Con 2 años de retraso, el Gobierno presupuesta para el tratamiento de la Hepatitis C de los presos.

1. Interior claudica y pagará los
tratamientos de presos con hepatitis C
Instituciones Penitenciarias destina 20 millones a
comprar fármacos en los Presupuestos
El ministerio se negaba a comprar los medicamentos y
exigía que pagaran las autonomías
El conflicto que mantiene Instituciones Penitenciarias con las comunidades autónomas
por el pago de los costosos medicamentos contra la hepatitis C para los presos está a
punto de solucionarse. Después de meses negándose a sufragar los tratamientos de los
afectados y de entrar en una batalla legal con algunas autonomías, el Ministerio del
Interior, del que depende Prisiones, ha consignado 20 millones de euros en los
Presupuestos de 2016 para tratar a los reclusos con hepatitis C.
La prevalencia de esta enfermedad es mucho más alta entre los presos que entre la
población general. Se calcula que un 22% de los reclusos está afectado, es decir, más de
16.000 personas entre los 65.000 internos de las cárceles españolas. Ante la negativa de
Interior de pagar los tratamientos, que suponen unos 25.000 euros por paciente, algunas
comunidades, como Andalucía y Extremadura, han estado adelantando el coste de los
fármacos de sus propios presupuestos.
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Pese a que ya hay sentencias judiciales que han dado la razón a las comunidades,
Instituciones Penitenciarias ha venido manteniendo que no estaba obligada a pagar los
tratamientos. La atención sanitaria a los presos depende —salvo en Cataluña— del
Gobierno. Cuando estos necesitan atención especializada se les traslada a los hospitales
públicos, con los que Interior tiene un convenio anual. Si los médicos especialistas les
prescriben fármacos para que los tomen fuera del hospital (como lo haría cualquier
persona en su casa), los tiene que comprar Prisiones. Así sucede, por ejemplo, con el
tratamiento del VIH, que el recluso puede tomar en la cárcel.
Un juez de Valladolid sentenció hace unos meses que, dado que el seguimiento de los
pacientes de hepatitis C se realiza en consultas, y no requiere ingreso hospitalario, es
Interior quien debe comprar el tratamiento. Pese a ello, Instituciones Penitenciarias
recurrió ante el Tribunal Superior. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria ha
denunciado en varias ocasiones que los reclusos con hepatitis C no estaban siendo
tratados. El subdirector de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo, lo admitió en
junio pasado y añadió que su departamento solo pensaba pagar los fármacos si hay
sentencia firme que le obligue. Interior preveía incluso esperar a que decidiera el
Tribunal Supremo.
Instituciones Penitenciarias aseguró, a preguntas de EL PAÍS, que ignora el número de
internos a los que le será prescrito el tratamiento y que dependerá de los especialistas de
los hospitales de las comunidades autónomas. Una portavoz dijo que la partida es de 24
millones, aunque en los Presupuestos aparecen 20. No precisó qué va a suceder con los
casos que están en los tribunales
Madrid 10 AGO 2015 -