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C) Preguntémonos a continuación cuál es la preocupación que la ciudadanía tiene sobreel fenómeno migratorio en España, vis...
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Reflexiones sobre la inmigración y cómo están impactando los cambios normativos, económicos y sociales sobre la misma.

  1. 1. Reflexiones sobre la inmigración y cómo están impactando los cambiosnormativos, económicos y sociales sobre la misma.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.8 de noviembre de 2.012.Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. Las casualidades de mi calendario académico y profesional han hecho que en lospróximos días, desde mañana viernes hasta el martes 13, intervenga en varios forosdonde se debatirá sobre diferentes cuestiones relacionadas con las políticas deinmigración. Por orden cronológico, la primera intervención tendrá lugar, como hedicho, mañana viernes en una jornada organizada por el Servicio de Empleo de Cataluñapara presentar los resultados del estudio internacionalrealizado sobre “la lucha contra eltrabajo doméstico no declarado”, en concreto en una mesa redonda que lleva por título“Las mejores políticas para combatir el trabajo doméstico no declarado”, y es bienconocido que una parte de ese “trabajo no declarado” es realizado por personasextranjeras extracomunitarias, en su gran mayoría trabajadoras. La segunda forma partede mi actividad académica ordinaria, y se inscribe en el marco de la asignatura “Lagestión social de la diversidad” que se imparte en cuarto curso del gradode RelacionesLaborales de la UAB, y en la que durante tres viernes, desde mañana, abordaré latemática de la inmigración desde diversas perspectivas y con especial y preferenteatención a la jurídica, en el ámbito europeo, español y catalán. La tercera se llevará acabo en el marco de la jornada sobre inmigración y cohesión social que se celebrará elsábado en Terrassa, organizada por la Confederación de Asociaciones de VecinosdeCataluña, con una ponencia sobre cómo está afectando la crisis del empleo y laprotección social a la situación de los inmigrantes y a la cohesión social. La cuarta, conocasión del debate anual que celebramos en la Fundación Utopía sobre la inmigración, ymi participación el lunes 12, junto con representantes de organizaciones sociales. En fin,nuevamente una actividad académica el día 13 con la participación en el Máster deDerecho Internacional y Comunitario queorganiza el Ilustre Colegio de Abogados deBarcelona y en el que he asumido la explicación del bloque dedicado a la librecirculación de trabajadores, en donde la política de inmigración de la UE tendrá un pesoimportante.2. Estas obligaciones académicas, en unos casos, y mis intereses personales por abordartemas sociales, en otros, me llevan ahora a formular algunas reflexiones de caráctergeneral sobre la inmigración que complementan y actualizan, en su caso, las que desdehace ya bastante tiempo vengo realizando en este blog, y las que he plasmado en variaspublicaciones, en varias de ellas con la ayuda inestimable del catedrático de Derecho delTrabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona, y director de la Cátedrade Inmigración, derechos yciudadanía de la misma Universidad, Dr. Ferran CamasRoda, siempre tomando como punto de referencia el artículo 1 de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, en el que puede leerse que: "todos los seres humanosnacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 1
  2. 2. conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La puesta enorden de mis reflexiones se ha producido mientras llegaba, afortunadamente, a mismanos la tesis doctoral elaborada por un querido compañero de la Universidad deGranada. L.A. Triguero, sobre los derechos sociales fundamentales de lostrabajadoresinmigrantes, dirigida por los profesores José Luis Monereo y José A. fernández Avilés,El profesor Triguero consta con acierto que la nueva realidad económica y social lleva aplantearse la gestión de la inmigración en España de forma distinta que en épocas dellegadas de población inmigrante en gran número, pero enfatiza que ese cambio ha deponerse en marcha “sin descartar una de sus bases esenciales (de la política jurídica deinmigración extranjera): el reconocimiento y atribución de derechos socialesfundamentales a las personas extranjeras desde el actual modelo jurídico-legal yconstitucional en cuanto elemento nuclear favorecedor de la integración social”. Dichapolítica ha de gestionar el reconocimiento, la presencia, la integración, e incluso elretorno, de las personas inmigrantes, “pero humanitariamente, no mercantilizadamente”.¡Ah!, y me quedo también, para compartirla, con su tajante afirmación de que laspersonas extranjeras, en la UE y en España, “no son legales o ilegales: se encuentran ensituación administrativa regular o irregular”.Por ser de carácter general esta reflexión no entro con detalle en algunos puntosconcretos que sí impactan, y mucho, en las políticas migratorias en algunos países,como es por ejemplo el asunto de los menores extranjeros no acompañados, al que laComisión Europea ha dedicado un reciente informe sobre el grado de aplicación delplan de acción, en el que se constata, y la referencia tiene especial interés para Españapor su situación geográfica de frontera con África, que la llegada de estos menores a laUnión Europea “no constituye un fenómenos temporal, sino una característica crónicade la inmigración a la UE. Existe, y seguirá existiendo, la necesidad de un enfoquecomún respecto a los menores no acompañados para poder continuar respondiendo, demanera efectiva, y respetando plenamente los derechos de estos menores, a este desafíocomplejo y transnacional tanto a escala nacional como europea”.3. Formulo, en primer término varias ideas para debate.A) Primera idea: Podemos y debemos ser muy críticos con todas aquellas tesis queconvierten el debate sobre la inmigración en puro simplismo de “buenos y malos”, yque tienen en muchas ocasiones tintes racistas y xenófobos, y tenemos ejemplossuficientemente conocidos en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, hay que hacer unaexplicación muy clara y didáctica de cuál es la realidad de la inmigración y de toda suaportación a nuestro desarrollo económico y social, e intentar que las políticas que sepongan en marcha por los poderes públicos redunden en beneficio de toda lacolectividad sin diferencias por razón de nacionalidad, y coincido aquí con la tesissindicales del poco sentido que tiene, cada vez más, “establecer políticas y actuacionesadministrativas diferenciadas para el colectivo de trabajadores extranjeros en suconjunto”.Por poner un ejemplo bien claro: las políticas de lucha contra la economía irregulardeben ir dirigidas contra todas aquellas empresas, y también trabajadores, que seencuentran al margen de la ley, y si hay que poner más el acento en un sector u otro asídebe hacerse. Hago esta afirmación porque todavía tengo en mi memoria la intervenciónde un asistente a una sesión sobre la reforma laboral de 2012, en la que tuve la 2
  3. 3. oportunidad de participar, en la que planteaba, y estoy seguro que la hacía desde labuena fe, si los mayores controles sobre la economía irregular en sectores y empresasdonde está la población extranjera podía tener un efecto positivo para reducir eldesempleo (supongo que se refería al de los autóctonos).El profesorLorenzo Cachón ha destacado la importante presencia de la poblacióninmigrada en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, las peores condiciones quetienen (salarios, puestos de trabajo, seguridad y salud) con respecto a los autóctonos, yde ahí que defienda con buen criterio una política de igualdad y no discriminaciónrealmente efectiva, y la UGT destaca el papel positivo que ha tenido la inmigración parala creación de empleo y elevación de la tasa de actividad (por ejemplo, facilitando laincorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo), así como también que“su mayor movilidad laboral ha contribuido a flexibilizar el mercado de trabajo”. Porsu parte, el documento e la Comisión de seguimiento del pacto nacional porlainmigración de Cataluña destaca también la importancia de “Lluitar contra el racisme ila xenofòbia mitjançant la difusió de dades públiques i oficials per contrarestar elsrumors vinculats a la immigració, i ajudar a “desmuntar tòpics”, tot implicant-hi alconjunt d’agents socials i econòmics, així com als mitjans de comunicació i els partitspolítics. D’acord amb les Directives europees, elaborar una estratègia contra lesdiscriminacions, la igualtat de tracte i el suport a les víctimes”.B) Segunda idea: Se necesitan recursos, perdónenme la perogrullada, para las políticasde integración, o dicho de otra forma para políticas que refuerzan la cohesión social yque interesan al conjunto de la sociedad, de políticas que en el tiempo presente, y así seconstata en el documento elaborado por la Comisión deseguimiento del pacto nacionalpara la inmigración de Cataluña, refuercen “el procés d’acollida-convivència-cohesió iinclusió social, per centrar les actuacions en les polítiques d’integració, enfront de ladavallada en el nombre d’arribades de nous immigrants”. En esta línea, y para elconjunto del Estado, conviene recordar que el artículo 2 ter, 4 de la Ley Orgánica4/2000(modificada) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ysuintegración social, dispone que “De conformidad con los criterios y prioridades delPlan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordaránen la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzarla integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo aun fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y quepodrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptorasde las partidas del fondo”.Pues bien, este año 2012 no hemos tenido dinero estatal para las políticas de integraciónque gestionan las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, y el proyectode ley de PGE para 2013 que se está tramitando en la actualidad mantiene la suspensión.No deja de ser triste y curioso que mientras que la Comisión de Empleo y SeguridadSocial del Congreso de los Diputados aprobaba una moción el día 27 de marzo entérminos favorables al mantenimiento de este fondo, la Ley de PGE 2012 no dedicapartida alguna al fondo.En efecto, en el texto aprobado en el Congreso se instaba al Gobierno a continuarcooperando con las administraciones autonómicas y locales, justamente de conformidadcon lo previsto en el art 2 ter.4 de la LO 4/2000, “mediante la financiación de programasen el marco del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, 3
  4. 4. adoptando las medidas que permitan su financiación en el mercado de la disponibilidadpresupuestaria”. Pues bien, si alguien tuviera alguna duda de lo que estoy diciendorespecto al fondo, leamos la disposición adicional cuadragésima quinta de la Ley dePGE, que lleva por título “Suspensión normativa”: “Queda sin efecto en 2012 loprevisto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”. En el ámbitocatalán, la suspensión del fondo fue muy criticada por las dos asociacionesmunicipalistas, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación deMunicipios deCataluña, que pidieron su restitución. Para la ACM, la desaparición de la partidaeconómica de 67 millones de euros “incrementará las dificultades para hacer políticasde acogida” para la población inmigrantes, mientras que la FMC es del parecer que ladesaparición del fondo “puede afectar de manera irreparable la convivencia en nuestrospueblos y ciudades, y es un claro descalabro económico para todos los ayuntamientos yentes locales”. La crítica a la supresión o suspensión del Fondo también se produjo ensede parlamentaria; en la Resolución aprobada por el Parlamento catalán el 12 deabril,tras el debate celebrado “sobre el impulso de la reactivación económica y sobre laincidencia de la actuación del gobierno en la calidad de los servicios públicos”, seinstaba al gobierno autonómico a “reclamar al gobierno del Estado el restablecimientodel fondo de apoyo a la acogida, la integración y el refuerzo educativo de losinmigrantes con una dotación equivalente a la de 2010, y la renovación de los planespiloto para poderlos extender a todas las poblaciones con más de un 10 % deinmigrantes”.C) Tercera idea: una especial atención debe prestarse al aprendizaje de lo hecho en otrospaíses europeos en materia de integración de la población inmigrada, y también a laspropuestas de la UE plasmadas en la llamada “agenda europea para la integraciónde losnacionales de terceros países”. La Comisión pide que Europa adopte una actitudpositiva frente a la diversidad y que cuente “con garantías claras con respecto a losderechos fundamentales y a la igualdad de trato, sobre la base del respeto mutuo de lasdiferentes culturas y tradiciones”, y que se tenga especial atención con los grupos másvulnerables de la población inmigrada. Es muy importante destacar, como hace eldocumento, que la agenda no puede solo aplicarse mediante instrumentos europeos, yque requiere una implicación muy estrecha de todos los actores implicados en elproceso de integración.En la segunda parte del documento se analiza la integración como una responsabilidadcompartida, partiendo del planteamiento previo, en el marco jurídico vigente, que no esla UE la que ha de determinar las estrategias nacionales de integración, pero sí quepuede (ex artículo 79.4 del Tratado) “proporcionar un marco para el seguimiento, laevaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivosmediante los instrumentos financieros adecuados”. Además, el resultado positivo de laspolíticas de integración se valora, desde una perspectiva muy pragmático, como unacontribución relevante para alcanzar los objetivos marcados por la Estrategia Europea2020 sobre incremento de la tasa de empleo (75 % de 20 a 64 años), reducción de lastasas de abandono escolar (menos de 10 %), incremento de la población que supere laeducación terciaria (40 %), y reducir el número de personal en situación de pobreza yexclusión social (20 millones menos).Las medidas más concretas para incentivar la integración son las siguientes: 4
  5. 5. a) En primer lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedadesde acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de laslenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario poner enmarcha “programas de introducción” para que la persona migrante adquiera un previoconocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y aquí me viene ahora a lamente la ley catalana de acogida de la población inmigrada), la educación y laformación profesional, y la lucha decidida contra todo tipo de discriminación(recuérdese los importantes instrumentos jurídicos europeos de protección contra todotipo de discriminación, incluyendo el que ocurre por raza o etnia).b) La integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento depertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos fundamentalesque están consagrados en el Tratado. La participación política y social cobra aquí plenosentido, con una llamada de la Comisión a que los Estados faciliten el derecho al votoen las elecciones locales y la participación de representantes del colectivo migrante enlos diferentes órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto delprincipio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo asegurarsela Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas existentes en el ámbitode la no discriminación y de la migración legal”.c) La atención a colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón deinstalación en zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantespara facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean desiguales)las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia entre ellos). Se tratade apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad económica y cultural, con elobjetivo de contribuir a la cohesión social. De ahí la importancia de los llamados“pactos territoriales” con implicación de poderes públicos y organizaciones sociales,con medidas de carácter urbanístico y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoqueintegrado, con objeto de evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactosdebe manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales deTerceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder obtenerfondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito territorial de referencia,las tasa de empleo, los niveles de educación, la inclusión social y la ciudadanía activa.d) La integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de acogida.Los países de origen también han de jugar un papel importante en el apoyo al proceso;los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo aquello (idioma,requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su integración regular, ytambién la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en marcha del “portal UE sobreInmigración”. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y lospaíses de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia deconocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo de lospaíses de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los países de origenpueden preparar el retorno temporal (política de migración circular que reconozca losderechos de las personas inmigradas y que no les dificulte, en el Estado de acogida, elretorno) o definitiva de los migrantes. Para ello se requiere, y en general para toda lapolítica de integración, reforzar los mecanismos de cooperación, consulta ycoordinación entre los países de origen y los de acogida. 5
  6. 6. El ComitéEconómico y Social Europeo aprobó, en su sesión plenaria del 28 de marzo,un Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión que trata sobre la agenda deintegración, que valora positivamente si bien pide que dada la gravedad de la situacióneconómica y social “se establezcan instrumentos institucionales y concretos querespalden los objetivos de la integración”, al mismo tiempo que destaca el énfasis de laComunicación en el papel que desempeñan los entes locales y regionales en las políticasde integración pero crítica que “no queda claro cuáles son los incentivos para aumentarsu participación”. El CESE pide modificaciones en la normativa existente,especialmente en el ámbito de la participación política, ya que es del parecer que elobjetivo principal del Tratado UE, y de las normas y propuestas posteriores, de construiruna Europa competitiva e inclusiva “no se puede conseguir si el 4 % de su población,representada por los nacionales de terceros países, se queda atrás”, apoyando otorgar elderecho de sufragio activo y pasivo a los nacionales de terceros países en “laselecciones locales, regionales, nacionales y europeas”. El CESE es del parecer que losinmigrantes realizan “una importante contribución a la sociedad, la economía y lacultura de los países de acogida”, y pide, una vez más, que se tengan en cuenta muchascuestiones laborales para conseguir una efectiva integración, tales como “elreconocimiento de cualificaciones previas, salarios, prestaciones, incluida sutransferencia, acceso a la formación profesional y seguridad en el empleo”, así comotambién “la incorporación de mujeres al mercado laboral”.D) Cuarta idea: acercarse a la realidad de la inmigración debe hacerse con especialatención a los importantes cambios operados en los últimos años, tanto en términos demenor presencia de los flujos de entrada como de una mayor consolidación jurídica dela población inmigrada al ser cada vez más relevante el número de aquellas personasque disponen de la residencia de larga duración. Tampoco conviene olvidar, por suimpacto sobre las políticas laborales dirigidas a la población inmigrada, el importantenúmero de personas que han adquirido la nacionalidad española en los últimos añoscomo consecuencia de la aplicación de la Ley52/2007 de 26 de diciembre, “por la quese reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienespadecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, y másconcretamente de su disposición adicional 7ª relativa a la adquisición de la nacionalidadespañola (“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente españolpodrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en elplazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dichoplazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de unaño.2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieronque renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”); en fin, en eldebate sobre las políticas de migración circular y las políticas de retorno, convendrárecordar que buena parte de la población que ha abandonado España en los últimos tresaños posee la doble nacionalidad, y por consiguiente podrán reincorporarse al mercadode trabajo español en igualdad de condiciones que aquellos residentes en nuestro país.Al respecto, es interesante el dato hecho público por el Instituto Nacional de Estadísticasobre la población española residente en el extranjero, un total de 1.816.835 personas a1 de enero de 2012, con un incremento de 114.057 (6,7 %) sobre la misma fecha del añoanterior, y más exactamente que “el 36 % de los españoles residentes en el extranjeronacieron en España, el 58,2 % en su actual país de residencia, y el 5,1 % en otrospaíses” (654.395, 1.057.730 y 92.473, respectivamente), así como también que el 62,4% (1.133.228 personas) tienen su residencia en América”. 6
  7. 7. En relación con los “nuevos españoles”, aquí están los datos oficiales facilitados porelMinisterio de Justicia el 30 de marzo: se han presentado un total de 503.439solicitudes de opción a la nacionalidad española, y de ellas el 94,84% (477.462) de lassolicitudes presentadas en el mundo lo fueron en las Oficinas Consulares de España enIberoamérica. Por el tipo de solicitudes presentadas, el 92.34% del total (464.858)corresponden a hijos de padre o madre originariamente español, mientras que el 6,32 %(32.141) de las solicitudes corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron querenunciar a la nacionalidad española por motivo del exilio. El restante 1,28% (6.440)“corresponde a las solicitudes de transformación en nacionalidad española de origen deaquellos casos en que la opción dio lugar a una nacionalidad española no de origen”. ElMinisterio de Justicia aporta el dato de la aprobación de un 48,02 % de la solicitudes, esdecir 241.763 personas, al mismo tiempo que recuerda, y debemos tenerlo en cuenta,que “Es preciso tener en cuenta que hay un número importante de solicitudes que seencuentran en fase de estudio o pendientes de presentación de documentación, caso esteúltimo no infrecuente al ser necesaria la presentación de documentación (especialmentecertificados de nacimiento de padres y abuelos) no siempre fácil de conseguir”.Quinta idea: El debate sobre cómo articular una adecuada política migratoria adquiereuna gran importancia, tanto en el ámbito español como en el europeo e internacional,pues parece muy difícil pensar que la inmigración se reducirá drásticamente odesaparecerá aún cuando se establezcan numerosas medidas restrictivas y de control. Alrespecto, un informe de la prestigiosa Fundación Ceimigra expone que la baja natalidad,el envejecimiento de la población y mantener el sistema de Seguridad Social hará que laeconomía española necesite que lleguen unos 4,1 millones de inmigrantes en el año2034.El fenómeno migratorio es uno de los fenómenos más característicos encuadrables en elproceso de globalización económica y que se ve seriamente afectado por los procesos detransnacionalización, si bien se ha producido a lo largo de toda la historia e incluso enmuchas ocasiones impulsado por los gobiernos para evitar conflictos sociales y reducirlos niveles de desempleo. Hay que acercarse a este fenómeno sin creer que tienenaturaleza básicamente temporal, pues la realidad nos demuestra que cada vez más tieneuna vocación de permanencia estable, tanto para el inmigrante como para la familia quese incorporará después una vez que tenga derecho a ello, y las secuelas posteriores entérminos de generaciones de hijos e hijas de inmigrantes y que se encuentranplenamente integradas en la sociedad que acogió a sus mayores. Cuestión diferente, ycada vez de mayor importancia es cómo facilitar la migración circular y evitar lapérdida de derechos para la población extranjera que abandone el país de acogida (eneste caso España) durante un determinado período de tiempo, a fin y efecto de quepueda regresar cuando lo considere oportuno.Con respecto a la integración laboral de las personas inmigrantes en España en laprimera década de este siglo, se ha publicado un interesante estudio de la FundaciónPrimerode Mayo, dirigido por Jorge Aragón, del que extraigo algunas de las tesis queme han parecido más relevantes: en nuestro país, y también en otros países europeos,“los procesos migratorios se encuentran íntimamente ligados a las transformaciones ydemandas del mercado de trabajo, a los déficits de mano de obra y a los desajustesregistrados a lo largo de las últimas décadas”. Esto es muy importante porque “el acceso 7
  8. 8. a los derechos y la integración social de las personas inmigrantes descansa, en parte, enel acceso al mercado de trabajo y en la garantía de unas condiciones laborales dignas”.Coincido plenamente con la importancia de la calidad del empleo como elemento clavede la integración. La crisis (a partir de 2008) está afectando más intensamente a lapoblación extranjera que a la española y, por otra parte, la población inmigrante“registra niveles de sobre cualificación superiores, un salario medio muy inferior y unmenor porcentaje de participación en formación continua que la población española”.Justamente con ocasión de la crisis se constata que los inmigrantes han ampliado el usode los recursos que ofrecen los Servicios Públicos de Empleo, y ha superado a lapoblación española “en demandas de empleo, beneficiarios de prestaciones pordesempleo, contratación y formación ocupacional”. Desde una perspectivainternacional, los estudios de la Organización Internacional del Trabajo siempre han desernos útiles como punto de referencia, y los dedicados a las migraciones laboralesinternacionales contienen varias tesis que creo que son de utilidad: “la gobernanzanacional e internacional de la migración laboral debería reconocer que la mayor parte delos migrantes busca trabajo decente, y ofrecer mayores oportunidades legales para lamovilidad laboral; que las políticas deberían basarse en el reconocimiento de losbeneficios mutuos, tanto para los países de origen como para los de destino; que laprotección de los derechos de los migrantes es fundamental para que todas las partesobtengan los beneficios de desarrollo que acarrea la migración; que son necesariosenfoques integrales para la migración irregular, incluso que aborden sus causasbásicas”.4. Pasemos ahora al estudio y análisis de todas las cifras y datos disponibles, paraentender la realidad actual de la inmigración en España.A) Analicemos en primer lugar, los datos demográficos más generales. Según los datosprovisionales delpadrón municipal facilitados por el Instituto Nacional de Estadística,que se hicieron públicos el mes de abril, del total de la población empadronada a 1 deenero de 2012, 47.212.990 personas, con un incremento anual de 22.947, 5.711.040personas son extranjeras, o lo que es lo mismo el 12,1 % del total de inscritos. Destacael descenso de la población extranjera en 40.447 personas (0,7 %), mientras que por elcontrario se incrementa la población autóctona en 62.944 (0,2 %), y también me parecesignificativo (y creo que es tanto producto de la crisis como de la nacionalización deuna parte de la población que proviene de América del Sur) que la población nocomunitaria se haya visto reducida en 85.941 personas, quedándose en 3.270.188,mientras que la comunitaria se ha incrementado en 45.494, siendo en la actualidad2.440.852 personas. Para ayudar a confirmar esta apreciación, cabe destacar que lapoblación extranjera que ha experimentado un mayor crecimiento absoluto en 2011 hasido la rumana (30263 personas), mientras que el descenso más destacado se haproducido en tres países latinoamericanos, Ecuador (54.330), Colombia (28.506) yBolivia (14.374). Como consecuencia de los cambios operados en la composición de lapoblación extranjera la presencia de la población europea comunitaria ha crecido del41,6 % de 2011 al actual 42,7 %, y la sudamericana ha descendido desde el 24,8 al 22,6%. En cuanto a las poblaciones africanas y asiáticas, el cambio positivo ha sido mínimo(0,3 y 0,4 décimas respectivamente).Por sexos, la distribución es bastante equilibrada, ya que la diferencia a favor de losvarones es de sólo 3,8 puntos (51,9 y 48,1 %, respectivamente), si bien sí se diferencia 8
  9. 9. de la española en cuanto que en esta la presencia femenina supera en 1,4 puntos a lamasculina (50,7 y 49,3 %). La presencia extranjera en los tramos de edad vinculados ala presencia en el mercado de trabajo es abrumadora (59,9 % en personas de 16 a 44años, y 18,5 % entre las de 45 y 64), siendo también significativa la de los jóvenesmenores de 16 años (15,4 %) y mucho menos la de los comprendidos entre 65 y másaños (6,2%). La diferencia con la población autóctona es especialmente significativa enla franja laboral (41,1 y 25,7 %), mientras que también lo es, pero en este caso porque elporcentajes es muy superior, entre la población de mayor edad (17,4 %, es decir más de11 puntos superior a la extranjera).Por Comunidades Autónomas, destacan porcentualmente dos en las que el peso de lapoblación comunitaria es muy significativo, Islas Baleares (21,6 %) y ComunidadValenciana (17,2%), mientras que en la tercera en el ranking porcentual, la Región deMurcia (16,1 %) sí que es significativa la presencia de personas de nacionalidadesextracomunitarias. Las dos Comunidades Autónomas con mayor presencia cuantitativade población extranjera, Cataluña y Madrid, ocupan los dos lugares posteriores en lalista, con el mismo porcentaje, el 15,6 %.Con respecto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, según los datos facilitados porIDESCAT, la población empadronada es de 7.655.603, con un incremento absoluto de25.985 personas sobre 2011 y porcentual del 0,3 %. La población extranjera disminuyepor segundo año consecutivo, ahora en 1.945 personas, y es en la actualidad el 15,6 %del total de la población, una décima menos que en 2011, siendo la cifra total de1.183.907 personas.Datos más recientes de los flujos migratorios enEspaña durante los meses de enero aseptiembre de 2012, también facilitados por el INE, ponen de manifiesto, y el impactode la crisis en estos datos es indudable, que aumenta la emigración y disminuye lainmigración. Si el saldo entre las personas que abandonan España y las que llegan erapositivo para la inmigración en 47.362 y 62.156 personas en 2009 y 2010,respectivamente, en 2.011 se han invertido los términos y han salido de España 50.990personas más de las que han llegado. Además, la inmigración se ha reducido en un 19,4%, ya que de los 314.191 inmigrantes llegados en los nueve primeros meses de 2011 seha pasado a 253.149 en el mismo período de 2012.B) Detengámonos a continuación en los datos de extranjeros con certificado de registrootarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2012, publicados por el Observatoriopermanente de la inmigración del MEySS el 19 de septiembre. A 30 de junio de de 2012había 5.333.805 extranjeros con dicho certificado en vigor, más exactamente 2.597.754personas acogidas al régimen comunitario y 2.736.051 al régimen general, con unincremento en el primer grupo de 33.951 residentes respecto al trimestre anterior (1,32%) y 121.420 personas en serie anual (4,90 %), y en el segundo de 5.144 y 68.116autorizaciones (0,19 % en el trimestre y 2,55 % en serie anual, respectivamente). Elporcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se aplica el derecho de libre circulación yresidencia, es decir, el Régimen Comunitario, es del 48,70 % sobre el total (48,42 el 9
  10. 10. trimestre anterior), frente al Régimen General que se sitúa en el 51,30 % % (51,58 % enel primer trimestre de 2012).a) En cuanto al análisis de los datos más importantes de los extranjeros acogidos alrégimen comunitario (incluye ciudadanos de la UE, de Islandia, Liechtenstein, Noruegay Suiza, y sus familiares), cabe decir que a 30.6.2012 hay un total de 2.597.754, con121.420 nuevas personas acogidas en serie interanual, siendo en la actualidad laproporción de hombres y mujeres bastante equilibrada, 51,32 y 48,68 %,respectivamente, si bien estos porcentajes cambian cuando se trata sólo de familiares deciudadanos comunitarios, ya que el 41,02 % son hombres y el 58,98 % mujeres. Deltotal antes referenciado, 2.188.176 son ciudadanos comunitarios y de la AELC-EFTA(84,24 % del total), mientras que el resto son familiares de los anteriores y de españolescon nacionalidad de un tercer país, un total de 409.460 (15,76 %), con un peso muyimportante de personas nacionales de América central y del Sur, y de MarruecosLa población rumana, que había accedido en el segundo semestre de 2010 a la primeraposición de todos los países con ciudadanos en España, se mantiene en el primer lugarcon 908.769 personas, es decir el 34,98 % del total de las nacionalidades presentes eneste régimen comunitario (incremento trimestral del 1,19 % y aumento interanual del4,90 %). A bastante distancia le siguen la población nacional del Reino Unido (243.058personas, 9,36 % sobre el total), la italiana (186.868, 7,19 %) y la búlgara (174.784,6,73 %). Es la población francesa la que han experimentado un importante incrementorelativo en serie interanual, un 7,62 %, seguida de la italiana con un 7.20 %, y destacael importante aumento del número de familiares de República Dominicana, Marruecos yBrasil de los ciudadanos comunitarios, con un 14,70, 10,58 y 7,19, respectivamente.Las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana agrupan amás del 48 % de los extranjeros de este régimen. Por provincias, Madrid es la primera(407.610), seguida de Barcelona (275.546), de tres provincias de la costa mediterráneaen donde se asienta un número importante de ciudadanos de la UE (Alicante – 189.661 --, Valencia – 150.096 -- y Málaga – 143.335 --) y de las Islas Baleares (134.839). Entres Comunidades Autónomas (Canarias, Castilla y León, y Comunidad Valenciana), elnúmero de personas del régimen comunitario se sitúa por encima del 59 %.Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que residen 2.172.338extranjeros con edades comprendidas entre 16 y 64 años (83,62 % del total), con unpeso menor de los mayores de 65 años (190.560, 7,34 %) y de los menores de 16 años,(234.856, 9,04 %). La edad media es de 37,1 años, 5 años mayor que la del régimengeneral (32,1), destacando la elevada edad de los nacionales de Suiza (53,7 años) yNoruega (51,5).b) Analizo a continuación los datos de la población extranjera acogida al régimengeneral, es decir los nacionales de terceros países “salvo que les sea de aplicación elRégimen Comunitario”. A 30.6.2012 hay un total de 2.736.051, con un incremento del2,55 % (68.116 residentes) en serie interanual. Por sexo, hay más diferencias entrehombres y mujeres que en el régimen comunitario, ya que los porcentajes son del 53,45y 46,55 %, si bien cabe destacar, como así lo hace el informe, el gradual incremento delas mujeres, ya que en los últimos nueve años el porcentaje ha pasado del 40,70 % al46,55 actual. 10
  11. 11. La población marroquí es la primera en este régimen y la segunda en el conjunto detodas las nacionalidades, con 819.249 personas, con un crecimiento del 0,67 y 3,56 %en serie trimestral e interanual respectivamente, representando el 29,95 % del total de lapoblación de este régimen. A bastante distancia siguen los ecuatorianos (364.605, 13,33%), colombianos (221.797, 8,11 %), chinos (171.603, 6,27 %), bolivianos (147.905,6,27 %) y peruanos (122.425, 4,48 %). Hay que destacar tanto sobre el trimestreanterior como en serie interanual, el crecimiento del número de ciudadanos de lasprincipales nacionalidades, con las excepciones de Ecuador (-1,86 y – 3,74 %),Colombia (-1,05 y -3,0 %), Perú (-1,40 y -1,57 %) y Argentina (-0,81 y 0,36 %),dándose un importante incremento anual de la población paraguaya (19,93 %),paquistaní (11,10 %), senegalesa (8,66 %) y boliviana (8,06 %). Por continentes, el pesoporcentual de los ciudadanos de Iberoamérica (43,25 %) es superior en menos de 5puntos al de los africanos (38,91 %) y de 30 al de los asiáticos (12,50 %), debiendodestacarse que los residentes marroquíes suponen más del 77 % del total de losnacionales de países africanos, y que los residentes chinos son el 51 % del total de lapoblación asiática.Las Comunidades Autónomas de Cataluña (784.546 residentes), Madrid (504.672),Andalucía (289.333) y Comunidad Valenciana (278.748), agrupan al 68 % de losextranjeros del régimen general. Las provincias de Barcelona y Madrid reúnen el mayornúmero de población extranjera, 550.216 y 504.672, respectivamente. De las restantesprovincias catalanas, Girona reúne a 106.301, Tarragona a 82-017 y Lleida a 46.012.Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que residen 2.191.351extranjeros con edades comprendidas entre 16 y 64 años (80,09 % del total), con unpeso muy limitado de los mayores de 65 años (38.756, 1,42 %) y mucho másimportante de los menores de 16 años, (505.944, 18,49 %). La edad media es de 32,1años, los marroquíes son los más jóvenes, con una media de 28,0 años, seguidos por lospakistaníes y chinos con 29,3 y 29,8 años. Según la información oficial con la que estoyahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número deextranjeros en edad laboral.De los extranjeros del régimen general, el 68.85 %, es decir 1.929.659 personas, (70,52%, 1.880.218 personas en el trimestre anterior) disponen de autorización de residenciade larga duración (con un elevado porcentaje, 44,66 y 37,88 % de ciudadanos africanosy de América Central y del Sur, respectivamente), mientas que las autorizacionestemporales (806.352) suponen el 29,48 % del total, habiéndose incrementado lasprimeras en 190.753 (10,97 %) en serie interanual, y continuando la disminución delas segundas, ya que han sido 122.637 autorizaciones menos con respecto al mismotrimestre de 2011 (- 13,20 %).De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 382.588 son por cuenta ajena y6.892 por cuenta propia De las autorizaciones de residencia temporal, 216.468 son porreagrupación familiar, 123.167 por residencia no lucrativa, 68.800 por circunstanciasexcepcionales de arraigo, y 3.071 por “razones humanitarias y otras”. En el segundotrimestre de 2012 se concedieron 277.950 autorizaciones iniciales, un 34,47 % (+ 2,66% con respecto al trimestre anterior), 165.641 de primera renovación, un 20,54 % ( -16,24 %) y 362.801 de segunda renovación, un 44,99 %. 11
  12. 12. C) Preguntémonos a continuación cuál es la preocupación que la ciudadanía tiene sobreel fenómeno migratorio en España, visto tanto desde la perspectiva más general comode aquella que le afecta personalmente. Y podemos dar una primera respuesta con losdatos obtenidos del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas: elretroceso indudable en su consideración de preocupación o problema. En apoyo de estarespuesta aporto los datos del últimobarómetro disponible, correspondiente al mes deoctubre, hecho público en el día de hoy.El barómetro constata un ligero aumento de la preocupación de los ciudadanos por elparo y por la situación económica, y también que la inmigración reduce su importanciacomo problema para España y que lo es todavía mucho menos a título personal por losencuestados. La inmigración se considera el undécimo problema (posibilidad de tresrespuestas) que existe actualmente en España (4.4, 1.5 puntos menos que el mes deseptiembre), por detrás del desempleo (77.9, 1.4 puntos menos que el mes deseptiembre), los problemas de índole económica (43.4, 6,0 puntos más que en elbarómetro anterior), de "la clase política, los partidos políticos" (30,5, 3,6 puntos másque en el barómetro de septiembre), de la sanidad (10.1, 1.0 puntos menos que el mesanterior), de la corrupción y el fraude (9.2, 0.7 puntos más que el mes de septiembre),de la educación (8.3), de los recortes (6.7), de otras respuestas (5.6), de los bancos (5.4),y los problemas de índole social (4.6). Cuando se pregunta a los encuestados cuál es elprincipal problema ahora en España, la inmigración se sitúa en el noveno lugar (0.8, 0.2puntos menos que en el barómetro del mes de septiembre), por detrás del desempleo(56.7, 1.3 puntos más que en el barómetro anterior), los problemas de índole económica(16.2, 3.0 puntos menos que el mes de septiembre), de "la clase política, los partidospolíticos" (12.5), de "la corrupción y el fraude" (3.2), del "Gobierno, los políticos y lospartidos" (1.7), otras respuestas (1.4), los recortes (1.0), y la educación (0.9). Si sepregunta cuáles son los problemas que afectan personalmente más a los encuestados(posibilidad de tres respuestas), la inmigración se sitúa en el vigésimo primer lugar(1.2, 0.1 puntos menos que en el barómetro de septiembre), por detrás del desempleo(46.8) , los problemas de índole económica (37.2), la sanidad (11.3), la clase política,los partidos políticos (8.8), la educación (8.8), "los recortes" (8.3), las pensiones (7.0),"no sabe" (6.2), "no contesta" (5.7), los problemas relacionados con la calidad delempleo (5.5), la subida del IVA (5.2), las preocupaciones y situaciones personales (4.2),los problemas de índole social (4.2), otras respuestas (3.3), la vivienda (3.1), lacorrupción y el fraude (2.5), la inseguridad ciudadana (2.1), los bancos (2.0), losproblemas relacionados con la juventud (1.9), y la crisis de valores (1.3). Por último,cuando se pregunta cuál es el problema que afecta personalmente más al encuestado, lainmigración baja aún más, hasta el vigésimo segundo lugar (0.3, 0.1 puntos más que enel barómetro anterior), por detrás del desempleo (37.2), los problemas de índoleeconómica (19.5), "no contesta" (5.7), "no sabe" (6.2), las pensiones (3.9), "la clasepolítica, los partidos políticos" (3.7), la sanidad (3.4), los recortes (3.3), los problemasrelacionados con la calidad del empleo (2.9), la educación (2.7), las preocupaciones ysituaciones personales (1.9), otras respuestas (1.4), el aumento del IVA (1.3), losproblemas de índole social (1.2), la corrupción y el fraude (0.8), los problemasrelacionados con la juventud (0.6), la vivienda (0.6), la inseguridad ciudadana (0.6), lacrisis de valores (0.4), el gobierno, los políticos y los partidos (0.4), y los bancos (04.).No obstante, todos estos datos no deben hacernos olvidar que la crisis impacta sobre lasrelaciones entre autóctonos e inmigrantes y cuestiona el mantenimiento de la cohesiónsocial. En este términos, un reciente estudio del Colectivo IOE para la Organización 12
  13. 13. Internacional de las Migraciones (OIM) sobre “Impactos de la crisis sobre lapoblacióninmigrante en España”, pone de manifiesto el incremento de las diferencias laborales(empleo, ingresos y protección social) entre ambos grupos en perjuicio del segundo, ytambién “el deterioro del clima de la opinión pública con respecto a la inmigraciónextranjera y el incremento de la preocupación entre entidades de solidaridad y decolectivos inmigrantes”. El estudio destaca la polarización de la sociedad española entres grupos: de rechazo a la inmigración (37 %) de tolerancia (33 %) y de ambivalencia(30 %), y al mismo tiempo enfatiza, con acierto a mi parecer, que “es necesarioabandonar la fantasía que el asunto se solucionará con la salida masiva de estapoblación. Por el contrario, es necesario asumir su condición de ciudadano, y en tantoque tales, atender las situaciones de precariedad que les afectan especialmente”. Otroreciente estudio sobre el impacto social de la crisis,publicado por la Fundación LaCaixa, pone de manifiesto, con amplias referencias bibliográficas, que en el ámbitoeuropeo, y España no es ninguna excepción, “la condición flexible del colectivoinmigrante en el espacio laboral – en especial las personas en situación irregular –impulsa políticas destinadas a vetar el acceso – explícita o implícitamente – como formade paliar los efectos en el desempleo”, resaltando que entre estas medidas seencontrarían “la reducción de entradas legales por motivos laborales, obstaculizacióndel reagrupamiento, incremento de la penalización por entrada ilegal o incentivación delretorno”.D) Vayamos ahora al examen de los datos sobre la presencia de la población inmigranteen el mercado de trabajo español, y cómo le afecta (ya adelanto que mucho) la situaciónde crisis. Podemos disponer para efectuar dicho análisis de la encuesta trimestral depoblaciónactiva, y utilizaremos la del tercer trimestre de 2012, y los datos de empleo y,desempleo y afiliación a la Seguridad Social que elabora mensualmente el Ministeriode Empleo y Seguridad Social, estando disponibles los de octubre sobre desempleo yafiliación a la Seguridad Social, y los de septiembre sobre las prestaciones pordesempleo.Según los datos de la EPA, la población activa extranjera estaba integrada por3.393.900 personas, con 2.211.500 ocupadas y 1.182.400 desempleadas, mientras que1.151.400 personas estaban conceptuadas como inactivas. El número de personasextranjeras de 16 y más años es de 4.545.300, con un descenso trimestral de 47.600 y enserie interanual de 104.500 personas, y hay que hacer especial mención de este datoporque sigue la línea de los cuatro trimestres anteriores. Si comparamos con los datosdel segundo trimestre de 2012, la población activa extranjera ha disminuido en 55.500personas y en serie interanual la disminución es de 133.900, mientras que si nos fijamosen los datos de la población autóctona la población activa ha aumentado en 43.500personas sobre el trimestre anterior y en 97.700 en serie interanual. La tasa de actividades del 74.67%, 16,50 puntos superior a la de la tasa de la población activa española(58.17%). En este trimestre, la tasa de actividad de los extranjeros ha disminuido un12,43%, mientras que el aumento de la población española ha sido del 0.13%. En serieinteranual la tasa de actividad de la población autóctona experimenta un incremento del0.23%, y la de la población extranjera disminuye en un 20.1%. La tasa de paro de lapoblación extranjera es del 34.84%, es decir 11:52 puntos por encima de la española(23:32%). Durante el tercer trimestre de 2012 el desempleo autóctono creció en 136.00personas, y entre la población extranjera en 51.000. Por último, durante el tercertrimestre de 2012 hay que hacer especial mención al hecho de que el número detrabajadores autóctonos ocupados ha experimentado un descenso de 92.500 personas, y 13
  14. 14. el de extranjeros de 4.400 en relación con el trimestre anterior. En serie interanual lapoblación ocupada extranjera disminuye en 162.000 personas, la población parada subeen 28.100 y la inactiva se incrementa en 29.400, mientras que la población ocupadaespañola disminuye en 673.900 personas, la población parada se incrementa en 771.600,y la inactiva merma su número en 60.700 personas.E) Analizo a continuación, como he indicado, los datos sobre demandantes de empleo,paro registrado y contratos que corresponden al mes de octubre de2012, y las deprestaciones correspondientes al mes de septiembre. Los datos más destacados son lossiguientes:a) Número de trabajadores extranjeros en situación de desempleo: 605.959 (12,53% deltotal). 189.554 son de países UE y 416.405 de países no UE. Se ha producido unincremento mensual de 17.890 personas (13,95% del total), y un descenso interanual9806 (el paro del total de la población ha crecido en 472.595 personas). En los datos delmes de octubre destaca el crecimiento en el sector agrícola (15,64%, siendo el paro de50.259), y el descenso en el sector de la construcción (1,56%, siendo el paro de 121.324personas).b) Número de trabajadores extranjeros en situación de paro en Cataluña: 134.992(22,27% del total). 24.924 son de países UE y 110.068 de países no UE, con unincremento mensual de 4.802 personas (26,84% del total), y un descenso interanual de5.893 (60,09% del descenso en todo el Estado). El paro se concentra mayoritariamenteen el sector de los servicios en las cuatro demarcaciones territoriales catalanas (69.669),y el paro en el sector de la construcción se sitúa en 31.298.c) Número de trabajadores extranjeros beneficiarios de prestaciones por desempleo en elmes de septiembre: 309.976, con un descenso interanual del 11,0%. 107.708 paradosson de países UE y 202.268 son de países no UE. Este número supone el 10,93% sobreel total de beneficiarios, con un porcentaje del 10,64% si se trata de la prestacióncontributiva, del 11,85% en caso de subsidio, 13,67% en la renta activa de inserción, y1,81% para el subsidio para trabajadores eventuales agrarios.Si comparamos los datos de septiembre con las de los once meses anteriores se observaun descenso de la población acogida a prestación contributiva y del subsidio, y unincremento de la perceptora de la renta activa de inserción. Hay otro dato que convienetener en consideración para analizar los cambios que se están produciendo en lapercepción de prestaciones por parte de los extranjeros: en serie interanual, la prestacióncontributiva ha pasado del 12,12% al 10,64% (un descenso del 12,2% en serieinteranual), y el subsidio ha experimentado también un descenso, del 15,01 al 11,85%(un 21,1% en serie interanual). Es decir, el número de parados extranjeros que cobran elsubsidio de desempleo sobre el total de la población perceptora (11,85%) supera 1,21puntos si lo comparamos con el de quienes cobran la prestación contributiva (10,64% ).Sin embargo, destaca el aumento de las personas perceptoras de la Renta Activa deInserción, el 13,67% del total de los perceptores y con un incremento del 1,7% en serieinteranual. De los datos del mes de septiembre hay que destacar que el porcentaje deperceptores de la RAI es superior al de perceptores de las prestaciones contributivas yde subsidio. 14
  15. 15. Si analizamos qué desempleados parados cobran los diferentes tipos de prestaciones,podemos comprobar que las contributivas suponen el 52% del extranjeros de países UEy el 42,1% de los de países no UE, y que el número de perceptores del subsidio, RAI yREASS, , supone el 48 y el 47,9% respectivamente. En cuanto a los datos del conjuntode la población perceptora de prestaciones en el mes de septiembre, un total de2.836.592, el 47% reciben prestaciones contributivas y el 53% prestaciones asistenciales(40% subsidio, 8% renta activa de inserción, y 5% subsidio agrario). El porcentaje debeneficiarios sobre el total de demandantes de empleo extranjeros es del 38,99% (72,60y 58,93% en los meses de septiembre de 2010 y 2011 respectivamente). El gasto totalpara los parados extranjeros es de 219.047 millones de euros, un 8,5% del gasto total(disminución interanual del 15,8%). El 71,8% del gasto total de prestaciones (2.589.710euros) se destina a la prestación contributiva, mientras que el porcentaje se sitúa en el66,1% cuando se trata de parados extranjeros (62,4 y 64, 3% en los meses de septiembrede 2010 y 2011, respectivamente).d) En cuanto al número de perceptores extranjeros la provincia de Madrid mantiene elprimer lugar (16,46%), por delante de las de Barcelona (16,067%), Valencia (5,48%),Alicante (4,47) , Murcia (4,25), Almería (3,99%), Málaga (3,17%), Tarragona (3,07%),Girona (2,92%),%), Islas Baleares (2,73% ), Castellón (2,65 y Zaragoza (2,55%). Pornacionalidades, los trabajadores marroquíes ocupan el primer lugar (64.093, 20,68%).Los rumanos mantienen la segunda posición (54.713, 17,65%), y los ecuatorianos latercera (25.866, 8,35%). En cuarto lugar encontramos los colombianos (17.826, 5,75%),en quinto los búlgaros (12.728, 4,11%), y en sexto los italianos (12.728, 3,04%).La caída en la protección social de la población extranjera no es una realidad sóloespañola, sino que opera en la mayor parte de países europeos como se constata en elestudio antesreferenciado de la Fundación La Caixa, ciertamente con diferentes nivelesde intensidad, pero en cualquier caso sí es pacífico que “la población extranjera haasumido el papel de amortiguador de los efectos sociales de la crisis, cargando con lamayor parte de los costes – desempleo, empobrecimientos, embargos..-. Esto se va aconvertir en un serio condicionante de los proceso de integración social, especialmentede los sectores recién llegados”. Una integración para la que se requiere un efectivoproceso de conocimiento de la realidad política, económica, jurídica y social española,del que siempre he dicho que carecen muchos ciudadanos españoles; así se pone demanifiesto en la Instrucción de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General delosRegistros y del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivodetramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad españolaporresidencia, en la que se remite a la doctrina jurisprudencial para enfatizar que “eladecuado grado de integración en la sociedad española no se reduce a un conocimientoaceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones,costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles”.e) La media del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Socialdurante el mes de octubre ha sido de 1.701.875, con una disminución de 26.961personas sobre el mes anterior, prácticamente toda concentrada en el régimen general,donde se ha producido un descenso de 26.109 personas. En el régimen de trabajadoresautónomos se ha producido una merma de la afiliación de 66 personas, rompiendo latendencia positiva de los nueve meses anterior del año 2012, siendo en la actualidad untotal de 217.125 afiliados, mientras que la afiliación total de la población autónoma ha 15
  16. 16. disminuido en 5.953 personas, quedándose en 3.038.901. Durante el mes de octubre elnúmero medio de afiliados a la Seguridad Social se redujo en serie interanual en623.586 personas, mientras que el de extranjeros se redujo en 83.487.Un análisis mucho más detallado de la composición de la población extranjera a laSeguridad Social se encuentra en los datos desagregados del mes de septiembre (los deoctubre aún no son públicos). En toda España, y con datos de la media del mes deseptiembre hay un total de 1.728. 836 afiliados (53,41% hombres y 46,59% mujeres), delos cuales 651.429 son de países UE (350.485 hombres y 300.944 mujeres), y 1.077.406son de países no UE (573.031 hombres y 504.375 mujeres). Es decir, se ha producidoun descenso anual del 4,83%. Cabe recordar que la media de afiliados del mes deseptiembre de 2011 era de 1.816.662. Es decir, en los últimos doce meses se haproducido una disminución de 87.826 personas. Cabe destacar la disminución de laafiliación en el régimen general, que ha perdido 19.457 afiliados (ya se han incorporadolos trabajadores de los regímenes agrario y del hogar familiar, y la disminución seproduce utilizando los mismos criterios estadísticos). En cuanto al régimen detrabajadores autónomos, cabe mencionar el aumento de 313 afiliados, y en serieinteranual hemos pasado de los 209.374 del mes de septiembre de 2011 a los actuales217.191. En el régimen especial del personal al servicio del hogar familiar, que se haextinguido el 30 de junio, todavía quedan 1.240 personas. Por regímenes, cabe destacarla importante presencia de los trabajadores rumanos y marroquíes en lo general,siguiendo los criterios estadísticos anteriores (154.907 y 103.115, respectivamente), delchinos y rumanos en el de autónomos (38.901 y 23.930), los rumanos y marroquíes enel agrario, siguiendo aún los criterios estadísticos anteriores (73.810 y 65.368), y losbolivianos, rumanos y marroquíes en el del hogar familiar, también con los criteriosanteriores (188, 164 y 121). En los datos del personal al servicio del hogar familiar queaparece ya en el régimen general, la presencia boliviana se mayoritaria (40.205),seguida de la rumana (27.142) y paraguaya (17.201).Por comunidades autónomas, y siempre con datos de la media del mes de septiembre,Cataluña es la primera en número total de afiliados (390.280, 22,57%), seguida deMadrid (362.243, 20,95%), Andalucía (201.787, 11,67%) y la Comunidad Valenciana(170.146, 9,84%). En Cataluña el descenso en serie interanual ha sido de 20.218personas, un 4,93%. Hace un año, Cataluña era también la primera en número total deafiliados (410.499, 22,60%), seguida de Madrid (382.321, 21,05%), Andalucía(205.262, 11,30%) y la Comunidad Valenciana (189.683, 10,44%).Cabe destacar, en cuanto a la distribución de la población extranjera afiliada a laSeguridad Social en los diferentes sectores de actividad, que la vigente clasificaciónnacional de actividades económicas (CNAE), aprobada por el Real Decreto 475/2007 de13 de abril, entró en vigor el mes de enero de 2.009, y esto introduce algunasmodificaciones de importancia en relación con la distribución realizada de acuerdo conel anterior CNAE. Destaca en mi opinión la división de la anterior "actividadinmobiliaria y de alquiler, y servicios empresariales", en "actividades inmobiliarias","actividades profesionales científicas y técnicas", y "actividades administrativas yservicios auxiliares".En el régimen general de la Seguridad Social (y poniendo de relieve que lasincorporaciones del régimen agrario y del personal al servicio del hogar familiar 16
  17. 17. suponen el 15,17 y 14,13% del total de la afiliación, respectivamente) destaca el númerode afiliados en el sector de la hostelería, que ocupa a 273.740 personas (18,19%), de lascuales 181.250 son de países no UE, y que ocupa la primera posición. Le sigue el sectordel comercio y reparación de vehículos a motor y bicicletas, que ocupa a 186.030trabajadores, un 12,36%, de los cuales 123.190 son de países no UE, y en tercer lugar seencuentran las actividades administrativas y servicios auxiliares, que agrupan a 119.180trabajadores, un 7,92% del total, de los cuales 79.614 son de países no UE, la industriamanufacturera ocupa el cuarto lugar, con 97.353 afiliados, 6,47%, de los cuales 56.912son de países no UE, el sector de la construcción se sitúa en el quinto puesto y ocupa a90.161 personas, un 5,99% (por primera vez el porcentaje baja al 6%), de los cuales52.393 son de países no UE. En el régimen especial de trabajadores autónomos, destacala presencia del sector del comercio y reparación de vehículos de motor y bicicletas(65.887, 30,34%), del sector de la hostelería (44.587, 20,53%), y del sector de laconstrucción (27.520, 12,67% del total y con una participación mayoritaria de losciudadanos de la UE, 19.738). Por países de procedencia, en todo el Estado, lostrabajadores rumanos ocupan la primera posición (280.111), y los marroquíes se sitúanen la segunda posición con 196.334 trabajadores. Los ecuatorianos se encuentran en latercera posición (115.380), seguidos, los chinos con 87.185, los colombianos con86.851, los bolivianos con 83.886, los italianos con 63.600, los peruanos con 57.440, losbúlgaros con 55.324, y de los trabajadores del Reino Unido con 52.357.E) Sin ánimo de exhaustividad, otro dato importante a tomar en consideración paraconocer qué presencia tiene la inmigración en el mercado de trabajo español es laEstructura Salarial. La última, conocida recientemente, es la del año 2010, que nosaporta este dato general: El salario bruto medio anual en España fue de 22.790,20 eurospor trabajador, si bien la diferencia entre este salario medio y el salario más frecuente omodal (16.489,96 euros) fue de más de 6.000 euros. El salario medio mensual bruto fuede 1.701,62 euros (1.898,56 para los varones y 1.477,92 para las mujeres), mientras queel salario neto mensual se queda en 1.345,44 euros (1.489,78 en el caso de los varones y1.191,71 en el de las mujeres). En cuanto a la distribución de los salarios pornacionalidad, la encuesta del INE pone de manifiesto lo siguiente: “Los trabajadoresespañoles fueron los únicos que tuvieron un salario superior a la media. Para el resto detrabajadores de la Unión Europea el salario fue inferior en un 18% al de la media,mientras que las otras nacionalidades tuvieron un salario entre un 25% y un 35%inferior a la media”.6. Mi explicación no puede dejar tampoco de analizar un cambio jurídico, con indudabletrascendencia social, en materia de inmigración con una norma que impactarágravemente en la pérdida de cohesión social y que puede provocar costes económicos ysociales colaterales más importantes que el ahorro económico que pretende obtener elgobierno con la medida, además de ser muy cuestionable su respeto a la normativainternacional y europea y a nuestra Constitución. Me estoy refiriendo al derecho a lasanidad y a las limitaciones que se introducen en forma de restricción para la poblaciónen situación irregular, algo que no tiene nada que ver con el llamado “turismo sanitario”que practican ciudadanos de países de la UE y que puede requerir de algún cambionormativo ciertamente, pero sobre todo de una correcta aplicación de la normativacomunitaria. Mi comentario es forzosamente breve porque sólo deseo destacar elcambio producido, que ha generado un intenso debate jurídico sobre laconstitucionalidad de la medida 17
  18. 18. La restricción del derecho a la sanidad se encuentra recogida en el Real Decreto-ley16/2012,de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidaddelSistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de susprestaciones,publicado en el BOE el día 24 y con entrada inmediata en vigor, si bien a los efectos demi exposición sobre los derechos de la población extranjera hay que acudir a ladisposición transitoria primera, que sólo puede entenderse después de leer la normacitada en la misma, que dispone que “Las personas que, con anterioridad a la entrada envigor de este real decreto-ley, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podránseguir accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad deacreditar la condición de asegurado en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley16/2003, de 28 de mayo”.¿Cómo afecta el RDL a la población extranjera? En el preámbulo encontramos unaamplia justificación de la medida por el incumplimiento de la normativa comunitaria yelcoste económico que ello supone para el erario público español por “la imposibilidad degarantizar los retornos de los gastos ocasionados por la prestación de los serviciossanitarios y sociales a ciudadanos europeos”, pero no, al menos según mi parecer, almotivo que justifica la pérdida del derecho general a la sanidad a las personasextranjeras extracomunitarias que se encuentren empadronadas en el municipio en elque vivan pero que no dispongan de autorización de residencia y en su caso de trabajo.Vayamos en primer lugar a la disposición final tercera, que procede a la modificacióndel artículo 12 de la LO 4/2000 (modificada), quedando ahora reconocido el derecho ala asistencia sanitaria de los extranjeros “en los términos previstos en la legislaciónvigente en materia sanitaria”. Para comprender mejor el alcance del cambio, recuerdoque la redacción anterior del artículo 12 era la siguiente: “1. Los extranjeros que seencuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan sudomicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condicionesque los españoles. 2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a laasistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquieraque sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienenderecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 4. Lasextranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho a la asistenciasanitaria durante el embarazo, parto y postparto”. Como el apartado 1 del artículo 12, enla redacción anterior al 24 de abril, hace referencia a la inscripción en el padrón, esconveniente recordar que el artículo 6.2 de la LO 4/2000 dispone que “Los extranjerosresidentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos portal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en losasuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación”.En definitiva, para conocer cuál será la regulación del acceso de la población extranjeraa la asistencia sanitaria habrá que conocer cuál es la legislación vigente en este ámbito,y se trata de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacionalde Salud, cuyo artículo 3 es modificado por el RDL, siendo el cambio en el título delprecepto una clara y explícita manifestación de aquello que será inmediatamentedespués su contenido, ya que en el texto originario se trataba de “titulares de losderechos”, mientras que en la modificación se trata “De la condición de asegurado”. 18
  19. 19. En la redacción anterior eran titulares de los derechos a la protección de la salud y laasistencia sanitaria “a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional enlos términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000. b) Los nacionales delos Estados miembros de la Unión Europea que tienen los derechos que resulten delderecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por elEstado español y les sean de aplicación. c) Los nacionales de Estados no pertenecientesa la Unión Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados yconvenios suscritos”. Con la reforma, será necesario bien estar afiliado a la SeguridadSocial, ser pensionista, perceptor de prestaciones por desempleo, o inscrito comodemandante de empleo tras haberlas agotado, ser familiar de estas personas en lostérminos del apartado 4, bien carecer de recursos económicos si no se encuentran enninguno de los supuestos anteriores, o bien suscribir un convenio especial con laSeguridad Social. Pero junto a este marco general la importancia del cambio, que ya esmucha con el sólo artículo 3, radica en la incorporación a la Ley 16/2003 de un nuevoartículo 3 ter que se refiere de forma clara y explícita a los extranjeros “no registrados niautorizados como residentes en España”, a los que sólo se reconoce una parcela de laasistencia sanitaria, o por decirlo de forma más clara el empadronamiento ya no daráderecho a recibir asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto depersonas, autóctonas o extranjeras residentes, ya que estos extranjeros que pueden estarempadronados pero no ser residentes de acuerdo a la normativa vigente podrán recibirasistencia sanitaria “de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que seasu causa, hasta la situación del alta médica”, y también “de asistencia al embarazo, partoy postparto”, salvo que se trate de menores de 18 años y en cuyo caso “recibiránasistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Seguramente seentenderá aún mejor con esta frase de un artículo publicado en La Razón el 23 de abril,un diario bien cercano al gobierno: tras poner de manifiesto que “ningún inmigrante queprecise atención urgente se verá privado de ella, aunque no tenga papeles”, afirma bienclaro que “ya no bastará con empadronarse para disfrutar de todos los servicios de laSanidad Pública, sino que, además de residir en nuestro país, los extranjeros tendrán quecotizar en la Seguridad Social y pagar impuestos aquí para tener acceso a la tarjetasanitaria” (¡Ah!, ¿pero es que no pagan religiosamente sus impuestos como todos losrestantes ciudadanos?)Según los datos estadísticos de población extranjera la medida podría afectar a cercade150.000 personas, previendo que ello podría generar un ahorro teórico de 240millones de euros “si se les aplican los 1.600 euros por persona que cuesta al año cadaespañol en sanidad”, ahorro que se convertiría en gasto por el impacto social de lamedida. Las reacciones sociales no se han hecho esperar y baste citar algunassignificativas. Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “exigir acreditar,además del empadronamiento, un trabajo y la residencia fiscal, supone aumentar ladesprotección de las personas más perjudicadas por la crisis económica y eldesempleo”. Comisiones Obreras de Cataluña señala que la medida puede afectar nosólo a quienes no dispongan originariamente de autorización de residencia, sino también(y la situación actual de crisis, añado yo ahora, puede contribuir a ello) “a personasregulares que han trabajado, que han cotizado a la Seguridad Social, pero que por causadel desempleo no pueden renovar sus permisos de trabajo y caen en irregularidad”. Parala UGT se pretende acabar con un derecho básico y fundamental para cualquier persona,algo que supone “un incumplimiento del mandato constitucional de que los poderespúblicos han de garantizar y tutelar la salud pública del conjunto de la población”. 19
  20. 20. 7. Por último, ¿Qué hay que decir, algo nuevo para entendernos, sobre las migracioneslaborales y su impacto a escala internacional? En primer lugar, seguir destacando suimportancia para el futuro económico europeo, que se encuentra con una poblaciónlaboral en progresivo proceso de envejecimiento. Como destacaba el día 6 de noviembreel comisario Lazlo Andor, refiriéndose a la importancia de la Estrategia Europa 2020 ya las políticas de empleo que han de prestar especial atención a la población migrante“The issue of economic migration needs to be adequately integrated in these policiesand investments since migrants represent an important share of the EU workforce.However, at the EU level, we are still far from a satisfactory valorisation of theavailable migrant human resources. In addition, Europe remains less attractive than theUSA, Canada or Australia when it comes to highly qualified migrants. The economiccrisis we are going through of course plays a role in this: Europes major problem atpresent is low demand for labour due to uncertainties companies face. But analysis ofeconomic and demographic trends clearly indicates that there is no contradictionbetween the goal of mobilising the full EU employment potential and the need for amore targeted economic migration policy that opens pathways for skilled migrants tofill unsatisfied labour needs. The policy approach in this area as defined by the Europe2020 Strategy underlines the need to make the best use of the potential of migrantsalready legally residing in the EU while, at the same time, paving the way for neweconomic migration in additional sectors in which labour and skills shortages areemerging”.De especial interés es el documento sobre las migraciones laborales presentado por laOficina Internacional de Trabajo para debate a la 316ª reunión del Consejo deAdministración de la OIT que se está celebrando en Ginebra desde el día 1 al 16 de estemes de noviembre, del que destaca en especial a mi parecer la petición de que el diálogode alto nivel que debe llevarse a cabo en 2013 en la ONU sobre inmigración verse sobrecuatro temas de indudable importancia a escala mundial: “la contribución de lasmigraciones y los migrantes al desarrollo; la integración de la migración en eldesarrollo; la migración irregular, y las alianzas y la cooperación”, desde laconsideración previa e importante, que comparto plenamente, de que “los migrantes hande ser tratados en calidad de trabajadores y no como factores de producción”, y tambiénque “es preciso centrar los análisis en las cuestiones relativas a la igualdad y definir eldesarrollo como algo más que el crecimiento del PIB”, por lo que cualquier debatesobre inmigración ha de vincularse a cuestiones económicas y laborales, y no sólo“guardar relación con factores de política interior o de seguridad”. La OIT insiste en laimportancia de prestar atención, y adoptar las medidas para corregirla, a la migraciónirregular, que se calcula que supone entre un 10 y un 15 % del total, destacando algoque es bien sabido en los países llamados desarrollados, que es la permanencia de losmigrantes en el país de acogida, aunque hayan perdido su empleo, por las sombríasperspectivas laborales en caso de retornar al país de origen, por lo que hay que tomar lasmedidas normativas y prácticas adecuadas, ya que “la persistencia de la migraciónirregular y del trabajo no declarado que realizan los migrantes demuestran la existenciade fallos generales” (recuérdese que los últimos datos globales disponibles sobremigración son la presencia de alrededor de 214 millones de personas, 3,1 % de lapoblación mundial, que residen en un país distinto del de origen, de los que 104millones son económicamente activas, y sumándoles sus familiares suponen el 90 % dela población total migrante). 20
  21. 21. En fin, la OIT no olvida, por su real impacto sobre el mundo migratorio, la importanciade la aprobación del Convenio número 189, en la Conferencia General de 2011, sobrelas trabajadoras y los trabajadores domésticos. De dicho Convenio deseo destacar losiguiente: La información sobre las condiciones de trabajo, y la formalización de uncontrato por escrito en la que se recojan de forma detallada, es una de las principalesherramientas de las que puede disponer un trabajador doméstico para no quedarsometido a la libre discrecionalidad del empleador (por cierto, a diferencia de laterminología empleada en el Convenio para referirse a las personas trabajadoras,incluyendo de forma expresa a “trabajadoras” y “trabajadores”, en el caso del personalcontratante sólo se utiliza la expresión masculina “empleador”, y creo que no hubieraestado de más una equiparación, al menos formal, en el artículo del Convenio queincluye las definiciones que después se utilizan en el texto). Pues bien, esa concreción ydetalle se encuentra en el artículo 7, complementado por el apartado 6.2 de laRecomendación: datos personales, lugar o lugares de trabajo, fecha de inicio y en sucaso de finalización, reglas relativas a la finalización del contrato y al plazo de preaviso,tipo de actividad, remuneración (con una petición a los Estados, en el apartado 16 de laRecomendación, de aplicación de normas no menos favorables que al resto detrabajadores para proteger sus créditos laborales en caso de fallecimiento o insolvenciadel empleador) y forma de pago (como mínimo una vez al mes), horario laboral yperíodos de descanso, posible manutención en especie (“en condiciones no menosfavorables que las que rigen generalmente para otra categorías de trabajadores”, y paraEspaña recuérdese la modificación operada, en esta misma línea, en el artículo 26.1 dela Ley del Estatuto de los trabajadores por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, demedidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo) período de prueba si así seestablece, y “las condiciones de repatriación cuando proceda” (no se olvide elimportante número de trabajadoras domésticas que trabajan en terceros países, muyespecialmente en algunos emiratos árabes).Sobre este último apartado, la norma prevé la obligación (cuyo cumplimiento deberíaser uno de los objetivos fundamentales) de poner en conocimiento de todos lostrabajadores domésticos migrantes las condiciones contractuales en las que van a prestarsus servicios, así como el derecho a poder regresar a su país de origen una vezfinalizada la relación laboral, y por ello tienen derecho a conservar sus documentos deviaje e identidad (reconocimiento implícito por el Convenio, pues, de que a muchostrabajadores se les retira de hecho dicha documentación mientras están trabajando alservicio de un empleador en un tercer país, sin que exista ninguna base legal para ello).En esta importante cuestión, la norma llama a los Estados a regular el funcionamientode las agencias privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, a establecerun mecanismo adecuado de presentación de quejas y reclamaciones (con independenciade la existencia de un mecanismo general de resolución de conflictos en condiciones nomenos favorables que el de los trabajadores en general), y a sancionar a aquellasagencias que vulneren la normativa, con una mención expresa a la adopción de medidasapropiadas “para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleoprivadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos”.Continuará…, seguro. 21

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