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Conf. final v dipl.

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Conf. final v dipl.

  1. 1. Versión provisional, para ser ajustada luego de su presentación y discusión. Fundación Rómulo Betancourt V Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela Conferencia de cierre. Caracas, Sábado 16 de mayo de 2015 VENEZUELA CONTEMPORÁNEA: PARA UNA VISION PROSPECTIVA Germán Carrera Damas Escuela de Historia Facultad de Humanidades Y Educación. U.C.V. Introducción: Al amparo del título puesto al presente texto, pretendo explorar, en relación histórico-crítica con los participantes en el V Diplomado de Historia contemporánea de Venezuela, impartido en la prestigiosa Fundación Rómulo Betancourt, algunas de las cuestiones troncales que formarían, en una visión de la Historia contemporánea de Venezuela que intente completar la comprensión del curso del proceso histórico contemporáneo, con arreglo a una visión prospectiva de su continuidad histórica. Para estos fines, se combinan la discusión prospectiva de algunas de las cuestiones fundamentales del presente histórico de la sociedad venezolana, -basándose en los aportes de una breve exposición general-, y la contribución de los textos recomendados. Todo con la esperanza de que ese conjunto nutra un enriquecedor intercambio crítico entre los participantes del V Diplomado de Historia contemporánea de Venezuela. Parte I.- Al cabo de dos décadas y media de ejercicio ininterrumpido, la República liberal democrática, cuya reinstauración arrancó desde el experimento de poder colegiado establecido en 1959, comenzó a dar signos de una suerte de fatiga institucional; lo que dio oportunidad a que se propalase la falaz y dañina
  2. 2. expresión agotamiento del modelo. En la realidad de la fatiga institucional se manifestaba la potencial inadecuación que habría de resultar de atribuirle al Estado institucionalizado en el marco de La República Liberal Democrática, pautado en la estructura constitucional, el cometido de promover la implantación y la promoción de modos de funcionamiento socioeconómicos en la formulación de los cuales se advertía un obligante cometido de inspiración socialista. Esta dificultad originaria, resultaba de la conciliación estratégica de los respectivos proyectos sociopolíticos de los partidos democráticos, suscriptores tanto del denominado Pacto de Punto Fijo como del Programa mínimo de Gobierno, acordado entre los candidatos presidenciales. Este compromiso político, ya presente en la Constitución de 1947, fue actualizado y enriquecido con motivo de la redacción de la Constitución de 1961; circunstancia que observé en la sexta conferencia del ciclo Una nación llamada Venezuela, -dictado semanalmente a partir del 14 de febrero de 1974-, titulada Tardía institucionalización del Estado liberal democrático en el marco del desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Entonces intenté sintetizar la cuestión en estos términos: …”La Venezuela de la década del 60 se encuentra a sí misma como una sociedad cargada de tremendos problemas socioeconómicos que afectan a la mayoría de la población en una forma específica, pero es también la Venezuela que marcha aun tras el espejismo liberal, para la cual no existe, por definición, contraste entre libertad y hambre, no existe puja entre libertad y hambre. Están planteados de esta manera los términos en que se habrán de debatir todas las cuestiones: realización del orden liberal como objetivo sociopolítico y satisfacción de ingentes necesidades sociales como objetivo socioeconómico. “Se da de esta manera una coyuntura, por decir lo menos, con cierto grado de contradicción: entre el orden sociopolítico liberal y las reformas socioeconómicas socialistas. Culmina de esta manera la persecución del espejismo liberal: la estructura constitucional se consolida, el orden político se amplía, y a partir de 1958 esto aparece como una constante, independientemente de los zigzags o de las lagunas que se puedan percibir en el funcionamiento constitucional. Pero esto sucede en una sociedad que ingresa
  3. 3. a la problemática contemporánea, cuyas expresiones esenciales son el desempleo, el hambre y el atraso. “Se arbitran formas de armonizar dos realidades que guardan entre sí no pocos puntos de roce y hasta de conflicto. La forma obvia de armonizar estas realidades, la del Estado benefactor, -la del Estado filantrópico-, fue la primera ensayada, y creo que sus resultados y la reacción que suscitó hacen innecesario su tratamiento. Me refiero, más que a los llamados “planes de emergencia”, a los diversos planes asistenciales, mediante los cuales se intentó armonizar la existencia de un orden liberal democrático con la satisfacción de las necesidades apremiantes de grandes sectores de la población.”* ___________________ * Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores, 4ª edición, 1991, pp. 178-179. En la Séptima conferencia del ciclo, que marcó la finalización del mismo, puse una nota que reza: “El desarrollo de este tema consiste en una glosa de un capítulo de mi obra Historia contemporánea de Venezuela (Bases metodológicas, en preparación”. Efectivamente, en el capítulo V de dicha obra, aparecida en 1977, titulado Nueva perspectiva para el estudio de la Historia contemporánea de Venezuela, la parte “4.- La tardía institucionalización del Estado liberal”, se inicia en estos términos: “Al igual que los demás, y cual ningún otro, está lejos de ser éste un tema académico, más o menos desligado del presente sociopolítico. Es, por el contrario, la expresión de esa realidad, y quizás la más importante en términos de cuestión de cuya respuesta puede depender en mucho el destino político de Venezuela contemporánea. No en balde puede afirmarse que hay reiteración de parte de los más altos representantes del Poder público al proclamar que no existe contradicción entre los dos grandes objetivos de la acción social contemporánea: libertad y desarrollo.”* ______________________________ * Germán Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela. Bases metodológicas. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. (Colección Historia VI), 1977, pp. 216-217.
  4. 4. La puesta en marcha de los compromisos sociopolíticos fundacionales así contraídos, desencadenó en el tejido social, -con especial énfasis en sectores menos participativos en la dinámica social, como lo eran la mujer y los analfabetas- fuerzas de cambio que desembocaron en una crisis de desarrollo sociopolítico. Éste desbordó la capacidad de conducción y liderazgo de las estructuras gubernamentales; y la de la clase política para encauzarlo. Percibida está situación, necesariamente conflictiva, un grupo de analistas políticos llegó a la convicción de que se había vuelto necesario ajustar el régimen sociopolítico así concebido e instaurado: “El contraste así establecido entre el orden sociopolítico liberal y la reforma socioeconómica de tendencia socialista, se puede trazar siguiendo la evolución constitucional en tres áreas fundamentales: a) La correlación entre las llamadas “garantías de la esfera liberal individualista: y los denominados derechos sociales y económicos”… “b) La planificación, considerada como el instrumento idóneo para orientar y normar la acción del Estado encaminada a correlacionar un volumen limitado de satisfactores con necesidades creciente”… y “c) La polémica en torno a la planificación como expresión sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”* ________________________ • Ibídem, pp. 219-220. De hecho, este enfoque de la cuestión me ha permitido formular la siguiente comprobación: “Haciendo valer la circunstancia de que la planificación supone un sistemático ejercicio de prospectiva, es razonable concluir que el despertar, en Venezuela, del interés por el cultivo de la perspectiva en diversas áreas del desenvolvimiento de la sociedad, se tradujo, igualmente, en el recurso a la Historia para la conformación de la imprescindible plataforma básica de los diagnósticos prospectivos. Lo que legitima nuestra preocupación por fundamentar la legitimidad metódica de la Historia prospectiva”.*
  5. 5. _______________________ *Fragmento de la Parte VI, “Fundamentación histórica del interés del cultivo de la prospectiva histórica en Venezuela.”, de la obra titulada Historia prospectiva, en proceso de edición). Parte II. Para atender a los requerimientos del enfoque adoptado en esta conferencia, debo comenzar por la caracterización de la crisis en ciernes, …”como expresión sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”..., determinando si lo era de funcionamiento, - y que por lo mismo podía ser enfocada con arreglo a criterios básicamente político-administrativos-, o si lo era de desarrollo del modelo sociopolítico, en su proceso de institucionalización, iniciado en 1945-1946; y reanudado en 1959. Desechada la posibilidad de interrumpir la reinstauración de la República liberal democrática; la cual, a su vez, interrumpía la vigencia de la República liberal autocrática, continuada desde 1830, cabían dos eventuales enfoques de la cuestión: A.- Uno, que prescindía, expresamente, de eventuales cambios de fondo en el régimen sociopolítico republicano liberal democrático, apuntaba hacia la reforma político-administrativa; dirigida a corregir la que podría denominarse crisis de funcionamiento del Gobierno. En consecuencia, aunque se proclamaba el propósito de depurar el régimen, -y por lo mismo de buscar desarrollarlo-, se veía la cuestión, fundamentalmente, como la necesidad de incrementar la eficiencia de la Administración pública, tanto en su concepción como en su funcionamiento. Tal fue la posición asumida, durante su segunda Presidencia, por el Dr. Rafael Caldera. La expuso en una conferencia pronunciada en el IESA, en Caracas, en el 22 de mayo de 1985, titulada Gerente del Estado. Reflexiones sobre una experiencia.* ___________________________ *Para los fines demostrativos de la presente Conferencia, vale observar que el Decreto fundacional de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE). está fechado en el 17 de diciembre de 1984. Partiendo de la consideración de que …”en Venezuela, el Jefe del
  6. 6. Gobierno es al mismo tiempo Jefe del Estado”…, apunta el expositor que: “La responsabilidad más grande (sic) del presidente como gerente del Estado es la de velar permanentemente por que las órdenes se cumplan, porque las disposiciones se realicen, y esa de estar con los ojos abiertos permanentemente es una de las responsabilidades, a mi juicio, más importantes de esta función.” Lo que le llevó a concluir que: “El problema del país, el problema que se plantea con la reforma del Estado, en el sentir general, más que todo es un reclamo de eficiencia. No estamos pensando en un Estado distinto, ni queremos renunciar al Estado democrático que hemos construido a través de tantos esfuerzos y tantos sacrificios. Lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado más consciente de sus obligaciones con la población, y para esto es indudable que ese sentido gerencial que se plantea como base de este coloquio es indispensable”… El Presidente Dr. Rafael Caldera parecía responder, de esta manera, a los que calificara de “Los desafíos de la gobernabilidad democrática”; título de la obra que recoge su pensamiento respecto de esta cuestión, los cuales enuncia: “Desafío para la gobernabilidad es la pobreza. Desafío para la gobernabilidad es la corrupción. Desafío para la gobernabilidad es la corrupción. Desafío para la gobernabilidad es el desempleo. Desafío para la gobernabilidad es la dificultad de los gobiernos en desarrollo para competir con los que están desarrollados. Desafío para la gobernabilidad es la conversión de los partidos políticos, que son instrumentos fundamentales para la vida democrática, en organismo clientelares. Desafío para la gobernabilidad es el acelerado proceso de urbanización que ha llevado incontables camadas en forma irregular a hacinarse en las urbes, y que no ha sido posible ordenar porque muchas veces las condiciones no han sido apropiadas para programar en libertad proyectos bien pensados de urbanización. Desafío para la gobernabilidad es el populismo, que de vez en cuando reaparece y cuyo fracaso ha sido patente en donde se ha aplicado, por las incapacidad de ofrecer soluciones verdaderas y estables a grandes problemas colectivos. Desafío para
  7. 7. la gobernabilidad es la loca rivalidad entre los dirigentes y grupos políticos, así como la alternabilidad de los gobiernos, indispensable por la necesidad de prevenir el establecimiento del autoritarismo a través de la prolongación de los titulares en el poder.” Consecuente con su visión de la gobernabilidad y de la primordial función gerencial del Jefe del Estado-Jefe del Gobierno, el Presidente Dr. Rafael Caldera culminó su inventario de los que consideraba desafíos a la gobernabilidad, con un revelador texto que titula “Sísifo”. Se abre con esta afirmación: “Otro de los grandes desafíos para la gobernabilidad en el país es el mito de Sísifo”…, como símbolo del reiterado recomenzar sobre la base de desconocer y descontinuar lo ya hecho. En este texto, que me atrevo a calificar a la vez de curioso y revelador, se apunta una significativa contraposición de enfoques del símbolo invocado. Efectivamente, luego de una afirmación de altísimo valor sociohistórico: “Yo fui el primer Presidente de la República elegido por voluntad popular en las filas de un partido político que le hizo oposición severa al gobierno anterior, pero no incurrí en el error de desconocer los proyectos que tenía en marcha mi predecesor”…, se entrega a un listado de obras materiales que heredó inconclusas. ¿Subestimando la significación política de su presidencia como consolidación de La República liberal democrática? ¿Cediendo a la común valoración de los gobiernos por su obra material?* ____________________ *RC Biblioteca Rafael Caldera, Los desafíos de la gobernabilidad democrática. Presentación de Fernando Luis Egaña. Caracas, Cyngular, 2014. B.- Simultáneamente había sido planteado otro enfoque de la cuestión. Si también contrario al cambio del régimen sociopolítico republicano liberal democrático del Estado, centraba, sin embargo, su atención en lo sociopolítico, – pero guardando orgánica vinculación con los otros enfoques mencionados-. Se consideraba necesario ajustar el régimen republicano liberal democrático, en función de la nueva realidad sociopolítica generada por el desarrollo del mismo, abriéndole cauce al cambio socio histórico de esa manera generado y
  8. 8. estimulado. De allí la sintética fórmula adoptada, “modernizar el Estado profundizando la Democracia” como fundamento programático de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), designada por Decreto 403 de la Presidencia de la República, de 17 de diciembre de 1984; incluido en los textos recomendados, al igual que el diagnóstico histórico básico y los objetivos, recogidos en dos textos de mi autoría: “Capítulo II. El Proyecto de reforma integral del Estado dentro del contexto histórico: sus objativos”.* y “La reformulación del Proyecto nacional venezolana en perspectiva histórica”.** ________________________ * La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado. Caracas, Comisión Presidencial para la reforma del Estado, 1988. ** Venezuela: del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla. Carlos Blanco, Coordinador). Caracas. Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE), 1993. Cabe subrayar el hecho, comprobable en los textos mencionados, de que el concepto de reforma integral del Estado se corresponde con la variedad y la especificidad de las áreas tratadas, en todos los órdenes; si bien ubicadas en el propósito de profundizar la Democracia; vale decir de abrirle cauces al propósito, ya en marcha, de propiciar la conformación de la sociedad venezolana como una genuina sociedad democrática, también en todos los órdenes y niveles de la acción social. Es oportuno subrayar el hecho de que tal orientación programática se correspondía con la convicción de que la conformación de una genuina sociedad democrática debía ser obra de la propia sociedad, en pleno ejercicio de La soberanía popular, en todos los niveles y áreas. Por ende, habría de quedar superada la etapa del Estado rector universal de la sociedad y dispensador de gracias. Parte III.- La experiencia vivida por la sociedad venezolana a partir de fines de la década de 1990, enfocada con sentido prospectivo, quizás permita que, a mi vez, intente actualizar mi visión, cual lo hice en la Conferencia que dicté atendiendo una invitación de la Cámara de Comercio de Cumaná, en el 18 de septiembre de 2014, - incluida en las lecturas recomendadas-. Pero, estimo necesarias algunas puntualizaciones previas:
  9. 9. A.- Considero que es muy importante ventilar críticamente la errónea, y más que ello tendenciosa afirmación, inculpatoria, dirigida contra la clase política democrática, respecto de no haberse percatado oportunamente de una situación que podría acarrear inminente crisis del régimen sociopolítico republicano liberal democrático. A los sumo, la diferencia en el enfoque de la situación sería atribuible, propiamente, a un error de diagnóstico, que podría formularse como la contraposición entre dos visiones de la cuestión: la político- administrativa y la histórica prospectiva. Contrariando esta imputación están hechos aquí registrados: En primer lugar, la simultaneidad en la preocupación por la marcha del régimen sociopolítico republicano liberal democrático, demostrada por los dos partidos socialistas con responsabilidad directa de ejercicio del Poder público, el social demócrata y el social cristiano. En segundo lugar, la prueba de que esa preocupación se tradujo en acción gubernativa. En el caso del partido social cristiano, promoviendo la reforma de la Administración pública, partiendo de lo conceptual gerencial. En el caso del partido social demócrata, instaurando la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE), y promoviendo el inicio de la puesta en práctica de sus recomendaciones, según lo proclamó el reformador Presidente Dr. Jaime Lusinchi, al intervenir, ya ex presidente, como senador vitalicio, en el 5 de noviembre de 1991, luego de apuntar la circunstancia tradicional de ser su gobierno objeto de críticas: …”No era dable, entonces, esperar una situación distinta para quien dirigió Venezuela (sic) un gobierno que entre otros muchos logros garantizó durante cinco años la paz social en Venezuela. Ni una sola huelga importante registró la economía. Ningún conflicto social de alguna consideración presenció el país. Mantuvo a raya la delincuencia. Controló la inmigración ilegal. Luchó efectivamente contra el flagelo de la droga; y la vida social y política del país se desenvolvió normalmente durante su ejercicio. El candidato del partido de gobierno ganó las elecciones. Soportó sin grandes traumas económicos o sociales la más abrupta caída de los precios del petróleo. Logró el crecimiento
  10. 10. económico en términos reales. El PTB creció más que la población. Se incrementó la inversión privada. La industria y el comercio crecieron a todo lo largo del período constitucional. Controló las importaciones de bienes innecesarios. Aumentó las exportaciones. Redujo considerablemente el desempleo y defendió el salario real de los trabajadores. Dejó en superávit el conjunto de las empresas del Estado. Redujo sensiblemente la deuda pública. Cuando terminó su mandato, la República tenía una deuda pública menor, en términos netos, de la que registró al final del período constitucional anterior. Construyó más viviendas en un período constitucional. Fueron en total 317.356 viviendas. Aumentó la matrícula escolar y la estructura escolar significativamente, en educación básica, media y superior. Implantó programas actualizados en preescolar y en los 9 grados de educación básica. Promulgó el Reglamento de la Ley de Educación y restituyó el desayuno y el vaso de leche escolar. Defendió nuestro territorio y la soberanía nacional sin dudas ni vacilaciones.” * ______________________ • Citado por Antonio Ecarri Bolívar, Socialdemócratas vs. Comunistas. Caracas, Los libros de El Nacional, 2011, pp. 232-233. Para la mejor apreciación crítica de lo transcrito de inmediato, dirigido a probar el cumplimiento de las dos vertientes del régimen sociopolítico republicano liberal democrático; al igual que para valorar los resultados de la COPRE, vale reproducir el siguiente juicio del mismo autor, al referirse a la actuación del grupo de presión política denominado “Los notables”, -cuya figura más representativa fue Arturo Uslar Pietri-; autores de una requisitoria contra el régimen sociopolítico liberal democrático y contra La República liberal democrática misma: …”ni Carlos Andrés Pérez ni AD fueron sordos ni insensibles frente a muchos de estos planteamientos, pues sabemos que durante el gobierno de Jaime Lusinchi se constituyó la Copre –tal como lo reconocen “Los Notables” en su misiva de reclamo a Pérez-, integrada por las más importantes personalidades de la intelligentzia venezolana, muchos de los cuales no sólo no eran militantes de AD, sino tradicionales adversarios del partido de
  11. 11. gobierno”…”Lo que ocurrió entonces fue que muchas de las reformas, como la elección de gobernadores y alcaldes, fueron vistas con simpatías, pero el deterioro del gobierno y la credibilidad de los políticos, fundamentalmente los pertenecientes a los partidos AD y Copei, llevaban la peor parte (sic), y cuando se convocaron elecciones, por primera vez en la historia de Venezuela, en muchos estados ganaron opositores al gobierno y eso, lejos de aliviarle la carga a éste, incrementó su debilidad y se generalizó la sensación de inestabilidad en el país.”* _______________________ • Ibídem, pp. 253-254. El desenlace de este proceso, que considero caracterizado por los esfuerzos de los gobiernos democráticos por actualizar el régimen sociopolítico republicano liberal democrática, atendiendo a las consecuencias de su propio desarrollo, caracterizado por la brecha así abierta entre la demanda de satisfactores y las dificultades halladas para darles pronta y sostenida atención, es la que he denominado la segunda (¿y última?) severa indigestión de la República liberal democrática. B.- La interpretación más común de este trance socio histórico vivido por la sociedad venezolana, padece los efectos de privilegiarse, al explicar los acontecimientos, una visión de corto plazo, llevada hasta la inmediatez en procura de fundamento para estrategias políticas que no fueron capaces de formular sino justificaciones teóricas históricamente desvirtuadas. Estas fueron recogidas en una fórmula, la del pretendido agotamiento del modelo, queriendo significar su incapacidad para resolver la cuestión social, pero sin observar que con ello reconocían, inadvertidamente, la plena realización del modelo; hasta el punto de hacer necesaria su reformulación; de lo cual no sólo se tenía conciencia en los partidos democráticos; sino que se habían diseñado procedimientos reformistas cuya aplicación se inauguraba. En ausencia de una proposición alternativa respecto de la socialista moderna, se desató una campaña de descrédito del régimen sociopolítico
  12. 12. republicano liberal democrático que caló también en un sector de la socialdemocracia y el socialcristianismo; algunos de cuyos voceros vieron lo propuesto y actuado en función de la reforma del régimen sociopolítico como un censurable intento de volver a 1945-1948 ó a 1958-1959. Con lo cual incurrieron en la negación del pasado democrático manipulada como chantaje y contribuyeron a darle paso a una retrógrada empresa no sólo anti democrática sino también anti republicana, C.- No son menos significativas las consecuencias de subestimar, como suelen hacerlo los críticos superficiales, la dificultad del tránsito desde la condición de súbdito a la de ciudadano. Demuestran creer que bastó la instauración política de la República para que funcionase socialmente el régimen sociopolítico republicano. Ignoran que en la estructura de poder interna de la sociedad coexistían dos sistemas: el jurídico-político y el jurídico-social; y que si bien interrelacionados integran esa estructura, obedecen a dinámicas específicas. Así, mientras el jurídico-político es susceptible de cambios radicales, al menos como postulados, el sistema jurídico-social se corresponde con el cambio social, es decir que, como realización, está plenamente subordinado a él y, por lo mismo se resiste a la voluntad política. A este respecto, es muy ilustrativo el curso de la República liberal autocrática venezolana, suerte de híbrido de la monarquía constitucional con la monarquía absoluta, bajo la égida formal de la República. Mas, tampoco la monarquía constitucional ha escapado de esta ambigüedad, según una elocuente comprobación: la reciente transmisión dinástico-constitucional de la Corona española, dio lugar a siguiente reconocimiento: “XXXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 “DECLARACIÓN DE LA GRANJA “CONSTITUCION: ESTABILIDAD Y CONCORDIA “En el trigésimo sexto aniversario de la Constitución Española de 1978, el Partido Popular quiere hacer la siguiente Declaración: “La Constitución del 78 fue el culmen de un largo proceso constitucional que comienza en 1812. Con todos los aciertos y todos los errores de los que
  13. 13. aprendimos los españoles desde hace casi 200 años, construimos la Constitución desde la Transición. Todos los grandes avances que contenían aquellas Constituciones se mejoraron en la de 1978 y se desterraron los errores de las que eran programas de unos contra otros”. ¿Significaría este reconocimiento que a los españoles les ha tomado dos siglos ascender, por fin, a la condición de súbditos monárquico- constitucionales? Pero esta comprobación, ¿nos permitiría estimar el tiempo histórico requerido para que los súbditos de una monarquía absoluta adquiriesen la condición de ciudadanos de una república moderna liberal? No tener conciencia de la dialéctica histórica de continuidad y ruptura, ilustrada por la transcrita Declaración de La Granja, hizo incurrir a los partidos políticos democráticos venezolanos en el grave error de desatender el primordial papel del régimen sociopolítico republicano, como escuela de ciudadanía; al mismo tiempo que subordinaban esa formación a la promesa de satisfacer necesidades básicas, descuidando la asimilación de los valores republicanos democráticos. Lo que hizo de tan injustificable actitud el semillero de la crisis del régimen sociopolítico por esos mismos partidos instaurado. Quizás venga al caso recordar una expresión del Miguel Gorbachev empeñado en propiciar el cambio sicosocial de mayor magnitud y trascendencia del Siglo XX, en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): “Cambiar la mentalidad de la gente es la cosa más difícil. La perestroika depende de la opinión pública, y ésta es conservadora.”* __________________________________ *“Changing people’s mind is the most difficult thing. Perestroika depends on public opinión, and it’s conservative). International Herald Tribune. París, 5/6/90. D.- Correlativamente con la desatención de la enseñanza-aprendizaje de los valores republicanos, se subestimó la virtualidad histórica del militarismo tradicional, entendido como la conjunción del militarismo militar con el militarismo civil, bajo la sombra de un pervertido bolivarianismo. Conjunción que mantiene planteada la necesidad de superar el atavismo monárquico, socialmente arraigado como propensión al ejercicio despótico del Poder, al amparo de la práctica de la sumisión como expediente salvacionista para
  14. 14. recurso de pobres necesitados convertidos en mendicantes oficiales. Mas el concepto de propensión ha de ser entendido, en este caso, como la supervivencia del atavismo monárquico, cuya erradicación sistemática se inició, propiamente, en 1946, con el rescate de La Soberanía popular, en su permanente secuestro desde 1828, resultante de la jurídicamente cuestionable dictadura comisoria de Simón Bolívar, dirigida hacia el fin inmediato de preservar la independencia de la República de Colombia, mediante la consolidación de su unidad. El haberle sido confiada la tarea de restablecer la estructura de poder interna colonial, muy severamente trastornada, en la Venezuela separatista, en virtud de la alianza entre los militares que no se fueron con Bolívar y los próceres civiles temerosos de las repercusiones de la orientación moderna liberal, y eventualmente abolicionista, que tomaba la República de Colombia, sembró el tutelaje militar-militarista en la Venezuela sólo constitucionalmente republicana, que prevaleció de manera absolutista hasta el inicio de la instauración de La República liberal democrática; a partir de lo cual entró ese militarismo, revistiendo diversos atuendos, en la fase recurrente que hoy campea. Parte IV: Entro a tratar de un asunto cuya naturaleza muy compleja me obliga a justificar mi intento. Este último consiste en proponer una valoración histórico-crítica de la situación por la que se está forzando a atravesar a la sociedad venezolana. La dificultad por la que, a mi vez, atravesaré, consiste en atribuirle algún sentido histórico a esa situación; sobre todo cuando la he caracterizado como la segunda indigestión del régimen sociopolítico republicano venezolano, en La Larga marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia. El así caracterizado episodio que vivimos los venezolanos ha sido proclamado, por sus responsables, como la verdadera Democracia, la verdadera independencia; la construcción del socialismo del siglo XXI, y otras cosas. Pero ¿sería diferente el calificativo a otorgarle si al ubicar la cuestión en la perspectiva histórica que venimos explorando la enfocáramos como el intento, -por sus promotores ignorado-, de resolver, mediante la supresión del Estado
  15. 15. republicano la antinomia creada constitucionalmente en 1947 y refrendada en 1961, entre un Estado republicano liberal democrático y el mandato constitucional de promover y conducir cambios políticos de inspiración socialista? Los indicios son elocuentes. En cuanto al Estado liberal democrático: secuestro de la Soberanía popular, supresión de la separación de poderes…, en suma: abolición de la República. En cuanto al mandato constitucional: la instauración de una parodia fidelista del socialismo estalinista. A- Quizás sea el aspecto más riesgoso y comprometedor del ejercicio del oficio de historiador encarar el trance de percibir, en los actores de la tragedia- drama-farsa histórica, propósitos, aspiraciones y hasta creencias de los que ellos mismos no tuvieron conciencia. ¿Suponiéndolos en un básico nivel de racionalidad? ¿Suponiéndoles un apreciable grado de conciencia histórica? ¿Suponiéndolos capaces de correlacionar condiciones, recursos, y aptitud? Triste resulta comprobar, en la práctica, que lejos de satisfacerse esos requisitos, o siquiera algunos de ellos, los actores sólo se destacan por la ignorancia de los mismos. B.- En un reciente artículo de prensa, titulado “Control del estómago, salud y mente”, Jurate Rosales publicó en su sección “Ventana al mundo”, la siguiente valoración del resultado, ya visible, del desenfrenado intento de una construcción del socialismo del siglo XXI que trastrocó los dos últimos números romanos, y se ha revelado como una aberración de la utopía: “La combinación de la propaganda, las necesidades básicas y el sometimiento, llegan a su punto de máximo control, cuando el ciudadano, presionado por la penuria y tras horas de colas, sale con una sonrisa de triunfo, cargando una bolsa con cuatro rollos de papel higiénico. Está feliz por haberlo conseguido, no piensa que el gobierno ha llegado a controlarlo hasta en la forma en que ha de cagar. “La etapa final y culminante, es el poder que el sistema adquiere sobre cada ciudadano a la hora de electoral. En Venezuela será más difícil para el gobierno. Pese a todo lo descrito anteriormente, acá pervive todavía la fe en la democracia, y por más que el gobierno se esfuerce en aplicar artimañas de
  16. 16. fijación de fechas, cambio de circuitos, control -por medio del alimento, salud y mente-, nunca estará seguro de ganar, incluso manipulando las cifras. Hay que reconocer que existe una subyacente resistencia popular. En Venezuela todavía están vivas las exigencias propias de todo ser libre”…* ________________________ *El nuevo país. Caracas, 27 de abril de 2015. C.- Parece, por consiguiente, que lo urgente y necesario es avivar esa pequeña y poderosa –a la par que persistente-, llama de la Libertad. y ésta se nutre de principios. He reiterado muchas veces dos comprobaciones extraídas de la Historia. Y me refiero a la escrita con H grande. Una, bien conocida y puesta en práctica por los regímenes totalitarios falsarios del socialismo, desde el estalinista hasta el chavista, pasando por el fidelista, consiste en que la miseria vital no engendra rebeldía; engendra sumisión, al hacer de la supervivencia la razón vital. Pero hay otra comprobación, felizmente subestimada o ignorada por los déspotas de todo pelaje. Consiste en que la limosna no genera lealtad; al faltar se convierte en rencor. Lo comprobé en Moscú, cuando viví, en La Plaza Roja, la implosión de 70 años de socio-zarismo. Conclusión = ¿Consideración final? La conclusión la están escribiendo, sobre todo, los nuevos actores de la lucha por la reanudación del régimen sociopolítico republicano liberal democrático: las mujeres, que están practicando su función política ejemplarmente; los jóvenes en edad de vivir heroicamente la angustia de su porvenir; los ciudadanos soldados, que se ven despojados de su ciudadanía constitucional por mandos descalificados en lo institucional; y la Iglesia cristiana católica, que cumple ejemplarmente su contrato con la Democracia. Esto me induce a incurrir en la incorrección metódica de permitirme reemplazar la conclusión por una consideración final: habida cuenta de lo dicho, ratifico mi certidumbre histórica de que, prosiguiendo en La Larga marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia, en unas dos generaciones ella será la primera sociedad genuinamente democrática de América latina.
  17. 17. Caracas, mayo de 2015.
  18. 18. LECTURAS RECOMENDADAS Primer texto: Sobre la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Decreto 403, de 17 de diciembre de 1984. Segundo texto CALDERA, Rafael. Gerente del Estado. Los desafíos de la gobernabilidad democrática. (Biblioteca Rafael Caldera). Presentación de Fernando Luis Egaña. Caracas, Cyngular, 2014. Tercer texto: Carrera Damas, Germán. Sexta conferencia: Tardía institucionalización del Estado Liberal democrático en el marco del desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Una nación llamada Venezuela. Cuarto texto: ------------------------------- Séptima conferencia: Problemas históricos de Venezuela contemporánea. Proposición metodológica. Prospectiva del proceso socio histórico de Venezuela contemporánea. Una nación llamada Venezuela. Quinto texto: Carrera Damas, Germán, “Capítulo II. El proyecto de reforma integral del Estado dentro del contexto histórico: sus objetivos.” La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado. I. Caracas, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, 1988. “El proyecto de reforma integral del Estado dentro del contexto histórico: sus objetivos.”* 1.- La coyuntura histórica en la cual se formula el proyecto de reforma integral del Estado. La comprensión del proceso de planteamiento y promoción de la reforma del Estado debe apoyarse en una ponderada evaluación de las circunstancias en las cuales se desarrolla. Es lo que desea significar la expresión “coyuntura histórica”. Para no correr el riesgo de confundir los orígenes y desvirtuar los propósitos de ese proceso, es necesario satisfacer los siguientes requisitos: a.- Mediante el rescate y la puntualización de la historicidad del propósito de reforma del Estado, se le despoja de todo viso de arbitrariedad y de oportunismo. b.- Por la misma vía será posible poner al servicio del actual proyecto todos los intentos que, aunque de desigual naturaleza, son relacionables con él. c.- Igualmente, se contribuye a la consolidación de este nuevo intento de
  19. 19. reformulación sistemática del proyecto nacional en la conciencia social. El nuevo planteamiento y el decidido impulso de que ha sido objeto el propósito de reforma del Estado, no obedecen a una decisión impetuosa o fortuita. Por el contrario, se inscriben en un curso histórico claramente fijado a partir de la formulación del proyecto nacional venezolano, en los términos de alcanzar un Estado Democrático y Social de Derecho. El Decreto de Garantías dado por el General Juan Crisóstomo Falcón en 1863, y la Constitución Federal de 1864, marcaron el inicio de un curso histórico, siendo ellos mismos, a la vez, la culminación del debate que se abrió con la Constitución de 1811. Unas veces en los congresos, otras en los campos de batalla, pero siempre en la prensa, ese debate recogió la riqueza ideológico- política del siglo XIX venezolano. Se fue preparando una convergencia de la escindida clase dominante que, esbozada con motivo de la Revolución de Abril de 1858, culminó con el Tratado de Coche, de 1863, luego de la Guerra Federal, y se consagró con la inicial política del gobierno de la Federación. En cierto modo, algunas de las reformas guzmancistas, y seguramente las recogidas en el Programa de Febrero de 1936 y en la Constitución de ese mismo año, si bien se insertaron en el tronco básico del Estado Liberal, marcaron la necesidad de enmiendas y reformas cuyo sentido final ha sido el de desarrollar un Estado Democrático y Social de Derecho. Ese contenido había sido reducido al mínimo, si algo de él subsistió, en el lapso 1899-1935. Generalmente, cuando se evalúa este período se cometen dos errores. Se le hace homogéneo, y se le estima, además, constante en sus rasgos principales. Por otra parte, suele olvidarse que la noción de autocracia liberal no es un contrasentido conceptual. La primera reformulación sistemática del proyecto nacional, diseñada durante el período 1945-1947, y comenzada a practicar en 1948, si bien naufragó en una década dictatorial, mantuvo su intenso valor programático, como punto de referencia para las definiciones políticas de todo orden. La persistencia de este programa frente a prácticas represivas orientadas hacia su erradicación, puede ser tomada, a un tiempo, como una clara expresión de la legitimidad del intento, en el sentido de su correspondencia con los requerimientos sociales, y como una lúcida percepción de lo que habría de ser el desenvolvimiento de la sociedad venezolana. La reformulación sistemática del proyecto nacional, iniciada en 1958, plasmada en la Constitución de 1961, y puesta en práctica desde entonces, ha tenido el sentido esencial de institucionalizar el Estado democrático vigente. El consenso alcanzado en esa oportunidad puede ser interpretado, en parte, como producto del horror a la dictadura. Sin embargo, el tenor del instrumento constitucional producido no sólo continúa y amplía el programa de 1945-1947, sino que desborda creativamente el marco del Estado liberal democrático en la esfera de los derechos económico-sociales y promueve un Estado Democrático y Social de Derecho.
  20. 20. A partir de 1984, y por mandato del Decreto Ejecutivo de creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, se ha emprendido una nueva reformulación sistemática del proyecto nacional. Si bien ese intento tiene como antecedentes una secuencia de iniciativas y diseños de reformas administrativas más o menos amplias, se singulariza por el carácter expreso de su cometido principal: elaborar un Proyecto de Reforma Integral del Estado, PRIE, en el marco de un amplio propósito de estímulo del desarrollo democrático de la sociedad. Se abandonó, con ello, la estrecha creencia en la viabilidad de una reforma administrativa conseguida al margen de una reforma política y, más aún, social. El mérito primordial de la empresa acometida es que concierne al proyecto nacional como totalidad. El PRIE no significa una ruptura, tampoco una intrusión, en la línea evolutiva del proyecto nacional. Por el contrario, las reformulaciones que lo componen expresan, cabalmente, la satisfacción de demandas generadas por el propio proyecto nacional en su prolongada realización histórica. Una característica fundamental de esta reformulación es la de potenciar cambios ya ocurridos o en curso. Al conducir a la correspondiente toma de conciencia, se convierte en factor desencadenante del proceso global. La diferente naturaleza de este nuevo proceso brota directamente del ejercicio de lo que se busca potenciar mediante la reformulación: la Democracia como principio del sistema. Quizá sea este hecho lo que ha permitido alcanzar un nivel de concertación y un grado de consenso nunca antes logrado. Este solo rasgo diferencia claramente el actual proceso del Programa de Febrero y del Pacto de Punto Fijo, pese al notable contenido social del primero y la eficacia política del segundo. El PRIE no ha sido diseñado frente al Estado-gobierno, sino que se ha promovido, e incluso institucionalizado, por éste, mediante la creación de la COPRE. La creación de la COPRE, su concepción y funcionamiento, marcan un alto nivel de creatividad en el sistema político; y bien pueden ser tomados como signos de vitalidad del proyecto nacional que se busca reformular. No sólo cabe destacar este signo de vitalidad, sino también el hecho de que le fuese confiada tan delicada materia a un órgano que, por su constitución, reproduce el tejido social. Los miembros de la COPRE fueron convocados para pensar con libertad, afincados en un sentido del deber esencialmente patriótico. No es fácil hallar ejemplos de un Estado-gobierno que al tomar la iniciativa de una reformulación integral del proyecto en el cual el mismo se inscribe, de hecho vigoriza su legitimidad al promover su más amplia y
  21. 21. profunda fundamentación. El PRIE emana directamente de la sociedad, y esto sin detrimento del papel desempeñado por el Gobierno. Importa mucho comprender esta aparente contradicción para apreciar la incuestionada legitimidad del proceso de elaboración del proyecto, y la fuerza que éste ha derivado de la conciencia política y la opinión pública. La forma como la COPRE interpretó su mandato y lo ha venido cumpliendo, debe ser señalada como expresión clara de este rasgo. La representatividad, el consenso democrático que rige sus trabajos, y la dialéctica misma de sus relaciones con el Estado, son prueba de la autonomía con que se ha elaborado el PRIE. El estímulo a la participación, y el recurso constante a la opinión pública, han reforzado la forma autónoma como la COPRE ha interpretado y ejercido su mandato. A la vez la ha rodeado de un singular consenso legitimador de esa autonomía. No se ha creado confusión con los órganos del poder público, ni con los partidos políticos, en lo que se refiere a roles y competencias. La COPRE ha tenido siempre presente su condición de órgano asesor de la Presidencia de la República, sin omitir que lo inédito de su función ha hecho necesarios procedimientos de ajuste y planteado algunas dificultades en su marcha. 2.- Caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta la reformulación sistemática del Proyecto nacional. Definir este contexto es una operación de conocimiento clave para comprender la dinámica del proceso y evaluar su alcance. Ello permite captar, situándolo en esa perspectiva, el sentido de la modernización eficiente del Estado y de la democratización profunda y amplia de la sociedad. Rodeando estas consideraciones están dos objetivos que por tácitos no son menos perceptibles. Ellos son el de asegurar la permanencia del sistema, haciendo funcionar en condiciones controladas su capacidad de perfeccionamiento, y el prevenir presiones asociables con la violencia, en cualquiera de sus formas. Hay, pues, un propósito de cambio dentro de la estabilidad. Ha sido este el curso seguido por las democracias desarrolladas. Ahora bien, no faltará quien rechace la idea de que se busque prevenir traumas sociales, como los que han puesto a sociedades cercanas en un trance de disolución política y social. La caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta esta reformulación sistemática del proyecto nacional, está dominada por la tardía y débil institucionalización del Estado Democrático y Social de Derecho. El Estado liberal busca institucionalizarse cuando el cambio social ya ha generado situaciones y conflictos cuyo tratamiento político se inspira en fuentes ideológico-políticas y jurídico-constitucionales ajenas, e incluso contrapuestas, al liberalismo democrático, particularmente en lo que concierne a los derechos
  22. 22. sociales y económicos. La tardía institucionalización del Estado Democrático y Social de Derecho en Venezuela ha tenido como consecuencia la inadecuación entre el sistema jurídico-político y el sistema jurídico-social de la estructura de poder interna. Por el primero se entiende el conjunto orgánico de normas y de relaciones sociales concretas que rigen el proceso de formación, ejercicio y finalidad del poder político. Por el segundo, el conjunto de normas y de relaciones sociales concretas que rigen los procesos de reproducción de la sociedad en lo concerniente a personas, bienes y valores culturales. El estancamiento político durante el gomecismo, la cicatera apertura política subsiguiente y la detención drástica de este proceso político entre 1948 y 1958, causaron un gran retardo histórico en la institucionalización del Estado Democrático y social de Derecho. Cuando éste se inició de manera sistemática, en 1961, lo hizo en contraste con una concepción del sistema jurídico-social que debe más a las corrientes socialistas que a las liberales. Más aún, las circunstancias históricas condujeron a poner todo el esfuerzo social en la institucionalización del sistema jurídico-político, porque ello se correspondía con la aspiración social, fuertemente interiorizada, de un orden político democrático. Dicho proceso tuvo también repercusiones directas en el sistema jurídico-social, causándole un fuerte retardo e impidiendo que ejerciese presión sobre el sistema jurídico-político estimulando su modernización. De allí la insuficiencia de los factores de cambio, en lo social, todavía perceptible en el incipiente grado de sus organizaciones. Asimismo, este rezago llevó a concebir un instrumento corrector: la planificación, entendida ésta como el mecanismo idóneo para procesar la correspondencia entre satisfactores y necesidades, mediante la asignación racional de los recursos y la promoción de su incremento. Hoy puede afirmarse que este instrumento ha sido insuficiente para el cumplimiento de ese cometido. Por otra parte, los mecanismos de acción política han compensado la carencia de los mecanismos de acción social, que hubieran podido subsanar con su acción las fallas de la planificación, generándose con ello verdaderas aberraciones que hoy militan contra el crédito de la Democracia. En buena parte, la insuficiencia de los instrumentos previstos para compensar la contradicción consagrada por la tardía institucionalización del Estado liberal democrático, y su acentuación, debida sobre todo al lento desarrollo del sistema jurídico-social, han hecho necesario el PRIE, y han aumentado la urgencia de su puesta en aplicación. La concepción del PRIE se apoya en el postulado de que la reforma del sistema político es requisito para el desarrollo de la sociedad. Esta convicción no se asienta, sola ni fundamentalmente, en una razón teórica. La experiencia
  23. 23. histórica venezolana permite afirmar que existe una relación de causalidad entre la evolución democrática del sistema político y el relativo desarrollo correspondiente del sistema social. La experiencia de 1945-1948 es ilustrativa a este respecto: desde el Estado se desencadenaron procesos de cambio social que carecían de apoyo previo o activo. La correlación entre la descentralización político-administrativa y el desarrollo social actúa como uno de los principios motrices del PRIE. Es un hecho comprobado que en el marco de la fuerte centralización actual, desbordada por el crecimiento y el desarrollo económico, se han generado varios centros que presentan un nivel avanzado de desarrollo social. Sin embargo, parece no requerir comprobación el supuesto de que la continuidad y el incremento de los casos ya dados, así como la generalización del fenómeno a toda la sociedad, requiere de la descentralización. A ésta contribuye decisivamente una reformulación del sistema jurídico-político. La participación democrática, más amplia y profunda, al fortalecer la representación como matriz del sistema político, constituye un mecanismo bidireccional, pues revierte el compromiso sobre la sociedad, induciéndola a enriquecer y afinar, fortaleciéndolos, los mecanismos mediante los cuales se expresan y se promueven las aspiraciones socioindividuales. El resultado esperado será un notable incremento de la organización social, para hacer más eficaz la participación política democrática. Las reformas del sistema político que amparen la expresión y la promoción de los intereses socioindividuales, harán verdadero y operativo el ejercicio de su porción del poder social por los diversos sectores y clases sociales. A su vez, tal ejercicio debe ser visto como un activo factor de concientización social. El logro de un Estado moderno y eficiente está vinculado con la presencia de una sociedad democrática más amplia y participativa; y viceversa. La experiencia histórica venezolana no es concluyente en este sentido, pero la consideración de los cambios operados en nuestra sociedad permite percibir en la práctica social cursos de cambio que no hallan el espacio correspondiente en el actual sistema político. En este orden de ideas, la reforma contribuye a dotar a cada ciudadano de una cuota básica de poder social, y de canales idóneos a partir de los cuales pueda desarrollar su capacidad de preservar y ampliar sus derechos constitucionales, así como incrementar su capacidad de contribuir a la conducción de la sociedad. Igualmente, es propósito del PRIE crear las condiciones propicias para la formación y preservación de la capacidad social, en la cual se fundamenta la participación política democrática. Con tal propósito es necesario diseñar vías para alcanzar una equitativa distribución del ingreso, allanar los caminos hacia la propiedad, y erradicar la pobreza crítica. La experiencia histórica de la
  24. 24. Humanidad toda parece indicar que pobreza y democracia son términos que ser avienen mal. El logro de los objetivos antes expuestos, conlleva el consiguiente aumento de su capacidad de funcionamiento como impulsor de la evolución del sistema político. Para ello es necesaria la plena incorporación a la vida social y, por ende, a la política, de distintos sectores que hasta ahora han permanecido en situación de precaria incorporación, como es el caso de los nacionalizados, los marginales y los indígenas, entre otros, todavía insuficientemente participativos en el proyecto nacional como agentes activos. 3.-Alcance histórico de la reformulación del Proyecto nacional. El alcance del PRIE está dado por su sentido de reafirmación del Estado Democrático y Social de Derecho. Tal reafirmación consagra la que ha sido permanente aspiración desde la fase de la formulación inicial del proyecto nacional, a partir de 1811. Esa aspiración de justicia social no sólo ha persistido aun en las condiciones estructurales más adversas, es decir cuando existía una sociedad escuálida, agobiada por la ignorancia, la enfermedad y la arbitrariedad en todos sus niveles y modalidades, sino que ha sido capaz también de superar los largos trances dictatoriales. La persistencia del propósito y la constancia del mensaje doctrinario, a través de los canales educativos formales e informales, han radicado en la sociedad venezolana una voluntad democrática siempre reivindicada tras los eclipses padecidos, y hasta ahora tenazmente renuente ante nuevas solicitaciones. Por ello, importa mucho deslindar este proceso de reforma del Estado, del conjunto de “medidas de emergencia” suscitadas por la crisis económica que padecemos desde hace una década y por el peso de la deuda externa. Éstas han estimulado el proceso, pero no lo han determinado. La inserción del PRIE en esta línea de desarrollo histórico es la clave de la viabilidad del intento, así como el determinante de las actitudes sociales ante el mismo. Es de primordial importancia que se entienda el sentido de esta inserción, porque de su comprensión pueden derivarse, alternativamente, desaliento o serena confianza, como resultado de la confrontación de los propósitos con los interese sociales. Cabe tener presente que la reformulación del proyecto nacional, a la cual entiende contribuir el PRIE, es un proceso político global que moviliza muy diversos y numerosos factores de poder social. El PRIE ha sido diseñado para que conforme una directriz de referencia, a fin de que el libre juego de esos factores de poder social se realice con mayor facilidad y concreción. La comprensión de este papel es lo que legitima la aspiración de integralidad del PRIE. Ésta debe ser entendida como una decisión de basar el diseño propuesto en un conjunto de líneas maestras, cuya potencialidad las lleve, al desarrollarse, a integrar la red de relaciones institucionales y sociales que conforman el Proyecto Nacional. Ese desarrollo del potencial de las líneas maestras será el
  25. 25. resultado del juego de los factores de poder, a lo largo del proceso. La integralidad no debe ser entendida como predeterminación detallada del curso que habría de seguir la sociedad venezolana. Por obra de la comparación histórica, siempre cargada de riesgos, pero legítima vía de avaluación del alcance de proyectos y situaciones, es posible afirmar que la presente reformulación del proyecto nacional venezolano no reviste el carácter de trance histórico mayor, como lo fueron, en cambio, el tránsito dese le sociedad monárquico a la republicana, y la subsiguiente reorientación de esta última. La carga de conflictos, traducida en violencia social, que acompañó esos trances históricos mayores del pasado, no está presente hoy. Ello se explica porque la actual reformulación se plantea a partir de un régimen democrático, y no lleva consigo ninguna modificación esencial del sistema político, sino que propende a su perfeccionamiento. La presente reformulación es una instancia de un prolongado proceso, y revista el carácter de una necesidad histórica, percibida por la totalidad social. Estas condiciones hacen que en el curso del proceso se inserten otras líneas de acción social de menor duración, pero que pueden llegar a tener gran intensidad, estableciéndose de esa manera correlaciones que inciden en el proceso, acelerándolo o retardándolo, afinándolo o perturbándolo. No es posible concebir otro curso históricamente más válido dentro de la concepción democrática. Este proyecto se recomienda no sólo por su racionalidad, su necesidad y urgencia, sino también por la proyección con que ha sido concebido. Un proceso de esta naturaleza mueve razones, pero también lesiona intereses. Sin que pueda establecerse una ponderada similitud, no es del todo ocioso señalar que la racionalidad, la necesidad y la urgencia del tránsito de la monarquía a la república, combinado con el de la colonia a la independencia, fueron demostradas con lujo de razones políticas, filosóficas e incluso teológicas; y aun así requirieron catorce años de guerra y todavía hoy hay quien estime que fue un cambio prematuro. Finalmente, todo el proceso se concibe bajo la égida de la más amplia y profunda participación democrática. De ello depende la viabilidad del PRIE, en la práctica social y política. Con este enfoque debe velarse porque el debate en torno al PRIE se realice en un plano de alta racionalidad, apoyada en el uso persuasivo de la información y en la práctica honesta del derecho a disentir, parte esencial de la convivencia democrática. 4. Los objetivos del Proyecto de Reforma Integral del Estado. Hechas estas consideraciones estratégicas acerca de las circunstancias en las cuales se plantea la reformulación del proyecto nacional, cabe puntualizar los objetivos del PRIE como eje de ese proceso: 1. El PRIE propone proyectar los logros de un modelo y compensar lo
  26. 26. que de él se haya agotado. Esta es una circunstancia que reviste el más alto valor, por cuanto es el factor concluyente diferenciador entre esta reformulación del proyecto nacional y las precedentes, las cuales pueden ser colocadas bajo el signo de la aceleración de un reticente proceso democratizador (1945-1948), y de su restauración (1958-1961). Es el propio desarrollo del Estado Democrático y Social de Derecho lo que hace necesario y posible el PRIE. El PRIE es concebido y elaborado en momentos cuando la situación política global del mundo arroja una balance favorable al Estado democrático. Los pronóstico negativos acerca de él, formulados en América Latina sobre todo en la década de 1960, han resultado infundados. A su vez, las expectativas surgidas a favor de otros modelos, no han arrojado un balance particularmente estimulante. Las comprobaciones precedentes, sumadas al desarrollo europeo y al curso seguido por los regímenes liberal-democráticos en diversas partes del mundo, destacando para el caso la experiencia venezolana en América Latina – en contraste con las solicitaciones extremas, militar-desarrollistas, militaristas tradicionales, corporativistas, entre otras-, permiten refrendar la convicción de la perfectibilidad del Estado Democrático y Social de Derecho y la confianza en su capacidad de auto perfeccionamiento y desarrollo. La cuestión clave en estas consideraciones acerca de la vitalidad del modelo de Estado democrático, en el caso venezolano, es que ha sido precisamente su capacidad para generar, auspiciar o estimular cambios socio- históricos, lo que hace necesaria la reformulación del proyecto nacional. Es decir, que ésta es una proyección de los logros del modelo. Tal es el resultado de una evaluación que no se apoya en el ”deber ser” teóricamente definido, sino en una operación crítica que correlaciona las nociones de “Tiempo histórico”, “Base de partida”. “Capacidad de supervivencia de vicios y dificultades” y “Potencialidad demostrada”.1 (1.- Véase: Germán Carrera Damas, “Venezuela: ¿Crisis financiera=crisis del Estado?”, publicado en Estado y Reforma No. 1. Ediciones COPRE. Caracas, 1986, p. 99). Tan sólo para ilustrar este último punto téngase en cuenta que en tres de diez décadas se ha logrado: liquidar el régimen dictatorial de diez años, resolver el conflicto político- guerrillero, nacionalizar las industrias del hierro y del petróleo, institucionalizar el Estado Democrático y democratizar las Fuerzas Armadas, entre otros resultados fundamentales. 2. El PRIE busca democratizar, con profundidad y amplitud, los mecanismos generadores del poder, sea éste social o político; es decir, perfeccionarlos en su esencia democrática. Con ello se entiende corregir la orientación que durante las tres décadas transcurridas ha estado concentrada en la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho, para lo cual se ha incurrido en un costo social y aun político que ya resulta incongruente con los logros del modelo.
  27. 27. El procedimiento democrático generador del poder político puede ser considerado como arraigado. Ya no puede suponérsele como algo arraigado o transitorio, si bien la experiencia histórica, y en particular la latinoamericana, prueba que en torno suyo debe estarse en constante alerta, tanto para prevenir su anquilosamiento, como para enfrentar supuestos salvadores. Por ello, en la reformulación de este aspecto del modelo se requiere la mayor suma de cautela histórica. Las proposiciones extrañas o contrarias al régimen democrático han sido consecuentemente rechazadas mediante el empleo de los recursos provistos por el propio modelo, y que abarcan desde lo represivo hasta la persuasión política. Las confrontaciones electorales, genuinamente democráticas, legitiman esta consideración. Quienes proclaman su crisis, y aun su agotamiento, deben reflexionar sobre el hecho de que éste no ha estado corto de recursos como para caer en la dictadura, aun de naturaleza comisoria. La participación de la totalidad social en este proceso es la más directa consecuencia de este curso de afirmación del Estado democrático. A esta totalidad social fueron confiadas, en última instancia, la subsistencia del mismo y su defensa. Consecuentemente, se ha desarrollado una aspiración de participación política acrecentada que demanda estímulos, nuevas áreas de realización y canales más expeditos para expresarse. 3. El PRIE se propone corregir las relaciones entre el Estado y la sociedad, vinculando a la sociedad, más estrecha y eficazmente, no sólo con los mecanismos de formación sino también con los de ejercicio y de finalidad del poder. El logro de este objetivo habrá de significar un gran paso hacia delante en el perfeccionamiento del Estado Democrático y Social de Derecho, y a la vez un gran impulso al proceso, por diversos respectos primordial, de conformación de una sociedad genuinamente democrática. Se han venido creando las condiciones para corregir la pasividad social que ha caracterizado hasta el presente la relación entre el Estado y la sociedad. Lo que es más, todo apunta hacia la necesidad de un esfuerzo sostenido y eficaz para enderezar esa relación, volviéndola auténtica expresión del predominio de la sociedad sobre el Estado, no por rechazo de éste sino por fortalecimiento de la primera. Así lo determinan: la presencia excesiva del Estado, que lo torna ineficaz y estorba su desarrollo; el más alto grado de complejidad alcanzado por la sociedad; el surgimiento o la agudización de problemas fundamentales que sólo pueden ser encarados socialmente. Entre ellos están la contaminación y deterioro ambiental; el tráfico y consumo de estupefacientes; la delincuencia e inseguridad; la marginalidad urbana y el deterioro de los subsistemas educativo y sanitario; entre otros. La corrección de las relaciones entre la sociedad y el Estado, para que sean realmente un eficaz instrumento de mejoramiento social y de perfeccionamiento político, exige que la aspiración de participación
  28. 28. democrática trascienda la esfera de los mecanismos de formación del poder y se realice en el ámbito de ejercicio y la finalidad del mismo. Pasó la época de las llamadas “campañas de concientización”. Su no desdeñable aporte en forma de peso social puesto tras las políticas emanadas del Estado, ha de cambiarse por modalidades de participación activa, de autogestión, fruto de la iniciativa social responsable, en primer lugar, ante sí misma. En suma, el desarrollo democrático de las relaciones entre la sociedad y el Estado significa, esencialmente, presencia y participación social, no sólo creciente sino también genuina, en el ejercicio y la finalidad del poder público. En segundo lugar significa que el poder público debe estar abierto al papel necesariamente autónomo que habrá de jugar esa presencia; así como también al libre juego de sus modos y medios de expresión. De esta manera la presencia democrática de la sociedad pondrá humildad en un sistema político que en no pocos casos ha sido tentado por la prepotencia. 4. El PRIE se propone contribuir a replantear los términos básicos del juego político venezolano en concordancia con lo observable en el mundo contemporáneo, centrándolo en la administración eficaz, pero democrática, de recursos limitados, de suyo o coyunturalmente. El factor carismático, de incuestionable vigencia socio-histórica, tendrá que vincularse cada vez más, por propia capacitación o mediante imprescindible asesoría, en una concepción administrativa de la política: después del mitin, la plaza ha de ser barrida. En la visión de sí misma que ha tenido la sociedad venezolana, se ha operado un cambio, si se quiere brutal, que encierra una gran potencialidad conceptual. Se ha pasado de un funcionamiento basado en una presunción de recursos no limitados, a otro basado en la certidumbre de la limitación, actual o a corto plazo, de recursos naturales: tierra agrícola, bosques, aguas, energía, entre otros. En virtud de esta certidumbre, a la que se ha llegado casi sin transición luego de haber desdeñado durante años advertencias ilustradas, la política tendrá que dejar de ser, cada vez más, un ejercicio de conducción de hombres para volverse uno de administración de recursos. Ahora bien, la naturaleza y la magnitud de las dificultades que determinan ese tránsito requieren, no sólo de una esencial conversión del sistema político contemplado en el proyecto nacional, sino también de una conversión semejante del sistema social. A manera de ejemplo: si Venezuela es hoy, seguramente, uno de los países que tiene más posibilidades de sortear la crisis económica, ello se debe tanto a los recursos de que dispone como al tratamiento genuinamente democrático del problema. Un Estado moderno y eficaz, como el que propone erigir el PRIE, en el marco de una sociedad amplia y profundamente democrática, debe apoyarse en un intenso y vasto desarrollo social y ser su cabal expresión. De otra manera la vocación tecnocrática vinculada con el abuso de los criterios de eficiencia y
  29. 29. modernidad, puede tender a conformar ese Estado en detrimento de la democracia, de lo cual no faltan ejemplos históricos. La presencia decisoria de la sociedad en sus relaciones con el Estado se vuelve, de esta manera, clave del desarrollo del conjunto y, por ende, del éxito de la reformulación del proyecto nacional. 5. El PRIE se propone contribuir al despeje y ensanche de los canales mediante los cuales se hace posible la participación social, ampliada y profundizada, en el ejercicio de la democracia y en la determinación de los grandes objetivos sociales. La experiencia venezolana no autoriza a desconfiar de la aptitud del sistema político para determinar esos objetivos, pero la complejidad y la vastedad de la nueva problemática contemporánea hacen necesario reforzar esa aptitud con el concurso consciente y activo del todo social. Está planteada la concordancia del sistema jurídico-político, factor constitutivo del proyecto nacional, con el cambio social ya ocurrido, e incluso para propiciarlo y anticiparlo. En este sentido debe prestarse especial atención a la articulación entre las políticas nacionales, necesariamente globales, y las regionales, más específicas. De una sociedad poco menos que reducida a ser un cuerpo indiferenciado, regido por una cabeza única, la sociedad venezolana actual ha pasado a ser un organismo nacional integrado por diversos centros de decisión social, que necesitan para su desenvolvimiento y desarrollo canales políticos apropiados, no como forma de diferenciarse ni de distanciarse entre sí, sino de concurrir a la formulación realista de políticas globales. La reformulación del proyecto nacional, situada en esta perspectiva, presenta otro rasgo de novedad: ya no se propone inducir la sociedad a seguir pautas predeterminadas por la racionalidad política, aunque estuviesen muy bien fundadas en la experiencia histórica, como ha quedado demostrado. Se propone, en cambio, abrir el sistema político a la innovación social a través de la participación. Por ejemplo, ya no se tratará sólo de elegir democráticamente, garantizando en lo posible la representatividad y la responsabilidad del electo respecto del elector. A este último le tocará ejercer una suerte de derecho previo escogiendo a quienes puedan aspirar a ser electos. Los retos que se vislumbran son de tal condición y magnitud, que el enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito requiere de una mayor, y hasta decisiva, participación de la sociedad en la determinación de los grandes objetivos sociales. Para ello no basta con el mandato democrático actualmente practicado, sino que parece necesario institucionalizar modos de consulta directa y específica de la sociedad, compaginando sus resultados con la conducción social democrática institucionalizada. 4.6. El PRIE se propone contribuir a capacitar mejor la sociedad para que pueda enfrentar exitosamente riesgos actuales o inminentes, y abrirse con ello el futuro. Consciente de los riesgos implícitos en todo ensayo de prospectiva,
  30. 30. su necesidad, sobre todo en un proceso de reformulación del proyecto nacional destinado a incidir en el curso ya esbozado en la sociedad, parece ineludible enclavar al PRIE en lo que podría denominarse la proyección prospectiva. En este sentido cabría diferenciar modalidades en los riesgos a los cuales se hace referencia, centrando la atención en aquellos que no sólo parecen tener una prolongada vigencia sino también una tendencia a agravarse. Es posible componer un cuadro de los riesgos que se ciernen sobre la democracia venezolana, agrupándolos en función de criterios explícitos. En función de ese cuadro, y a manera de síntesis no sólo de ellos sino también del tiempo histórico en que se insertan, es posible concluir que la peor postura para enfrentarlos sería una que desvirtuase y desalentase la participación política, y que estuviese dominada por el temor a la presencia creativa de la sociedad. Como vía para alejar la posibilidad de esa inconveniente postura se ha concebido la renovación de los instrumentos disponibles o requeridos para enfrentar los riesgos apuntados, acuciados quizá por la fundada preocupación de que la pérdida de eficiencia de los medios actualmente empleados conduzca la conciencia pública hacia la expectativa, nunca desdeñable, de intervenciones salvadoras; o, en el menor de los casos, que la lleve a reivindicar viejas fórmulas ordenadoras. En pocas palabras, de un Estado policial, como recurso desesperado de una sociedad privada de mecanismos de auto preservación, o contrariada en el uso de los mismos. No debemos olvidar que el fascismo fue popular antes de ser declarado el enemigo de los pueblos. Pero el descubrimiento de la potencialidad creadora de la sociedad, es requisito indispensable para el cumplimiento de una tarea todavía más ardua: la que se desprende de la obligada concurrencia, con alguna posibilidad de supervivencia decorosa, en un escenario mundial caracterizado por demandas y retos que ya son en parte previsibles y que superan, con mucho, los recursos y disponibilidades actuales. 5.- Las amenazas al régimen democrático. De manera general, puede afirmarse que las amenazas que se ciernen sobre la democracia en Venezuela deben ser apreciadas en una perspectiva social estructural. Con esto se quiere significar que si bien guardan una estrecha relación con el sistema o régimen político, su vínculo esencial es con la evolución de la sociedad, con el estado histórico de su desenvolvimiento y con el contexto internacional. Esto permite afirmar, entre otras cosas, que tales amenazas se ciernen sobre la democracia en este momento, pero que de manera igual o semejante pueden hacerlo y lo hacen sobre otros sistemas políticos. En tales casos, lo que distingue a los sistemas políticos es el modo de encarar los problemas o amenazas; entendiendo por ello desde la conceptualización de los mismos hasta los recursos y los procedimientos movilizados para encararlos. Parece posible clasificar las amenazas que se ciernen sobre la sociedad venezolana, y sobre su régimen democrático, atendiendo a dos criterios básicos,
  31. 31. cuya presencia, aislada o combinadamente, permite diferenciar entre: a) las amenazas que tienen entidad específica, que son individualizables; y las amenazas que tienen el carácter de resultantes de la combinación de dos o más factores individualizables o del juego del conjunto de los mismos; y b) las amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una capacidad de acción, en acto o en potencia, relativamente alta; y aquellas amenazas frente a las cuales esa capacidad es reducida o está subordinada a esquemas de cooperación o competencia internacionales. Las amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una capacidad de acción, en acto o en potencia, relativamente alta y autónoma, tienen que ver con: 1.- La marginalidad, entendida como participación escasa, insuficiente o decreciente, según las siguientes modalidades: Económica, expresada, entre otras cosas, como debilidad del mercado interno; Social, como insuficiencia de la sociedad civil; Política, como distorsión o deterioro de la participación; y Cultural, como acceso deficiente o viciado a las estructuras y a los productos culturales. 2.- El desempleo, en su diversidad de situaciones y de correlaciones: en función de la dinámica económica interna y en función de la atracción de mano de obra y de destreza. 3.- La ineficiencia, entendida como la incapacidad para manejar los cambios de escala, en lo interno, y como incapacidad de articulación con el exterior, y expresada como: insuficiencia de recursos humanos y como mal uso de los mismos. 4.- El agotamiento de los recursos naturales no renovables y el deterioro del ambiente, percibidos como: disminución acentuada de las disponibilidades de agua; destrucción de los bosques; y agotamiento de la tierra agrícola de primera, por uso urbanístico o industrial y erosión. Las amenazas respecto de las cuales la capacidad de acción de la sociedad venezolana es menor, o está condicionada determinantemente por esquemas de cooperación o de competencias internacionales, tienen que ver con: 1.- Las migraciones no controlables. Vale decir que no lo son, y que probablemente no podrían serlo, ni en su origen ni en su ingreso, situación que se expresa en los siguientes términos: las migraciones no controlables como factor de deterioro de la calidad de vida; como factor de desquiciamiento social, y como factor de la rigidización del sistema político. 2.- La internacionalización de violencia, en sus modalidades frecuentemente vinculadas: desestabilización y desorganización política y social en áreas vecinas o relacionadas.
  32. 32. 3.- El tráfico de estupefacientes, como uno de los problemas más serios que ha tocado enfrentar en los últimos tiempos, que se ha convertido en un asunto de difícil contención, que desafía abiertamente nuestros países. Su erradicación amerita acciones efectivas que van mucho más allá del esfuerzo nacional aislado. El narcotráfico es una manifestación internacional que debe ser abordad en el marco de la cooperación internacional. Las amenazas resultantes de la combinación de dos o más factores individualizables o del juego del conjunto de los mismos, tienen que ver con: 1.- La corrupción, entendida como una práctica social: cambio y “desarrollo” en la corrupción; escala y modalidades; internalización social de la corrupción; formas toleradas y hasta “institucionalizadas”. 2.- La desorganización social: la criminalidad; las conductas delictivas: urbanismo anárquico, etc.; el deterioro de los servicios públicos: educación, sanidad, transporte, comunicaciones, entre otros; y el “aprovechamiento libre” de los servicios básicos, tales como agua y luz. 3. La pérdida de confianza en la funcionalidad del sistema democrático, expresada como: incredulidad generada por la falta reciproca de veracidad; suspicacia y descalificación respecto de la vida política, sindical y gremial, y abstención electoral. 4. El desaliento y apatía social y política, con alto poder corrosivo, que es función del deterioro de la clase media, y se convierte en caldo de cultivo del terrorismo y en antesala probable del golpe de Estado. La gama de las amenazas que se ciernen sobre la sociedad venezolana y su sistema democrático demanda respuestas que comprometen todos los recursos con que cuenta la sociedad, pero sobre todo el empleo eficaz de los mismos. El debate previsible se focalizará en el último aspecto, y en función del mismo será cuestionado el sistema democrático en un doble sentido: lo será por quienes crean tener derecho a esperar de él una eficaz y oportuna movilización de los recursos sociales; pero no lo será menos por quienes tomen pie en las que estimen vacilaciones o debilidades del sistema democrático –imputaciones que se derivarán naturalmente del celo que ese sistema deberá mantener en salvaguardar los derechos, so pena de traicionar su esencia-, para declararlo ineficaz y para trabajar por la substitución por un sistema autoritario, si es que no francamente dictatorial. Debe evitarse a toda costa que un sector social, importante por su número o por su poder social, llegue a esta conclusión. En este sentido el PRIE entiende cumplir una función preventiva de una quiebra de la confianza de la sociedad en la aptitud del sistema democrático para preservarla de la acción de las amenazas mencionadas. La escasa, tardía o renuente determinación en la instrumentación del PRIE podría traer como consecuencias especiales graves: - La desventaja de no contar con la movilización social como
  33. 33. potenciadora de los recursos sociales existentes, y como fuente ella misma de nuevos recursos sociales, para enfrentar las amenazas. La experiencia histórica demuestra que los Estados solos son incapaces para enfrentarlas con éxito, o deben consentir cambios en su naturaleza que de manera casi indefectible van en desmedro de su contenido democrático. - La radicación en la sociedad de un estado de escepticismo o de desaliento que constituye terreno abonado para las posturas antidemocráticas. Una vez radicado tal estado social de ánimo, es no sólo difícil sino muy lenta tarea el erradicarlo. - La inadecuada utilización de los recursos de todo orden, pero en primer lugar humanos, que habrían de impulsar el desarrollo del país, disminuyendo con ello su presencia en escenarios más amplios, y debilitando su capacidad de competencia. Uno de los propósitos del PRIE es mostrar que la capacidad de respuesta de la sociedad venezolana ante las amenazas que se ciernen sobre ella y sobre su sistema democrático, es función de la identificación real y consciente de la sociedad con ese sistema. Por tal se entiende el resultado del ejercicio pleno de la participación en todos los órdenes vitales: socioeconómico, político y cultural. Al mismo tiempo, el PRIE busca fortalecer la posición del Estado y de la sociedad venezolana en la muy controversial escena internacional. Para el efecto se toma como criterio básico la comprobación de que la presencia internacional de la sociedad venezolana tiende a hacerse cada día más amplia y significativa, como consecuencia del propio desarrollo socioeconómico y de requerimientos surgidos del propio orden internacional. La creciente significación de Venezuela en el ámbito político y económico, continental y mundial, exige conformar un Estado moderno y eficiente, por razones de desarrollo productivo, de acceso a los mercados y de preservación de los intereses nacionales en el marco de negociaciones cada día más complejas y exigentes. El papel que Venezuela está llamada a desempeñar en el teatro latinoamericano, y aun mundial, necesitará de la fuerza política y ética derivada de una genuina democracia desarrollada. La condición internacional de los peligros que acechan a la democracia, llega a conformar verdaderas agresiones no sólo contra la democracia sino también contra la soberanía. Esta situación impone la conjugación de los factores ya señalados: la democracia como escudo ante amenazas que exigen una capacidad de respuesta que sólo puede tener un Estado moderno y eficiente, capaz por lo tanto de tener presencia significativa en la concertación internacional. En los próximos capítulos se desarrollan las líneas maestras, a través de las cuales se propone reformar el Estado venezolano en la actualidad y que en
  34. 34. su conjunto constituyen el cuerpo prescriptivo del PRIE.” _____________________ * La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma integral del Estado, Capítulo II, pp. 75-99.
  35. 35. Sexto texto: Carrera Damas, Germán, “La reformulación del Proyecto Nacional venezolano en perspectiva histórica”. Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla. Carlos Blanco (Coordinador). Caracas, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), 1993. “La reformulación del Proyecto Nacional Venezolano en perspectiva histórica”.* “La necesidad de reformular el Proyecto nacional es de carácter histórico. Tiene el sentido esencial de que se inscribe en un proceso de esa naturaleza. Pero también tiene el sentido de que su viabilidad está condicionada por el grado de correspondencia que tal reforma logre respecto del desenvolvimiento de la sociedad apreciado en el largo período. Nada más cargado de riesgos, en estas circunstancias, que el ceder a la tentación de tomar atajos. Nada más contrario al interés de la sociedad que el subestimar la gravedad de esta situación. Nada más irresponsable que el eludir la acción consiguiente. Nada más culpable que el anteponer a la acción constructiva, en función de la gravedad de esta situación, cualesquiera otros intereses, individuales o colectivos. Por mucho tiempo se ha debatido sobre la modalidad que tal reformulación debe tener. El debate se ha desarrollado entre los polos representados básicamente por las nociones de evolución y revolución. Desde la década de 1930 los partidarios de esta última buscaron más que la reformulación del Proyecto nacional su sustitución por un proyecto diferente, simplificado en el pasado reciente por el socialismo. Sea dicho de paso que desde la década mencionada la proposición socialista ha sido muy diversa en su expresión. Ha abarcado desde el nacionalsocialismo y el fascismo hasta el socialismo autocrático, amén de la controversia en torno a la ortodoxia ideológica. A su vez, las proposiciones identificadas con un criterio de evolución incorporaron a su fondo liberal democrático, madurado a lo largo del siglo XIX, nociones extraídas del socialismo que incluyeron desde el antiimperialismo hasta la organización partidista de corte leninista, pasando por el culto a la nacionalización, vista ésta no sólo como un instrumento del antiimperialismo sino también como un principio propiciador de una economía nacional independiente, más eficiente y compatible con las aspiraciones de justicia social. Hoy puede considerarse que la proposición socialista ha dejado de jugar un papel polar. Presumiblemente, así será por mucho tiempo, pues no será corto el que tomará el componer proposiciones orgánicas de inspiración socialista compatibles con valores tales como los inherentes a la economía libre
  36. 36. de mercado, al ejercicio de la democracia política y a la práctica de los derechos humanos. Este cambio, dramático en alto grado, ocurrido en el ya estrecho abanico de opciones abierto a la reformulación del Proyecto nacional, encierra grandes riesgos. Ellos están representados globalmente por una suerte de reafirmación de los factores y actitudes conservadores, que necesariamente se movilizan en función de la reformulación del Proyecto nacional. Parecen extraer su fuerza de la creencia ahistórica, de que el socialismo, descalabrado como sistema sociopolítico y económico, ha perdido, y por siempre, toda vigencia como filosofía social. Cierto que en esa creencia quienes la abrigan cuentan con el concurso, seguramente involuntario, de los fundamentalistas del socialismo autocrático, dedicados a urdir coartadas para preservar su fe. Hoy más que nunca, en esta materia, reformular significa crear. Quizás sólo sea comparable con esta circunstancia la del tránsito de la Monarquía a la República, en el primer tercio del siglo XIX. En la ocasión de la formulación definitiva del Proyecto nacional, recogida casi programáticamente en la Constitución de 1864, la tarea consistió sobre todo en una reorientación conceptual sistemática del Proyecto nacional, que había venido gestándose desde 1811. Bien diferente es la situación actual. Tal diferencia se deriva sobre todo de dos grandes logros. El rimero consiste en que el Proyecto nacional ha completado una etapa: las de institucionalización básica del Estado liberal democrático. Pero este objetivo se ha alcanzado sobre todo en el sistema o nivel sociopolítico, y en el seno de éste en el área político-institucional representada por los mecanismos de formación, ejercicio y finalidad del poder. El segundo logro consiste en que, al amparo del Estado liberal democrático, la sociedad venezolana ha alcanzado un grado de madurez sociopolítica en el cual requiere más expeditos cauces para su funcionamiento y desarrollo, so pena de padecer grave desconcierto y hasta extravío. La reformulación del Proyecto nacional se vuelve, en suma, necesaria conformación de una sociedad democrática. Ello demanda la adaptación del sistema sociopolítico para que la sociedad pueda actuar creativamente en relación con los componentes fundamentales de la estructura de poder interna: el régimen social de la propiedad y el trabajo, el papel social de la mujer, la funcionalidad social del Estado de Derecho como un eficaz complejo de deberes y derechos que integran la genuina ciudadanía, etc. Todo lo cual requiere, a su vez, la introducción en el sistema jurídico-político de reformas y ajustes que auspicien, faciliten y canalicen el cambio social. Resumiendo, si bien hasta el presente la conducción del Proyecto nacional ha sido asunto casi exclusivo del Estado, la reformulación ahora planteada ha de ser sobre todo asunto de la sociedad.
  37. 37. I Con referencia a una determinada formación social, creo posible afirmar que, en un momento dado, su historia tiene un sentido, el cual puede ser despejado partiendo de la aparentemente caótica acumulación de hechos. La circunstancia de que ese sentido no sea siempre el mismo, sino que se modifique en función de la duración histórica considerada al despejarlo, no invalidaría la afirmación inicial. Por el contrario, sería prueba de la objetividad de la historia, la cual se corresponde con el dinamismo que la caracteriza. Por lo tanto, mal puede pretenderse que el sentido de la historia sea inmutable. Pero no menos infundado sería pretender que la historia carece de sentido o siquiera el que éste sea inescrutable. En momentos de desconcierto social –que no cabe confundir con crisis- conviene no perder de vista estos conceptos. Por esta razón afirmo que la historia de Venezuela, vista desde hoy, revela un sentido: el de la formación de una sociedad democrática, como objetivo, como tarea histórica y como resultado. Importa mucho subrayar estas tres circunstancias. La primera nos dice de la claridad con que se eligió el camino a seguir socialmente. La segunda nos dice de la tenacidad y de la constancia demostradas al seguir ese camino. La tercera nos dice de los resultados alcanzados, pero sobre todo de la formación de una conciencia de lo real respecto de lo alcanzado al cabo de casi dos siglos de afanes. Antes de proseguir vale la pena hacer dos observaciones. Primera, en América Latina dos siglos no constituyen un período mediano, menos aún corto. En cambio sería otra la perspectiva si nos situáramos en Europa, en el Medio Oriente o en el Sudeste asiático. Parece pues sensato referir, en este caso, el largo período al tiempo históricamente necesario para la realización de una forma histórica. Segunda: la determinación de que han dado prueba las sociedades latinoamericanas al formular su respectivo proyecto nacional, así como la tenacidad demostrada en su realización, hablan muy alto de la capacidad de esas sociedades para formular objetivos nacionales. Estos, agrupados en el proyecto nacional identificado con el Estado liberal democrático en el marco de la República, han sido incesantemente ensayados pero nunca descartados. A diferencia de otras sociedades que, si bien más desarrolladas y estructuradas, han demostrado menos constancia en su organización sociopolítica. Es oportuno subrayar estas observaciones, pues, si nos referimos a la formación de una sociedad democrática, los casi dos siglos venezolanos no difieren mucho, por ejemplo, de los casi dos siglos norteamericanos, lastrados en gran parte por el racismo; de los dos siglos franceses, con sus irrupciones autoritarias; y no sigo con las referencias. II
  38. 38. Sentadas estas consideraciones de criterio, es oportuno esbozar nuestro campo de trabajo. En los casi dos siglos de la historia de Venezuela que interrogaremos para que nos entreguen su sentido fundamental, es posible advertir tres grandes etapas-objetivos. Jalonan la vida de un pueblo que conquistó la capacidad de regir su destino luego de romper el nexo colonial con la metrópoli española. Esto sin perder de vista la circunstancia de que tal conquista se obtuvo al cabo de más de diez años de una guerra larga y cruenta, que consumió más de la tercera parte de la población, dañó considerablemente la base económica y desangró, por así decirlo, los signos de civilización y cultura formados a lo largo de los tres siglos precedentes. Los críticos severos de las sociedades latinoamericanas, y por consiguiente de la venezolana, no ha tomado debida cuenta de estas circunstancias, que estuvieron ausentes, por ejemplo, del experimento republicano norteamericano. Procesos recientes, como la descolonización producto de la Segunda Guerra Mundial en África, Asia y el Caribe, han permitido apreciar, en las nuevas modalidades de ruptura del nexo colonial, la enorme dificultad del tránsito por ella representada, incluso en los casos en que esa ruptura resultó de procedimientos político- administrativos consensuados. Es aconsejable tener presente esta última observación; no para justificar malandanzas sino para medir con mayor acierto el significado de las tres grandes etapas-objetivos que marcan el desenvolvimiento histórico de la sociedad venezolana. La primera etapa objetivo estuvo orgánicamente vinculada con la guerra de Independencia. Su punto de partida fue la declaración misma de la independencia, y casi simultáneamente la promulgación de la Constitución federal de 1811. Se conformó el objetivo que estuvo vigente hasta 1864, es decir la instauración de un Estado soberano, republicano, estructurado según las pautas constitucionales del liberalismo. La disputa sobre federalismo o centralismo no comprometió el fondo doctrinario del objetivo; hasta el punto de que, visto desde hoy, el pleito parece haber sido entre liberales conservadores y liberales reformadores, La diferencia radicaba, propiamente, en la proyección social del debate. Restablecer la estructura de poder interna, desarticulada por la guerra, era el propósito único de la clase dominante. El procurarlo, rescatando y consolidando los fragmentos de la preexistente estructura de poder interna, o el procurarlo mediante ajustes y cambios que permitieran canalizar, y por lo mismo regularlos, los conflictos sociales que traducían la lucha de los diversos sectores y clases sociales por la libertad y la igualdad, era lo que en realidad establecía la diferencia entre los dos bandos de los cultores y promotores del Estado soberano, republicano y liberal. Me refiero a la lucha de los criollos por la igualdad, frente a los españoles peninsulares; a la de los pardos por la igualdad, respecto de los criollos; y a la de los esclavos por su libertad, respecto de los esclavistas. Libradas en diversos teatros y con medios igualmente diversos, estas luchas corrieron sobre todo a lo largo de la última fase de la sociedad colonial venezolana y se prolongaron en la República independiente. Obsérvese que los criollos blancos fueron uno de los polos en
  39. 39. todas las luchas, por ser los actores dominantes de la vida social. La confrontación entre estas concepciones de la política desembocó, luego de una guerra de cinco años, -la llamada Guerra Federal-, en la segunda etapa-objetivo: la conformación del Estado liberal democrático. De hecho, el énfasis ya no se puso en la forma constitucional sino en los mecanismos de formación del poder político y en la finalidad del mismo; no así en lo concerniente a su ejercicio. En cuanto a los mecanismos de formación del poder, la modernización del sufragio se vio anulada en la práctica por la instauración de una suerte de régimen de partido único, el Partido Liberal, vencedor en la guerra, por virtual disolución del Partido Conservador, vencido; y por la absorción por el primero de muchos de los sostenedores del segundo. Por esta vía se desembocó en una autocracia intolerante, la del general Antonio Guzmán Blanco. No obstante quedó consagrada, en la conciencia política así como en el marco constitucional, la ampliación democrática del Estado liberal, respecto de lo cual ya no fue posible retroceder sino sobre la base de las situaciones de facto que desalentaron la formación de partidos políticos modernos. En el orden social se lograron dos resultados importantes en el largo plazo: se cerró definitivamente el paso a la posibilidad del retorno institucionalizado de privilegios, y se echaron las bases de un Estado laico mediante la ruptura del poder económico, social y político de la Iglesia cristiana católica, el indicio de la organización modernizada de la administración pública y el decreto sobre instrucción primaria pública, gratuita y obligatoria. La instauración de la prolongada autocracia del general Antonio Guzmán Blanco, 1870-1876, si bien frenó el desarrollo político promovió, de propósito y de hecho, la liberalización de la sociedad, abriendo la vía para su democratización. Al mismo tiempo, y bajo la cubierta ideológica del federalismo, echó las bases de un centralismo integrador que alcanzó su máximo nivel en la siguiente etapa-objetivo. El adelanto en la conformación de una sociedad democrática requería la institucionalización del Estado liberal democrático. Ello sólo fue posible, justamente, mediante la democratización combativa de la sociedad: la organización de la política en partidos y sindicatos, la gremialización docente y la lucha por la libertad de información. Se dibujaron de esta manera las dos variantes correlativas de la tercera etapa-objetivo: una, la de la institucionalización del Estado liberal democrático, entró en su fase de realización en 1945-1948, transitoriamente, y a partir de 1958 de manera sostenida. Respecto de la otra vertiente, las Constituciones de 1947 y 1961 recogieron y compusieron el programa de democratización de la sociedad, formulado y promovido sustancialmente, por el recién constituido partido Acción Democrática (legalizado en 1941), en medio de una intensa confrontación ideológica con otros partidos recientes, pero sobre todo con las fuerzas sociopolíticas tradicionales agrupadas en el llamado lopecismo. Había transcurrido poco menos de un siglo desde la formulación constitucional del Estado liberal democrático (1846). Sus postulados aguardaban por un desarrollo social que comenzó a producirse a partir de 1930, bajo el impulso de
  40. 40. la explotación petrolera. Esta sacó a la sociedad venezolana de su estado de aguda carencia de elementos dinámicos (se desarrolló la burguesía, se consolidó y desarrolló la clase media y se formó la clase obrera). El Estado dispuso de los recursos necesarios para adelantar, desde el poder, la fundamentación de la sociedad democrática: desarrollo y difusión de la educación, mejoramiento de las condiciones sanitarias, vinculación interregional, etc. III Llegados a este punto, creo que se hacen necesarias algunas precisiones. La primera precisión es la de que se trata de etapas-objetivos que corresponden al todo social y que se realizan históricamente. Digo que corresponden al todo social por cuanto no son la obra de un partido o de un círculo gobernante, entendidos como agrupaciones que se mueven según fines exclusivos. Integran el proyecto nacional venezolano y como tal este último recoge la contribución de todos los grupos o sectores insertos en la estructura de poder interna. Cierto es que la formulación de ese proyecto, –que no está representado por la sola expresión constitucional del mismo, si bien esta última es parte fundamental de él-, corre a cargo de una clase o sector dominante socialmente. Pero tal formulación, si bien se corresponde primordialmente con los intereses propios del sector o clase que la hace o patrocina, no puede dejar de corresponder, en algún grado, a los intereses propios de los sectores o clases que guardan una posición subordinada, pero interdependiente, en la estructura de poder interna. Si no fuera así el proyecto no podría contar con el respaldo promotor del todo social. no podría ser auto sostenido y no podría, esencialmente, perfeccionarse a sí mismo. Pero las etapas-objetivos que integran el proyecto nacional venezolano, el cual podría expresarse como la procuración de un Estado soberano, republicano, liberal y democrático, como marco institucional para la conformación de una sociedad democrática, corresponden al todo social por cuanto se realizan por el juego de la contradicción. Y esto es así porque aun cuando los diversos sectores y clases sociales se encuentran articulados en la estructura de poder interna, tal articulación no es el producto de un propósito. Es una resultante que se produce como saldo de una confrontación crítica de individuos, grupos y clases en función del peso de los invariantes históricos, representados en este proceso por la resistencia que todos los sectores oponen al cambio, a la transformación social. Esa resistencia se expresa como oposición, pero también como defensa activa de intereses. Este enfoque de la lucha social es lo que permite afirmar que no puede el historiador discernir signos positivos o negativos exclusivos, por ejemplo, a la participación que tuvieron en la formulación y promoción del proyecto nacional los liberales conservadores y los liberales reformadores. Y es justamente este enfoque el que permite captar y apreciar en su valor histórico el papel desempeñado por cada fuerza o sector en las confrontaciones, de todo orden, que han terminado por arrojar un saldo válido para todo el cuerpo social. La democracia política, genuinamente

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