Tercería solicitada. Caso Globovisión.

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Tercería como parte interesada en el Caso Globovisión solicitada por Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

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Tercería solicitada. Caso Globovisión.

  1. 1. Exp. No. AP42-G-2011-302CiudadanoPresidente y demás Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso AdministrativoSu despachoNosotros, SILVIA ANGELINA ALEGRETT MASSO, venezolana, mayor de edad, domiciliadaen la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° 3.971.270, actuando en esteacto en mi carácter de Presidenta del COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS, corporaciónde derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto eindependiente del Fisco Nacional, conforme a la Ley de Ejercicio de Periodismo, publicadaen Gaceta Oficial N° 4819 de fecha 22 de diciembre de 1994, carácter que consta en Actade Juramentación de la Junta Directiva Nacional y Tribunal Disciplinario Nacional de fecha18 de junio de 2010, debidamente reconocido en la Resolución No. 100901-0384 de fecha01 de septiembre de 2010, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana deVenezuela No. 541, de fecha 24 de septiembre de 2010, documentos que anexamos a lapresente marcados con las letras “A”, “B” y “C”; MARCO ANTONIO RUIZ, venezolano,mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N°14. 344.828, actuando en este acto a en mi carácter de SECRETARIO GENERAL delSINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA, cuyos estatutos se registraronante el Ministerio del Trabajo, bajo el N° 236, Folio 44, Tomo II, de fecha 02 de mayo de2006 del Libro de Registro de Sindicatos Nacionales y Regionales, y carácter que consta deelecciones celebradas el 10 de diciembre de 2009, reconocido por el Consejo NacionalElectoral en sesión celebrada el 25 de marzo de 2010, notificado mediante oficioDGASG/M 33/ 2010; con facultades para ejercer representación judicial del SNTP tal comoconsta en estatutos constitutivos en su artículo 33 literal b, documentos que se anexan ala presente marcados con las letras “D”, “E” y “F”; y, CARLOS JOSE CORREA BARROS,venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad No. V-8.317.640, actuando en representación de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,sociedad debidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito deRegistro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha veinte (20) de febrero de2003, inscrita bajo el No. 28, Tomo 02, Protocolo Primero, y cuya última acta de Asamblease encuentra protocolizada por ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito delMunicipio Libertador del Distrito Capital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No. 08,Tomo 04, Protocolo Primero, los cuales anexamos a la presente marcados con las letras“G” y “H”; todos asistidos en este acto por el abogado Oswaldo Rafael Cali Hernández,venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad No.
  2. 2. 18.185.049, debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 153.405; acudimos eneste acto de forma oportuna yde conformidad con lo previsto en el artículo 370, numeral3 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánicade la Jurisdicción Contencioso Administrativaa losfines de adherirnos en calidad deterceros coadyuvantes, en nombre de nuestras representadas,a la acción de nulidadinterpuesta por Corpomedios GV Inversiones, C.A. y Globovisión-Tele, C.A. en fecha 7 denoviembre de 2011 contra la Providencia Administrativa No. DRS/163 emanada delDirectorio de Responsabilidad Social (en lo sucesivo el “Directorio”) y contra la planilla depago No. RF-020-MA-00132 (en lo sucesivo los “Actos”) emitida por la Comisión Nacionalde Telecomunicaciones.La presente adhesión se encuentra fundamentada en lossiguientes argumentos de hecho y de derecho. Capítulo I: De la admisión de la terceríaEl Colegio Nacional de Periodistas, tal como lo establece el artículo 2 de sus estatutos,tiene como función la lucha por una auténtica e integral libertad de prensa y por el libreacceso a las fuentes informativas.El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, tiene por objeto el estudio, defensa,desarrollo y protección de los intereses profesionales, económicos, culturales y morales desus miembros, así como la defensa de las libertades de expresión y de prensa y del derechoa la información, a la sindicalización y de los derechos humanos en general de todos lostrabajadores y, en particular, e los de las industrias de la información y la comunicación, talcomo se desprende del artículo 1 de sus estatutos que están anexos como anteriormentese ha mencionado.Espacio Público es una asociación civil, sin fines de lucro, no gubernamental,independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizacionesinternacionales o gobierno alguno, que tiene como finalidad la promoción y defensa de losderechos humanos, especialmente los derechos constitucionales a la libertad de expresióne información, así como la promoción de la responsabilidad social en los medios decomunicación. Esto se constata en el objeto de esta Asociación Civil, el cual estácontemplado en la Cláusula Cuarta del documento constitutivo estatutario, anteriormentemencionado, el cual señala expresamente que: “El objeto de la Asociación es la promoción de una práctica de comunicación social, pública y privada de calidad que contribuya a fortalecer una sociedad democrática y participativa. En este sentido, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria realizará acciones de
  3. 3. investigación y difusión de la situación de los medios de comunicación; formación y capacitación de comunicadores y ciudadanos; promoción de políticas públicas y legislación relacionada con el ejercicio del periodismo y la comunicación social, así como la intercomunicación para el diálogo, el debate y la revisión de temas claves relacionados con la práctica comunicativa, en general, con fines esencialmente educativos, así como ejercer la representación de firmas y asociaciones extranjeras cuya actividad fundamental sea la promoción y el fortalecimiento de la práctica de una comunicación social de calidad, todo ello a fin de contribuir con la educación en esta área esencial para una sociedad democrática y participativa. El objeto antes descrito es meramente enunciativo mas no limitativo en modo alguno, pues podrá lograr sus fines, ejercer cualquier acto de lícito comercio sin que por ello perdiere su carácter de no perseguir fin lucrativo alguno como persona jurídica de conformidad con las leyes vigentes de la República”.El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estableceque: “Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa setramitarán conforme a lo previsto en esta Ley supletoriamente, se aplicarán las normas deprocedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código deProcedimiento Civil. Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimientoespecial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para larealización de la justicia.Concatenado con esto, el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil establece que“Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personasen los casos siguientes: (…) 3. Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual ensostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso(…)”En el caso concreto, nuestras representadas poseen interés jurídico actual en sostener lasrazones de las accionantes para la impugnación de los Actos, visto que se trata de un casoen que se denota principalmente una patente violación del derecho a la libertad deexpresión de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanosdesarrollados por los diferentes instrumentos internacionales y organizaciones en lamateria y ayudarlos consecuentemente a vencer el proceso.
  4. 4. En tales circunstancias, nuestras representadas, siendo organizaciones promotoras ydefensoras de los derechos a la libertad de expresión e información, tienen interés enadherirse al presente juicio en calidad de terceros coadyuvantes a la acción intentada porlas empresas accionantes, y solicitamos que así sea decidido. Capítulo II. De los aportes al fondo del casoLa libertad de expresión es un derecho fundamental que se encuentra previsto en nuestraCarta Magna en su artículo 57, así como también en diversos instrumentos de carácterinternacional que tienen jerarquía constitucional por el hecho de consagrar derechoshumanos, tal y como el propio texto constitucional lo prevé en su artículo 23.Efectivamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19lo que sigue: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en el artículo 13 losiguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (. . .)”En este sentido, es evidente que el derecho a la libertad de expresión se configura comouno de los pilares de cualquier sociedad democrática pues permite y fortalece el debatepúblico. Es por ello que este esencial derecho solo permite mínimas y precisasrestricciones que han sido desarrolladas ampliamente por la jurisprudencia nacional y delos organismos internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, los Actosse constituyen en limitaciones que definitivamente sobrepasan las limitaciones legítimasal derecho a la libertad de expresión, violentando este derecho de manera clara ypatente.La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los medios decomunicación social y el ejercicio profesional del periodismo son instrumentos esencialespara el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a los fines de que ella cumpla suinsustituible función en una sociedad democrática. Pues éstos no sólo son vehículos para
  5. 5. el ejercicio del derecho individual a expresarse libremente, sino que también, en lorelativo a la dimensión social del derecho y el derecho a la información, son uninstrumento indispensable para que la sociedad reciba informaciones e ideas de todaíndole y para que pueda“conocer la expresión del pensamiento ajeno”. (Corte IDH, LaColegiación Obligatoria de Periodistas, (Artículos 13 y 29 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, párr.30).Los Actos implican una grave violación del derecho a la libertad de expresión einformación, al haber impuesto a Globovisión una desproporcionada multa por lainformación y opiniones difundidas durante las fechas referidas por el Directorio en losActos, sin considerar que tales informaciones y opinionesestaban plenamente protegidaspor el derecho a la libertad de expresión, más aún cuando fueron proferidas con ocasión aun asunto de interés público, como lo es la grave situación que se presentó con laspersonas que se encuentran privadas de libertad en el centro penitenciario El Rodeo,hechos que tuvieron un importante relevancia noticiosa tanto a nivel nacional comointernacional.Es así como los Actos violan no solo el derecho a la libertad de expresión de losaccionantes y de todos aquellos que a través del canal de televisión Globovisión ejercen lalibertad de expresión (periodistas, camarógrafos, productores, etcétera), sino el derechode la colectividad a recibir las informaciones y opiniones que se transmiten a través dedicho medio de comunicación, siendo que el objetivo es la censura de contenidos comolos que fueron objeto de sanción, aún cuando tales contenidos constituyen el ejerciciolegítimo del derecho a expresarse libremente.En primer lugar, debe acotarse que el conjunto de los tipos sancionatorios establecidos enla Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión y Medios Electrónicos,específicamente en su artículo 27 posee un alcance muy amplio y cuenta con unadefinición imprecisa. En estesentido ha establecido la Relatoría Especial para la Libertadde Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia alos tipos sancionatorios de lamencionada ley,que estas conductas son extremadamentedifíciles de definir, lo que deja a laspersonas en la incertidumbre sobre cuál es el alcancede su derecho a la libertad de expresióny cuáles son las ideas o informaciones que nopueden ser emitidas por ningún medio decomunicación abierto, y además otorgan a lasautoridades administrativas encargadas deaplicarlas una discrecionalidad incompatiblecon la plena vigencia del derecho a la libertad depensamiento y de expresión. (CIDH.
  6. 6. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad deExpresión.OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 marzo 2011, p.516.)En segundo lugar señalamos que del conjunto de tipos sancionatorios utilizados en esteprocedimientosólo son admisibles en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,parala aplicación de responsabilidades ulteriores, los relativos a la alteración del ordenpúblicoentendido como una deliberada actuación que pueda afectar la institucionalidaddemocrática.De acuerdo con la CIDH, para que pueda establecerse la incitación a la violencia o laalteraciónal orden público a través de una comunicación, es necesario que se demuestreno solo laincitación a la violencia, sino también una clara intención para ello así como laprobabilidad deéxito. En este sentido se ha afirmado que “las garantías constitucionalesde la libre expresión y la libertad de prensa no permiten al Estado prohibir o proscribir ladefensa del uso de la fuerza o de la violación de la ley excepto en los casos en que esadefensa esté orientada a incitar o producir una acción ilegítima inminente y pueda incitar adicha acción o producir dicha acción”(CIDH. Informe sobre Terrorismo y DerechosHumanos. OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1corr. 22 octubre 2002, p. 322)En este caso la institucionalidad democrática se afectó, no por la información transmitida,sinopor la omisión deliberada de los funcionarios en atender los problemas penitenciariosy lacomplicidad de algunos en la corrupción violenta que permitía el tráfico de armas,drogas y eldescontrol carcelario.En tercer lugar, es importante considerar la proporcionalidad de las sanciones quepodríanaplicarse como responsabilidad posterior, las cuales deber establecerse tomandoen cuenta eldaño que se procura evitar. De esta manera ha establecido la CIDH que entrelos factores quese deben considerar están los peligros que plantean las expresiones en elcontexto de la situación (guerra, combate al terrorismo, etc.); los cargos de las personasque formulan lasexpresiones (militares, personal de inteligencia, funcionarios, ciudadanosparticulares, etc.) y elnivel de influencia que puedan tener en la sociedad; la gravedad dela sanción en relación conel tipo de daño causado o que podría ser causado, la utilidad dela información para el público yel tipo de medio de difusión utilizado. Es importanteresaltar que también en palabras de laCIDH, un periodista o tercero que meramentetransmite declaraciones de otra parte no deberíaestar sujeto a sanciones excepto encircunstancias muy restringidas. Además, lasdeclaraciones que implican al gobierno enactos irregulares merecen un alto nivel de proteccióndado que el escrutinio público delaccionar del gobierno es uno de los valores democráticosmás importantes.(CIDH. Informe
  7. 7. sobre Terrorismo y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1corr. 22 octubre2002, p. 325.)En la providencia administrativacon el que se inicia el procedimiento contra Globovisiónlostestimonios de los familiares solicitan expresamente la actuación del Estado yexpresandemandas legítimas enuna sociedad democrática: información acerca de susfamiliares, eldesplazamiento de la Guardia Nacional y atención a los problemaspenitenciarios entre otros.Este tipo de expresiones son absolutamente legítimas y necesarias en unasociedaddemocrática porque estimulan el debate y escrutinio sobre la actuación de lasautoridades.El papel de los medios de comunicación y los periodistas es proporcionar a lasociedad lainformación acerca de los hechos y las demandas de quienes puedan sentirseafectados. Lasdeclaraciones sobrela actuación de funcionarios y relativas a posiblesviolaciones dederechoshumanos tienen una mayor protección porque el escrutinio delopúblico es uno de los valoresdemocráticos más importantes. Un periodista o medio quetransmite declaraciones no deberíaestar sujetoa sanciones.Ello afecta la previsibilidad deuna responsabilidad legal para quienes ejercen la libertad deexpresión en radio, televisióny medios electrónicos.La sanción es desproporcionada y no está orientada a la reparación deun presunto daño.Por elcontrario su aplicación afecta negativamentela libertad de expresión en el país, alprocurarintimidar genéricamente a quienes se expresan en los medios radioeléctricos. Noexistenevidencias de daño alguno en la cobertura de Globovisión y se afectannegativamente lasgarantías para el ejercicio del derecho a lalibertad de expresión enVenezuela.Una tipificación genérica e imprecisa, una aplicación arbitraria e interesada por unórganodependiente del ejecutivo nacional y una desproporcionada multa configuran unatropello alderecho humano a la libertad de expresión. Este caso afecta sustancialmente aquienestrabajan en este medio de comunicación, a sus audiencias, a los que participan ensus distintosprogramas, a la población necesitada de canales de denuncia y tiene unimpacto en el conjuntode la sociedad al contribuir a la autocensura y silenciamiento de lacrítica hacía la gestióngubernamental. Todo ello en un contexto de un próximo eventoelectoral lo que pretendereducir el vigor del debate público en los medios decomunicación.
  8. 8. Capítulo III. PetitumEn atención a los fundamentos de hecho y de derecho señalados, solicito en nombre demi representada respetuosamente que esa honorable Corte admita la adhesión de elColegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y laAsociación Civil Espacio Público, en carácter de terceros coadyuvantes y que declare lanulidad absoluta de los Actos.Cualquier notificación solicitamos sea hecha a la siguiente dirección: Av. Universidad,Esquinas Traposos a Chorro. Edif. Centro Empresarial, piso 12. Ofic. H. Urb. Catedral,Municipio Libertador. Caracas. Distrito Capital. Venezuela. Atención: Carlos Correa. Tlfs.(0212)-541.7002 / (0212) 541.8122. Email: ccorrea@espaciopublico.org /ocali@espaciopublico.orgConsigno el presente escrito en ocho (08) folios útiles y cincuenta y siete (57) anexos.En Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2012.

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