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El trabajo autónomo. La protección por cese de actividad. Un comentario sobre laLey 32/2010 y el Real Decreto 1541/2011 de...
“El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad,solidaridad y sostenibilidad financiera y e...
C) Para los trabajadores autónomos también hay varias previsiones específicas relativasal trabajo a tiempo parcial y que i...
Cuenta Propia Agrarios, así como los trabajadores por cuenta propia incluidos en elRégimen Especial de los Trabajadores de...
- Divorcio, “en los supuestos en que el autónomo divorciado ejerciera funciones deayuda familiar en el negocio de su ex có...
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normativa reguladora de la protección por cese de actividad de los trabajadoresautónomos. La norma vigente con anteriorida...
cese de actividad, así como también la regulación procedimental que han de respetar losórganos gestores de la prestación p...
Sobre los requisitos para el nacimiento del derecho a la prestación, del amplio listadoque debe cumplir el trabajador autó...
f) La futura norma también aborda el régimen financiero y la gestión del sistema deprotección. La Tesorería General descon...
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El trabajo autónomo. La protección por cese de actividad. Un comentario sobre la Ley 32 de 5 de agosto de 2010 y el Real Decreto 1541 de 31 de octubre de 2011 que la desarrolla.

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El trabajo autónomo. La protección por cese de actividad. Un comentario sobre la Ley 32 de 5 de agosto de 2010 y el Real Decreto 1541 de 31 de octubre de 2011 que la desarrolla.

  1. 1. El trabajo autónomo. La protección por cese de actividad. Un comentario sobre laLey 32/2010 y el Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre que la desarrolla.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.1 de noviembre de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy martes 1 de noviembre el Real Decreto1541/2011, de 31 de octubre, http://bit.ly/tepVYU por el que se desarrolla la Ley32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección porcese de actividad de los trabajadores autónomos http://bit.ly/9UlaGt. La norma se dictaal amparo de la atribución competencial exclusiva del Estado prevista en el artículo149.1.17ª de la Constitución en materia de régimen económico de la Seguridad Social;entra en vigor mañana y con efectos desde el día 1 de este mes, salvo la disposiciónadicional quinta que regula la prestación para los trabajadores por cuenta propia agrariosque entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Dado que la obligación de cotizar para estanueva prestación para los trabajadores agrarios se inicia el 1 de enero del próximo año,no podrán acceder, en su caso, a la prestación por cese de actividad hasta el mes deenero de 2013. En la introducción del RD 1541/2011 se enfatiza que se trata dedesarrollar una norma legal, la Ley 32/2010 de 5 de agosto, que supone “el mayorimpulso de protección social realizado para los trabajadores autónomos”, y un “hitohistórico” en materia de trabajo autónomo al proteger a dichos trabajadores cuandocesen su actividad, equiparándolos en protección a “los trabajadores por cuenta ajenabeneficiarios de la prestación por desempleo”.2. Explico en esta entrada del blog la regulación de la prestación por cese de actividadprevista en la Ley 32/2010 con el acompañamiento de aquellos contenidos del nuevoRD 1541/2011 que me parecen de especial interés. La aprobación de la normareglamentaria ha sido valorada de forma positiva por la Unión Profesional deTrabajadores Autónomos (UPTA) http://bit.ly/uFabIv, que en un comunicado emitido el28 de octubre afirma que “es una buena noticia que permite poner en marcha uno de lossistemas más avanzados de protección de los autónomos en Europa”, al mismo tiempoque espera que la aplicación de esta medida “resulte un amortiguador de las penuriasque muchos autónomos vienen padeciendo cuando tienen que cesar involuntariamentesu actividad y no tienen ninguna protección mínima, al menos de forma transitoria”.Según los datos de la UPTA 651.000 trabajadores autónomos están ya cotizando paraejercer este derecho, “aunque sólo algo más de medio millón tiene ya cotizado elperiodo exigido mínimo de doce meses por la Ley”.3. Hay que partir de la Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo,http://bit.ly/dNRdIK que incluye referencias a la (entonces futura) regulación de laprestación por cese de actividad. La disposición adicional cuarta estipula lo siguiente: 1
  2. 2. “El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad,solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferenciasde los trabajadores autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de unsistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función desus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.La articulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, enlos supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, suaplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad dejubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la SeguridadSocial, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentesde carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadorespor cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel nocontributivo.Las Administraciones Públicas podrán, por razones de política económica debidamentejustificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectoreseconómicos concretos”.4. También es obligador referirse a la recientemente aprobada reforma de la SeguridadSocial, o por decirlo de manera jurídicamente más correcta, a la Ley 27/2011, de 1 deagosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de SeguridadSocial http://bit.ly/rnbto4, dado que hay alguna disposición adicional que afecta altrabajo autónomo y que ha entrado en vigor a partir del día 2 de agosto, y otrasdisposiciones adicionales y finales entrarán en vigor, al igual que la mayor parte de lanorma, a partir del 1 de enero de 2013.A) En el primer bloque se incluye la posibilidad de elección de la base de cotización quese extiende a todos los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2012 y concarácter indefinido, eso sí con un tope máximo que es el 220 % de la base mínima decotización que se establezca cada año para su régimen especial.B) En el segundo bloque, con respecto a los trabajadores autónomos hay variasprevisiones de cambio de la normativa vigente, siempre con la utilización en lospreceptos legales de términos que demuestran una gran prudencia por parte dellegislador. En efecto, véase por ejemplo la disposición adicional vigésima séptima, queprevé la realización de estudios por parte del gobierno una vez haya transcurrido un añode vigencia de la prestación por cese de actividad (recuerdo que la norma entró en vigorel 6 de noviembre de 2010, y que será a partir de noviembre de este año cuandopodremos empezar a conocer cuál puede ser el alcance de la prestación en número depersonas solicitantes) para decidir si puede aplicarse a este colectivos las reglas sobrejubilación anticipada a partir de los 61 años. Igualmente, se prevé la realización de unestudio en el que se formulen propuestas de regulación de la jubilación a tiempo parciala los 62 años de trabajadores autónomos “que cesen en su negocio o lo traspasen a otrapersona a la que deben formar”. En fin, se regula la obligación de las mutualidades deprevisión social alternativas al régimen de autónomos de ofrecer obligatoriamente lasiguiente cobertura: jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal coninclusión de maternidad paternidad y riesgo durante el embarazo, fallecimiento quepueda dar al reconocimiento de pensiones de viudedad y orfandad. 2
  3. 3. C) Para los trabajadores autónomos también hay varias previsiones específicas relativasal trabajo a tiempo parcial y que implican, siempre con efectos a partir del 1 de enero de2013, la modificación de cuatro preceptos de la Ley reguladora de su estatuto. Seincluirá en la definición de actividad autónoma la posibilidad de llevarla a cabo tanto atiempo completo como parcial; se reconoce la inclusión de quienes presten sus serviciosal amparo de la segunda posibilidad en el RETA; se prevé la instauración de un sistemaespecifico de cotización a tiempo parcial para los autónomos, si bien limitado “paradeterminadas actividades o colectivos y durante determinados períodos de su vidalaboral” (aplicándose en su defecto la normativa del régimen general); en fin, se prevétambién la posibilidad de gozar de reducciones y bonificaciones en las cotizaciones a laSeguridad Social para los autónomos que desarrollen su actividad a tiempo parcial “enunas condiciones análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempoparcial”.5. Paso ya al estudio propiamente dicho de la protección por cese de actividad, enconcreto de la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específicode protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos http://bit.ly/oLRBsA,y el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre que procede a su desarrollohttp://bit.ly/9UlaGt.A) Cabe recordar que el punto de referencia inicial fue el Informe elaborado por unacomisión de expertos sobre la regulación de dicha prestación, presentado en diciembrede 2008 http://bit.ly/r4cEXh, y que el anteproyecto de ley fue presentado en el Consejode Ministros de 20 de noviembre de 2009 http://bit.ly/sF6uRl. Aunque más lejana en eltiempo, no conviene olvidar la disposición final sexta de la Ley 53/2002 de 30 dediciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social http://bit.ly/q7zv3N,referida a los trabajadores autónomos y en la que se disponía que en el primer semestrede 2003 “el Gobierno emitirá informe relativo a la situación de los trabajadoresautónomos que dependen económicamente de uno o varios empresarios, estudiando elestablecimiento de un fondo de garantía en caso de cese por causas objetivas”. Dichoinforme no fue emitido.B) Explico a continuación, de forma esquemática, los aspectos más relevantes a miparecer del proyecto de ley, para facilitar la comparación con los cambios introducidosen la tramitación posterior, al mismo tiempo que ya procedo a incorporar algunospreceptos del RD 1541/2011, dejando parte de la explicación para el último bloque deesta entrada.a) Objeto. Sistema específico de protección para los TA que, pudiendo y queriendoejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo e incluidos en losniveles de protección, hubieren cesado en esa actividad, con arreglo a lo establecido enla Ley. Cese de actividad, definitivo o temporal, incluido el que afecta al TRADE: habráde ser total en la actividad económica o profesional que de forma habitual, personal ydirecta se viniere desempeñando.b) Ámbito subjetivo. TA comprendidos en el Régimen especial de trabajadoresautónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadasde accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También estarían acogidos lostrabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por 3
  4. 4. Cuenta Propia Agrarios, así como los trabajadores por cuenta propia incluidos en elRégimen Especial de los Trabajadores del Mar. Sobre este último, en el Real Decreto dedesarrollo de la ley la disposición adicional sexta dispone que “aquellos armadores deembarcaciones que, independientemente de su condición de empresarios de dichaembarcación, prestan servicio a bordo de la misma como el resto de la tripulación,enrolados en la misma como un tripulante más y percibiendo una parte del MonteMenor, si la retribución es a la parte, o un salario, como el resto de los tripulantes,quedarán incluidos dentro de la protección por cese de actividad”.c) Acción protectora. Prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de laactividad. Abono de la cotización de Seguridad Social del TA por contingenciascomunes.d) Requisitos. Estar afiliados y en situación de alta, y cubiertas las contingenciasprofesionales. Tener cubierto el período mínimo de cotización. Encontrarse en situaciónlegal de cese de actividad. Suscripción del compromiso de actividad. Acreditación dedisponibilidad activa para reincorporarse al mundo del trabajo. Participación enactividades formativas y de orientación profesional. No haber cumplido la edadordinaria para jubilación, salvo la no acreditación del período de cotización. Hallarse alcorriente en el pago de cuotas a la SS, con la previsión normativa de un posible ingresoa posteriori. En el supuesto de un TA con asalariados, requisito previo al cese es “elcumplimiento de las garantías y procedimientos regulados en la legislación laboral”.e) Situación legal de cese de actividad.- Motivos económicos, técnicos organizativos o productivos. Cierre, en su caso, delestablecimiento.Deberá darse alguna de las situaciones siguientes“1. Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en un año completo superioresal 40% de los ingresos o superiores al 30% en dos años consecutivos y completos. Enningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.2. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganosjudiciales que comporten al menos el 50% de los ingresos correspondientes al ejercicioeconómico de la actividad del trabajador autónomo inmediatamente anterior.3. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en lostérminos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal”.- Fuerza mayor.- Pérdida de licencia administrativa, siempre que sea requisito para el ejercicio de laactividad.- Cese por causa de violencia de género. 4
  5. 5. - Divorcio, “en los supuestos en que el autónomo divorciado ejerciera funciones deayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge, en función de las cuales hubiese estadoincluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social y que dejan de ejercerse acausa de la ruptura matrimonial”.-- Cese de los TRADE por extinción del contrato con su cliente, por alguno de estosmotivos:--- Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra oservicio.--- Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.--- Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente.-- Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada del cliente,salvo que la misma venga fundamentada por la decisión del TRADE de interrumpir suactividad.--- Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuaciónde la actividad.f) Duración. En función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 36 mesesanteriores a la situación legal de cese de actividad. Al menos 12 meses deben sercontinuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese. La escala sería lasiguiente: de 12 a 17, 2 meses; de 18 a 24, 3; de 24 a 29, 4; de 30 a 35, 5; 36 y más, 6.g) Cuantía. Base reguladora: promedio de las bases por las que se hubiere cotizadodurante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal decese. Cuantía de la prestación. Aplicación a la base reguladora el 70 por ciento. Cuantíamáxima: 175 % del Indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando elTA tenga uno o más hijos a su cargo (200 o 225 %). Cuantía mínima: 107 % u 80 %IPREM, según que el TA tenga o no respectivamente hijos a su cargo.h) Financiación. Exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia de losTA que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales. Tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad:1,5 %, aplicable a la base de cotización.i) Régimen Especial para TA de 60 a 64 años. De 12 a 17, 3 meses; de 18 a 23, 4; de 24a 29, 6; de 30 a 35, 8; 36 o más, 9j) Solicitud y nacimiento. Solicitud a la Mutua de Accidentes de Trabajo yEnfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta laprotección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo yenfermedades profesionales. Reconocimiento: derecho al disfrute de la prestacióneconómica a partir del primer día del segundo mes siguiente al que se produjo el hechocausante del cese de actividad. En el preámbulo de la Ley 32/2010 se explica que se haoptado por las MATEP como órgano gestor del sistema “por entender que esta opción 5
  6. 6. es coherente con el sistema mixto de cobertura y cotización establecida”. En cuanto quela protección deriva de la cobertura de contingencias profesionales y que las MATEPson entidades colaboradoras del sistema de Seguridad Social, sigue argumentándose enel preámbulo, “se ha considerado a estas entidades como las más adecuadas desde elpunto de vista del encaje jurídico para gestionar el sistema y en particular la prestacióneconómica para el trabajador en situación de cese de actividad”.C) El informe de la ponencia http://bit.ly/uGceN9 fue publicado el 18 de mayo, consensibles modificaciones respecto al texto originario y que se ampliaríanconsiderablemente en el trámite de Comisión antes de la aprobación del texto remitidoal Pleno del Congreso del 27 de mayo. El citado informe fue aprobado por unanimidad.Hay dos tipos de cambios: unos son sólo de carácter técnico, para mejorar o clarificar laredacción de algunos preceptos, y otros son sustantivos en cuanto que afectan, enespecial, al período de percepción de la prestación, al tipo de cotización y a las medidasque deben adoptarse por los poderes públicos para vincular la percepción de estaprestación a medidas de políticas activas de empleo (orientación, asesoramiento,emprendedoría).a) En el capítulo I (disposiciones generales) las modificaciones más relevantes eran lassiguientes:-- El reconocimiento expreso de que la protección por cese de actividad del TA no debequedarse sólo en el percibo temporal de una prestación económica, sino que también hade facilitársele el acceso a medidas de formación, orientación profesional y promociónde la actividad emprendedora, a fin y efecto de facilitar, en la medida de lo posible sureincorporación al mercado laboral, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena.-- La flexibilización de los motivos por los que se permite el cese de actividad y elconsiguiente acceso a la prestación. Mientras que en el proyecto de ley las pérdidasdebían ser superiores al 40 % en un año completo, o al 30 % en dos años consecutivos ycompletos, dichos porcentajes se reducen al 30 y 20 % respectivamente. De la mismamanera, se suavizaba el requisito de la existencia de unas ejecuciones judiciales para elcobro de las deudas reconocidas judiciales, ya que en el texto original debían comportarel 50 % de los ingresos del ejercicio económico anterior y en la ponencia se reduce al 40%. Por otra parte, las referencias al supuesto de divorcio, y su impacto sobre la actividaddel autónomo que ejerza funciones de ayuda familiar, esté incluido en la SeguridadSocial y que deje de realizarlas por el conflicto jurídico de ruptura familiar, se extiendena los supuestos de separación matrimonial mediante resolución judicial.-- Para evitar que la inactividad del cliente del TA pueda perjudicar su derecho apercibir la prestación (tanto en el supuesto de causa justificada como en el deinjustificada, reconocida esta última por acta de conciliación o resolución judicial), eltexto aprobado en ponencia, y no modificado con posterioridad, permite al TA solicitaral cliente que cumpla con su obligación de comunicar en 10 días a la entidad gestora lafinalización de la actividad, y si no lo hace podrá dirigirle un escrito pidiendo quecumpla con dicha obligación, y en caso de que siga sin dar cumplimiento a suobligación el TA podrá acudir al órgano gestor de la prestación para informarle de dichasituación, aportar copia de la solicitud y pidiendo que “le sea reconocido el derecho a laprotección de actividad”. 6
  7. 7. b) En el capítulo II (régimen de la protección) cabe destacar estos cambios:-- La concreción de que el TRADE que solicite el percibo de la prestación por suruptura con el cliente del que dependía en un 75 %, como mínimo de sus ingresosdeberá dejar de tener actividad con otros clientes. Dicho en otros términos, y tal comoocurre en el ámbito de la protección por desempleo para trabajadores por cuenta ajena,el percibo de la prestación será incompatible con el mantenimiento de la actividad comoautónomo. Creo que el precepto correspondiente del proyecto de ley, en relación con lanormativa reguladora de la protección por desempleo en la Ley General de Seguridad,ya permitía llegar a dicha conclusión, pero en cualquier caso la modificación del tercerpárrafo del artículo 7.1 lo deja meridianamente claro: “cuando el trabajador autónomoeconómicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, paratener derecho al disfrute de la prestación no podrá tener actividad con otros clientes apartir del día en que inicie el cobro de la prestación”. Con respecto al abono de la cuotade Seguridad Social por parte del órgano gestor, la norma también clarifica que dichaobligación surgirá a partir de la fecha de inicio de la prestación.-- El período de espera para solicitar nuevamente la prestación por cese de actividad sereduce desde el transcurso de 24 meses, en el proyecto de ley, a los 18 del texto de laponencia, que han de transcurrir desde el reconocimiento del último derecho a laprestación.-- La extinción del derecho a la protección se producirá por la realización de un trabajopor cuenta propia o ajena de duración igual o superior a 12 meses, siempre y cuando, yesta es la novedad incorporada por la ponencia, en el supuesto de trabajo por cuentapropia se genere, de acuerdo con lo dispuesto en la norma, el derecho a la protecciónpor cese de actividad como TA.c) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) se incorpora unamodificación importante que hay que relacionar con la obligación de los poderespúblicos de poner en marcha políticas activas de empleo para los autónomosdesempleados, en cuanto que una parte de los ingresos obtenidos para financiar laprestación, en concreto el 1 % de los mismos, se destinarán a dicho fin.A tal efecto, el artículo 19.2 del Real Decreto 1541/2011 dispone que “La TesoreríaGeneral de la Seguridad Social, del importe mensual efectivamente ingresado por lacotización por cese de actividad del trabajador autónomo, procederá a descontar el 1 porciento de dicho importe en concepto de financiación de las medidas de formación,orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora”, y una vezdescontado dicho importe, el mismo será transferido al SPEE para que “se proceda adistribuir dicha financiación entre los diferentes Servicios Públicos de Empleo de lasComunidades Autónomas, tanto en el caso de Comunidades Autónomas con régimen definanciación común, como en el caso de Comunidades Autónomas con régimen foral,así como al Instituto Social de la Marina”.El artículo 23 del Real Decreto 1541/2011 está dedicado a los órganos gestores de lasmedidas de formación, orientación profesional, y promoción de la actividademprendedoras, y dispone, de manera coherente con el reparto competencial en materiade política de empleo según el texto constitucional, la doctrina del TribunalConstitucional, y las competencias de gestión transferidas a las Comunidades 7
  8. 8. Autónomas, que el diseño, desarrollo y gestión de todas esas medidas “corresponderá alos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o al Servicio Públicode Empleo Estatal, respecto de los trabajadores autónomos que hubieran cesado en suactividad inscritos en las oficinas de empleo de su ámbito territorial”. Una nuevallamada a la necesaria cooperación y coordinación entre las autoridades estatales y lasautonómicas para lograr una mayor efectividad de las políticas activas se recoge deforma expresa en el artículo 27 del citado Real Decreto, disponiendo que “Los órganosgestores de la protección por cese de actividad y los Servicios Públicos de Empleocorrespondientes deberán cooperar y colaborar, en el ejercicio de sus respectivascompetencias, para la aplicación de las medidas específicas de formación, orientaciónprofesional, y promoción de la actividad emprendedora previstos en la Ley 32/2010, de5 de agosto”.Aún más importante a mi parecer, y en coherencia con el marco jurídico de gestión delas políticas activas de empleo por las Comunidades Autónomas, es que esa partida serágestionada por los servicios autonómicos de empleo y por el Instituto Social de laMarina, previéndose su distribución “en proporción al número de beneficiarios quegestionen”. El capítulo IV del Real Decreto desarrolla las medidas de formación,orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de acuerdo a lodispuesto en la Ley 32/2010, concretando el sistema de gestión de transferencia derecurso del SPEE a los SPE autonómicos que son los gestores de las políticas activas deempleo, “estableciendo una gestión de pago anticipado del 70 por ciento de los ingresosen marzo del año que se van a gastar en las actuaciones señaladas y un segundo pago,del 30 por ciento restante, a abonar en el mes de octubre”.Por otra parte, el Real Decreto 1541/2011 aborda en su capítulo III el régimenfinanciero y de gestión del sistema de protección por cese de actividad del TA. Deacuerdo a la ley la financiación de la protección se acometerá exclusivamente con cargoa la cotización por dicha contingencia de los TA que tuvieran protegida la cobertura poraccidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la Tesorería General de laSeguridad Social “procederá al reparto del importe de las cotizaciones diferenciandoentre el importe dirigido a cubrir los gastos originados por las prestaciones a abonar altrabajador autónomo beneficiario y su cotización, y el destinado a financiar lasactuaciones de formación, orientación profesional y promoción de la actividademprendedora”.El Real Decreto adopta medidas para garantizar la viabilidad financiera de la gestión dela protección por cese de actividad, de tal manera que “en caso de que se obtenganresultados positivos de la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo yEnfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se establecen dos tipos de reservas,una, dotada con al menos el 80 por ciento del total del excedente, que quedará en laMutua con la finalidad de garantizar la viabilidad financiera de la gestión de laprotección por cese de actividad del colectivo de trabajadores autónomos que gestiona.Otra, dotada con hasta el 20 por ciento, estará en la Tesorería General de la SeguridadSocial con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera del conjunto del sistema deprotección por cese de actividad de los trabajadores autónomos”.d) Por último, deseo mencionar dos nuevas disposiciones adicionales. En la novena, sepermite a los trabajadores autónomos que desarrollen tareas de especial peligrosidad y 8
  9. 9. que estén en situación jurídica de pluriactividad y tengan cubierta la protección pordesempleo en otro régimen de la Seguridad Social, que no incorporen la protección porcese de actividad, “salvo que opten de modo voluntario por cubrir dicha protección”. Enla undécima, se exime a algunos TA de determinadas obligaciones de justificación de laactividad emprendedora para tener derecho a la prestación por cese de actividad, enconcreto a los trabajadores que realicen actividades de naturaleza tóxica, peligrosa openosa, y que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión dejubilación, con excepción de la relativa a la edad, los cuales podrán acceder a lajubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecidodicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.D) Como consecuencia de los cambios habidos en el texto presentado por la ponencia,el dictamen de la Comisión http://bit.ly/vcQKF3 , publicado el 26 de mayo, que semantuvo inalterado en el Pleno, incorporó algunos cambios sustanciales con respecto alos períodos de disfrute de la prestación por cese de actividad, con un incrementosignificativo que lógicamente llevó al incremento del tipo de cotización que debeabonarse para su financiación.a) En el capítulo II (régimen de la protección) se ha modificado la duración de laprestación económica a la que se tiene derecho en función del período de cotizaciónefectuado durante los 36 meses anteriores a la situación del cese de actividad (y,recuérdese, siempre que 12 sean continuados e inmediatamente anteriores a la situaciónde cese). Se mantienen los mismos tramos que en el proyecto de ley para poder percibirentre 2 y 5 meses de prestación, y se modifican a partir de 36 en los siguientes términos:de 36 a 42, 6; de 43 a 47, 8; 48 y más, 12. En este punto cabe hacer especial mención dela disposición adicional décima, introducida ya en el texto de la ponencia, en el que semandata al gobierno a elaborar un estudio sobre la evolución del sistema en un períodode 24 meses desde la entrada en vigor de la norma, que deberá tratar tanto sobre lacuantía como sobre la gestión de la prestación, disponiendo el precepto que “en caso deque quede acreditada la viabilidad financiera, se realizará una propuesta de incrementode la duración de la prestación por cese de actividad”Respecto a las incompatibilidades, que con carácter general abarcan todo tipo de trabajopor cuenta propia o ajena, encuentran una excepción en determinados trabajos agrariosrealizados sin finalidad comercial y afecta tanto al TA como a los familiarescolaboradores, si bien el artículo 12 remite al desarrollo reglamentario para laconcreción de esta excepción.b) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) el tipo decotización correspondiente a la protección se incrementa al 2,2 por ciento, aplicable a labase de cotización elegida por el TA con arreglo a lo establecido en las normas decotización, en el bien entendido que, tal como fija la disposición adicional segunda(inalterada desde el proyecto de ley), los TA acogidos a este sistema verán reducida enun 0’5 % su cotización por la contingencia de incapacidad temporal derivada decontingencias comunes. El tipo se fijará anualmente en la Ley de PresupuestosGenerales del Estado, “de acuerdo con los estudios actuariales que procedan”. El RealDecreto precisa aún más sobre esta última cuestión, disponiendo que “en ladeterminación del tipo de cotización correspondiente a la protección por cese deactividad “se tendrá en cuenta, además de la previsión de ingresos correspondientes al 9
  10. 10. ejercicio para el que se fije el tipo, la posible desviación entre los ingresos previstos ylos realizados hasta esa fecha”.c) En las disposiciones adicionales, en concreto en la primera, cabe hacer especialmención del incremento de los períodos de percepción para los trabajadores autónomoscomprendidos entre los 60 y 64 años. Con respecto al proyecto de ley, no modificadopor la ponencia, se reduce el período de percepción para los TA que hayan cotizadoentre 12 y 17 meses, pasando de 3 a 2, se mantiene en los tramos de 18 a 23 (4), de 24 a29 (6) y de 30 a 35 (9), y se amplía en los siguientes, de manera que la cotización entre36 y 42 meses dará derecho a una protección durante 10 meses, y para quien hayacotizado 43 años o más se reconocerá una prestación por un período de 12 meses.d) Por último, pero no menos importante, hay que destacar el impacto de la norma sobrela protección de los TA extranjeros que hayan cesado en su actividad, no ya por lo querespecta al percibo de la prestación sino porque el reconocimiento de encontrarse endicha situación les permitirá seguir residiendo en España. Más exactamente, en el textoaprobado en Comisión se incorporaba una nueva disposición adicional sexta quemodificaba el artículo 62 del Reglamento entonces vigente en materia de extranjería, elReal Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre. En el artículo 62.1, que regulaba larenovación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, se incluía unnuevo supuesto: “c) cuando por el órgano gestor competente, conforme a la normativasobre la materia, se hubiera reconocido al trabajador autónomo la protección por cese deactividad y durante el período de percibo de la prestación”. En relación con estamodificación, se incorporaba un nuevo párrafo a la disposición final tercera quehabilitaba al gobierno para modificar dicho precepto mediante norma de rangoreglamentario. Dicha modificación se ha mantenido en la normativa vigente, el RealDecreto 557/2011 de 20 de abril.E) Explicaré ahora de forma sucinta cómo ha cambiado el proyecto durante latramitación en el Senado http://bit.ly/pwxdIM, para tener una visión global y deconjunto de toda la tramitación y de las modificaciones incorporadas al texto final. Encualquier caso, cabe dejar claro de entrada que los ejes nucleares del proyecto de leyoriginario se han mantenido y en más de una ocasión mejorados durante toda latramitación parlamentaria, por lo que gran parte de las consideraciones generales queacabo de efectuar sobre el texto que el gobierno remitió al Congreso son perfectamenteválidas para aplicarlas al texto resultante de dicha tramitación.Al texto remitido por el Congreso de los Diputados al Senado fueron presentadas 79enmiendas, muchas de ellas repetición de las que no habían sido aceptadas en losdebates del Congreso y de ahí que no prosperaran. Tras el informe de la Ponencia y elDictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración http://bit.ly/swDkSt, en el textoaprobado por el Pleno del Senado http://bit.ly/vYbcEg el 7 de julio se incorporaron unasenmiendas que analizaré a continuación, la mayor parte de ellas presentadas por elgrupo socialista, las cuales fueron también aprobadas definitivamente por el Congreso eldía 21 sin modificación alguna, siendo la mayor parte de ellas de contenido meramenteformal o de mejora técnica. No obstante, la enmienda más polémica, la regulación de laprotección no contributiva para los trabajadores autónomos no tuvo una vida muy larga(más bien diría que cortísima) dado que su derogación se produjo tras el acuerdo de losgrupos socialista y nacionalista vasco con ocasión de los debates sobre el proyecto de 10
  11. 11. ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y su plasmaciónnormativa en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre http://bit.ly/fq2e21.a) En el artículo 5, regulador de la situación legal de cese de actividad, el texto aprobadopor el Congreso consideraba que podía producirse por “el cese temporal o definitivo dela actividad de la trabajadora autónoma por causa de violencia de género”, mientras queel texto definitivamente aprobado tiene una redacción técnicamente más correcta que laanterior a mi parecer en cuanto que la situación legal del cese de actividad se producirácuando concurra “la violencia de género determinante del cese temporal o definitivo dela actividad de la trabajadora autónoma”. Una enmienda idéntica se incorpora a la letrad) de la Disposición adicional séptima, reguladora de la protección por cese de actividada los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente.b) Más importante es la modificación del número 2 del artículo 8, que regula la duraciónde la prestación económica. No obstante, la modificación no vio la luz porque antes dela entrada en vigor de la nueva ley ya se había producido la vuelta al texto aprobado enprimera lectura por el Congreso de los Diputados. En efecto, la disposición adicionalvigésimo segunda de la Ley 35/2010 vuelve a la redacción inicial de tal precepto.En el texto del Congreso se reconocía el derecho del TA a solicitar un nuevoreconocimiento de la prestación, tras haberla disfrutado con anterioridad, siempre queconcurrieran los requisitos legales para poder acceder a la misma y que “hubierentranscurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a laprestación”. El texto finalmente aprobado, a partir de enmiendas presentadas por elgrupo parlamentario catalán (CiU) y el de senadores nacionalistas (PNV) redujo el plazoa doce meses, si bien empezaría a contar “desde la extinción del derecho anterior”,justificándose las enmiendas por la conveniencia de no establecer una diferencia de tratocon respecto al régimen general de los trabajadores por cuenta ajena que no seconsideraba justificada. Por parte del grupo popular su enmienda también solicitaba lareducción del plazo a los 12 meses, si bien su redacción era diferente en cuanto que eltranscurso de dicho plazo operaría “desde la finalización de percepción de la prestaciónpor cese de actividad”.c) En el artículo 9, sobre la cuantía de la prestación económica por cese de actividad, enel quinto párrafo del texto del Congreso se hacía referencia a los hijos a cargo mayoresde 26 años “con una incapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento…”, mientras que el texto aprobado sustituye el término “incapacidad” por el de“discapacidad”, tratándose de una enmienda del grupo socialista que se propuso por serel nuevo término “más adecuado según las disposiciones reguladoras de ladiscapacidad”.d) La disposición adicional primera aprobada por el Congreso regulaba la duración de laprestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos “entre 60 y 64 años”,mientras que el texto aprobado regula dicha duración “a partir de los 60 años” y sinfijación de edad límite para el disfrute de la prestación. La modificación del título delprecepto se concreta en el texto, en cuanto que la referencia primera a los 64 años quedasustituida por “la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación”. Sejustifica la enmienda porque es más favorable para el trabajador autónomo que cumpla65 años y no tenga acreditado el período de cotización efectivo para acceder a la 11
  12. 12. pensión por jubilación, ya que de aplicar la duración prevista en el artículo 8 le seríamenos favorable, exponiéndose en la motivación de la enmienda que en modo algunoera la intención de la norma “en aplicación directa de la disposición adicional cuarta,párrafo segundo, de la Ley 20/2007. Recuérdese que dicha disposición estipula que “Laarticulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, en lossupuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, suaplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad dejubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de SeguridadSocial que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes decarrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores porcuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no contributivo”.e) En la disposición adicional quinta, relativa al reintegro de prestaciones indebidamentepercibidas, se incorpora una referencia expresa, de carácter general, al artículo 45 de laLey General de la Seguridad Social, que se refiere justamente a esta cuestión. Se exponeen la enmienda socialista que “se elimina la referencia al procedimiento de reintegro porla más genérica al precepto del reglamento de recaudación ya que hace referencia a dosprocedimientos, evitando interpretaciones restrictivas a algunos de ellos”.f) El precepto más polémico que se incorporó a la nueva ley, por poco tiempo como yahe explicado con anterioridad, es la nueva disposición adicional decimotercera,resultante de la enmienda número 71 de CiU, en la que se reconoce el derecho a unaprestación no contributiva para trabajadores autónomos a partir, obsérvese bien la fecha,del 1 de enero de 2009, si bien se remite al desarrollo reglamentario (dando al gobiernoun plazo de 3 meses) las condiciones de acceso a la nueva prestación, y subrayo lo denueva porque además se utiliza esta palabra, probablemente por un lapsus de losredactores de la enmienda que olvidaron suprimirla del último párrafo de la disposición.La norma reconocía el derecho de un trabajador autónomo que hubiera cesado suactividad profesional a partir de la fecha referenciada a percibir una prestacióneconómica de 425 euros mensuales durante un período máximo de 6 meses, prestaciónque además, y recalco la importancia de este dato, sería compatible “con otrasprestaciones de las Comunidades Autónomas”. Dicha prestación sólo podría percibirsecuando el trabajador autónomo no percibiera ninguna otra ayuda o prestación pública, yestaría además condicionada a la búsqueda activa de empleo y a la realización de unmínimo de 180 horas de formación. Los restantes requisitos para poder solicitar laprestación no contributiva serían los de haber cotizado al RETA durante 3 de losúltimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud (requisito que diluye parcialmente ami parecer el carácter no contributivo de la prestación en cuanto que la vinculanecesariamente a una anterior actividad contributiva del sujeto demandante de laprestación), y que la media de ingresos familiares por persona (me imagino que lanorma se refiere, aunque no lo diga, a todos los miembros de la unidad familiar) nosupere el 75 % del SMI, además de los que “se establezcan reglamentariamente” comocláusula abierta y a disposición del poder ejecutivo para limitar el acceso a dichaprestación.g) Otra nueva disposición adicional, la decimocuarta, posibilita la capitalización, total oparcial, de la prestación por cese de actividad en los términos que se dispongareglamentariamente. El texto encuentra su origen en la enmienda número 70 de CiU que 12
  13. 13. pretendía incorporar casi en su literalidad la normativa reguladora de la capitalizaciónpara los trabajadores por cuenta ajena y que fue objeto de modificación por enmiendatransaccional del grupo socialista, muy criticada por el grupo popular.La disposición adicional cuarta del Real Decreto 1541/2011 http://bit.ly/tepVYUresponde al mandato establecido en dicha disposición de la Ley 32/2010. Se reconoceesa posibilidad para los titulares del derecho, que tengan pendiente de recibir laprestación por un período de, al menos, seis meses, y acrediten ante el órgano gestor quevan a realizar una actividad profesional como trabajadores autónomos o sociostrabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter delaboral. Según se explica en la introducción del Real Decreto, “con esta regulación sefavorece el autoempleo mediante el trabajo autónomo o la participación como sociotrabajador en cooperativas y sociedades laborales, apoyando fundamentalmente lafinanciación de la inversión y los gastos por la cotización a la Seguridad Social en elinicio de la actividad”. Además, es importante destacar que el apartado 8 de la citadadisposición adicional permite que la percepción de la prestación en un pago único seacompatible “con otras ayudas que para la promoción del trabajo autónomo o laconstitución o integración en cooperativas o sociedades laborales pudieran obtenerse”.i) Se ha incorporado una nueva disposición transitoria cuya finalidad, así me lo parece,es “animar” a los autónomos que no coticen por contingencias profesionales a hacerlopara poder acceder en su día, cuando cumplan los requisitos para ello (uno de ellos, y lodestaco por su importancia, es de el de haber cotizado cómo mínimo durante 12 mesescontinuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad). En efecto,se posibilita que los trabajadores dados de alta en el RETA y que no tengan cubiertadicha protección puedan formalizarla dentro de los 3 meses siguientes a la entrada envigor de la nueva ley, “con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dichaopción”. Tal como se explica en la enmienda, y casi en los mismos términos sereprodujo en el debate parlamentario, se trata de “facilitar la inmediata adhesión a laprotección por cese de actividad de dichos trabajadores y en beneficio de ellos”, ya quede no formalizar el alta en el plazo referenciado será de aplicación lo dispuesto en elartículo 47.4.2ª del Real Decreto 84/1996 de 26 de enero http://bit.ly/vdFvZh, “que sólopermite ejercitar esa opción antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el 1de enero del año siguiente”. Al respecto cabe recordar la posibilidad ofrecida por laOrden TIN/490/2011de 9 de marzo http://bit.ly/f9o7I5, que concedió un plazo especialde opción para la cobertura de tales contingencias, estableciendo su artículo único que“Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en elRégimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengancubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, podránoptar por su cobertura hasta el 30 de junio de 2011, con efectos desde el día primero delmes siguiente al de dicha opción”.j) La última modificación de la Ley 32/2010 se ha producido por el Real Decreto-ley10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de losjóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa derecualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, yen concreto por su disposición adicional segunda http://bit.ly/oAU9Mk.Se trata de una mínima (pero importante económicamente) modificación de la 13
  14. 14. normativa reguladora de la protección por cese de actividad de los trabajadoresautónomos. La norma vigente con anterioridad disponía en su artículo 7 que elreconocimiento de cumplir los requisitos previstos por la norma suponía el nacimientodel derecho a percibir la prestación económica a partir del primer día del “segundo messiguiente” a aquel en el que se produjo el hecho causante del cese de actividad”,mientras que el RDL 10/2011 reconoce el derecho al percibo desde el primer día del“mes inmediatamente siguiente”. Desconozco si hay alguna razón que permita entenderla medida, pero es probable que tenga que ver con el deseo gubernamental de satisfaceren alguna medida a las asociaciones de trabajadores autónomos, muy críticas con losborradores del texto ahora ya publicado por entender que no se prestaba atención a lasnecesidades laborales del colectivo.F) Por último, me detengo más ampliamente en el Real Decreto 1541/2011, de 31 deoctubre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 32/2010. El proyecto deReal Decreto fue presentado a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laboralescelebrada el 29 de septiembre http://bit.ly/hOQCvo. El Consejo de Estado ha emitido supreceptivo informe el día 27 de octubre http://bit.ly/rk7UPf, texto que aún no ha sidopublicado en su base de datos, si bien no parece que haya planteado obstáculos jurídicoal proyecto dado que el Real Decreto se publica “con el acuerdo del Consejo deEstado”.a) En la nota de prensa del Consejo de Ministros del 28 de octubre http://bit.ly/sGhNQh, reunión en la que se aprobó el RD, se explica que “el número de cotizantes al sistemade protección por cese de actividad es de 502.263. El próximo mes de enero, una vezaprobada la norma, se incorporarán al sistema los trabajadores por cuenta propiaagrarios. En la actualidad hay cerca de 150.000 agrarios que tienen cubiertas lascontingencias profesionales” La nota enfatiza que “Con la aprobación de esta normaEspaña se convierte en el único país europeo que cuenta con un sistema de protecciónpara aquellos emprendedores que tienen que cerrar su negocio. La aprobación de estanorma es prioritaria, dado que a partir del próximo mes de noviembre podrían comenzara solicitarse las primeras peticiones de reconocimiento de esta protección, al cumplirseel periodo mínimo de cotización (doce meses), para tener reconocimiento a la misma.La nueva norma supone un gran salto en el desarrollo del Estatuto del TrabajoAutónomo, en cuanto a la protección social, y cumple con una importantereivindicación de este colectivo”. En fin, también se indica que el Real Decreto cumplecon tres mandatos de la Ley 32/2010: “En primer lugar, recoge la documentación apresentar: el trabajador autónomo solicita al órgano gestor el reconocimiento delderecho en el plazo de un mes desde que cese la actividad. La percepción de laprestación y la cotización efectuada por el órgano gestor se realizarán a partir del messiguiente al reconocimiento. Respecto al segundo mandato, la nueva norma establece lascondiciones y supuestos específicos para la protección por cese de actividad de lostrabajadores por cuenta propia agrarios. Por último, fija los supuestos y requisitos paraacceder al pago único de la prestación”.b) La disposición final tercera de la Ley 32/2010 faculta al Gobierno para dictar“cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presenteLey”. En la norma encontramos, además, varios preceptos que se remiten para unamayor concreción a un futuro desarrollo reglamentario. Más exactamente, se trata deconcretar la documentación a presentar por los trabajadores autónomos para justificar el 14
  15. 15. cese de actividad, así como también la regulación procedimental que han de respetar losórganos gestores de la prestación para reconocer el derecho a la prestación, abonar lasprestaciones reconocidas y ejercer su control. Dado que la entrada en vigor efectiva dela prestación se produce este mes de noviembre, el objeto de la norma es, tal como seafirma en su introducción, “habilitar mecanismos eficaces de gestión de dichaprestación”.c) El capítulo I regula las disposiciones generales. En concreto, “desarrolla el objeto deprotección contenido en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, así como los requisitos para elnacimiento del derecho, las reglas especiales para la situación legal de cese de actividad,así como las formas de acreditación de dicha situación en sus diferentes motivaciones,determinantes para configurar y garantizar la protección del trabajador autónomo”.Relativo a su objeto, el desarrollo reglamentario del sistema específico de protecciónpor cese de actividad, interesa destacar la concreción que efectúa respecto a laposibilidad del cese temporal de la actividad en los supuestos de fuerza mayor, violenciade género y problemas en la actividad agraria.En el proyecto de Real Decreto que tuve la oportunidad de consultar, se contemplaba laexclusión de esta norma de la protección que puedan tener los trabajadores por cuentapropia agrarios, remitiéndola a una futura y específica norma reglamentaria. Dichaexclusión ha desaparecido en el texto finalmente aprobado, que incluye de formaexpresa en su disposición adicional quinta la protección para dicho colectivo siempreque se cumplan los requisitos fijados en dicho precepto. La suspensión temporal en estesector se producirá cuando por causa de fuerza mayor “se realice un cambio de cultivo ode actividad ganadera, durante el periodo necesario para el desarrollo de ciclo normal deevolución del nuevo cultivo o ganadería”, o “se produzca daño en las explotacionesagrarias o ganaderas, durante el tiempo imprescindible para la recuperación de lasmismas”, así como también “Durante el periodo de erradicación de las enfermedades enexplotaciones ganaderas” y en casos de violencia de género. Como característicaespecial del régimen de protección en el sector agrario cabe indicar que la pérdida de lacondición de comunero de las comunidades de bienes o de socio de sociedades decualquier naturaleza, incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuentapropia agrarios, “sólo devengará derecho a la prestación cuando se acredite que el cesede la actividad es debido a las pérdidas económicas recogidas en el artículo 5.1.a) de laLey 32/2010”.d) El capítulo II, según se sigue explicando en la introducción “se refiere al régimen ydinámica de la protección por cese de actividad del trabajador autónomo que suponedesarrollar las reglas de solicitud y nacimiento del derecho a la protección, abarcando laduración de la prestación económica y la cuantía de dicha prestación económica. Sedelimita el abono de la cotización de Seguridad Social durante la percepción de laprestación por cese de actividad, así como la suspensión y reanudación del derecho a laprotección por cese de actividad, y las facultades de opción y reapertura del mismo. Delmismo modo, se introducen los suficientes elementos de seguridad jurídica en ladinámica de la protección que afecta a las situaciones de incapacidad temporal,maternidad y paternidad”. 15
  16. 16. Sobre los requisitos para el nacimiento del derecho a la prestación, del amplio listadoque debe cumplir el trabajador autónomo destaco ahora el de solicitar su baja en elrégimen especial de Seguridad Social correspondiente como consecuencia del cese deactividad, la disponibilidad activa para participar en el mercado de trabajo, y laextinción, en su caso, de todos los trabajadores que el trabajador autónomo tuviera a sucargo como requisito previo para solicitar la prestación cuando el cese se produzca porcausas económicas, técnicas, organizativas o productivas.En cuanto a la situación legal de cese de actividad, se concretan algunas reglasespeciales en desarrollo de la Ley 32/2010, como por ejemplo, que se computarán laspérdidas derivadas del ejercicio de la actividad que sean inmediatamente anteriores adicho cese, y también que en el supuesto de separación matrimonial o divorcio queimplique el cese el hecho causante deberá producirse “en el plazo de seis mesesinmediatamente siguientes a la resolución judicial o acuerdo que así lo establezca”.Para acreditar la situación legal de cese de actividad por motivos económicos, técnicos,organizativos o productivos, la documentación que se presente deberá ir acompañada deuna declaración jurada del solicitante, y en el supuesto específico de pérdidaseconómicas se acompañará certificado de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria.Por otra parte, no deja de ser interesante la referencia concreta a las nuevas tecnologíaspara demostrar el cierre del establecimiento del que dispusiera el trabajador autónomo,ya que además de toda la amplia documentación listada en la futura norma deberánacompañarse documentos acreditativos, por ejemplo, “del cese en el suministro yconsumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en elestablecimiento: agua, electricidad, internet u otros”.Cuando se trate de la solicitud por parte de un TRADE deberá acompañarse a lasolicitud la comunicación al SPEE de la terminación del contrato con el cliente del quedependen, como mínimo, el 75 % de sus ingresos; si el TRADE realiza actividaddependiente para otros clientes deberá aportar también la documentación que acredite lafinalización de tales relaciones.e) En relación con el régimen de la protección, interesa dejar constancia de la obligacióndel sujeto solicitante, que será requerido para ello por el órgano gestor cuando dicte lacorrespondiente resolución sobre abono de la prestación, de comparecer ante el SPEEpara formalizar su inscripción en el mismo y suscribir el compromiso de actividad,siempre y cuando obviamente no lo hubiera hecho ya con anterioridad. El plazo parahacerlo será de 15 días hábiles, y si no lo hiciera será causa de anulación de laprestación, en el bien entendido que podrá formularse una nueva solicitud si lainscripción se hubiera formalizado fuera de plazo.Al tratar de la duración de la prestación económica, la norma concreta que no es posibleen ningún caso, para su cálculo, el cómputo recíproco de cotizaciones por cese deactividad y de cotizaciones por desempleo, ni tampoco el computo recíproco entre elRETA y el RETM. Respecto a la cuantía, una manifestación específica se refiere a lostrabajadores que coticen por una base mínima inferior a la de cotización para lostrabajadores autónomos, en cuyo caso “no les resultará de aplicación la cuantía mínimade la prestación prevista en el artículo 9.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto. 16
  17. 17. f) La futura norma también aborda el régimen financiero y la gestión del sistema deprotección. La Tesorería General descontará del importe mensual ingresado por cese deactividad del trabajador autónomo el 1 % para las acciones formativas, de acuerdo a loprevisto en la Ley 32/2010, y transferirá esa cantidad al SPEE para que este, a su vez, lodistribuya entre los servicios públicos autonómicos de empleo y el Instituto Social de laMarina. La restante cantidad será abonada a los órganos gestores de la prestación. Hayuna regulación detallada de los libramientos que han de realizarse a las autonomíascompetentes para las acciones en materia de empleo, como ya he explicado conanterioridad, previéndose la entrega de un 70 % del montante asignado a cada una deellas el mes de marzo y el 30 % restantes el mes de octubre, cuantía que se determinará“en proporción al número de beneficiarios que vayan a gestionas en el respectivoámbito territorial”. No obstante, el Real Decreto dispone en su artículo 25 que el SPEEno facilitará los fondos que correspondan a la autonomía correspondiente hasta que esta“haya justificado la ejecución de los fondos librados en el ejercicio inmediatamenteanterior” o “haya justificado el reintegro de los remanentes no comprometidos o de losgastos comprometidos en ejercicios anteriores que finalmente no hubieran dado lugar aobligaciones reconocidas en los términos expuestos en el artículo siguiente”.g) Por último, en cuanto al procedimiento de imposición de sanciones porincumplimiento de la nueva normativa, el Real Decreto procede a modificar el RealDecreto 928/1998 de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General sobreprocedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social paralos expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social http://bit.ly/vGCV41,añadiendo un nuevo artículo 38 bis que lleva por título “Procedimiento para laimposición de sanciones a los trabajadores autónomos solicitantes o beneficiarios de laprestación por cese de actividad”, iniciándose dicho procedimiento por acta deinfracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al que serán de aplicaciónlas reglas específicas recogidas en este nuevo precepto, estando en todo lo demás a lanormativa general del Real Decreto 928/1998. Por otra parte, cuando la gestióncorresponda a una MATEP de la Seguridad Social, “corresponderá a la Delegación delGobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación delGobierno en la provincia en calidad de órganos territoriales de la AdministraciónGeneral del Estado”, siendo recurribles las resoluciones sancionadoras ante el Ministrode Trabajo e Inmigración”.Buena relectura de la Ley 32/2010 y buena primera lectura del Real Decreto 1541/2011. 17

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