¡Histórica sentencia contra el feminismo, del Tribunal Europeo de Estrasburgo, condenando al Estado Italiano, por el secuestro de nuestros hijos!

4,917 views

Published on

¡La histórica Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo, contra el feminismo, y el mito, y la gran mentira del femicidio, o feminicidio, condenado al Estado Italiano, por la violación de los derechos humanos, por el secuestro de nuestros hijos!

¡Tal y como también será condenado el Estado y el Gobierno Español, y el Reino de España, por mi propia denuncia por la violación de los derechos humanos, por la incomunicación con mi hijo, y por mi exilio forzoso!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
880
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

¡Histórica sentencia contra el feminismo, del Tribunal Europeo de Estrasburgo, condenando al Estado Italiano, por el secuestro de nuestros hijos!

  1. 1. ¡Histórica sentencia contra el feminismo, del Tribunal Europeo de Estrasburgo, condenando al Estado Italiano, por el secuestro de nuestros hijos!
  2. 2. ¡La histórica Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo, contra el feminismo, y el mito, y la gran mentira del femicidio, o feminicidio, condenado al Estado Italiano, por la violación de los derechos humanos, por el secuestro de nuestros hijos! ¡Tal y como también será condenado el Estado y el Gobierno Español, y el Reino de España, por mi propia denuncia por la violación de los derechos humanos, por la incomunicación con mi hijo, y por mi exilio forzoso! La palabra “femicidio”, o “feminicidio”, significa que: ¡TODOS los hombres son asesinos, y que TODAS las mujeres son víctimas! ¡Las cifras de asesinatos a manos de hombres por mujeres, son similares, a los asesinatos de mujeres por hombres...! Si las cifras de asesinatos son similares, entonces: ¿No debería existir una ley llamada "masculicio" o "masculinicio"? ¡Es un "eufemismo", un mito, una falacia, y una gran mentira que TODOS los hombres son femicidas o feminicidas, y que TODAS las mujeres son víctimas...!
  3. 3. ¡Es una gran mentira que la violencia lo es por el género...! ¡La violencia lo es de las personas, una por una...! El femicidio es un eufemismo de las feminazistas, que hacen un uso espúreo y desvirtuado de la ley, por su racismo y xenofobia hacia los padres, por su condición de hombres. Son homicidios, palabra que ya existe en castellano, y que ha sido suprimida y forcluída por el feminismo: ¡Porque ni todos los hombres son asesinos, ni todas las mujeres son víctimas...! ¡Femicidio es una falacia y una gran mentira del feminismo, por copar al precio que sea, todo el poder mediático y político, y masacrar, vilipendiar, y perseguir, a todos los padres, sólo por su condición de hombres...! Y se persigue a los padres, no sólo por su condición de hombres, sino también por “el negocio”: El Estado Español recibe 30.000 euros por cada denuncia, sea falsa o no; lo que totaliza un total de 30.000 mil millones de euros recibidos de la UE, que se distribuyen, no en las mujeres reales maltratadas, sino en las asociaciones feministas, y según el número de denuncias (¿falsas?), que logren hacer...
  4. 4. ¡El Tribunal de Justicia Europeo de Estrasburgo, acaba de condenar al Estado Italiano, por la violación de los derechos humanos, por la incomunicación de un padre con su hijo, tesis y acciones, que mantienen y realizan las feministas, y que se practica todos los días en España, haciendo ya a un millón de niños huérfanos de padre, como en el caso de mi propio hijo...! Lo que ocurre en casi todos los juzgados de España en centenares de miles de casos. ¡Lean a continuación!: Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), Caso Lombardo C., Italia, sentencia de 29 de enero de 2013: “Italia ha vulnerado el derecho del padre al respeto de su vida familiar garantizado por el artículo 8 del Convenio: “90. Así, en lugar de tomar las medidas que permiten la ejecución del derecho de visita del demandante, el tribunal se limitó a tomar nota de la situación del niño, y a ordenarles repetidas veces a los servicios sociales mantener el programa de apoyo psicológico, colocado primero para la madre, luego para el niño.” El texto completo de la sentencia, sólo en idioma Francés (o Italiano), está disponible en el enlace, y lo adjunto más abajo, al final del escrito: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx# {“itemid”:["001-116125"]}
  5. 5. ¡Para los padres separados y divorciados, el tribunal de la UE se convierte en el último recurso! A continuación, las declaraciones al respecto, del Vice-Presidente de la Corte Europea de los derechos del Hombre, Guido Raimondi: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/201302-01/padri-separati-corte-diventa-210147.shtml? uuid=AbWd9RQH Padres Separados: La Corte de la Unión Europea es el último lugar de recursos judiciales, y habrá un aluvión de causas judiciales, por demandas similares. por Marina Castellaneta 1 febrero de 2013 El Estado debe garantizar el derecho a ver a los Hijos Habla el Vice-Presidente de la Corte Europea de los derechos del Hombre:
  6. 6. “A pesar de las dificultades, el Estado debe actuar con eficiencia y diligencia en el garantizar al padre, la posibilidad de ver los hijos. Para los menores y para el progenitor, el derecho aplazado es, de hecho, un derecho negado y perdido para siempre...” El Vice-Presidente de la Corte Europea de los derechos del Hombre, Guido Raimondi, invita a no “perder el tiempo” sobre los derechos humanos, y a poner en acción Reformas Estructurales. Italia continuará llevándose a casa, las condenas. Y no solo por las violaciones a los derechos humanos de “serie B”, como la lentitud de los procedimientos, como el no logrado (fallido) respecto de aquellos de “serie A”: por la dramática violación del derecho a la vida familiar, confirmada con la última condena por haber privado al padre, de su derecho de ver a su hija. Este es un problema que no solo concierne a Italia, y no es de fácil solución, porque nace de la voluntad obstinada del progenitor autorizado. Son historias muy tristes, y la Corte se da cuenta de la dificultad de manejar estas situaciones, excluyendo obviamente el uso de la fuerza.
  7. 7. Pero es necesario proteger sobretodo el derecho del niño a la bi-progenitualidad, prevista por la convención de Nueva York. Por eso, realmente dándose cuenta de la dificultad, los jueces de Estrasburgo piden eficiencia y diligencia. El paso del tiempo priva al niño y al progenitor de un derecho que no viene aplazado, pero sí de hecho negado. Somos los peores en Europa, con la excepción de Rusia y Turquía, que se emplazan también en lo peor de la clasificación, que emerge del “Raporto 2.012” de los países menos virtuosos. ¿Serviría un cambio de dirección en la Justicia? Cuanto ha sido hecho por el Gobierno de Monti, va en la justa dirección. Me refiero al filtro en llamado, como a la nueva geografía judicial. Los resultados se verán, pero a largas distancias. Desde luego no basta. El alto comisario por los derechos humanos del Consejo de Europa, Nil Muiznieks, en ocasión de su visita a Italia, ha hablado de las presiones corporativas que, desde hace 40 años inciden sobre el funcionamiento de la justicia. ¿Es el motivo por el cual no se logra hacer más?
  8. 8. Que sean unos intereses consolidados que se oponen a reformas más valientes, es un dato de hecho. Los cambios mayores llegan desde el “derecho viviente”. Recientemente la Corte de Casación, ha confirmado el derecho de una madre homosexual, que convive con otra mujer, a tener consigo el hijo. Los jueces de plaza Cavour acortan las distancias con las de Estrasburgo. La Corte Europea de los Derechos del Hombre, se ha enfrentado desde hace tiempo con el problema, aparte de los diversos casos pendientes, de los cuales no puedo hablar. El Presidente de la corte de Estrasburgo, ha anunciado el proyecto, a realizar gracias al Fondo, de hacer traducir las Sentencias en varias lenguas. Puede ser útil para hacer que las decisiones vengan aplicadas en varios países. Ojalá las entiendan mejor. Sería un paso fundamental para hacer penetrar la jurisprudencia en la Corte de los distintos Estados. Desde luego, en el caso de las condenas para Italia por la lentitud de los procedimientos, se trata de un problema de sistema, y esto creo que lo hemos entendido todos. También los no juristas. Verdad que estamos entre los peores. Un límite importante en todo esto está también en la Corte de la Unión Europea, que parece poner el acento más sobre el derecho del padre a ver los hijos, que sobre aquel de los hijos a ser atendidos y educados por la figura paterna.
  9. 9. ¡Y cuando este avión despegaba de Barajas, en España, alejándome de lo que más quería en el mundo, mi adorado niño murciano, viendo a mis pies la Autopista del Mediterráneo, la Autopista de Castellón, Alicante, Valencia, y Murcia...!
  10. 10. Y cuando este avión despegaba de Barajas en España, alejándome de lo que más quería en el mundo, mi adorado niño murciano, viendo a mis pies la Autopista del Mediterráneo, la Autopista de Castellón, Alicante, Valencia, y Murcia... Y mientras que se me caían las lágrimas por el rostro, tantas como las que se le cayeron a mi niño, al despedirse de mí... Yo no quería seguir volando en este avión, pero tenía que seguir mi destino, buscando un nuevo futuro y una nueva vida, lejos de mi niño pequeño, en el exilio, lejos de España... Pero, no pude prometerle, no pude a pesar de sus abundantes lágrimas... No pude prometerle que volvería... Nino Bravo "Un beso y una flor". http://www.youtube.com/watch?v=r-OvqPW3j6c Y sólo pude prometerle a mi niño, que le escribiría un libro, para que supiera quién era, de donde venía, cuáles eran sus raíces... Un libro para insertarlo en el mundo... Y terminé así, escribiéndole cinco libros, cada uno del tamaño de un Quijote, con más de trescientas cincuenta mil palabras, y más de tres mil quinientas páginas...
  11. 11. Pero mi niño aún no sabe, de todo lo que le conté... Y tal vez sólo llegue a saberlo, póstumamente... La justicia es tan lenta, que probablemente mi niño habrá cumplido ya la mayoría de edad, cuando venga a resolver... No me preocupa ahora verlo, o hablar con mi niño, por mí, sino por él... Lo dejé con solo 6 años, y ahora entra en la adolescencia... Mi lucha no es ya por mi hijo, que quedó huérfano de su padre, cuando más lo necesitaba... Mi lucha es por el millón de niños en España, huérfanos aunque sus padres pagan las pensiones alimenticias, huérfanos por el perjurio de sus madres, y la prevaricación de la justicia... Solo quiero, que no haya nunca más, otro niño más, sin padre, como mi propio hijo... Lea todos mis libros gratis, con la historia completa, que escribí para mi niño... Si lee mi primer libro, verá cómo nada, ni nadie, podrá compensarle nunca, las muchas lágrimas que derramó por su orfandad...
  12. 12. Soy escritor por él, él es mi musa... Soy un buen escritor, por él, porque tuve que aprender a escribir, como el mejor de los escritores, para contarle, porqué se quedó sin un padre... Un pastor protestante, y yo soy Católico, me dijo, con gran sabiduría, que Dios siempre nos escuchaba, sólo que a veces tardaba, la vida misma... ¡Lea mis libros...! Lea todos mis libros gratis, en cualquiera de estos dos enlaces: http://es.scribd.com/collections/4086935/Trilogia-deLa-Promesa-I-II-y-III http://www.slideshare.net/fcerong/documents? order=popular Mi respuesta a la Carta, de la Hermana Directora, del Colegio de la Consolación de Murcia, España, adonde asiste mi hijo, Daniel Cerón Escudero. http://es.scribd.com/doc/164110466 http://www.slideshare.net/fcerong/mi-respuesta-a-lacarta-de-la-hermana-directora-del-colegio-de-laconsolacion-de-murcia-adonde-asiste-mi-hijo-daniel-ceronescudero
  13. 13. ¡Mi denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, por la violación de los derechos humanos, por la incomunicación con mi hijo, y mi exilio forzoso! http://www.scribd.com/doc/187219287 http://www.slideshare.net/fcerong/denuncia-ante-eltribunal-europeo-de-derechos-humanos-por-laincomunicacion-con-mi-hijo ¿Por qué la violencia de género del Estado en España hacia los padres? http://es.scribd.com/doc/202323306 http://www.slideshare.net/fcerong/el-porque-de-laviolencia-institucionalizada-del-estado-espaol-comoviolencia-de-genero-hacia-los-padres-por-su-condicion-dehombres-y-hacia-los-hijos-por-su-condicion-de-indefensos Las instrucciones para redactar una denuncia, por la violación de los derechos humanos, por el secuestro de nuestros hijos, ante el Tribunal Europeo. http://es.scribd.com/doc/194407606 http://www.slideshare.net/fcerong/las-instruccionespara-redactar-una-denuncia-por-la-violacion-de-losderechos-humanos-por-el-secuestro-de-nuestros-hijosante-el-tribunal-europeo
  14. 14. España: ¡La violencia institucionalizada del Estado! Conversación con la escritora, Rosa Montero... ¡Y la alienación feminista, por mi denuncia, ante el Tribunal Europeo de Justicia, pidiendo la revocación de la LIVG, Ley Integral de la Violencia de Género! http://es.scribd.com/doc/201221198 http://www.slideshare.net/fcerong/la-alienacionenloquecida-de-las-feministas-por-mi-denuncia-en-europapidiendo-la-revocacion-de-la-livg ¡Segunda queja al Defensor del Pueblo de España, por la incomunicación con mi hijo pequeño...! http://es.scribd.com/doc/141920485 http://es.slideshare.net/fcerong/queja-al-defensor-delpueblo-de-espana-por-la-incomunicacion-con-mi-hijo15376105 ¡La respuesta inesperada del Congreso de los Diputados de España, acudiendo a mi petición de justicia, desde el fin del mundo...! http://es.scribd.com/doc/149071568 http://es.slideshare.net/fcerong/peticion-de-asistenciade-justicia-al-colegio-de-abogados-de-murcia-en-espana
  15. 15. ¡Carta al Santo Padre, Francisco, pidiendo justicia divina para con mi hijo pequeño...! http://es.scribd.com/doc/130597375 http://es.slideshare.net/fcerong/carta-al-santo-padrefrancisco-i-francesco-i-pidiendo-justicia-divina-para-con-mihijo-pequeno Mi petición, al Papa Francisco: ¿Podría S.S., hacerle llegar este mensaje, a mi hijo huérfano? http://es.scribd.com/doc/205313097 http://www.slideshare.net/fcerong/mi-mensaje-al-papafrancisco
  16. 16. DEUXIÈME SECTION AFFAIRE LOMBARDO c. ITALIE (Requête no 25704/11)
  17. 17. ARRÊT STRASBOURG 29 janvier 2013 DÉFINITIF 29/04/2013 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
  18. 18. 18 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE En l’affaire Lombardo c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Danutė Jočienė, présidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 décembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 25704/11) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Sergio Lombardo (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par Me G. Vaccaro, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par son ancienne coagente, Mme S. Coppari. 3. Dans sa requête, le requérant se plaignait en particulier d’une violation de son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. 4. Le 25 août 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6. De la relation du requérant avec A.D. naquit un enfant, S., le 31 mars 2001. Le 29 janvier 2003, en raison des conflits incessants déchirant le couple, A.D. quitta le requérant et la ville de Rome et emmena
  19. 19. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 19 sa fille vivre auprès de sa famille, à Termoli. Dès son départ, A.D. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et S. A. Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de sa fille 7. Le 26 février 2003, A.D. demanda au tribunal pour enfants (ci après « le tribunal ») de Rome la garde de S. 8. Par une décision du 9 juillet 2003, le tribunal de Rome confia la garde exclusive de l’enfant à A.D. et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi par semaine, d’un week-end sur deux sans hébergement jusqu’aux trois ans de l’enfant, de trois jours à Pâques, de six jours à Noël et de dix jours pendant les vacances d’été. 9. Le 20 août 2003, en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le juge des tutelles de Termoli. Il se plaignait de n’avoir pu rencontrer sa fille qu’une seule fois, le 25 juillet 2003, pendant quelques minutes et en présence de la mère et de l’oncle de l’enfant, et demandait le respect de son droit de visite. 10. Le 13 octobre 2003, le juge des tutelles confirma le décret du tribunal de Rome et précisa que les rencontres devaient avoir lieu dans les locaux des services sociaux de Termoli en présence d’un assistant social et de la mère de S. 11. Le 27 novembre 2003, le requérant saisit à nouveau le juge des tutelles pour demander la mise en place des rencontres sous surveillance. Le 23 décembre 2003, le juge des tutelles confirma la décision du 13 octobre 2003. 12. Le 26 janvier 2004, toujours en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit une troisième fois le juge des tutelles, lequel, par une décision du 13 mars 2004, confirma les décisions précédentes. 13. Le requérant affirme que, entre 2003 et 2004, la mère, qui aurait été présente lors des rencontres, menaçait S. de l’abandonner si jamais elle disait préférer rester seule avec son père. 14. Entre-temps, le requérant avait attaqué le décret du tribunal de Rome du 9 juillet 2003 devant la cour d’appel de Rome. Il demandait la garde de S. et, à défaut, un élargissement de son droit de visite. L’expert nommé par la cour d’appel releva qu’il y avait une forte résistance de A.D. aux rencontres entre le requérant et l’enfant et que c’était grâce à lui-même et à ses collaborateurs que certaines rencontres avaient pu se dérouler de manière positive sans la présence de la mère. Il indiqua qu’en revanche les services sociaux de Termoli n’avaient jamais travaillé en vue de faciliter ces rencontres et qu’ils avaient laissé la mère assister aux rencontres père-fille. 15. Par un décret du 19 octobre 2004, la cour d’appel ordonna que les rencontres eussent lieu sous surveillance dans les locaux des services sociaux de Campobasso à raison de trois après-midi par mois.
  20. 20. 20 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 16. Le 30 mars 2005, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Campobasso. Il y exposait qu’il n’avait pu rencontrer sa fille que très rarement et que le décret de la cour d’appel n’était pas respecté, et il demandait la garde de l’enfant. 17. Par un décret 19 juillet 2005, le tribunal de Campobasso limita l’autorité parentale de la mère, confia la garde de l’enfant aux services sociaux avec maintien du placement de l’enfant au domicile de sa mère, afin que ces services pussent veiller à ce que l’enfant construise une relation équilibrée avec son père. Le tribunal releva également qu’à la date du 3 juin 2005 seules sept rencontres sur les dix-neuf rencontres organisées avaient eu lieu, que A.D. n’avait pas permis au psychologue nommé par le tribunal de voir l’enfant, que son comportement visait à l’effacement de la figure du père et que les services sociaux, dans leur rapport du 6 juin 2005, avaient pris en compte seulement les déclarations de la mère et ignoré la version des faits du requérant. 18. Il ressort des documents présentés par le Gouvernement que, entre août 2005 et décembre 2005, sur les seize rencontres organisées par les services sociaux, le requérant n’a rencontré sa fille que dix fois. 19. Entre janvier et février 2006, les rencontres programmées n’eurent pas lieu au motif que A.D. ne s’était pas présentée. 20. Par un décret du 8 mars 2006, le tribunal de Campobasso enjoignit à A.D. de ne pas faire obstacle à l’exercice par le requérant de son droit de visite. Il releva que A.D. empêchait le déroulement des rencontres et que, en particulier, aucune rencontre n’avait eu lieu en août. Il ordonna, en outre, que les rencontres qui n’avaient pas eu lieu entre 2005 et 2006 fussent organisées par les services sociaux de Termoli dans leurs locaux en présence d’un psychologue différent. 21. Le 11 avril 2006, les services sociaux informèrent le tribunal que, entre le 10 janvier et le 21 mars, le psychologue n’avait pu rencontrer l’enfant que cinq fois, et ce en présence de la mère, et que S. ne voulait pas entendre parler de son père. 22. Le 27 mai 2006, le tribunal de Campobasso constata que le décret du 8 mars 2006 n’avait pas été respecté et que la mère avait sciemment œuvré à couper toute relation entre le père et S. Il enjoignit aux services sociaux de Termoli d’organiser les rencontres qui avaient été ordonnées et qu’ils n’avaient pas mises en œuvre. 23. En juin 2006, le requérant rencontra le psychologue des services sociaux, mais A.D. ne se présenta pas au rendez-vous et n’y conduisit pas S. 24. Le 26 septembre 2006, le psychologue des services sociaux déposa un rapport sur la situation de l’enfant. Il y indiquait que, entre juin et septembre, sur les dix-sept rencontres prévues, seules douze avaient eu lieu. Il notait que S. n’acceptait pas son père et que celui-ci se montrait très critique et très rigide dans ses rapports avec les services sociaux. La mère de l’enfant aurait avoué ne jamais parler du requérant à S. au motif qu’elle ne
  21. 21. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 21 voulait pas traumatiser l’enfant car celle-ci aurait été trop jeune pour comprendre la situation. Le psychologue ajoutait que, tout en manifestant une grande empathie et une grande attention envers S., la mère ne coopérait pas au développement de la relation père-fille. 25. Le 6 novembre 2006, le psychologue chargé d’une expertise par le tribunal rendit un rapport dans lequel il suggérait que la mère de l’enfant suivît un programme de soutien psychologique et que les modalités de garde de l’enfant fussent modifiées si le droit de visite du requérant n’était pas respecté. 26. Le 15 décembre 2006, le tribunal, se fondant sur ce rapport, ordonna à la mère de l’enfant de suivre le programme conseillé par le psychologue. Entre 2006 et 2007, le requérant ne rencontra l’enfant qu’à quelques reprises et seulement pendant quelques minutes chaque fois en raison de l’hostilité de A.D. à ces rencontres. 27. Par un décret du 9 février 2007, le tribunal ordonna à A.D. de poursuivre son programme de soutien psychologique et de permettre la mise en œuvre des rencontres entre le requérant et S. 28. Le 30 mai 2007, le requérant déposa un nouveau recours devant le tribunal de Campobasso. Il dénonçait le non-respect de son droit de visite dont il attribuait la cause au refus de la mère et à l’inaction des services sociaux. Il soulignait le changement d’attitude de S. qui, auparavant disposée à le rencontrer, serait devenue agressive à son égard. Il demandait, en outre, la garde de l’enfant. 29. Le 17 juillet 2007, le tribunal confirma que les rencontres entre le requérant et S. devaient avoir lieu à Campobasso et que A.D. devait poursuivre son programme de soutien psychologique. En août 2007, le requérant rencontra S. quatre fois. 30. Le 10 décembre 2007, le tribunal de Campobasso releva que A.D. bénéficiait d’un programme de soutien psychologique et l’invita à le poursuivre. Il ordonna une garde conjointe de l’enfant et chargea les services sociaux d’organiser chaque mois trois rencontres à Termoli et une rencontre à Rome en présence d’un assistant social. Il enjoignit à A.D. d’encourager l’enfant à rencontrer le requérant. 31. Les services sociaux n’organisèrent qu’une seule des rencontres prévues à Rome. 32. Le 1er juillet 2008, le requérant attaqua le décret du 10 décembre 2007 devant la cour d’appel. 33. Il exposait que S. avait subi un dommage irréparable compte tenu de la résistance particulièrement obstinée qu’aurait manifestée la mère et demandait que l’enfant pût vivre à Rome. La cour d’appel chargea un expert de réexaminer la situation de l’enfant. L’expert conclut que l’enfant souffrait d’une dépression infantile et il souligna la nécessité pour elle de renouer les liens avec son père. 34. Par un décret du 27 juin 2009, la cour d’appel de Campobasso
  22. 22. 22 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE confirma le décret du tribunal et ordonna aux services sociaux de mettre en œuvre le droit de visite tel que défini. 35. Pendant l’été 2009, le requérant passa un après-midi avec S. à la plage, en présence de l’expert nommé par la cour d’appel pour convaincre A.D. Par la suite, il y eut quelques rencontres en présence de la mère. 36. Le 20 août 2009, les services sociaux informèrent la cour d’appel qu’aucune rencontre n’avait été organisée à Rome et que le père avait passé des week-ends à Termoli pour pouvoir être près de sa fille. Ils expliquèrent que l’enfant avait peur que le père pût l’éloigner de sa mère et ils demandèrent au tribunal de veiller au bien-être de l’enfant qui aurait été traumatisée par une prétendue agression du requérant lors d’une des rencontres. 37. Par un décret du 5 novembre 2009, le tribunal de Campobasso rappela une nouvelle fois la nécessité pour toutes les parties de donner exécution au décret précédent du 27 juin 2009. Il suggéra de mettre en place un soutien psychologique pour l’enfant afin de vaincre sa résistance aux rencontres avec son père. 38. Le requérant prit contact avec les services sociaux pour se plaindre de l’absence d’assistant social lors des rencontres. Dans un rapport déposé le 14 janvier 2010, les services sociaux affirmèrent que, faute de personnel disponible le samedi et le dimanche, ils n’avaient pas pu assurer la mise en œuvre des rencontres. 39. Le 24 février 2010, le procureur de la République près le tribunal pour enfants de Campobasso demanda la suspension des rencontres entre le requérant et l’enfant. 40. Le 13 mai 2010, le tribunal de Campobasso rejeta la demande du procureur, arguant qu’une telle décision aurait eu pour effet d’annuler le travail accompli pendant plusieurs années et de renforcer la relation conflictuelle existant entre les parents. Il chargea les services sociaux de mettre en place un programme de soutien psychologique pour S. et d’assurer la mise en œuvre du droit de visite. 41. Entre mai et novembre 2010, malgré les demandes adressées par le requérant aux services sociaux, aucune rencontre ne fut organisée. 42. Le 9 août 2010, le requérant demanda au tribunal de faire respecter le décret précédent et d’intervenir afin qu’il pût rencontrer sa fille. 43. Par une note du 24 août 2010, le tribunal de Campobasso confirma aux services sociaux de Termoli qu’aucune suspension des rencontres n’avait été décidée et que, par conséquent, celles-ci devaient avoir lieu selon les modalités déjà établies par la cour d’appel en juin 2009. 44. Par un décret du 27 octobre 2010, le tribunal observa que les rapports entre le requérant et S. étaient interrompus de facto, et que cela nuisait à l’enfant, mais constata que le décret précédent de la cour d’appel du 25 juin 2009 concernant le droit de visite n’avait pas été modifié. 45. Le 3 janvier 2011, les services sociaux de Termoli firent parvenir au
  23. 23. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 23 tribunal de Campobasso un rapport actualisé sur la situation de l’enfant. Ils l’informèrent notamment que la mère était disposée à coopérer et que le père faisait preuve d’une attitude polémique néfaste pour l’enfant. 46. Le 17 janvier 2011, les services sociaux informèrent le tribunal que l’enfant poursuivait son programme de soutien psychologique et qu’elle refusait de parler de son père. Le psychologue informa également le tribunal qu’il n’était pas possible d’organiser une rencontre avec le père nonobstant les convocations écrites qui lui auraient été adressées. 47. Le 21 janvier 2011, les services sociaux invitèrent les deux parents de l’enfant à fixer le calendrier des rencontres. Le requérant, qui avait subi une opération, ne se présenta pas. 48. Le 12 avril 2011, les services sociaux informèrent le tribunal qu’au mois de mars 2011 le requérant ne s’était pas présenté aux rencontres fixées. 49. Par un rapport déposé le 3 octobre 2011, les services sociaux informèrent le tribunal que l’enfant acceptait de voir son père et que, pendant l’été, les rencontres prévues avaient bien eu lieu. 50. Par un décret du 17 novembre 2011, le tribunal de Campobasso releva que dans la dernière période la mère n’avait pas fait obstacle aux rencontres et que le parcours phycologique suivi par l’enfant était positif. Constatant qu’aucune autre demande n’avait été présentée par les parents, il ordonna aux services sociaux de veiller à ce que l’enfant poursuive son programme de soutien psychologique et classa la procédure. A. Procédures pénales engagées contre A.D. 51. Le 28 mai 2007, A.D. fut condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis pour inexécution des décisions du tribunal concernant le droit de visite. 52. Le 12 octobre 2010, elle fut condamnée pour calomnie et diffamation à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis. 53. Le 17 janvier 2011, elle fut condamnée à une amende pour inexécution des décisions du tribunal pour enfants. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 54. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale au motif que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal pour enfants fixant les conditions d’exercice de son droit de visite, il n’aurait pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2003. Il reproche aux services sociaux d’avoir usé d’une trop grande autonomie dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants et à celui-ci de n’avoir pas
  24. 24. 24 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE exercé, comme il en aurait eu l’obligation, un contrôle constant sur le travail des services sociaux afin que le comportement de ceux-ci ne fît pas échec aux décisions du tribunal. Il dénonce, en outre, l’attitude de complète inertie dont auraient fait preuve les services sociaux, parfois pendant de longues périodes, alléguant qu’ils laissaient à la mère de l’enfant la tâche qui aurait été la leur de gérer les rencontres avec l’enfant. Enfin, le requérant souligne que l’écoulement du temps a eu des conséquences très graves pour sa relation avec S. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 55. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. A. Sur la recevabilité 56. Le Gouvernement soutient que la présente requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait dû saisir le juge des tutelles. Celui-ci serait spécialisé dans l’exécution des mesures pour la protection de la famille et pourrait, en cas d’obstacle à l’exercice du droit de visite, demander l’intervention de tout organe ou institution apparaissant comme nécessaire à l’exécution de la mesure. 57. De plus, le Gouvernement conteste que la décision interne définitive dans cette affaire soit le décret du tribunal pour enfants de Campobasso du 27 octobre 2010, car le tribunal aurait prononcé un non-lieu (non luogo a procedere) au motif que le fait constitutif de la demande, notamment la suspension des visites à l’enfant, n’existait pas. Le tribunal aurait en effet noté qu’aucune suspension du droit de visite n’avait été ordonnée. 58. Indiquer le décret du 27 octobre 2010 comme décision interne définitive permet, selon le Gouvernement, de contourner les obligations prévues par l’article 35 § 1 de la Convention. 59. Le requérant réplique que, en 2003 et en 2004, il a saisi à trois reprises le juge des tutelles de Termoli (paragraphes 9-13 ci-dessus). Par trois décisions, le juge des tutelles aurait ordonné que les rencontres pèrefille se déroulent dans les locaux des services sociaux de Termoli. Ces décisions n’auraient pas été mises en œuvre et les structures publiques auraient fait preuve d’une indifférence totale à cet égard. 60. Quant au décret du 27 octobre 2010, le requérant indique que le tribunal s’est borné à ordonner aux parents de l’enfant d’exécuter le décret de la cour d’appel du 25 juin 2009. Il ajoute que cette décision est intervenue au bout de nombreux mois durant lesquels il n’aurait eu aucune nouvelle de sa fille. Selon le requérant, le décret du 27 octobre 2010 a
  25. 25. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 25 représenté une occasion perdue pour les juridictions internes d’intervenir concrètement pour remédier à la violation de ses droits fondamentaux. 61. S’agissant du premier volet de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note tout d’abord que le requérant s’est adressé au juge des tutelles à trois reprises et que cela a été mentionné par le Gouvernement lui-même dans ses observations complémentaires sur la recevabilité de la requête. Le juge des tutelles a ordonné que les rencontres eussent lieu dans les locaux des services sociaux de Termoli en présence d’un assistant social et de la mère de l’enfant. Il ne peut donc être reproché au requérant de ne pas avoir saisi le juge des tutelles. En tout état de cause, la Cour considère que la démarche préconisée par le Gouvernement ne pouvait aboutir qu’à une décision ordonnant aux services sociaux d’agir, ce qui a été le cas en l’espèce. 62. La Cour constate, en outre, que le Gouvernement n’a pas indiqué quelle mesure « nécessaire » le juge des tutelles aurait pu adopter pour faire respecter le droit de visite du requérant. Par conséquent, elle estime que ce premier volet de l’exception doit être rejeté. 63. S’agissant du deuxième volet de l’exception, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse. En l’espèce, elle observe que le requérant avait à sa disposition cette voie de recours pour se plaindre de l’interruption des contacts avec sa fille. Par conséquent, aucun problème de respect du délai de six mois ne se pose en l’espèce. Par ailleurs, la Cour note que, jusqu’à fin 2010, le requérant n’a pas pu exercer pleinement son droit de visite. 64. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. 65. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Le requérant 66. Le requérant rappelle qu’il a introduit son premier recours devant le tribunal pour enfants de Rome en 2003 pour s’opposer à la demande de garde exclusive de l’enfant faite par la mère et pour obtenir un droit de visite. Il indique que la décision de ce tribunal, prononcée le 9 juillet 2003, a été suivie par les procédures devant le juge des tutelles de Termoli, dans le cadre desquelles il aurait demandé la mise en œuvre effective de la décision
  26. 26. 26 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE en question – en particulier la mise en œuvre des dispositions relatives aux rencontres avec sa fille –, puis par la procédure devant la cour d’appel de Rome. Au cours de celle-ci, l’expert nommé par la cour d’appel aurait rendu un premier rapport qui aurait mis en évidence les nombreuses difficultés du père dans les rencontres avec sa fille, et qui aurait recommandé de manière précise l’intervention de tiers compétents, considérée comme importante par l’expert pour le bon déroulement des rencontres père-fille. Selon le requérant, ces recommandations n’ont pas été mises en pratique par les services sociaux de Termoli. 67. En ce qui concerne les autres procédures devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’appel de Campobasso, le requérant soutient que le nombre des audiences démontre que les procédures ont duré longtemps et que la persistance de la violation de son droit au respect de sa vie familiale lui a causé un dommage encore plus grave et irréparable. Les juges auraient nommé des experts psychologues pour qu’ils examinent la situation familiale et proposent des solutions, mais les décisions des autorités judiciaires n’auraient pas tenu suffisamment compte des recommandations des experts. En particulier, les modalités de garde et la structure des services sociaux, considérées comme inadaptées par un des experts, n’auraient pas été modifiées. De plus, bien qu’une seule rencontre eût été organisée à Rome, le tribunal pour enfants de Campobasso aurait continué à charger la même structure de Rome d’organiser les rencontres sans que ces décisions n’eussent jamais été mises en œuvre. 68. Le requérant expose ensuite que, entre 2004 et 2007, il n’a pu voir sa fille qu’à quelques brèves occasions. Dans la décision prononcée le 27 mai 2006, le tribunal pour enfants de Campobasso, après avoir constaté que les rencontres prévues n’avaient pas eu lieu, aurait demandé une intervention immédiate des services sociaux pour les organiser. Les rencontres qui auraient finalement eu lieu auraient été toujours plus écourtées jusqu’à leur complète disparition, et ce, aux dires du requérant, dans une complète indifférence des services sociaux. 69. A cet égard, le requérant rappelle qu’à cette époque les services sociaux avaient la garde de l’enfant mineure. Après le décret de 2007, aucune rencontre n’aurait plus été organisée à Rome. 70. En ce qui concerne la dernière procédure devant le tribunal pour enfants de Campobasso, le requérant rappelle que le tribunal avait laissé aux deux parents le soin d’organiser les rencontres père-fille et aux services sociaux de Termoli et de Rome de surveiller leur déroulement. Le seul élément nouveau aurait été la mise en place d’un programme de soutien psychologique pour l’enfant. Quant au rôle joué par les services sociaux pendant cette période, le requérant indique que ceux-ci ont affirmé qu’ils ne s’étaient vu attribuer, par le tribunal ou la cour d’appel, aucune tâche spécifique quant à l’organisation des rencontres et que l’absence de rencontres entre le père et l’enfant avait pour seule cause les problèmes
  27. 27. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 27 créés par les parents de la fillette. 71. En ce qui concerne les développements récents de sa relation avec S., le requérant parle d’une timide reprise des rencontres. Cependant, cellesci seraient toujours marquées par de nombreuses difficultés dues au comportement de A.D., qui enfreindrait les décisions des juges en changeant le lieu des rendez-vous et en écourtant les rencontres. 72. Le requérant tient à faire savoir à la Cour qu’il n’a jamais vécu de relation stable avec sa fille. Cette situation aurait surtout été imputable au manque de diligence, d’attention et d’impartialité des autorités nationales compétentes. Ces dernières n’auraient pas adopté toutes les mesures nécessaires pour faire respecter un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Le seul intérêt effectivement sauvegardé, pendant des années, par les autorités publiques, en particulier par les services sociaux, aurait été celui de la mère de S. b) Le Gouvernement 73. Le Gouvernement conteste les affirmations du requérant. Récapitulant les mesures adoptées en l’espèce par le tribunal pour enfants et par la cour d’appel, il estime que les juridictions internes ont œuvré par tous les moyens utiles en faveur d’un rapprochement de l’enfant avec son père. Il indique que, s’agissant de la diligence des autorités compétentes quant à la mise en place du droit de visite, celles-ci ont fait preuve d’une activité d’instruction fournie. A cet égard, il précise que les parents de l’enfant ont été entendus à plusieurs reprises et que les audiences, nombreuses à ses yeux, ont donné lieu à l’adoption de neuf décrets. 74. Le Gouvernement expose ensuite qu’une procédure articulée et complexe comme celle de l’espèce visait à reconstruire, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des liens familiaux qui n’auraient pas été détruits par l’Etat, mais qui auraient été influencés négativement par les difficultés relationnelles des parents de l’enfant entre eux. A cet égard, il mentionne que les juges ont demandé l’aide des services sociaux et d’experts psychologues afin d’étudier la situation, d’entendre les parents et l’enfant et de trouver la solution la plus apte à fournir à l’enfant le meilleur contexte relationnel dans lequel vivre et grandir. Après avoir pris connaissance des rapports des experts, les juges auraient adopté plusieurs décisions en veillant à prendre les mesures les moins traumatisantes pour l’enfant. 75. Selon le Gouvernement, la Cour ne peut se substituer aux autorités internes pour apprécier ce qui convient le mieux pour un enfant sans empiéter de manière excessive sur la marge d’appréciation de l’Etat. Dans la présente affaire, l’enjeu résiderait non seulement dans la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts mentionnés, mais aussi dans les limites du contrôle de la Cour sur les arrêts du juge national. La Cour aurait certes le pouvoir de contrôler que les décisions soumises à son examen soient motivées d’une manière qui ne soit ni manifestement déraisonnable ni arbitraire. En revanche, elle ne pourrait formuler sa propre hypothèse et
  28. 28. 28 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE procéder à une reconstruction des faits ou proposer ses propres critères en substituant sa propre conviction à celle du juge national. 76. A cet égard, le Gouvernement défend la légitimité et l’utilité des mesures prises. Les autorités compétentes auraient exercé une vigilance constante dans l’intérêt de l’enfant et dans celui de ses parents. Toutes les mesures adoptées en l’espèce auraient été justifiées par la nécessité pour les autorités nationales d’adopter une attitude équidistante envers les deux parents, et ce dans l’intérêt exclusif de l’enfant. 77. S’agissant de l’assistance offerte par les autorités internes pour assurer la régularité des rencontres entre le requérant et S., le Gouvernement souligne les mesures mises en œuvre pour faire face aux obstacles dressés par la mère aux rencontres entre le père et l’enfant : la modification des modalités de garde, la mise à disposition de lieux et de personnels, 1’intervention continue des services sociaux à travers des actions de médiation, les entretiens avec les parents et le programme de soutien psychologique qui aurait été mis en place pour tous les membres de la famille. Selon le Gouvernement, des mesures plus draconiennes auraient risqué de traumatiser 1’enfant en 1’éloignant de sa mère. 78. Quant aux décisions pénales concernant A.D. auxquelles se réfère le requérant, le Gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas de jugements définitifs. Il ne serait dès lors pas possible d’évoquer devant la Cour la « responsabilité » de A.D. Cela étant, ces condamnations démontreraient qu’il n’y a pas eu d’inertie des autorités nationales et que le recours à des sanctions en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant en l’espèce n’a pas été écarté. 79. Le Gouvernement conteste enfin les affirmations du requérant selon lesquelles les services sociaux n’ont jamais travaillé en vue de faciliter les rencontres entre le requérant et S. A ses yeux, les services sociaux ont au contraire, en dépit de la relation conflictuelle des parents, travaillé en faisant preuve d’une rigoureuse impartialité à l’égard de ceux-ci, dans l’intérêt de l’enfant. 2. Appréciation de la Cour 80. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet
  29. 29. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 29 arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70). 81. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). 82. Se penchant sur la présente affaire, la Cour note d’abord que, au moment de leur séparation, le requérant et son ex-compagne n’étaient pas parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite paternel. Elle observe que la mère de l’enfant, A.D., s’est très tôt opposée au droit de visite du requérant et qu’elle a, en 2003, saisi le tribunal pour enfants d’une demande visant à l’obtention de la garde exclusive de l’enfant. Le tribunal a fait droit à sa demande tout en accordant au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi par semaine, d’un week-end sur deux sans hébergement jusqu’aux trois ans de l’enfant, de trois jours à Pâques, de six jours à Noël et de dix jours pendant les vacances d’été. Entre 2003 et 2004, le requérant a saisi à trois reprises le juge des tutelles en signalant l’existence de difficultés dans l’exercice de son droit de visite. Le juge des tutelles s’est borné à confirmer le décret du tribunal. Face à l’impossibilité d’exercer son droit de visite, le requérant a attaqué le décret devant la cour d’appel, laquelle a ordonné que les rencontres, à raison de trois après-midi par mois, se déroulent dans les locaux des services sociaux de Campobasso. En juillet 2005, le tribunal a, sur demande du requérant, limité l’autorité parentale de la mère, confié la garde de l’enfant aux services sociaux et autorisé le requérant à rencontrer l’enfant. Il a critiqué le comportement des services sociaux qui, dans leur rapport du 6 juin 2005, avaient tenu compte
  30. 30. 30 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE des déclarations de la mère en ignorant celles du père. Toutefois, nonobstant cette décision, le requérant n’a pu exercer pleinement son droit de visite (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). 83. En mars et en mai 2006, le tribunal s’est prononcé à nouveau pour constater l’inexécution de ses décrets précédents à cause, en partie, des obstacles dressés par la mère au déroulement des rencontres (paragraphe 20 ci-dessus). Ce n’est qu’en décembre 2006 que le tribunal, après avoir constaté à plusieurs reprises que les décrets précédents n’avaient pas été respectés, a ordonné à A.D. de suivre un programme de soutien psychologique. 84. La Cour rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 4950, CEDH 2000-VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII). 85. En l’espèce, la Cour relève que, confronté à l’impossibilité d’exercer son droit de visite, le requérant a une nouvelle fois saisi le tribunal le 30 mai 2007, signalant que sa fille était devenue agressive et qu’elle n’était plus disposée à le rencontrer. La Cour estime que les manquements qu’elle a relevés semblent d’autant plus graves que, compte tenu de l’âge de l’enfant et du contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a eu des effets négatifs quant à la possibilité pour le requérant de renouer une relation avec sa fille.
  31. 31. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 31 86. En 2007, le tribunal, saisi par le requérant, a ordonné une garde conjointe de l’enfant et a chargé les services sociaux d’organiser les rencontres à Termoli et à Rome (§ 30 ci-dessus). En 2009, la cour d’appel s’est limitée à ordonner aux services sociaux d’assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant. 87. Par un décret du 5 novembre 2009, le tribunal a rappelé à nouveau la nécessité pour toutes les parties de donner exécution au décret précédent. Il a suggéré de faire suivre à l’enfant un programme de soutien psychologique, afin de vaincre la résistance opposé par celle-ci aux rencontres avec son père. Entre 2009 et 2010, le requérant a saisi à plusieurs reprises le tribunal pour faire respecter son droit de visite. En octobre 2010, le tribunal a déclaré que les rencontres étaient interrompues de facto. 88. Ce n’est qu’en 2011 que la mère a commencé à ne plus s’opposer aux rencontres. Par conséquent, en novembre 2011, le tribunal a décidé la clôture de la procédure et ordonné aux services sociaux de veiller à la poursuite par l’enfant du programme de soutien psychologique entamé. 89. Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire, précité, § 74, et Piazzi c. Italie, no 36168/09 § 58, 2 novembre 2010). En l’espèce, la Cour note que, selon le Gouvernement, le comportement des services sociaux et du tribunal s’explique par la volonté de ne pas traumatiser davantage l’enfant, et que, toujours selon le Gouvernement, les juridictions internes se sont toujours prononcées sur la demande du requérant et ont pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser les contacts entre l’intéressé et sa fille. Or la Cour observe que, alors même que le requérant avait demandé au tribunal la mise en œuvre de ses décisions à plusieurs reprises à partir de 2003, quand l’enfant n’était âgée que de deux ans, le tribunal s’est limité à constater l’inexécution de ses décrets précédents. 90. Ainsi, au lieu de prendre des mesures propres à permettre l’exécution du droit de visite du requérant, le tribunal s’est borné à prendre note de la situation de l’enfant et à ordonner à plusieurs reprises aux services sociaux de maintenir le programme de soutien psychologique mis en place d’abord pour la mère puis pour l’enfant. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre au fait que, à plusieurs reprises, le tribunal a relevé que la non-exécution du droit de visite du requérant était imputable à la mère. De plus, elle observe que le tribunal a attendu 2006 pour ordonner à A.D de suivre un programme de soutien
  32. 32. 32 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE psychologique et 2009 pour ordonner d’en faire bénéficier également l’enfant. 91. Cela étant, la Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55). Or, en l’espèce, les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dès lors que le tribunal a délégué la gestion des rencontres aux services sociaux. Elles ont ainsi failli à leur devoir de prendre des mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (Zawadka, précité, § 67). 92. La Cour note, en outre, que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi aux services sociaux leur ordonnant de faire respecter le droit de visite du requérant (Piazzi, précité, § 61). Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant. Il ne semble pas non plus que les autorités aient enjoint aux deux parents de suivre une thérapie familiale (Pedovič c. République tchèque, no 27145/03, § 34, 18 juillet 2006) ou qu’elles aient ordonné un déroulement des rencontres au sein d’une structure spécialisée (voir, par exemple, Mezl c. République tchèque, no 27726/03, § 17, 9 janvier 2007, et Zavřel, précité, § 24). La Cour constate que, compte tenu du très jeune âge de l’enfant au moment de la séparation de ses parents, une telle rupture du contact avec son père suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres programmées a rendu impossible pour le requérant la construction d’une relation stable avec S. 93. Dans ces circonstances, la Cour estime que, face à pareille situation, les autorités auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques visant au rétablissement du contact entre le requérant et sa fille. En particulier, la médiation des services sociaux aurait dû être utilisée pour encourager les parties à coopérer et ceux-ci auraient dû, conformément aux décrets du tribunal, organiser toutes les rencontres entre le requérant et sa fille, y compris celles qui auraient dû se dérouler à Rome. Or les juridictions internes n’ont pris aucune mesure appropriée pour créer pour l’avenir les conditions nécessaires à l’exercice effectif du droit de visite du requérant (Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril
  33. 33. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 33 2010, et Piazzi, précité, § 61). 94. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont manqué à déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant, et qu’elles ont ainsi méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. 95. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 96. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 97. Le requérant réclame la réparation d’un préjudice moral qui serait résulté de l’impossibilité d’avoir une relation stable avec sa fille et de l’angoisse générée par cette situation. Il demande 230 000 euros (EUR) à ce titre. 98. Le Gouvernement s’oppose à cette demande et dénonce la nature « financière » de la requête. 99. En tenant compte des circonstances de l’espèce et du constat selon lequel le requérant s’était heurté à l’impossibilité de construire une relation stable avec sa fille, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime toutefois que la somme réclamée à ce titre est excessive. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’intéressé 15 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 100. Le requérant demande également 7 034 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 8 788 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il demande également 12 000 EUR pour les frais qu’auraient entraînés ses déplacements et séjours à Campobasso pour assister aux audiences devant le tribunal et la cour d’appel. 101. Le Gouvernement prie la Cour de ne pas accueillir cette demande. 102. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
  34. 34. 34 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et à la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 103. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Danutė Jočienė Greffier Présidente
  35. 35. ♥ Ministero della Giustizia, Direzione generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA LOMBARDO c. ITALIA (Ricorso n. 25704/11)
  36. 36. SENTENZA STRASBURGO 29 gennaio 2013 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
  37. 37. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 37 Nella causa Lombardo c. Italia, La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da: Danutė Jočienė, presidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque, giudici, e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 dicembre 2012, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 104. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 25704/11) proposto contro la Repubblica italiana, con cui un cittadino di questo Stato, Sergio Lombardo («il ricorrente»), ha adito la Corte il 22 aprile 2011 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 105. Il ricorrente era rappresentato dall’avv. G. Vaccaro, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») era rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo ex co-agente, S. Coppari. 106. Nel ricorso, il ricorrente lamentava in particolare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione. 107. Il 25 agosto 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 108. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue. 109. Dalla relazione del ricorrente con A.D. il 31 marzo 2001 nasceva una bambina, S. Il 29 gennaio 2003, a causa dei continui conflitti che laceravano la coppia, A.D. lasciava il ricorrente e la città di Roma, portando
  38. 38. 38 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE con sé la figlia a vivere presso la sua famiglia, a Termoli. Dal momento della sua partenza, A.D. manifestava una netta opposizione a qualsiasi relazione tra il ricorrente e S. A. Procedura relativa alla definizione delle modalità di esercizio del diritto di visita del ricorrente alla figlia 110. Il 26 febbraio 2003 A.D. chiedeva al tribunale per i minorenni (di seguito «il tribunale») di Roma l’affidamento di S. 111. Con decisione del 9 luglio 2003, il tribunale di Roma disponeva l’affidamento esclusivo della minore a A.D. e concedeva al ricorrente un diritto di visita da esercitarsi due pomeriggi a settimana, un week-end su due senza alloggio fino ai tre anni di età della minore, tre giorni a Pasqua, sei giorni a Natale e dieci giorni durante le vacanze estive. 112. Il 20 agosto 2003, a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del diritto di visita, il ricorrente adiva il giudice tutelare di Termoli. Egli lamentava di aver potuto incontrare la figlia una sola volta, il 25 luglio 2003, per qualche minuto ed alla presenza della madre e dello zio della minore, e chiedeva il rispetto del suo diritto di visita. 113. Il 13 ottobre 2003 il giudice tutelare confermava il decreto del tribunale di Roma e precisava che gli incontri dovevano aver luogo nella sede dei servizi sociali di Termoli alla presenza di un assistente sociale e della madre di S. 114. Il 27 novembre 2003 il ricorrente adiva nuovamente il giudice tutelare per chiedere l’effettivo svolgimento degli incontri protetti. Il 23 dicembre 2003 il giudice tutelare confermava la decisione del 13 ottobre 2003. 115. Il 26 gennaio 2004, sempre a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del diritto di visita, il ricorrente adiva una terza volta il giudice tutelare, il quale, con decisione del 13 marzo 2004, confermava le decisioni precedenti. 116. Il ricorrente afferma che, tra il 2003 ed il 2004, la madre, che sarebbe stata presente agli incontri, aveva minacciato S. di abbandono, qualora la minore avesse detto di preferire restare sola con il padre. 117. Frattanto, il ricorrente aveva impugnato il decreto del tribunale di Roma del 9 luglio 2003 dinanzi alla corte d’appello di Roma, chiedendo l’affidamento di S. e, in subordine, un ampliamento del diritto di visita. Il perito nominato dalla corte d’appello osservava che A.D. aveva opposto una forte resistenza agli incontri tra il ricorrente e la minore e che grazie al perito stesso ed ai suoi collaboratori era stato possibile che alcuni incontri si svolgessero in modo positivo senza la presenza della madre. Egli affermava, per contro, che i servizi sociali di Termoli non avevano mai lavorato al fine di facilitare gli incontri menzionati ed avevano lasciato che la madre assistesse agli incontri tra padre e figlia. 118. Con decreto del 19 ottobre 2004, la corte d’appello disponeva che
  39. 39. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 39 gli incontri avessero luogo sotto sorveglianza nella sede dei servizi sociali di Campobasso per tre pomeriggi al mese. 119. Il 30 marzo 2005 il ricorrente presentava un ricorso al tribunale di Campobasso, in cui affermava di aver potuto incontrare la figlia solo in rare occasioni, sosteneva che il decreto della corte d’appello non era stato rispettato e chiedeva l’affidamento della minore. 120. Con decreto del 19 luglio 2005, il tribunale di Campobasso limitava la potestà genitoriale della madre, disponeva l’affidamento della minore ai servizi sociali, confermando la collocazione della stessa presso il domicilio della madre, per consentire ai servizi sociali di vigilare affinché la minore costruisse una relazione equilibrata con il padre. Il tribunale osservava altresì che alla data del 3 giugno 2005 avevano avuto luogo solo sette incontri sui diciannove previsti, che A.D. non aveva permesso allo psicologo nominato dal tribunale di vedere la minore, che il suo comportamento era finalizzato alla cancellazione della figura paterna e che i servizi sociali, nella relazione del 6 giugno 2005, avevano preso in considerazione solo le dichiarazioni della madre, ignorando la versione dei fatti fornita dal ricorrente. 121. Dai documenti presentati dal Governo risulta che, tra agosto 2005 e dicembre 2005, sui sedici incontri organizzati dai servizi sociali, il ricorrente ha incontrato la figlia solo dieci volte. 122. Tra gennaio e febbraio 2006, gli incontri programmati non avevano avuto luogo, in quanto A.D. non si era presentata. 123. Con decreto dell’8 marzo 2006, il tribunale di Campobasso ordinava a A.D. di non ostacolare l’esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente. Esso osservava che A.D. impediva lo svolgimento degli incontri e, in particolare, che in agosto non vi era stato alcun incontro. Ordinava inoltre che i servizi sociali di Termoli organizzassero nella loro sede, in presenza di un altro psicologo, gli incontri che non avevano avuto luogo tra il 2005 ed il 2006. 124. In data 11 aprile 2006 i servizi sociali informavano il tribunale che, tra il 10 gennaio ed il 21 marzo, lo psicologo aveva potuto incontrare la minore solo cinque volte, sempre in presenza della madre, e che S. non voleva sentir parlare di suo padre. 125. Il 27 maggio 2006 il tribunale di Campobasso constatava che il decreto dell’8 marzo 2006 non era stato rispettato e che la madre aveva scientemente operato al fine di troncare qualsiasi relazione tra il padre ed S. Esso ordinava ai servizi sociali di Termoli di provvedere ad organizzare gli incontri che il tribunale aveva disposto e che i servizi stessi non avevano effettuato. 126. Nel giugno 2006 il ricorrente incontrava lo psicologo dei servizi sociali, ma A.D. non si presentava all’incontro e non vi conduceva S. 127. Il 26 settembre 2006 lo psicologo dei servizi sociali depositava una relazione sulla situazione della minore, in cui riferiva che, tra giugno e
  40. 40. 40 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE settembre, sui diciassette incontri previsti se ne erano tenuti solo undici. Egli osservava che S. non accettava il padre e che questi si mostrava molto critico e rigido nei suoi rapporti con i servizi sociali. La madre della minore avrebbe confessato di non parlare mai del ricorrente a S., in quanto non voleva traumatizzare la minore, troppo giovane per comprendere la situazione. Lo psicologo aggiungeva che, pur manifestando grande empatia e grande attenzione nei confronti di S., la madre non collaborava allo sviluppo della relazione fra padre e figlia. 128. Il 6 novembre 2006 lo psicologo nominato dal tribunale in qualità di perito redigeva una relazione, nella quale suggeriva che la madre della minore seguisse un programma di sostegno psicologico e che, qualora il diritto di visita del ricorrente non venisse rispettato, dovessero essere modificate le modalità di affidamento della minore. 129. Il 15 dicembre 2006 il tribunale, basandosi su detta relazione, ordinava alla madre della minore di seguire il programma consigliato dallo psicologo. Tra il 2006 ed il 2007, il ricorrente incontrava la minore solo qualche volta e solo per pochi minuti alla volta, a causa dell’ostilità di A.D. nei confronti di tali incontri. 130. Con decreto del 9 febbraio 2007 il tribunale ordinava a A.D. di proseguire il suo programma di sostegno psicologico e di consentire gli incontri tra il ricorrente e S. 131. Il 30 maggio 2007 il ricorrente depositava un nuovo ricorso presso il tribunale di Campobasso. Egli denunciava il mancato rispetto del suo diritto di visita, attribuendolo all’opposizione della madre ed all’inerzia dei servizi sociali. Sottolineava il mutamento di atteggiamento di S., la quale, in precedenza disponibile ad incontrarlo, sarebbe in seguito divenuta aggressiva nei suoi confronti. Inoltre chiedeva l’affidamento della minore. 132. Il 17 luglio 2007 il tribunale confermava che gli incontri tra il ricorrente e S. dovevano tenersi a Campobasso e che A.D. doveva proseguire il suo programma di sostegno psicologico. Nel mese di agosto 2007, il ricorrente incontrava S. quattro volte. 133. Il 10 dicembre 2007 il tribunale di Campobasso rilevava che A.D. stava seguendo un programma di sostegno psicologico e la invitava a proseguire. Esso disponeva l’affidamento congiunto della minore ed incaricava i servizi sociali di organizzare tre incontri al mese a Termoli ed uno a Roma in presenza di un assistente sociale. Ordinava a A.D. di esortare la minore ad incontrare il ricorrente. 134. I servizi sociali organizzavano uno solo degli incontri previsti a Roma. 135. Il 1o luglio 2008, il ricorrente impugnava il decreto del 10 dicembre 2007 dinanzi alla corte d’appello. 136. Egli affermava che S. aveva subito un danno irreparabile dovuto all’ostinata resistenza opposta dalla madre e chiedeva che la minore potesse
  41. 41. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 41 vivere a Roma. La corte d’appello incaricava un perito di riesaminare la situazione della minore. Il perito giungeva alla conclusione che la minore soffrisse di una depressione infantile e sottolineava la necessità che la medesima riallacciasse i legami con il padre. 137. Con decreto del 27 giugno 2009, la corte d’appello di Campobasso confermava il decreto del tribunale ed ordinava ai servizi sociali di dare attuazione al diritto di visita secondo le modalità stabilite. 138. Durante l’estate 2009 il ricorrente trascorreva un pomeriggio in spiaggia con S., in presenza del perito nominato dalla corte d’appello per convincere A.D. In seguito avevano luogo alcuni incontri in presenza della madre. 139. In data 20 agosto 2009 i servizi sociali informavano la corte d’appello che a Roma non era stato organizzato nessun incontro e che il padre aveva trascorso dei week-end a Termoli per poter stare vicino alla figlia. Essi spiegavano che la minore temeva che il padre potesse allontanarla dalla madre e chiedevano al tribunale di vigilare sul benessere della minore, la quale sarebbe stata traumatizzata da una presunta aggressione del ricorrente, in occasione di uno degli incontri. 140. Con decreto del 5 novembre 2009, il tribunale di Campobasso richiamava ancora una volta l’attenzione sulla necessità che tutte le parti si conformassero al precedente decreto del 27 giugno 2009, suggerendo di prevedere un sostegno psicologico per la minore, al fine di superare la sua resistenza agli incontri con il padre. 141. Il ricorrente contattava i servizi sociali per lamentare l’assenza di assistenti sociali durante gli incontri. In una relazione, depositata il 14 gennaio 2010, i servizi sociali affermavano che, per carenza di personale disponibile il sabato e la domenica, non avevano potuto assicurare lo svolgimento degli incontri. 142. Il 24 febbraio 2010 il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Campobasso chiedeva la sospensione degli incontri tra il ricorrente e la minore. 143. Il 13 maggio 2010 il tribunale di Campobasso rigettava la richiesta del procuratore, argomentando che una siffatta decisione avrebbe avuto l’effetto di annullare il lavoro svolto per vari anni e di peggiorare il conflitto fra i genitori. Esso incaricava i servizi sociali di predisporre un programma di sostegno psicologico per S. e di assicurare il rispetto del diritto di visita. 144. Tra maggio e novembre 2010, malgrado le richieste rivolte dal ricorrente ai servizi sociali, non veniva organizzato alcun incontro. 145. Il 9 agosto 2010, il ricorrente chiedeva al tribunale di far rispettare il precedente decreto e di intervenire per far sì che egli potesse incontrare la figlia. 146. Con nota del 24 agosto 2010, il tribunale di Campobasso confermava ai servizi sociali di Termoli che non era stata decisa alcuna sospensione degli incontri e che, di conseguenza, i medesimi dovevano aver
  42. 42. 42 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE luogo secondo le modalità già stabilite dalla corte d’appello nel giugno 2009. 147. Con decreto del 27 ottobre 2010, il tribunale osservava che i rapporti tra il ricorrente e S. erano interrotti de facto, e che ciò nuoceva alla minore, ma constatava che il precedente decreto emesso dalla corte d’appello il 25 giugno 2009 in relazione al diritto di visita non era stato modificato. 148. In data 3 gennaio 2011 i servizi sociali di Termoli inviavano al tribunale di Campobasso una relazione aggiornata sulla situazione della minore, riferendo in particolare che la madre era disposta a collaborare e che il padre mostrava un atteggiamento polemico, che risultava nefasto per la minore. 149. Il 17 gennaio 2011 i servizi sociali comunicavano al tribunale che la minore proseguiva il programma di sostegno psicologico e che rifiutava di parlare con il padre. Lo psicologo informava altresì il tribunale che non era stato possibile organizzare un incontro con il padre, nonostante le convocazioni scritte indirizzate al medesimo. 150. Il 21 gennaio 2011 i servizi sociali invitavano i due genitori della minore a fissare il calendario degli incontri. Il ricorrente, che aveva subito un’operazione, non si presentava. 151. Il 12 aprile 2011 i servizi sociali informavano il tribunale che nel mese di marzo 2011 il ricorrente non si era presentato agli incontri fissati. 152. Con relazione depositata il 3 ottobre 2011, i servizi sociali comunicavano al tribunale che la minore accettava di vedere il padre e che, durante l’estate, gli incontri previsti avevano effettivamente avuto luogo. 153. Con decreto del 17 novembre 2011 il tribunale di Campobasso rilevava che nell’ultimo periodo la madre non si era opposta agli incontri e che il percorso psicologico seguito dalla minore era positivo. Constatando che i genitori non avevano presentato nessun’altra richiesta, ordinava ai servizi sociali di vigilare affinché la minore proseguisse il programma di sostegno psicologico ed archiviava il procedimento. A. Procedimenti penali promossi contro A.D. 154. Il 28 maggio 2007 A.D. veniva condannata ad un mese di reclusione con la sospensione condizionale per inosservanza delle decisioni del tribunale concernenti il diritto di visita. 155. Il 12 ottobre 2010 la suddetta veniva condannata per calunnia e diffamazione ad un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale. 156. Il 17 gennaio 2011 veniva altresì condannata ad una multa per inosservanza delle decisioni emesse dal tribunale per i minorenni.
  43. 43. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 43 IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 157. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, nonostante le molteplici decisioni emesse dal tribunale per i minorenni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, non avrebbe potuto esercitare pienamente tale diritto a partire dal 2003. Egli contesta ai servizi sociali di aver usufruito di un’eccessiva autonomia nell’esecuzione delle decisioni del tribunale per i minorenni ed a quest’ultimo di non aver esercitato, come avrebbe dovuto, un controllo costante sul lavoro dei servizi sociali, affinché la condotta dei medesimi non inficiasse le decisioni del tribunale. Denuncia, inoltre, la totale inerzia dimostrata, talvolta per lunghi periodi, dai servizi sociali, i quali avrebbero demandato alla madre della minore il compito che spettava loro, ossia la gestione degli incontri. Infine, il ricorrente sottolinea che il tempo trascorso ha avuto conseguenze molto gravi per la sua relazione con S. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, che recita: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare, (...). 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 158. Il Governo contesta la tesi del ricorrente. A. Sulla ricevibilità 159. Il Governo sostiene che il presente ricorso è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto adire il giudice tutelare. Questi sarebbe specializzato nell’esecuzione delle misure volte alla protezione della famiglia e, in caso di ostacolo all’esercizio del diritto di visita, potrebbe chiedere l’intervento di ogni organismo o istituzione necessari all’esecuzione della misura. 160. Inoltre, il Governo contesta che la decisione interna definitiva nella causa in questione sia il decreto del tribunale per i minorenni di Campobasso datato 27 ottobre 2010, in quanto il tribunale avrebbe disposto il non luogo a procedere, poiché il fatto costitutivo della domanda, nella fattispecie la sospensione delle visite alla minore, non sussisteva. Il tribunale avrebbe in effetti rilevato che non era stata disposta alcuna sospensione del diritto di visita. 161. Indicare il decreto del 27 ottobre 2010 come decisione interna definitiva consente, secondo il Governo, di aggirare gli obblighi previsti
  44. 44. 44 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. 162. Il ricorrente ribatte di aver adito per tre volte, nel 2003 e nel 2004, il giudice tutelare di Termoli (paragrafi 9-13 supra). Con tre decisioni, il giudice tutelare avrebbe ordinato che gli incontri tra padre e figlia si tenessero nella sede dei servizi sociali di Termoli. A tali decisioni non sarebbe stato dato alcun seguito e le strutture pubbliche avrebbero mostrato al riguardo totale indifferenza. 163. Quanto al decreto del 27 ottobre 2010, il ricorrente afferma che il tribunale si è limitato ad ordinare ai genitori della minore di conformarsi al decreto della corte d’appello del 25 giugno 2009. Egli aggiunge che tale decisione è stata emessa dopo parecchi mesi di totale assenza di notizie di sua figlia. Secondo il ricorrente, il decreto del 27 ottobre 2010 ha rappresentato per le autorità giudiziarie nazionali un’occasione perduta di intervenire concretamente per porre rimedio alla violazione dei suoi diritti fondamentali. 164. Riguardo al primo aspetto dell’eccezione sollevata dal Governo, la Corte osserva innanzi tutto che il ricorrente si è rivolto in tre occasioni al giudice tutelare e che tale circostanza è stata menzionata dal Governo stesso nelle sue osservazioni complementari sulla ricevibilità del ricorso. Il giudice tutelare ha ordinato che gli incontri avessero luogo nella sede dei servizi sociali di Termoli in presenza di un assistente sociale e della madre della minore. Non si può dunque contestare al ricorrente di non essersi rivolto al giudice tutelare. In ogni caso, la Corte ritiene che l’iniziativa suggerita dal Governo avrebbe potuto condurre solo ad una decisione con la quale si ordinava ai servizi sociali di intervenire, come è avvenuto nel caso di specie. 165. La Corte constata, inoltre, che il Governo non ha indicato quale misura «necessaria» avrebbe potuto essere adottata dal giudice tutelare, al fine di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Di conseguenza, essa ritiene che questo primo aspetto dell’eccezione debba essere rigettato. 166. Riguardo al secondo aspetto dell’eccezione, la Corte rammenta che le decisioni del tribunale per i minorenni relative al diritto di visita non sono definitive e quindi possono essere modificate in qualsiasi momento in funzione degli eventi connessi alla controversia. Nel caso di specie, essa osserva che il ricorrente aveva a disposizione tale via di ricorso per lamentare l’interruzione dei contatti con la figlia. Di conseguenza, non si pone nel caso di specie alcun problema di osservanza del termine di sei mesi. La Corte osserva d’altronde che, sino alla fine del 2010, il ricorrente non ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di visita. 167. Pertanto, la Corte ritiene che l’eccezione sollevata dal Governo debba essere rigettata. 168. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
  45. 45. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 45 B. Sul merito 1. Tesi delle parti a) Il ricorrente 169. Il ricorrente rammenta di aver promosso il suo primo ricorso dinanzi al tribunale per i minorenni di Roma nel 2003 al fine di opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo della minore, presentata dalla madre, ed al fine di ottenere il diritto di visita. Egli afferma che alla decisione del suddetto tribunale, emessa il 9 luglio 2003, hanno fatto seguito i procedimenti dinanzi al giudice tutelare di Termoli, nell’ambito dei quali il ricorrente avrebbe chiesto l’effettiva esecuzione della decisione in questione – in particolare l’attuazione delle disposizioni relative agli incontri con sua figlia –, e successivamente il procedimento dinanzi alla corte d’appello di Roma. Nel corso di quest’ultimo procedimento, il perito nominato dalla corte d’appello avrebbe stilato una prima relazione, nella quale si evidenziavano le numerose difficoltà riscontrate dal padre negli incontri con la figlia e si raccomandava in modo preciso l’intervento di terze persone competenti, intervento considerato molto importante dal perito per uno svolgimento positivo degli incontri tra padre e figlia. Secondo il ricorrente, dette raccomandazioni non sono state messe in pratica dai servizi sociali di Termoli. 170. Per quanto concerne gli altri procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni e dinanzi alla corte d’appello di Campobasso, il ricorrente sostiene che il numero di udienze dimostra la lunga durata dei procedimenti e che la persistenza della violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare gli ha cagionato un danno ancora più grave ed irreparabile. I giudici avrebbero nominato dei periti psicologi al fine di esaminare la situazione familiare e proporre delle soluzioni, ma le decisioni delle autorità giudiziarie non avrebbero tenuto sufficientemente conto delle raccomandazioni dei periti. In particolare, le modalità dell’affidamento e la struttura dei servizi sociali, che uno dei periti aveva ritenuto inadeguate, non sarebbero state modificate. Inoltre, sebbene a Roma fosse stato organizzato un solo incontro, il tribunale per i minorenni di Campobasso avrebbe continuato ad incaricare la stessa struttura di Roma dell’organizzazione degli incontri, senza che le decisioni in questione fossero mai state attuate. 171. Il ricorrente riferisce poi di aver potuto vedere la figlia, tra il 2004 ed il 2007, solo in qualche occasione e per breve tempo. Nella decisione emessa il 27 maggio 2006, il tribunale per i minorenni di Campobasso, dopo aver constatato che gli incontri previsti non avevano avuto luogo, avrebbe chiesto un intervento immediato dei servizi sociali, al fine di organizzare gli stessi. Gli incontri finalmente organizzati sarebbero divenuti sempre più brevi fino a scomparire del tutto e ciò, a detta del ricorrente, nella completa
  46. 46. 46 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE indifferenza dei servizi sociali. 172. Al riguardo, il ricorrente rammenta che a quell’epoca la minore era stata affidata ai servizi sociali. Dopo il decreto del 2007 non sarebbe stato organizzato nessun altro incontro a Roma. 173. Per quanto concerne l’ultimo procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Campobasso, il ricorrente rammenta che il tribunale aveva lasciato ai due genitori il compito di organizzare gli incontri tra padre e figlia ed aveva incaricato i servizi sociali di Termoli e Roma di vigilare sul loro svolgimento. Il solo elemento nuovo sarebbe stato rappresentato dall’attuazione di un programma di sostegno psicologico a beneficio della minore. Quanto al ruolo svolto dai servizi sociali in questo periodo, il ricorrente osserva che i medesimi avevano dichiarato di non essere stati specificamente incaricati, dal tribunale o dalla corte d’appello, dell’organizzazione degli incontri, aggiungendo che i mancati incontri tra padre e figlia erano esclusivamente dovuti ai problemi creati dai genitori. 174. Per quanto concerne gli sviluppi recenti della sua relazione con S., il ricorrente parla di una timida ripresa degli incontri. Tuttavia, questi sarebbero sempre caratterizzati da numerose difficoltà dovute al comportamento di A.D., che, senza rispettare le decisioni giudiziarie, cambierebbe il luogo degli appuntamenti ed abbrevierebbe la durata degli incontri. 175. Il ricorrente tiene a sottolineare dinanzi alla Corte la circostanza di non aver mai vissuto una relazione stabile con sua figlia. Questa situazione sarebbe dovuta soprattutto alla mancanza di diligenza, di attenzione e di imparzialità delle competenti autorità nazionali. Queste ultime non avrebbero adottato tutte le misure necessarie al fine di conseguire un giusto equilibrio fra i vari interessi in gioco. Il solo interesse effettivamente salvaguardato per anni dalle pubbliche autorità, ed in particolare dai servizi sociali, sarebbe stato quello della madre di S. b) Il Governo 176. Il Governo contesta le affermazioni del ricorrente. Riassumendo le misure adottate nel caso di specie dal tribunale per i minorenni e dalla corte d’appello, esso ritiene che le autorità giudiziarie nazionali abbiano operato con ogni mezzo utile al fine di conseguire un riavvicinamento fra la minore ed il padre. Esso osserva che, riguardo alla diligenza delle autorità competenti nell’attuazione del diritto di visita, l’attività istruttoria delle medesime è stata solerte. Al riguardo, esso precisa che i genitori della minore sono stati sentiti più volte e che nel corso delle udienze, le quali a parere del Governo sono state numerose, venivano adottati nove decreti. 177. Il Governo afferma in seguito che un procedimento articolato e complesso, come quello del caso di specie, era volto a ricostruire, nel superiore interesse della minore, dei legami familiari i quali non sarebbero stati distrutti dallo Stato, bensì influenzati negativamente dalle difficoltà di relazione fra i genitori della minore. Al riguardo, esso sottolinea che i
  47. 47. ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE 47 giudici hanno chiesto l’aiuto dei servizi sociali e di periti psicologi al fine di studiare la situazione, di sentire i genitori e la minore e di trovare la soluzione più adeguata allo scopo di fornire alla minore il miglior contesto relazionale in cui vivere e crescere. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni degli esperti, i giudici avrebbero adottato numerose decisioni, privilegiando le misure meno traumatiche per la minore. 178. Secondo il Governo, la Corte non può sostituirsi alle autorità nazionali al fine di valutare ciò che è meglio per un minore senza influire in modo eccessivo sul margine di apprezzamento dello Stato. Nella presente causa, la posta in gioco non consisterebbe solo nella ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi menzionati, bensì anche nei limiti del controllo esercitato dalla Corte sulle sentenze dei giudici nazionali. La Corte disporrebbe certamente del potere di verificare che le motivazioni delle decisioni sottoposte al suo esame non appaiano manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Per contro, essa non avrebbe facoltà di formulare una propria ipotesi e procedere ad una ricostruzione dei fatti o proporre dei criteri propri, sostituendo il proprio convincimento a quello del giudice nazionale. 179. Al riguardo, il Governo difende la legittimità e l’utilità delle misure adottate. Le autorità competenti avrebbero esercitato una vigilanza costante nell’interesse della minore e dei suoi genitori. Tutte le misure adottate nel caso di specie sarebbero state giustificate dalla necessità che le autorità nazionali si mostrassero equidistanti rispetto ai due genitori, nell’esclusivo interesse della minore. 180. Riguardo all’assistenza prestata dalle autorità nazionali al fine di assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente e S., il Governo sottolinea le misure attuate per superare gli ostacoli posti dalla madre agli incontri tra il padre e la minore: la modifica delle modalità di affidamento, la disponibilità della sede e del personale, l’intervento continuo dei servizi sociali mediante azioni di mediazione, i colloqui con i genitori ed il programma di sostegno psicologico realizzato per tutti i membri della famiglia. Secondo il Governo, misure più drastiche avrebbero potuto traumatizzare la minore, allontanandola dalla madre. 181. Quanto alle decisioni penali concernenti A.D., alle quali si riferisce il ricorrente, il Governo sottolinea che non si tratta di sentenze definitive. Non sarebbe dunque possibile sostenere dinanzi alla Corte la «responsabilità» di A.D. Peraltro dette condanne dimostrerebbero che non vi è stata alcuna inerzia da parte delle autorità nazionali e che nel caso di specie non è stato evitato il ricorso a sanzioni, in caso di comportamento manifestamente illegale del genitore convivente con il minore. 182. Il Governo contesta infine le affermazioni del ricorrente, secondo le quali i servizi sociali non hanno mai lavorato per facilitare gli incontri tra il ricorrente e S. A parere del Governo, i servizi sociali hanno invece lavorato, nonostante la relazione conflittuale fra i genitori, dimostrando una rigorosa
  48. 48. 48 ARRÊT LOMBARDO c. ITALIE imparzialità nei confronti degli stessi, nell’interesse della minore. 2. Valutazione della Corte 183. Come la Corte ha più volte rammentato, se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Essi possono implicare l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui, e la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate (si veda, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori (si vedano, mutatis mutandis, IgnaccoloZenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (si vedano, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, §§ 105 e 112, e Sylvester, sopra citata, § 70). 184. Per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente (si vedano, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, § 102, Maire c. Portogallo, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003-VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004-V (estratti), Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). 185. Esaminando la presente causa, la Corte rileva innanzi tutto che, al momento della separazione, il ricorrente e la sua ex compagna non avevano raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre. Essa osserva che la madre della minore, A.D., si è fin da subito opposta all’esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente e che ha presentato nel 2003 al tribunale per i minorenni una domanda di affidamento esclusivo della minore. Il tribunale accoglieva detta domanda, accordando al ricorrente il diritto di visita da esercitarsi due pomeriggi a settimana, un week-end su due senza alloggio fino ai tre anni di età della

×