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Comunicado Caso Del Caracazo

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Comunicado de Cofavic sobre situación de exhumaciones de víctimas del Caracazo

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Comunicado Caso Del Caracazo

  1. 1. Esq. Candilito- Edif. El Candil-piso 1- Ofic. 1-A- La Candelaria Apartado 16150-La Candelaria- Caracas 1011-A- Venezuela- Teléfonos: (58-212) 5729631/5729912/5726220 Fax: (58-212) 5729908 Caracas, 10 de septiembre de 2009 Ref: Caso Miguel Aguilera, Wolfang Quintana, Richard Páez y otros vs. República Bolivariana de Venezuela (Caso del Caracazo) Desde el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) nos permitimos dirigirnos a ustedes en esta oportunidad, con el propósito de hacer de su conocimiento una serie de hechos que están desarrollándose por parte del Estado venezolano con relación al cumplimiento del punto resolutivo 2, de la sentencia del Caracazo del 29 de agosto de 2002, relativo a las exhumaciones e identificación de los restos. Alguno de estos hechos adelantados por el Estado nos preocupan profundamente por el grave efecto que pueden tener para las víctimas y para la sociedad venezolana. I. Antecedentes: Entre los hechos probados, la Honorable Corte estableció en su sentencia del 29 de agosto de 2002 lo siguiente: 66.4. en este caso existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos1. Inhumación de cadáveres en fosas comunes 66.5. durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, el Estado ordenó, a través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número indeterminado de personas fallecidas a causa de los sucesos de este caso, en 1 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal m.
  2. 2. fosas comunes ubicadas en el sector denominado “La Peste” del Cementerio General del Sur de Caracas, con infracción de las normas legales y administrativas que regulan los respectivos procedimientos. Funcionarios estatales inicialmente negaron públicamente la existencia de fosas comunes2; En la sentencia referida ut supra la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en su punto resolutivo 2 que el Estado de Venezuela: 2. debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos 121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de las dieciocho víctimas determinadas en esos mismos párrafos; En este mismo dictamen, la Honorable Corte estableció, en relación a este punto que: 123. La Corte considera que la entrega de los restos mortales constituye un acto de reparación en sí mismo porque conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada sepultura3. 124. El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y entregar a los familiares, los restos de las víctimas a las que se ha hecho referencia en los párrafos inmediatamente anteriores. Los costos de la consiguiente inhumación, en el lugar escogido por los familiares deben correr a cargo del Estado. Los restos mortales de la señora Elsa Teotiste Ramírez Caminero, conforme al deseo de sus familiares, deben ser trasladados y sepultados, a costa del Estado, en la República Dominicana, que era el país de origen de la víctima. 125. El Estado debe, además, localizar, exhumar, identificar y entregar a los familiares los restos de aquellas personas cuyas muertes no fueron imputadas al Estado en la sentencia de fondo, pero a cuyos familiares les asiste también el derecho a conocer el paradero de aquéllos. Las personas en mención son las siguientes: Jesús Salvador Cedeño, Jesús Rafael Villalobos, Abelardo Antonio Pérez y Andrés Eloy Suárez Sánchez, quienes son víctimas de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. II. Nuevas diligencias realizadas por el Estado y los Representantes sobre el punto resolutivo 2 de la sentencia del 29 de agosto de 2002: 2 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literales n y o; y resolución de 23 de septiembre de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos presentados por la República de Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia pública de fondo en el presente caso. Volumen I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 3 Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 115; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 81; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 115.
  3. 3. El 11 de febrero de 2009, COFAVIC remitió Al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Presidente de la República y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia sendas comunicaciones solicitando el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos del 29 de agosto de 2002, en el marco del vigésimo aniversario de los sucesos del Caracazo. Hasta la fecha ninguna de estas comunicaciones ha tenido respuesta. Durante los días 30 de agosto de 2009 y 6 de septiembre de 2009 han sido publicados sendos listados de las víctimas del Caracazo por parte del Ministerio Público convocando a los familiares de las personas afectadas para que acudan durante los días 2 de septiembre del 2009 al 11 de septiembre de 2009. Sin embargo ni en este anuncio público ni formalmente se ha comunicado a las víctimas reunidas en COFAVIC el propósito de este llamado. COFAVIC, luego del llamado de la Fiscalía de esta semana ha acompañado a los familiares de 11 víctimas ante la Fiscalía 137º del Área Metropolitana de Caracas y en este Despacho sólo se les han pedido documentos de carácter filiatorio y actas de defunciones, mientras que en los casos de personas cuyos restos no fueron entregados o se encuentran desaparecidas se ha solicitado a las víctimas que se trasladen a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses a los fines de que aporten datos sobre las características fisonómicas de las víctimas que pudieran servir para su identificación. En fecha 20 de agosto de 2009, los familiares de las víctimas luego de realizar una reunión en COFAVIC en fecha 18 de agosto de 2009, remitieron una comunicación a la Fiscalía General de la República informando lo siguiente: Un listado de las víctimas que fueron indemnizadas por el Estado venezolano en atención a la mencionadas sentencia de costas y reparaciones dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el listado de víctimas que deben ser localizadas e identificadas mediante el uso de instrumentos idóneos para que sus restos mortales sean entregados a sus familiares, de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Por otra parte, están las declaraciones emitidas por la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Luisa Ortega Díaz, del día miércoles 2 de septiembre de 2.009, las cuales aparecieron en una nota de prensa publicada en la página web oficial del Ministerio Público, y de la cual transcribimos textualmente a continuación, los motivos específicos de nuestra preocupación4: Ministerio Público ha realizado en los últimos meses 2 mil diligencias relacionadas con "El Caracazo" “La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público ha realizado aproximadamente dos mil diligencias, en un lapso de tres meses, con el fin de culminar la investigación y determinar las responsabilidades penales de las 4 Disponible en: http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa0209.htm. Consultado en fecha: 2 de septiembre de 2.009.
  4. 4. personas involucradas en los hechos violentos del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989 que pasaron a la historia con el nombre de "El Caracazo". En ese sentido, se sostuvo este miércoles en la sede del Despacho de la Fiscal General una reunión de un equipo multidisciplinario, integrado por autoridades de organismos vinculados con esta investigación, donde se trazaron estrategias a fin de adelantar el proceso de exhumación de los restos de la víctima. Dentro de esas diligencias, la Fiscal General destacó la necesidad de exhumar e identificar los cadáveres ubicados en La Peste, luego de un diagnóstico sobre las condiciones en las que se encuentran el lugar donde permanecen las víctimas, tras la inspección realizada los días 4 y 19 de agosto. Próximos pasos Para realizar las exhumaciones previstas, se requiere coordinar las designaciones de los tribunales de control que conocerán las solicitudes de exhumaciones. Igualmente, las designaciones de los defensores públicos que conocerán de las solicitudes de exhumaciones; la limpieza y saneamiento del sector "La Peste" por parte de las autoridades de la Alcaldía de Libertador y del cementerio. Adicionalmente, se propuso y existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades militares de no sólo prestar seguridad (día y noche) y resguardar el área en el que se harán las exhumaciones, sino además ubicar un galpón en Fuerte Tiuna para colocar los restos de las víctimas y realizar las debidas experticias con la eficiencia y rapidez necesaria (subrayado nuestro). También, se pedirá apoyo a la División Contra Homicidios de la policía científica, dado que fue esta instancia la que para la época tuvo un papel importante respecto a la identificación y traslado de las víctimas fatales. Uno de los aspectos que requiere el Ministerio Público es que se cuente con antropólogos, patólogos, odontólogos, fotógrafos y médicos, todos en el área forense, además de la designación de estudiantes de los últimos años de arqueología y antropología física, así como técnicos en autopsia. (subrayado nuestro). En dicho encuentro participaron la Fiscal General, la Vicefiscal, Iraida Alfonzo; el director de Actuación Procesal, Alejandro Castillo; la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Venice Blanco; el comandante general del CORE 5, Alirio Ramírez; el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Martins; el coronel Rafael Camacho en representación de la Comandancia General del Ejército; la Coordinadora Nacional de Ciencias Forenses, Julieta Centeno. (subrayado nuestro).
  5. 5. Además, estuvo presente el presidente de Fundacaracas, José Rafael Núñez; Fernando Gómez por la Defensa Pública; el Coordinador de Extensión de la UCV, Francisco Fernández y representantes de la Alcaldía del municipio Libertador, aparte de los fiscales nacionales María Cristina Vispo, Roberto Acosta y Néstor Castellanos, quienes dirigen la investigación sobre los hechos tratados en la reunión”. (subrayado nuestro). Al respecto consideramos que de las declaraciones de la Fiscal General de la República se desprenden situaciones claramente contradictorias a lo dispuesto por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias de fecha 11 de noviembre de 1999 y 29 de agosto de 2002. La máxima representante del Ministerio Público cuando habla de exhumaciones en el sector la Peste del Cementerio General del Sur pareciera desconocer que los restos de las personas enterradas en las fosas comunes de la Peste ya fueron exhumados, y que, tal como lo ordeno la Honorable Corte, queda el deber para el Estado venezolano de identificar a las víctimas para que los restos sean entregados a sus familiares. Adicionalmente, de la posición de la Fiscalía se puede interpretar que aunque las condiciones en que se depositaron los restos, luego de exhumarlos de la Peste fueron totalmente inadecuadas con posible pérdida de evidencia fundamental para la identificación de los mismos y para el esclarecimiento de los hechos, el Despacho Fiscal no está valorando estas responsabilidades y ha convocado a que actúe al mismo equipo forense que participó en esa etapa del proceso excluyendo a COFAVIC. Luego, con respecto a la propuesta del Ministerio Público para que las autoridades militares presten seguridad y resguarden el área en el que se encuentran los restos de las víctimas, así como la ubicación de los restos en un galpón del Fuerte Tiuna5 en la ciudad de Caracas en donde se practicarán las experticias forenses; deja serias dudas a las víctimas sobre la idoneidad de este proceso. Ya el sólo hecho de dejar el resguardo del lugar en manos de las fuerzas militares que estuvieron implicadas en un gran número de muertes en los sucesos del Caracazo conlleva a una grave falta de independencia en el resguardo de la evidencia disponible en el caso, además de generar mayor afectación en los familiares de las víctimas que han denunciado que sus seres queridos murieron en manos de fuerzas militares. El Fuerte Tiuna es la sede de la jurisdicción militar en Caracas y será allí, por decisión de la Fiscalía, donde se van a realizar las experticias indispensables para la identificación y documentación de los restos hallados en las fosas clandestinas de la Peste. Como bien se conoce, la participación de equipos independientes es una situación que favorece la confianza de los familiares, así como la independencia de la investigación cuando se hayan implicados agentes del Estado. Los procesos de exhumación e identificación con carácter científico son una necesidad, no sólo por las expectativas 5 Fuerte Tiuna es la sede del Ministerio de la Defensa y de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional y de la jurisdicción militar en Caracas.
  6. 6. de los familiares de recuperar los restos de su ser querido, sino porque contribuye al fortalecimiento del derecho a la verdad como derecho inalienable tanto de los parientes de las víctimas como de la sociedad en general que vivió el fenómeno y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de los sucesos del Caracazo. Nos preocupa de manera especial que el equipo de trabajo designado por la Fiscalía General de la República esté integrado por el Director del Comando General del Ejército y el Comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional, dado que la participación de estos órganos militares compromete severamente la plena independencia y el debido proceso de todas las investigaciones que se realicen, tomando en consideración que en buena parte de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en los sucesos del Caracazo son presuntamente funcionarios militares activos. Además, con relación a la identificación de los restos por parte de expertos calificados, las víctimas así como sus representantes hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestro deseo para que se practiquen pruebas de comparación de ADN, dado que dicho método sería el más idóneo y aporta un alto grado de certeza. Sin dudar del profesionalismo de los expertos que sean convocados, creemos que si estos laboran o trabajan para instituciones del Estado pudieran verse influenciados y actuar de una manera poco objetiva, razón por la cual, las víctimas y sus representantes consideramos que dichas labores de identificación debieran quedar en manos de expertos foráneos como el equipo de Antropología Forense de Argentina que comandó las actividades para la exhumación de los cadáveres en las fosas comunes del Sector La Peste en el Cementerio General del Sur. En fecha 4 de septiembre de 2009, los familiares de las víctimas representadas por COFAVIC ofrecieron una conferencia de Prensa donde expresaron, entre otras razones lo siguiente: La exigencia al Estado venezolano para que expertos extranjeros, específicamente el Equipo Argentino de Antropología Forense, participen en el equipo encargado de la identificación de las personas que fueron inhumadas en las fosas comunes del Sector La Peste del Cementerio General del Sur, y la solicitud en particular al Ministerio Público para que tomara en cuenta la opinión de los afectados en dicho proceso.6 Los representantes de las víctimas manifestamos nuestro total y absoluto interés de colaborar con el Estado venezolano, pero tal como manifestáramos en nuestros escritos de observaciones del 27 de enero de 20047 y de 22 de octubre de 2008 , así como en la propia audiencia de cumplimiento ante esta Honorable Corte, el pasado 5 de julio de 2009, consideramos de vital importancia la participación de expertos independientes y confiables en el proceso de identificación e individualización de las víctimas, por lo que en particular, hemos solicitado al Ilustre Estado venezolano se 6 http://politica.eluniversal.com/2009/09/05/pol_art_cofavic-exige-que-ex_1557148.shtml 7 Fecha en la que se presentó el escrito de observaciones al Informe del Estado venezolano.
  7. 7. sirva contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el proceso de exhumación e identificación de victimas y la recolección de la prueba forense. Como ya lo hemos señalado, el manejo inadecuado de los restos de las víctimas puede configurar el delito de destrucción de evidencia y de obstrucción de justicia, consagrados tanto el ordenamiento jurídico interno como en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, toda vez que los mismos configuran una prueba fundamental para la documentación de las lesiones y el establecimiento de las causas de muerte. Adicionalmente, más allá del profesionalismo de los expertos forenses que trabajan en el Instituto de Medicina Legal Venezolano, los representantes de las víctimas creemos que en los actuales momentos dicho organismo forense no se encuentra en condiciones idóneas para realizar una labor tan compleja ni poseen plena independencia para ello.8 Es por estos motivos que los familiares de las víctimas bajo nuestra representación no están dispuestos a recibir los restos óseos de sus seres queridos si estos no son sometidos a exhaustivas prácticas de peritaje independiente que determinen la identificación plena y confiable de los mismos y la documentación irrefutable de las lesiones sufridas por las víctimas, toda vez que esa fue una de las razones fundamentales que les llevó a acudir al sistema interamericano para procurar una protección efectiva de sus derechos fundamentales. En ese sentido, solicitamos a la Corte que se haga eco de esta respetuosa solicitud. La Fiscal General de la República ratificó mediante una nota de prensa del Ministerio Público del 10 de septiembre de 20099, las declaraciones del 2 de septiembre del 2009, en la que además se agrega que el próximo lunes 21 de septiembre, se iniciará en el Cementerio General del Sur, parroquia Santa Rosalía del municipio Bolivariano Libertador, el proceso de exhumación de las víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, que pasaron a la historia con el nombre de "El Caracazo" y en el que además se rechazó la solicitud realizada por los familiares representados por COFAVIC de nombrar a expertos internacionales para la labor de identificación de las víctimas. Dicha nota de prensa señala textualmente que “la Fiscal General calificó como innecesaria la propuesta de representantes de una Organización No Gubernamental (ONG) que exigieron la participación de expertos extranjeros durante la exhumación.” 8 Diario El Universal. “Tenemos tres días esperando por el cadáver de mi hermano”. Deivis Ramírez Miranda. 12 de julio de 2008. 9 http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa1009.htm
  8. 8. En este mismo boletín oficial del Ministerio Público se señala que: “Hubo coincidencia en los asistentes a la reunión en que el objetivo es crear una matriz de opinión para descalificar la labor de los especialistas forenses venezolanos”.10 “Los expertos señalaron que en años anteriores, el equipo argentino no participó en la primera exhumación realizada, sino que se limitaron a observar el trabajo de los forenses venezolanos sólo por un día y no ofrecieron aportes a este proceso”.11 Finalmente, consideramos que el Ministerio Público ha venido adelantando una serie de acciones de suma relevancia para este caso y en ningún momento ha informado o dado mayor participación en dicho proceso a las víctimas y a sus representantes. III Petitorio Con base en lo anterior les requerimos a ustedes que, desde sus espacios institucionales e individuales valoren la posibilidad de respaldar los siguientes puntos, escribiendo a las autoridades de Venezuela o haciendo planteamientos públicos con el fin de urgirlas a: 1. Requerir al Estado Venezolano que dé cumplimiento pleno de la sentencia de reparaciones del caso El Caracazo, emitida el 29 de agosto de 2002 y que como parte de esa supervisión, se hagan eco de la solicitud de los representantes de las víctimas, en el sentido de que el Estado Venezolano permita la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el proceso de exhumación e identificación de victimas y la recolección de la prueba forense. 2. Requerir al Estado Venezolano mantener informadas a las víctimas y a sus representantes de todas las actuaciones que pretendan hacer en cumplimiento y ejecución de la sentencia, incluso permitiéndoles a estas participar activamente en dicho proceso. 3. Requerir al Ministerio Público que en aras de la imparcialidad del proceso se abstenga de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de la Peste. Aprovechamos la oportunidad de saludarles a ustedes muy atentamente, Por COFAVIC: Familiares de las víctimas desaparecidas: Petra Bello, madre de Juan Acasio Mena Bello Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano Nelly Marcano, madre de Boris Eduardo Bolívar 10 Idem 11 Idem
  9. 9. Rubi Valbuena, madre de Roberto Segundo Valbuena Marisol Montenegro, hermana de José Ramón Montenegro Cordero Maritza Romero, hermana de Fidel Orlando Romero Castro Nelly Freitez, madre de Julio César Freitez Beatriz Gómez, hija de Sabas Reyes Gómez Ibelice Ramírez, hija de Elsa Teotiste Caminero Hayde Blanco, hija de Jesús Calixto Blanco Por los Representantes de las víctimas, Liliana Ortega Mendoza 1. Defensoría del Pueblo Nombre y cargo: Defensora del Pueblo Dra. Gabriela del Mar Ramírez. Dirección de las oficinas de atención al público: Avenida México, Plaza Morelos, Edificio Defensoría Del Pueblo, Piso 8, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Dirección del Despacho de la Defensora: Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, Piso 29, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfonos: +58.0212.505.30.01 / +58.0212.501.30.02 / +58.0212.501.30.08 Fax: +58.0212.505.30.07 Email: denuncias@defensoria.gov.ve Página web: http://www.defensoria.gob.ve/ 2. Ministerio Público Nombre y cargo: Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. Dirección: Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfono: +58.0212.509.80.54 Fax: +58.0212.509.75.35 Página web: http://www.fiscalia.gov.ve/
  10. 10. 3. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores: Nombre y cargo: Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro Moros. Dirección: Avenida Urdaneta, Torre MRE, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfonos: +58.0212.806.45.77 / +58.0212.861.25.05 Fax: +58.0212.806.48.08 Página web: http://www.mre.gob.ve/ Email: relaciones.consulares@mre.gob.ve

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