El procedimiento por admisión de los hechos permite que un imputado reconozca los hechos que se le imputan para recibir una pena reducida. Se aplica a altos funcionarios como el Presidente y diputados, y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es la competente para juzgarlos. El proceso implica una querella del Fiscal General, audiencia donde se expone la querella y defensa, y la Sala Plena tiene 30 días para decidir si hay mérito para enjuiciar o no al funcionario.