Sentencia Proceso Concursal

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Doctrina ámbito concursal a favor de la repercusión del IVA

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Sentencia Proceso Concursal

  1. 1. AUTOEn Granada, a 25 de octubre de 2010 ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- En el concurso necesario de PROLACON MAR S.L, tramitado ante esteJuzgado de lo Mercantil con el nº 49/2007, se ha dictado con fecha 7 de septiembre de2010 Decreto de la Sra. Secretaria por la que las fincas registrales nº 15.030, 15.031,15.032, 15.033, 15.034, 15.035, todas del Registro de la Propiedad de Cuevas deAlmanzora, han sido adjudicadas, tras el plazo previsto en el artículo 670.4 de la LEC paramejorar la postura, a la entidad CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C (en adelanteCAJAMAR), única licitadora y acreedora hipotecaria de la concursada, titular por tanto dela garantía hipotecaria otorgada por la prestataria concursada sobre dichos inmuebles, porel 50% de su valor de tasación a ese efecto.El importe global, por tanto, de dicha adjudicación ha alcanzado la suma de 539.003’60euros, cifra incluida en el límite de la responsabilidad hipotecaria global de las fincastransmitidas e inferior al crédito privilegiado reconocido a dicho acreedor.En dicho Decreto se ha acordado expedir título bastante del mismo para que sirva de detítulo bastante para su inscripción, así como poner a CAJAMAR en posesión de las fincasdescritas, con cancelación de la garantía hipotecaria.SEGUNDO.- Por providencia de fecha 23 de septiembre de 2010 se ha requerido a laADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE PROLACON MAR S.L a los efectos deinformar sobre la suma correspondiente a la liquidación del IVA derivado de latransmisión efectuada, antes de verificar la devolución a la adjudicataria del importeconsignado para participar en la subasta.Con fecha 29 de septiembre de 2010 la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DEPROLACON MAR S.L cifró la suma a pagar en 97.020’65 euros, aplicando un tipo del18%. FUNDAMENTOS JURIDICOSPRIMERO.- Habiéndose adjudicado las fincas reseñadas a CAJAMAR en la subastajudicial celebrada en el seno de la ejecución hipotecaria ya descrita, el requerimiento delpago del IVA devengado con esta transmisión exige cerciorarse previamente de que, enefecto, se trata de una operación sujeta al impuesto y no exenta.La respuesta a esta pregunta debe ser positiva: teniendo a la vista la Ley 37/1992 del IVA,asistimos a una entidad mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria, titular de lasfincas reseñadas en el decreto de adjudicación, esto es, viviendas integradas, junta a otrasque están siendo objeto del correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria anteeste Juzgado y en el mismo concurso (66 en total), en la promoción inmobiliaria de la
  2. 2. concursada en el término almeriense de Pulpí; viviendas, por demás, sin terminar deconstruir, lógicamente sin certificado final de obra ni licencia de ocupación. Por tanto, setrata a efectos de este impuesto de una transmisión de bienes efectuada por el empresarioen el desarrollo de su actividad, hecho imponible del IVA, cuyo sujeto pasivo, según elartículo 84.1 de la LIVA, no es otro que la concursada, que debe en principio repercutiríntegramente el importe del impuesto sobre la persona para la que efectúa su prestación(art. 88 LIVA), que debe soportarlo, con un tipo en este caso, sin finalización de lasviviendas, del 18%. Siendo la base imponible el importe de la contraprestación de lasoperaciones sujetas al impuesto, en este caso 539.003’60 euros, la cuota a repercutir aCAJAMAR, pues, es de 97.020’65 euros.Este importe debe ser pagado ya por CAJAMAR: el artículo 75 de la Ley del IVA fija eldevengo del impuesto en el momento en que tenga lugar la puesta a disposición deladquirente de los bienes objeto de enajenación y adjudicación, y como se desprende de laResolución del TEAC de 28 de abril de 2009, que parte de un concepto comunitario de“puesta a disposición" y “entrega de bienes” (STJCE de 8 de febrero de 1990), el conceptode entrega es más amplio, de cara a la aplicación del IVA, que el concepto jurídico detransmisión del dominio, produciéndose en cada caso que el adquirente dispone de lasfacultades del propietario, lo que en las subastas judiciales derivadas del artículo 131 de laLH no acontece con la aprobación del remate, como había entendido el TEAR, sino con elauto (hoy decreto) de adjudicación.No desconozco las dudas que ha planteado la sujeción al IVA de las transmisionesinmobiliarias en las que se asientan las ejecuciones hipotecarias. Pero sin necesidad deexaminar las resoluciones judiciales y opiniones doctrinales recaídas al respecto, debendestacarse algunas resoluciones relevantes, de diverso ámbito y relevancia. De un lado, elTEAC ya ha manifestado su criterio favorable en este mismo sentido. Por ejemplo, en laya citada Resolución de 28 de abril de 2009, resolviendo un recurso de alzada ordinariocontra la resolución de la reclamación económico-administrativa dictada en primerainstancia por el TEAR, interpuesta a su vez contra una liquidación tributaria derivadade un acta de disconformidad referida al IVA tras una adjudicación de bienes efectuadaen subasta judicial a través del procedimiento del artículo 131 de la LH idéntico al yadescrito en este auto, el TEAC recoge la doctrina establecida por él mismo, así comopor, entre otras, las sentencias de la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2007 y delTribunal Supremo Sala 3ª de 3 de julio y 2 de octubre de 2007, y afirma con claridadque en estos casos la condición de transmitente y adquirente no resulta afectada aunquela misma tenga carácter forzoso, esto es, mediante subasta judicial; la transmisión larealiza el propietario de los bienes adjudicados, de modo que el Juez se limita aencauzar la venta: la propiedad de la finca no pasa del deudor al Juzgado y de éste aladjudicatario, sino que el Juzgado se limita a efectuar la venta de los bienes del deudorpor fuerza y documentar la misma mediante el auto (ya decreto) de adjudicación; y que,puesto que la entidad deudora, como propietaria de los inmuebles adjudicados tiene lacondición de empresario o profesional, la entrega efectuada mediante el procedimientojudicial del art.131 de la LH queda sujeta al IVA y no al Impuesto sobre TransmisionesPatrimoniales. La Dirección General de Tributos también mantiene esta tesis (porejemplo, Consulta Vinculante nº V2041/05, de 11 de octubre de 2005, que enfatiza queel grado de terminación de las viviendas es indiferente mientras no conste lafinalización completa).Más clara y relevante, al dictarse por el Tribunal Supremo y en unificación de doctrina,es la STS Sala 3ª de 31 de mayo de 2010, que parte de una doctrina sentada en otrasanteriores del mismo tipo y sentido, que como vemos seguidamente anima las
  3. 3. decisiones del TEAC. Se impugnaba en este caso la STSJ de Asturias de 22 de febrerode 2005, dictada por su Sala de lo Contencioso-Administrativo, la cual, asumiendoíntegramente la tesis mantenida en la vía económico-administrativa por el TEAR,desestimó la tesis de la recurrente, que consistía en la no sujeción de la adjudicación delbien inmueble adjudicado mediante subasta pública judicial al Impuesto sobreTransmisiones Patrimoniales, sino al IVA, argumentando al respecto que, aun cuandose estimase que la transmisión del bien producida por razón de la ejecución hipotecariapueda entenderse como entrega hecha por empresario en el ejercicio actividadempresarial, en todo caso no se cumple el requisito de primera entrega que, siendobienes inmuebles, es preciso para que dicha transmisión quede sometida al IVA: “Enefecto, atendiendo al tiempo de producirse las transmisiones resulta ciertamentecuestionable el que se pueda entender se trataba de entrega hecha por empresario en elejercicio actividad empresarial pues de hecho la entrega en este caso la hace eljuzgado y no es actividad empresarial sino la ejecución de bienes para hacerse pagolos acreedores de las deudas”.Pues bien, según el Tribunal Supremo esta tesis no es correcta. Para explicarlo, seremite a las SSTS Sala 3ª de 18 de noviembre de 2009, 3 de julio de 2007 y 20 denoviembre de 2000, señalando que en una transmisión de derechos reales, como lapropiedad, la condición de transmitente y adquirente no resulta afectada por el modo enque se efectúe la transmisión, ya que, sea la misma voluntaria o forzosa (caso de lasubasta judicial), el transmitente es el titular del derecho real que se cede, abstracciónhecha de quien sea el órgano que formalice o documente dicha transmisión: “Enrealidad, el Juez se limita a encauzar la venta, impuesta forzosamente al propietario-deudor, pero no lo suplanta si no es, exclusivamente, en el plano instrumental, ya que,en el plano de los derechos reales, la propiedad se transmite directamente delpropietario-deudor al adquirente-adjudicatario, sin que tal propiedad haya pasado deaquél al Juez y de éste al adjudicatario; y es que el Juez, en la suplantación que hacedel deudor, se limita a dictar el auto de adjudicación (en lugar de la escritura de ventaque en su caso debería realizar el propio deudor -según los antiguos artículos 1514 y1515 de la LEC, ahora reformados por la Ley 10/1992, que los ha adecuado al sistemaimperante en el artículo 131 de la LH, en el que el auto judicial aprobatorio de laadjudicación es, por sí solo, el título y el modo transmisivo)”. La Sala 1ª también haabundado en esta tesis.Además, si se interpretara que la intermediación judicial priva a la entrega de sucondición de transmisión en el ejercicio de la actividad empresarial, quedaría vacío decontenido el artículo 8.Dos.3 de la Ley del IVA (que conceptúa como entrega de bienessujeta al IVA la transmisión en virtud de una norma o de una resolución administrativao jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa) y cabría preguntarse en qué supuestosse aplicaría entonces tal precepto, pues en dichos casos de transmisiones porresoluciones judiciales nunca habría acto propio de actividad empresarial, quedandoinaplicable el artículo. Debe reputarse, por tanto, concluye el Tribunal Supremo, que“la actividad empresarial de un promotor inmobiliario está integrada tanto por latípica venta voluntaria de pisos para obtener la rentabilidad propia de tal negocio,como por la venta forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas generadas endicha actividad (pues la misma implica no sólo la obtención de ingresos sino tambiénla obligación de pagar las deudas, soportando, en su caso, cuando no se puedaatenderlas voluntariamente, la ejecución forzosa del patrimonio -de modo que ventavoluntaria y venta forzosa no son sino las dos caras de la misma actividadempresarial-)”.
  4. 4. SEGUNDO.- Afirmada la sujeción al IVA de la adjudicación efectuada a CAJAMAR ysu correspondiente obligación de ingreso, no parece dudoso que el devengo acontece enestos casos con posterioridad a la declaración del concurso, surgiendo un crédito contrala masa a favor de la AEAT. Sin embargo, también es claro que, siendo así, y conformea la regla del devengo por vencimiento que establece el artículo 154.2 de la LC, lainyección económica que recibe la concursada habrá de ser destinada al pago de loscréditos contra la masa anteriores, tras lo cual deberá atenderse este nuevo créditoprededucible.En este sentido, resulta e interés poner de relieve la inaplicación al caso del artículo87.5 de la Ley del IVA y la responsabilidad subsidiaria que establece: no se asiste aningún supuesto de presunción razonable de inexistencia de declaración e ingreso, puesel crédito contra la masa que surge para la AEAT entraña por supuesto elreconocimiento de su derecho crediticio y la obligación posterior de declaración eingreso, sin perjuicio de que, como es de rigor, se vea sujeto a la disciplina concursal, nicabe entender que, para activar esa posible presunción, se haya pagado un precionotoriamente anómalo, pues el pago se ajusta estrictamente a las disposiciones de la LCy la LEC.Por todo ello DISPONGOSe requiere a la entidad CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C para que abone la suma de97.020’65 euros en concepto de IVA devengado por la adjudicación hipotecaria efectuadaen su favor de las fincas registrales reseñadas en el decreto aludido en esta resolución.Constando la consignación efectuada por la adjudicataria para participar en la puja, firmeque sea este auto devuélvase el importe consignado previa deducción de la suma indicadaen concepto de IVA.Con arreglo al artículo 197 de la LC, contra esta resolución cabe interponer recurso dereposición.Así por este mi auto, lo manda y firma D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO,Magistrado, Juez del Juzgado de lo Mercantil de Granada.

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