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Ley de Comunicación para el Poder Popular Versión presentada el 04 de Agosto de 2011PremisasLas iniciativas comunicativas asociadas a organizaciones, grupos sociales e institucionessin fines de lucro constituyen una modalidad de servicio público gestionado socialmente ypor tanto distinto a los medios públicos de carácter estatal y a los medios privadoscomerciales. Son un instrumento para la democratización comunicativa y son iniciativasque contribuyen a la realización de este derecho dado el carácter participativo de muchas delas propuestas que contribuyen a la diversidad de opciones para la expresión de puntos devista sobre los temas de interés y amplían la oferta para quienes desean recibir información.La naturaleza de estos medios es sin fines de lucro, independientes de partidos políticos yorientados al servicio público. Su sostenimiento debe realizarse sin que ello constituya unamodalidad de control gubernamental, partidario o privado sobre sus líneas editoriales,perspectivas comunicativas o estrategias de trabajo.El financiamiento público debe contar con garantías institucionales que permitan reducir laarbitrariedad en la asignación de los recursos y que ofrezcan garantías a toda persona quequiera impulsar este tipo de modalidades comunicativas. Estas instituciones deben contarcon la más amplia participación de la sociedad y con los mecanismos que garanticen laigualdad de oportunidades, sin mecanismos de discriminación política o partidaria alguna.Principio de no discriminaciónEn el texto del Proyecto de Ley repetidas veces se mencionan expresamente los términos“hegemonía mediática”, “dominación imperialista”, “oligarquía”, “canalla mediáticanacional”, así como menciona en la exposición de motivos que “nos declaramoscomunicadores bolivarianos, antiimperialistas y socialistas”.El Principio de No Discriminación establecido en la Constitución Nacional (CRBV) en susArtículos 19 y 21, y en los principales instrumentos de Derechos Humanos, como laConvención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su Artículo 1, el cual estableceque los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar y garantizar losderechos humanos sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,nacimiento o cualquier otra condición social.El ejercicio del derecho a la libertad de expresión es un derecho humano que no puedecondicionarse a la prevalencia de una determinada opción política, por ende, estos términosvan directamente en contra del Principio de No Discriminación establecido en la CRBV.Además, crean una base por la cual se podría prejuzgar a un medio de comunicación de

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acuerdo a su tendencia política para calificarlo o no como un “Medio de Comunicaciónpara el Poder Popular” y así evitar que personas de la diversidad de tendencias políticaspuedan acceder a los financiamientos, licencias y beneficios que otorga la Ley.Establecer expresamente en el texto del documento la no discriminación en elreconocimiento, otorgamiento de licencias y frecuencias y en la distribución de los fondospor razones de orientación política o partidista es importante para asegurar la libertad ypluralidad de medios garantizada por la Constitución y los Instrumentos Internacionales deDerechos Humanos. La garantía legal debe acompañarse de mecanismos institucionales quepermitan la efectiva garantía de este principio y para ello debe realizarse un diseño de lainstitucionalidad pública al servicio de la totalidad de las personas que configuran lasociedad venezolana.Asignación de frecuencias radioeléctricas y recursos para el financiamientoEn el Artículo 4.2 del Proyecto se establece que se le dará prioridad a los “Medios deComunicación para el Poder Popular” sobre el espectro Radioeléctrico Nacional. Estamedida es contraria a los estándares de derechos humanos de libertad de expresión.Los Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH1 mencionan en su Principio 12 quese prohíben los monopolios u oligopolios, los cuales restringen la pluralidad y diversidadque asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. De igualmanera los Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TVComunitaria (AMARC)2 establece en los Principios 5, 6 y 7 que todos los planes degestión del espectro deben incluir a todos los medios y sectores de radiodifusión, sin darpreferencia a ninguno de ellos.La preferencia en la asignación de las frecuencias sólo tiene sentido en el marco de unapolítica pública que establezca criterios para una gestión del espectro que ofrezca garantíaspara evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de frecuencias de operaciónde canales de radio y televisión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión incluyeel establecer o fundar medios de comunicación, por ello debe asegurarse una distribuciónjusta del mismo, sin preferencia para ningún sector y garantizando la no existencia demonopolios u oligopolios de ninguno de los sectores y de ninguna tendencia política.En este mismo sentido, el Artículo 8 del Proyecto de Ley establece que la Vicepresidenciacreará un registro para que estas instancias u organizaciones sean censadas e incorporadasal Fondo para el financiamiento de los Medios de Comunicación para el Poder Popular. Deigual manera los Artículos 16 y 17 del Proyecto establecen la creación del mencionadoFondo y de que será la Vicepresidencia Ejecutiva de la República el organismo al cual1 La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión fue adoptada por la Comisión Interamericana de DerechosHumanos en octubre de 2000 en su 108 Período Ordinario. Disponible en http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.ht2 Los Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV comunitaria (AMARC) fueron desarrolladospor la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el año 2009, siendo una guía para la elaboración, aprobación eimplementación de regulaciones sobre radiodifusión comunitaria compatibles con los estándares de Derechos Humanos yel más amplio respeto a los derechos a la comunicación e información y la libertad de expresión. Disponible enhttp://legislaciones.amarc.org/Principios/PrincipiosMarcoRegulatorio.htm

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estará adscrito este Fondo, y representantes de la Vicepresidencia Ejecutiva, el Min. DelPoder Popular para la Planificación y Finanzas, el Min. Del Poder Popular para laComunicación e Información y voceros de los Medios de Comunicación del Poder Popularconformarán la junta que evaluará los proyectos para acceder a dichos fondos. Finalmente,el Artículo 29 del Proyecto señala que los equipos de telecomunicaciones a utilizar deberánestar homologados por CONATEL.La Declaración Conjunta de los Relatores para la Libertad de Expresión: Diez DesafíosClaves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década realizada en el año 20103,establece en el punto No. 1 que uno de los desafíos claves para esta década es regular losmecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación,evitando el ejercicio de facultades ilegítimas que permiten la indebida injerencia de losgobiernos en los medios de comunicación, incluyendo el control directo del gobierno sobreel otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión, o la supervisión de estosprocesos por un organismo que no mantiene, tanto en la ley como en la práctica, una realindependencia respecto del gobierno.Los Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria(AMARC) establece en el Principio 8 que el otorgamiento de licencias, las asignaciones defrecuencias y otros aspectos de funcionamiento del servicio deberán estar regulados pororganismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos yempresariales, y que se debe garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en losprocesos de toma de decisiones. Así mismo establece en el Principio 2 que elreconocimiento de estos medios necesita acompañarse con políticas de respeto, proteccióny promoción para garantizar su existencia y desarrollo.Es indispensable, para asegurar una imparcialidad en el reconocimiento, asignación delicencias y frecuencias así como el acceso al financiamiento, que el ente que tenga estasatribuciones tenga garantías de independencia, y que en el comité que se establezca para latoma de estas decisiones garantice una efectiva participación de la sociedad civil.Procedimiento para el otorgamiento de licencias, frecuencias y financiamientoEl Principio 9 de AMARC establece que para la asignación de frecuencias y elotorgamiento de licencias para su uso debe hacerse un concurso abierto, transparente ypúblico, que incluya mecanismos de participación pública, tales como audiencias públicas.Estos concursos podrán estar diferenciados según los sectores de radiodifusión, a través deprocedimientos y criterios específicos y deberán tomar en consideración la naturaleza y lasparticularidades del sector de los medios de comunicación para garantizarles unaparticipación efectiva y no discriminatoria.3 La Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la PróximaDécada, fue adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión,el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Mediosde Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión yla Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de DerechosHumanos y de los Pueblos (CADHP) el 2 de febrero de 2010. Disponible enhttp://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=784&lID=2

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De igual manera el Principio 11 de AMARC establece que es necesario tener criterios deevaluación para el momento de hacer una selección entre varios interesados. En estoscriterios deberá calificarse prioritariamente la pertinencia del proyecto comunicacional,social y cultural, la participación de la comunidad en la emisora, los antecedentes deltrabajo comunitario de la organización interesada y el aporte que hará la emisora a ladiversidad en el área de cobertura.En este mismo sentido, la Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: Diez DesafíosClaves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década, establece en su punto No. 7establece al respecto de que es un desafío para la década actual el hecho de que se eliminenlos obstáculos de financiamiento público de las emisoras públicas, y que se reservenfrecuencias suficientes para las emisoras comunitarias y se creen mecanismos adecuados definanciamiento.Establecer criterios como este es importante para asegurar la libertad y pluralidad demedios así como una correcta y justa toma de decisiones en cuanto al reconocimiento deestos medios comunitarios, la asignación de licencias, frecuencias y fondos para sufuncionamiento.Reconocimiento del Estado de “Comunicadores Integrales” y “ComunicadoresPopulares”Los Artículos 14 y 15 del Proyecto establecen que el Estado podrá otorgar reconocimientocomo Comunicador Integral a la experiencia y acumulación de saberes de los ciudadanos yciudadanas dedicados a la comunicación popular; y que los medios de Comunicación parael Poder Popular podrán otorgar reconocimiento como Comunicador Popular a losciudadanos y ciudadanas previo cumplimiento del programa de formación y capacitaciónque establezca el medio.De conformidad con el Principio 6 de la Declaración de Principios para la Libertad deExpresión de la CIDH, la exigencia de la colegiación obligatoria o de títulos para elejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad deexpresión. Este mismo criterio es sostenido por la Corte Interamericana de DerechosHumanos en su Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 sobre laColegiación Obligatoria de Periodistas (Art. 13 y 29 de la Convención Americana deDerechos Humanos).Estos dos Artículos del Proyecto son vagos en su contenido, y dejan al libre arbitrio delPoder Ejecutivo la definición de los parámetros para el otorgamiento de los referidosreconocimientos, y no proveen una definición para ¨Comunicadores Integrales¨ y¨Comunicadores Populares¨ ni las implicaciones que tendrán estos reconocimientos. Estasnormas hay que esclarecerlas o remitir estos objetivos a los programas estatales dedicadosa la educación profesional. Es importante señalar expresamente que la obtención de losreferidos reconocimientos no es en algún modo obligatorio para el ejercicio del derecho a lalibertad de expresión.

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No vinculación con entes gubernamentales, partidos políticos o empresas comercialesEl Artículo 12 del Proyecto señala que los Medios de Comunicación para el Poder Populartienen el derecho a vincularse y articularse a asociaciones, consejos, redes o movimientosmunicipales, regionales, nacionales o internacionales y otras formas organizativasexistentes. La asociación a redes o la articulación a redes de diversa índole constituye uncomponente del derecho humano a la asociación y que es consustancial al a la persona.La articulación a redes y asociaciones debe preservar la naturaleza de un mediocomunitario o servicio público de gestión privada. A este respecto, la Declaración Conjuntadel Décimo Aniversario: Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la PróximaDécada, se ha pronunciado en su punto No. 1 señalando que debe evitarse la influenciacontrol político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que estos funcionencomo portavoces del gobierno en lugar de medios independientes encargados de fomentarel interés público, así como la propiedad o control significativo de los medios decomunicación por parte de líderes políticos o partidos.Así mismo, el Principio 3 del AMARC establece expresamente que estos medios consistenen medios independientes y no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso nison de propiedad o están controlados o vinculados a partidos políticos o empresascomerciales. Por tanto, la propuesta legislativa debe asegurar que el referido Artículo 12 delproyecto o algún Artículo adicional incluyan criterios en los cuales se garantice la libertad eindependencia de los medios.