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Ni ideal ni desastre. Colombia: entre el mito de la robustez democrática y                                              el...
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Este ensayo revisa algunas de las visiones académicas que han hecho carrera sobre la democracia colombiana, para cotejarlas con las prácticas que se pueden verificar en la práctica histórica con miras a evaluar su poder explicativo. El objetivo principal es desvirtuar los dos estereotipos extremos que han primado sobre la experiencia democrática colombiana. De un lado, el de Colombia como la democracia “más antigua de Latinoamérica” e ideal de apego democrático, que encontraría su principal manifestación en una fuerte tradición electoral de más de doscientos años de vida republicana durante los cuales los golpes de Estado y las dictaduras militares han brillado por su ausencia (visión democrática optimista). Y de otro lado el estereotipo que caracteriza a Colombia como una “nación criminal” , un Estado “endémicamente débil” que aún no ha terminado de formarse , y donde la violencia política desvirtúa cualquier posibilidad de legitimidad democrática (visión democrática pesimista). En lugar de aventurar respuestas definitivas, el escrito pone en evidencia falacias argumentativas, al tiempo que sugiere derroteros conceptuales y estrategias de investigación.

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Ni ideal ni desastre. Colombia: entre el mito de la robustez democrática y el estereotipo de nación violenta.

  1. 1. Ni ideal ni desastre. Colombia: entre el mito de la robustez democrática y el estereotipo de nación violenta José Fernando Flórez1Sumario. I. ¿Historia de la democracia o democracia en la historia? II. La feriade los adjetivos. A. ¿Estado, régimen o gobierno ilegítimo? B. ¿Unademocracia “disminuida”? III. El mito de la robustez democrática. IV. Necesidadde un modelo de análisis transversal.
 “Los verdaderos problemas no tienen solución sino historia” Nicolás Gómez Dávila, Escolios II. ¿Historia de la democracia o democracia en la historia?En la historia universal del galimatías, pocas trayectorias causan tantaperplejidad como la descrita por la palabra democracia2. Debido a su capacidadmilenaria de supervivencia y el margen de ambigüedad tan amplio que hapodido soportar el mismo vocablo, la multiplicidad de objetos que ha servidopara designar tal vez no conoce parangón en la historia de la ciencia política:























































1 José Fernando Flórez Ruiz es profesor e investigador de la Universidad Externado deColombia. Abogado (2005), especialista en Derecho Constitucional (2006), Magíster enAdministración y Políticas Públicas (2007) y candidato a Doctor (PhD) en Ciencia Política por laUniversidad París II Panthéon-Assas. Ha sido investigador invitado de la Universidad deBuenos Aires (2008), la Universidad Autónoma de México (2008) y Visiting Scholar deColumbia University, NY (2009-2010).Es el autor de numerosos artículos sobre Estados fallidos, democracia, políticas públicas,presidencialismo, sistemas electorales, regímenes y partidos políticos latinoamericanos,publicados en revistas de Colombia, Panamá, México y Francia.Su actividad científica ha sido auspiciada por becas de la Universidad Externado de Colombia yel Programa de Excelencia Eiffel del gobierno francés. Además de columnista de Semana.com,es colaborador habitual de la revista virtual Razón Pública, blogger de La Silla Vacía, crítico decine en el portal www.ochoymedio.info y representante para América Latina de la tecnologíaUrtak.jose.florez@uexternado.edu.co@florezjose en Twitterhttp://iuspoliticum.blogspot.com2 JOHN DUNN. Democracy: A History, New York, Atlantic Monthly Press, 2005.
  2. 2. COLLIER y LEVITSKY identifican 550 “subtipos” nominales de democracia,algunos confeccionados para señalar arreglos institucionales concaracterísticas específicas que deben considerarse “plenas” democracias, yotros utilizados para enmarcar formas “disminuidas” de democracia3.Por esta razón, aproximarse a la historia de la democracia colombiana noequivale a abordar la noción de democracia en la historia de Colombia. Ladistinción no es anodina si se tiene en cuenta que la democracia, antes que unideal tipo metafísico, es un problema en permanente construcción históricacuyo contenido viene determinado por las circunstancias fácticas y losdesarrollos intelectuales de cada época. En esta medida, una teoría de lademocracia lo suficientemente ambiciosa debería integrar en su cuerpo deanálisis, de un lado la filosofía concebida en torno a las formas de organizar el“gobierno del pueblo”, y del otro las prácticas experimentadas en el campopolítico para el efecto.SORENSEN considera que el debate sobre la democracia tiene una “dinámicaintegrada” (a built-in dynamic)4. Se refiere a que las reflexiones sobre lademocracia son elaboradas con respecto a un contexto social específico, queincorpora nuevos aspectos y dimensiones tanto cuando las prácticas, como lapercepción que los analistas tienen de ellas, varían.PLATÓN consideraba la democracia una forma de gobierno intrínsecamenteinconveniente y la contaba entre las principales causas del declive de Atenas.En su entender, la derrota de la ciudad-estado en la guerra contra Esparta seexplicaba en buena medida por la decadencia de la moral y del liderazgofavorecida por el gobierno de la “pobre mayoría”, uno donde ya no habíarespeto por la familia, la escuela, ni las demás estructuras de autoridad.Llegaría el momento en que ya ni las leyes serían respetadas puesto que seles vería como ataques a la libertad del pueblo, situación que terminaría por























































3 DAVID COLLIER y STEVEN LEVITSKY. “Democracy with Adjectives”, World Politics, Vol. 49, No. 3,1997, p. 430-451.4 GEORG SORENSEN. Democracy and Democratization: Processes an Prospects in a ChangingWorld, Third Edition, Boulder, Westview Press, 2008, Kindle Version, Locations 99-106.
  3. 3. conducir a la anarquía y el caos propicios para la tiranía. De ahí que la soluciónpropuesta por PLATÓN para sustituir el gobierno de los incapaces, fuera elgobierno de los filósofos, de los más sabios, entrenados y educados5.ARISTÓTELES, otro gran crítico de la democracia, la juzgaba una forma degobierno consagrada exclusivamente al bienestar de los pobres y por lo tantoesencialmente sesgada en favor de un sector específico de la sociedad. Poresta razón, el Estagirita se inclinaba por una asamblea con participaciónpopular para la discusión de las leyes, pero combinada con elementos demonarquía y aristocracia, que dieran lugar a un “Estado mixto” donde laseparación de poderes garantizara el balance fuerzas entre los principalesgrupos de la sociedad6.Después de la caída de Roma, el debate sobre la democracia entró en períodode hibernación. La rígida estructura jerárquica del feudalismo propio de la EdadMedia aplazó cualquier discusión sobre el ejercicio del poder que no estuvierabasado en el rango, que para la época provenía de la herencia o la fuerza.Un nuevo cuerpo de pensamiento sobre la democracia comenzó a tomar formadurante el Renacimiento. La obra de MAQUIAVELO, en especial la publicación deEl Príncipe en 1513, supuso una recuperación del debate en torno a la ideademocrática, que se intensificó a finales del siglo XVIII para acompañar losprocesos revolucionarios en Estados Unidos y Francia. Sin embargo, alcontrario de lo que de corriente se piensa, ambas revoluciones en sus iniciosvehicularon una visión negativa de la democracia, donde se le consideró unaamenaza para la República, que podía degenerar en demagogia u oclocracia, eincluso conducir a la anarquía.Tanto MADISON como SIEYÈS vieron en la democracia un enemigo del buengobierno. El primero distinguió las “repúblicas”, fundadas en el principio degobierno representativo, de las “democracias puras” inspiradas en el modelo























































5 ROBERT DAHL. La democracia y sus críticos, Madrid, Paidós, 1992, p. 22.6 DAVID HELD. Models of Democracy, 3ª ed., Cambridge, Polity, 2006, p. 26
  4. 4. antiguo griego, a las que describía como “espectáculos de turbulencia ydisputa”, incompatibles con la seguridad personal y el derecho de propiedad, yde poca duración: “tan cortas en sus vidas como violentas en sus muertes”7.Por su parte, SIEYÈS advirtió que el tamaño de los Estados modernos era unobstáculo insalvable para la democracia directa al modo ateniense, y por lotanto consideró que su ejercicio por medio de representantes, que “son muchomás capaces que los ciudadanos para conocer el interés general”8, era másconveniente. En suma, aunque hoy el gobierno representativo es uno de loscorolarios de la democracia, a finales del XVIII la acepción arcaica del conceptocomo gobierno directo que aún prevalecía, suponía su negación.Esta concepción peyorativa de la palabra democracia fue retomada durante elperíodo postrevolucionario y solo será desvirtuada más tarde, una vezsuperada la disociación entre democracia y representación, gracias al intentotemprano de conciliación conceptual iniciado por ROBESPIERRE en 1794, paraquien los términos “gobierno democrático” y “gobierno republicano” debíanentenderse como sinónimos “a pesar de los abusos encontrados en el hablavulgar”9.Este esfuerzo será completado en Francia desde una perspectiva sociológicapor PIERRE-PAUL ROYER-COLLARD, quien para 1822 ya entendía la democraciano como una forma de régimen político, sino un “tipo de sociedad” dondeestaba consagrada la igualdad de derechos ante la ley, resultado cardinal de laemergencia de las clases medias y la reducción de la brecha que alguna vezlas separó de las clases altas (la aristocracia, en particular)10. En un textocélebre publicado 1837, GUIZOT terminará de caracterizar la “democraciamoderna”, en oposición a la democracia de las antiguas repúblicas, como un























































7 JAMES MADISON. The Federalist, No. 10, “The Union as a Safeguard Against Domestic Factionand Insurrection”, from the New York Packet, Friday, November 23, 1787.(http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed10.htm).8 ABBÉ SIEYÈS. Dire sur la question du veto royal, p. 14.9 ROBESPIERRE. Discurso del 5 de febrero de 1794 “Sobre los principios de moralidad políticaque deben guiar la Convención Nacional en la administración interna de la República”, enTextes choisis, París, Editions Sociales, 1974, Tomo 3, p. 113.10 PIERRE ROSANVALLON. “The History of the Word «Democracy» in France”, Journal ofDemocracy, Vol. 6, No. 4, 1995, p. 145-149.
  5. 5. “movimiento social” que entraña “la limitación de todos los poderes por elgobierno representativo, la igualdad civil, la igualdad en la admisibilidad a todoslos puestos oficiales, y la extensión de las libertades individuales”11.Sólo a partir de la década de 1830 se consolida la democracia como idealpositivo de gobierno, “gobierno del pueblo”, desde luego, pero que utiliza larepresentación como principal instrumento de materialización. ALEXIS DETOCQUEVILLE completó el salto semántico en 1835 con la publicación del primervolumen de La Democracia en América. Allí invirtió la lógica hasta entoncesimperante de identificar la democracia con el gobierno directo, al adoptar laextensión del sufragio como criterio definitivo, y señaló que incluso en laantigua Atenas, de corriente considerada como la “cuna histórica” de lademocracia, ésta no existió. Con apenas 20.000 ciudadanos (de entre 350.000habitantes) habilitados para votar, Atenas “no era entonces, después de todo,sino una república aristocrática donde todos los nobles tenían un derecho igualal gobierno”12. No deja sin embargo de causar asombro el contexto social enque la palabra democracia en su versión electoral empezó a ser usada paradefinir la sociedad moderna, puesto que en Francia, para 1820, el voto eracensitario y apenas sufragaban 100.000 personas de una población que yasuperaba los 30 millones13 (apenas el 0,3 %).Más recientemente, JOHNATAN SUNSHINE estableció dos criterios paradeterminar en qué momento un país debía considerarse democrático en elcontexto del siglo XIX: 1) Cuando el 50% de los adultos hombres son aptospara el voto y 2) cuando existe un ejecutivo responsable que debe mantener elapoyo mayoritario en un parlamento elegido (régimen parlamentario), o bien élmismo es elegido popular y periódicamente (régimen presidencial). Bajo estalente, la democracia en Estados Unidos sólo habría comenzado a partir de























































11 FRANÇOIS GUIZOT. “De la démocratie dans les sociétés modernes”, Revue Française,noviembre de 1837, p. 224.12 ALEXIS DE TOCQUEVILLE. De la démocratie en Amérique, Volume 2, Première Partie, ChapitreXV (« Pourquoi l’étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans lessociétés démocratiques »), p. 67. El texto en francés está disponible en Google Books. Laversión inglesa se encuentra en: http://xroads.virginia.edu/~Hyper/detoc/toc_indx.html13 Según el censo de 1821, Francia contaba para la época con 30.461.875 habitantes.
  6. 6. 184014.Si se hiciera un ejercicio similar con respecto a Colombia, tendríamos que elsufragio universal masculino directo fue adoptado en 1853, fecha que conrespecto al contexto latinoamericano denota precocidad ya que junto conArgentina, Colombia fue el primer país de América continental en hacerlo,seguido de Venezuela y México. Solo a partir de 1957 el sufragio se hizoextensivo a la mujer a nivel nacional, aunque la legislatura de la provincia deVélez, en Santander, ya lo había reconocido desde 1853, convirtiéndose en elprimer lugar del mundo en otorgar el voto femenino, al adelantarse 16 años aWyoming, el más precoz de los estados estadounidenses en la materia15. Sinembargo este ejercicio, a pesar de su interés histórico, hoy carece derelevancia teórica porque una visión de la democracia reducida a la falacia delelectoralismo está mandada a recoger16.Los anteriores son apenas algunos ejemplos, más bien lejanos en el tiempo, dela enorme heterogeneidad de aproximaciones que ha inspirado la ideademocrática en su devenir histórico como aspiración política ideal, y en suproceso de consolidación como modelo global de ejercicio del poder.Revisaré aquí algunas de los enfoques académicos que han hecho carrerasobre la democracia colombiana, para cotejarlos con las prácticas que sepueden verificar en la práctica histórica con miras a evaluar su poderexplicativo. El objetivo principal es desvirtuar los dos estereotipos extremos que























































14 JONATHAN SUNSHINE. Economic Causes and Consequences of Democracy, Ph.D. Dissertation,Columbia University, 1972, pp. 48-58. WILLIAM CHAMBERS adelanta la fecha de operatividad delcriterio a 1828 (“Party Development and the American Mainstream”, en WILLIAM CHAMBERS yWALTER DEAN BURNHAM. The American Party Systems: Stages of Political Development, NewYork, Oxford University Press, 1967, p. 12-13). Ambos ejercicios son reseñados por SAMUELHUNTINGTON. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman,University of Oklahoma Press, 1993, p. 16.15 DAVID BUSHNELL. Colombia. Una nación a pesar de sí misma, Bogotá, Planeta, 2010, p. 163:“Infortunadamente, los adherentes de la emancipación de las mujeres todavía eran unareducida minoría… La Corte Suprema procedió a anular el decreto de Vélez con el argumentode que ninguna provincia podía otorgar a nadie más derechos de los que la Constituciónnacional le garantizaba; y aparentemente la anulación llegó antes de que ninguna veleñapudiera ejercer el derecho al sufragio”.16 Ver PHILIPPE SCHMITTER y TERRY LYNN. “What Democracy Is… And Is Not”, Journal ofDemocracy, Vol. 2, No. 3 (verano 1991), p. 78.
  7. 7. han primado sobre nuestra experiencia democrática. De un lado, el deColombia como la democracia “más antigua de Latinoamérica” e ideal deapego democrático, que encontraría su principal manifestación en una fuertetradición electoral de más de doscientos años de vida republicana durante loscuales los golpes de Estado y las dictaduras militares han brillado por suausencia (visión democrática optimista). Y de otro lado el estereotipo quecaracteriza a Colombia como una “nación criminal”17, un Estado“endémicamente débil” que aún no ha terminado de formarse18, y donde laviolencia política desvirtúa cualquier posibilidad de legitimidad democrática(visión democrática pesimista). En lugar de aventurar respuestas definitivas,pongo en evidencia falacias argumentativas, al tiempo que sugiero derroterosconceptuales y estrategias de investigación.II. La feria de los adjetivosEs corriente hablar en ciencia política de la “paradoja latinoamericana”, esto es,el hecho de que los países de la región se caracterizan por un descontento dela mayoría de sus ciudadanos con la democracia, que contrasta con laperdurabilidad de las instituciones democráticas19. Sin embargo, unaperspectiva opuesta señala que la “originalidad latinoamericana” es más bien elresultado de una “imposible conciliación entre la afirmación de una voluntad deapego al ideal democrático y las realidades que la desmienten”20. Parecieraentonces que a la ambivalencia de la vida política de América Latina, hubieraque agregar otra específicamente académica de quienes la estudian.























































17 La mejor disección de la caracterización de Colombia como “nación criminal”, recurrente enla historiografía colombiana, la hace EDUARDO POSADA. La nación soñada. Violencia,liberalismo y democracia en Colombia, Bogotá, Norma, 2006. Ver en especial el primercapítulo, titulado “Retratos de un «país asesino»”, p. 19-43.18 Para esta visión, con respecto al siglo XIX se puede leer a BERNARDO VELA. Contribución aldebate sobre la formación del Estado colombiano en el siglo XIX, Bogotá, UEC, 2010 y aGERARDO MOLINA. La formación del Estado en Colombia y otros textos políticos, Bogotá, UEC,2004. Ver también, a escala latinoamericana, LAURA TEDESCO. El Estado en América Latina.¿Fallido o en proceso de formación?, Madrid, Fundación para las Relaciones Internacionales yel Diálogo Exterior (FRIDE), 2007.19 TRICIA OLSEN. “A Latin American Paradox? Democratic Quality and Endurance”, Conferencedelivered at the meeting of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brazil, junio11-14, 2009.20 JACQUES LAMBERT y ALAIN GANDOLFI. Le système politique de l’Amérique latine, París, PUF,1987, p. 13.
  8. 8. En lo que concierne a Colombia, el lugar común indica que su sistema políticose singulariza por la presencia de dos fuerzas en permanente tensión histórica:de un lado, una tradición democrática con fuerte arraigo en las institucioneselectorales, cuya manifestación esencial es la estabilidad política que exhibió alo largo del siglo XX, muy alta con respecto a los demás países de la regióndonde en cambio cundieron los golpes de Estado y las dictaduras militares. Ydel otro, el flagelo de un conflicto armado interno particularmente largo, intensoy descarnado. En suma, el contraste entre democracia y conflicto armado, oentre legitimidad y violencia21.Desde esta perspectiva, KISSINGER considera a Colombia “un país lleno deambigüedades”22 debido a sus tres rasgos históricos principales: en primerlugar, la estabilidad de las políticas macroeconómicas y el prudente manejofiscal, que se tradujo en tasas comparativamente elevadas de crecimientoeconómico a lo largo del siglo XX y en el pago cumplido de la deuda externa;en segundo lugar, la estabilidad política, que la convirtió, junto con México,Costa Rica y Venezuela, en uno de los pocos países de Latinoamérica quelogró escapar a la oleada dictatorial de los años sesenta y setenta, con apenasuna interrupción de la democracia electoral en cien años (1953-1957); y entercer lugar, el padecimiento de uno de los conflictos internos más antiguos yviolentos del mundo.Esta “situación paradójica” que causa perplejidad internacional, constituye paraZULETA la nota distintiva de la realidad colombiana, donde la violencia seexplica por la confluencia de tres factores: los antecedentes históricos de laviolencia política, la debilidad “endémica” del Estado y, más recientemente, elauge del narcotráfico. “Es frecuente asociar la violencia política a la existencia de un régimen que trata de imponer a toda costa un determinado modelo de sociedad o de impedir toda forma de























































21 MARCO PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma,1995.22 HENRY KISSINGER. Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21stCentury, Nueva York, Simon & Schuster, 2001, p. 89.
  9. 9. oposición. Esto es verdad en casi todas partes, pero no corresponde a nuestra realidad. Es probablemente este curioso fenómeno el que desconcierta a algunos organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, cuando se enfrentan a una situación tan compleja e inédita como la nuestra: tratan de asimilarla a las situaciones políticas que están acostumbrados a encontrar en otros países, piensan por analogía y son incapaces de reconocer la especificidad y la particularidad del caso colombiano. No es fácil, en efecto, entender la yuxtaposición de instituciones 23 democráticas vigentes y violencia política en gran escala” .Sin embargo, el respeto por la democracia formal se ve menguado para ZULETAde facto puesto que las libertades civiles y las institucionales democráticas seencuentran “socavadas por el temor, y la violencia política y de otros tipos esmucho mayor que en aquellos países del continente en los que se encuentransuprimidas por un régimen dictatorial”24.Tal vez esta ambigüedad hace que Colombia no escape a la tentaciónsistemática de utilizar indiscriminadamente adjetivos para intentar discernir suespecificidad democrática. HARTLYN y DUGAS la describen como un país difícilde categorizar25. Y sin embargo, en lo que concierne a su democracia, ningúnpaís de Latinoamérica ha sido objeto de más categorizaciones: durante elperíodo del Frente Nacional (1958-1974) se le calificó, en razón de lasrestricciones electorales que impuso la alternancia bipartidista pactada en elpoder y el abuso de la figura del Estado de sitio, como una democracia“controlada”26, “oligárquica”27, “elitista bipartidista tradicional”28, “próxima a la























































23 ESTANISLAO ZULETA. Colombia: violencia, democracia y derechos humanos, Bogotá, AltamirEdiciones, 1991, p. 140.24 Ibídem, p. 141.25 JONATHAN HARTLYN y JOHN DUGAS. “Colombia: The Politics of Violence and DemocraticTransformation”, en LARRY DIAMOND y al. (Eds.). Democracy in Developing Countries. LatinAmerica, 2nd Edition, Boulder, Lynne Riener, 1999, p. 249.26 MILES WILLIAMS. El Frente Nacional: Colombia’s Experiment in Controlled Democracy, PhDdissertation, Vanderbilt University, 1976.27 ALEXANDER WILDE. “Conversations among Gentlemen: Oligarchical Democracy in Colombia”,en JUAN LINZ y ALFRED STEPAN. The Breakdown of Democratic Regimes. Latin America,Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, p. 28-81.28 FERNANDO CARDOSO y ENZO FALETTO. Dependency and Development in Latin America,Berkeley, University of California Press, 1979, p. 179.
  10. 10. poliarquía”29, “restringida”30, “inclusiva autoritaria”31 y un “régimen consocionaldemocrático limitado”32.Ulteriormente, mientras para algunos la Constitución de 1991 “reforzó” elcarácter democrático del régimen y aceleró el tránsito hacia la consolidaciónaún inalcanzada33, para otros la democracia se vio “erosionada” en los últimosaños como resultado de factores exógenos al régimen político, en especial laresistencia de los grupos de extrema izquierda (guerrillas) y extrema derecha(paramilitares) a integrarse a la sociedad civil y el debate político legal34.Ni siquiera desde un punto de vista meramente jurídico resulta pacífico elcarácter presidencial35 del régimen político colombiano. Debido al proceso depaulatina “parlamentarización” que han venido experimentando susinstituciones36, algunos autores lo clasifican como una hipótesis de“presidencialismo parlamentarizado”37, en tanto que otros lo consideran, debidoa la inoperancia práctica de la moción de censura contra ministros, apenas uncaso de presidencialismo “con matices parlamentarios”38. A. ¿Estado, régimen o gobierno ilegítimo?























































29 ROBERT DAHL. Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press,1971, p. 84.30 FRANCISCO LEAL. Estado y Política en Colombia, Bogotá, Siglo XXI, 1984.31 BRUCE BAGLEY. “National Front and Economic Development”, en ROBERT WESSON (Ed.),Politics, Policies and Economic Development in Latin America, Stanford, Hoover InstitutionPress, 1984, p. 124-160.32 JONATHAN HARTLYN y JOHN DUGAS (1999), cit., p. 252.33 Ibídem.34 ANA BEJARANO y EDUARDO PIZARRO. “From «restricted» to «besieged». The Changing Natureof the Limits to Democracy in Colombia”, en FRANCES HAGOPIAN y SCOTT MAINWARING (Eds.).The Third Wave if Democratization in Latin America. Advances and Setbacks, New York,Cambridge University Press, 2005, p. 235 y 243.35 CATHERINE FAIVRE. “La Colombie, un régime présidentiel en trompe-l’oeil”, RevueInternationale de Droit Comparé, No. 3, julio-septiembre de 2006, p. 861-883.36 JOSÉ FERNANDO FLÓREZ. “Rudimentos del régimen parlamentario : ¿una opción paraColombia ?”, Revista Derecho del Estado, No. 22, junio de 2009, p. 245-291.37 JORGE CARPIZO. Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, México,UNAM, 2007, p. 205.38 JOSÉ DE JESÚS OROZCO. “Tendencias recientes en los sistemas presidencialeslatinoamericanos”, en PEDRO PABLO VANEGAS (Coord.). La democracia constitucional enAmérica Latina y las evoluciones recientes del presidencialismo, Bogotá, UEC, 2009, p. 59 y62. Atribuye el autor el matiz a HUMBERTO DE LA CALLE, pero sin precisar en qué escrito.
  11. 11. La tensión entre democracia y violencia característica del caso colombianoencuentra especial expresión en las distintas percepciones de los analistas enel plano de la legitimidad democrática. Mientras algunos la descartan, otrosresaltan la fuerte legitimidad histórica del régimen político colombiano, el pesode sus instituciones y la “resiliencia” de la democracia albergada por un Estadolleno de vicisitudes, donde “lo que necesita ser mejor explicado y entendido noes su fracaso, sino su fuerza”39.Si algún concepto resulta particularmente problemático para la ciencia política yel derecho es la legitimidad. Para evitar caer en el legalismo reductor de lanoción de legitimidad que propició el positivismo jurídico, SCHMITT recuerda quela legalidad desde su origen fue un producto del racionalismo occidental yapenas una “forma de legitimidad”, pero no la única, ni menos aún su sinónimo,pudiendo además conducir la aplicación extrema de la lógica legalista alestablecimiento de un absolutismo del “Estado legislativo”, que supondría lanegación de la legitimidad y la renuncia a cualquier derecho de resistencia antela tiranía, fundado en motivos políticos: “Si se priva al concepto de ley de toda relación de contenido con la razón y la justicia, conservándose al mismo tiempo el Estado legislativo con el concepto de legalidad que le es específico, el cual concentra en la ley toda la dignidad y la majestad del Estado, entonces toda ordenanza de cualquier especie, todo mandato y toda disposición, toda orden a cualquier oficial o soldado y toda instrucción concreta a un juez, en virtud de la “soberanía de la ley”, puede hacerse legal y jurídica mediante una resolución del 40 Parlamento o de otra instancia que participe en el proceso legislativo” .Como se ve, SCHMITT prefiguró las aberraciones legales del régimen nazi quedespués irónicamente terminaría por apoyar como militante del partidonacionalsocialista, es decir, las leyes inhumanas que el nacionalsocialismoaprobó con respeto del procedimiento legislativo previsto en la Constituciónpara la época.























































39 EDUARDO POSADA. “Colombia’s Resilient Democracy”, Current History, Vol. 103, No. 670(febrero de 2004), p. 68-73.40 CARL SCHMITT. Legalidad y legitimidad, Madrid, Aguilar, 1971, p. 31-32.
  12. 12. El concepto de legitimidad desborda entonces el de legalidad, aunque sinpoder abandonarlo porque en el contexto moderno del Estado de Derecho lopresupone como principal herramienta de materialización. La legitimidadencuentra además diversas manifestaciones según el tipo dominación al quese refiere. Es así como la legitimidad aristocrático-monárquica, basada en laexaltación de la herencia, o la legitimidad maquiavélica del Príncipe, cimentadaen la gloria del hombre que construye el Estado, difieren sustancialmente de lalegitimidad democrática.La legitimidad democrática se descompone en dos tipos de procesos, quehacen referencia a la legitimidad de origen (legitimidad secundum titulum) y lalegitimidad de ejercicio (legitimidad secundum exercitium). En el primercomponente caben la teoría del Poder Constituyente y todo el cuerpo depensamiento en torno a la idea de representación, esto es, la realización deelecciones periódicas, libres y pacíficas para la elección de gobernantes por untiempo limitado. El segundo componente abarca aspiraciones exigibles en elejercicio del poder democráticamente elegido, tales como la existencia derechode oposición, la libertad de expresión y prensa, la separación y equilibrio de lospoderes y, sobre todo, el principio de legalidad y constitucionalidad, que setraduce en “la imperiosa obligación que se impone a los poderes públicos deactuar conforme a las formas jurídicas que proclama la letra de la ley”41. De ahíque ningún gobierno que violente la ley, aunque cuente con una enormepopularidad y lo haga de la manera más sutil y discreta, pueda considerarselegítimo.Desde una perspectiva sociológica, el concepto de legitimidad debe ampliarsea la aspiración de aceptación por el conglomerado social del aparato dedominación estatal y el acatamiento pacífico de sus normas jurídicas. Lalegitimidad sería desde esta óptica ante todo “una forma de obtener obedienciacuando el consentimiento permite conjurar el recurso al miedo” o, en otraspalabras, “una forma de obediencia construida en el consentimiento, en la























































41 ELOY GARCÍA. Legitimidad y democracia. La democracia ante su momento maquiavélico,Vigo, Universidade de Vigo, 1998, p. 20.
  13. 13. aceptación pacífica del gobernante por el gobernado”42. En esta línea, ladefinición que trae el Diccionario de Política de BOBBIO, MATTEUCCI y PASQUINO,es una de la más ponderadas. Allí, en su sentido específicamente político-sociológico, la legitimidad se entiende como: “El atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, el elemento integrante de las relaciones 43 de poder que se desarrollan en el ámbito estatal” .POSADA avanza un análisis en defensa de la legitimidad del Estado colombiano,con base en las tres variables que considera determinantes para delimitar elconcepto: la validez general del sistema electoral y sus instituciones, querefutaría la supuesta falta de representatividad del sistema político; losresultados del Estado en el cumplimiento de sus funciones, los cualesdesvirtuarían la alegada inefectividad de la acción gubernamental; y, por último,la confianza ciudadana en las instituciones, cuya contracara serían laspercepciones y creencias negativas de los gobernados respecto de quienes losgobiernan y las instituciones . En su opinión: “Bajo cada uno de los tres criterios el Estado colombiano puede, y debe, reclamar sus condiciones legítimas. Su poder central se orienta y reconstituye regularmente en procesos electorales cuyos resultados, en general, no se disputan. Algunas de sus instituciones funcionan de manera efectiva. Y algunas de sus instituciones reciben 44 significativos respaldos ciudadanos” .























































42 Ibídem, p. 9 y 15.43 NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI y GIANFRANCO PASQUINO. Diccionario de Política,décima edición en español, Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 862.44 EDUARDO POSADA. “Ilegitimidad” del Estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto,Bogotá, Cambio, 2003, p. 25.
  14. 14. Conviene a este respecto, siguiendo a EINSIEDEL45, avanzar una aproximacióndiferenciada para no confundir la legitimidad del Estado con la del régimenpolítico, ni con la del gobierno, puesto que se trata de distintas unidades deanálisis.En primer lugar, un gobierno específico puede perder la legitimidad mientras elrégimen y el Estado que lo enmarcan la conservan, como ocurrió con laadministración de NIXON en 1974 o, para no ir tan lejos, con el gobierno deERNESTO SAMPER en 1995 cuando inició el proceso 8.000 y después se probóque su campaña presidencial había sido financiada con dineros del Cartel deCali. Otro tanto sucedió durante el segundo mandato de ÁLVARO URIBE, cuandose demostró en 2008 que la reforma constitucional que permitió su reelecciónen 2006 fue comprada con dádivas otorgadas por el ejecutivo a variosparlamentarios a cambio de su voto favorable (escándalo de la yidispolítica).Tan grave resultó este episodio para la legitimidad de la democraciacolombiana, que la Corte Suprema de Justicia decidió compulsar a la CorteConstitucional copias de la Sentencia No. 173 de 26 de junio de 2008,condenatoria de la destituida parlamentaria YIDIS MEDINA por el delito decohecho, con el fin de que el alto tribunal revirtiera los efectos del fallo C-1040de 2005, el cual había declarado con anterioridad la constitucionalidad de lareforma a la Carta (Acto Legislativo No. 2 de 2004) que autorizó la reelecciónpresidencial inmediata. Para el efecto, la Corte Suprema de Justicia constatóque: “(i) La Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma (Acto Legislativo No 2 de 2004); (ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada”.Por lo tanto:























































45 SEBASTIAN VON EINSIEDEL. “Policy Responses to State Failure”, en SIMON CHESTERMAN y al.(Eds.). Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance, Nueva York, UnitedNations University Press, 2005, p. 19.
  15. 15. “Las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas.”A partir de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deJusticia concluyó que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimaciónconstitucional”, motivo por el cual consideró necesario “ordenar la remisión decopia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría Generalpara los fines que estimen pertinentes”46.Sin embargo, la Corte Constitucional no tomó en consideración las nuevaspruebas de que la reforma constitucional que permitió la reelección había sidoel fruto del delito de cohecho, ilícito cuya comisión, según lo estableció la CorteSuprema de Justicia, fue “definitiva y determinante” para la aprobación de lareforma en el Congreso puesto que sin la compra del voto de MEDINA no sehabría producido. Por el contario, el máximo tribunal constitucional se abstuvode revisar la Sentencia C-1040 de 2005 por considerar que ya había hechotránsito a cosa juzgada constitucional al no haberse presentado la solicitud denulidad de la misma dentro de los tres días siguientes a su notificación, términoperentorio establecido por la jurisprudencia constitucional para el efecto, yporque en su entender, frente al Acto Legislativo No. 2 de 2004, ya habíaoperado también el término perentorio de un año previsto en el numeral 3 delartículo 242 de la Carta para alegar la nulidad por vicios de forma de los actosreformatorios de la Constitución: “En materia de actos reformatorios a la Constitución, la propia Carta ha puesto dos condiciones para el ejercicio del control de constitucionalidad por la Corte, la primera que dicho control sólo procede por vicios de forma o de trámite, y la segunda es que tales vicios deben ser planteados ante la Corte Constitucional dentro del año siguiente a la expedición del respectivo acto. Se trata, pues, de que en la oportunidad prevista por la Constitución, la Corte va a juzgar si el trámite de la reforma cumplido por el Congreso se ajustó a los parámetros























































46 Sentencia de junio 26 de 2008, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia.
  16. 16. constitucionales y legales. Una vez cumplido ese juicio y concluido el proceso con sentencia, la misma, por expresa disposición constitucional, queda revestida de autoridad de cosa juzgada, sin que, como se ha visto, frente a ella quepa interponer ningún recurso y sin que sea posible que el asunto decidido sea nuevamente planteado ante la Corte. Se trata de un asunto de seguridad jurídica, plasmado en la misma Constitución, que quiso, precisamente, evitar la inestabilidad jurídica e institucional que se produciría si se deja abierta la posibilidad de que los actos del Congreso sean revisados por vicios de forma años después de haber sido expedidos y de, por consiguiente, haber generado un sin número de efectos jurídicos y prácticos en la vida del país. Por eso el constituyente fue expreso en establecer, en el numeral 3º del artículo 242 de la Carta, que las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Dicha disposición fue reiterada en relación con los actos reformatorios de la Constitución por el artículo 379 Superior, a cuyo tenor, «[l]a acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación». Y por eso es claro que una vez que la Corte Constitucional ha emitido su fallo, el mismo es definitivo, y los actos del Congreso, si la Corte los declara ajustados a la Constitución y vencido el término de caducidad para las acciones por vicios de forma, quedan dotados de certeza sobre su conformidad con la Constitución, sin que quepa, en ningún caso, un 47 nuevo examen sobre el particular” .Así las cosas, en el Auto 156 de 2008, la Corte Constitucional desconoció elhecho de que el Acto Legislativo No. 2 de 2004 estaba viciado de una nulidadabsoluta insubsanable y respecto de los actos nulos de pleno derecho nopuede existir la cosa juzgada, razón por la cual el argumento del alto tribunalen favor de la seguridad jurídica resulta falaz, toda vez que la seguridadjurídica no puede utilizarse para refrendar delitos. De otra parte, la Cortedesconoció en esta providencia el principio elemental del derecho queestablece que el delito, bajo ninguna circunstancia, puede ser fuente dederecho. Únicamente el magistrado JAIME ARAÚJO salvó el voto al Auto 156 de2008 por considerar que con él la Corte había:























































47 Auto 156 de 2008, Sala Plena de la Corte Constitucional.
  17. 17. “Hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción”.ARAÚJO puso además de manifiesto que en este auto la Corte contradijo sujurisprudencia anterior, de la que se desprende que la nulidad de sus fallostanto de constitucionalidad como de tutela, procede, incluso de oficio, cuandose verifican irregularidades formales o sustanciales, e invitó a la ciudadanía a ladesobediencia civil, en los términos propuestos por HENRY THOREAU48, alconsiderarla legitimada: “De lo anterior se concluye que el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de Derecho. Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto 49 de vista iusfilosófico la desobediencia civil” (negrillas y mayúsculas en el texto).Recapitulando, en términos weberianos resulta claro que aunque ÁLVARO URIBEdurante su segundo mandato aún contaba con legitimidad carismática por susaltos niveles de popularidad y aceptación social, su gobierno había perdidocualquier viso de legitimidad legal50 puesto que había tenido origen en el delito,























































48 HENRY THOREAU. Walden and Civil Disobedience, New York, Penguin Books, 1983, p. 383-314.49 Salvamento de voto al Auto 156 de 2008 de la Corte Constitucional, Magistrado JAIMEARAÚJO RENTERÍA.50 En el esquema de WEBER la legitimidad emana del carisma, la tradición y la ley (MAX WEBER.Economía y sociedad, México, FCE, 1992, p. 170-173). La legitimidad legal “se basa en lacreencia en la legalidad de las normas del régimen, estatuidas ex professo y de modo racional,
  18. 18. como se comprobó colmadamente una vez estalló el escándalo de layidispolítica.En segundo lugar, puede suceder también que el régimen político carece delegitimidad en tanto que el Estado la mantiene, como en el caso en 2001 delgobierno del PRI en México, el régimen militar argentino en 1982 y el contextocolombiano en 2010, cuando la tercera parte de los puestos de elecciónpopular estaban ocupados por funcionarios procesados judicialmente porvínculos con los paramilitares51, situación que sumada a la usurpación delpoder presidencial durante el segundo período de URIBE (2006-2010),deslegitimó las dos principales emanaciones del principio democrático en elrégimen político presidencial, a saber, el Presidente y el Congreso, amboselegidos popularmente.En tercer y último lugar, los casos de pérdida de legitimidad del Estado son demás extraña ocurrencia y se confinan a hipótesis que suponen el derrumbe detodo el aparato estatal e incluso ponen en entredicho su supervivencia comoentidad internacional soberana. Es el caso de Somalia, ejemplo típico deEstado colapsado52 que durante los últimos 20 años se ha visto reducido a unamera expresión geográfica, donde el control del territorio y la fuerza estánfragmentados entre señores de la guerra y distintos actores que dominanfracciones del país53: un gobierno central que controla apenas algunasmanzanas de la capital, Mogadiscio, en forma conjunta con un fideicomisocompartido entre la Unión Africana, la ONU y Estados Unidos como paísmediador; una feroz insurgencia islámica y dos Estados de facto: Somalilandia,territorio ubicado al noroeste del país que desde 1991 se declaró independientepero aún no es reconocido internacionalmente como soberano a pesar de que























































y del derecho de mandar de los que detentan el poder basado en tales normas” (NORBERTOBOBBIO, NICOLA MATTEUCCI y GIANFRANCO PASQUINO (1997), cit., p. 863).51 CLAUDIA LÓPEZ. “«La refundación de la patria», de la teoría a la evidencia”, en CLAUDIA LÓPEZ(Ed.). Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estadocolombiano, Bogotá, Debate, 2010, p. 30.52 JEAN-BERNARD VÉRON. “La Somalie: cas d’école des Étas dits «faillis»”, Politique Etrangère,No. 1, Vol. 76 (febrero de 2011), p. 45-57.53 JAMES TRAUB. “In the Beginning, There Was Somalia”, Foreign Policy, julio-agosto de 2010.
  19. 19. su economía y estabilidad política superan las del gobierno central54; yPuntlandia, territorio del noreste de Somalia autoproclamado autónomo en1998, que sin embargo no ha sido reconocido por ningún país ni pororganización internacional alguna como soberano. La situación actual en Libiacon la caída del régimen dictatorial de GADAFI, que dividió el país en dos alacarrearle la pérdida del control de la mitad del territorio a manos de losrebeldes del este, hoy apoyados por la mayor parte de la comunidadinternacional, y la proclamación de independencia de la República de Sudándel Sur después de la secesión del norte el pasado 9 de julio, seguida de sureconocimiento como miembro número 193 de la ONU el 14 de julio, tambiénson ejemplos de ilegitimidad del Estado, que en ocasiones puede producir suextinción y dar nacimiento a nuevas entidades soberanas. B. ¿Una democracia “disminuida”?En 2004, PIZARRO consideró que la democracia colombiana se encontraba“asediada”55 por las tensiones que generaba el complejo conflicto armadointerno que la asolaba, pero estaba experimentando un punto de inflexión en eldesarrollo de la guerra en virtud de la política de Seguridad Democráticaimplementada por el gobierno de URIBE.Hoy, a pesar del nuevo equilibrio en favor del Estado que significaron losúltimos ocho años de la guerra contra los actores armados ilegales, el régimencolombiano aún ofrece para GARCÍA claros visos de una democracia de bajacalidad o “delegativa dotada de un proyecto político conservador”56 que,durante los dos períodos de gobierno de ÁLVARO URIBE, se concretó en undesbalance general aún más pronunciado del sistema de pesos y contrapesosen favor del ejecutivo, provocado por la reforma constitucional que permitió lareelección presidencial. Este escenario se vio además agravado por el déficit























































54 TABEA ZIERAU. “State Building without Sovereignity: The Somaliland Republic”, Mondes endéveloppement, Vol. 123, No. 3 (2003), p. 57-62 .55 EDUARDO PIZARRO. Una democracia asediada: balance y perspectivas el conflicto armado enColombia, Bogotá, Norma, 2004.56 MAURICIO GARCÍA. “Caracterización del régimen político colombiano (1956-2008)”, enMAURICIO GARCÍA y JAVIER REVELO (Cod.). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes yEstado de derecho en Colombia, 2002-2009, Bogotá, Dejusticia, 2009, p.75.
  20. 20. de institucionalidad que generó el aumento desmedido de la corrupción y lacaptura del Estado por parte de las estructuras narcoparamilitares, fenómenoconocido como la “parapolítica”.El derroche de epítetos pone de manifiesto el modelo reduccionista que haprimado en el estudio del régimen político colombiano. Enfoque que COLLIER yLEVITSKY denominaron “democracia con adjetivos”57 porque recurre a lautilización de “subtipos disminuidos” de democracia que intentan ubicar losestudios de caso con respecto a una definición específica de democracia.Esta metodología resulta deficiente porque implícitamente sitúa a los países enun continuum histórico de realización democrática, casi evolucionista, donde sesupone que existe una línea teleológica que van recorriendo, una “maduracióngradual” de su democracia hasta alcanzar un nivel de democratizacióndeseable que coincide con los criterios aplicables a los Estados industrialesavanzados.Se trata de un proceder que erige en teoría política una experienciademocrática determinada, fabricando un ideal tipo en contravía de la realidadsociológica, donde no puede existir la sino solo las democracias. Antes quederivar de un proceder hipostático o esencialista donde lo que importa es elgrado de acercamiento al tipo puro, el poder explicativo del análisisdemocrático varía en función de su capacidad para discernir histórica yfuncionalmente cómo las dinámicas, tanto institucionales como noinstitucionales, se forman y conservan en sus contextos, sus componentes einteracciones específicas.Particularmente en el caso colombiano, esta metodología resulta inconvenienteporque exacerba el mito del apego democrático colombiano (Colombia como lademocracia históricamente más estable de Latinoamérica) por medio de unanálisis ideal típico institucionalista que en lugar de integrar aísla las dos























































57 DAVID COLLIER y STEVEN LEVITSKY, “Democracy with Adjectives”, World Politics, Vol. 49, No.3, 1997, pp. 430-451.
  21. 21. características fundamentales que configuran la realidad política colombiana,esto es, la coexistencia del conflicto armado y la democracia electoral másantiguas del subcontinente, dando lugar a caracterizaciones que más parecencaricaturas: resulta aberrante que muchos analistas comparen Colombia conEstados Unidos, otorgándole un muy próximo segundo lugar en el continenteamericano en su compromiso histórico con la democracia, por el simple hechode que ROJAS PINILLA haya sido el único dictador militar en apropiarse del poderdurante el siglo XX, y apenas el segundo en toda la historia de un país cuyatradición democrática se remonta hasta 181058.Un buen ejemplo de este tipo de aproximación es la de VANEGAS, para quienlas democracias “todas son iguales”, y por ende esencialmente comparables: “Si de manera rigurosa y sin complejos, la historia democrática colombiana es puesta en relación con las experiencias de gobierno popular antiguas y modernas, tal indagación puede sin duda ser enriquecida. Se trata, en este sentido, de abandonar la enervante idea según la cual la democracia colombiana no puede ser comparada con la de Francia o Estados Unidos, por ejemplo, porque supuestamente se trata de algo 59 «incomparable»” .VANEGAS identifica ocho puntos60 que en su sentir permitirían “delinear” lademocracia colombiana mediante una confrontación con sus “análogas” deFrancia y Estados Unidos, a saber: 1. La naturaleza del enemigo contra el cual se realizó la revolución democrática. En el caso colombiano, al igual que en el estadounidense, se trató de una potencia colonizadora, esto es, de un conglomerado separable de la comunidad política que se intentaba fundar, y no de un grupo social privilegiado que era portador del poder en el antiguo























































58 MICHAEL MCCARTHY. “Problematizing Views of Colombian Democracy”, documentopresentado en la 13th Annual Illinois Conference for Students of Political Science, 1 de abril de2005, p. 8.59 ISIDRO VANEGAS. Todas son iguales. Estudios sobre la democracia en Colombia, Bogotá,UEC, 2010, p. 13.60 Ibídem, pp. 35-46.
  22. 22. régimen absolutista, además de símbolo de la desigualdad, que se erigió como la gran antagonista ideológica de la revolución en Francia.2. La gran velocidad con que se impuso el principio de soberanía popular. Tanto en Francia como en la Nueva Granada, la realeza fue rápidamente excluida como fuente de cualquier legitimidad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, tanto en Estados Unidos como en la América hispánica la idea abstracta (“monista”) de soberanía del pueblo que obsesionó el proceso europeo no estuvo presente, sino que se vio sustituida por una visión “sociológica” del pueblo.3. La variedad de concepciones de soberanía popular entre las que osciló la experiencia colombiana se tradujo en la imposibilidad de consolidar un mito revolucionario fundador de un modelo político exitoso, como sí ocurrió en la experiencia francesa, donde se impuso la soberanía pensada como un bloque identificado con el poder legislativo en tanto representante de la nación.4. Al contrario de lo que sucedió en Francia, en Colombia no hubo tensión entre gobierno representativo y democracia directa como forma de dar vida a la soberanía popular. Desde el comienzo se optó, de manera casi natural, por un modelo de democracia representativa exacerbada.5. La violencia política y la inestabilidad democrática, que en opinión de VANEGAS no son exclusivas de las “democracias inmaduras” latinoamericanas, de lo cual rendiría cuenta la historia de Europa hasta mediados del XX. Sin embargo, el fenómeno de la violencia en el caso colombiano respondería específicamente a la incapacidad para “comprender el pluralismo propio de la democracia como un rasgo positivo”.6. La necesidad de construir no solo democracia sino también Estado y nación en el caso colombiano, en oposición al caso francés, donde la monarquía ya había desarrollado durante el ancien régime una estatalidad robusta.7. La visión negativa de la revolución fundadora neogranadina (1810) que predominó en la experiencia democrática colombiana, a diferencia de lo que ocurrió en Francia y Estados Unidos, países que asumieron el
  23. 23. rompimiento con la monarquía y la potencia colonizadora como algo afortunado. 8. La referencia injustificada y reduccionista a América Latina como una realidad democrática homogénea capaz de englobar diversos países. Esta tendencia tendería a reducir las exigencias de exhaustividad local frente al investigador del Latinoamérica, en contraste con el historiador de Europa, a quien se le exigen análisis más focalizados.Lo más interesante de la reflexión de VANEGAS es que de los ocho puntosavanzados, al menos con respecto a Francia solo aparece uno (el segundo),donde los destinos democráticos logran “coincidir”, aunque en forma matizada,razón por la cual la comparación no hace sino resaltar la especificidad delproceso revolucionario democrático neogranadino. Es además un grave errorperder de vista la prominente singularidad de la independencia estadounidenseque, en realidad, fue una revolución británica en el sentido de que no se originóen América sino en Gran Bretaña, toda vez que fue la reacción de lospobladores americanos, provocada por las repentinas pretensionesmetropolitanas de disminuirles su tradicional autonomía a las colonias, y denegarles a sus habitantes los reclamos de identidad británica en términos degoce de las mismas libertades que habían tenido hasta 1776. Sin embargo, laindependencia estadounidense no alteró la estructura social y económicaprecedente. Por el contrario, la economía de explotación esclavista se mantuvoy el proceso de expansión colonial, aparejado al exterminio de los gruposamerindios, se vieron agudizados con la financiación renovada del gobiernonacional de los Estados Unidos a los estados federales, que superó con crecesla que había brindado con anterioridad el Estado británico a las colonias. En elcampo político, la independencia modificó la forma mas no la sustancia delgobierno, puesto que los nuevos estados federales siguieron disfrutandodurante otro siglo de la misma autonomía que tuvieron en el período colonialcon respecto a la metrópoli, ahora frente al incipiente Estado federal. En otraspalabras, lejos de un rompimiento con el pasado colonial, la revolución de losEstados Unidos supuso la agudización del proceso colonizador y elafianzamiento de las estructuras sociales y económicas que lo sostenían,
  24. 24. circunstancia que conduce a GREENE a afirmar que la revoluciónestadounidense fue “profundamente conservadora”61.Una heterogeneidad todavía más pronunciada se advierte al confrontar lasrevoluciones inglesa y francesa. Mientras la primera se desarrolló en medio deun ambiente político de conciliación entre las viejas prácticas monárquicas y lasnuevas prácticas democráticas, que desde el siglo XVII evolucionó a partir deajustes lentos y progresivos hacia el parlamentarismo moderno, que seconsolidó en 1782 con la célebre dimisión colectiva del gabinete entero de LordNORTH62; en Francia, al igual que en la mayoría de países de Europacontinental, la transición fue el fruto de una violenta revolución donde laconstrucción democrática se identificó con la eliminación de la realeza63.Aunque la metodología comparatista de VANEGAS reviste utilidad didácticadurante el período de gestación revolucionaria porque precisa ciertosderroteros que a pesar del desfase temporal (1776, 1789 y 1810) entre losacontecimientos de ruptura en los tres países pueden extrapolarse pararesaltar diferencias, en el discurrir democrático posterior los destinos de cadanación se alejan fundamentalmente: sería más que arriesgado intentar discernirpuntos comunes entre, por decir algo, las crisis democráticas europeasmarcadas por las dos guerras mundiales, el período de La Violenciacolombiana (1948-1960) y la guerra de secesión en Estados Unidos (1861-1865).En el caso colombiano, cualquier perspectiva meramente institucionalista conrespecto a la democracia del último medio siglo desconocería una importantecapa social de la realidad donde los actores armados ilegales, tanto los quequieren derrocar al Estado (guerrillas, FARC y ELN) como los que le sonfuncionales (paramilitares), y las mafias (narcotraficantes), que























































61 JACK GREENE. “La primera revolución atlántica: resistencia, rebelión y construcción de naciónen los Estados Unidos”, en MARÍA CALDERÓN y CLÉMENT THIBAUD (Coord.). Las revoluciones enel mundo atlántico, Bogotá, Taurus/UEC, 2006, p. 38. Para un estudio más amplio ver tambiénJACK GREENE. Understanding The American Revolution: Issues and Actors, Charlottesville yLondres, The University Press of Virginia, 1995.62 PHILIPPE LAUVAUX. Le parlementarisme, París, PUF, 1997.63 .ª YVES MÉNY e YVES SUREL. Politique comparée, París, Montchrestien, 7 ed., 2004, p. 12.
  25. 25. alternativamente lo instrumentalizan o lo combaten, han ejercido y aún ejercenbuena parte del poder económico y político, a veces en contra de lasinstituciones y a veces gracias a ellas mediante su captura. Ningún enfoqueque desconozca la interrelación que existe entre las instituciones, los actoresestatales y los no-estatales estará en capacidad de descifrar la singularidad dela democracia colombiana. Sólo un modelo de análisis integrado permitiráhacerlo.III. El mito de la robustez democráticaLa creencia en la excepcionalidad democrática colombiana debeproblematizarse. Sin duda, la buena lectura de la realidad no se encuentra enninguno de los dos extremos. Colombia no es un ideal de apego democráticopero tampoco una pseudodemocracia o democracia empobrecida,históricamente equiparable a los peores regímenes autoritarios del contextolatinoamericano.De un lado, existe una resistencia institucional democrática comparativamenteimportante a pesar de todas sus deficiencias. Del otro, el conflicto armadoreviste una dinámica propia pero que se entrelaza con las instituciones yevoluciona según los momentos y gobiernos que se van sucediendo (yviceversa).Tanto institucionalidad como guerra son, para ponerlo en términos de PÉCAUT,“complementarias”64. En palabras de MCCARTHY: “Las aproximaciones a Colombia desde la ingeniería institucional y la democracia entendida solo como ·«las reglas del juego» necesitan las condiciones complementarias del conflicto armado y la política de exclusión para ser inteligibles. La perspectiva formalista institucional schumpeteriana de que las elecciones y las instituciones le























































64 “La imagen de un orden formado desde arriba nunca se logra imponer en Colombia. Laviolencia expresa la complementariedad entre el orden y el desorden sólo en la medida en quela sociedad y sus tensiones se despliegan sin que el Estado tenga la capacidad decontrolarlas”. DANIEL PÉCAUT. Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre1930 y 1953, Bogotá, Norma, 2001, p. 38.
  26. 26. confieren a Colombia la estatura de una democracia, ignoran otra realidad que brama por fuera de los pasillos del gobierno y no está en lo más mínimo desconectada del 65 Estado” .Con todo, la supuesta robustez de la democracia colombiana se ha vistomatizada por algunos estudios históricos que no se restringen a la dimensiónformal institucional. Según la teoría de PALACIOS, el fracaso del populismo enColombia impidió la realización de los cambios sociales cruciales que sí sedieron en Venezuela por vías institucionales, permitiéndole al país vecino eltránsito hacia una democracia pactada que le ahorró el padecimiento de laviolencia política durante la segunda mitad del siglo pasado.Mientras el Frente Nacional colombiano habría excluido el reformismo deizquierda del espectro político, el Pacto de Punto Fijo venezolano, celebradotambién en 1958 con base en la unidad nacional, habría logrado canalizarlo através de organizaciones sindicales y populares para superar la dictadura deMARCOS PÉREZ JIMÉNEZ (1952-1958). Al decir de PALACIOS: “Las guerrillas revolucionarias y diversas modalidades de contrainsurgencia parecen arraigar mejor en países como Nicaragua, Guatemala o El Salvador que, al igual que 66 Colombia, se caracterizaron por la inexistencia o fracaso de los populismos” .Dentro de este esquema, los populistas se quieren opuestos a losrevolucionarios por cuanto son demócratas, es decir, reformistas perorespetuosos de las instituciones. Y esta condición, en términos estratégicos, losacerca a sus enemigos ideológicos, los “oligarcas”, puesto que ambos repudianla revolución marxista-leninista.En esta ecuación, mientras el populismo venezolano realizó las reformas pormedios legales evitando la confrontación armada, su fracaso rotundo enColombia después del asesinato de GAITÁN condujo, por medio de un discurso























































65 MICHAEL MCCARTHY (2005), cit., p. 19.66 MARCO PALACIOS. “Presencia y ausencia de populismo: un contrapunto colombo-venezolano”,Analisis Político No. 39, enero-abril de 2000, p. 58.
  27. 27. autoritarista y antiliberal67, a la marginalidad de todas las iniciativas de reformacon contenido social inclusivo, exclusión política que se convertirá en elgermen de las guerrillas revolucionarias. Mientras en Venezuela una “basereformista y populista” deslegitimó la violencia, la ausencia de reformassociales impulsadas por líderes populistas en Colombia se volvió su caldo decultivo.La disyuntiva populismo o violencia, según PALACIOS, se vio además reforzadapor los factores económicos subyacentes. La economía política venezolana,basada en las rentas del petróleo, contribuyó a la apuesta por un modelo deEstado nacionalista y proteccionista (petroestado). En contraste, el auge delcafé en Colombia propició un modelo internacionalista marcado por elliberalismo económico, que luego la economía del narcotráfico reforzó alobstaculizar aún más el control del campo económico por parte del Estado. Enotras palabras, la disyuntiva política se desdobló en una económica (y, desdeluego, a la inversa): “nacionalismo populista” o “internacionalismo liberal” .La importancia de esta perspectiva radica en que permitiría, si no desvirtuar,por lo menos matizar el mito de la robustez institucional democráticacolombiana, porque plantea la posibilidad de que la estabilidad del régimenhaya sido en realidad el resultado de la exclusión política. La compleja relacióncausal entre populismo, reformas sociales, ausencia de violencia política yproliferación de los golpes de Estado por el lado venezolano, que vivió bajo ladictadura una buena parte del siglo XX68. Y, por el lado colombiano, el fracasodel populismo y el reformismo social, su correlación con el aumento de laviolencia política y la escasez de golpes de Estado, plantea un interroganteinquietante : ¿el "respeto” por las instituciones democráticas colombianaspodría interpretarse como el síntoma del callamiento violento de las opciones























































67 MARCO PALACIOS. Parábola del liberalismo, Bogotá, Norma, 1999, pp. 266-283.68 Los dos dictadores venezolanos del siglo XX, JUAN VICENTE GÓMEZ y MARCOS PÉREZJIMÉNEZ, gobernaron respectivamente durante los períodos 1908-1935 y 1952-1958. ElCaracazo, que estalló a finales de febrero de 1989 como reacción a las medidas neoliberalesimplementadas por CARLOS ANDRÉS PÉREZ, fue seguido, tres años después, de un intentogolpista encabezado por los tenientes coroneles HUGO CHÁVEZ FRÍAS y FRANCISCO ARIASCÁRDENAS el 4 de febrero de 1992. Más recientemente, se registra el intento fallido de golpe deEstado contra CHÁVEZ de PEDRO CARMONA en abril de 2002.
  28. 28. reformistas como opción política (su exclusión incluso por vías institucionales,como ocurrió durante el Frente Nacional) y su confinamiento a las vías dehecho?ROLL parece confirmar esta hipótesis en su trabajo sobre la dinámica delcambio político en Colombia. En su entender, el principal problema del régimencolombiano es la “crisis de legitimidad”, cuya causa estructural es el“continuismo político” característico del sistema, que se manifiesta en lacapacidad del régimen para incorporar elementos tradicionales en lasinstituciones modernas. Continuismo político que en su entender es una formade conservadurismo que hace que las relaciones tradicionales de dominaciónsean capaces de adaptarse a los grandes cambios sociales, aun a pesar deresultar abiertamente incompatibles con las condiciones socioeconómicassubyacentes, y por ende frustráneas del desarrollo político. La persistencia deesta estructura arcaica de dominación, cuya principal manifestación durante elsiglo XX fue el bipartidismo, sería la explicación de los dos procesos de cambiomás importantes experimentados por el país en el siglo XX antes de laConstitución de 1991: el fracaso del impulso modernizador de “La Revoluciónen Marcha” que quiso adelantar el Presidente LÓPEZ PUMAREJO, pero se viofuertemente limitado a mediano plazo debido a la férrea oposición de lossectores más retardatarios del sistema político: el Partido Conservador, laIglesia, las élites económicas y el ala conservadora del partido Liberal; y elFrente Nacional, acuerdo de alternancia en el poder entre las élites políticaspara reemplazar el gobierno militar y ponerle freno a la violencia bipartidista.En lo que concierne al fracaso del gaitanismo, ROLL considera que: “No puede afirmarse que debido al asesinato del entonces principal líder y jefe del partido mayoritario se frustró nuevamente un proceso de modernización política que ya estaba en curso, porque Gaitán nunca llegó a gobernar como presidente. Pero su desaparición, y la ola de violencia que generó la misma, supusieron el fin de la única alternativa de cambio político innovador que pretendía adecuar las instituciones al acelerado proceso de modernización económica y social, que entonces estaba entrando
  29. 29. 69 en una segunda y más intensa etapa de expansión” .Desde una perspectiva que privilegia la democracia material, podría sostenersepor ejemplo que la dictadura de GUSTAVO ROJAS PINILLA (1953-1957) fue“menos antidemocrática” que el desastroso “régimen democrático del terror”impuesto previamente por LAUREANO GÓMEZ (1950-953). En otras palabras, queel disfraz democrático formal institucional colombiano pudo esconderrealidades autoritarias aún más despóticas que la única “dictadura populista”que padeció el país durante el siglo XX.Ciertamente, el golpe militar perpetrado el 13 de junio de 1953 por el generalROJAS PINILLA, según las célebres palabras de DARÍO ECHANDÍA no fue un golpede Estado sino un “golpe de opinión”, bien recibido por amplios sectores de lasociedad y el estamento colombiano. Tanto los liberales como losconservadores de oposición encabezados por MARIANO OSPINA, la Iglesia, elEjército, los gremios empresariales y la ciudadanía en general decidieronapoyar el cuartelazo, que enhorabuena frustró el proyecto de Estado fascistaque estaba impulsando GÓMEZ mediante una Asamblea Nacional Constituyentecuyo objetivo era aprobar una Constitución corporativista calcada del modeloespañol franquista, objeto de su admiración más profunda. Para la época,GÓMEZ era objeto del repudio de casi toda la sociedad colombiana, motivo porel cual la sucesión pudo hacerse en forma pacífica, enviándolo al exilio en laEspaña fascista.ABELLA narra el episodio como sigue: “El general ROJAS PINILLA marchó hacia Palacio. Las puertas estaban celosamente abiertas. Los ministros reunidos lo recibieron como una solución afortunada. Con la presencia de MARIANO OSPINA, fue aclamado presidente de la República y el país oyó la conocida frase: «¡No más sangre, no más depredaciones en esta Colombia inmortal!» La Asamblea Constituyente legitimó el golpe (…) El pueblo se movilizó unánime, en favor del mandatario con charreteras. Durante los primeros meses, gozó de amplio prestigio























































69 DAVID ROLL. Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia,Bogotá, ICFES, 1999, p. 16.
  30. 30. popular. Después fue decayendo la adhesión y tomando forma un movimiento decidido a 70 derrumbarlo” .El gobierno del general fue desde el comienzo legitimado por la AsambleaNacional Constituyente (ANAC), que consideró la presidencia vacante desde el13 de junio, legalizando así temporalmente el título de ROJAS hasta agosto de1954, mientras se lograban las “condiciones de orden público” necesarias pararealizar elecciones, y luego se lo extendió hasta marzo de 1957. De ahí lanecesidad de matizar los alcances de su mandato en términos de legitimidad: “El término «militar» que califica el gobierno de ROJAS requiere aclaraciones. La legitimidad inicial del régimen provino de su proyecto de pacificación y reconciliación nacional. ROJAS, el alto mando militar y la coalición ospino-alzatista controlaron el Estado y hasta mediados de 1955 contaron con el apoyo liberal y de la jerarquía eclesiástica. Si bien, en los últimos meses de la dictadura la oposición trató de separar al «usurpador» de las Fuerzas Armadas, durante todo el mandato gobernó en su nombre, con su estado mayor de generales y con su respaldo (…) El régimen no fue endureciéndose con el tiempo. La prensa, por ejemplo, gozó de libertad autocontrolada hasta mediados de 1954 y de nuevo desde octubre de 1956 hasta la caída del general (…) Hasta su 71 «autodisolución» en marzo de 1957, la ANAC legalizó todos los actos del gobierno” .Por su parte, el gobierno precedente de LAUREANO GÓMEZ72 no se caracterizópor su inclinación hacia la democracia. Durante su mandato, que inició bajo lamarca del Estado de sitio, se suspendieron las Cortes y se redujeron laslibertades civiles. Las denuncias de la oposición por abusos, asesinatos ymasacres cometidos por el oficialismo fueron una constante. La sistemáticaviolación de los derechos humanos por parte de la fuerza de civiles armados,auspiciada secretamente por el gobierno y conocida como “Policía Chulavita”,encargada de perseguir, asesinar y destruir las propiedades de los liberalesradicales y los comunistas (apodados “bandoleros”), en suma, laimplementación de un esquema general de represión contra los miembros del























































70 FÉLIX ABELLA. “Gustavo Rojas Pinilla. Indignidad y contrabando ganadero”, RevistaCredencial Historia, No. 19 (julio de 1991).71 MARCO PALACIOS (1995), cit., p. 213.72 En octubre de 1949, seis semanas antes de las presidenciales, GÓMEZ proclamó:“Permitamos que la nación sea salvada, aunque la democracia perezca en el intento”. VerALEXANDER WILDE (1978), cit., p. 56.
  31. 31. liberalismo y el Partido Comunista, desvirtuaron cualquier viso de democraciamaterial que hubiera podido tener ese gobierno.Pero ni siquiera desde una óptica meramente electoral podría considerarsedemocrático el período presidencial de LAUREANO GÓMEZ. Las elecciones que lollevaron al poder el 27 de noviembre de 1949 se vieron viciadas por la renunciadel candidato del liberalismo DARÍO ECHANDÍA debido a la falta de garantíaspara su seguridad personal73 y su partido, dejando a GÓMEZ sin oponente ycomo el único candidato que se presentó al sainete comicial.Resulta entonces apresurado reivindicar sin matices “la validez general delsistema electoral y sus instituciones”74 como prueba del gran apegodemocrático colombiano cuando, primero, un concepto tan rico y complejocomo la democracia mal puede agotarse en los avatares del sufragio sin caeren el electoralismo y, segundo, los procesos electorales y las sucesiones en elpoder han estado llenos de fraudes, restricciones y equívocos.En un texto de valor por su crítica sistemática de la visión pesimista que haprimado en la historiografía local, POSADA se propone “examinar la largatrayectoria de la tradición electoral del país como una forma de reivindicar lastradiciones democráticas colombianas”75, y de contera derrumbar el estereotiporeinante sobre la precariedad de nuestra democracia. El problema de estetrabajo es que, a pesar de su permanente esfuerzo de ponderación, no evitacaer justamente en el estereotipo contrario de la corpulencia democráticacolombiana, basado en la errónea identificación de lo que se denomina unafuerte “cultura electoral” (“una serie de prácticas alrededor del ejercicio del votocon el fin de formar gobiernos”76) con la calidad substantiva democrática.























































73 El 25 de noviembre cayó asesinado en Bogotá su hermano VICENTE ECHANDÍA en unabalacera (probablemente un atentado dirigido contra el líder liberal) contra la manifestaciónliberal pacífica que tuvo lugar a lo largo de la carrera 13, en protesta por la farsa electoral quese celebraría dos días después. Mientras para PALACIOS (1995, cit., p. 204) se trató de unataque de “la fuerza pública”, según la versión de APOLINAR DÍAZ (“Memorias actualizadas deun colombiano sentenciado a muerte”, Nueva Sociedad, No. 100, marzo-abril de 1989) un“pelotón de chulavitas” abrió fuego contra DARÍO ECHANDÍA y sus acompañantes.74 EDUARDO POSADA (2003), cit., p. 20.75 EDUARDO POSADA (2006), cit., p. 152.76 Ibídem, p. 155.
  32. 32. Desde esta óptica, la imagen de un país con una intensa actividad electoraldesde 1830, donde los ciudadanos han acudido a las urnas para elegirpresidente de la república y demás representantes populares más de 48 veces,bastaría para probar las bondades de la democracia.Se sostiene para defender la misma línea, por ejemplo, que: “A pesar de las repetidas guerras civiles del siglo diecinueve, sólo en una ocasión, como bien lo ha subrayado DAVID BUSHNELL, el gobierno constitucional fue derrocado como resultado de esos conflictos MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ, tras el levantamiento de 1859. Y sólo en una ocasión los militares se tomaron el poder en el siglo veinte bajo el 77 corto período de 1953-1957” .Sin embargo, este tipo de afirmaciones no supera el valor de un repasosuperficial de las estadísticas más escuetas de democracia formal. Urgeescudriñar las condiciones específicas reales de acceso al poder (eleccióndemocrática) y ejercicio de la democracia durante cada mandato (gobiernodemocrático), para poder formular generalizaciones bien fundamentadas.Para empezar, el conteo de BUSHNELL78, retomado en forma optimista porPOSADA79, carece de rigor. En su sentido amplio y genuino, esto es, sinreducirlo al golpe militar o cuartelazo, el Golpe de Estado80 (al igual que sucorolario necesario: el derrumbe del “gobierno constitucional” cuya supuestacontinuidad se defiende como signo distintivo de la fortaleza democráticacolombiana), debe entenderse como cualquier sucesión en el poder que seproduce sin respeto de las reglas constitucionales previstas para el efecto. Bajoesta definición, es posible contar al menos once golpes de Estado durante losdos siglos de vida republicana colombiana:























































77 EDUARDO POSADA (2003), cit., p. 15.78 DAVID BUSHNELL. “Politics and violence in nineteenth-century Colombia” en CHARLESBERGQUIST et al. Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective,Wilmington, Scholarly Resources, 1992, p. 11-30.79 Esta visión “positiva” de la democracia colombiana se encuentra en casi todos los trabajosdel mismo autor.80 La expresión viene del francés “Coup d’État”, que el Petit Robert define como “conquista otentativa de conquista del poder por medios ilegales, inconstitucionales”.
  33. 33. 1. El que dio SIMÓN BOLÍVAR (27 de agosto de 1828), después del fracaso de la convención de Ocaña, cuando se le proclamó dictador en el Acta de Bogotá. 2. El del General venezolano RAFAEL URDANETA (enero 10 de 1831) después del retiro de BOLÍVAR del Palacio de San Carlos. 3. El que le propinó el General JOSÉ MARÍA MELO (abril 17 de 1854) al General JOSÉ MARÍA OBANDO, su jefe y amigo, y desencadenó la guerra civil entre Gólgotas y Draconianos. 4. El que tuvo lugar el 23 de mayo de 1867, impulsado por MANUEL MURILLO TORO a la cabeza de los liberales radicales, contra TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA, para instalar en el poder a su segundo designado, el General SANTOS ACOSTA. 5. El de RAFAEL NÚÑEZ, el 10 de septiembre de 1885, cuando siendo ya Presidente de Colombia salió al balcón del Palacio de San Carlos y declaró: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir”. 6. El que JOSÉ MANUEL MARROQUÍN le dio el 31 de julio de 1900 al anciano presidente titular MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. 7. El del General RAFAEL REYES, quien a partir del 13 de diciembre de 1904 hizo a un lado la Constitución y las leyes, y comenzó a gobernar por decretos. 8. El golpe militar del General GUSTAVO ROJAS PINILLA contra LAUREANO GÓMEZ el 13 de junio de 1953La anterior enumeración de ÁLVAREZ81 hay que completarla con la precisión deque para la época del golpe a TOMÁS CIPRIANO, éste ya se había convertido endictador tras haber cerrado el Congreso en abril de 1867, “autogolpe” que debepor lo tanto sumarse al conteo de exabruptos políticos de la república. Igualocurrió con el autogolpe que se dio MARIANO OSPINA en 1949 (cuyo períodopresidencial en la mayoría de anales aún se registra como inmaculadamentedemocrático) con el fin de evitar el juicio político que intentó adelantarle la























































81 ANTONIO ÁLVAREZ. Los Golpes de Estado en Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1982.De los ocho golpes que registra, ÁLVAREZ considera que solo 5 pueden considerarseestrictamente tales pues, en su opinión, lo que él llama la “suspensión” de la Constitución quellevaron a cabo Bolívar, Núñez y Reyes, “pertenece a otro tipo de cambio político” (p. 27).
  34. 34. mayoría liberal en el Congreso, que lo llevó a disolverlo junto con lasAsambleas Departamentales, a modificar el sistema interno de votaciones en laCorte Suprema de Justicia y a censurar la prensa. Más recientemente hay queagregar el segundo período de ÁLVARO URIBE al catálogo de vergüenzasantidemocráticas, puesto que la reforma constitucional que permitió sureelección se consumó con la compra del voto a dos parlamentarios, es decir,mediante la comisión de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito yconcusión, circunstancia que como se vio anteriormente sumió en la ilegalidadel mandato presidencial 2006-2010.Para terminar de desvirtuar el mito del apego democrático, en lo que concierneal siglo pasado, es menester recordar los regímenes de fachada democráticapero de tinte abiertamente autoritario como el de LAUREANO GÓMEZ, y observarcon ojo crítico la democracia restringida de dieciséis años en el papel peroque alcanzó las tres décadas en la práctica que supuso la “democraciapactada” del Frente Nacional, carente de oposición, auténtica expresión de la“exclusión política constitucionalizada” y el gobierno oligárquico: “El período llamado del «frente nacional», previsto inicialmente para dieciséis años (entre 1958 y 1974) y luego prorrogado en su espíritu hasta 1990, no es propiamente un modelo aceptable de democracia, sino más bien un pacto de coalición permanente entre los dos partidos mayoritarios, para no competir por el poder, sino disfrutarlo por mitades 82 y excluir del mismo a todas las opciones diferentes” .Infortunadamente, los ejemplos de este tipo abundan a lo largo de la cacareada“tradición democrática” colombiana. Podría alegarse que una concepciónmaterial tan amplia conduciría a la adopción de definiciones maximalistas dedemocracia bastante discutibles83, pero justamente el estado actual del arte enmateria de análisis democrático así lo exige. Si en pleno siglo XXI siguieraprimando la concepción procedimental minimalista schumpeteriana84 que hizo























































82 NÉSTOR OSUNA. “Democracia y presidencialismo en Colombia en los primeros años del sigloXXI”, en PEDRO VANEGAS (Coord.). La democracia constitucional en América Latina y lasevoluciones recientes del presidencialismo, Bogotá, UEC, 2009, p. 134-135.83 Es justamente el reparo de Posada (2003), p. 20 y ·(2006), p. 151-154.84 JOSEPH SCHUMPETER definió la democracia como un sistema "for arriving at political decisionsin which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the
  35. 35. carrera desde los cuarenta, toda la teoría democrática material desarrollada enlos últimos años, que busca llenar de contenidos el proyecto global llamadodemocracia, no habría servido de nada. Mal habría hecho por ejemploFreedom House si en su última medición anual de los niveles globales delibertad y democracia hubiera considerado el Egipto de MUBARAK (donde serealizaban periódicamente elecciones) o la Venezuela de CHÁVEZ como“democráticos”. De ahí la distinción clave que prevalece en sus índices entremeras “democracias electorales” y países realmente “libres”85. Según elinforme de 2011, 25 países sufrieron retrocesos en el 2010, mientras apenas11 mostraron avances en sus niveles de libertad. La cantidad de paísescalificados como “libres” pasó de 89 a 87, y la de democracias electorales seredujo de 116 a 115 (del total de 194 países), cifra que no resulta alentadorateniendo en cuenta las 123 que había en 2005. Se trata del quinto añoconsecutivo durante el cual la libertad global sufrió un declive, el período máslargo de reflujo democrático en la historia del reporte, que se realiza desde1972. Aunque Colombia no cambió de estatus, recibió una “flecha ascendente”.Esto significa que a pesar de considerarse aún un país “parcialmente libre”, sele reconoce una tendencia hacia el perfeccionamiento democrático debido a un“equilibrio mejorado entre las tres ramas del poder público, y el fin de lasoperaciones de vigilancia que habían alcanzado a la sociedad civil y figuras delgobierno”86. Por otra parte, la elección del nuevo presidente JUAN MANUELSANTOS propició un “declive en la polarización política después de que elpresidente saliente ÁLVARO URIBE aceptó la decisión de la Corte Constitucionalque frustró su intento por alcanzar un tercer mandato”87.Por último, otros análisis sugieren que la “resistencia” de la democracia formalcolombiana se debe en buena medida a la delegación histórica implícita, eincluso a veces abiertamente consentida por el Estado, de la función de























































peoples vote" (Capitalism, Socialism and Democracy, 2nd ed., New York, Harper, 1947, p.269).85 Freedom House aclara en su website que la metodología del informe anual “no mideexplícitamente la democracia o el desempeño democrático”, sino los derechos y libertades queintegran las instituciones democráticas.86 FREEDOM HOUSE. “Freedom in the World 2011. The Authoritarian Challenge to Democracy”,p. 19.87 Ibídem, p. 7.
  36. 36. provisión de seguridad en actores privados. Las “comisiones mixtas de policíasy civiles” durante el período 1947-1953 y los “pájaros” entre 1953 y 1957, sonbuenos ejemplos de esta connivencia entre la fuerza pública y actores privadosal margen de la ley88, pactos ilegítimos de “pacificación” que redundaron enfavor de la estabilidad del régimen.El Frente Nacional, diseñado primordialmente para pacificar el país, si bienprodujo una reducción de los índices de violencia gracias a logros parciales enlos intentos de institucionalización, en otras palabras de “desprivatización” deluso de la fuerza, soportados en buena parte en el fortalecimiento de las fuerzasarmadas, fue también el germen de una nueva etapa de violencia debido a laexclusión, en el pacto bipartidista, de fuerzas políticas distintas de los dospartidos tradicionales.Fue así como después de un período de relativa baja violencia que corroboranlas estadísticas (1958-1978), desde fines de los setenta el germen pelechó,creció la amenaza de los actores armados y la efervescencia social, y entoncesrevivió la estrategia de delegar la seguridad en los actores privados: elcontubernio entre fuerzas legales e ilegales que esta vez, empero, no estaríanorganizadas dentro de partidos sino dentro de carteles del narcotráfico, con unescandaloso flujo de dinero y una enorme capacidad corruptora; esenarcotráfico también alcanzará luego a los grupos subversivos.Esta compleja tensión entre la institucionalidad y la delegación en actoresprivados del ejercicio de la fuerza, podría además interpretarse como elantecedente histórico del fenómeno paramilitar.IV. Necesidad de un modelo de análisis transversalA esta altura ya debe estar claro que no utilizaré adjetivos para calificar lademocracia colombiana, ni buscaré posicionarla con respecto a un ideal tipo























































88 Para esta tesis se puede leer a CARLOS MIGUEL ORTIZ. Estado y subversión en Colombia: laviolencia en el Quindío, años 50, Bogotá, Fondo Editorial CEREC, 1985.
  37. 37. inspirado en los estándares de los países desarrollados. Sin caer en unparticularismo extremo como el propuesto por GEERTZ89, que al recuperar lasingularidad irreductible del estudio de caso anula la posibilidad de cualquiercomparación, hay que reconocer que aunque es pertinente medir ciertosindicadores de problemas comunes a las democracias contemporáneas (comolo hace Freedom House en su informe anual sobre niveles de libertad ydemocracia en el mundo), el mayor potencial descriptivo de las cienciassociales emana de la aproximación interdisciplinaria a las particularidadesdemocráticas de cada Estado.Democracia y violencia: ¿cómo se entrelazan estas dos realidades? ¿Cómodiscernirlas y luego relacionarlas sin caer en generalizaciones gratuitas nicaricaturas? Desde un punto de vista metodológico, el reto consiste en lograr elperfecto balance entre el peso del componente institucional democrático y elsociológico violento para incorporarlos en un análisis con alto valor explicativo.Más que imponer epítetos, la tarea fundamental del investigador debe serpreguntarse por las condiciones que han permitido esta dinámica decoexistencia entre democracia y conflicto armado, bajo un marco de análisisnecesariamente pluridisciplinario. Con excepción de algunos trabajos, como elde PALACIOS, que aunque resulta altamente especulativo (¿cómo demostrarcientíficamente el vínculo causal entre ausencia de populismo y proliferación dela violencia política? ) por lo menos incorporaneconomía, política e historia enla dialéctica democrática, el grueso de los estudios sobre la democraciacolombiana ha soslayado la tarea de diseñar un modelo de análisis integradode todos los factores en juego. Juristas, economistas, politólogos, sociólogos ehistoriadores suelen confinarse a los límites y herramientas de su disciplina,dando versiones obligatoriamente miopes de un objeto difícil de observar. Parasolo mencionar dos vicios recurrentes: el déficit de aparatos analíticos en loshistoriadores se corresponde con la ausencia de anecdotismo en lospolitólogos.























































89 CLIFFORD GEERTZ. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, en TheInterpretation of Cultures: Selected Essays, Nueva York, Basic Books, 1973, p. 26.

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