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Más competencias para la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia deexpedientes de regulación de empleo.Eduardo Rojo T...
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Buena lectura del Real Decreto 899/2011.
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Más competencias para la CC AA del País Vasco en materia de expedientes de regulación de empleo. 6.7.2011.

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Más competencias para la CC AA del País Vasco en materia de expedientes de regulación de empleo. 6.7.2011.

  1. 1. Más competencias para la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia deexpedientes de regulación de empleo.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.6 de julio de 2011.1. El Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial del País Vasco del día 30 de juniopublicaron el Real Decreto 899/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las funcionesy servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma delPaís Vasco en materia de expedientes de regulación de empleo, norma que entró envigor al día siguiente de su publicación y en cuyo anexo se dispone que la citadaampliación también surtirá efectos a partir de la misma fecha http://bit.ly/oYogJy .El RD es consecuencia del acuerdo alcanzado oficialmente el día 22 de junio en el senode la Comisión Mixta integrada por las representaciones de la Administración Generaldel Estado y de la CC AA vasca. Conviene recordar que el traspaso encuentra su origenen el acuerdo suscrito el 14 de octubre de 2010 entre los grupos socialista y nacionalistavasco del Congreso de los Diputados, que incluía justamente la materia de “regulaciónde empleo” para ser traspasada durante el primer semestre de 2011. En dicho acuerdotambién se incluía el traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se haproducido por Real Decreto 895/2011, de 24 de junio.Tal como reza el título del RD, aquella que se opera con la norma es una ampliación delas competencias ya asumidas por la CC AA en materia de ERES, dado que dichascompetencias fueron traspasadas por el Estado a la autonomía vasca, en cumplimientode los mandatos constitucional y estatutario, por el Real Decreto 812/1985 de 8 demayo, publicado en el BOE de 4 de junio. http://bit.ly/oPfFV62. Recordemos en primer lugar qué competencias asumió el País Vasco en 1985.“1. La instrucción y resolución de expedientes de regulación de empleo para autorizarcolectivamente reducciones de jornada, suspensiones y extinciones de las relacioneslaborales por causas tecnológicas, económicas, y de fuerza mayor y extinción de lapersonalidad jurídica del contratante, y reconocimiento de la situación legal dedesempleo en los términos legales en dichos supuestos y por razón de muerte, jubilacióno incapacidad del empresario.2. Los expedientes a que se refiere el apartado anterior incoados por aquellas empresasen las que la totalidad de los centros de trabajo y trabajadores de su plantilla radiquendentro del territorio de la comunidad autónoma del País Vasco serán instruidos yresueltos en primera instancia y en vía de recurso por la autoridad laboral de lacomunidad autónoma vasca, agotándose la vía administrativa en dicho ámbito. No
  2. 2. obstante lo anterior, en los expedientes incoados por empresas cuya plantilla exceda de500 trabajadores, la autoridad instructora del expediente administrativo deberá recabarpreceptivamente informe previo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.3. Cuando la solicitud deducida en el expediente afecta tan solo a los centros de trabajoo trabajadores radicados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, lacompetencia para instruir y resolver el expediente corresponderá a la autoridad laboralde la comunidad autónoma del País Vasco. a fin de que la autoridad competente tome enconsideración a la hora de resolver las posibles repercusiones que el expediente incoadopueda provocar indirectamente en centros de trabajo radicados fuera de la comunidadautónoma, se recabara informe preceptivo y del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, quien a su vez, podrá solicitarlo de las comunidades autónomas en que radiquenlos restantes centros de trabajo. Dicho informe, que versara en exclusiva sobre dichoaspecto concreto, no tendrá carácter vinculante”.Veamos ahora cuáles eran los ERES cuya instrucción y resolución quedaba excluido delacuerdo alcanzado entre la AGE y la CC AA vasca.“6 …b) expedientes de regulación de empleo relacionados con créditos excepcionales oavales acordados por el gobierno de la nación de acuerdo con lo previsto en los artículos5 e) y 37 de la ley de crédito oficial o norma que los sustituya.c) empresas pertenecientes al Patrimonio delEestado y, en general, aquellas que tenganla condiciones de sociedades estatales de acuerdo con la ley general presupuestaria.d) empresas relacionadas directamente con la defensa nacional y aquellas otras cuyaproducción sea declarada de importancia estratégica nacional mediante norma con rangode ley.e) en aquellos expedientes cuya competencia se reserva el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, se solicitara por este preceptivamente informe de aquellascomunidades autónomas donde radiquen los centros de trabajo afectados.7. En los supuestos en que se trate de expedientes cuya solicitud afecte a centros detrabajo o trabajadores radicados dentro y fuera del territorio de la comunidad autónoma,se cumplirán las siguientes normas:a) cuando el 85 por 100, como mínimo, de la plantilla de la empresa radiquen en elámbito territorial de la comunidad autónoma del País Vasco y existan trabajadoresafectados en la misma, la autoridad laboral de la comunidad autónoma registrara elexpediente dando traslado del mismo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialsimultáneamente a su registro y lo instruirá hasta el momento procedimental de resolveren que formulara una propuesta de resolución ante el Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial. Este último, que podrá recabar informe de otras comunidades autónoma encuyos territorios presten servicio los trabajadores afectados, dictara resolución cuyocontenido se limitara a aceptar o rechazar de plano la propuesta a que se refiere elapartado anterior, debiendo explicitarse en el segundo supuesto los motivos de rechazo.Las propuestas de resolución deberán registrarse ante el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social con una antelación mínima de cinco días antes del plazo establecidopara resolver.
  3. 3. b) cuando el expediente del caso no afecte a trabajadores situados en el ámbito de lacomunidad autónoma del País Vasco, o la plantilla de la empresa que radica en dichoámbito territorial sea inferior al porcentaje señalado en el apartado anterior, elexpediente será instruido y resuelto en primera y sucesivas instancias por el ministeriode trabajo y seguridad social, que recabara informe de las autoridades laborales de otrascomunidades autónomas en que presten servicios trabajadores afectados por elexpediente”.3. Con anterioridad al inicio del traspaso de competencias a las CC AA en materia deERE la norma de aplicación era el Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, para laaplicación del Estatuto de los Trabajadores a los expedientes de modificacionessustanciales de las condiciones de trabajo y de suspensión y extinción de las relacionesde trabajo. http://bit.ly/n8gjOq . Su artículo octavo regulaba la autoridad laboralcompetente para acordar las extinciones contractuales fundadas en las causaseconómicas o tecnológicas previstas en la redacción original del artículo 51.2 de la Leydel Estatuto de los Trabajadores http://bit.ly/pFbMNg , y lo hacía en los siguientestérminos:“a) En las empresas de hasta quinientos trabajadores, siempre que la medida no afecte amás de doscientos, al delegado del Ministerio de Trabajo, dentro del ámbito de suprovincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c) de este articulo.b) Si la empresa tuviera varios centros de trabajo, en distintas provincias, afectados porel expediente, conocerá del mismo la dirección general de empleo del Ministerio deTrabajo, salvo delegación expresa en una de las delegaciones de trabajo competente porrazón de lugar.c) Cuando la resolución que haya de dictarse pueda afectar a más de doscientostrabajadores, se trate de empresa de ámbito nacional o la medida tenga especialtrascendencia social, la dirección general de empleo del Ministerio de Trabajo podrárecabar la competencia para tramitar y resolver el expediente”.Hemos de esperar a 1996 para encontrar la nueva norma reguladora del procedimientode tramitación y resolución de los ERES, consecuencia obligada de la reforma operadaen la LET por la Ley 19/1994 http://bit.ly/mDryU2. En concreto, se trata del RealDecreto 43/1996 de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de losprocedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia detraslados colectivos http://bit.ly/n8gjOq. Su artículo segundo regula la autoridad laboralcompetente en los siguientes términos:“1. En el ámbito de la Administración General del Estado y a los efectos del artículo 51del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la autorización paraextinguir las relaciones de trabajo fundada en causas económicas, técnicas,organizativas, de producción y existencia de fuerza mayor, corresponde:a) En las empresas, cualquiera que sea su plantilla, siempre que la medida no afecte amás de doscientos trabajadores, al Director provincial de Trabajo, Seguridad Social yAsuntos Sociales, dentro del ámbito de su provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en elpárrafo c) de este artículo.
  4. 4. b) Si la empresa tuviera varios centros de trabajo afectados por el expediente endistintas provincias y ubicados en una Comunidad Autónoma donde no se hayaproducido el traspaso de funciones y servicios del Estado a la misma en materia deregulación de empleo o, en todo caso, cuando la autorización afecte a los centros detrabajo o trabajadores radicados en dos o más Comunidades Autónomas, conocerá delmismo la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,salvo delegación expresa en alguno de los Directores provinciales de Trabajo, SeguridadSocial y Asuntos Sociales competentes por razón del territorio.c) Cuando la resolución que haya de dictarse pueda afectar a más de doscientostrabajadores o la medida tenga especial trascendencia social, la Dirección General deTrabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar la competencia paratramitar y resolver el procedimiento.2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de losservicios del Estado en materia de regulación de empleo, tendrá la consideración deautoridad laboral competente para la resolución de aquellos procedimientos, el órganoque determine la Comunidad Autónoma respectiva”.4. Poco antes del nuevo traspaso a la autonomía vasca se publicó el Real Decreto801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos deregulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivoshttp://bit.ly/kv1NN5, aprobado por el Consejo de Ministros de dicha fechahttp://bit.ly/kBJGnB . En la introducción encontramos una referencia de interés paraconocer cuál es la autoridad competente para resolver un ERE, dado que cuando sedictó el RD 43/1996 que se deroga por el nuevo texto no se había aún producido lamayor parte de las transferencias en esta materia a las CC AA, aunque no obviamente alPaís Vasco, y de ahí que se destaque que la concreción de dicha autoridad se ajusta a“las especificaciones incluidas en los Reales Decretos sobre traspaso de funciones yservicios en materia de regulación de empleo de la Administración General del Estado alas Comunidades Autónomas”. El artículo 2 regula la autoridad laboral competente enlos siguientes términos:“1. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el expediente de regulaciónde empleo afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentrenadscritos a centros de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de unaComunidad Autónoma, tendrá la consideración de autoridad laboral competente para laresolución del procedimiento el órgano que determine la Comunidad Autónomarespectiva.2. En el ámbito de la Administración General del Estado, la competencia para autorizarla extinción de las relaciones laborales fundada en causas económicas, técnicas,organizativas o de producción o por existencia de fuerza mayor corresponderá:a) A la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración:1.º Cuando los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleodesarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en elterritorio de dos o más Comunidades Autónomas.
  5. 5. 2.º Cuando los expedientes de regulación de empleo en las empresas o centros detrabajo afectados estén relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados porel Gobierno de la Nación; con empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado y, engeneral, aquellas que tengan la condición de sociedades mercantiles estatales de acuerdocon la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o con la Ley 6/1997,de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General delEstado, así como con empresas relacionadas directamente con la Defensa Nacional uotras cuya producción sea declarada de importancia estratégica nacional mediantenorma con rango de ley.b) A la Delegación del Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a laSubdelegación del Gobierno en la provincia, en los mismos supuestos a que se refiere elpárrafo a), 2.º, de este apartado, siempre que el expediente de regulación de empleoafecte a centros de trabajo en el ámbito de una provincia, sin perjuicio de lo dispuestoen el párrafo d) de este apartado 2.c) A la Delegación del Gobierno en las ciudades de Ceuta o Melilla respectivamente,cuando los trabajadores afectados por el expediente desarrollen su actividad o seencuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en dichas ciudades.d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, cuando la resolución que haya de dictarse en los casosestablecidos en los párrafos b) y c) pueda afectar a más de doscientos trabajadores o lamedida tenga especial trascendencia social, la Dirección General de Trabajo delMinisterio de Trabajo e Inmigración podrá avocar la competencia para tramitar yresolver el procedimiento.3. Cuando el expediente de regulación de empleo afecte a trabajadores que desarrollensu actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio dedos o más Comunidades Autónomas, pero el 85 por ciento, como mínimo, de plantillade la empresa radique en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y existantrabajadores afectados en la misma, corresponderá a la autoridad laboral competente deesa Comunidad Autónoma la ordenación e instrucción del procedimiento hasta elmomento de resolver, en que formulará una propuesta de resolución a la DirecciónGeneral de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración….”.5. Pues bien, el RD 899/2011 transfiere a la CC AA “funciones de ejecución de lalegislación laboral en materia de expedientes de regulación de empleo” que implicanque buena parte del artículo 2.2 sufra un cambio sustancial en cuanto a la determinaciónde la autoridad laboral competente para conocer de la instrucción y resolución de unERE, tanto en instancia como en vía de recurso, con la única excepción delmantenimiento por parte de la AGE de la competencia para resolver de ERES queafecten a “que afecten a empresas relacionadas directamente con la Defensa Nacional yaquellas otras cuya producción sea declarada de importancia estratégica nacionalmediante norma con rango de Ley”.Es decir, a partir del 1 de julio la autoridad autonómica administrativa laboral escompetente para conocer de ERES en su ámbito territorial que impliquen reduccionesde jornada, suspensiones y extinciones de relaciones laborales que traigan su razón de
  6. 6. ser en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y de fuerza mayor, queafecten a “1.º Empresas o centros de trabajo afectados por expedientes de regulación deempleo que estén relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados por elGobierno de la Nación. 2.º Empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado. 3.ºEmpresas que tengan la condición de sociedades estatales de acuerdo con la Ley47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o con la Ley 6/1997, de 14 deabril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”.Para disponer de la competencia, el ERE deberá afectar a empresas que tengan latotalidad de los centros de trabajo y trabajadores de su plantilla en el territorioautonómico, o bien que el ERE sólo afecte a centros de trabajo y trabajadores radicadosen dicho ámbito territorial aunque la empresa tenga centros de trabajo ubicados en otrau otras autonomías. Para resolver el ERE la autoridad autonómica deberá recabarpreviamente, con carácter preceptivo pero no vinculante, el informe de laAdministración del Estado.La norma se inspira lógicamente en el RD 801/2011 y lo adapta a la ampliación de lasfunciones y servicios asumidos por la CC AA vasca cuando se trate de las empresaslistadas con anterioridad y que tengan centros de trabajo o trabajadores afectados por unERE tanto dentro como fuera del territorio autonómico vasco, en el bien entendido quela resolución corresponderá a la AGE. Cuando el 85 %, como mínimo, de la plantillaradique en el País Vasco y haya trabajadores de la misma afectados por el ERE, laautoridad autonómica laboral instruirá y tramitará el expediente hasta el momentoprocedimental de resolución, con la formulación de una propuesta dirigida a laautoridad estatal y que está deberá aprobar o rechazar (del texto del acuerdo parecededucirse que cabe también la aceptación o rechazo parcial), si bien cuando se produzcauna modificación con respecto al texto propuesto por la autonomía “se deberáespecificar los motivos”. Por otra parte, cuando el porcentaje sea inferior al 85 %, o bienel ERE no afecte a trabajadores que presten sus servicios en territorio vasco, latramitación íntegra, y resolución, del ERE, corresponde a la autoridad estatal, la cualdeberá recabar informe “de los órganos laborales competentes de las ComunidadesAutónomas en que presten servicios los trabajadores afectados por el expediente”.6. La ampliación de competencias en materia de ERES va estrechamente unida altraspaso de la ITSS, siendo la CC AA vasca la segunda autonomía tras Cataluñahttp://bit.ly/oFD8Sg , que asume dichas competencias y que muy probablemente no seala última si nos hemos de atener al contenido del proyecto de ley de modificación de lanormativa vigente de la ITSS http://bit.ly/l0GsTH , y más directamente a una de lasresoluciones aprobadas el pasado 30 de junio con ocasión del debate sobre el estado dela nación, a propuesta de Coalición Canaria; en concreto, se trata de la número 4, quelleva por título, “profundización en la capacidad de autogobierno de Canarias”http://bit.ly/pMnTyh , en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que“Se agilicen los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias y las actuacionesnecesarias para posibilitar el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias defunciones ejecutivas en materia de trabajo y relaciones laborales, correspondientes a lainspección de trabajo y Seguridad Social, incluidos los trabajadores extranjeros.También se procederá a la ampliación de funciones y servicios traspasados en materiade políticas activas de empleo y costas, en similares términos a los previstos en losnuevos Estatutos”. Pero el traspaso de la ITSS tiene una importancia que requieretratarlo por separado en otra entrada del blog.
  7. 7. Buena lectura del Real Decreto 899/2011.

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