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La prórroga del programa PREPARA. La protección extraordinaria pordesempleo desde el PRODI.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrá...
meses un número importante de personas desempleadas que agotarán las prestacionescontributivas o subsidios a los que tenga...
1. La parte Primera, apartado III, del ASE http://bit.ly/qnJCdD incluyó el “Acuerdosobre políticas activas de empleo y otr...
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Por fin, se incorporaron dos nuevas disposiciones adicionales que podían ser el embriónde cambios futuros en las políticas...
La Resolución aprobada dejaba abierto el camino al ejecutivo para centrar su atenciónen solo dos colectivos por razón de l...
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La prórroga del programa Prepara. La protección extraordinaria por desempleo desde el programa PRODI..

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La prórroga del programa Prepara. La protección extraordinaria por desempleo desde el programa PRODI..

  1. 1. La prórroga del programa PREPARA. La protección extraordinaria pordesempleo desde el PRODI.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.28 de agosto de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/I. Prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agotensu protección por desempleo.1. El Consejo de Ministros aprobó el viernes 26 de agosto el Real Decreto-Ley demedidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de laestabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesionalde las personas que agoten su protección por desempleo. http://bit.ly/qkQRX1El capítulo III lleva por título “medidas para favorecer la formación y protección de laspersonas desempleadas, e incluye un solo artículo en el que se regula la prórroga delprograma PREPARA por un período de seis meses, programa regulado en el artículo 2del Real Decreto-Ley 1/2011 de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover latransición al empleo estable y la recualificación profesional de las personasdesempleadas http://bit.ly/fvQnEH. La partida presupuestaria destinada al efecto(suplemento de crédito al presupuesto del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y másconcretamente ampliación de crédito en el presupuesto del Servicio Público de EmpleoEstatal) es de 50 millones de eurosEn el preámbulo de la norma encontramos los argumentos que justifican, al parecer delgobierno, dicha prórroga, así como también las razones de la aprobación por la víanormativa del RDL para el que se requiere, según dispone en el artículo 86.1 de laConstitución, una extraordinaria y urgente necesidad. En primer lugar, el acuerdoalcanzado en sede parlamentaria el pasado 30 de junio con ocasión del debate sobre elestado de la Nación que llevó a la aprobación de la Resolución número 1, que con eltítulo genérico de “Impulso de políticas sociales para garantizar la cohesión social”incluye un apartado específico, el número 4, en el que se insta al Gobierno a “Mantenerlos programas de recualificación profesional para las personas que agoten su prestacióno subsidio por desempleo, que incluye un itinerario de inserción, la participación en lasdistintas medidas de política activa de empleo, así como la ayuda económica deacompañamiento” http://bit.ly/pMnTyh.En segundo lugar, el Gobierno ha realizado la evaluación del programa PREPARA conanterioridad a su finalización, tal como dispone el apartado 10 del artículo 2 RDL1/2011 (“Con el fin de analizar los resultados obtenidos por la aplicación de estamedida, se procederá a una evaluación de la misma, con anterioridad a la fecha definalización de su vigencia”), del que se han beneficiado, según los datosgubernamentales, 105.000 personas. Con este datos y con las previsiones económicasque llevan a pensar con fundamento de causa que seguirá habiendo en los próximos 1
  2. 2. meses un número importante de personas desempleadas que agotarán las prestacionescontributivas o subsidios a los que tengan derecho, el Gobierno considera que siguenexistiendo las razones y motivos que justificaron la creación del programa PREPARA,continuación del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI)aprobado en agosto de 2009, y por ello acuerda la prórroga semestral, con entrada envigor el 16 de agosto (al día siguiente de la finalización del primer semestre deaplicación del programa PREPARA) y finalización el 15 de febrero de 2012. El RDLmantiene los requisitos previstos en el RDL 2/2011 para poder solicitar el acogimientoal programa; es decir, al tratarse de una prestación extraordinaria, sólo pueden solicitarlalos trabajadores que extingan sus prestaciones contributivas o asistenciales pordesempleo.La justificación de su regulación por la vía de un RDL se argumenta tanto por laconveniencia como por la necesidad de que no existan vacios en la protecciónextraordinaria de las personas desempleadas entre la finalización del primer semestre deaplicación del programa PREPARA y su prórroga, y para que puedan acogerse almismo, tanto para participar en programas de políticas activas de empleo como parapercibir la ayuda económica de acompañamiento, las personas que, cumpliendo losrequisitos legales, se encuentran sin trabajo y carecen de otros recursos, “sin los cualesexiste el peligro de pasar a la situación de exclusión social”.Al tratarse de un programa extraordinario, no pueden acogerse las personas que yahayan percibido la ayuda económica del PRODI, ni tampoco quienes tengan derecho ohayan agotado el período de percepción de la Renta Activa de Inserción, ni lostrabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que hayanagotado la renta agraria o el subsidio por desempleo.Dicho sea incidentalmente, los datos estadísticos publicados mensualmente por elMTIN http://bit.ly/p23274 ponen de manifiesto el importante incremento que haexperimentado la RAI como medida de protección por desempleo con ocasión de lacrisis económica, y muy especialmente en los últimos dos años: en junio de 2009 elnúmero de perceptores era de 95.136, doce meses más tarde había crecido hasta 123.212(un incremento del 29,5 %), y en junio de este año eran 185.376 personas (incrementoanual del 50,5 %). La importancia de la RAI para la población extranjera desempleadaes aún más significativa: de 6.002 perceptores en junio de 2009 se ha pasado a 11.288 y23.802 en los mismos meses de 2010 y 2011, con un crecimiento interanual del 88,1 y110,9 % respectivamente).2. Dado que la prórroga del programa PREPARA remite al texto del artículo 2 del RDL2/2011, que encuentra su origen más directo en el Acuerdo Económico y Social suscritoel 2 de febrero de 2011 por el gobierno y las organizaciones sindicales y empresarialesestatales más representativas, es necesario explicar el contenido más destacado deambos textos. Igualmente, y en la medida en que no puede entenderse el programaextraordinario PREPARA sin conocer el programa anterior al que sustituyó, el PRODI,ya que tienen muchos elementos comunes, procederé también a la explicación delcontenido más significativo de este último.II. Programa de recualificación profesional de las personas que agoten suprotección por desempleo (PREPARA). 2
  3. 3. 1. La parte Primera, apartado III, del ASE http://bit.ly/qnJCdD incluyó el “Acuerdosobre políticas activas de empleo y otras materias de índole laboral”. Entre las medidasde carácter coyuntural para el período 2011-2012 se incluía la futura regulación de un“Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado suprotección por desempleo”. El programa sería de carácter nacional (corriendo sufinanciación a cargo de los presupuestos estatales), e incluiría de forma conjuntamedidas de política activa de empleo y ayudas económicas de acompañamiento. Que elprograma era de ámbito estatal, al igual que lo fue el PRODI quedaba meridianamenteclaro en el ASE, al disponer que “el Servicio Público de Empleo Estatal será elencargado de la gestión y pago de estas ayudas económicas de acompañamiento”.En el acuerdo se disponía que serían beneficiarias del nuevo programa las personas queagotaran su protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 “y no cumplanlos requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción” (recuérdese que la RAI vadirigida a desempleados de 45 o más años y en paro de larga duración, personas condiscapacidad, emigrantes retornados con 45 o más años de edad, y víctimas de violenciade género o violencia doméstica).El acuerdo reconocía el derecho de las personas que pudieran participar en el nuevoprograma a “realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, quecontemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de políticaactiva de empleo dirigidas a mejorarla; participar en medidas de política activa deempleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional necesarias para queestas personas puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente ensectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento; recibir una ayuda económicade acompañamiento del 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples(IPREM) mensual, hasta un máximo de 6 meses, cuando la persona beneficiaria carezcade rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional”. Como puedecomprobarse, la cuantía de la prestación sería ligeramente inferior a la del PRODI (80% del IPREM). Para 2011 la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de PresupuestosGenerales del Estado fijó la cuantía del IPREM en 532,51 euros mensuales, idéntica a ladel año 2010.Dado que había dos administraciones públicas implicadas en el programa, aquellaresponsable del pago de la ayuda económica (estatal) y la que asumía la obligación deponer en marcha las medidas formativas y de búsqueda de empleo de las personas quepudieran acogerse a aquel (autonómica), el acuerdo hacía un llamamiento a ambas paraque establecieran (si bien la dicción del texto era más taxativa, ya que se decía que“establecerán”, no dejaba de ser una petición a las administraciones para que estasactuaran dentro de sus ámbitos competenciales respectivos de forma coordinada) “losmecanismos necesarios para la coordinación e intercambio de información” (algo quedebe predicarse de cualquier programa, acción o medida en que estén implicadas dosadministraciones con competencias en materia de políticas activas de empleo).Igualmente era taxativa la manifestación contenida en el acuerdo de que lasComunidades Autónomas “destinarán el número de orientadores y promotores deempleo necesario para la atención individualizada de las personas beneficiarias, yprogramarán las acciones de recualificación y/o reinserción profesional que aseguren elacceso y participación de las mismas en estas acciones”, aún cuando seguirían siendolas autoridades autonómicas las que decidirían, en su ámbito competencial, qué medidasadoptar para posibilitar el éxito del nuevo programa en cuanto a la realización de 3
  4. 4. acciones formativas y de búsqueda de empleo por el sujeto desempleado, pues no seolvide que por mucho que un acuerdo entre el gobierno estatal y los agentes socialesmarque las líneas de actuación en este campo, ha de ser la normativa, tanto estatal comoautonómica y cada una de ella con estricto respecto a los ámbitos competencialesestatales y autonómicos, la que fije y concrete de qué forma se arbitran las medidasadecuadas de acompañamiento de los sujetos desempleados.Por último, quedaba claro en el ASE que el programa era de carácter temporal yextraordinario, ya que se fijaba su duración en seis meses (igual, por cierto, que lainicial del PRODI, aunque posteriormente hubo dos prórrogas como explicaré másadelante), si bien parecía que se quiere dejar la puerta abierta a una posible prórroga, yaque no cabía entender de otra forma la afirmación de que antes que concluyera laduración inicial prevista “se procederá a una evaluación de su aplicación”.2. El desarrollo normativo de este apartado del ASE se produjo por el artículo 2 delRDL 2/2011, procediendo a regular el nuevo programa PREPARA. La norma disponíaque podrían acogerse al nuevo programa las personas desempleadas que a partir del 16de febrero hubieran agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y notuvieran derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, obien hubieran agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas. No podríanacceder ni a la prestación económica ni a las medidas de acompañamiento quienes ya sehubieran beneficiado del programa anterior (PRODI), o bien que hubieran agotado, oque tuvieran derecho a solicitarla, la RAI, la renta agraria o el subsidio por desempleopara los trabajadores eventuales del REASS.Se permitía la compatibilidad con la percepción de las rentas mínimas de inserción, osimilares, que regulan las CC AA hasta alcanzar el límite de la ayuda estatal, y en talcaso se deduciría de esta ayuda la cuantía de la prestación abonada por el SPEE encuanto que superara el 75 % del IPREM mensual.La norma reprodujo el texto del ASE sobre los derechos de las personas beneficiarias arealizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, participar en medidasde política activa de empleo y que potencien su reincorporación al mercado laboral, ensectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento, y al percibo de la ayudaeconómica, fijada en el 75 % del IPREM mensual. La norma se ajustó a los términos dela anterior regulación del PRODI y a lo dispuesto en la Ley General de la SeguridadSocial http://bit.ly/gT7KLC, y concretó que el sujeto tendría derecho a la percepcióneconómica en el supuesto de carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75 %del SMI, con exclusión de dos pagas extras. Además, concretó cómo debe entenderse lacarencia de rentas cuando la persona posible beneficiaria de la ayuda forme parte de unaunidad familiar, de tal manera que se produciría el supuesto tipificado de carencia derentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar,incluida la persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen,no supere el 75% SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, ypara la determinación de que deben considerarse rentas habrá que estar a lo dispuesto enel artículo 215.3.2 de la LGSS.Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ASE sobre el carácter nacional del programa,la norma estipuló que es el SPEE el que asume la obligación del pago de las ayudas, concargo a sus presupuestos. Dado que son las CC AA las que ponen en marcha las 4
  5. 5. medidas de PAE, la norma estableció la necesidad de que las mismas dispongan delnúmero de orientadores y promotores de empleo necesarios para la atenciónindividualizada de las personas beneficiarias, y para la programación de las acciones derecualificación y/o reinserción profesional que aseguren el acceso y participación de lasmismas; en idéntico sentido, la norma hizo un llamamiento a las dos administracionescompetentes para que establecieran los mecanismo necesarios de coordinación eintercambio de información que facilitara e hicieran posible el éxito del programa.Como conclusión, a mi parecer el nuevo programa era necesario por la difícil situacióneconómica en que se encontraban en el momento de su aprobación (y se siguenencontrando en la actualidad) muchas personas desempleadas, y por la necesidad deponer en marcha medidas tendentes a facilitar la reincorporación al mercado de trabajode estos colectivos. Pero, no podían esperarse milagros en cuanto a las tasas de éxito delprograma, dada la difícil situación del empleo no sólo para colectivos másdesfavorecidos sino también para gran parte de personas que consideramos “nodesfavorecidas” y que se encuentran expulsadas del mercado laboral por la crisis. Suprórroga por otros seis meses demuestra que sigue siendo grave la situación de muchaspersonas que están fuera del mercado de trabajo y han agotado las prestaciones pordesempleo.III. Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI).1. Mediante el Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, se reguló el programatemporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) http://bit.ly/14HiVq, comoparte de las medidas adoptadas en su día por el gobierno español para hacer frente a lacrisis económica, al incremento del desempleo y, de manera especial, a la prolongaciónde los periodos de desempleo y al agotamiento de la protección por desempleo. Elprograma se aprobó para dar cumplimiento al mandato de la Resolución nº 14 aprobadaen el Congreso de los Diputados en Debate del Estado de la Nación en 2009, y previo suplanteamiento en el marco del Diálogo Social sin haber alcanzado acuerdo con losagentes sociales.Mediante este Programa, se ampliaba la protección por desempleo a los trabajadoresque habían agotado las prestaciones y subsidios previos y se encontraban en situaciónde necesidad por carecer de otras rentas. No obstante, con ser esencial ofrecer unagarantía de ingresos mínimos para afrontar estas situaciones, el Programa pretendía irmás allá, por la vía de la aplicación de medidas adecuadas dirigidas a fomentar lacapacidad de inserción laboral de los colectivos afectados, mediante su participación enun itinerario activo de inserción para el empleo, de forma que se vincularan yalcanzaran objetivos no sólo de protección social sino también de reinserción laboral.En efecto, la norma se incluía en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobiernodesde el inicio de la crisis económica para tratar de paliar la situación de dificultadeconómica en que se encontraban las personas que hubieran perdido su empleo yagotado las prestaciones por desempleo a que tuvieren derecho (ya fuera lascontributivas vinculadas a los períodos de cotización, ya fuere las asistencialesvinculadas también en unos casos a las (mínimas) cotizaciones o a la situación personal(edad, cargas familiares,…) a las que se refiere el artículo 215 de la LGSS parareconocer el derecho). En el preámbulo de la norma se insistía en que la prestación ibavinculada a actividades formativas, ya que se pretendía combinar las políticas pasivas y 5
  6. 6. activas de empleo, o por decirlo con las propias palabras de la norma, se trataba de“fomentar la inserción laboral de los colectivos afectados, mediante su participación enun itinerario activo de inserción para el empleo, de forma que se vinculen y alcancenobjetivos no sólo de protección social sino de reinserción laboral”.¿Cuáles eran las características jurídicas más relevantes del RDL 10/2009? He aquí unsomero resumen.A) La prestación iba dirigida a las personas desempleadas que hubieran agotado (odicho de otra forma, que las hubieran percibido por tener derecho a ello, ya fuera poracreditar períodos de cotización o por otras circunstancias vinculadas, por ejemplo, a laedad o la situación familiar) las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo(no se incluía en este segundo bloque, repárese en este punto, a los perceptores de larenta activa de inserción, que tiene una regulación propia y diferenciada de lasprestaciones citadas). Además debían carecer de rentas propias, en los términosprevistos en el artículo 2 b) (con referencia obligada a la normativa de la LGSS, normaque por otra parte se aplicaba, en concreto su Título III, como derecho supletorio entodo lo no previsto expresamente en el RDL), y debían adquirir el compromiso departicipar en un itinerario activo de inserción laboral.Obsérvese, en consecuencia, que la medida de protección tenía una combinación depolítica activa y pasiva de empleo, aún cuando parecía que se quería poner más elacento en la primera justamente para conseguir que la persona perceptora de laprestación pudiera salir de la situación de desempleo. La competencia para elreconocimiento de la prestación económica (y para la resolución de todas las incidenciasrelacionadas con la misma) correspondía al SPEE, en cuanto que la norma se dictaba alamparo del título competencial constitucional en materia de Seguridad Social reguladoen el artículo 149.1. 17 de la CE, mientras que la organización, gestión y ejecución delas políticas de inserción laboral correspondía a los servicios de empleo autonómicosque han asumido la gestión de las políticas activas de empleo.B) ¿Qué se entendía por carecer de rentas? Al tratarse de una prestación asistencial elpunto de referencia era tanto la regulación del propio texto como la contenida en elartículo 215 de la LGSS dedicado a los beneficiarios del subsidio por desempleo. Concarácter general, la carencia se produce cuando la persona interesada dispone de rentasinferiores en cómputo mensual al 75 % del SMI, excluida la parte proporcional de dospagas extraordinaria. Cuando la unidad familiar esté integrada por más personas,existirá carencia de rentas si la suma de todas las rentas divididas por el número demiembros no supera el 75 % del SMI, con la misma exclusión ya indicada de la parteproporcional de las pagas extras.C) Las personas desempleadas, que habían de ser menores de 65 años, deberían estarinscritas como demandantes de empleo, suscribir el compromiso de actividad y cumplirtodas las obligaciones que se derivaran del mismo. Dicho compromiso estaba reguladoen el artículo 231.2 de la LGSS e incluía “buscar activamente empleo, aceptar unacolocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información,orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar suocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en este artículo”.Recuérdese otra vez que son los servicios de empleo autonómicos los encargados de 6
  7. 7. llevar a cabo las tareas de orientación, formación e intermediación laboral paraconseguir, con la estrecha implicación de la persona desempleada, su reinserción en elmercado de trabajo.D) La cuantía de la prestación sería del 80 % del IPREM mensual vigente; es decir, lapersona desempleada que solicitara el percibo de la prestación en tiempo y forma, ycumpliendo los requisitos legalmente establecidos, percibiría 420 euros durante seismeses.E) La nueva prestación no abría el camino para poder acceder a nuevas prestaciones delsistema protector por desempleo, ya fueran contributivas o asistenciales, basadas en elperíodo de cotización de la persona solicitante. En efecto, el SPEE no cotizaría a laSeguridad Social por los beneficiarios durante la percepción; no obstante, y a efectos decubrir la protección por motivos sanitarios y familiares al igual que se efectúa con lasrestantes personas afiliadas en algún régimen del sistema, la norma disponía que losbeneficiarios de la prestación tendrían derecho “a la prestación de asistencia sanitaria y,en su caso, a las prestaciones familiares”.F) La percepción de la prestación extraordinaria era incompatible con el percibo decualquier otra de carácter asistencial concedida por cualquier Administración Pública, olo que es lo mismo se incluían aquí las rentas mínimas de inserción autonómicas, ytambién, añado, las prestaciones extraordinarias que se estaban ya concediendo poralgunas CC AA que se habían adelantado a la normativa estatal para tratar de mitigar lacrisis en su territorio.Igualmente, su percepción sería incompatible con la realización de una actividad porcuenta ajena o propia en los términos previstos en el artículo 221 de la LGSS. Por ello,es importante recordar que esta prestación extraordinaria podía ser compatible con eltrabajo realizado a tiempo parcial, en cuyo caso, y tal como dispone el citado artículo,“se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempotrabajado”.2. La tramitación parlamentaria del RDL llevó a su conversión en Ley 14/2009, de 11de noviembre http://bit.ly/47bKk. La modificación más llamativa con respecto al textooriginal fue la ampliación del número de sujetos beneficiarios de la prestación, porpoderla percibir no sólo los que agotaran las prestaciones a partir del 1 de agosto sinotambién quienes las habían agotado a partir del 1 de enero. La ley suprimió en laexposición de motivos la referencia anterior de que el programa se prorrogaría cuandola tasa de paro superara el 17 %, una mención que carecía de sentido porque en elarticulado de la norma no se encontraba ninguna referencia concreta a este porcentaje.Un cambio legal concretó de forma más exacta los requisitos que debían concurrir en elsolicitante de la prestación, de tal forma que el requisito de carencia de rentas deberíaconcurrir no sólo en el momento de la solicitud sino también durante todo el período depercepción de la prestación. En una línea semejante, se incorporó una modificación apropuesta del grupo socialista del Congreso que concretaba cuándo se producía laextinción de la prestación (en caso de que la persona beneficiaria trabajara por cuentaajena en uno o varios trabajos y por una duración acumulada igual o superior a docemeses), así como las posibilidades de elección que tenía la persona que fuera titular delPRODI y que además pudiera acceder a un subsidio por desempleo. 7
  8. 8. Por fin, se incorporaron dos nuevas disposiciones adicionales que podían ser el embriónde cambios futuros en las políticas de protección social a cargo del Estado y de las CCAA (y en algunos casos también las Corporaciones Locales) y de una mejorcoordinación entre el sujeto titular del reconocimiento de las prestaciones pordesempleo (Administración General del Estado) y los sujetos responsables de poner enmarcha las medidas formativas, el itinerario de inserción, que permitan a losdesempleados reincorporarse al mercado de trabajo (las CC AA).Por una parte, y a propuesta del grupo parlamentario de CiU, el gobierno quedóobligado a realizar un estudio durante seis meses sobre los resultados del PRODI ysobre los mecanismos de protección a cargo de todas las Administraciones Públicas, conla obligación de remitirlo al Parlamento pero sin que se concretara ninguna obligaciónadicional en cuanto a hipotéticos cambios normativos que pudieran derivarse de dichoinforme.Por otra, se incorporó la previsión de establecimiento de convenios de colaboración delSPEE con las CC AA “para desarrollar las actuaciones necesarias para el cumplimientode lo previsto en esta Ley”, con obligada mención del artículo 28 de la Ley 56/2003 de16 de diciembre, de Empleo, que prevé estos convenios. Dicho precepto (modificadopor la Ley 35/2010 de 17 de septiembre) dispone en el primer párrafo del apartado 1que “Las Administraciones y los organismos públicos que tengan atribuidas lacompetencia de la gestión del empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal deberáncooperar y colaborar en el ejercicio de sus competencias garantizando la coordinaciónde las distintas actuaciones de intermediación e inserción laboral y las de solicitud,reconocimiento y percepción de las prestaciones por desempleo, a través de losacuerdos que se adopten en Conferencia Sectorial y de los convenios de colaboraciónque se alcancen, en aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común”.3. El Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero http://bit.ly/pewyqD, estableció laprimera prórroga del PRODI durante otros seis meses, el periodo comprendido entre losdías 16 de febrero y 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, por concurrir a juicio delgobierno las mismas causas y razones que justificaron la aprobación de su normareguladora en el mes de agosto de 2009.Por su parte, el RDL 12/2010 de 20 de agosto http://bit.ly/n6RlJn procedió a una nuevaprórroga del PRODI, desde el 16 de agosto de 2010 al 15 de febrero de 2011. En laintroducción se justificó dicha prórroga por mantenerse la difícil situación económica yla situación de desempleo que existía cuando se aprobó, primero el Real Decreto-Ley10/2009 de 13 de agosto, después, la Ley 14/2009 de 11 de noviembre, y en febrero de2010 la primera prórroga por el Real Decreto 133/2010, de 12 de febreroLa novedad principal que introdujo el RD de aprobación de la segunda prórroga delPRODI fue la reducción del número de sujetos perceptores, y para ello se basó en laResolución número 32 aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 20de julio tras el debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar los días 14 y 15. 8
  9. 9. La Resolución aprobada dejaba abierto el camino al ejecutivo para centrar su atenciónen solo dos colectivos por razón de la edad y de la condición de personas desempleadasde larga duración, así como para poner en marcha medidas tendentes a facilitar sureincorporación al mercado laboral. Es cierto que el texto aprobado no obligaba alimitar el número de posibles perceptores del PRODI, y que en más de una ocasión lasresoluciones aprobadas por el Congreso no han sido llevadas a la práctica, pero nopuede negarse ciertamente que fue el Congreso el que abrió el camino a la posiblereducción del número de personas que iban a poder percibir el PRODI entre el 16 deagosto de 2010 y el 15 de febrero de 2011, y que la norma se acogió a dicha posibilidad,en el bien entendido que se mantuvo la percepción del PRODI para las personasdesempleadas que cumplieran los requisitos previstos en la Ley 14/2009 y tuvieranentre 30 y 45 años, eso sí con la limitación de que debían carecer de rentas familiarespara poder acceder a la prestación.En concreto, el artículo único del RDL disponía la prórroga por seis meses, entre el día16 de agosto de 2010 y el día 15 de febrero de 2011, ambos inclusive, de “la aplicaciónde lo establecido en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula elprograma temporal de protección por desempleo e inserción, a los trabajadores ensituación de desempleo que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en dichaley, siempre que, en la fecha de la solicitud de incorporación al programa, sean personasmenores de 30 años o mayores de 45 años o, con una edad comprendida entre los 30 y45 años, siempre que, en este último caso, tengan responsabilidades familiares, en lostérminos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 de la Ley General de laSeguridad Social, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20de junio”.Recuérdese que en la Ley 14/2009 se estipulaba en la disposición adicional segundaque el SPEE podía “establecer convenios de colaboración con las ComunidadesAutónomas para desarrollar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de loprevisto en esta ley, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 56/2003, de16 de diciembre, de Empleo”. El nuevo texto parecía querer reforzar esos vínculosentre las administraciones competentes en materia de gestión de políticas activas ypasivas de empleo, a fin y efecto de velar por el buen uso de los recursos destinados alPRODI. Los términos de la disposición final, cuyo título no dejaba lugar a dudas sobrecuál debía ser la finalidad de la actuación conjunta de ambas administraciones(“Medidas de control de la prestación y de coordinación con las políticas activas deempleo”), disponía que “por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se adoptarán lasmedidas oportunas en orden a un control eficaz en el acceso a la prestación regulada enla Ley 14/2009 y al mantenimiento de su percibo. De igual modo, y en coordinación conlas Comunidades Autónomas, se establecerán los mecanismos precisos para lograr unamayor vinculación entre las políticas activas de empleo y la prestación mencionada”. 9

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