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también su posible funcionarización”."Los datos económicos incluidos en la memoriaexplicativa del despido recogen una situ...
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los trabajos pendientes, y que posibilitó el mantenimiento de la prestación laboral poruna parte de los trabajadores inclu...
un ERE en una Administración Pública, es decir la nueva disposición adicional 20ª de laLey del Estatuto de los trabajadore...
5. La tercera sentencia, no menos importante que las anteriores, es la dictada por el TSJde Justicia de Madrid el pasado 8...
el hecho vigésimo sexto, los ERES pactados fijaron una indemnización en los términosrecogidos en los acuerdos de 20 de may...
Buena lectura de las tres sentencias.                                        8
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La demanda de oficio, la documentación requerida en despidos en la Administración local y el valor de los pactos de empresas como condicionantes de la decisión empresarial. Unas notas a tres nuevas sentencias sobre expedientes de regulación de empleo.

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La demanda de oficio, la documentación requerida en despidos en la Administración local y el valor de los pactos de empresas como condicionantes de la decisión empresarial. Unas notas a tres nuevas sentencias sobre expedientes de regulación de empleo.

  1. 1. La demanda de oficio, la documentación requerida en despidos en laAdministración local y el valor de los pactos de empresas como condicionantes dela decisión empresarial. Unas notas a tres nuevas sentencias sobre expedientes deregulación de empleo.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.22 de enero de 2013.Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. Las redes sociales y el contacto con abogados laboralistas siguen siendo unas víasmuy útiles para acceder a resoluciones judiciales de los Juzgados y Tribunales de lajurisdicción social que no están aún publicadas en la base de datos del CENDOJ. Merefiero hoy a tres nuevas sentencias dictadas por Tribunales Superiores de Justicia enmateria de Expedientes de Regulación de Empleo, que aportan novedades jurídicas deinterés respecto a otras resoluciones anteriores.Sin duda, llegará un momento en que será prácticamente imposible hacer el seguimientoregular de todas las sentencias sobre ERES, por el incremento de su número, peromientras tanto no les voy a negar mi satisfacción por haber podido recoger y comentaren el blog la mayor parte de las sentencias (un total de 38, con las tres de estecomentario) sobre unos de los contenidos más relevantes de la reforma laboral delPartido Popular, que creo que ha ido, al menos hasta ahora, por unos derroteros muydiferentes de aquellos que preveían y deseaban sus redactores. Con todo, está por vercómo se pronunciará el Tribunal Supremo cuando resuelva sobre los primeros recursosinterpuestos contra las sentencia de los TSJ o de la Audiencia Nacional, pero ya llegaráel momento en su día para estudiar sus sentencias.2. Antes de iniciar mis comentarios sobre las tres nuevas sentencias, dejo constancia deque tengo conocimiento de dos más pero sin haber podido proceder a su lectura: laprimera, dictada por el TSJ de Galicia a finales de diciembre, que estima la demandacontra el ERE presentado poruna empresa gallega, Hermanos Rodríguez Gómez, tantopor defectos formales como de fondo según la información periodística disponible (nopresentación de la documentación requerida legalmente, falta de voluntad denegociación, existencia de un grupo de empresas..); la segunda, dictada por el TSJ deCanarias, que desestima la demanda contra el ERE presentado por el AyuntamientodeGáldar. Según la información facilitada, “La sentencia establece que la corporación haacreditado su insuficiencia presupuestaria cuando menos durante los ejercicios de 2010y 2011, es decir, durante más de tres trimestres consecutivos, y "cuya insuficiencia es atodas luces sobrevenida porque cuando contrató a los trabajadores su situacióneconómica era favorable, hasta el punto de que llegó a negociarse no sólo su fijeza sino 1
  2. 2. también su posible funcionarización”."Los datos económicos incluidos en la memoriaexplicativa del despido recogen una situación deficitaria del Ayuntamiento durante esosejercicios” y que, "una vez reducida la plantilla de 291 a 265 trabajadores, propició quela Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienday Administraciones Públicas valorase favorablemente el pasado día 2 de julio de 2012 elnuevo Plan de Ajuste presentado por la corporación en junio de 2012, facultando a éstapara concertar operaciones de préstamo a largo plazo, lo que había sido denegado confecha de 30 abril de 2012”.En el marco de los análisis doctrinales, recomiendo la lectura del Boletín digital de laFundación 1º de mayo de estemes de enero, en el que se recoge una muy buena síntesisde todas las ponencias presentadas en la jornada organizada el 20 de diciembre por laFundación y el gabinete de estudios jurídicos de CC OO sobre “El despido colectivo enla práctica: criterios judiciales y el nuevo Reglamento de ERES”. En la línea de loindicado con anterioridad, el magistrado del TS Aurelio Desdentado destacó que,contrariamente al efecto esperado por el legislador, se estaba produciendo unincremento de la litigiosidad; la Magistrada del TSJ de la Comunidad ValencianaMercedes Boronat se refirió a la impugnación del ERE por parte empresarial, para ponerde manifiesto la paradoja de que se formule demanda aunque no exista conflicto; en fin,para el Presidente de la Sala de lo Social de la AN, Ricardo Bodas, la regulación del RD1483/2012, que permite la negociación de ERES por centros de trabajo es ultra vires ycontraria a las previsiones de la Directiva de 1998 de la UE en materia de despidoscolectivos.3. La primera sentencia a comentar es la dictada el 11 de diciembre del pasado año porel TSJ de Galicia, y agradezco al letrado Héctor López de Castro que me la hayafacilitado. Su interés radica en que se trata de una demanda de oficio presentada por laautoridad administrativaautonómica laboral contra la empresa MAESSA al amparo delartículo 148 b) de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, que dispone queel proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia “b) De los acuerdos de laautoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso dederecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada oextinción a que se refieren el artículo 47 y el apartado 6 del artículo 51 del TextoRefundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los remitiera a la autoridadjudicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará laautoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubieseinformado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtenciónindebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia dela causa motivadora de la situación legal de desempleo”.La demanda de oficio fue presentada tras los informes emitidos por la Inspección deTrabajo y Seguridad Social (se trataba de dos expedientes de suspensión y extinción decontratos) y el subsiguiente emitido por el SPEE en el que, basándose en el informe dela ITSS, argumentaba que “el acuerdo adoptado por la empresa puede tener por objetola prestación indebida de prestaciones por desempleo por parte de los trabajadoresafectados”, por lo que se interesaba “la impugnación de dicho acuerdo ante lajurisdicción competente”.Según consta en el hecho probado quinto, la ITSS manifestócríticas jurídicas sobre la fundamentación de los ERES por entender que los mismos sepresentaban en previsión de falta de cargo de trabajo en la empresa en los próximosmeses, exponiendo en síntesis que nuestro ordenamiento jurídico “no admite la 2
  3. 3. previsión de problemas productivos como una causa válida para justificar un ERE, sólose admite la previsión de problemas económicos”, y que no podía descartarse “laposible existencia de fraude, dolo o abuso de derecho, pues … no puede asegurarse lafutura ausencia de carga de trabajo o el ritmo de incorporación de los trabajadores a lafutura obra”.Dicho sea incidentalmente, de todas las sentencias que he consultado, desde la primeradictada por el TSJ de Cataluña el 23 de mayo de 2012, sobre la regulación de los ERESen la reforma laboral, es la primera en donde hay un pronunciamiento de la ITSS sobrela posible existencia de una actuación contraria a derecho para lograr el acuerdo (bueno,quizás haya habido alguna más, pero no recuerdo que haya sido recogida en hechosprobados de sentencia).En plena sintonía con el Informe de la ITSS, y la petición del SPEE, la autoridad laboralimpugnó de oficio el ERE por darse una situación de fraude, por entender, según serecoge en el fundamento jurídico primero, “que la carga de trabajo no había variado alno haberse reducido en la empresa”, circunstancia que comportaría según la Conselleria“que el ERE ha sido utilizado fraudulentamente al no existir causa para el mismo”.La impugnación de la demanda se basó tanto en razones formales como de fondo; lasprimeras, por alegación de caducidad de la acción en el momento de su interposición, yla segundas por inexistencia de fraude y cumplimiento de todos los requisitoslegalmente establecidos para suscribir un acuerdo, destacándose, supongo que paraponer de manifiesto que el ERE tuvo el apoyo de la plantilla, que fue el resultado de unanegociación “en la que no sólo intervinieron asesores sindicales externos a la empresa,sino que incluso antes de la firma su aceptación fue ratificada en asamblea detrabajadores”.Sobre la posible caducidad, la sentencia acierta a mi parecer al desestimar la tesis de laparte demandada, ya que del juego de los artículos 124.6 y 148.1 b) de la LRJS parececlaro que la demanda de oficio sólo puede interponerse, en el caso concreto, desde larecepción del informe del SPEE pidiendo la impugnación, y no desde la fecha delacuerdo entre las partes ni tampoco desde la de emisión del informe de la ITSS. Losplazos del primer precepto van referidos a las demandas que puedan interponer losrepresentantes de los trabajadores o la propia empresa en el supuesto de que losprimeros no impugnaran su decisión.Respecto al fondo, la sentencia valora el conjunto de las pruebas prácticas y llega a unplanteamiento contrario al de la demanda por entender, aunque sin excesivasexplicaciones a mi parecer, que no se ha producido el fraude alegado ni ha habidoactuación dolosa por las partes o coacción para la suscripción del acuerdo. Acontinuación realiza un estudio jurisprudencial detallado de la figura del fraude de leypara concluir que no ha habido intención de las partes de vulnerar la normativa bajo laapariencia de legalidad, considerando que los vaivenes de la actividad productiva de laempresa, detallados en el fundamento jurídico tercero, 3, permiten concluir que losERES tenían una razón de ser económica, ya que su finalidad era “reducir el alcance deuna situación real, actual y próxima, creada por la finalización y progresiva disminucióndel trabajo…”, y que las circunstancias de progresiva pérdida de carga de trabajo poníande manifiesto que los ERES respondían “a una causa organizativa y productiva actual,próxima y previsible…”, y de ahí que la mera existencia de retrasos en la finalización de 3
  4. 4. los trabajos pendientes, y que posibilitó el mantenimiento de la prestación laboral poruna parte de los trabajadores incluidos en los ERES, “no permita apreciar la existenciade acuerdos fraudulentos”. Está por ver, y con ello concluyo, si una mayor concreciónen el informe de la ITSS hubiera podido dar lugar a un pronunciamiento diferente delTribunal, aún cuando no me parece previsible tal hipótesis.4. Por orden cronológico, la segunda sentencia, a la que tuve acceso a través de las redessociales, es la dictada por el TSJ deCanarias, de 19 de diciembre, que estima la demandainterpuesta por laFederación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO contra el EREpresentado porel ayuntamiento de La Oliva, declarando la nulidad de la extinción de 46contratos y “con derecho de los trabajadores a la reincorporación a sus puestos detrabajo, de conformidad a lo previsto en los apartado 2 y 3 del art. 123 LRJS..”.La sentencia tiene especial interés por tratarse de la segunda (al menos hasta donde miconocimiento alcanza) dictada en ERES presentados por ayuntamientos, tras la primeradel TSJ de Andalucía el pasado mes de septiembre en el ERE del Ayuntamiento deEstepona, y los puntos a debate son el contenido de la documentación a presentar por laCorporación para justificar las extinciones, por una parte, y la voluntad de llevar a caboun auténtico proceso negociador durante el período de consultas, debiendo destacarseque el ERE se presenta el 11 de junio de 2012, se cierra el período de consultas sinacuerdo el 11 de julio, y el día 25 del mismo mes se comunica a la representación de lostrabajadores la extinción de los contratos.Según consta en el hecho probado primero la Corporación presentó, en el inicio delperíodo de consultas, una memoria explicativa de la decisión de extinguir 46 contratosde un total de 255 trabajadores asalariados del ayuntamiento, y la solicitud del informe ala representación laboral. En cuanto a los criterios utilizados para seleccionar lostrabajadores afectados, tenían que ver con puestos de trabajo no incluidos en la RPT, lasupresión de servicios no obligatorios, y “titulación, antigüedad y edad”. Es importantedestacar, al referirnos al cumplimiento o no de los requisitos formales previstos en lanormativa, que la autoridad laboral requirió al ayuntamiento, entre otros documentos,para que presentara las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicoscompletos, mientras que por parte de aquel se aportó “certificación de la interventoracon las cuentas de los cuatro últimos años”, de cuyos contenidos se obtiene una sucinta,pero suficiente a mi parecer, información en los hechos probados cuarto, quinto y sexto.Por la parte trabajadora se formularon propuestas detalladas, que constan recogidas enel hecho probado séptimo, sobre la adopción de distintas medidas que permitiríancorregir la difícil situación económica de la Corporación y que evitarían los despidos(mejora de la gestión de los ingresos, reducción de diversas partidas del presupuesto ,prejubilaciones, reducción de jornada, transformaciones de contratos a tiempo completoen contratos a tiempo parcial,…) Todas las propuestas fueron rechazadas por la parteempresarial con los argumentos que se recogen en el mismo fundamento jurídico.La parte demandante alegaba la nulidad del ERE por los defectos formales en sutramitación, y de forma subsidiaria la declaración de inexistencia de la causa económicaalegada y la declaración consiguiente de no conformidad a derecho de la decisiónempresarial. La estimación de la primera petición llevará a no entrar en la segundaformulada. El TSJ pasa revista, en primer lugar, a la normativa aplicable al tratarse de 4
  5. 5. un ERE en una Administración Pública, es decir la nueva disposición adicional 20ª de laLey del Estatuto de los trabajadores incorporada por el RDL 3/2012, y relaciona dichoprecepto con el nuevo artículo 51 de la LET resultante de la reforma, con el art. 124 dela LRJS y de la normativa reglamentaria vigente en las fechas del ERE, es decir el RD801/2011, interpretado/modificado por la Orden ESS/487/2012. La sentencia pone demanifiesto, a modo de obiter dicta, la dificultad de la delimitación contable de qué debeentenderse por insuficiencia presupuestaria sobrevenida durante tres trimestresconsecutivos, “dada la necesaria anualidad de los presupuestos de las AdministracionesPúblicas” (dificultad que ha tratado de corregir el RD 1483/2012) y se remite a ladisposición adicional 20º de la LET (recuérdese que estaba en vigor el RD 801/2011,que no contemplaba la presentación específica de ERES en las AdministracionesPúblicas, a diferencia de cómo lo hace, y de forma detallada, el RD 1483/2012) paraponer de manifiesto que el ERE debía efectuarse “en el marco de los mecanismospreventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria ysostenibilidad financiera de dichas Administraciones Públicas”.A tal efecto (y sigo insistiendo en que no había regulación detallada para presentacióndocumental en ERES en las AA PP) la Sala acude a la normativa reguladora propia dela Administración Local, en concreto la OrdenEHA/4041/2004, de 23 de noviembre, enla que se dispone que las cuentas anuales de una Corporación Local consisten “en elbalance, la cuenta de resultados económico-patrimonial, el estado de liquidación delpresupuesto y la memoria”. De ahí que considere plenamente insuficiente ladocumentación aportada por la Corporación, consistente sólo en la memoria, en primerlugar, y en los informes de la interventora, de los que no se deduce en modo alguno lasituación deficitaria alegada. El TSJ es muy crítico con el ayuntamiento y suincumplimiento de la normativa aplicable, afirmando con rotundidad que “lostrabajadores despedidos no saben a ciencia cierta cuál es la situación económica de laCorporación que ha hecho necesario su cese como única y drástica medida correctora delos desequilibrios pretendidos”, y con mayor rotundidad si cabe afirma que “tanabrumadora falta de documentación contable y financiera – cuya llevanza es másexigible aún de una Administración Pública – produjo ya la más absoluta indefensión delos trabajadores, quienes se han visto afectados por una decisión determinante para susvidas y las de sus familias sin mayor justificación”.Los defectos formales no se paran aquí, a juicio de la Sala, sino que siguen en el períodode consultas, aun cuando en puridad podemos hablar más de una mezcla de cuestionesformales y de fondo en cuanto que a la falta de documentación puede sumarse la faltade voluntad negociadora. En efecto, la Sala reprocha a la Corporación su nulo esfuerzopor buscar alternativas a las extinciones de contratos durante el período de consultas,con independencia del reconocimiento de las limitaciones que tiene una AA PP cuandonegocia un ERE, pero limitaciones que no impedían, ni antes ni después de la entrada envigor del RD 1483/2012 un esfuerzo por ambas partes, y en este caso, por laAdministración Local para buscar puntos de acercamiento, algo a lo que se negó laCorporación, ya que no aceptó ninguna propuesta de la parte laboral, y de esta manerasegún la Sala ( y resalto aquí nuevamente la importancia del período de consultas y lanegociación durante el mismo en el nuevo marco normativo de los ERES) se evidencióuna absoluta falta de voluntad negociadora por parte de aquella, “únicamenteencaminada a imponer rígidamente y sin cesión alguna su decisión, ya adoptada sinofrecer alternativas ni dilucidar sobre las medidas propuestas”. 5
  6. 6. 5. La tercera sentencia, no menos importante que las anteriores, es la dictada por el TSJde Justicia de Madrid el pasado 8 deenero en el ERE presentado por la empresaPromotora de Informaciones SA (PRISA)de extinción de contratos de 24trabajadores.La importancia de la sentencia radica en el reconocimiento del valor jurídico de lospactos de empresa y de su obligado respeto por parte de la empresa en el momento deaplicación del ERE y en concreto de las indemnizaciones a abonar a los trabajadoresafectados, más cuantiosas en el pacto de empresa que en la decisión adoptada por laempresa en el ERE.Desde el plano del conocimiento de la realidad del grupo PRISA, la sentencia tiene unindudable interés, y comprendo perfectamente que la Sala no haya respetado el plazopara dictar sentencia “debido a la complejidad del asunto”, porque permite conocer todalas actividades del grupo y sus cuatro grandes áreas de negocio: “Educación/editorial,prensa, radio, audiovisual, estructura que se completa con dos unidades de negocio,Digital y PBS, que operan transversalmente en todas las áreas”.Las razones aducidas para la presentación del ERE fueron de índole económica yorganizativa, y guardan relación con el “deterioro comercial y económico del GrupoPRISA” que afecta directamente a la empresa que ha presentado el ERE . En los hechosprobados hay una excelente y exhaustiva descripción de todo el proceso negociadordesde la comunicación por parte de la empresa del inicio del ERE el 3 de septiembre, ladocumentación presentada, las reuniones de las partes y la falta de acuerdo final. Dadoel cuidado análisis de los problemas económicos alegados por la empresa, vinculados alos del grupo, no me resisto a reproducir un párrafo del hecho probado decimonovenoque no afecta directamente a la resolución del litigio ahora objeto de comentario pero síque puede tener incidencia en otros frentes abiertos en sede judicial, como el despido de129 trabajadores de El País, y que además pone de manifiesto las diferencias abismalesexistentes entre el salario de los trabajadores y las retribuciones de los ConsejerosEjecutivos del Grupo, que en 2011 aumentaron más del 160 % con respecto a las de2010. Dice la sentencia que “Algunos elementos retributivos de los consejeros hantenido incrementos por encima del 337 % (en el caso del bono de referencia paraconsejeros ejecutivos) (tres) de 4.056.860 en 201 a 10.566.920 en 2012, estas cifras noincluyen las retribuciones por pertenencia a otros Consejos o alta dirección desociedades del grupo (cifras obtenidas de página 25, 26, 9 y 10 de informes corporativosa CNMV de 2010, 2011 y 2012, respectivamente)”.Vuelvo a la dura realidad (para algunos), es decir al ERE, en el que la empresa acordó elabono de la indemnización legalmente establecida, es decir 20 días de salario por año deservicio y un máximo de 12 mensualidades. Este es el punto de fricción principal, yaque en 2011 se habían firmado acuerdos entres los sindicatos CC OO y UGT y larepresentación empresarial del grupo, en el marco de un proceso negociador de ajuste delas empresas del grupo a la nueva situación económica, y en concreto los suscritos el 20de mayo y el 14 de junio en el que las partes acordaron en caso de extincionescontractuales, y entre otros contenidos, “establecer como módulo indemnizatorio dereferencia el abono de 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades…”.Como cuestión formal que adquiere mucha importancia para la Sala, se destaca lacreación el 14 de septiembre de una comisión paritaria de seguimiento de los acuerdos,disponiendo las partes que su funcionamiento durarán todo el tiempo de vigencia deaplicación del Plan del Acuerdo, “y en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2012…”(hecho probado vigésimo quinto). En otras empresas del grupo, y tal como se recoge en 6
  7. 7. el hecho vigésimo sexto, los ERES pactados fijaron una indemnización en los términosrecogidos en los acuerdos de 20 de mayo y 14 de junio, es decir 45 días por año deservicio y un máximo de 42 mensualidades.El núcleo del conflicto se centra en la validez de los acuerdos referenciado, adoptadossegún deja constancia el fundamento de derecho primero en el seno de un planestratégico de futuro del grupo, “con vigencia, al menos hasta 2015”. Además, la partedemandante alega vulneración del art. 51.2 de la LET sobre incumplimiento derequisitos formales, falta de voluntad negociadora y existencia de mala fe por laempresa, cuestiones todas ellas que serán rechazadas en la sentencia, sin entrar aconocer de la alegación de inexistencia de causas económicas y organizativasplanteadas también por los demandantes, en cuanto que el TSJ sólo se pronunciarásobre la vulneración de los acuerdos de 2011 y su efecto jurídico, rechazando laargumentación de la empresa de que el Acuerdo de 14 de junio y su aplicación aldespido colectivo promovido el 3 de septiembre no era aplicable a la empresa ni seencontraba vigente.La Sala, repito, procede al estudio de la posible infracción del artículo 51.2 de la LET, ydel Reglamento 801/2011 (interpretado/modificado por la Orden ESS487/2012). De unaforma un tanto confusa a mi parecer, ya que resulta complejo diferenciar elargumentario de la parte demandante con la decisión del TSJ, la sentencia afirma quelos miembros de la comisión negociadora ad hoc no tienen la prioridad de permanenciaen la empresa de la que disponen los representantes de los trabajadores ex art. 68 b) dela LET, que la comunicación a los representantes de los trabajadores no exige laexpresión formal de la causa de despido, “porque las causas y motivos en el que elempresario ampara su decisión ya han sido puestas de manifiesto y analizadas en elperíodo de consultas” (con una argumentación basada en una interpretación literal delart. 51.2 de la LET que no estoy precisamente seguro de que sea que corresponde a unainterpretación de la norma basada en la utilización conjunta de los criterios fijados en elart. 3.1 del Código Civil, ni en los de la Directiva de 1998 de la UE), y que ladocumentación entregada durante el período de consultas se ajustó a la legalidad.La sentencia acepta la tesis de la parte demandante sobre la validez y aplicación de lospactos objeto de litigio, poniendo de manifiesto que tienen la misma eficacia que lopactado en convenio colectivo y que vinculan a todos los trabajadores y empresasincluidos en su ámbito de aplicación durante el período de vigencia, poniendo demanifiesto que los pactos estaba vigentes cuando se presentó el ERE, rechazando laargumentación de la empresa respecto a la pérdida de su vigencia, y también a suinaplicación por la alteración de las condiciones sobre las que se basó el acuerdo, esdecir la cláusula “rebus sic stantibus”, ya que los propios pactos preveían lasadaptaciones necesarias en caso de alteración de las condiciones pactadas. Por ello, laSala acuerda estimar en parte la demanda y fija que la indemnización a abonar a lostrabajadores debe ser la de los acuerdos de 2011 y no la del ERE, sin que acepte la tesisde la parte demandante de que el incumplimiento del acuerdo signifique que la empresahaya actuado de mala fe y que ello implique la nulidad de las actuaciones. Enconclusión, se trata de una sentencia que desestima gran parte de los argumentos de lademandante en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de la normativavigente, y que acepta sólo el incremento de la indemnización en cuanto que siguevigente un pacto de empresa con el mismo valor jurídico que un convenio colectivo yque afecta obligatoriamente a todas las empresas del grupo. 7
  8. 8. Buena lectura de las tres sentencias. 8

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