siempre que representen una actividad econó-mica, los siguientes:1.oLa contratación de bienes o servicios por víaelectrónica.2.oLa organización y gestión de subastas pormedios electrónicos o de mercados y centros comer-ciales virtuales.3.oLa gestión de compras en la red por grupos depersonas.4.oEl envío de comunicaciones comerciales.5.oEl suministro de información por vía telemática.6.oEl vídeo bajo demanda, como servicio en queel usuario puede seleccionar a través de la red, tantoel programa deseado como el momento de su suministroy recepción, y, en general, la distribución de contenidosprevia petición individual.No tendrán la consideración de servicios de la socie-dad de la información los que no reúnan las caracte-

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