Derechos humanos

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Derechos humanos

  1. 1. Derechos humanosJusticiaSegún los principios internacionales “Se considera víctima a la persona que, individual ocolectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normasinternacionales de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, hayasufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidafinanciera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Se podrá considerartambién víctimas a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctimadirecta, así como a las personas que al intervenir para asistir a la víctima o impedir que seproduzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos (…) Lacondición de víctima no debería depender de que se haya identificado, capturado,enjuiciado o condenado al autor de la violación y, debería ser independiente de todarelación que pueda existir o haya existido entre la víctima y ese autor” .En sentencia T-1267 de 2001, la Corte Constitucional reitera la doctrina sobre lasuperación de la idea puramente económica de sus derechos entre ellos a la participaciónactiva en todo el proceso. Se pone el énfasis en las obligaciones que tienen que ver con lainvestigación seria que corresponden al Estado, frente a los derechos de las víctimas nosólo a ser reparadas, sino a saber qué ocurrió y a que se haga justicia; deber que tieneparticular relevancia cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos.Pero cuáles son estos derechos:1. El derecho a la verdad es el que tienen las víctimas de saber lo que realmente sucedió, eldeber de recordar; el derecho de las víctimas a saber. Esto comporta el derecho de cadapueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstanciasque llevaron a la perpetración de los crímenes. El conocimiento por parte del pueblo de lahistoria de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidasadecuadas encaminadas al deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero,determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como susfamiliares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible aconocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y encaso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.2. El derecho a que se haga justicia que tiene que ver con la garantías para las víctimas delos delitos que se derivan de unos deberes para las autoridades, que pueden identificarseasí: El deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipesde los delitos; el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. La jurisprudenciaconstitucional ha señalado el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de suscomponentes naturales el derecho a que se haga justicia.1. El derecho a la reparación integral del daño. De acuerdo con los parámetrosestablecidos por la ONU en el informe sobre la actualización de los principios para la luchacontra la impunidad, un programa de reparaciones administrativas debe comprender unacategoría amplia de delitos para ser reparados, como condición de credibilidad delprograma y debe incluir medidas judiciales de reparación, de lo contrario, “se corre elpeligro de que los beneficios que distribuye se vean como la moneda con la que el Estadointenta comprar el silencio o la aquiescencia de las víctimas y sus familias”. Sin embargo,en el decreto 1290 de 2008 las anteriores condiciones no fueron contempladas por el
  2. 2. gobierno Uribe.El derecho de reparación, también presenta una dimensión individual y otra colectiva.Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima,y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución,(ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. Ensu dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como laadopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de lascolectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesariastendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a lavíctima al estado en que se encontraba antes de la violación.Los Derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: Manual para víctimas, susrepresentantes legales y ONGMise à jour le 4 de mayo de 2010Version PDFImprimirEnviar por e-mailCompartirLa FIDH lanza su "Manual para víctimas, sus representantes legales y ONG sobre losderechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional".
  3. 3. La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 para juzgar a autores de genocidio,crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra; para que las víctimas seanreconocidas y rehabilitadas; para prevenir la repetición de los crímenes atroces que hanpadecido; y para detener la mano de los criminales.Una condición fundamental debe cumplirse para que se alcancen estos objetivos: laapropiación por las víctimas y, más allá de ellas, por la sociedad civil toda, del sistema de laCPI.Este Manual ayudará a las víctimas, sus representantes legales y las ONG a usar la CortePenal Internacional para que las víctimas puedan al fin obtener verdad, justicia yreparación.De acuerdo con el mandato de la FIDH y basándose en su vasta experiencia en el apoyo yasistencia de víctimas en sus acciones legales ante tribunales nacionales, la FIDH decidióextender las actividades de su Grupo de Acción Legal para facilitar la participación yrepresentación legal de víctimas ante la CPI.Durante los últimos tres años, la FIDH, en colaboración con sus organizaciones miembrosy organizaciones amigas, ha enviado comunicaciones e información a la Fiscalía de la CPIsobre crímenes de competencia de la CPI. A través de la asistencia y apoyo a las víctimasen sus solicitudes de participación en los procesos ante la CPI, la FIDH busca contribuir alreconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas ante la CPI. En particular, la FIDHha trabajado extensamente con víctimas en la República Democrática del Congo (DRC) yha contribuido a la puntualización del régimen de participación de víctimas.La FIDH estuvo al principio de la decisión histórica de la Corte Penal Internacional del 17de enero de 2006, sobre las primeras solicitudes de participation de víctimas presentadas
  4. 4. por miembros del Grupo de Acción Legal. La Sala de Cuestiones Preliminares resaltó que:"el Estatuto [de la CPI] confiere a las víctimas una voz y un rol independientes en elprocedimiento ante la Corte... La Sala considera que el artículo 68(3) del Estatuto [quedefine el derecho de participación] también otorga a las víctimas el derecho de participaren la lucha contra la impunidad... La Sala considera que el interés personal de las víctimasse ve afectado de manera general al estadio de la investigación, porque la participación delas víctimas en esta etapa puede servir para clarificar los hechos, para castigar a losautores de los crímenes y para solicitar reparaciones por el daño que se les ha causado".La FIDH ha elaborado el Manual sobre derechos de las víctimas, que explica en detalle losprocedimientos y mecanismos para que las víctimas participen, sean representadas,soliciten protección y reparaciones ante la CPI.SENTENCIA C-370/06Referencia: expediente D-6032Demanda de inconstitucionalidad contra losartículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55,58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005“Por la cual se dictan disposiciones parala reincorporación de miembros de gruposarmados organizados al margen de la ley,que contribuyan de manera efectiva a laconsecución de la paz nacional y se dictanotras disposiciones para acuerdos humanitarios”, y contra la ley en su integridad.Demandante: Gustavo Gallón Giraldo yotrosMagistrados ponentes:Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
  5. 5. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑODr. RODRIGO ESCOBAR GILDr. MARCO GERARDO MONROYCABRADr. ALVARO TAFUR GALVISDra. CLARA INÉS VARGASHERNÁNDEZ.Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de de dos mil seis (2006).CONTENIDOI. ANTECEDENTES……………………………………………….2II. NORMAS DEMANDADAS…………………………………….2III. LA DEMANDA………………………………………………..29IV. INTERVENCIONES…………………………………………100V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL…………...176VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE……………………206VII. DECISION…………………………………………………..373 2/436La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribucionesconstitucionales y de los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067de 1991, ha proferido la siguienteSENTENCIAI. ANTECEDENTES.El ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y otros numerosos ciudadanos presentaron acciónpública de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005 “Por lacual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de gruposarmados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectivaa la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones paraacuerdos humanitarios”, en su totalidad, o, en subsidio, la inconstitucionalidad de losartículos 2 parcial, 5 parcial, 9 parcial, 10 parcial, 11.5 parcial, 13parcial, 16 parcial, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34,
  6. 6. 37.5, 37.7, 46 parcial, 47, 48 parcial, 54 parcial, 55 parcial, 58, 62, 69, 70 y 71de la misma Ley.Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos deinconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de lademanda de la referencia.II. NORMAS DEMANDADAS.A continuación se transcribe el texto completo de la Ley tal como obra en elDiario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, dado que los demandantesacusaron en su integridad la Ley, y en particular algunas disposiciones que sesubrayan.“LEY 97525/07/2005por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación demiembros de grupos armados organizados al margen de la ley, quecontribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacionaly se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.El Congreso de ColombiaDECRETA:CAPITULO I 3/436Principios y definicionesartículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesosde paz y la reincorporación individual ocolectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margende la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, lajusticia y la reparación.Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, elgrupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismoscomo bloques, frentes u otras modalidades deesas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
  7. 7. Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regulalo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de laspersonas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores opartícipes de hechos delictivos cometidos durante y conocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decididodesmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarsede conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificadospor Colombia.La incorporación de algunas disposiciones internacionales en lapresente ley, no debe entenderse como la negación de otras normasinternacionales que regulan esta misma materia.La reinserción a la vida civil de las personas que puedan serfavorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficioestablecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuestoen dicha ley.Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender laejecución de la pena determinada enla respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por lacontribución del beneficiario a laconsecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia,la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. Laconcesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso dereconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, elderecho de 4/436las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido procesoy las garantías judiciales de los procesados.Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presenteley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido dañosdirectos tales como lesiones transitoriaso permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional,
  8. 8. pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislaciónpenal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañerapermanente, y familiar en primer grado de consanguinidad,primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dadomuerte o estuviere desaparecida.La condición de víctima se adquiere con independencia de que seidentifique, aprehenda procese o condene al autor de la conductapunible y sin consideración a la relación familiar existente entre elautor y la víctima.Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de laFuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algúntipo de discapacidad tísica, psíquica y/osensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, comoconsecuencia de las acciones de algún integrante omiembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero ocompañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembrosde la fuerza pública que hayan perdidola vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, comoconsecuencia de los actos ejecutados poralgún integrante o miembros de los grupos organizados al margende la ley.Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas ala reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización,rehabilitación, satisfacción; y las garantías deno repetición de las conductas.Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a lasituación anterior a la comisión del delito.La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados
  9. 9. por el delito.La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a larecuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuenciadel delito.La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes arestablecer la dignidad de la víctima y difundirla verdad sobre lo sucedido.Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y eldesmantelamiento de los grupos armados al margende la ley.Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada afavor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a 6/436asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repeticiónde los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, elperdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblacionesafectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para lascomunidades afectadas porla ocurrencia de hechos de violencia sistemática.Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas osimbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliaciónprevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor,el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público,podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición deordenador del gasto del Fondopara la Reparación de las Víctimas.14/436Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que lavíctima no ejerza su derecho en elincidente de reparación integral.CAPITULO V 16/436
  10. 10. Pena alternativaArtículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del TribunalSuperior de Distrito Judicial determinará la pena que correspondapor los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del CódigoPenal.En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala leimpondrá una pena alternativaque consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y nosuperior a ocho (8) años, tasada deacuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento delos mismos.Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que elbeneficiario se comprometa a contribuir con su resocializacióna través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempoque permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a ladesmovilización del grupo armado almargen de la ley al cual perteneció.Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas enla sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la penaalternativa impuesta, períododurante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir enlos delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarseperiódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y ainformar cualquier cambio de residencia.Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo deprueba, se declarará extinguida la pena principal. En casocontrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmentedeterminada, sin perjuicio de lossubrogados previstos en el Código Penal que correspondan.Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales,beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa.
  11. 11. Derechos de las víctimas frente a la administración de justiciaArtículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a laadministración de justicia. En desarrollode lo anterior, las víctimas tendrán derecho:38.1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, lade sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resultenamenazadas.38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, acargo del autor o partícipe del delito.38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y enlos términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinentepara la protección de sus intereses; yconocer la verdad de los hechos que conforman las circunstanciasdel delito del cual han sido víctimas.38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y ainterponer los recursos cuando ello hubiere lugar.38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la ProcuraduríaJudicial de que trata la presente ley.38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, enel evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de lossentidos.Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a 20/436los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todaslas acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar fí-sico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas ylos testigos, así como, la de las demás partes del proceso.
  12. 12. Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género yla salud, así como la índole del delito,en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a laigualdad de género o violencia contra niños y niñas.Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan coneste tipo de víctimas.Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos delacusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatiblescon estos.Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácterpúblico de las audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin deprotegera las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que unaparte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio através del sistema de audiovideo para permitirsu contradicción y confrontación por las partes.En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas deagresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que sean víctimaso testigo.Derecho a la reparación de las víctimasArtículo 42. Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que resultenbeneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a lasvíctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediantesentencia judicial.Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebeel daño y el nexo causal con las actividadesdel Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de lapresente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidadde Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de Distrito Judicial
  13. 13. al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijarálas medidas pertinentes.Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las víctimas dela que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización,rehabilitación y satisfacción.Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, elcondenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si lostuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que sele hayan impuesto;colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliacióno suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure elcumplimiento de sus obligaciones de reparación.Son actos de reparación integral los siguientes:45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para lareparación de las víctimas.45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas másvinculadas con ella.45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaraciónpública de arrepentimiento, la solicitud deperdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas se-22/436cuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de lasvíctimas.45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personasmuertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar segúnlas tradiciones familiares y comunitarias.Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los gruposarmados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendoal Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con loshechos que sean de su conocimiento.Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.
  14. 14. Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización delos actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violaciónde sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar deresidencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y lasComisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe acerca del procesode reparación a las víctimas de los gruposarmados al margen de la ley.52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata lapresente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para laRestitución de Bienes.52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquenimpedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.52.9 Darse su reglamento.Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisionesregionales serán las responsables de propiciar 25/436los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad ytenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1)representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá;un delegado de laProcuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital;un (1) Delegado del Defensor del Pueblo;y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidadesreligiosas y determinará, de acuerdo conlas necesidades del proceso, el funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase elFondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personeríajurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Losrecursos del Fondo se
  15. 15. ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que acualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales aque se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional ydonaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la ContraloríaGeneral de la República.Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11,se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por estaley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigacionespenales y acciones deextinción del derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre quela conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado almargen de la ley ycon anterioridad a la vigencia de la presente ley.El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, enparticular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienesrespecto de terceros de buena fe.Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Redde Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente 26/436ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignadopara el Fondo, las siguientes funciones:56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que tratala presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional.56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar.56.4 Las demás que señale el reglamento.CAPITULO XConservación de archivosArtículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia delas causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos
  16. 16. armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados,en cumplimiento del deber a la preservaciónde la memoria histórica que corresponde al Estado.Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derechoa la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ello losórganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General de laNación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o lafalsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sinperjuiciode la aplicación de las normas penales pertinentes.Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. Elacceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientespara hacer valer sus derechos.Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades deautorización sólo tendrán la finalidad delcontrol de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines decensura.En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a laintimidad de las víctimas de violenciasexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los gruposarmados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, lostestigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad. 27/436CAPITULO XIAcuerdos HumanitariosArtículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a lapaz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la ConstituciónPolítica, habida consideración de la situación de orden públicoque vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamenteconstituidas.Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar asus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdoshumanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.
  17. 17. Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridadcompetente, para los efectos y en los términosde la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la penaalternativa a favor de los miembros de los gruposarmados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue aacuerdos humanitarios.El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estasdecisiones contribuyan efectivamente a labúsqueda y logro de la paz.CAPITULO XIIVigencia y disposiciones complementariasArtículo 62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en lapresente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a lapromulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan amiembros de grupos armados al margen de la ley beneficios másfavorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos delmecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyesposteriores.Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores por partede miembros de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de losbeneficios a que se refieren la presente leyy la Ley 782 de 2002. 28/436Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía Generalde la Nación apropiarán los recursossuficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación dela ley de extinción de dominio.Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a lavida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de losdesmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación queles facilite acceder a empleos productivos.
  18. 18. Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurarásu apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten sureincisión social y adopción a la normal vida cotidiana.Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creenen virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema dejusticia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales,serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado delos actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los gruposde apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados,estará a cargo delos Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la CorteSuprema de justicia, tendrán prelaciónsobre los demás asuntos de competencia de la Corporación y deberán ser resueltos dentrodel término de treinta días.Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias deresolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesaciónde procedimiento, según el caso, por los delitos de conciertopara delinquir en los términos del inciso primero del artículo340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir enlos términos del inciso primerodel artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y portede armas y municiones.Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan 29/436las condiciones establecidas en el presente artículo, tambiénpodrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento deentrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendránderecho a que se les rebaje la pena
  19. 19. impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados porlos delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales,lesa humanidad y narcotráfico.Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecuciónde penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buencomportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, sucooperación con la justicia y susacciones de reparación a las víctimas.Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del CódigoPenal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en eldelito de sedición quienes conformen o hagan parte de gruposguerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con elnormal funcionamiento del orden constitucional y legal. Eneste caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de laConvención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícitode Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito enViena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67de 1993".Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todaslas disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamentea hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir dela fecha de su promulgación”.III. LA DEMANDA.La demanda de inconstitucionalidad que dio inicio al presente proceso fue interpuesta porun grupo de ciento cinco (105) ciudadanos colombianos, obrandoen nombre propio o en representación de diversas organizaciones, en contra dela Ley 975 de 2005 en su totalidad, o en subsidio, contra determinados apartesde los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5,
  20. 20. 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71. 30/436Para efectos de precisión, en esta sección se reseñarán con todo detalle los distintos cargosde inconstitucionalidad contenidos la demanda, siguiendo la estructura de la misma. Dichaestructura consta de tres partes principales: (1) uncapítulo titulado “Síntesis” en el que se resumen los cargos de forma y de fondopresentados contra la norma acusada, (2) un capítulo en el que se exponen ciertasconsideraciones previas sobre el ámbito de aplicación de la ley demandada,y (3) un capítulo en el que se presentan los diversos argumentos que configuranlos cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra la disposición que se revisa.1. Síntesis de los cargos de inconstitucionalidad a examinar.1.1. Explican los demandantes que la Ley 975 de 2005 en su totalidad, o ensubsidio las normas demandadas, son inconstitucionales por motivos de forma yde fondo.1.2. En cuanto a los vicios de fondo, explican que éstos son principalmente dos.Uno de ellos afecta varias disposiciones de la Ley 975 de 2005; el otro afecta elartículo 71 de la misma.1.2.1. El primer vicio de fondo se deriva de los apartes acusados de todos losartículos demandados, salvo el 71, que en criterio de los demandantes constituyen un“sistema de impunidad”: “los apartes subrayados de los artículos demandados (arts. 2, 5, 9,10, 13, 11.5, 17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5,37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69) por vicios de fondo, constituyen en su integridad unsistema de impunidad porque permiten la concesión del beneficiode pena alternativa (art. 29), reducida esta por el tiempo de permanencia enzonas de concentración (art. 31), sobre la base de un procedimiento que nogarantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación”. Este cargo se sustentaen las razones adicionales que se resumen a continuación.1.2.1.1. “En primer lugar –se explica-, la ley 975 prevé una investigación sumamenteinsuficiente de un porcentaje mínimo de los desmovilizados (art. 2parcial, 9 parcial, 10 parcial, 18 parcial, 62 parcial, 69). En efecto, solamenteestarán sujetos a esta ley los combatientes que, previamente a su desmovilización, hayansido procesados o condenados por delitos no amnistiables o indultables”. Se señala quequienes quedarían amparados por dicha ley son una
  21. 21. ínfima minoría que el Gobierno ha calculado en 300 a 400 individuos; y que“la mayor parte de los combatientes no tiene procesos ni condenas en su contra, porque suidentidad es desconocida y porque, en todo caso, existe unagran impunidad en el país. Para el grueso de los desmovilizados, el Gobiernodictó el decreto 128 de 2003, al amparo del cual deja en libertad a quienes notengan antecedentes judiciales, sin tomarse el trabajo de iniciar siquiera unproceso por su evidente pertenencia a un grupo armado ilegal, lo cual es inconstitucional ycontrario también a la Ley 782 de 2002, o ley de orden público, que el decreto 128pretendió reglamentar”. 31/4361.2.1.2. Por otra parte, en relación con ese reducido grupo de hechos, se establecen en laley acusada términos insuficientes para la investigación, que imposibilitan la investigaciónadecuada de la magnitud de los hechos “en cuanto asu gravedad, y a sus elementos de sistematicidad y generalidad”.1.2.1.3. Además, el procedimiento establecido “no prevé garantías adecuadaspara la participación y acceso a la justicia de las víctimas, pues no les permiteel acceso al expediente (art. 37.5 parcial), no prevé expresamente su participación dentrode las diligencias del proceso (arts. 17, 18, 34 y 37.7 parcial) yomite el recurso de casación (art. 26 par. 3). En esas condiciones, el procedimiento de laley 975 no constituye un recurso efectivo”.1.2.1.4. Adicionalmente, la ley permite que los desmovilizados accedan a losbeneficios en ella establecidos “sin que tengan que hacer una confesión plenade los hechos (art. 17 parcial), sin que se les exija señalar el paradero de personasdesaparecidas al momento de la desmovilización (art. 10.6 parcial) ysin que pierdan tampoco los beneficios por el hecho de cometer nuevos delitos(art. 29 parcial)”.1.2.1.5. El procedimiento establecido en la ley acusada impide la reparaciónadecuada de los perjuicios sufridos por las víctimas, “pues excluye del derechoa la reparación a víctimas que, siéndolo, no son reconocidas como tales (arts.5 parcial, 47 parcial, y 48.3 parcial); señala que sólo concurrirán a la reparación los bienesadquiridos ilícitamente u otros, si el desmovilizado los tuviese (arts. 10.2 parcial, 11.5parcial, 13.4 parcial, 17 inc. 2 parcial, 18 inc. 2parcial y 46 parcial); no da garantías adecuadas para la restitución de los
  22. 22. bienes (art. 54 parcial); no señala la tasación de perjuicios a favor de la víctima por elhecho de que esta no promueva el incidente de reparación (art.23); y hace depender el pago de las reparaciones de las limitaciones presupuestales (art.47 parcial, 55 parcial)”.1.2.1.6. El referido procedimiento, además, establece “eximentes al deber dehacer una difusión completa de la precaria verdad a la que se va a llegar(arts. 48.1 y 58 parcial)”.1.2.1.7. La ley desconoce la obligación del Estado de sancionar a quienes seanresponsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones delderecho internacional humanitario mediante penas privativas de la libertad, “alestablecer que pueden cumplir parte de la pena en zonas de concentración,que han sido previstas para otras finalidades y que no son, de ninguna manera, centros deprivación de la libertad (art. 31)”.1.2.1.8. Concluyen los demandantes: “A pesar de todas estas falencias y deque, en conclusión, las víctimas no van a ser reconocidas en sus derechos, laley prevé un beneficio de pena alternativa que cierra el sistema de impunidad,que implica que, a lo sumo, los combatientes demovilizados vayan a cumplir 32/436entre tres años y medio y seis años y medio de eventual privación de la libertad, a pesar deque el Código Penal colombiano y el Estatuto de Roma queestableció la Corte Penal Internacional contempla penas significativamentemás amplias”.1.2.1.9. En esa medida, se afirma que tal y como está previsto el procedimientoque consta en las normas acusadas, el beneficio de pena alternativa constituyeen realidad un indulto velado, “pues permite la exoneración de una parte muyimportante de la pena sin que se den las condiciones mínimas exigidas por laConstitución y los tratados y compromisos internacionales en materia de derechoshumanos y derecho internacional humanitario, constituyéndose así enun beneficio desproporcionado a favor de los perpetradores de los más aberrantescrímenes y en perjuicio de las víctimas”. Se considera, adicionalmente,que este beneficio de pena alternativa constituye un indulto velado “porqueprevé una indebida intervención gubernamental en su concesión, intervención
  23. 23. propia de las medidas de indulto y amnistía”.1.2.1.10. Igualmente se considera que los artículos demandados constituyen unaamnistía, “pues permiten, como efecto directo de la aplicación de las normas,que se borre la responsabilidad de los autores de crímenes graves –violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacionalhumanitario- que al momento de su desmovilización no tengan ningún procesoo condena judicial por ese tipo de delitos”.1.2.1.11. Por último, se expresa que las normas acusadas no superan un juicioestricto de proporcionalidad como el que se ha de aplicar en esta oportunidad,puesto que “dan un trato desigual a las víctimas que sacrifica valores y principiosconstitucionales que tienen mayor relevancia que los alcanzados con lamedida diferencial. De hecho, el beneficio de la pena alternativa es desproporcionado, nosólo porque rebasa los mínimos jurídicos, que prohíben lasmedidas conducentes a la impunidad, sino porque los beneficios son concedidos sin que seexija una genuina contribución al esclarecimiento de la verdad,a la justicia y a la reparación, ni tampoco a la no repetición de las violaciones”.1.2.2. El segundo vicio de fondo afecta el artículo 71 de la ley acusada, que adicionó al tipopenal de sedición un parágrafo, según el cual la pertenencia a, oconformación de, grupos paramilitares, constituye delito de sedición: “La norma escontraria a la Constitución, que prevé un trato excepcional al delito político, y desconoce elhecho de que en la legislación colombana el paramilitarismo nunca ha sido consideradocomo delito de sedición. La modificaciónintroducida al tipo penal de sedición no corresponde al concepto de delitopolítico, que tiene como uno de los elementos fundamentales la oposición alEstado”. En ese sentido, el artículo 71 de la Ley 975/05 “vulnera el deber degarantía del Estado y la obligación de garantizar un recurso efectivo, que in-33/436cluye el acceso a la justicia y el deber del Estado de investigar los delitos cometidos en suterritorio”.1.3. En cuanto a los vicios de forma, se señalan en la demanda tres que, en criterio de lospeticionarios, afectan la ley 975/02 en su totalidad.1.3.1. Primero, la ley no se tramitó como estatutaria: “Las Constitución exigeque las leyes que regulen derechos fundamentales, como lo son los derechos a
  24. 24. la verdad, a la justicia y a la reparación, así como procedimientos y recursospara su protección, sean leyes estatutarias (artículo 152 de la Constitución).De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución, este tipo de leyes deben seraprobadas por mayoría absoluta de los miembros del Congreso y ser revisadaspreviamente por la Corte Constitucional. La ley 975 de 2005, a pesar deque regula materias de ley estatutaria, fue tramitada y aprobada como ley ordinaria”.1.3.2. Segundo, la ley no se tramitó como una ley de indulto: “Teniendo encuenta que la ley 975 de 2005 concede indultos encubiertos, debió haber sidotramitada a través del procedimiento especial previsto para estos casos: votación secreta(artículo 131 de la ley 5ª de 1992) y mayorías calificadas (artículos 150 de la Constitucióny 120 de la Ley 5ª de 1992). Sin embargo, la ley fuetramitada y aprobada como ley ordinaria”.1.3.3. Tercero, durante el trámite de la ley se apelaron indebidamente dos artí-culos que habían sido negados: “Los artículos 70 y 71 (‘rebaja de penas’ y‘sedición’), tras ser negados en las sesiones conjuntas de las Comisiones primeras deSenado y Cámara, fueron apelados, usando como fundamento artí-culos de la ley 5ª de 1992 que no eran aplicables al caso. Cuando uno o variosartículos de un proyecto de ley son negados, no hay ninguna norma que permita suapelación. Sin embargo, el recurso fue usado y, como resultado de laapelación, los artículos fueron aprobados, de forma irregular, en la plenariadel Senado”.2. Consideraciones previas del demandante sobre el ámbito de aplicaciónde la Ley 975/05.En este segundo capítulo de la demanda, se explica cuál es, en criterio de lospeticionarios, el ámbito de aplicación de la norma acusada:“La ley 975 de 2005 regula lo concerniente a la concesión de beneficios penales paradelitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos einfracciones al derecho humanitario, incluyendo crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad.Conforme lo establece su artículo 2º, la ley 975 de 2005 ‘regula lo concerniente a lainvestigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las 34/436
  25. 25. personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, como autores opartícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esosgrupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a lareconciliación nacional’. No obstante, la regulación de beneficios penales pordesmovilización que establece la ley no abarca todo tipo dedelitos, sino exclusivamente aquellos que no puedan ser objeto de amnistías eindultos, es decir, delitos de especial gravedad como son los crímenes de guerra y de lesahumanidad, y las graves violaciones a los derechos humanos.Lo anterior, por cuanto la ley 975 de 2005 complementa, mas no reemplaza, lanormativa existente en materia de beneficios por reincorporación a la vidacivil. Así lo estipula el último inciso del artículo 2º de la ley, según el cual ‘lareinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas conamnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002,se regirá por lo dispuesto en dicha ley’. De esta forma, con todo y la expedición de lallamada ley de ‘justicia y paz’, lo dispuesto en la ley 782 de 20021ysu decreto reglamentario 128 de 20032mantiene plena vigencia para regularla situación de los combatientes que al momento de su desmovilización notengan procesos penales ni condenas en su contra por delitos no amnistiablesni indultables, como lo estipula expresamente el artículo 21 de dicho decreto.La entrada en vigencia de la ley 975 de 2005 amplía los escenarios para laconcesión de beneficios jurídicos por desmovilización, autorizando el otorgamiento de losmismos a quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos deespecial entidad.La regulación jurídica es diferenciada según la situación jurídica en la que seencuentren los combatientes al momento de su desmovilización. El marconormativo prevé los siguientes tres eventos, asignándole a cada uno distintasconsecuencias jurídicas: i) cuando se trata de combatientes que al momento
  26. 26. de su desmovilización no tengan procesos penales en curso ni condenas en sucontra; ii) cuando se trata de combatientes que estén siendo procesados ohayan sido condenados por los delitos de sedición, asonada y rebelión (incluyendo losdelitos conexos); y iii) cuando se trata de combatientes que tenganprocesos penales en curso o condenas en contra por delitos distintos a los políticos yconexos. Sólo en este último evento iii) se aplicaría el procedimientopara el otorgamiento de beneficios de que trata la ley 975 de 2005, sin perjuicio de que loscombatientes desmovilizados que se encuentren en los otros supuestos pidan acogerse ala ley.En efecto, en el primero de los casos (i) se da aplicación a lo dispuesto en eldecreto 128 de 2003, en virtud del cual los combatientes desmovilizados queno tengan procesos ni condenas no deben ser sometidos a procesos investiga-1“Ley 782 del 23 de diciembre de 2002, ‘Por medio de la cual se prorroga la vigencia de laLey 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunasde sus disposiciones’.”2“Decreto 128 del 22 de enero de 2003, ‘Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997,prorrogada y modificada porla Ley 548 de 1999 y la Ley 782 en materia de reincorporación a la sociedad civil’.”35/436tivos3. En el segundo evento (ii), los combatientes desmovilizados que tenganprocesos por delitos amnistiables e indultables pueden acceder a los beneficioscontemplados en la ley 782 de 2002, esto es, resolución inhibitoria, resolución depreclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de laejecución de la pena e indulto. En este segundo grupo se ubican los desmovilizados queestén siendo investigados o hayan sido condenados por los delitosde rebelión, sedición y asonada, y los delitos contemplados en el artículo 69de la ley 975 de 20054. No sobra recordar que el artículo 71 de dicha ley modificó el tipo penal de sedición, paraincluir en éste la conformación o pertenencia a grupos paramilitares
  27. 27. (…).Al mantener la vigencia de los instrumentos legales y reglamentarios existentes conanterioridad a su expedición, la ley 975 de 2005 establece un conjuntode procedimientos y beneficios que sólo está llamado a aplicarse a los miembros de gruposarmados al margen de la ley que se encuentren en el tercerevento (iii), esto es, a los combatientes contra los cuales exista un proceso penal o unacondena judicial en su contra por delitos respecto de los cuales están proscritos laamnistía y el indulto.Los combatientes de grupos armados al margen de la ley contra los cualesexista proceso o condena judicial por crímenes de guerra, lesa humanidad,graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacionalhumanitario y otros delitos de especial entidad, como el narcotráfico y laextorsión, sólo podrán beneficiarse de lo dispuesto en la ley 975 de 2005.Así pues, un combatiente de un grupo paramilitar o de guerrillas que estésiendo investigado por su participación en el respectivo grupo armado, y alque sólo se le imputen los delitos de conspiración para delinquir, porte ilegalde armas y uso de uniformes privativos de las fuerzas militares, puede recibirlos beneficios que establece la Ley 782 de 2002 (resolución inhibitoria y depreclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de la ejecuciónde la pena e indulto); mientras que aquél contra el cual exista proceso o condena pordelitos como la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, etc.,deberá acudir a lo establecido en la ley 975 de 2005 para recibir el beneficiode la pena alternativa”.3. Sustentación de los cargos por vicios de fondo3“A través del decreto 128 de 2003 (y específicamente mediante sus artículos 2, 13 y 21) elGobierno deja en libertad atodos los paramilitares desmovilizados que, aun habiendo cometido delitos atroces, notengan abierta una investigaciónpenal en su contra antes de la desmovilización. El mecanismo de desmovilización yreinserción diseñado al amparo de esa
  28. 28. reglamentación consiste, básicamente, en una verificación de los antecedentes judicialesde los combatientes por parte de laFiscalía. Conforme a tal información, y sin que se rinda confesión ni indagatoria, todos loscombatientes desmovilizadosque no hayan sido procesados ni condenados por delitos no indultables ni amnistiablesestán siendo reintegrados a la vidacivil exonerados de cualquier deuda judicial. La Fiscalía conserva en teoría su obligaciónde investigarlos, pero es improbable que después de la desmovilización logre vincularlos anuevos procesos o capturarlos. Además, se corre el riesgo de quelos desmovilizados aleguen que la certificación expedida en virtud del decreto 128 losexonera de futuras investigaciones”.4“El artículo 69 de la llamada ley de ‘justicia y paz’ extiende algunos de los beneficiosprocesales contemplados en la ley782 de 2002 a los desmovilizados que estén siendo procesados por delitos que estáníntimamente ligados con el accionardel grupo armado al margen de la ley del que eran parte. (…)”36/4363.1. Primer cargo por vicios de fondo: vicios que afectan el procedimientoy la pena alternativa establecidos en los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 16,17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 dela Ley 975/05.3.1.1. El juicio de proporcionalidad como marco para examinar la constitucionalidad de lasnormas acusadas.3.1.1.1. Se explica en primer lugar que existe una relación de complementariedad entre losderechos a la justicia y a la paz. Si bien el interés en buscar lapaz y establecer mecanismos jurídicos para desarticular los grupos armadoscombatientes está en aparente tensión con el interés de la justicia y de protegerlos derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se trata de undilema que no es insoluble.Ambos intereses tienen un fundamento constitucional: fueron consagrados en elpreámbulo como aspiraciones del constituyente al adoptar la Carta de 1991, sonfines esenciales del Estado (art. 2, C.P.) y son derechos fundamentales (arts. 22,
  29. 29. 2, 5, 93 y 229, C.P.). Por otra parte, la jurisprudencia constitucional “ha reconocido que larealización del derecho a la justicia es un elemento muy importante para alcanzar laconvivencia pacífica, esto es, para ofrecer vías institucionales de resolución de conflictos através de las cuales se eviten respuestasviolentas que no son compatibles con la Constitución colombiana”. Se cita, aeste respecto, la sentencia C-228 de 2002. Se hace referencia, igualmente, alConjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de losderechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, adoptado en el senode la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que sesubrayó la necesidad de basar la búsqueda de la reconciliación nacional en lasatisfacción de la justicia. Y con base en ello se concluye: “Por consiguiente,la justicia y la paz no son derechos opuestos, intereses contradictorios o valoresexcluyentes entre sí, a la luz de la Constitución. Al contrario, en el ordenamientoconstitucional la justicia en casos de violaciones a los derechoshumanos e infracciones al derecho humanitario es un camino que resulta indispensablerecorrer para llegar a la paz”.3.1.1.2. Se indica, a continuación, que el método a aplicar para determinar laconstitucionalidad de las normas acusadas es el juicio de proporcionalidad,puesto que “a pesar de que la justicia y la paz son principios y derechos complementarios,en ocasiones resultan en aparente tensión en contextos de transición a la democracia o desuperación de conflictos armados. En tales contextos, resulta necesario concederbeneficios penales a quienes han cometidograves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho humanitario parasuperar el conflicto armado”.La Ley 975/05 tiene por objetivo expreso el de facilitar el logro de la paz y lareincorporación de los combatientes a la vida civil, así como garantizar los de-37/436rechos de las víctimas; es decir, buscar un equilibrio entre la paz y la justicia,mediante el establecimiento de procedimientos y sanciones penales especiales,es decir, una pena alternativa, a los que se habrán de someter los combatientesdesmovilizados que hubieren cometido delitos no indultables o no amnistiables.“De conformidad con lo anterior –explican los demandantes-, la Ley 975 de2005 somete a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de infracciones alderecho internacional humanitario a un trato diferenciado, según el
  30. 30. cual los responsables de los crímenes causados a ellas no son sometidos a losprocedimientos y sanciones penales previstos en la legislación ordinaria, sinoa unos procedimientos y penas especiales, establecidos por la ley demandada”.En ese sentido, consideran los demandantes que la constitucionalidad de losprocedimientos y sanciones penales establecidos en la Ley 975/05 debe determinarsemediante la resolución de los siguientes interrogantes: “i. Si la ley violenta el derecho a lajusticia, en sus componentes de los derechos a la verdad,la justicia y la reparación, y ii. En qué condiciones se pueden conceder esosbeneficios de reducción de penas para que no vulneren el derecho a la justiciay sean verdaderamente un instrumento para alcanzar la paz”. La respuesta aestos problemas exige, en criterio de los actores, aplicar un juicio de proporcionalidad,“esto es, el método adoptado por la jurisprudencia constitucionalpara examinar si medidas de restricción de derechos resultan discriminatorias”. Se cita aeste respecto la sentencia C-093 de 2001 en cuanto a los elementos del juicio deproporcionalidad; y se aclara que el juicio a aplicar debeser estricto, no intermedio ni débil, por cuanto según se explicó en la referidasentencia C-093/01, esa es la figura a aplicar cuando se trata de leyes que limitan el gocede un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, ocuando afectan a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidadmanifiesta: “Como se mencionó, la ley 975 de 2005 somete a un trato diferenciado loscasos en que se hayan cometido delitos de graves violaciones a losderechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, estableciendolimitaciones al derecho a la justicia, que es un derecho constitucional fundamental.Además, por esa misma vía afecta a una población que seencuentra en debilidad manifiesta, cual es la situación de las víctimas de losmencionados crímenes”.3.1.1.3. A continuación, se enuncian las premisas de las cuales debe partir eljuicio de proporcionalidad a aplicar en este caso:“1. Con la finalidad de superar conflictos armados, o por ‘motivos de conveniencia pública’,la Constitución prevé la facultad estatal de conceder indultos o amnistías (arts. 150.17 y201 de la Constitución). Igualmente, el derechointernacional humanitario, que es parte del bloque de constitucionalidad de
  31. 31. conformidad con los artículos 93 y 214 de la Constitución, exhorta a los Estados aconceder amnistías a la finalización de conflictos armados (artículo 6del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra). 38/4362. La facultad estatal de conceder amnistías e indultos se encuentra limitadaconstitucionalmente por los siguientes motivos: i. Los indultos y amnistías só-lo se pueden conceder por delitos políticos (artículos 150.1 y 201 de la Constitución), y ii.Bajo ninguna circunstancia se puede entender que actos atrocesy de barbarie, entre los cuales se encuentran las graves violaciones a los derechoshumanos, las infracciones al derecho internacional humanitario, los crí-menes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, tengan el carácter de delitos políticos.3. Como ya se advirtió, el Estado está en la obligación irrenunciable de investigar, juzgar ysancionar las graves violaciones a los derechos humanos, deconformidad con la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convenciónpara la prevención y sanción del delito de genocidio, la Convención contra latortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la ConvenciónInteramericana sobre Desaparción Forzada.”Para los demandantes, la observancia de estas premisas garantiza el respeto porel núcleo esencial del derecho a la justicia, así como el carácter genuino de losprocesos de paz: “Sólo en estas condiciones, paz y justicia no son derechoscontradictorios, sino interdependientes. De esta manera, la justicia se constituye en unagarantía de la paz y la convivencia pacífica”.En los acápites siguientes de la demanda se desarrolla tanto el contenido delderecho a la justicia, como los motivos por los cuales las normas acusadas lovulneran y no resisten la aplicación de un juicio de proporcionalidad estricto.3.1.2. Violación del derecho a la justicia3.1.2.1. Precisiones generales sobre el contenido del derecho a la justicia.En primer lugar, se efectúan en la demanda algunas precisiones sobre el contenido delderecho a la justicia en sentido genérico.3.1.2.1.1. Su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 2, 5, 29 y229 de la Carta Política: “El derecho a la justicia es un pilar del Estado social
  32. 32. de derecho. Es, a su vez, una forma de garantizar la dignidad humana, losderechos y la convivencia pacífica. Por esa razón es un derecho fundamental”. En estepunto se cita la sentencia C-426 de 2002 como sustento, así comoel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1., 2.3. y 14),la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 2.2., 8 y 25), laDeclaración Universal de Derechos Humanos (artículos 8 y 10) y la DeclaraciónAmericana de los Derechos del Hombre (artículo 18). 39/4363.1.2.1.2. El incumplimiento del deber de investigar y sancionar los delitos cometidoscontra los derechos humanos propicia la repetición de su violación,según lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso BámacaVelásquez v. Guatemala (22 de febrero de 2002), y constituye impunidad. A este respectose citan los llamados “Principios de Joinet” de la Comisión de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas, en los que se define la impunidad “por la ausencia, de iure o de facto, dela imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechoshumanos, así comode su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquellos escapan atoda investigación tendente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en casode reconocerse su culpabilidad, a su condena apenas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas”.Se trata, además, de un deber derivado de un tratado internacional válidamenteratificado por el Estado colombiano, que no puede ser incumplido mediante laaprobación de una ley interna.3.1.2.1.3. De la obligación de garantizar los derechos humanos y proveer recursosjudiciales efectivos, se deriva el derecho a la justicia en sus diferentes elementos: losderechos a conocer la verdad judicial e histórica, a que los responsables sean investigados,juzgados y sancionados con penas proporcionadas, y aobtener una reparación integral. “Los derechos de las víctimas a estos tresatributos de la justicia, como mínimos, mantienen plena vigencia aun en etapas detransición o a la finalización de conflictos armados. Se pueden conceder ciertos beneficios,especialmente en materia de penas, siempre que se sigan respetando los mínimos (porejemplo, la rebaja de penas que no signifiqueun perdón total de la misma), y siempre que no se haga con la intención deencubrir las atrocidades y la responsabilidad de sus autores, sino como unabúsqueda genuina de la paz en el marco de procesos justos”.
  33. 33. 3.1.2.1.4. Aunque el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra establece en suartículo 6 que las autoridades tienen el deber de procurar las amnistías “más ampliasposibles”, tales medidas se deben interpretar de conformidadcon las obligaciones estatales en materia del derecho a la justicia. Además, según haexpresado el Comité Internacional de la Cruz Roja, tal norma “no pretende ser unaamnistía para aquellos que han violado el derecho humanitariointernacional” (Carta del Comité Internacional de la Cruz Roja al Fiscal delTribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, 1995).3.1.2.1.5. La prohibición de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad esuna norma imperativa o de iuscogens. Para sustentar este aserto se cita la decisión de laCámara de los Lores británica sobre el caso Pinochet –que se refirióal delito de tortura-, la decisión del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia en elcaso del Fiscal contra Kupreskic (enero 14 de 2000) -en la que se calificó lamayoría de normas del DIH, en particular las que prohiben los crímenes de guerra, loscrímenes de lesa humanidad y el genocidio como normas de iuscogens, 40/436de carácter imperativo e inderogable-, y la decisión del mismo Tribunal en elcaso del Fiscal contra Furundzija (diciembre 10 de 1998) –que se refirió al delito detortura-. De allí que los Estados no puedan tomar medidas para autorizar operdonar la violación de estas normas, por medio de leyes de amnistía, según seexpresó en el caso Furundzija citado.3.1.2.1.6. Los Estados tienen el deber de tomar las medidas necesarias para quenadie sea sustraído de la protección judicial, según lo ha establecido la CorteInteramericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, en cuya sentencia seexpresó, en términos del demandante, que “las leyes de autoamnistía quecontribuyan al ocultamiento de los responsables por violaciones de derechoshumanos y que obstaculicen la investigación y el esclarecimiento de los hechosson incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos”.3.1.2.1.7. En igual sentido, los Principios de Joinet citados anteriormente señalan algunoslímites que deben respetar las amnistías, específicamente en el sentido de que (i) losautores de crímenes internacionales graves no pueden beneficiarse de dichas medidasmientras el Estado no haya cumplido sus obligacionesde investigación, detención y sanción, y (ii) las amnistías no surten efectos sobre elderecho de las víctimas a la reparación.
  34. 34. 3.1.2.1.8. Con base en lo anterior se afirma que “el artículo 6º del protocolo IIno implica que las amnistías que se concedan luego de la cesación del conflicto puedancobijar crímenes de guerra y de lesa humanidad. En efecto, el hechode estar ante un conflicto armado no se constituye en una razón suficiente para limitar lasobligaciones estatales de investigar, juzgar y sancionar a losresponsables de delitos graves conforme al derecho internacional. Los cuatroConvenios de Ginebra de 1949 (…) y el Protocolo I adicional a los Conveniosde Ginebra (…) señalan expresamente la obligación de los Estados de investigar ysancionar penalmente las infracciones al derecho internacional humanitario”.3.1.2.1.9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse alproceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, subrayó lanecesidad de proteger los derechos de las víctimas, cumplir con la obligaciónestatal de administrar justicia conforme al derecho internacional, garantizar eldebido proceso y la protección judicial aplicables en conflictos armados, ycumplir su deber de juzgar y sancionar a quienes cometan u ordenen la comisión degraves infracciones al derecho internacional humanitario.3.1.2.1.10. La conclusión de los demandantes sobre el contenido general delderecho a la justicia es la siguiente:“En conclusión, el derecho a la justicia –compuesto a su vez por los derechosa la verdad, a la justicia y a la reparación- es un derecho fundamental, especialmente encasos de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al 41/436derecho internacional humanitario. Tal carácter se corresponde con la obligacióninternacional del Estado colombiano de garantizar los derechoshumanos e implica el deber del Estado colombiano, no sólo frente a los otrosEstados, sino especialmente frente a las personas, de investigar, juzgar y sancionar a losresponsables de tales hechos. Esta obligación se hace aún másimperativa frente a casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en lamedida en que la prohibición de estos hechos es norma de iuscogens y, por consiguiente,dicha prohibición implica la correlativa obligaciónde los Estados de no tomar ningún tipo de medida judicial o administrativaque sustraiga a sus perpetradores de la acción de la justicia. Tal obligaciónno se deroga por el hecho de estar a la finalización de un conflicto armado ni
  35. 35. puede desconocerse con el ánimo de superarlo”.3.1.2.2. Desconocimiento del derecho a la verdad, como parte del derecho ala justicia.En este acápite se explica por qué algunas de las normas acusadas violan el derecho a laverdad.3.1.2.2.1. El derecho a la verdad se define como parte integrante del derechofundamental a la justicia, “y consiste en el derecho de las víctimas y de la sociedad aconocer lo que ocurrió, las circunstancias de las violaciones, los responsables, así como losmotivos y las estructuras que dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos y a lasinfracciones al derecho internacionalhumanitario. El derecho a la verdad se deriva del deber de garantía a cargode los Estados y del derecho de las personas a un recurso efectivo”. Se citaen este punto el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos en el caso de Ignacio Ellacuría y otros v. El Salvador (22 de diciembrede 1999), respecto de los deberes estatales frente al derecho a la verdad.3.1.2.2.2. También se explica que el derecho a la verdad es tanto individual como colectivo:“el derecho a la verdad es individual porque es una facultad encabeza de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos o infracciones alderecho internacional humanitario y está subsumido en el derecho a obtener elesclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables. Igualmente, escolectivo porque su realización es indispensable paraque los Estados adopten medidas para que los hechos no se repitan y paraprevenirlos en el futuro. Este derecho toma especial relevancia en casos comoel colombiano, en los que se han padecido masivas y sistemáticas violacionesa los derechos humanos y al derecho internacional humanitario duranteaños”. Se cita para sustentar este punto la sentencia T-249 de 2003 de la CorteConstitucional, así como el contenido pertinente de los Principios de Joinetanteriormente citados.3.1.2.2.3. Igualmente señalan los demandantes que la satisfacción del derecho ala verdad es, a la vez, una forma de reparación, ya que “constituye un recono-42/436cimiento a la víctima de que su dolor ha sido consecuencia de un hecho cierto
  36. 36. y grave y aceptado como tal por las instituciones”. Además se trata de un elementoindispensable para que el Estado pueda adoptar medidas de no repetición. En este sentido,se citan los pronunciamientos de la Corte Interamericanaen los casos de Myrna Mack Chang v. Guatemala (noviembre 25 de 2003) yotros.3.1.2.2.4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció sobrela garantía del derecho a la verdad durante el proceso de desmovilización de los gruposparamilitares en Colombia, señalando lo siguiente:“30. Ante esta realidad, el derecho a la verdad no debe ser coartado a travésde medidas legislativas o de otro carácter. La CIDH ha establecido que laexistencia de impedimentos fácticos o legales –tales como la expedición deleys de amnistía- al acceso de información sobre los hechos y circunstanciasque rodearon la violación de un derecho fundamental, y que impidan poner enmarcha los recursos judiciales de la jurisdicción interna, resultan incompatibles con elderecho a la protección judicial previsto en el artículo 25 de laConvención Americana.31. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la verdadse encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de losórganos competentes del Estado el esclarecimientode los hechos y el juzgamiento de los responsables conforme a los parámetrosde los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.32. En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre lacomisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los familiares delas víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han manifestado que lassociedades afectadas por la violencia tienen, en su conjunto, el irrenunciablederecho de conocer la verdad de lo ocurrido así como las razones y circunstancias en lasque delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar queesos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. La sociedad en su conjunto tienederecho a conocer la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión deviolaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacionalhumanitario, especialmente en caso de pasividad o sistematicidad; comprender loselementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear
  37. 37. las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueronperpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieronlugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; contar conelementos para establecer si los mecanismos estatales sirvieron demarco a la consumación de conductas punibles; identificar a las víctimas ysus grupos de pertenencia así como a quienes hayan participado de actos devictimización; y comprender el impacto de la impunidad”.3.1.2.2.5. El Estado está obligado garantizar el derecho a la verdad, incluso encasos de amnistías, ya que sobre él recae el “deber de la memoria”; ello no im-43/436plica que se justifique la concesión de amnistías para delitos graves a cambio derespetar el derecho a la verdad: “Lo que se quiere decir es que, aun en los casos en que,como en Chile después de la dictadura, se conceden amnistíascontrarias al derecho internacional, tales amnistías no eximen al Estado de suobligación de garantizar la verdad”. Se cita en este punto el pronunciamientode la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Comisión deVerdad y Reconciliación chilena. Se afirma en la demanda, igualmente, que “encasos individuales, la garantía del derecho a la verdad se constituye en unaforma de evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes como lo son los relacionados conla negación de la ocurrido”, tal y como lo determinó el Comitéde Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Caso Srpska (marzo 7 de2003).3.1.2.2.6. Se concluye de lo anterior que “el derecho a la verdad es parte integral delderecho fundamental a la justicia y se deriva de su reconocimientonacional e internacional, así como del deber de garantía del Estado. El derecho a la verdaddebe garantizarse individual y colectivamente. Su garantía es,a su vez, una forma de reparación, es obligatoria incluso en contextos en quese hayan producido leyes de amnistía y es una forma de evitar tratos crueles,inhumanos o degradantes”.3.1.2.2.7. Desconocimiento del derecho a la verdad por el artículo 25 de la Ley975, por “la ausencia de pérdida de beneficios por no confesar todos los delitos
  38. 38. cometidos”.En este punto señalan los demandantes los motivos por los cuales se desconoceel derecho a la verdad con lo dispuesto en el artículo 25, que dispone:Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto.Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron losbeneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativade conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputardelitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de sudesmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas porlas autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión deesas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en elevento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente opor escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamenteinformado por su defensor, haber participado en su realización y siempre quela omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá serbeneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica delas penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridadjudicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativaimpuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.44/436En criterio de los demandantes, el aparte subrayado permite a los combatientesque se desmovilizan exonerarse de la obligación de contribuir a la verdad paraefectos de acceder a la pena alternativa: “Al contrario, el desmovilizado nuncaperderá los beneficios por el hecho de omitir otros delitos graves que hayacometido. En el peor de los casos, si con posterioridad a la sentencia (casosregulados por la ley 975) o al indulto (casos regulados por el decreto 128 de2003) se conocen hechos nuevos que haya omitido en la versión libre, puedeacceder de nuevo a la pena alternativa excepto si: i. No colabora en el esclarecimiento o noacepta el nuevo delito que se le imputa, o ii. La omisión fue
  39. 39. intencional”. De tal manera, explican los peticionarios que los desmovilizadosno pierden en ningún caso el beneficio de la pena alternativa sobre el delito queaceptan al momento de rendir versión libre por el hecho de omitir informaciónsobre otros delitos que hubiesen cometido: “El artículo demandado se restringe a regularla situación sobre el acceso a los beneficios por nuevos delitosque se le imputen y que no hubieren sido confesados con anterioridad. Lanorma demandada permite incluso que si el nuevo delito imputado no es confesado por eldesmovilizado en el momento de la imputación del mismo, perodespués ‘colabora en su esclarecimiento’ y no se prueba que la omisión inicialfue intencional, el desmovilizado podrá acceder de nuevo al beneficio de lapena alternativa”.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 44/369También se explica que “si se prueba que la omisión fue intencional pero eldelito omitido es muy grave, no operará la pérdida de beneficios tampoco,sino que se agravará la pena alternativa en un 20%. De acuerdo a lo anterior,el funcionario judicial deberá clasificar delitos graves –como son los que seprocesarán por esta ley- en delitos mucho más graves que otros. Esto es, sipor ejemplo un desmovilizado que ha recibido el beneficio de la pena alternativa esimputado con posterioridad por otro hecho, el funcionario judicial podrá aumentar en un20% la pena, si el delito fuere muy grave, teniendo queclasificar delitos como la tortura, la desaparición forzada, el secuestro, el acceso carnalviolento, el reclutamiento forzado de niños y niñas, entre otros, enescalas de gravedad, decidiendo por ejemplo que el delito de tortura es másgrave que el de acceso carnal violento o viceversa”. Y se añade que “es posible que uncombatiente desmovilizado no recuerde en el momento de su versión libre algunos de loshechos de menor gravedad cometidos en un largoperíodo de permanencia en un grupo combatiente. Sin embargo, no es admisible que noesté en el deber de confesar la plenitud de los hechos graves paraacceder a los beneficios”.En tal medida, consideran los peticionarios que para acceder a los beneficiosque concede la ley demandada, los desmovilizados no están en el deber de contribuir a laverdad, ni siquiera de confesar los delitos sobre los que se aspira a
  40. 40. un beneficio judicial; y que el beneficio que se obtuviere como consecuencia dela primera versión libre nunca se perderá, ya que la ley no prevé la figura depérdida de beneficios.En criterio de los demandantes esta norma “obstaculiza la realización del derecho a laverdad de las víctimas de los hechos omitidos porque, de esta manera, el combatiente quese desmoviliza no tiene realmente el deber de contribuir a la verdad sobre los hechos queconoce y de los cuales fue partícipe”.Por lo tanto, tal disposición vulnera la obligación del Estado colombiano deadoptar medidas legislativas para realizar el derecho a la verdad, “e incluso escontradictoria con principios y disposiciones previstos en el mismo cuerpo dela ley 975 en los que se establece que el objeto de la misma es facilitar los procesos de pazgarantizando, entre otros, el derecho a la verdad (arts. 1, 4, 7, 8,15, 32, 37, 48.1 y 57)”.Expresan que para impedir que la Ley 975/05 se convierta en un mecanismogenerador de impunidad, “es indispensable que para acceder a los beneficiospenales los desmovilizados deban contribuir a la verdad confesando la totalidad de losdelitos de graves violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derechointernacional humanitario que cometieron, y aportando lainformación con la que cuenten sobre otros hechos de los que hayan tenidoconocimiento aunque no sean responsables penalmente de ellos. (…) Siendo laverdad una condición indispensable para la realización de la justicia, debeser esta una contribución también indispensable de quienes quieren acceder atan generosos beneficios como los de la pena alternativa. La obligación delEstado de expedir medidas normativas que faciliten la realización del derechoa la verdad es especialmente imperiosa en momentos en que se pretende lasuperación de períodos de graves violaciones a los derechos humanos y de unconflicto armado a través de beneficios judiciales”.
  41. 41. Adicionalmente, señalan que en los casos de cabecillas, “en principio, estosdeberían tener conocimiento de los hechos cometidos por las tropas bajo suresponsabilidad. No se trata de una responsabilidad penal objetiva, pero debepartirse del hecho de que un comandante en una estructura militar es responsable, almenos militarmente, de los hechos de las fuerzas bajo su mando; porconsiguiente, un criterio para la determinación de la responsabilidad es que,tratándose de cabecillas, debe, al menos, indagarse por su responsabilidadsobre los actos cometidos por el grupo bajo su mando”. Se cita en este sentidoel artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.También indican que la exigencia de confesión plena no es contraria al derechoa no autoincriminarse que consagran la Constitución Política (art. 33), el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.f) y la Convención Americana sobreDerechos Humanos (arts. 8.2.g y 8.3), por cuanto la autoincriminación puede efectuarse demanera válida siempre que sea libre, ya que se trata deun derecho renunciable.Se concluye en este punto que “si el desmovilizado no confiesa la totalidad delos hechos y omite hechos de graves violaciones a los derechos humanos o in-46/436fracciones al derecho humanitario, y el Estado, a través de la ley 975 le ofreceel beneficio de la pena alternativa, debería asumir el riesgo y la responsabilidad de perdertal beneficio si omite hechos graves o falta a la verdad. Sin embargo, la ley 975 permite laomisión de la verdad e, incluso, la mentira. // Conesa disposición, el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la obligación del Estadode garantizarles justicia se ve obstaculizado porque dependerá de la voluntad de losvictimarios de contribuir a la realización de la justicia”.Se solicita, por lo tanto, que se declare inconstitucional el aparte subrayado delartículo 25 de la Ley 975/05, y que se señale que “el ocultamiento de la verdadtiene como consecuencia la pérdida del beneficio de la pena alternativa parael delito confesado y la imposibilidad de acceder a tal beneficio para el delitoconocido posteriormente a la sentencia o el indulto”.3.1.2.2.8. Violación del derecho a la verdad por el artículo 10 de la Ley 975,por haberse omitido “estipular la obligación de los desmovilizados de señalar el
  42. 42. paradero de personas desaparecidas”.Se demanda el artículo 10 de la Ley 975/05, que dispone:“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva.Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros deun grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan serimputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivoscometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan serbeneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos enla Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el GobiernoNacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientescondiciones:10.1. Que el grupo armado organizado de que se trate se haya desmovilizadoy desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de BienestarFamiliar la totalidad de menores de edad reclutados.10.4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechospolíticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.10.5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes oel enriquecimiento ilícito.10.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la leyque se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficioscontenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que enlas providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivogrupo”. 47/436Para los demandantes, al aprobar la norma acusada se incurrió en una omisiónlegislativa relativa, consistente en que no se exige a los combatientes desmovilizados queseñalen, al momento de desmovilizarse, el paradero de las personasdesaparecidas. Proceden a explicar porqué en el presente caso están dadas lascinco condiciones que ha señalado la jurisprudencia constitucional (sentencia
  43. 43. C-185 de 2002) para que se configure una omisión legislativa relativa, a saber:(i) que exista una norma respecto de la cual se predique el cargo, (ii) que dichanorma excluya de sus consecuencias jurídicas casos que, por ser asimilables,deberían estar contenidas en su texto normativo, o que omita incluir un ingrediente ocondición que, en virtud de la Constitución, sea esencial para armonizar el texto de lanorma con los mandatos de la Carta Política; (iii) que la exclusión de los casos o elementosen cuestión carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que en virtud de la falta dejustificación y objetividad aludidas, loscasos excluidos de la regulación legal queden en situación de desigualdad negativa frente alos que sí están amparados por las consecuencias de la norma; y (v)que la omisión resulte del incumplimiento de un deber específico impuesto allegislador por el Constituyente.En cuanto al elemento (i), señalan que existe una norma sobre la cual se predicael cargo, a saber, el numeral 6 del artículo 10, demandado.En cuanto al elemento (ii), explican que se está ante una norma que excluye desus consecuencias jurídicas casos que, por ser asimilables, deberían estar incluidos en sualcance: “Es evidente la exclusión de iguales consecuencias jurí-dicas en casos asimilables, pues el artículo 10 establece en su numeral 6 laobligación de la persona desmovilizada de liberar, al momento de su desmovilización, a laspersonas secuestradas; sin embargo, no hace referencia a laobligación de informar, al momento de su desmovilización y como una condición deelegibilidad, el paradero de personas desaparecidas. Las dos situaciones son asimilablesen la medida en que la intención de la norma es la degarantizar que, en efecto, se suspenda la comisión de delitos que se caracterizan por sercontinuados, como lo es el secuestro y también la desapariciónforzada. // La desaparición forzada es un hecho delictivo continuo, cuya comisión finalizacuando aparecen la persona o sus restos”. Se cita en este puntoel pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el casoBlake.En relación con el elemento (iii), afirman que efectivamente la omisión señaladacarece de un principio de razón suficiente: “No se conoce ninguna razón parahaber excluido tal requisito; por consiguiente, tampoco se puede afirmar quela razón sea justificable a la luz del ordenamiento constitucional”.
  44. 44. En cuanto al elemento (iv), se explica que efectivamente se genera un desigualdadnegativa para los casos excluidos de la regulación legal frente a los que síquedan amparados por la norma: “Los familiares de las personas desaparecidas tienenderecho a que el Estado adopte todas las medidas para esclarecer 48/436el paradero de las personas desaparecidas, información que, además, haceque cese la comisión del delito continuado de desaparición forzada. Sin embargo, se omiteadoptar una medida que permita que el Estado cuente conelementos para determinar el paradero de la persona desaparecida, mientrasque dicha medida sí se adopta para otros delitos, como el del secuestro”.Finalmente, señalan que también está dado el elemento (v), consistente en quela omisión sea resultado de un incumplimiento de un deber constitucional específico encabeza del legislador, puesto que se incumplió el deber del Estado colombiano de adoptarmedidas para establecer el paradero de las personas desaparecidas: “La inclusión de talrequisito que se omitió –el de dar informaciónsobre el paradero de personas desaparecidas- resulta indispensable parahacer efectivo el mandato constitucional expresado en el artículo 12 de laConstitución, que prohíbe tajantemente la desaparición forzada de personasen concordancia con la Convención Interamericana sobre desaparición forzada depersonas, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Igualmente,resulta armonioso con el artículo 4.2 de la Declaración contra la desaparición forzada (…)”.Adicionalmente afirman que en casos de desaparición forzada el derecho a laverdad tiene una protección constitucional reforzada, dada la formulación expresa yterminante de la prohibición consagrada en el artículo 12 Superior; ycitan el caso Lucio Parada Cea y otros v. El Salvador de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (27 de enero de 1999), en el que se afirmó que losfamiliares en estos casos tienen derecho a acceder y a recibir información sobreel paradero de las personas desaparecidas, de forma armónica con lo dispuestoen el artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra. Por otraparte, resaltan que la negación del derecho a la verdad en casos de desaparicionesforzadas constituye, además, un trato cruel prohibido por el Derecho Internacional, segúnlo ha expresado el Comité de Derechos Humanos en el caso deMariyaStaselovich v. Bielorrusia (2003).En este mismo sentido, indican que de conformidad con los artículos 43, 44 y
  45. 45. 45.5 de la misma Ley 975/05, al momento de dictar sentencia se puede fijar,como una de las posibles ordenes de reparación, la de buscar las personas desaparecidas osus restos, lo cual materializa las obligaciones constitucionales eneste campo; “sin embargo, la obligación de señalar el paradero de personasdesaparecidas no es incluida en los requisitos de elegibilidad de quienes sedesmovilizan. Además, no es claro por qué el deber de entregar informaciónsobre el paradero de la víctima se deja para el momento de la sentencia y nodebe entregarse desde el momento mismo de la desmovilización, máximecuando es una forma de cumplir también el requisito para elegibilidad en ladesmovilización colectiva establecido en el artículo 10.4 de la propia ley(…)”. En tal orden de ideas, explican los demandantes que la información sobreel paradero de los desaparecidos debe entregarse de manera previa para efectosde acceder a los beneficios, sin dejarse para el momento de la sentencia; e indi-49/436can que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas oInvoluntarias hizo una observación en este preciso sentido al referirse alcaso colombiano, y específicamente a la Ley 975/055. Igualmente afirman que“el hecho de que la contribución a la ubicación del paradero de personasdesaparecidas sea previa permitiría acceder a beneficios de rebajas de penas;contrario sensu, otorgar generosos beneficios penales sin tal contribución esdesproporcionado”. Se cita en este punto el artículo 3 de la Convención Interamericanasobre Desaparición Forzada.En consecuencia, solicitan los demandantes a la Corte que declaren inconstitucional elartículo 10 demandado por omisión legislativa, y que declare que “seentienda que tal norma incluye también el deber del grupo de aportar información queconduzca a la determinación del paradero de las personas desaparecidas”.3.1.2.2.9. Violación del derecho a la verdad por los artículos 48 y 58 de la Ley975/05, por cuanto desconocen la obligación de realizar una difusión completade la verdad.

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