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Libertad de expresión

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Libertad de expresión

  1. 1. XIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos IIDH 19 al 28 de junio de 2001 San José, Costa RicaLibertad de expresión, derecho a la información y medios de comunicaciónen una sociedad democráticaDr. Santiago CantónRelator Especial para laLibertad de Expresión Buenos días a todos. Quisiera agradecer al Instituto Interamericano deDerechos Humanos por haberme invitado como expositor al XIX CursoInterdisciplinario en Derechos Humanos. La libertad de expresión e información es una garantía fundamental paraasegurar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas y ha sidoreconocida como un derecho fundamental en diversos instrumentosinternacionales. El artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberesdel Hombre establece:“Toda persona tiene el derecho a la libertad deinvestigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquiermedio.” Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana señala: “Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sinconsideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa oartística, o por cualquier otro procedimiento a su elección”. Asimismo, ha sidoreconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución59(1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidaspara la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, entre otros. El ejercicio de este derecho tambiénestá garantizado en los principios que conforman la Declaración de Principiossobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos. En octubre del año 2000, la Comisión Interamericana aprobó un documentoelaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión con el fin de aportar alsistema interamericano una nueva herramienta de protección para la libertad deexpresión. Se trata de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,un documento que cuenta con 13 principios que regulan la efectiva protección dela libertad de expresión en las Américas. La adopción de estos principios es unavance notable en el desarrollo de la protección a la libre expresión y otorga anuestros países un marco de referencia que asegure que al hablar de libertad deexpresión estamos realmente hablando de un derecho que fortalecerá lasinstituciones democráticas.
  2. 2. Todo análisis sobre el estado de la libertad de expresión debe hacerse sinperder de vista el papel fundamental que este derecho cumple en las sociedadesdemocráticas. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de DerechosHumanos se han referido en varias oportunidades a este tema. Han dicho que lalibertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de unasociedad democrática e indispensable para la formación de opinión pública y paraque la comunidad, al momento de ejercer sus decisiones, pueda hacerlosuficientemente informada. Es por eso que es posible afirmar que una sociedadque no está bien informada, no es completamente libre. Acorde con esta posición y a requerimiento de amplios sectores de lasociedad civil y de organismos internacionales y con el amplio respaldo de losJefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en su 98 período ordinario desesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaciónde Estados Americanos, creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,como un órgano funcionalmente independiente, que actúa dentro del ámbitojurídico de la Comisión. La creación de la Relatoría busca estimular de manera preferente laconciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión e información en elhemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidacióny desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demásderechos humanos; formular recomendaciones específicas a los Estadosmiembros sobre materias relacionadas con la libertad de información y expresión afin de que se adopten medidas progresivas a su favor; elaborar informes yestudios especializados sobre la materia y actuar prontamente respecto a aquellaspeticiones y otras comunicaciones en donde se señale que este derecho estásiendo vulnerado en algún Estado miembro de la OEA. Uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión es lafalta de legislación que garantice eficaz y plenamente su ejercicio y asegure supapel de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esto último estáciertamente estrechamente vinculado con el tema del curso de este año en cuantoa la relación de los derechos humanos y la participación política de losciudadanos. El retorno a la democracia después de años de gobiernosdictatoriales en el hemisferio es el desafío más grande para las Américas.Proteger los derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas, comoson el respeto y reconocimiento de los derechos humanos; y, garantizar laindependencia y eficacia de los Poderes Legislativos y Judicial y el sistema departidos políticos asegurando de esta manera una sociedad civil plenamenteparticipativa debe ser una tarea diaria. El Informe sobre Desarrollo Humano de 2000, publicado por el Programa deNaciones Unidas para el Desarrollo, señala que “muchas democracias noprotegen ni promueven los derechos humanos” y agrega acertadamente que “lalegislación por sí sola no puede garantizar los derechos humanos; se necesitan
  3. 3. además instituciones para apoyar el proceso jurídico, así como una cultura denormas y ética sociales para reforzar, no amenazar, las estructuras jurídicas.” Deahí la necesidad de establecer todas las garantías para que toda la sociedad salgabeneficiada en los procesos de fortalecimiento de la democracia. En esta tarea, el respeto y protección de la libertad de expresión adquiereuna función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen los demáselementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechoshumanos. La libertad de expresión se erige como uno de los elementosindispensables para el libre intercambio de ideas, como un instrumento básico departicipación informada de los ciudadanos en las actividades públicas y unmecanismo de control que garantice que las actividades estatales esténcumpliendo con su labor. Los informes anuales y temáticos de la Relatoría pretenden ir sentandoprecedentes que sirvan de apoyo a las distintas instancias que trabajan en eldesarrollo de la libertad de expresión en las Américas. Es así que en ambosinformes se hace referencia a distintas doctrinas que propenden al fortalecimientode la libertad de expresión en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que, dadoque la libertad de expresión e información y pensamiento es la piedra angular delsistema democrático y a su vez es la base del debate público, la ConvenciónAmericana otorga un “valor sumamente elevado” a este derecho y reduce almínimo toda restricción al mismo. La Corte ha señalado que es de “interés públicodemocrático” que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humanode expresarse libremente, tal como está concebido por la Convención Americanasobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, citando a la Corte, indicó que la referenciaconstante a la democracia en los artículos 29 y 32 de la Convención Americana,indica que toda vez que las disposiciones de la Convención son vitales para la“preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas”, las “justasexigencias de la democracia deben orientar su interpretación.” De manera que lainterpretación de las restricciones a la libertad de expresión e información (artículo13 (2)) deben “juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de lassociedades y las instituciones democráticas” dado que la libertad de expresión einformación es esencial para toda forma de gobierno democrático. La protección de la libertad de expresión e información es más amplia en elsistema interamericano que en otros sistemas regionales. La Corte ha concluidoque la Convención Americana es más generosa en su garantía y menos restrictivade este derecho que las disposiciones pertinentes de la Convención Europea y elPacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Hay consenso, noobstante, en que la protección de la libertad de expresión como elementoindispensable de la democracia se encuentra perfectamente fundamentado en elderecho internacional.
  4. 4. Dentro de este marco de amplia protección y mínima restricción como pilarde una sociedad democrática, debe ser evaluada la legislación relacionada con elderecho a la libertad de expresión. Es únicamente en este marco que se puedecomprender la gran protección que le otorga el Sistema Interamericano deprotección de los derechos humanos a la libertad de expresión, y toda restricciónque se quiera imponer deberá pasar el “test democrático”. Es decir, analizar si esnecesario o no para la convivencia en una sociedad democrática. La libertad de expresión en las Américas ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en las Américas? El últimoinforme de la Relatoría correspondiente al año 2000 señala que: “en variosEstados del hemisferio la libertad de expresión continúa seriamente amenazada.Los asesinatos a periodistas; la impunidad de los mismos; las amenazas,agresiones e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación; las leyescontrarias a la Convención Americana y otros instrumentos internacionales; y lautilización del poder judicial como instrumento para intimidar y hostigar a losperiodistas son las principales causas que amenazan el derecho a la libertad deexpresión en el hemisferio.” En cuanto al asesinato de periodistas quisiera una vez más destacar queasesinar a un periodista es la forma más brutal de coartar el ejercicio de la libertadde expresión. Los comunicadores sociales son los principales ejecutores de estederecho y por esto cualquier ataque o agresión a su integridad personal implica ungravísimo atentado además a la libertad de expresión. Estos ataques producen unefecto paralizante en la sociedad ya que los mismos envían un mensaje muy claroa quienes realizan actividades informativas. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos universitarios para elejercicio de la actividad periodística constituyen también una restricción ilegítima ala libertad de expresión. El pleno ejercicio de este derecho requiere que todas laspersonas sean aseguradas en su derecho a comunicar sus opiniones porcualquier medio. Además, el papel de los comunicadores sociales comoformadores de opinión pública requiere que su trabajo esté sujeto a las mínimasrestricciones posibles. Asimismo, la responsabilidad que requiere el ejercicio de lalibertad de expresión en pos de la debida protección y fomento de lainstitucionalidad democrática exige que la actividad del periodista se desarrolle porconductas éticas las cuales, sin embargo, de ningún modo pueden ser impuestaspor los Estados. Otro de los problemas graves en nuestro hemisferio es la falta de unalegislación adecuada que asegure el efectivo ejercicio de la libertad de expresión.El último informe anual de la Relatoría hace referencia a la existencia de leyes dedesacato las cuales continúan siendo utilizadas para silenciar a la prensa y enaquellos países en donde ya no existen estas leyes, se utilizan otras figuras legles,como las leyes de calumnias e injurias, para coartar este derecho. Este tipo de
  5. 5. acciones son violatorias del artículo 13 de la Convención Americana y contradicenlos principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Para fortalecer la libertad de expresión en las Américas es necesaria unamayor acción y compromiso por parte de los Estados que refleje un compromisoserio en el respeto a este derecho. Se requieren mayores iniciativas tendientes aadecuar las legislaciones internas de los países con los estándaresinternacionales sobre libertad de expresión. La Comisión Interamericana se ha pronunciado respecto a laincompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana,estableciendo que“reprimen la libertad de expresión necesaria para el debidofuncionamiento de una sociedad democrática”. Estableció que: “el derecho a lalibertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda lacomunidad de participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto detodos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de lasociedad. El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad deexpresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivospara quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a laformulación de la política pública. De ello se desprende que una ley que ataque eldiscurso que se considera crítico de la administración pública en la persona delindividuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de lalibertad de expresión. Dichas limitaciones pueden afectar no sólo a quien sesilencia directamente, sino también al conjunto de la sociedad.” La Relatoría recomienda que las leyes de desacato se deroguen, de talmanera de adecuar la legislación interna a los principios internacionales. LaComisión ha estimado que “el fundamento de las leyes de desacato contradice elprincipio de que una democracia debidamente funcional es por cierto la máximagarantía del orden público. Las leyes de desacato pretenden preservar el ordenpúblico precisamente limitando un derecho humano fundamental que es tambiéninternacionalmente reconocido como la piedra angular en que se funda lasociedad democrática.” En el caso de injurias y calumnias que afecten a personas públicas, lassanciones deben aplicarse sólo en aquellos casos en que se pruebe que se actuócon real malicia, esto es, con conocimiento de que las aseveraciones de que setrata eran falsas o con una gran despreocupación acerca de su verdad o falsedad.Así se ha establecido por diversas cortes del mundo. Una interpretación del artículo 13 y del Informe sobre Desacato de laComisión, dentro del contexto democrático, tiene como consecuencia la necesidadde revisar las leyes que tienen por objeto proteger el honor de las personas. ElInforme sobre Desacato de la Comisión Interamericana se refiere indirectamente alas leyes de injurias y calumnias por cuanto éstas, en muchas ocasiones sonutilizadas para atacar, o mejor dicho silenciar, el discurso que se considera críticode la administración pública. Es más, en muchos aspectos existe similitud entre
  6. 6. las leyes de desacato, entendidas éstas como las leyes que penalizan la expresiónque ofende, insulta o amenaza a un funcionario público en el desempeño de susfunciones oficiales con las leyes de calumnias e injurias, cuando la persona cuyohonor ha sido presuntamente “ofendido”, es un funcionario público, figura pública,o un particular que se ha involucrado voluntariamente en cuestiones de relevanteinterés público. El pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principalesmecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre laspersonas que tienen a su cargo asuntos de interés publico. Las restriccionesimpuestas a estas expresiones limitan directamente la responsabilidad de todasaquellas personas que representan asuntos de interés publico frente a quienesdelegaron en ellos la facultad para representarlos. La democracia, con estasrestricciones, cede frecuentemente frente al autoritarismo que encuentra terrenofértil en la falta de control efectivo de los ciudadanos frente a los actos degobierno. Con respecto al tipo de sanciones que serían aplicables, la Comisión haestablecido, en relación a las leyes de desacato que “el temor a sanciones penalesnecesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobreproblemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entrelos hechos y los juicios de valor. La crítica política con frecuencia comporta juiciode valor.” Y en otra parte agrega: “Además la amenaza de responsabilidad penalpor deshonrar la reputación de un funcionario público inclusive como expresión deun juicio de valor o una opinión, puede utilizarse como método para suprimir lacrítica y los adversarios políticos”. Este control efectivo, indispensable para el desarrollo de nuestrasinstituciones democráticas, requiere que las personas que tengan a su cargo elmanejo de asuntos de interés público, cuenten con una protección diferente frentea las críticas de la que tendría cualquier particular. La Comisión Interamericana haestablecido que: “ … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucialpara una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas queparticipan en la formulación y la aplicación de la políticapublica…” Y agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debatepúblico y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrarmayor tolerancia a la crítica…” En este contexto, se hace indispensable la distinción entre la personaprivada y la pública. Las denominadas leyes de desacato atentan abiertamentecontra la libertad de expresión e invierten los parámetros de una sociedaddemocrática en la cual los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayorescrutinio por parte de los ciudadanos que los eligieron. Asimismo, el controlefectivo de la sociedad sobre las acciones públicas requiere asimismo una acciónde proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin estainformación, a la que todas las personas tienen derecho, no puede ejercerse lalibertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni
  7. 7. de control democrático de la gestión gubernamental. Este control se hace aún masnecesario ya que uno de los graves obstáculos para el desarrollo de lasinstituciones democráticas son los altos índices de corrupción que afectan aalgunos gobiernos del hemisferio. Y en este sentido la Declaración de Principiossobre Libertad de Expresión establece que el acceso a la información en poder delEstado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados estánobligados a garantizarlo. En este sentido, y debido a la vital importancia de lainformación que proporcione el Estado sobre sus actividades, las limitaciones aeste acceso deben ser excepcionales. Estas deben estar claramente establecidasen la ley y sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace laseguridad nacional en sociedades democráticas. Reconociendo la necesidad de mayor transparencia de los actos degobierno como necesidad básica para el fortalecimiento de las institucionesdemocráticas de los países del hemisferio, la Relatoría ha desarrollado ycontinuará desarrollando, trabajos de asesoramiento, informes temáticos,conferencias y recomendaciones a todos aquellos sectores, tantogubernamentales como de la sociedad civil, que requieran de asistencia paraestablecer prácticas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la libertadde expresión.Muchas gracias.

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