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Ares José Luis: "Justicia Penal: una decada de luces y sombras" - 2010

Artículo de José Luis Ares, Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal en la carrera de Abogacía de la Univ. Nacional del Sur, docente Tutor de la Especialización en Derecho Penal de la UNS, y Juez Correccional del Depto. Judicial de Bahía Blanca

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Ares José Luis: "Justicia Penal: una decada de luces y sombras" - 2010

  1. 1. JUSTICIA PENAL: UNA DÉCADA DE LUCES Y SOMBRAS Por José Luis Ares (#) Si uno pretendiera reflexionar acerca de la justicia penal de esta ciudad no podríadesentenderse del contexto más amplio de la provincia en la que se encuentra inserta, aunquetambién podría identificar peculiaridades locales. Varias décadas atrás, nadie conocía a losjueces ni cuestionaba sus decisiones, existían los magistrados instructores y en realidad todoel peso de la investigación recaía en la policía, que generalmente hacía y deshacía a su antojo;los fiscales eran unos personajes burocráticos y deslucidos. Hoy, desde la ciencia procesal enclave constitucional, sabemos que ningún juez, por más capacidades que tenga, puede llevaradelante una investigación criminal y velar a la vez por los derechos de los imputados. Elbuen investigador mata al buen juez y viceversa. Por eso, y en consonancia con el paradigma constitucional, hace más de una década seconsagró un sistema en el que las cosas se pusieron donde deben estar: el fiscal investiga yacusa, actuando con criterio objetivo; los jueces controlan la investigación (jueces degarantías) o juzgan en juicio oral o abreviado, manteniendo su imparcialidad y sin actuar deoficio, y los defensores, asesoran y defienden. Sin embargo, aun hoy existen diversos problemas que impiden que se consolide unsistema que amalgame eficiencia y garantías procesales. Existen jueces que no se resignan asu posición de pasividad y de imparcialidad hasta el momento de dictar sentencia y que, enocasiones parecen más fiscales que jueces, que adhieren por convencimiento o temor a losdiscursos de “mano dura”, dejando complacidos a no pocos políticos y periodistas. Existenfiscales que a veces sobreactúan con posturas que saben jurídicamente insostenibles paracomplacer a los mismos sectores y a una población asustada y mayoritariamente bombardeadapor la demagogia punitiva. Ello, sin soslayar las aspiraciones de ascensos en la “carrerajudicial” (concepto que nunca entendimos) pues lamentablemente el poder político resultadecisivo en las designaciones. Faltan, desde las cabezas del Ministerio Público Fiscal, directivas coherentes ysistemáticas para perseguir al delito organizado, y para procesar los distintos casos según sugravedad y lesividad. Falta una policía judicial que forme parte de la fiscalía, como loestablece la constitución provincial desde 1994, que quizá no se implemente porque al poderpolítico le conviene que las investigaciones estén a cargo de una policía dentro de la órbita delPoder Ejecutivo. Se producen marchas y contramarchas en materia de excarcelaciones, en dirección a loque hemos llamado “reclamo social de prisión inmediata y generalizada”, subvirtiendo el 1
  2. 2. paradigma constitucional que establece que el procesado se presume inocente y por ello lalibertad durante el proceso debe ser la regla y la prisión preventiva la excepción. A pesar de lamuletilla de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, existe un usoabusivo de la prisión preventiva; las cárceles y comisarías bonaerenses lucen atestadas depresos, muchos de ellos sin condena, y en condiciones deplorables, transgrediendo cuantanormativa existe al respecto, como lo pusiera de resalto recientemente la relatoría de laComisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde ciertos sectores de la prensa y de la demagogia política se emprenden campañascontra “jueces garantistas” que osan aplicar la constitución con independencia de criterio,señalando que el “garantismo” es una teoría a la que se puede o no adscribir y realizando unaburda identificación con favorecer al delincuente. Y es tan elemental, que ya cansa tener querepetir una obviedad: las garantías no son solo para los delincuentes, son para todos losciudadanos, para evitar abusos y que se acuse a una persona erróneamente, para permitir ladefensa y el control sobre la prueba y evitar que se la “plante”, y que los jueces no puedensino ser garantistas, de lo contrario habría que echarlos pues no cumplirían la constitución porla que juraron al asumir su cargo. Y hay también policías, a quienes algunos fiscales parecen no controlar (estos últimosson los que deben dirigir las investigaciones), que tienen compulsión por las conferencias deprensa para anunciar, circunspectos, que tal o cual delito fue esclarecido, y a veces, esesospechoso, de quien se dan todos sus datos personales, no era el culpable, o luego no existeprueba para sostener una acusación seria, y por lo bajo le dicen a víctimas y periodistas:“tenemos las manos atadas”. Existen también abogados mediáticos, varios de ellos con escasos conocimientosjurídicos, que hacen su trabajo más en los “juicios paralelos” en la prensa, con tonoengolado, que en los tribunales, donde suelen desnudar falencias técnicas, que quedan más aldescubierto porque existe una defensa oficial, en general, capacitada y comprometida con sudelicada función. También -entiendo- hay cosas positivas como la difusión de la lógica del juicio oral ypúblico que pasó a ser algo normal y frecuente, aunque ya no convoque multitudes, quizáporque la prensa actúa de nexo, y los tribunales han ampliado las posibilidades para ladifusión de imágenes y sonido. Se va abriendo camino la idea de que en el juicio se debeproducir la prueba y los jueces deben convencerse absolutamente de la culpabilidad delacusado para poder condenarlo. También, merced a algunas modificaciones legislativas, se haavanzado en punto a la duración razonable de los procesos, como en la flagrancia en que elcaso se resuelve en unos cuantos días o en dos o tres meses; o con el recurso ante la Cámara 2
  3. 3. de Apelación en materia correccional, evitando la demora en que incurría el Tribunal deCasación. Creemos que se debería incorporar el juicio por jurados para cumplir con el mandatodel constituyente de 1853, en su variante cordobesa, es decir jueces profesionales y legos,éstos últimos en mayoría, actuando juntos. Ello, aunque se aplicara en pocos casos, alentaríala participación popular y quizá descomprimiría tensiones sociales. Creemos y esperamos,que una cosa es lo que un vecino dice livianamente en una charla ocasional o en un mensajeanónimo a la prensa, sin conocer la ley y el caso, y otra es que tuviera la responsabilidad(nada fácil por cierto) de actuar como juez, aunque sea por un día. Se nos ocurre también queurge establecer la figura del vocero judicial en cada departamento para que sean losencargados de informar los casos sensibles con amplia difusión. También sería bueno que lospolíticos actúen con responsabilidad y no cedan a la tentación demagógica, pidiendo el juiciopolítico de todo juez que resuelva en sentido contrario al supuesto “sentimiento del pueblo”;y que el Colegio de Magistrados y la Suprema Corte se tomen en serio la independencia delPoder Judicial y defiendan enfáticamente a sus integrantes cuando no hacen más que cumplircon su deber, y a la vez propendan a la destitución de los incapaces, corruptos y negligentes. Sería todo un detalle que se pudiera comprender que el delito es un fenómeno socialde gran complejidad respecto al cual no existen soluciones mágicas ni rápidas. Que cuantomenos desigual es una sociedad menos conflictividad tendrá. Que se debe combatir el delitoorganizado y la complicidad oficial, que se deben instrumentar políticas públicas de acciónsocial para que los jóvenes tengan futuro y salgan de la marginalidad; y finalmente que elendurecimiento de las penas y la mayor prisionización no dan como resultado menos delitos,sino más violencia, abusos e injusticias.(#) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal(UNS). Profesor de postgrado. 3

Artículo de José Luis Ares, Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal en la carrera de Abogacía de la Univ. Nacional del Sur, docente Tutor de la Especialización en Derecho Penal de la UNS, y Juez Correccional del Depto. Judicial de Bahía Blanca

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