Bases ProgramáTicas Para El Sector Agroalimentario Y Forestal Del Gobierno De Eduardo Frei

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Bases ProgramáTicas Para El Sector Agroalimentario Y Forestal Del Gobierno De Eduardo Frei

  1. 1. BASES PROGRAMÁTICAS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DEL GOBIERNO DE EDUARDO FREI RUIZ TAGLE OCTUBRE 2009 I.- NUESTRA VISIÓN SOBRE EL SECTOR Chile tiene la gran oportunidad de consolidar el sector agroalimentario y forestal como viga maestra de su economía. Hoy las exportaciones sectoriales son del orden de los US$ 13.000 millones anuales con una balanza comercial positiva de US$ 9.000, esto demuestra el gran dinamismo y capacidad del sector para desarrollarse en ambientes de alta competencia y exigencia. Este sector es el motor económico de 2/3 de nuestras regiones, generador del orden de 1,5 millones de empleos en su conjunto y un 11 a 12% del PIB (producción primaria y secundaria asociada). En la actualidad gran parte de la población rural de Chile tiene condiciones de vida muy superiores a la que tenía veinte años atrás. Por primera vez en nuestra historia, la pobreza rural es menor que la urbana. Gran parte de quienes viven en zonas rurales cuentan con viviendas dignas, servicios básicos y gozan de una mejor infraestructura. Hemos mejorado el acceso a la educación y capacitación de las nuevas generaciones, y las mujeres están incorporadas activamente al mundo laboral. Estos y otros antecedentes reflejan el promisorio escenario en que nos encontramos. La agricultura puede alcanzar a la minería como principal fuente de ingresos para Chile, usando a diferencia de ésta, recursos naturales renovables para la generación de productos de base biológica con una alta capacidad de adaptación a los requerimientos de los mercados. Pero estos logros y los cambios acontecidos en el sector, dejan en evidencia la existencia de nuevos retos, problemas no resueltos y otros por resolver. No obstante lo avanzado, tenemos aún una deuda con la pequeña y mediana agricultura, y con la agricultura familiar campesina, las que no han podido acceder a todos los beneficios y oportunidades que ha generado el crecimiento del sector agroalimentario y forestal. Nos vamos a hacer cargo de esta realidad. Necesitamos nivelar la cancha para que los pequeños y medianos agricultores tengan más capacidad de negociación, más oportunidades y medios para trabajar y producir más y mejor. Hoy nos enfrentamos al fenómeno del calentamiento global, el cambio climático y su impacto en las producciones de base biológica. Para nuestro país, la forma de enfrentar estos problemas puede ser una gran oportunidad para hacer más eficiente el uso de nuestros recursos, como el suelo, el agua, las energías renovables, y la gestión integral de la actividad agroalimentaria y forestal. Creemos firmemente que Chile puede llegar a ser una Potencia Agroalimentaria y Forestal, capaz de producir de manera eficiente, sustentable productos de calidad, inocuos y seguros sujetos a los más altos estándares internacionales. Este es un gran
  2. 2. desafío y una enorme oportunidad para el país, su materialización es tarea de todos, sector público y privado, grandes y pequeñas empresas, empresarios y trabajadores, en fin, del conjunto de la sociedad. Por lo anterior, proponemos un gran Acuerdo Nacional de carácter Social, Económico y Territorial entre trabajadores, agricultores, empresarios y el Estado, para enfrentar todos aquellos temas que requieren de una discusión transversal, y que nos permitan conformar un marco estratégico de desarrollo del sector para los próximos 10 o 20 años. Chile debe consolidar un sector agrícola fuerte, moderno y diversificado. Estamos seguros de poder lograrlo. II.- NUESTROS OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS • Potenciar el desarrollo de un sector agroalimentario y forestal moderno, diverso, competitivo, sustentable e insertado en los mercados con empresas eficientes y responsables ecológica y socialmente. • Favorecer la inclusión e integración de los trabajadores, mujeres y jóvenes y de la pequeña y mediana agricultura a las oportunidades y beneficios que se presentan para el sector. • Generar una ruralidad del bicentenario, donde ésta sea un espacio de desarrollo para su gente, basado en los valores de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y con actividades económicas modernas, diversas y sustentables. • Proteger y acrecentar el patrimonio natural del país mediante una activa política de conservación productiva. • Modernizar de la institucionalidad publica sectorial adecuándola a los nuevos desafíos y oportunidades que el país tiene en este ámbito. III.- NUESTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.- Más Estado y Mejor Mercado Se requiere de más Estado para orientar, fomentar, regular y fiscalizar las actividades en el sector. Esto implica una modernización del Ministerio de Agricultura, entregándole competencias en la alimentación, la acuicultura, la pesca, los bosques y los recursos naturales renovables. Similar proceso debe ocurrir con los servicios públicos del Ministerio, los que requieren adecuarse a las nuevas realidades y a los desafíos del futuro. Se necesita un enfoque de cadenas de valor, incluido el consumidor y un enfoque de territorio, regional y local. Asimismo, un sector que es la segunda fuente de ingresos del país no puede continuar con una asignación de recursos de un 1,5% del presupuesto público total y una limitada desconcentración y descentralización de sus acciones. 2
  3. 3. Asimismo, se requiere de mejores mercados, que sean cada vez más transparentes, eficientes y competitivos, para lo cual se debe avanzar en la generación de información relevante de éstos y en apropiadas capacidades de regulación y fiscalización de los mismos. Aquí será clave la adecuada utilización y aplicación de la Ley de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Comité de Distorsiones de Precios del Banco Central y los mecanismos de resolución de conflictos acordados por el país en los tratados de libre comercio y complementación económica. Nos preocuparemos de que esta institucionalidad sea eficaz y eficiente en resolver los problemas y conflictos que se presenten en el sector. 2.- Más equidad y mejores beneficios para todos Una característica de la agricultura chilena es su condición dual. En ella coexisten, básicamente, dos tipos de empresas: unas modernas, capitalizadas, con tecnología, y orientadas a los mercados externos y otras con baja capitalización y principalmente orientadas a los mercados nacionales. Conforme al censo agrícola del año 2007 las explotaciones agropecuarias que venden al año menos de 2.400 UF, es decir, menos de MM$50 millones/año, representan el 95% del total, contribuyen con el 61% del empleo sectorial y detentan del orden del 40% de los recursos productivos del sector. El desarrollo equilibrado y competitivo del sector exige que la acción pública privilegie aquellos productores que, teniendo las capacidades, requieren de mayor apoyo en cuanto a fomento productivo, asistencia técnica, inversión y crédito. El apoyo financiero del Estado debe destinarse principalmente hacia el mundo mipyme del campo y orientarse a cerrar brechas y a la generación de nuevos servicios que abaraten costos de producción o al logro de innovaciones que agreguen valor a las cadenas productivas. A la vez el Estado debe generar condiciones apropiadas y reglas del juego estable para que las empresas de menor tamaño puedan operar con tranquilidad y eficiencia. 3.- Mejor participación y más organización para los agricultores En Chile existen unas 300.000 explotaciones agropecuarias, de las cuales unas 280.000 son consideradas pequeñas. En consecuencia, la atomización es muy grande y el grado de asociatividad es muy bajo. Cualquier política pública para el sector requiere de la participación de los agricultores y esta no puede ser individual, sino de manera asociada y organizada, bajo la modalidad más apropiada a cada cual, ya sea en asociaciones gremiales, cooperativas, sindicatos, empresas de diverso tipo, centros de gestión, etc. Estamos convencidos que la asociatividad es esencial para el sector, así como vital para lograr tamaños de escala apropiados para negociar convenientemente en los mercados 3
  4. 4. de insumos, productos y servicios. Cualquier política pública para el sector requiere de la participación de los agricultores y esta no puede ser individual, sino de manera organizada. Por ello promoveremos un marco legal y de incentivos que faciliten y promuevan la organización y la participación de los mismos agricultores para el diseño y ejecución de las políticas, donde ellos sean partícipes y actores de su propio desarrollo. 4.- Producir de manera más sustentable Hoy enfrentamos al desafío de producir más y mejores alimentos inocuos y seguros, con atributos funcionales (beneficioso para la salud). Adicionalmente, esto debemos hacerlo, en menos tierra, con menos agua, con menos energía fósil, con más energía renovable, es decir, con producción de carbono neutral, y disminuyendo el uso de agroquímicos, sustituyéndolos por equivalentes orgánicos o naturales. La sustentabilidad es hoy una condición y un requisito, que debe ser considerado como un eje transversal en el diseño de las políticas publicas para el sector, buscando desarrollar paquetes tecnológicos apropiados y sustentables en materia de uso de energía, agroquímicos, pesticidas, riego tecnificado y eficiente, desechos, entre tantos otros que se deben tener en cuenta. 5.- Más región y más acción local de la política pública La suscripción de los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) que dan acceso a países y mercados que representan aproximadamente el 85% del PIB mundial, hace que la agricultura chilena esté en competencia, con las agriculturas del mundo entero. Los TLC’s son de doble vía, con ellos se puede exportar y también importar. Tal es así que, hoy cada región compite con sus equivalentes del planeta, por tanto cada región del país debe establecer sus estrategias de desarrollo sectorial en función de sus capacidades, fortalezas y debilidades, así como, por su competitividad a nivel internacional. Las políticas públicas deben tener un fuerte grado de descentralización y estar acordes a las realidades y características de cada región. La institucionalidad pública sectorial debe estar muy cerca de los agricultores. 6.- Más jóvenes en nuestros campos La gran mayoría de nuestros agricultores tienen entre 55 y 65 años y más. Para cumplir con las expectativas de desarrollar el segundo eje económico del país, es de vital importancia fomentar que los jóvenes se queden y vuelvan al espacio rural y sean ellos quienes emprendan las nuevas transformaciones que el sector requiere. Los jóvenes de hoy superan con creces la escolaridad de sus padres, lo que implica que tenemos un capital social más capacitado y con mayores conocimientos. Este tema no puede esperar, lo enfrentaremos con decisión, antes que el campo se vacíe de jóvenes y envejezca aún más. 4
  5. 5. La educación a nivel rural, así como la educación técnica es esencial para mejorar las condiciones de vida de quienes viven y trabajan en el campo, así como la productividad de la actividad, su modernización y competitividad están directamente relacionadas con el nivel de educación y capacitación. Por ello este será un capitulo especial en la política educacional (rural y técnico-profesional). 7.- Inclusión y capital humano En el proceso de hacer de Chile una potencia agroalimentaria y forestal se debe incluir a sectores que no han podido acceder a las oportunidades que los nuevos escenarios nos brindan: MIPYME; jóvenes, mujeres y pueblos originarios, especialmente mapuche. Como hemos señalado las MIPYMES del sector representan el 95% de las explotaciones agropecuarias del país y es sabido que una mínima proporción de los recursos del Sence son utilizados por el mundo rural y el silvoagropecuario en particular. La naturaleza del empleo agrícola ha cambiado sustantivamente. Los desafíos de hoy exigen mayores competencias, habilidades y conocimientos. Por eso, la formación continua y la capacitación son fundamentales, desde el obrero agrícola hasta el profesional altamente especializado. En lo que se refiere a inclusión, un capitulo importante es la que se refiere a los pueblos originarios y en particular al pueblo mapuche en la Araucanía. En efecto, en los últimos años se han asignado tierras a las comunidades mapuche, buscando con ello radicar familias sin tierra en la región. Por los resultados que están a la vista, esta iniciativa no ha sido del todo exitosa, ya que parte de esas tierras están improductivas por falta de recursos y medios para ello. Debemos revisar estos procedimientos, así como también tenemos que reformular las políticas de fomento productivo, ya que muchos de los instrumentos de apoyo no resultan eficaces por diferentes razones. Además, existe una evidente dispersión entre las instituciones del Estado para actuar de manera coordinada frente a los agricultores y comunidades. Se requiere de una acción coherente y consistente de apoyo del Estado a los productores mapuche y articular su oferta productiva con las demandas de las industria procesadora o transformadora, como la cerealera, la azucarera, la semillas, la carne ovina, etc. Creemos que el Estado debe tener una acción principal en esta labor, para lo cual implementaremos una institucionalidad adecuada e instrumentos apropiados para insertar a estas comunidades en los mercados formales de las cadenas de valor agropecuarias y forestales. Así también, creemos que los empresarios de la región pueden apoyar sustantivamente mediante la articulación de sus emprendimientos con los de productores mapuche. 5
  6. 6. 8.- Protección del patrimonio natural del país mediante una política de conservación productiva La adecuada protección de los recursos naturales y de las áreas protegidas del mundo rural puede transformarse en la fuente de riqueza de las generaciones actuales y futuras, por lo que representa en términos de biodiversidad genética, servicios ambientales, turismo de intereses especiales y manejo con criterios de conservación productiva. Propiciamos que el patrimonio se pueda proteger sobre la base del manejo y uso racional de ellos. Es relevante incorporar en el sistema de cuentas nacionales un capitulo que progresivamente refleje el capital medio ambiental del país su nivel de uso y cuidado, con la finalidad de que al conocimiento de cuanto se produce, se agregue el conocimiento sobre el impacto en el capital natural y como se acrecienta o degrada o disminuye el mismo. IV.- NUESTROS COMPROMISOS CON EL MUNDO RURAL Y EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 1. Modernización de la institucionalidad pública sectorial Abordaremos, con un sentido de urgencia, la modernización del Ministerio de Agricultura y de todos sus servicios, entregándole competencias en la alimentación, la acuicultura, la pesca y los recursos naturales renovables. Necesitamos un ministerio capaz de orientar, conducir, regular y promover la competitividad del sector en su conjunto, y que al mismo tiempo proteja y acreciente el patrimonio natural del país, y que tenga la capacidad de fiscalizar la correcta aplicación de las políticas y normativas vigentes. La acción de los servicios estará cada vez más cerca de los agricultores y con una fuerte descentralización a nivel local. Tendremos una política especial para la pequeña agricultura, con una institucionalidad apropiada a las nuevas realidades y desafíos para que la MIPYME agrícola pueda insertarse en las cadenas de valor de manera sostenible, acortar las brechas tecnológicas, de gestión y comerciales y así hacerlas parte activa de este importante sector de la economía del país en particular y de la sociedad toda en general. 2. Mercados más eficientes, transparentes y competitivos Los mercados agrícolas son imperfectos, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello tendremos una activa política de defensa de la libre competencia que contribuya a que los mercados sean más eficientes, transparentes, competitivos y no concentrados, para lo cual implementaremos un conjunto de medidas, entre las cuales destacan: • Establecer un procedimiento e instancia permanente en el Ministerio de Agricultura de seguimiento y monitoreo de los mercados agropecuarios con el fin de actuar proactiva y oportunamente frente a situaciones anómalas de los mercados. 6
  7. 7. • Fortalecer y mejorar la acción de la Fiscalía Nacional Económica en particular para el sector agroalimentario. • Fortalecer y mejorar la acción de la Comisión Antidistorsiones de Precios del Banco Central • Trabajar estrechamente con Aduanas para corregir las perforaciones y mecanismos de by pass en importaciones desde terceros mercados que no se ajustan al espíritu y letra de nuestra normativa. • Estudiar y establecer mecanismos alternativos de salvaguardia de efecto equivalente a las Bandas de Precios, compatibles OMC y TLC (fondos de estabilización, seguros u otros). Legislar sobre las salvaguardias para productos sensibles considerando lo permitido por la OMC. • Estudiar el establecimiento de un Fondo de Defensa de Mercados, publico- privado, que sirva para defender a los productores y exportadores chilenos frente a acusaciones de dumping, subvenciones, entre otros. • Fortalecer el papel de COTRISA, ampliando su acción a la compra de otros granos así como el apoyo en almacenaje y acciones de efecto equivalente. • Establecer la ley de muestras y contramuestras. • Fortalecer el trabajo de la Bolsa de Productos Agropecuarios. • Creación de plataformas de información de mercados e inteligencia competitiva por cadenas de valor que permitan mejorar sustantivamente los sistemas de información de mercados para los productores nacionales. 3. Tipo de cambio Si bien la política cambiaria no es un ámbito propio del sector, esta es determinante en los resultados económicos de la actividad agroalimentaria y forestal. La política cambiaria es responsabilidad del Banco Central y eso debe continuar siendo así. Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos insertos hoy en un mundo de precios mucho más volátiles y eso incluye a las divisas. Y para estas realidades es fundamental que el Estado se preocupe de desarrollar en forma mucho más rápida e integral el mercado de coberturas cambiarias y de seguros. No tiene sentido insertarse en un mundo de precios cambiantes sin una estrategia de fomento de la competitividad sectorial, directa y dirigida. Creemos que hay espacio para una mayor coordinación entre la autoridad económica y el Banco Central. Desplegaremos una estrategia de fomento productivo que esté basada en la generación de competitividad sustentada en eficiencia, uso de la tecnología y generación de mayor valor agregado real y no en base necesariamente a los niveles cambiarios. 4. Mecanismos de estabilización de precios y agricultura de contrato Los mercados agrícolas por su naturaleza presentan alta volatilidad. Por eso se hace necesario establecer mecanismos de estabilización de precios o, en definitiva, estudiar mecanismos de estabilización de ingresos de los agricultores que permitan hacer viable la producción en el mediano y largo plazo. En una economía abierta como la nuestra no podemos estar sujetos a estas variaciones, ya que la producción agrícola se hace inviable. 7
  8. 8. Hace dos décadas establecimos el mecanismo de bandas de precios, el que en el futuro próximo deberá ser desmantelado en función de los Tratados de Libre Comercio. Paralelamente, su reformulación -producto del Panel de la OMC- está siendo tramitada en el Congreso Nacional. En este contexto generaremos instrumentos de segunda generación, OMC y TLC’s compatibles, tales como herramientas de gestión de riesgos, la cobertura de futuros de precios, la adaptación de los seguros cambiarios y las bolsas de productos, entre otros. Un instrumento apropiado para estabilizar los flujos financieros en las cadenas de valor es la agricultura de contrato, donde antes de comenzar con las labores del cultivo correspondiente se establecen las condiciones técnico-productivas y comerciales del contrato de siembra. Los productores conocen muy bien sus costos y tienen una buena estimación de sus rendimientos. Sin embargo – en el caso de cultivos anuales- las intenciones de siembra, y muchas veces la siembra misma, están sustentadas en una “esperanza” de precios en el período de la cosecha. Al contar con un precio conocido, que es la gran ventaja de la agricultura de contrato, el productor planifica su rubro con las tres variables necesarias para la evaluación del negocio: costos, rendimiento y precios. Para la empresa que contrata, es fundamental el conocimiento de la superficie contratada, ubicación geográfica de la producción, calificación de sus agricultores y volumen de producto disponible por temporada. Creemos que el sistema de agricultura de contrato es muy bueno y creemos que debemos promoverlo y apoyarlo para provocar el verdadero encadenamiento y aseguramiento de la rentabilidad en la cadena del valor correspondiente, el negocio no puede ser que lo que gana uno lo pierde otro, todos deben ganar y para ello hay que ser eficientes. Hemos analizado mejorar y establecer nuevas medidas de apoyo relacionadas con los programas de proveedores, de transferencia tecnológica, ejecutividad de los contratos y facturas, etc. para así favorecer el desarrollo de este importante instrumento 5. Capacitación, Empleo, Trabajo temporal y Código Laboral La naturaleza del empleo agrícola ha cambiado sustantivamente. Hoy el desarrollo tecnológico y las exigencias de los mercados requieren de mayores competencias y habilidades. Por eso, la formación continua y la capacitación son fundamentales. Vamos a “ruralizar” el SENCE, de modo que también atienda los requerimientos de este sector para mejorar su competitividad y los salarios que reciben quienes trabajan en él. Respecto del trabajo agrícola en general, y del empleo temporal en particular, que es la “pata coja” de nuestro modelo agroexportador, consideramos que la legislación laboral vigente no da cuenta de las características específicas del sector. Proponemos una reforma del Código Laboral donde se de cuenta de estas realidades y se fortalezca la capacidad de organización y negociación de los trabajadores. Creemos que la forma moderna, democrática y justa de llevarlo a cabo es mediante un diálogo social institucionalizado que reúna a empresarios, trabajadores y al Estado. El estatuto del temporero será una realidad. 8
  9. 9. 6. Protección Social en el Campo La protección social para los más pobres será la gran obra que nos va a dejar la Presidenta Michelle Bachelet. Nosotros vamos a asumir ese legado extendiéndolo, no sólo a la clase media, sino también al campo, avanzando en el acceso y seguridad en materia de educación, pensiones, salud, cultura, becas y jardines infantiles para la familia rural. Nuestros campos se encuentran “envejecidos” por agricultores que no pueden dejar de trabajar porque no tienen una jubilación para vivir, lo que impide que nuevas generaciones asuman el relevo y que nuestros padres mayores y abuelos descansen luego de muchos años de duro trabajo. Este es un asunto que vamos a abordar sí o sí, pues no admite más dilaciones. 7. Infraestructura para la competitividad Riego Es un factor determinante en el desarrollo del sector, dado el cambio climático y una progresiva escasez del recurso hídrico que en un 80% es utilizado por la agricultura. Para hacer eficiente su uso, incrementaremos la construcción de embalses para regular las cuencas, daremos un fuerte impulso a la construcción y mejoramiento de canales y otras obras de conducción, potenciando las acciones conducentes a la tecnificación de la puesta en riego y el uso adecuado del recurso (bonificaciones al riego) Avanzaremos hacia una reforma al Código de Aguas que de cuenta de las realidades regionales y necesidades de los usuarios. Caminos rurales Incrementaremos progresivamente la inversión pública para que, al finalizar la próxima década, Chile duplique los mil kilómetros anuales de caminos básicos que se construyen en la actualidad; Pasando de tres kilómetros diarios de caminos básicos a seis cada 24 horas al llegar al año 2020. Profundizaremos el Programa de Pavimentación de Caminos Rurales, que son la conexión transversal con las grandes rutas longitudinales que hemos construido en los últimos 20 años. Puertos Respaldaremos la puesta en marcha de importantes ampliaciones en los puertos de Valparaíso y San Antonio. En los próximos cuatro años, aumentaremos la inversión para ampliar los puertos de la Región del Bío-Bío y vamos a construir una ruta ínter portuaria para tener una conexión más expedita, de manera que los productores de las zonas agrícolas del sur puedan llegar con mayor prontitud a los puertos de salida de sus producciones exportables. Carreteras y Puentes En materia de grandes carreteras, entre 2010 y 2014 ejecutaremos poco más de mil kilómetros de doble calzada, cuyas ingenierías ya están terminadas; acelerando los procesos de licitación y adjudicación. Estas obras incluyen conexiones de primera magnitud tales como Serena-Caldera, Puerto Montt-Pargua, Concepción-Cabrero, y el camino de la fruta desde Pelequén a San Antonio. En materia de puentes, durante los próximos cuatro años vamos a ejecutar una fuerte inversión pública para asegurar que los 9
  10. 10. caminos soporten tráfico de carga de 45 toneladas, dejando atrás la actual restricción de las 10 toneladas. Aeropuertos y aeródromos Alcanzar la meta de 20 millones de pasajeros aéreos cada año significa optimizar la red de aeródromos, cuyo plan está en desarrollo, y sumar nuevos terminales, como los que se construirán en Temuco y Tongoy, o las ampliaciones de Antofagasta y Calama, así como la de los aeropuertos de Puerto Montt y Osorno. Más al sur, pondremos en marcha un importante plan de aeródromos completando Melinka, Quellón y uno nuevo en Chaitén, que se sumaran a Puerto Natales y Porvenir. Continuaremos el plan trazado que permitirá conectar vía aérea, toda esa zona rurales del país. Comunicaciones e información Las carreteras de ayer son las autorrutas digitales de hoy. Por ello, la plena conectividad digital y acceso a Internet de nuestro sector agropecuario y forestal es una necesidad que abordaremos integralmente. Para ello enfatizaremos el programa de cobertura digital impulsado por el gobierno, el que permitirá a el año 2011 cubrir el 95% de la población rural de Chile. Vamos a profundizar y acelerar esta iniciativa, agregando los contenidos que permitan hacer una mejor gestión en el campo. Promoveremos que sean las comunidades locales quienes puedan gestionar su conectividad digital para lo cual se propondrá que los estímulos del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones cubran las demandas de grupos y organizaciones; ampliando además, el uso del espacio radio eléctrico. Nuestra política para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación en el mundo rural se centrará en: Conectividad; Contenidos; Capacidades; Convergencia de uso y; Gestión Local. 8. Financiamiento oportuno y apropiado El acceso al financiamiento es una de los grandes obstáculos que afectan especialmente al mundo campesino y a la pequeña agricultura. La banca privada no entrega productos para financiar el sector, dadas sus características especiales y riesgos asociados. De hecho, hoy esta tarea la ha asumido el Banco del Estado y otros oferentes como casas comerciales y cooperativas. Para enfrentar esta situación implementaremos una política pública orientada a brindar un adecuado financiamiento, especialmente a las medianas y pequeñas empresas agrícolas, actuando entre otros sobre la provisión de fondos, la gestión de riesgos, y la promoción de seguros. Nuestra política transitará por: Promover una Banca de Nicho o especializada. Crear y ampliar líneas de financiamiento de 2° Piso para la Agricultura vía CORFO. Fortalecer y seguir incrementando la acción del Banco del Estado en el sector agrícola. Establecer medidas especiales para la ruralidad en el marco del FOGAPE. Ampliar la dotación de instrumentos financieros para el sector, tales como las Sociedades de Garantía Reciproca; el uso de la Letras Hipotecarias para el sector agrícola; y las Centrales de Garantía (prendas e hipotecas). Promover la dotación y operación de fondos de Capital de Riesgo. Promover las cooperativas de ahorro y crédito para el sector. Ampliar el alcance y condiciones del Seguro Agrícola (COMSA). Fortalecer y ampliar la Bolsa de Productos Agropecuarios. Favorecer el mecanismo de contabilidad simplificada para que los agricultores puedan acceder al sistema financiero. Para el segmento de las empresas agrícolas familiares de pequeño tamaño nuestra política se orientará a generar una base financiera común, BANESTADO/INDAP y su 10
  11. 11. articulación con instituciones financieras bancarias y no bancarias, con el objetivo de apalancar más fondos para las necesidades de capital de trabajo e inversión de estas micro y medianas empresas. Así mismo se creara un fondo especial de garantía para la pequeña agricultura que presente proyectos de inversión competitivos. Nos hacemos cargo que muchos pequeños agricultores y sus organizaciones, subsisten en medio de enormes deudas. Se hace difícil caminar con esa mochila y por eso daremos una solución que permita alivianar la carga, de manera de poder compatibilizar adecuadamente el aprovechamiento de las oportunidades de futuro con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 9. Bonificaciones a la productividad de factores Este conjunto de instrumentos (bonificaciones al riego, a los suelos degradados y la forestación) ha resultado ser muy importante para el mejoramiento de las condiciones productivas de nuestras explotaciones agropecuarias. Por ello proponemos continuar, ampliar y mejorar estas bonificaciones Las bonificaciones a las obras de riego y su tecnificación, así como de recuperación de suelos degradados, han cumplido un rol gravitante en el mejoramiento de la productividad. Lo propio ocurre con la bonificación forestal que fomenta la plantación de bosques. Vamos a definir otros incentivos para optimizar la sanidad vegetal y animal, así como el uso de germoplasma de calidad. 10. Innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento La construcción de una agricultura moderna, competitiva e inserta en los mercados internacionales, implica dar especial énfasis a una política integral que promueva la innovación, genere nuevas capacidades técnicas y empresariales y fomente el desarrollo de una cultura de emprendedores; para lo cual es indispensable incrementar la asignación de recursos tanto públicos como privados para hacer frente necesidades crecientes. Adicionalmente, debemos fortalecer y rediseñar la institucionalidad e instrumentos para la investigación, desarrollo, transferencia tecnológica e innovación sectorial, articulando al sector público y privado, universidades y centros tecnológicos. Esta será una línea de política central de nuestro programa ya que en esta se basa el mejoramiento de la competitividad del sector y la esencia del desarrollo de un sector agroalimentario sustentado en el conocimiento. Un tema de importancia para la agricultura del país, y que debemos abordar sin dilaciones, es el que se refiere a la producción de cultivos transgénicos en Chile. En la actualidad la normativa vigente permite, bajo ciertas condiciones, la producción de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) sólo para la exportación. Hoy no se puede sembrar o plantar OVGM para el consumo nacional pero si se pueden importar OVGM para consumo animal y humano, todo lo cual resulta una paradoja, ya que los chilenos podemos consumirlos sólo si provienen del extranjero. Ante ello, algunos agricultores reclaman discriminación. Esta realidad nos debe llevar a actualizar nuestra legislación a la luz de las nuevas realidades, tecnologías y conocimiento, y de la importancia que han cobrado estos cultivos en nuestro país. Al mismo tiempo, no podemos desestimar el uso de esta tecnología en beneficio de nuestra agricultura. 11
  12. 12. Como lo hemos dicho en esta campaña, no hay temas tabú, por lo que en mi gobierno enviaré un proyecto de ley que permita discutir en el Parlamento esta normativa. Ella deberá contener las normas de bioseguridad necesarias, la coexistencia con otros cultivos y las zonas de exclusión, entre otras materias. Que sea el Parlamento electo por los chilenos quien resuelva. EFRT 12

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