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El abc de la entrega de la habana

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Les comparto este importante análisis de LIbardo Botero en el el cual considero que se aclaran las oscuras situaciones creadas en La Habana, de las cuales el país debería ser consciente.

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El abc de la entrega de la habana

  1. 1. 1 ABC DE LA ENTREGA DE LA HABANA Por: Libardo Botero Campuzano Un análisis que aclara las oscuras situaciones creadas en La Habana Introducción Despuésde másde cuatro añosde negociaciones apuertacerradaenLa Habana,entre el gobierno de JuanManuel Santos y la guerrillade lasFarc, el pasado 26 de agostolas dieronpor concluidasy publicaronel “AcuerdoFinal para la terminacióndel conflictoyla construcción de una paz estable y duradera”. En enero de 2011 se habían iniciado los contactos entre ambas partes. En agosto de 2012 se suscribióunAcuerdoMarcoparalosdiálogos,queconteníaseispuntos.El presidentede larepública por medio de la resolución 339 de septiembre de 2012 autorizó instalar la mesa de diálogo en La Habana, que inició labores luego del lanzamiento del proceso en Oslo. En esos cuatro años se divulgaron numerosos comunicados y acuerdos provisionales, calificados de borradores.
  2. 2. 2 El Acuerdo Marco contempló un preámbulo y seis puntos, que sirvieron de derrotero para los diálogos. El preámbulodivaga sobre los diversos problemasde Colombia, abriendola puerta para abarcar vastos temas en la mesa, diferentes a los de la desmovilización y desarme de la guerrilla, que debióhabersidoel cometidoúnico.Losseispuntosde la agenda convenidafueron:1. Política de desarrolloagrariointegral;2. Participaciónpolítica;3. Fin del conflicto;4. Soluciónal problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas; 6. Implementación, verificación y refrendación. Para efectosde lamejorcomprensióndel documentofinal,hemosdecididodividirel análisisenlos siguientes puntos: 1. Marco jurídico, político e ideológico de la entrega; 2. Problema agrario; 3. Problema de las drogas ilícitas; 4. Víctimas, victimarios y justicia transicional; 5. Dejación de las armas y participación política. 1. Marco jurídico, político e ideológico de la entrega Comprenderadecuadamente losacuerdospublicadosimplicareferirse,ademásde sucontenido,a sus orígenes, enmarcarlos en la coyuntura del país, y describir las peculiaridades más evidentes(y otras menosvisibles) que loscaracterizan. El balance de entrada esque lasgrandesvencedorasen estanegociaciónhansidolasFarc, que pocohancedido;porel contrario,hanimpuestoentérminos generales sus concepciones y propuestas, como se verá en este análisis. El primer antecedente clave de los acuerdos fue la declaratoria de este gobierno -por mediode la Ley 1448 de junio 10 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras- de la existencia en Colombia de un “conflicto armado interno” (CAI). Seguramente fue un compromiso secreto con las Farc, dado que para la fecha ya estaban en conversaciones, pues en virtud de tal calificación se eliminaba la caracterización de la violencia guerrillera como una “amenaza terrorista”, que había sido la establecida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa fue la puerta abiertapara considerara las Farc como una de las “partes”de dichoconflicto, segúnlosConvenios de Ginebra,equiparableensuestatusjurídicoal Estadoysusfuerzasmilitares,ydespejarel camino para otorgar una amplia impunidad a nombre de la “justicia transicional”. Para las Farc fue un gran triunfo, pues les facilitó imponer el criterio de que los acuerdos de La Habana hacen parte de los llamados“acuerdosespeciales” de que habla el artículo tercerocomún de losConveniosde Ginebrade 1949,que puedennegociarlaspartesdeunCAI,yque tienenvalidez con su sola firma. Allí hay una primera gran trampa, pues los Convenios de Ginebra hablan de acuerdosespecialespara“humanizar”la guerra (tratamientoaprisioneros,prohibiciónde tortura, etc.),peronode acuerdosparaterminarel conflictooreferidosamateriasdiferentesalas de aliviar el sufrimiento causado por los enfrentamientos bélicos. Uno de los mayores atropellos es haber aceptado que lo pactado en Cuba entra a hacer parte del “bloque de constitucionalidad” y de nuestro ordenamiento institucional, por su sola firma, sin que se surtan los procedimientos previstosenlaCarta.A lostrancazos,untextoenviadodesdeLaHabanaal Congreso,enese sentido, fue incluido en el Acto Legislativo por la Paz (el No. 1 de 2016) de manera arbitraria, en el último debate,yestablece que laConstitucióntendráunartículotransitorioconeste texto: “Endesarrollo del derechoalapaz,el AcuerdoFinal paralaTerminacióndel ConflictoylaConstrucciónde unaPaz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Conveniosde Ginebrade 1949. Con el finde ofrecergarantías de cumplimientodel AcuerdoFinal, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetrode interpretaciónyreferente de desarrolloyvalidezde lasNormasy las Leyesde Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.”
  3. 3. 3 De esta manera,con la sola firmade las partes,el mamotretode 297 páginas,más extensoque la Constituciónmisma, “ingresaráensentidoestrictoal bloque de constitucionalidad”, de suerte que “durante el periodo de implementación” tendrá que ser tenido en cuenta “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”. Es decir, tendrá un carácter supra-constitucional y supra-legal, de suerte que todonuestroordenamientojurídicoquedarásujeto, parasuvalidez,aque estéconforme con el tal Acuerdo.UnaConstituciónenlasombra,que doblegaráa laactual, para dejarválidosolo lo que sea compatible con el Acuerdo Final. ¿Y quién será el encargado de interpretar si los actos legislativosy leyes, enla implementación de los acuerdos, son compatibles con el mamotreto de La Habana? No será ninguna Corte, por supuesto. El AcuerdoFinal creaenel punto6 un organismoparitario(3del gobiernoy3 de lasFarc o su partido) denominado “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Pazyde Resoluciónde Diferencias”(CSVR), que funcionaráhastapordiezaños,yque entre susfuncionestieneestas:“Resolvercualquierdiferenciaosituaciónimprevistaque puedasurgiren lainterpretaciónde losacuerdos…”;“Constatarqueel contenidode todoslosproyectosde decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados,según sea el caso, por el Presidente de la República”; y “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”. Obvio: quien impondrá su criterio y voluntad será el grupo terrorista, so pena de volver a la violencia por el incumplimiento de lo pactado. Ninguna norma podrá expedirse o presentarse sin la anuencia del máximo poder que se nos anuncia: las Farc. El Congreso, por disposicióndel ActoLegislativoparalaPaz, seráun simple notario,puesnopuede modificarni una coma de lo que el gobierno le envíe; pero a su turno, el gobierno será solo el amanuense que transcribe losborradoresque le envían lasFarc, tanto para dictar susdecretoscomo para elaborar los proyectos de ley o de actos legislativos. Adicionalmente nos asalta una duda: ¿la CSVR será tambiénlaúltimainstanciapara interpretarlasprevisionesde la“jurisdicciónespecial parala paz” (JEP),cuando hubiere dudasensu aplicacióny enla expediciónde susfallos? ¿Quedaránel poder ejecutivo, legislativo y “judicial especial” amarrados a la tiranía de la CSVR? Recordemosque el gobiernode Santos,enelafánde satisfacerporanticipadolosdeseosde lasFarc de unaampliaimpunidad,habíahechoaprobardelparlamentoel MarcoJurídicoparalaPaz (MJPP), Acto legislativo No. 1 de 2012, que consagraba una muy laxa “justicia transicional”. La disposición no fue del agrado de la guerrilla que quería más, de suerte que el ejercicio legislativo resultó frustrado y el gobierno abandonó pronto su reforma -que paradójicamente, aún se encuentra vigente-,paradarpaso a la JEPque sucontraparte llevóa lamesa. El MJPP seguramente serádado de baja por la CSVR por contravenir las estipulaciones de La Habana. Porotrolado,el gobiernodecidiódiscutirypactarconlasFarc,asuntossensiblesdelavidanacional, diferentes a su mera desmovilización, desarme y reinserción. Explícitamente el desarrollo rural, la políticafrente a las drogas, y el régimenelectoral yde participaciónpolítica.Además,porla vía de esos tres puntos, hábilmente las Farc consiguieron que los acuerdos contemplen innumerables problemasdel país,comoel tratamientode todo tipode minorías(étnicas,sociales,LGTBI,etc.);el diseño, aprobación y desarrollo de los planes de desarrollo a nivel local, regional y nacional; la política de derechos humanos; el combate a la corrupción; el manejodel presupuesto nacional; el desarrollode lainfraestructura;unaampliareformadel sistemaelectoral;lapolíticade seguridady el combate aorganizacionescriminales;etc.,etc.Generandocompromisosinnumerablesyexóticos de ordenpresupuestarioe institucional porparte del Estado, y la intromisiónasfixiante enlasmás diversas esferas de la sociedad de la organización terrorista legalizada.
  4. 4. 4 En lostextosde La Habanael gobiernoaceptólasabsurdasypeligrosastesisde losnarcoterroristas sobre las causas y solucióndel “conflicto”.Desde el AcuerdoMarcode 2012 se establecióque solo “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente” es “garantía de pazy progreso”,yque esnecesario“ampliarlademocraciacomocondiciónparalograrbasessólidas de paz”. De tal manera, se acepta el discursode las “causas objetivas”del conflicto:laausenciade “justiciasocial”y una“democraciarestringida”provocaronlaviolencia,ysolosi se resuelvenestos problemas habrá “garantía” y “condiciones” para lograr la paz. En el tema agrario,verbi gracia, la aseveraciónestajante,así gobiernoy Farc expresendiferencias semánticas.Esnecesariorealizarunatransformaciónde fondo,adelantandounaprofundareforma agraria, disponenenlosacuerdos,como manera de “cambiar las condicionesque hanfacilitadola persistenciade laviolenciaenelterritorio” -segúnelgobierno-,ode “solucionarlascausashistóricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración,laexclusióndelcampesinadoyel atrasode lascomunidadesrurales” -segúnlasFarc- .Seaque allíresidanla“causashistóricas”del “conflicto”,olasque facilitansupersistencia,elhecho es que se parte de la premisa de que la “concentración” de la propiedad y la “exclusión del campesinado” son la base de la violencia que nos ha afligido. Talespresupuestosnosolojustificanel alzamientode losviolentos,revistiéndolode unamotivación “altruista”, sino que, en consecuencia, terminan otorgándoles a los terroristas la potestad de ser protagonistas y gestores de un “nuevo país”. En resumidas cuentas, los acuerdos terminan justificandola “rebelión” y colocan una preocupante espada de Damocles sobre la cabeza de la sociedad colombiana. De manera sutil la “rebelión” se transforma de delito en derecho, como lo han pregonado las Farc. A cada momento en el texto se insiste en la necesidad de cumplir los acuerdos, a pie juntillas, so pena de precipitar de nuevo el levantamiento armado. En el mismo punto sobre la tierra,en el numeral 1.1.5, al hablarde la propiedadrural,se advierte que hay que adelantar lo que en este documento se propone, “de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella”. Es un chantaje inaceptable. La anterior interpretación de la violencia moderna en el país sirve perfectamente a una de las mayoresdesnaturalizacionesdel Acuerdo:larelativaalaprecisiónde losresponsablesde lamisma, a losvictimariosprincipales,y,enconsecuencia,alaobligaciónde asumirsupapelante lasvíctimas, de reconocersus crímenes,arrepentirse de ellos,comprometerse anovolveracometerlos,ypedir perdón. En consonancia con el documento final,como la violencia tuvo múltiples causas, también tuvo múltiplesresponsables. Por tanto, no se consigna ninguna definición explícita sobre el papel determinante de laguerrillaenel origenypersistenciade laviolencia,ni declaraciónalgunade las Farc pidiendo perdón. Aunque se establece que “no vamos a intercambiar impunidades”, lo evidente esque se otorgaplenaimpunidadalasFarc, sinequivalenciaconel tratamientootorgado a cualquierotrosectorque hubieraparticipadoenel “conflicto”.Porejemplo,de manerarepetida se insiste enel combate al paramilitarismoysuspromotores,oquieneslohayanheredado,sinque se haga mención similardel fenómenoguerrillero.AsílasFarc, en el acuerdo,eludenlaaceptación de su rol de victimarios y lo enmascaran en el “reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto”. Capítuloaparte merece otrafacetadel AcuerdoFinal:lacreaciónde loquealgunosllamanun“para- estado”, un enorme conglomerado burocrático y clientelista,bajo la égida o vigilancia de las Farc, que les entregaun poderosoaparatodirigidoa sentar basespara su metafinal de tomar el poder. Es casi incalculable el númerode entesde todaíndole que se crean, todofinanciadoporel Estado. Algunoshancalculadoen másde 18 losorganismosburocráticos de grancaladoque se desprenden de los acuerdos. Pero sus ramificaciones se pueden contar por miles.
  5. 5. 5 En el solo punto de desarrollo rural se acuerda crear, entre otros entes, planes y programas, los siguientes: un Fondo de Tierras, un Sistema General de Información Catastral, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, Plan Nacional de Vías Terciarias, Plan Nacional de Riego y Drenaje, Plan Nacional de Salud Rural, Plan especial de Educación Rural, Plan Nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, Plan Nacional de asistenciaintegral técnica…,Planparaapoyarlageneraciónde ingresosde laeconomíacampesina, Plan Nacional para la comercialización de la produccióncampesina, PlanProgresivo de protección social…,Sistemaparalagarantíaprogresivadelderechoalaalimentaciónde lapoblaciónrural.Solo en este último, según lo describe un analista,se obliga al gobierno a poner a funcionar “consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición”, con presencia del gobierno y la comunidad, que serían unos 1.025. Haydependencias,comisiones,programas,planesymecanismosquedesbordancualquierprevisión racional. En el capítulode “participaciónpolítica”se repite ladosisconunaComisiónElectoral para estatutode laOposición,unSistemade SeguridadIntegral parael ejerciciode lapolítica,unConsejo Nacional para la Reconciliacióny la Convivencia, el Centro de Pensamiento para las Farc, un canal de televisión,31emisorascomunitarias,etc.El acápite sobre “drogasilícitas”estáplagadode entes, planesyprogramas.Lomismoencontramosenlosrelativoaladejaciónde lasarmas,concentración en zonas veredales, desminado, etc. Y el punto de “victimas”, con un nuevo aparato judicial paralelo, implica tribunales, salas, equipos, comisiones, sin fin. La JEP contará con unos 74 magistrados y jueces, y un abultado equipo de funcionarios,cuyo costo estaría entre dos y tres billones de pesos,segúncálculosde laFiscalía. Todoese engranaje burocráticoestará, ensumayor parte, compuesto, permeado o supervisadopor gente de las Farc. Con la constante apelación a la “participación de la comunidad”, sobre todo en las “zonas de conflicto”, donde influyen o tienen poderintimidatorio,se aseguranelcontrol de tanenormebotínburocráticoypresupuestal,cuando no se los asigna de manera directa el Acuerdo. El gobierno,de manerairresponsable cedióacuanta propuestailusoriahicieranlasFarc,con tal de conseguirsudesmovilización,creandounagrave situaciónfiscal parael “posconflicto”(que sesuma a la ya existente), cuya única salida será exigir ingentes sacrificios a la población con nuevos impuestos. Las Farc, de todos modos, se aseguraron por adelantado, gracias a que en el Acto Legislativoparala Paz se ordenóla expediciónde unpresupuestoparaleloanual,“parala paz”, de prioritario cumplimiento, destinado a sufragar los gastos del “posconflicto”. Uno de los rasgos más chocantes del documento expedido en Cuba es su aire arrogante y pretencioso que, en una sucesión repetitiva y fastidiosa de letanías, presume ser portavoz de las desgracias de la población colombiana y depositario de su salvación. Pululan en sus líneas, de manera machacona, las más impostadas buenas intenciones, las más sofisticadas utopías, los engañosmásburdos.Conun abusoinmoderadoyfatigante de laredacciónyel estilo,nosatosigan con la defensa de la mujer, de los niños, de las comunidades indígenas y de afrodescendientes (y hasta de losgitanos),del buenviviryotras babosadas,del medioambiente,de lasminoríasLGBTI, en un prosa con pretensionescientifistas, plagadade expresiones“progres”y“post-modernistas”, para estar “in”. Quien no conozca la catadura de las Farc -campeón de vinculación forzada o engañosade niñosasuscuadrillas;lomismoque del ejerciciode laviolenciasexual contralasniñas y mujeres en sus filas; de ataques feroces a comunidades indígenas; de los mayores atentados contra la naturalezaconlosderramesde crudoy loscultivosde coca, entre otrashazañas- quedará extasiado ante semejante verborrea. El papel, definitivamente, resiste todo. Pero la gente no. Mientras más almibaradas palabras pronuncien loscriminales, la mayoría del pueblo colombiano, víctimade tan señaladoscriminales,que conoce acabalidadsucatadura,cadadía sentirámásasco.
  6. 6. 6 En la agenda establecida en 2012 se planteó que el Acuerdo Final debía ser objeto de una “refrendación”(sinindicarsi debíaserpopular).LasFarc,que habíanpropuestotodoel tiempouna Asamblea Constituyente, cedieron a último momento, pues ya era innecesaria gracias a que el gobierno aceptó la calidad de constituyentes de los negociadores de La Habana. Santos había prometido,entodocaso,que laciudadaníasería la encargadade dar el vistobuenoalosacuerdos, así nofueranecesariodesde el puntode vistajurídico.Aunque primerooptóporel mecanismodel referendo, haciendo aprobar en el Congreso un acto legislativo para que pudiera efectuarse en simultánea con otra elección, lo desechó luego, por el peligro de que la gente lo negara al ser preguntada en detalle sobre las entregas del acuerdo. Se decidió al final por el plebiscito, desnaturalizándolo y reduciendo su umbral aprobatorio a solo el 13% del censo electoral, y facilitandoque nose lesformulenpreguntasincómodasalosvotantes,sinounasola vaga sobre la paz, a fin de facilitar su engaño y obtener la victoria política que se propone. II. Desarrollo rural La inclusióndel puntodelcampoenlaagendade LaHabana nofue casual.Responde alanecesidad de satisfacer a las Farc, como ya lo mencionamos, en el sentido de aceptar que su alzamiento se derivóde las condicionesde desigualdadyexplotaciónexistentesenel país,particularmente enel sector rural. Por tanto, el abandono de la “rebelión” debía tener como presupuesto la aceptación de esarealidadporel gobiernoysucompromisode realizarloscambiosnecesariosallí, que esobvio que serían dictados en lo fundamental por quienes de ese modo fueron reconocidos como los portavoces del campesinado y sus sufrimientos. Asíse hizo.El eje de loacordadoeslarealizaciónde una“reformarural integral”(RRI),primerpunto del documento final. Trataremos de describirla, haciendo a un lado lo accesorio y destacando lo esencial.Colombia,enpalabrasdel acuerdo,requiere una “transformaciónestructural del campo” que “debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país”. Semejante pretensión, al estilo de la retóricamarxistayde izquierdaqueguíaalasFarc, caminasobre dosejes.El primero,atacarlagran propiedad y eliminar la desigual distribución de la propiedad rural. El segundo, en consecuencia, propiciar la repartición de la tierra entre los campesinos desposeídos. El documento del Acuerdo Final es explícito en esa formulación. Para empezar, es indispensable promoverel “usoadecuadode la tierrade acuerdocon su vocación”.Eso significa,enplatablanca, atacar el usode latierraenganadería,que esel preponderante enColombia,ydondese encuentran muchosde losgrandesfundos,paracambiar a la utilizaciónagrícolade esossuelos.Peronoessolo el cambio de uso, sino principalmente el vuelco en la propiedad.Entonces hay que proceder a “la formalización,restitucióny distribución equitativa de la misma”, promoviendo su acceso a ella de quienes no la tienen o poseen insuficiente, meta a la cual se accede “regularizando y democratizandolapropiedadypromoviendoladesconcentraciónde latierra, encumplimientode su función social”. No hay duda que el foco de la reforma es la “desconcentración” de la tierra, repartiéndola para “democratizar” su propiedad. Sobre esa base, la RRI se propondrá afianzar “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo”. El cometido central no es construir un sector agropecuario empresarialmoderno,sinounocampesino,de pequeñospropietarios,dedicadosala producciónfamiliarycomunitaria.Que estaráen“coexistenciayarticulacióncomplementaria”con otras formasde producción,comolas empresariales(si subsistendespuésde semejante revolcón). Definidoese propósitocrucial,yyaque se estará enun “contextode globalizaciónyde políticasde inserción en ellas por parte del Estado”, se requerirá “una atención especial a la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria”, para que superviva, así la competencia y el mercado no lo aconsejen. Entre otros aparatos encargados
  7. 7. 7 del vuelco, se creauna “instanciade altonivel” (solofiguraesadenominacióndel ente),encargada de los lineamientos para el uso de la tierra, estableciendo “la prioridad de la producción de alimentosparael desarrollodel país,que permitaque coexistaconotras actividades económicasy promocionandosuprogresiónhaciala autosuficiencia”. Desconcentrarlapropiedad,repartiéndola entre pequeños campesinos, fomentando el cambio de uso hacia los alimentos, para que el país llegue ala autosuficiencia.Ese esel modeloretrógradoque se quiere imponerapartirdel Acuerdo Final. Para materializar la sacudida, se establecen distintos instrumentos. Humberto de la Calle ha señalado,endefensade loconvenido,que todaslasherramientasestáncontempladasdentrode la normatividad constitucional y legal del país. Eso no es completamente cierto, pues en el punto 6.1.10, donde se enumeranlasreformaslegalesde los12primerosmeses,se especificaenel literal d: “Ley y/o normas de desarrollo para la reforma de la extinción judicial de dominio”. Y de todas formasyaColombiavivióunremezóndesastrosoapartirde 1961, conlareformaagrariapromovida entonces,utilizandodisposicionessobre expropiaciónyextinciónde dominio comolasvigenteshoy. De loque se trata no estanto de que se hayan modificadoporenterolasfigurasparaadelantarlos cambios, sino el contenido de esos cambios, que se pueden desarrollar aún con la normatividad existente. En primer término, se crea un Fondo de Tierras, con una dotación inicial de tres millones de hectáreas para el reparto gratuitoa loscampesinos(aunque se hablade créditosyotros estímulos para obtenerla,encasossubsidiarios).Decimosinicial,porqueel Fondoserápermanente,soloque esaserálametapara losprimeros10años.El Fondose nutriráde variasfuentes.Enprimertérmino, de las tierras provenientes de extinción de dominio. Luego, de las recuperadas de baldíos apropiados indebidamente por particulares. Siguen las provenientes de las Zonas de Reserva Forestal, que se sustraerán de ese noble fin para entregarlas a los campesinos que las pidan; seguramente porque las Farc, que deambulan por esos territorios selváticos, tienen sumo interés en que se descuarticen, por lo que el acuerdo dedica una larga parrafada al tema de “las sustracciones” de esas áreas, para repartirlas y también constituir Zonas de Reserva Campesina (ZRC).Ingresaránal Fondotambién,las“inexplotadas”,alasque se lesaplicarálaexpeditaextinción administrativa de dominio, en virtud de su “incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad”. Absorberátambién otrogrupode tierras,expropiadaspormotivosde utilidadpública e interés social, así estén explotadas, que gozarán de alguna compensación a título de indemnización. Y finalmente se aspira a que entren algunas por donación. La otraherramientaparaesta“transformaciónestructural del campo”que“debecobijarlatotalidad de las zonas rurales del país”, será la “formalización” de la propiedad de unos 7 millones de hectáreas. Se formalizarán, de acuerdo a la Constitución y la ley, rezan los acuerdos, “todos los prediosque ocupaoposee lapoblacióncampesinaenColombia”. “Ocupación”y“posesión”noson equivalentes, y el primer término puede contemplar invasiones u ocupaciones no consentidas. Entonces,comose ve,noquedaclarosi laformalizaciónse refieresoloatitulaciónde baldíos,como ha sidotradicional,oincluye tambiénapredios contítuloperoquetienen“ocupación”o“posesión” de grupos de campesinos. Otra vía de intervención sobre la tierra será la restitución, que menciona rápidamente el numeral 1.1.7, y que amplíael punto5.1.3.6 de maneravaga. En todocaso en el literal a) del punto6.1.12.3 se incluye la restitución como parte del proceso de formalización de la propiedad. El gobiernode Santosa travésde laLey de VíctimasyRestituciónde Tierras,la1448 de 2012, estableciópeligrosas disposiciones con el supuesto fin de resarcir a las víctimas de despojo de sus fundos. El Acuerdo
  8. 8. 8 Final acepta implícitamente que sean esos mecanismos de la ley los que se apliquen para la restitución. Conlapretensiónde ayudaralasvíctimas, aellas(oaquieneslassuplantenparabeneficiarse,como se está viendo) se les otorgan en dicha ley prerrogativas que no se pueden sino calificar de inconstitucionales.Se invirtiólacarga de la pruebay la presunciónde inocencia. El denunciantede un despojoautomáticamente tiene presumidasubuenafe y no tiene que probarsu condición,yel denunciado, de entrada, pierde la presunción de inocencia, adquiere la categoría de usurpador y victimario, y está obligado a probar lo contrario. Estrafalaria determinaciónque abrió el paso a mafias de invasores y falsos testigos, asesorados u organizados por ONG y conocidos “colectivos”, afines a la guerrilla y con apetito desmedido. Ademásdel Fondode tierraspararepartoyla“formalización”(incluyendolarestitución),elacuerdo propende por la constitucióny legalización de las ZRC, punto de crucial interés para las Farc, pues serían unasauténticas“basesde apoyo”para suproyectopolítico dirigidoalaconquistadel poder. Serán, lo establece el texto, priorizadas para los planes de entrega de tierras, formalizaciónde la propiedad y otros. Y según el acuerdo, “el Gobierno, como resultado de mecanismos de concertación,definiráconlas comunidadesinteresadaslasáreas de cada una de ellas,atendiendo las necesidades de los campesinos que adelantan o quieren adelantar procesos de constitución.” No figura la petición de las Farc de que las ZRC tengan autonomía, pero tampoco se rechaza esa posibilidad. Sin tal autonomía ya existen algunas ZRC reconocidas, como la del Catatumbo, cuya dolorosaexperienciadebieraservirdelección:solohaservidoparaincrementarloscultivosde coca, afianzar el dominio de losviolentos sobre el campesinado, y expulsar al Estado y sus autoridades. En esaszonas, por leyse debe procurar la desconcentraciónde lapropiedady el beneficiosolode lospequeñoscampesinos,vedandode pasolainversiónylaagro-industria. Lociertoesque,en los puntossobre participaciónpolíticaydrogasilícitas,se redondeanlascondicionesenque operarían, de suerte que losobjetivosrealesde lasFarcse facilitan sindiscusión.Aunque nose conocenlas16 zonas donde operarán las circunscripciones especiales para la Cámara, lo más seguro es que coincidirán con las que se han solicitado para constituir las nuevas ZRC, cuya extensión se ha estimado en nueve millones de hectáreas. La presencia en ellas de la fuerza pública se deja en entredicho en el acuerdo sobre las drogas, amén de que se suspende la erradicación forzosa de cultivos de coca. Para el desarrollo de esa RRI se creará una “nueva jurisdicciónagraria”, “que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas…”. Los criterios de priorizaciónparaenfocarde entradalaRRIy la implementaciónde losProgramasde Desarrollocon Enfoque Territorial(PDET),se listan enel punto1.2.2:losnivelesde pobreza;el gradode afectación por el conflicto; la debilidad de la institucionalidad; y “la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas”. Muy claro: las zonas de influencia de las Farc. Llevar a cabo esa “transformación estructural del campo” requiere conocimiento de los usos del suelo,del estadode lostítulos entodo el territorio,lomismoque las áreas de baldíos,para efecto de la concreción de la redistribución. A su turno, se necesitan dineros para que los municipios - encargadosde muchosde losplanesde formalización,desconcentraciónyreparto- cuentenconlos fondos suficientes para tan ingente tarea. Por esas circunstancias el Acuerdo tiene previstas dos grandes sacudidas en el ámbito rural: un plan de “formación y actualización del catastro” para el primer propósito, y una elevación del “impuesto predial rural” para el segundo. El plan en cuanto al catastro está pensado para 7 años, a fin de cubrir todo el país, de suerte que “vincule el registro de inmuebles rurales” y se ejecute “en el marco de la autonomía municipal”. Pero, naturalmente, no se puede esperar tanto tiempo para ciertas regiones: se priorizará, según
  9. 9. 9 los manidos principios “de Bienestar y Buen vivir”, unas zonas, según lo acuerden “el Gobierno Nacional ylasFARC-EP”(!).Entre lospropósitosde laactualizacióncatastral se destacan“estimular la desconcentraciónde lapropiedadrural improductiva”y“regular con transparencialapropiedad de la tierra”, y “dar seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural”; y recabar “información desagregada por sexo/género y etnia” así como sobre “el tamaño y características de los predios”. Deberá contarse con la “participación” de las “comunidades” y “organizaciones rurales” implicadas, en todos los casos. La elevación del impuesto predial tiene como propósito “incrementar el recaudo efectivo de los municipiosylainversiónsocial”.Lastarifasdeberánserprogresiva,gravandomás a los que tienen más, y otorgando exenciones a las “personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores”. La parte final de este punto,másde lamitadde suextensión,se refiere alosmencionadosPDET.Es una enumeración detallada de buenas intenciones y de infinitas inversiones en infraestructura, desarrollosocial,producción,etc.con losplanescorrespondientes,que fueronmencionadosenel capítulo anterior de este documento. Infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad; salud, educación rural, vivienda y agua potable,economía solidaria,asistencia técnica, subsidios y créditos,mercadeo,protecciónsocial,alimentación,sonlaseriede asuntosquese tocanallí.Ycomo siempre, su implementación contará obligatoriamente con “mecanismos de seguimiento y evaluaciónlocal,regional ynacional”que seránparte “de losmecanismosgeneralesde verificación y seguimientode losque tratael punto6para garantizarque loque se acuerde,se implemente yse cumple”. O si no… Ese mecanismo de supervisión y control es la anotada, omnipresente y omnipotente CSVR, la comisión paritaria Farc-Gobierno, el poder por encima del poder. Que controlaráno sólolaradical reformaagraria sinoel conjuntode lainversiónpúbicaenel campo,en especial su “priorización” y direccionamiento. III. Drogas ilícitas Para empezar,digamosque este punto,cuyoborradorhabía sidopublicadoafinalesde 2014 y que no sufrióprácticamente cambiosensuversiónfinal de ahora, había sidoen su mayorparte una vil copia,casi textual enbuenaparte de suredacción,de un documentode lasFarc publicadoel 14 de enero de 2014 (Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179453), exactamente cinco meses antesde que se firmara el borrador que comentamos,a mediadosde mayo de ese año. Basta leer los dos textos para corroborar que no son casuales las similitudes en su redacción, las categorías que utiliza, elnombre de losplanes, laspropuestasdetalladas,loscalificativos,de suerteque puede ser catalogado como un calco grosero. Lo que denota, además, como todo el documento, que quienesllevaronlabatutaenloscontenidos,lomismoqueenlaredacción,fueronlasFarc,de modo que el texto final no solo es fatigosoy poco amigable con el lector,sino un indiscutible manual de las concepciones ideológicas de la organización terrorista. Empieza el punto con una especie de preámbulode principiossobre el tema de las drogas ilícitas. Sinque nadie lohubieraplanteado, descartadesdeunprincipioqueel origende lasFarctuvieraque ver con este fenómeno, puesparaentoncesno se había desatadoel narcotráficoen Colombia.De Perogrullo. No es sin embargo una anotación inocente: se propone insistir en que la organización delincuencialnaciórevestidade motivacionessocialesencomiablesynotrasuna empresacriminal. No podía faltartampoco la explicacióndel narcotráficoporfactoresprincipalmentesociales,como la pobreza, y otros de muy diverso orden (fenómeno “multicausal”, nos aleccionan estos narco- académicos), entre los cuales encontramos al final, por no dejar, la “existencia de organizaciones
  10. 10. 10 criminales” dedicadas a él. Obvio que las Farc no se cuentan entre las mismas, ni más faltaba, se deduce de las más de veinte cuartillas. Para seguirdesdibujandoel papel de laguerrillaenestaesferadelincuencial,el textonosadvierte que todo en el país ha sido permeado por el narcotráfico, por lo cual no hay responsabilidades específicasde losalzadosenarmas. De tal maneraque “lasinstituciones,tantoenel nivel nacional como en el local, han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico”, al igual que “distintossectoresde lasociedadse hanvistocomprometidosde maneradirectaoindirectaconla producción y comercialización de drogas ilícitas”. Pero tras esos aparentes axiomas se esconden falacias no despreciables. Una cosa es que algunos funcionarios del Estado, o empresarios, o dirigentes políticos, hayan caído en las redes del narcotráficoy se hayan beneficiadode ese negociomaldito.Innegable.Conla observaciónde que mal que bienla justiciaha actuado en los casos que se han destapado.Peronunca ha sidopolítica estatal,ni de las fuerzasmilitares,ni de losgremiosempresariales,ni de lascolectividadespolíticas democráticas,vincularseatanturbiasdiligenciasni convertirlasenunode losejesomotoresde sus actividades.Encambio,enlaguerrillaesofue loque sucedió.Comopolíticaoficial,adoptadaporsu cúpulay cumplidaapie juntillasporsus “frentes”,se decidióconvertirel narcotráfico(comoantes el secuestro,laextorsión,etc.) enunpilaresencialde sufinanciamiento.Esoesloque laapreciación general del documento disimula y encubre. Por eso mismo es engañosa y maliciosa la afirmación terminante que efectúa ese preámbulo en cuanto a que “el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado,alimentadoyfinanciadoel conflictointerno”.Enotro acápite del AcuerdoFinal hablan de que ha sido“el conflicto”-yno ellos- el que ha producidovíctimas.En el puntoque analizamos, lo que se afirmaes que el narcotráficono losha “alimentadoyfinanciado”aellossinoal “conflicto interno”. ¡Qué desfachatez! ¿Entoncesa las fuerzas armadas, que dentro de la retórica santista y farianaesunode los“actores”o “partes”del tal “conflictointerno”,tambiénhansido“alimentadas y financiadas” por el narcotráfico? Absolutamente falso. En ninguna parte del documento, que se extiende en sugerencias de estudios y análisis sobre la relación entre las drogas ilícitas y “el conflicto”, se acepta estudiar el nexo indisoluble entre narcotráfico y guerrilla. Se parte del postulado de que una paz “estable y duradera” requiere esclarecer la conexión general, “incluyendo la relación entre paramilitarismo y el narcotráfico” (punto 4.3), pero de ninguna manera entre guerrilla y narcotráfico. Absurdo. Luego de ese preámbulo viene lo más sustancioso: el nuevo enfoque sobre las drogas -la “nueva visión” de que habla el texto-y, por ende, la nueva política criminal que de allí se deriva. Las Farc lograron que el gobierno aceptara su concepción de que el problema de las susodichas drogas no es la producción, ni el consumo, ni siquiera su tráfico, sino exclusivamente sus “usos ilícitos”, sea lo que sea que esa expresión signifique. La argumentación essencilla. El cultivono es loilícito,sinociertos“usos”de loque se cosechayprocesa,puesotrosusos,comolos“ancestrales” y los medicinales pueden ser perfectamente lícitos. Además, los cultivadores han sembrado las matas malditas por necesidad, dada su pobreza y el abandono del Estado. Entonces el Estado no debe combatir ni criminalizar a los cultivadores, que son unas simples víctimas del sistema y de organizaciones transnacionales del crimen. A los consumidores,tampoco.El suyoes un puro asuntode saludpública.Lloviendosobre mojado (porque ya la Constitución así lo contempla gracias a reforma del gobierno de Álvaro Uribe), el documento abunda en consideraciones y sugerencias al respecto (punto 4.2.1), siguiendo con bastante fidelidaduncomunicadode 8puntospublicadoporlas Farc el 24 de febrerode 2014, con
  11. 11. 11 el pomposo título de “Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores” (http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/2014/02/tratamiento-del-consumo- de-drogas.html ). Ambos, en suma, cultivadores y consumidores, son víctimas del sistema, los “eslabonesdébiles”(eslaexpresióndel Acuerdotomadadel documentode lasFarc) de la cadena, que deben se exonerados de cualquier sanción. Y en cuanto al procesamiento y tráfico, debe diferenciarse el de ciertas organizaciones criminales (nunca las Farc, al parecer), del otro que de manera “regulada” pueda adelantarse hacia adelante para “usos lícitos”. La nueva política debe “mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionalesde lahoja de coca, como parte de la identidadcultural de lacomunidadindígenay la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitosque se establezcan”.Comoenelcasode lamarihuana,ahoralamedicinase haconvertidoen el vehículo expedito para legalizar el consumo de drogas altamente dañinas. Entonces,bajoese marco,el borrador esprolíferoenplanes,programasy proyectosde sustitución parcial, voluntaria, gradual y concertada con “las comunidades”, de los “cultivos de uso ilícito”. Se descarta implícitamente la erradicación forzosa, empezando por la fumigación aérea. Solo por excepción se podrá acudir a la erradicación manual, previo un trabajo de convencimiento de las comunidades reacias a hacerlo. Las Farc anotan que en esas eventualidades extremas solo serían partidarios de la erradicación manual. Como sabemos, esa estrategia ya se viene aplicando, con resultadosnefastos,pueslasáreascultivadasencocase han duplicado,conestímulodirectode las mismas Farc. Los planes y proyectos de sustitución nacerán de “las comunidades”, organizadas en “asambleas comunitarias”, que no solo se ocuparán de su diseño, sino de su implementación y control. El cronograma no está definido,y puede durar numerosos años, pues nacerá de acuerdos con las “comunidades”,enloscualesse determinaráel tiemponecesarioparacumplirlasmetas.Se creará un sistema completo, desde el nivel local hasta el nacional, dedicado a adelantar el proceso y desarrollarcultivosalternativos,conparticipacióndelgobiernoy“lascomunidades”de cultivadores y recolectores, completamente financiado por el Estado. Para los planes se prevé que dichas “comunidades”tenganuna“participaciónactivayefectiva…enel procesode tomade decisionesy en la construcción conjunta de las soluciones”, y que sean contratadas para adelantar distintos proyectos.Igualmenteestáconvenido,obviamente,que “lasFarc-ep…participaránenel Programa y contribuirán a la solución de los problemas de los cultivos de uso ilícito”. Descrito el nuevo enfoque anti-drogas (o más bien pro-drogas), basado en un plan de sustitución parcial y gradual de cultivos,pasemosaconsiderarun asuntode gruesocalibre:lapolítica criminal frente alasdrogasilícitas.Aquíestánalgunosde losmássustanciososaportesdeldocumento.Nada bueno podría esperarse de aceptar que criminales dicten la política contra el crimen de un país. La política criminal del Estado tiene que ser diferencial, nos advierten. El consumo debe ser despenalizado,yase dijo.Igualmente, paralosagricultoresvinculadosacultivosilícitosse expedirá una norma que faculta al Estado a “renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal”. El gobiernotramitará esta nueva norma al firmarse los acuerdos y los campesinos tendrán dos años para acogerse a ella a partir de su entrada en vigor. Solo se perseguirá, a través de la “investigación” y la “judicialización” a las organizaciones criminales dedicadas al comercio, procesamiento, lavado de activos, etc. Con excepción de las Farc, a las cuales implícitamente no se las contempla en tal categoría. Se las excluye tajantemente de su responsabilidad como el mayor -o uno de los mayores- carteles de la
  12. 12. 12 drogadel mundo,yse lesperdonansuscrímeneseneste terreno.Laformade hacerlo,fueestampar enel borradoresta explicaciónque el gobiernoaceptóyvalidóconlasfirmasde susdelegados:las Farc adquierenel compromisode “contribuirde maneraefectiva,conlamayordeterminaciónyde diferentesformas ymedianteaccionesprácticasconlasolucióndefinitivaal problemade lasdrogas ilícitas”,al igual que,“en un escenariode fin del conflicto”,“ponerfina cualquierrelación,que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. De tal suerte que solo en el posconflictodejaránde tener“cualquierrelación”que se “hubiese”(noque hay,sinoque talvezha habido…) presentadoconel narcotráfico(“este fenómeno”).Ylomásgrave:cualquier“relación”en ese sentido ha sido “en función de la rebelión”. De tal manerael gobiernoacepta(el textonotiene ningunaanotaciónoexcepciónal respecto) que la vinculación y actividad de las Farc con el negocio del narcotráfico puede considerarse un delito “conexo”con el de “rebelión”,esdecircon el “delitopolítico”,oque puede “subsumirse”enéste, y por tanto ser objeto de favorabilidad judicial, y cubierto por indultos o amnistías. Entonceslas Farc no tendránque responderpenalmente pornarcotráfico, ni tendránla obligación de entregar los laboratorios, rutas, precursores, dineros y bienes mal habidos, ni conexionescon carteles criminales, sino simplemente decir, en “un escenario de posconflicto”, que ponen fin a cualquier relaciónque “hubiesen” tenido con ese “fenómeno” en aras de los altruistas finesde su “rebelión”.Yde contera,no serán objetode medidastan gravosascomo la extradición,puesnola puede haber para “delitos políticos” o “conexos”. Queremoshacerun comentariofinal,a manerade conclusión,sobre este punto.Si la demandade drogas se facilita y estimula con la política de despenalizar el consumo, y la oferta también se potenciaal desmontarel principal mecanismode ataque a loscultivosy al prometerque no habrá cárcel para loscultivadores,¿esde esperarque funcionaráytendráéxitolaluchacontra lasdrogas enfatizando soloen combatir la distribución y financiación? Si no hay problema en producirla y el consumoestáaseguradoyencrecimiento,se desataránunasfuerzaseconómicastanpotentesque no habrá talanquera que las detenga. La corrupción se multiplicará para abrirle rutas a los envíos crecientes,yasegurar la llegadade los insumosa los cultivosylaboratorios,y la violenciaenlugar de decrecer se multiplicará. ¿Y qué éxito, en esas condiciones, podrá tener una estrategia de sustituciónde cultivosyde ayudaalimentariaaloscultivadores,frente alosingresossuperioresque proporciona por lo regular el narcotráfico? En tal ambiente de laxitud, legalización, erradicación voluntaria,latal política“integral”de luchacontra lasdrogas ilícitasparece másuna apuestaporla liberación integral del negocio. De nuevo, como en tema rural, el Acuerdo Final dispone la creación y realización de un abultado número de instituciones, planes y programas, con un andamiaje burocrático enorme y un costo brutal para el erario. Y que da a entender, por otro lado, que son cosas nuevas que el estado no estabaatendiendo,yque lohace ahoragraciasalospactosconlasFarc.El listadoquizásincompleto es este: Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); Planes integrales comunitariosymunicipalesdesustituciónydesarrolloalternativo(PISDA);Asambleascomunitarias; Comisionesmunicipalesde planeación participativa;Plan de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos Productivos; Plan de formalización de propiedad; Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales (PNN); Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública; Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumode Drogas Ilícitas;SistemaNacional de Atencióna lasPersonasConsumidorasde Drogas Ilícitas; Planes de acción departamentales y municipales frente al consumo; Nuevo estatuto de prevenciónyluchacontralas finanzasilícitas;Estrategiade luchacontrala corrupción;Conferencia internacional sobre el problema de las drogas.
  13. 13. 13 IV. Víctimas y justicia El punto 5 del Acuerdo Final se refiere a las víctimas y a la “justicia transicional”.Para el efecto se crea un “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” (SIVJRNR). En una primera parte efectúa una descripción de los principios que deben guiar el tratamiento de estostemasen el futuro enel país. Aleganlosredactoresque han procurado “ponera las víctimas en el centro del Acuerdo”. Creemos sinceramente que no. No dudamos de que se ha hecho un esfuerzo retórico tedioso, repetitivo, ampuloso y sofístico, por dar esa impresión. Pero en el trasfondo de lo pactado, en los hechos reales, lo definitivo es que son los victimarios los que han sido colocados en el centro del acuerdo. Los componentesbásicosde lallamada“justiciatransicional”sonlosde verdad,justicia,reparación y no repetición.Enninguno,comose verá enseguida,se colmanlasaspiracionesde lasvíctimas,ni se cumplen los mínimos requisitos que la jurisprudencia nacional e internacional exige. a) No repetición Empezaremosporreferirnosalanorepeticiónque,paradójicamente,repitenhastael cansancioen este punto. Por ningún lado se estipula que las Farc renuncian irrevocablemente a la funesta concepciónde “combinartodaslasformasde lucha”yabuscarimponersepormediodelaviolencia, que sería el principal compromisode norepetición.De nuevo,todoqueda a cargo del Estado y del resto de colombianos. La estipulación del numeral 71 no deja lugar a dudas: “El SIVJRNR contemplará las necesarias medidas de No repetición. En cualquier caso el Estado debe garantizar lanorepeticiónde losdelitoscometidosrespectoalaUniónPatriótica.”LasFarcencambionoestán obligadasa garantizarla no repeticiónde genocidioscomoel que cometieronconEsperanza,Pazy Libertad,que costó la vida a cerca de un millarde sus miembros;o el de militantesydirigentesde partidos tradicionales, como el liberal, que prácticamente fueron diezmados en departamentos como El Caquetá. La delegación gubernamental se dejó meter los dedos en la boca y permitió consignarsolo lo que interesabaa losnarcoterroristas,como el compromisooficial de investigary esclarecerel fenómenodelparamilitarismo,mientrasse silencialanecesidadde esclarecerprimero el fenómeno de la guerrilla que lo antecedió y explicó. En el Acuerdo no hay una sola frase o línea donde las Farc reconozcan sus crímenes, declaren su arrepentimiento, pidan perdón a las víctimas y aseguren que nunca volverán a cometerlos. Por el contrario,en varioslugaresse consignael ya mencionadochantaje de que,si no se lescumple con lo ofrecido en ese documento, volverána repetir sus fechorías. La “no repetición” se convierte en un burdochantaje.Enla parte inicial,declarativa,de ese punto,sonmuyclaros:“El findel conflicto y la implementaciónde lasreformasque surjandel AcuerdoFinal,constituyen laprincipal garantía de no repeticióny la formade asegurar que no surjan nuevasgeneracionesde víctimas”(negrillas nuestras). No seguirán matando (o produciendo “nuevas generaciones de víctimas”), si se les garantiza lo prometido, y punto. De resto, aténganse a las consecuencias. Agregamosa estaexplicaciónunaconsideraciónde peso.Ladoctrinamodernaque se ha impuesto en lospaíses democráticosmásavanzadoses de una simplezacortante:una democraciano puede admitirel ataque violentocontraellacomosupuestaluchapolítica,yde conteraserindulgente con quienes así procedan. Si bien la tesis del derecho a levantarse contra la opresión se ha mantenido en la declaración universal de los derechos humanos, reservada para rebeliones contra regímenes dictatorialesocoloniales,lamayoríade lasconstitucionesyleyesdelasprincipalesdemocraciashan suprimidoel “delitopolítico”yen consecuenciael otorgamientode amnistíaso indultosa quienes atenten con las armas contra el Estado de derecho. Es más. Ya no se considera ese tipo de delincuente como “político”, sinocomo terrorista. Y en lugar de aplicarle un tratamiento benigno
  14. 14. 14 se le sanciona con penas ejemplares. Eso debería ser lo que se establezca para disuadir esas intentonas violentas y asegurar la no repetición. En este Acuerdo se procede al contrario. b) Reparación En cuanto a la reparación,las Farc, el victimarioprincipal,noefectúasinouna vaga declaraciónde contribuir a la reparación material de las víctimas. El pacto de La Habana no exige, como premisa básicade ese postulado,laentregaobligatoriade lainmensafortunailegal que hanacumuladocon el narcotráfico, la minería ilegal,la extorsión y el secuestro, entre otras actividades depredadoras de décadas. Se establecen,por ejemplo, pomposas “estrategias contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos” (4.3.2), pero dirigido a terceros, sin efectuar la sindicación más obvia en ese combate: las Farc. La indemnizaciónde lasvíctimascorrerá exclusivamente acargo del Estado. Toda la reparaciónde parte de las Farc se concentra, supuestamente, en dos frentes. De un lado, su participación en labores“humanitarias”comoel desminadoylabúsquedade personasdesaparecidas:perolalabor de las Farc se reduce a proporcionar información solamente, mientras los riesgos y gastos de las labores corren por parte del gobierno. De otro lado, se promoverá la participación de las Farc en “planes de reparación” (con enfoque territorial…), que harán parte de los PDET, y que de nuevo serán financiados por el Estado. Esos serán, además, los “castigos” o sanciones que se impondrán por la JEP, como se verá. Las Farc serán los ejecutores de numerosos proyectos de inversión y desarrolloeconómicoysocial,especialmente enlasregionesque haninfluenciado(ymartirizado), a cargo de recursospúblicos,convirtiéndose casi seguramenteenel mayordetentadorde fondosy empleo en las regiones. ¡Tremendas sanciones! Un absurdo total. c) Verdad En el punto5.1.1se establece queel mecanismofundamentalpara satisfacerel derechoalaverdad, que tienenlasociedady las víctimas,será la creaciónde una “Comisiónparael Esclarecimientode la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. Se plantea que será independiente e imparcial, y autónoma en su labor, aunque se le fijan unos parámetros tan detallados, que se tiende desde el comienzounmantode dudasobreesepropósito.Verbigracia,unade susfuncionesserá“promover y contribuir al reconocimiento”: se describen una serie de vaguedades sobre reconocimiento de todoslosparticipantesenel conflictosobresuresponsabilidad,yse rematacon“el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones”, descargando olímpicamente en los demás sus propias culpas. La Comisión de la Verdad (CV) “será un mecanismo extra-judicial”, de suerte que “sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar imputación penal de quienes comparezcan ante ella”.Y lasinformacionesque recibaallínopodránsertrasladadasa las autoridadesjudiciales(JEP) y careceránde valorprobatorio.De suerte que losresponsablesde gravesdelitospodránpresentar en laComisiónde la Verdadunaversiónrosade sus andanzas,que quede parala posteridadcomo la verdadhistórica,mientrasenlosestradosjudiciales,enlaJEP,podránpresentarunaversiónmás cruda a efectos de obtener la impunidad correspondiente, sin preocuparse por el cruce de información entre la CV y la JEP, que no operará. La CV trabajará por tresañosy comoremate presentaráunInforme Final,que deberáserpublicado y promocionado de manera extensa: “tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollode iniciativasculturalesyeducativas,comoporejemplolapromociónde exposicionesy recomendarsu inclusiónenel pensumeducativo”.Ya se sabe para dónde va la tarea: brindar a las nuevas generaciones un enfoque de nuestra historia sesgado, acomodado a las intenciones generales de este Acuerdo.
  15. 15. 15 Aunque originalmente,enel borrador publicado,laComisión erade 9 miembros,escogidosporel gobierno y las Farc, lo cual generó rechazo enorme, ahora se ha establecido que será el mismo mecanismodefinidoparaseleccionarlosmagistradosde laJEP. Esa mismacomisiónde 5 personas designarálos11 miembrosde laCV (yano9),de unaserie ampliade postuladosque deberánllenar unos criterios de idoneidad y competencia. Se supone que eso será garantía de imparcialidad. Sin embargo,el gobiernoylasFarcse reservanel derechoadesignarel Presidente (oPresidenta,según la aburrida redacción del documento), “por el mecanismoque acordemos” (5.1.1.1.6). Deberá ser colombiano,yobrarácomoel principal voceropúblicode laCV,alavezque dirigirátodosutrabajo, siendoconsideradosu“referente nacional e internacional”.Esaes la maneraque han encontrado, finalmente, de no dejar al garete la CV, e incidir en su orientación y resultados. d) Justicia: “Jurisdicción especial para la Paz” (JEP) El componente crucial de este puntoesel de la JEP, contempladoen el numeral 5.1.2 del Acuerdo. Fue unode losque mástiempoyesfuerzodemandóenLaHabana,segúnse haconocido,yestalvez el mayor logro de las Farc en el conjunto. Porque pretende ofrecer un “blindaje” ante la justicia internacional, encarnada en el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional, fingiendo que se cumplensusdisposiciones,perootorgandolamás descarada impunidadalosautoresde crímenes atroces, y permitiéndolestotal participación enpolítica, sinrestricciones ni limitaciones,lo mismo que su exclusión de las posibilidades de extradición. Por ende, merece una descripción y análisis exhaustivo, que hemos dividido en tres partes. Primero:Característicasbásica dela JEP El objetivo esencial de la JEP no es principalmente –como el de cualquier tribunal o autoridad judicial- impartir justicia,lo adviertendesde el comienzo. Aunque afirman que los derechos de las víctimas estánen el centrode su interés,loque se proponennoes, para satisfacerlas,condenara losacusadosde innumerablescrímenesenColombia,sinootorgarles“seguridadjurídica” -paraque la impunidad concedida esté “blindada” ante órganos como la Corte Penal Internacional-. Dice así el numeral 2º: “Los objetivos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacióny No Repetición -enadelante el SIVJRNR- son…adoptardecisionesque otorguenplena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno…”. Empecemos por señalar que es no es una “jurisdicción especial” en el sentido tradicional, que se agregaa nuestrasinstituciones(comolaque se creóenlaLeyde JusticiayPaz enladécada pasada, o la que recientemente se estipuló en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), sometida a nuestroordenamientolegal ysusreglas.No.Éstase colocaporencimadel mismo,nohace parte de él ynoestásujetaasuspreceptos,trámitesylímites.Noacatani se someteaningunodelosórganos de la rama jurisdiccional, ni sus magistrados responden ante ningún ente nacional (y obvio que tampoco internacional). Tribunal y Salas de la JEP son autónomos, independientes, soberanos,sin sujeción a nada distinto que la voluntad de las Farc y el gobierno, expresada en el texto del acuerdo, y los reglamentosy doctrinasque ensusestradosellosmismosgeneren.Enloatinente aloscrímenescometidosen“el conflicto” y con ocasión de él, quedan derogados nuestros códigos y regímenes penal, administrativoydisciplinario.El numeral 33 del acuerdoes tajante:“El componente de justiciadel SIVJRNR,conforme aloestablecidoenel AcuerdoFinal,prevalecerásobre lasactuacionespenales, disciplinariasoadministrativas(…) al absorberla competencia exclusiva sobre dichas conductas.” La autoridad de la JEP no tiene límites temporales. Empezará cuando lo decidan las “altas partes contratantes”, pero su actuación puede prolongarse per sécula seculórum. Luego de cumplida su
  16. 16. 16 tarea primordial, que se tomará varios años, podrán revivirse automáticamente algunos de sus organismos, si en el futuro a alguien se le ocurre poner en entredicho o intentar revocar sus decisiones, a fin de aplastar cualquier conato de revisión(numeral 52). Las disposiciones de la JEP seránentonces“inmutables”e inapelables.Lassentencias queprofiera“sólopodránserinvalidadas o dejadassinefectoporel mismotribunal porlascausalesrestrictivasexpresamente determinadas enel reglamento”(que ellosmismoselaborarán).Igual advierteenel punto57:“Cualquierdecisión adoptadapor un órgano jurisdiccional uotraautoridadque pretendadejarsinefectolaamnistía,el indultouotramedidaadoptadaenelsistema,tendráque sersometidasal TribunalparalaPaz,para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” No esla JEPuna herramientaparajuzgarexclusivamentealosmayoresperpetradoresde crímenes contra el país por más de mediosiglo,puessujurisdicciónes“inescindible”,loque significaque no se aplicarásoloalasFarc,sino“de manerasimultáneae integral atodoslosque participarondirecta e indirectamente en el conflicto armado” (numeral 32). Civiles, empresarios, líderes políticos, agentesdel Estado,todos.Que hayanparticipadoaúnsea“indirectamente”enel “conflicto”,o“en el contexto”de éste,comoafirmanenotrolugar.Unaamenazagenéricaquepermitirá,porunlado, amedrentarytratarde apabullaraloscontradictoresdelosnarcoterroristas,yporotro,enmascarar y difuminar en esa razzia su responsabilidad primordial. ¿Habrá alguien que pueda sustraerse a la calificaciónde participante“indirecto”enel“conflicto”,ode loshechosocurridosensu“contexto”? Seránlos doctrinantesdel Tribunal ode las Salasde la JEP quienesfijenloscontornosde tanvagos preceptos,sin que nadie puedacontradecirloso controvertirlos.Miente Santos,entonces,cuando señala que entre los civiles solo seránllamados los que hayan tenido un papel “determinante” en los crímenes. En este particularmuchose ha discutidosobre lainclusiónde losmilitaresenlaJEP.El gobiernoha respondido que se han resguardado sus prerrogativas, como fuerza legítima del Estado, cuya actuaciónengeneral se adelantapormandatode la Constitución,yque losresponsablesde delitos cometidos durante el conflicto tendrán beneficios equivalentes a los de los guerrilleros. El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército explicó en entrevista a El Tiempo el 29 de agosto, el criterio de este gobierno y su cúpula militar sobre el significado de lo pactado en Cuba para las fuerzas armadas. En primer lugar, descartó la insinuación de que van a recibir el mismo tratamientoque las Farc en la JEP. Aseveróque el proyectode leyque se ha diseñadopara ese fin fue redactado en el país, por los militares, palabra por palabra, y que así ha de ser presentado al Congreso y aprobado, sin modificar una coma, como el Acuerdo de 297 páginas con las Farc. En segundolugar,defendióque ahorase trate alasfuerzasmilitaresbajolacoberturadelDIH (esdecir, bajo el concepto de “conflicto armado interno” y los preceptos de losConvenios de Ginebra) y no en el marco de los Derechos Humanos (cuando se partía de la base de que lo que existía era una “amenazaterrorista”).Bajo éste últimopostuladonosjuzgaban,“comose persigue aun ladrónde celulares”. Ahora es bajo el Derecho de Guerra, agrega Mejía. Y concluye con un ejemplo, para reafirmarque “tenemosgenteenlacárcel porhaberhechounaemboscadalícitaque,bajoel marco de DerechosHumanos,el juezo el Fiscal hanclasificadode masacre,porque nose lesadvirtióa los bandidos.En el nuevomarco de JusticiaTransicional laemboscadaes válida,unamaniobra clásica de lasoperacionesmilitares.Estapersonano solamente vaa salir libre,sinoque yola voy a volver a recibir en el Ejército si la Justicia Transicional la declara inocente.” En esa óptica, “todo lo que hicimos los militares en 52 años de guerra se presume legal” y “todo lo que hicieron las Farc se presume ilegal.” Las explicacionesdel alto oficial estánsesgadas y no son atinadas. Sobre el primer punto hay que decir dos cosas. Una, que, si bien puede haber sidoredactado en Bogotá, el textorespectivohace
  17. 17. 17 parte del Acuerdo Final como Anexo II, Título Tercero, “Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado”. Y lo más grave: por ese motivo, y por sus estipulaciones, significó la renuncia al fuero militar y a su justicia pena, y a ser cobijados por los tribunales establecidos por nuestra Carta para los uniformados. Ahora, la “renuncia a la persecución penal” (equivalente a la amnistía e indulto para los terroristas) que se concede, cuando no se trate de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, será tramitada dentro de la JEP, por la “Sala de DefinicionesJurídicas”,ysolo podrán ser “recurridasen reposición”ante la mismaSala y apeladas ante la “Sección de Apelaciones” del Tribunal de Paz. Y todos los procesos contra militares, en nuestraopinión,derivadade la lecturade losacuerdos,queda cobijadapor los mismosprincipios: la JEP puede revisar los fallos ya proferidos que considere, y sus determinaciones no pueden ser modificadas por ninguna otra instancia (como las de la justicia penal militar). Aménde que para obtenersimilaresbeneficiosa losde los narcoterroristaslosmilitaresacusados deberán confesar la verdad plena, lo cual, en opinión de analistas autorizados, significará para muchos soldados y policías una presión invencible para confesar conductas que no han cometido con la carnada de recibirbeneficios equivalentesalosde losguerrilleros. Porotro lado,no sololos militares, sino cualquier “agente del Estado” que solicite el beneficio de la “renuncia de la persecución penal” debe aportar todas las pruebas (“informes, providencias judiciales, disciplinarias, …” y una larga serie) que sustenten su solicitud, lo que ha sido interpretado por algunos como una inversión de la carga de la prueba, ya que la persona tiene de entrada que demostrar su inocencia para que la JEP considere que no es culpable. El otroaspectode la declaraciónde Mejíaesbastante discutible.Lapresunciónde lalegitimidadde la actuación de las fuerzas armadas de un país no deriva de cobijarse bajo la figura del CAI y por ende del DIH, sinode su consagraciónen la Constituciónde unEstado legítimoy democrático,por cuyomandatonosolorespetael DIHsinolosDerechosHumanos.Peroencambio,loquenoexplica, esque al convertira losterroristasen“parte” de un CAI,se leselevóalacalidadde fuerzaopuesta al Estado,reconocida,cuyasaccionescontralasfuerzaslegítimas -comolosasesinatosysecuestros de militaresypolicías,o “las emboscadas”de que habla Mejía, tambiénsin“advertirle”ala fuerza pública, por ejemplo- son “válidas” (para usar sus términos) y tienen la misma connotación de los ataques de las FFMM contra ellos, como parte de un conflicto bélico. Esas acciones ya no son crímenes, condenables según el marco de los DDHH, sino operaciones militares propias de un enfrentamientobélico.Laequiparaciónentremilitaresyterroristasnose da,comoparece indicarlo el gobierno,porque se hayarebajadoel estatusde losprimerosal de lossegundos,arguyendoque en el acuerdo de La Habana se reconoce su papel de fuerza institucional que actúa al tenor de la Carta política. Ese es un sofisma. Lo inaceptable no es que se haya rebajado a los militares a la categoría de los terroristas, sino que se haya elevado a los terroristas al nivel de losmilitares. Por otro lado, no es cierto que las fuerzas militaresno puedan atacar a los terroristas sin advertencia previa, pues leyes vigentes lo permiten,en virtud de las cuales, por ejemplo, se ha bombardeado campamentos guerrilleros por años. Este acuerdosobre víctimas y justiciahablade reconocimientode responsabilidadesindividualesy colectivasde lasconductasdelictivas.Enopinióndel expertointernacionalistaJuanDaniel Jaramillo, se trata de una peligrosadisposiciónlaque instituye “responsabilidadescolectivas”.Enel derecho penal internacional y en el DIH, según su calificado criterio, solo existen responsabilidades individuales. En ningún tribunal internacional, ni el de Nüremberg, ni el de Yugoeslavia, ni el de Suráfrica, ni ningún otro, se han juzgado “colectividades”, llámense Estados, ejércitos, guerrillas o cualquiera otra similar; solo se han juzgado individuosy los crímenes cometidos en los distintos conflictos internacionales o internos. Incorporar “responsabilidades colectivas” solo podría servir para dos cosas: para condenar a las fuerzas armadas legítimas, u obligarlas a reconocer culpas
  18. 18. 18 colectivas por delitos cometidos por algunos de sus integrantes, de una parte; y para legitimar la actuación de los terroristas, pues sus delitos estarían cobijados en determinaciones colectivas ejercidas dentro del proceso de la “rebelión”, que está justificada. Se ha debatidotambiénel que se disponga,tantoenel caso de lasfuerzasmilitarescomoenel de la guerrilla, que los mandos de ambas no respondenpor las actuaciones de sus subalternospor el simple hechodesu“rangoojerarquía”.Enopiniónde JuanDanielJaramillo,esadoctrinarompecon la que prevalece en los estrados internacionales, consistente en que los subordinados no son los responsables principales, pues básicamente acatan órdenes superiores. Los responsables principalessonprecisamentelosqueporsu“rangoojerarquía”tomanlasdecisiones.Portal motivo, generalmente se condenaalosoficialesresponsablesde lasdecisionesyoperaciones,yse absuelve a las tropas, a los soldados rasos. Esta inversión de la doctrina prevaleciente parece obedecer al interésde los“comandantes”guerrillerosde evadirsuculpabilidad.¿Qué otracosapuede pensarse al leerlaestipulacióndel numeral59de este acuerdo?Helaaquí:“Laresponsabilidaddelos mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectivaconducta,enel conocimientobasadoenlainformaciónasudisposiciónantes,durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente enel rango o la jerarquía.” ¿Quiénpodráprobar que se cumplen todas esas complicadas condiciones en la mayoría de los crímenes que promovieron, ordenaron y gestaron? Prácticamente nadie. Comolohananotadodistintosanalistas,lasFarcySantosse arroganel derechode crearunsistema para juzgara todo el mundo,sinque correlativamente losdemássectoreshayantenidoderechoa participar en su diseño. Y dejaron de lado nuestro aparato judicial, sin que existanrazones válidas para excluirlo. Además, la JEP no contempla límites hacia atrás para el ejercicio de su omnímodo poder, ya que no quedó establecida una fecha de inicio del llamado “conflicto armado interno”. Algún comentarista suspicaz sugirió que tamaña omisión fue adrede, con el objeto de no señalar una fecha –como 1964 o 1965, por ejemplo, época de la fundación de las Farc- que los comprometiera como iniciadores del tal conflicto. Aunasí, esode juzgar a “todo” el mundoes apenasun decir.Comose ha predicadoque el número de casos a llevar a los estrados sería infinito, y que por tanto el sistema colapsaría y sería muy ineficaz-comose ha alegadocontra el sistemade la Ley de Justiciay Paz por sus detractores-,han incorporado“laspartes”a la JEPuna salomónicadisposición:lapriorizaciónyselecciónde casos.Al tenordel numeral 48, el sistema“deberáconcentrarsedesdeuninicioenloscasosmásgravesyen lasconductas o prácticasmás representativas.”Solohabráresolucionesparaunospocoscasos –de los crímenes de los narcoterroristas en particular-, emblemáticos, sin necesidad de explayarse en todoel entramadodelictivoysusnumerososresponsables.Además,noparacondenarlos,sinopara aplicarles una “sanción” simbólica. La impresión que nos deja el articulado es que la selección indicada aplica en particular a los crímenesde losnarcoterroristas,peronoalosde susoponentes.Contraestosúltimosestáprevista una ofensiva de grandes proporciones. Lo sugiere el que se ordene remitir a la JEP todas las denuncias, investigaciones y fallos, no solo localizadasen la Fiscalía y los distintos tribunales de la repúblicayórganosadministrativos,sinotambiénenlosentesde control comolaProcuraduríay la Contraloría,así como los que reposanenla Comisiónde Acusacionesde laCámara sobre distintos aforados, y los propios de la justicia penal militar. No se escaparán ni siquiera las sentencias proferidasbajolaLeyde JusticiayPaz,aplicadasobre todoalosparamilitares,cuyascopiastambién
  19. 19. 19 deben ser enviadas a la JEP para que ésta “determine si las conductas relacionadas son de su competencia” (numeral 48, literal b). Semejante ofensivase fundatambiénenel hechode que,para asegurar “insumos”a su bateríade herramientasde ataque acivilesymilitares,se amplíanlasfuentesque alimentaránlosorganismos de la JEP: a los antes mencionados, que detalla el numeral 48, literal b), se agregan en el literal c) “los informesde lasorganizacionesde víctimasy de derechoshumanoscolombianas”,a loscuales “se les dará el mismo tratamiento” que los establecidos en el literal anterior. Veremos entonces desfilarante los“juecesde paz”unatropillade modernosTorquemada,encabezadaporel cartel de falsostestigos,enloque sonexpertoslasFarcysuentornode colectivosyasociaciones,levantando el dedo acusador y vengativo, a nombre de las “victimas” y “los derechos humanos”, para escarnecer, apabullar y llevar al cadalso a sus enemigos y contradictores. No habrá empresario, dirigente políticoogremial,periodistaoescritor,ociudadanocomúny corriente que noseade sus afectos, que escape a la vindicta de quienes perdieron en los campos de batalla pero nos han derrotado de manera ominosa en La Habana. Pese a que se estipuló que se respetará el fuero constitucional de los ex presidentes, a ser encausadossolotravésde la Comisiónde Acusacionesde laCámara, se facultaexplícitamente ala JEP para acusarlosante ese organismo,si a bienlo tiene,porinformacionesrecabadasensuseno. De igual modose ha repetidoporanalistasproclivesal gobiernoylas Farc –lo que en su momento propalóel ex fiscal Montealegre-,que dichofueronocubre actuacionesanterioresalapresidencia, refiriéndose específicamente a las de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia. Gozará la JEP de una extravagante prerrogativa, de doble vía, una especie de leydel embudo. Por un lado,como ya loestablecimos,todoloactuadoa travésde los añospor nuestrosistemajudicial y disciplinario -en casos relacionados con el CAI-, pierde la calidad de cosa juzgada, y puede ser revisadoahora;perolaotra cara de la monedaesque,encambio,lasdisposicionesysentenciasde laJEP soninmutablese inmodificables,porlossiglosde lossiglos.Estoúltimolodispone el numeral 56: “Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las resoluciones de las Salas del componente de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsitoa cosa juzgadacuandoesténenfirme y se garantizará su inmutabilidad.Dichassentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadassin efecto por el mismo tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.” El Tribunal de Pazde laJEPcontará con 20 magistradoscolombianos,más4extranjerosquepodrán hacer parte de las varias salas que lo integrarán, no más de 2 por sala. La inclusión de extranjeros ha obedecidoal interésde “blindar”aúnmás al Tribunal frente a laCPI. El Mecanismode selección de losmagistradosde laJEPesunacomisiónde 5personas,acordadael 12 de agostoenLa Habana, integrada de esta forma: Su Santidad el Papa Francisco; El Secretario General de las Naciones Unidas; La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); La Comisión Permanente del Sistema Universitariodel Estado. Ellos o personas designadas por ellos, harían esa selección. Ya el Papa Francisco declinó participar,porque esafunciónpolíticalo alejade su misiónpastoral.Fue reemplazadoporla Corte Europea de DDHH, con sede en Estrasburgo, la misma que negó la extradición a Colombia de Yair Kleinporlossupuestosriesgosparaél de nuestrosistemacarcelario,ylaque falló,enel caso de la “doctrinaParot”,contra España,facilitandolaliberaciónde presosde Etacondenadosanumerosos años de cárcel. Segundo:“La piñata deimpunidad” Es la denominaciónbrindadaporJosé Miguel Vivanco,de HumanRightsWatch, a las disposiciones para juzgar y castigar a los autores de crímenes, en la JEP. Contempla dos mecanismos básicos. El
  20. 20. 20 uno,la “másamplia”amnistíae indultoalosmiembrosde laorganizaciónnarco-terroristaque solo hayan cometido “delitospolíticos” y “conexos”. El otro, amnistía e indulto de hecho a los autores de delitos atroces, tan amplia como la anterior, pero con un ropaje de “sanciones” ficticias, que pretende esconderlos de la CPI. Los dosmecanismoscontienenenlofundamentallomismo:impunidadcompletaparatodotipode crímenes. Solo que varía la presentación, para efectos de tratar (vanamente creemos) de escabullirse al Tratadode Roma. Así, losresponsablessolode “delitospolíticosyconexos”podrán disfrutar de indultoy amnistía, y plenogoce de los derechos políticos;los autores de otros delitos (de lesahumanidadyde guerra),tendránuna“sanción”simbólica,sincárcel,perotambiéntendrán el pleno goce de derechos políticos. La misma perra con distinta guasca. El ingrediente másfuerte del primermecanismo,el que contemplalaamnistíayel indulto,esel de la “conexidad”,que permite incluirlagama más ampliade delitosparasumarlaal “delitopolítico”, en este caso la “rebelión”, a fin de merecer tan señalados beneficios.Según el numeral 38, “entre losdelitospolíticosyconexosse incluyen,porejemplo,larebelión,lasedición,laasonada,asícomo el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario,el conciertoparadelinquirconfinesde rebeliónyotrosdelitosconexos.”Comose ve, se incluyen “las muertes en combate”, es decir el asesinato de policías y soldados; ya no serán asesinatos, claro, sino “muertes en combate” y sus autores no serán delincuentes sino “combatientes” con derecho a dar de baja a los defensores del orden. En el numeral 39 se agrega, dizque con el finde distinguir dos grandes categorías de “conexidad”, una lista adicional a la del párrafo anterior. Empieza por contemplar aquellosdelitosrelacionados “específicamente” con la “rebelión” como “por ejemplo” “la aprehensión de combatientes” efectuada en “operaciones militares”. Es decir, el secuestro de soldados y policías, dicho en buen romance, sin engañosas palabras como la “aprehensión”. Pero no solo eso. También considera conexas todo tipo de “conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollode la rebelión”.Allí encajan, sin excepción,el secuestro de civiles con fines económicos, la extorsión, el atraco yrobode bancosy otrasentidades,eldespojode tierras,el testaferrato,ellavadodeactivos, el narcotráfico,laexplotaciónilegalde minas,el contrabandode combustibles,el lavadode activos, el “reclutamiento”de menores,lavoladurade puentesytorresde energía,entre otros,que se nos ocurren en una primera aproximación a tan vaga descripción. Según criterio de connotados juristas, se busca incluir un sinnúmero de delitos comunes como “conexos”,apelando,comolohacenenelnumeral 26,alaindicaciónde que se contemplaráncomo tales aquellas conductaspara las cuales no exista una “prohibición” expresa de indulto o amnistía en el derechointernacional.Finalmente,se le entregaala Sala de Amnistíae Indultoy a la Sección de RevisióndelTribunalde Paz,lafacultadde sentardoctrinasobre laconexidadcuandoencuentren que alguna conducta no estáespecíficamenteconsideradaenlaleyde amnistíae indulto(comoel narcotráfico). Tanto en el caso de delitos amnistiablese indultables como en losatroces, los prerrequisitos para gozar de los beneficios pactados son muy simples: estar en la lista de “rebeldes” que las Farc entregue yconfesarlaverdad,contribuiralareparaciónde lasvíctimasy comprometerse conlano repeticiónde susconductas.De todos ellossololaconfesión(enrealidadnose denominaasí,sino “aporte” de la “verdad plena”) parece relevante,puessegúnel numeral 13 se supone que con ella basta para “garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”(!).Aménde que esos“aportes”a travésde “relatos”de losvictimariosestánsujetos – lo dice el mismonumeral- aque cada uno “disponga de loselementosparaello”,expresiónque ha de prestarse con toda seguridad, alegando carencia de esos “elementos”, para no revelar delitos
  21. 21. 21 sobre losque el acusadosupongaque es difícil que se tengamucha informaciónenlosestrados,lo mismoque para disculparse si llegaadescubrirse que mienteuomite acontecimientosesenciales. El otro punto fuerte es el que se refiere a los crímenes atroces. Para empezar, se enumeran los delitos que entrarían en esta categoría y que no podrían ser amnistiables ni indultables formalmente. Así lo dispone el punto 40: “No serán objeto de amnistía ni indultoni de beneficios equivalenteslosdelitosde lesahumanidad,el genocidio,losgravescrímenesde guerra,latomade rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desapariciónforzada,el accesocarnal violentoyotrasformas de violenciasexual,lasustracciónde menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.” Juan Daniel Jaramillo identificó una serie de equívocos e imprecisionesenestaredacción.De un lado,al repetiren el listadodelitosque hacenparte de los de lesa humanidad; y de otro, al hablar de “graves” crímenes de guerra, pues en el derecho internacional nohaydistinciónentre unosgravesyotros leves.Seguramente se pretende conesto último,tratar de consideraralgunoscomode escasasignificación,aefectode obtener“sanciones” menores. A quienes “aporten” voluntariamente el “relato” de su responsabilidad “respecto a determinadas infracciones muy graves”, se les aplicarán “sanciones”, jerarquizadas según la gravedad de las conductas, pero nunca penas, ni castigos, ni condenas, términos ajenos a los acuerdos en esta materia. Aquí solo hay “infracciones” y “sanciones”, como si se tratara del manual de convivencia de un colegio o del código de tránsito. La coartada, para hacerle el quite al Tratado de Roma, es simular que se imparte justicia al aplicar tales “sanciones”, pero el más superficial análisis revela que es una simple mampara para cubrir la impunidad más grosera. El numeral 31 es explícito: a quienes “no los alcanza la amnistía o el indulto”, el “componente de justicia” les aplicará “sanciones”.Laspenascomotales,privativasde lalibertad,concárcel,se reservanparaquienesno confiesen la verdad y sean vencidos en juicio, porque no logren probar su inocencia, como ya se comentó, invirtiendo la carga de la prueba. Lo más ridículoy ofensivodel documentoesladescripciónde las“sanciones”,que se efectúaenel punto 60. Se tratará de “satisfacer los derechos de las víctimas” supuestamente con “la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”, con un mínimo de 5 y un máximo de 8 años de “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”. Incluso, si la participación del incriminado no ha sido “determinante” en los hechos que reconoce, la “sanción” se puede reducir a un rango que va de 2 a 5 años. Aclaran los autores del esperpento,paraque noquede duda,que tales “restricciones” “enningúncasose entenderán como cárcel o prisiónni adopciónde medidasde aseguramientoequivalentes”. Residirenunsitio, como lohacemostodosloscolombianos,odesplazarnossoloenundeterminadoespacio,queesel caso de lamayoríade loscompatriotas,se convierteporobraygraciade estapantomimaenelpago de tan señaladoscriminalesporsusatrocidades.¡Nohay derecho!Perola burla es mayor,porque las limitaciones al desplazamiento son apenas nominales. Se dispone crear un órgano que monitoree ysupervise“el cumplimientode buenafe”de lasrestricciones,el cual podráotorgar“las autorizaciones necesariaspara desplazamientosque no sean compatiblescon el cumplimientode la sanción”(numeral 62).Dadoque el órgano mencionadoserácreadode comúnacuerdoentre las “partes”, los “sancionados” podrán ser finalmente autorizados a desplazarse donde quieran. Para rematar,los“sancionados”gozaránde todossusderechospolíticos,sinrestricción,apartirdel momentoenque se expidalasentenciaporparte de laJEP.El numeral 36estajante:“La imposición de cualquiersanciónenelSIVJRNRnoinhabilitaráparalaparticipaciónpolíticani limitaráel ejercicio
  22. 22. 22 de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes.” Finalmente,ningúnbeneficiadoportanseñaladosdonespodráserextraditadoni detenidoconese fin, por delitos amnistiables o no amnistiables,incluidos los “conexos” con el “delito político”, “ya hubierensidocometidosdentroofuerade Colombia”,segúnloestablece el numeral72.Semejante dádiva se extiende no solo a los miembros de las Farc, sino a “personas acusadas de formar parte de dicha organización”, y a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Es decir, protege a todo el cartel y su entorno. La medida no es, como se adoptó por el gobiernode Uribe con losparamilitares,una suspensiónde laordende extradicióncondicionadaa lanoreincidenciaenlosdelitos,sinolaprohibiciónexpresayterminante de extradición,sinninguna condición. Tercero: Mermelada y otrospostres. El sistemade justiciadiseñado,“transicional”y “restaurativo”,contemplael másvariadomenúde postres para rematar tan señalada cena de impunidad. Las Farc, glotonas sin límite, han decidido engullirlos y paladearlos todos. Encabeza la carta de postres una deliciosa lista de “sanciones”, convenientemente bañada de empalagosa mermelada. Durante los 2, 5 u 8 años que tendrán que “sufrir” las “restricciones” impuestasporla JEP,los miembrosde lasFarc no quedaránsinoficio.Conel disfrazde actividades de reparacióna lasvíctimas,despuésde los75 puntosde la JEP,se detallanlasque podránrealizar los miembros de las Farc, que pueden ser propuestas por ellos mismos, según reza en el anexo correspondiente:“Loscomparecientesante laSalade Reconocimientode VerdadyResponsabilidad podrán presentarunproyectodetallado,individual ocolectivo,de ejecuciónde lostrabajos,obras o actividades reparadoras y restaurativas.” Seránproyectosurbanosoruralessumamente ambiciosos,que abarcantodolohabidoyporhaber, como lo denota este recuento incompleto: “protección medio ambiental de zonas de reserva” (¿campesina?), “programas de construcción y reparación de Infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios,etc.”, “programas de Desarrollo rural”, “mejora de la electrificacióny conectividad”, “sustitución de cultivos de uso ilícito”, “construcción y mejora de las infraestructuras viales necesarias para la comercialización de productos agrícolas de zonas de sustitución de cultivos de uso ilícito”, “ejecución de programas de construcción y reparación de Infraestructuras en zonas urbanas:escuelas,víaspúblicas,centrosde salud,viviendas,centroscomunitarios,infraestructuras de municipios,etc.”,“programasde Desarrollourbano”,“ejecuciónde programasde accesoaagua potable y construcción de redes y sistemas de saneamiento”. Naturalmente, tan profusos y costosos proyectos se realizarán con plena financiación estatal porque, como se sabe, las Farc no aportarán un centavo. Para ese fin está previsto que el Estado, con laparticipacióndecisivade lasFarc,diseñe unos“planesnacionalesde reparacióncolectiva”en todo el país, “articulados” con otros “planes de desarrollo con enfoque territorial” (PDET), que al igual que otra multitud interminable de planes relacionados con este punto, financiados enteramente porel sectorpúblico.Enel documentose estipulaque el Estadodeberá“tomartodas las medidasnecesariasparala financiaciónplenay efectivade la Políticade atencióny reparación integral a víctimas, incluyendo el fortalecimiento del Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, la ampliación de sus fuentes de financiación y de los mecanismos de captación de recursos,asícomo lapromociónde losmecanismosdeparticipaciónyde veeduríacomodispositivo de control de lasvíctimassobre el Fondo.”LasmismasFarchanhabladode un4% anual del PIBpara financiar estos y otros estrambóticos planes, cifra cercana a los 32 billones de pesos.
  23. 23. 23 Las Farc solo adquieren la vaporosa obligación de “contribuir a la reparación material de las víctimas” a través de “acciones de… reparación por los daños causados que podrán incluir entre otras,laparticipaciónenobrasde reconstrucciónde infraestructuraenlosterritoriosmásafectados porel conflicto…”.Peroparacorroborarque suaporte materialseránulo,se cubrieronde antemano con este compromiso del gobierno: “El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individuamente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientespara repararlos.” Como dicen las Farc no tenerlos.El Estado (los colombianos que contribuimos),coloca el dinero, y las Farc se preciará ante las víctimas de ser su reparador y redentor. Otros aportesde lasFarc son tambiénsimbólicos,comosabemos:el programade desminado,que será ejecutado por el Ejército, corriendo todos los riesgos y costos; el de sustitución de cultivos ilícitos, que adelantan y proseguirán otros entes estatales, donde las Farc serán solo asesores y acompañantes;yel de identificaciónyrecuperaciónde desaparecidos,queyadesarrollandiferentes instituciones públicas especializadas, y al que las Farc solo contribuirán con calculadas y vagas informaciones. Comono se renunciaa la “combinaciónde todaslasformasde lucha”,se perdonarásinfórmulade juicio a quienes se han encargado de favorecer a los terroristas desde la legalidad. Hubo “para- política” con condenas a numerosos particulares y servidores públicos, que han pagado cárcel y perdidosusderechospolíticos.Peronohabrá“Farc-política”,se hapactadoenCuba.Losservidores y auxiliadoresde laguerrillatienenaseguradalaimpunidadplenaylarecuperaciónde losderechos perdidos, como el de volver a hacer política. Según el punto 33, en relación con “las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturalesencualquierjurisdicción,lacompetenciade laJurisdicciónEspecial paralaPazse limitará biena anular o extinguirlaresponsabilidadolasancióndisciplinariaoadministrativaimpuestapor conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado.” El numeral 42 agrega: “Las investigaciones en curso y las sanciones disciplinarias y/o administrativas también se extinguirán cuando hayan sido impuestaspor conductas o actuaciones relacionadas con el conflicto armado o la rebelión”. Conocedores de estos temas indican que semejantes previsiones tienen nombre propio. Además, las Farc lograron que en el proyecto de ley de amnistía que incluyen en Acuerdo Final (AnexoI),se incorpore el entramadode organizacionesypersonasque orbitanasu alrededorpara acompañar enlos más diferentesescenariossuluchaarmada, con la “movilización”yla “protesta” social.La informacióndellistadode casosala “Salade definiciónde situacionesjurídicas”de laJEP, en este particular, será proporcionada por “organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular” y se referirán a los siguientes delitos: “asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, , perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno,lesionespersonalesydemásdelitosocasionadosenelmarcode laleydeseguridadciudadana o en ejercicio de la protesta social”. Se determinará por la Sala citada de la JEP la “cesación de procedimientoconmirasa la extinciónde laaccióny laresponsabilidad”,paraquienesnohansido condenadosoapresados,oexcarcelaciónsi yalohansido.(Artículos27 y 36 del proyectode leyde amnistía). V. Dejación de las armas y participación política Los puntos 2 y 3 del Acuerdo Final se refieren a la “participación política” y al “fin del conflicto” (incluidala“dejaciónde lasarmas”).Examinemossucontenido.El centrode estospuntosesdefinir
  24. 24. 24 el tránsitode laorganizaciónarmadaaunpartidopolítico,queesel propósitoevidentede acuerdos de este tipo, pero que se ha convenido bajo condiciones inaceptables, desproporcionadas y antidemocráticas. Los postulados que guían las concesiones otorgadas, son claros. Se parte de la descalificación de nuestro sistema, para darle satisfacción a las Farc y justificar sus acciones criminales durante décadas.Niegaimplícitamente que poseamosunrégimendemocráticoyde libertades.De allí que el documento se atreva a afirmar: “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliaciónyprofundizaciónde lademocracia…,a fin de transitar a un escenarioenel que impere la democracia…”. Esto es, en Colombia no impera la democracia y no imperará hasta que no se cumplan las previsiones del bendito acuerdo. En su lógicaabsurdael problemanoson losdaños que las organizacionesterroristasle provocana la institucionalidad,sinolaslimitacionesytrabasde nuestroEstadoparala participaciónpolíticade las organizaciones y movimientos contestatarios, lo que supuestamente ha explicado su violencia contra el establecimiento. Nuestra democracia es absolutamente restringida, cerrada y discriminatoria, por lo que “es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”. Tenemos violencia porque no tenemosdemocracia; y este acuerdonostraeráunagran “aperturademocrática”(viejolemadel PartidoComunista) para“forjar la paz”. Claroque losplenipotenciariosde LaHabananopodíaneludirporenteroelproblemade laviolencia y su impactoenla vidanacional.Peroal mejorestilode lasFarc,establecieronque éstaagrupación no era su generadora y responsable principal,sino que es un problema de todos los colombianos. En el lenguaje turbio que caracteriza todo el mamotreto,lo explicaron de este modo: “La firma e implementacióndel AcuerdoFinal contribuiráalaampliaciónyprofundizaciónde lademocraciaen cuanto implicaráladejaciónde las armas y la proscripciónde la violenciacomo método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia,congarantíasplenasparaquienesparticipenenpolítica,yde esamaneraabriránuevos espacios para la participación.” Ahora resulta que el acuerdo final que se pacte implicará “la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”, y no para las guerrillas en particular. ¿Cuándo la inmensa mayoría de los colombianos hemos apelado a la violencia como método de acción política? ¡Nunca! Son unas minorías alucinadas e impregnadas de narcotráfico hasta los tuétanos las que han ejercido esa violencia, y la han justificado con la nefasta tesis de “combinar todaslas formasde lucha”.Para evadirese asuntose conviene entregobiernoyFarcconvocar a un “Pacto Político Nacional” (punto 3.4.2), dizque para “hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo”, sin hacer la más mínima mención de “organizaciones violentas” como la guerrilla. El partido de las Farc, que crearán al firmarse el Acuerdo Final, tendrá unas características que relatamos a continuación, y que no significan un idílico mejoramiento de nuestro sistema democrático, sino la gestación de un peligro mayúsculo. a) Será un partido armado Está pactadoenLa Habanaque luegode lafirmadelAcuerdoFinalse desencadenaráunmecanismo de “dejación de las armas”, monitoreado y supervisado por la ONU, que luego de recaudadas las fundirápara erigirtres monumentos.Aunquenose contemplócuántasarmas deberánentregar,y hay sospechasde que por tal razón seráfácil que dejenescondidasalgunasocirculandoen manos
  25. 25. 25 de guerrilleros con otros brazaletes; aunque se previó que ninguna autoridad nacional (como la Fiscalía) tendrá conocimiento de cada una (para verificar, por ejemplo, que fueron usadas al cometer determinados crímenes, asegurando la impunidad de sus portadores); y aunque se permitió que no las “dejaran” antes de la refrendación, de suerte que puedan utilizarlas para presionar en el plebiscito, damos por sentado que serán entregadas en los términos fijados. Entonces, no nos ocuparemos en detalle del proceso minucioso de concentración en zonas veredales y la “dejación” de sus armas. Lo preocupante no es eso, sino que se estipularonen el Acuerdo dos asuntos de la mayor gravedad, que merecen la atención nacional. El primero, consistente en que las Farc consiguieronque el Estado decidiera crear un cuerpo élite de policías,para combatir a los“enemigos”de las Farc, como los paramilitaresosus herederos,lo mismo que para “la persecución de las conductas criminales que amenacenla implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Con el agregado de que dicho garrote, aunque de composición policiaca, acatará orientaciones de organismos superiores que se crean, con participación determinante de las Farc. En cambio, a las Farc nadie las vigilará. Se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para perseguir organizaciones criminalesopuestasal procesode “paz”(numeral 3.4.3),de altonivel,conparticipaciónde lasFarc. Tendrá entre sus funcionestrazarlas políticasde combate a esos gruposcriminales, lomismoque “la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos”. Incluidos por supuesto los militares, pudiéndose desatar, como lo advierte el Procurador, una purga intensa de las fuerzas armadas. Y excluyendode talesprocedimientosalos funcionariospatrocinadoresde lasguerrillas, comoesobvio.Y,con el mismoobjeto,se crearáunaUnidadEspecial de InvestigaciónenlaFiscalía, dirigida contra el paramilitarismo o sus auspiciadores. Finalmente (numeral 3.4.5) se creará un Cuerpo Élite de la Policía Nacional,para llevar a cabo las tareas que le asignen los dos entes antes mencionados. Causa extrañezaque el gobiernopactara con semejantescriminales,el combate contraotrosde la misma calaña -como los paramilitares-, al estilo de viejas alianzas de algún gobierno de ingrata recordación con unas mafias para enfrentar otras. La vaguedad de lo convenido permite inclusive pensar que los instrumentos acordados puedan usarse contra los opositores a los diálogos habaneros, repetidamente calificadosde “enemigosde la paz”. Pero, sobre todo, causa inquietud que entre las organizaciones criminales que se pactó combatir no se incluyeran las guerrillas supérstites de este proceso, como el Eln. El gobiernoaceptóconvertirese desaguisadoennormaconstitucional.Mientrasnadaequivalente se adoptófrente alaguerrilla,enel punto3.4.2sobre “PactoPolíticoNacional”se dispuso:“Eneste sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.” Increíble pero cierto. El fenómeno del paramilitarismo no puede repetirse, el de la guerrilla sí. El segundoasuntoes que el acuerdoautorizalacreaciónde gruposde protecciónyseguridadde los dirigentes y militantes del partido de las Farc, compuestos por los más curtidos guerrilleros y dirigidos por sus mismos comandantes, que serán dotados de armamento por el Estado y que fungirán como organismos legales. Ningún partido político en Colombia detentará semejantes

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