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Ares José Luis: Caso "Urbani": otro disparatado pedido de Juicio Político - 2010

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Artículo de José Luis Ares, Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal en la carrera de Abogacía de la Univ. Nacional del Sur, docente Tutor de la Especialización en Derecho Penal de la UNS, y Juez Correccional del Depto. Judicial de Bahía Blanca

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Ares José Luis: Caso "Urbani": otro disparatado pedido de Juicio Político - 2010

  1. 1. CASO URBANI OTRO DISPARATADO PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO José Luis Ares * I. El año pasado, el joven Santiago Urbani fue muerto con motivo de un asaltoperpetrado por varias personas. Sin dudas, un hecho grave, lamentable y conmocionante. Hace unos días, luego de un juicio oral, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenilnro. 3 de San Isidro dictó su fallo decidiendo que dos jóvenes, que a la época del hecho tenían16 años de edad, eran coautores responsables penalmente y encuadrando el suceso comohomicidio en ocasión de robo. También difirieron la aplicación de la pena hasta que losacusados cumplan los 18 años de edad. II. Y allí comenzaron las arremetidas contra los jueces por parte del representante delparticular damnificado, doctor Jorge Casanovas, de triste recuerdo como ministro delgobernador de la “mano dura” Ruckauf (de estrepitoso fracaso), del intendente de Tigre,Sergio Massa y del Ministro Ricardo Casal. Massa, un político con aspiraciones de acceder a la gobernación bonaerense, que portal motivo busca posicionarse como un paladín de la seguridad, dijo que estudiarían laposibilidad de pedir el juicio político de los magistrados, que el fallo producía un profundomalestar y que es importante que la sociedad no conviva con la sensación de impunidad. Por su parte, el ministro Casal abordó con ligereza espinosas cuestiones acerca deldolo, dijo que los jueces deben explicar el fallo y aprovechó para llamar a debatir laposibilidad de instaurar el juicio por jurados en la provincia ante fallos de jueces garantistasque benefician a los delincuentes y dejan desprotegida a la sociedad. Quien esto escribe estáde acuerdo, al igual que toda la doctrina procesal, con la instauración del jurado, mandatoconstitucional incumplido por casi 160 años, pero el ministro equivocó el caso paraejemplificar, pues a estar al proyecto que impulsara en su momento el gobierno nacional alque responde, ni la calificación ni la pena la decidirá el jurado, y un tribunal popular al estiloanglosajón sólo hubiera decidido la condena, que es lo que resolvió en este caso el tribunalprofesional. Luego de que se recabaran miles de firmas de la ciudadanía, el Concejo Deliberante deTigre, en presencia de la familia Urbani, del Intendente Massa y de legisladores de distintasfuerzas, decidieron por unanimidad pedir el juicio político de los jueces de ResponsabilidadPenal Juvenil. El presidente del cuerpo deliberativo manifestó que era inadmisible la medida
  2. 2. que tomó el tribunal; el intendente dijo que suena ilógico que un tribunal provincial apliqueuna ley nacional y no una provincial (¿?). Realmente pareciera que la ignorancia y el oportunismo no tuvieran límites, y lo máslamentable es que gran parte de la prensa colabora con ese discurso de la demagogia punitiva,difundiéndolo en forma complaciente y acrítica. Por caso, un diario se refirió a “los jueces quebeneficiaron a los asesinos” y también se expresó que la condena quedó en suspenso.Respecto a las explicaciones reclamadas por Casal, los jueces dieron a conocer uncomunicado que tuvo escasa difusión en los medios periodísticos. III. Y bien, ¿qué cosa tan novedosa y absurda resolvió el tribunal?. Por mayoríadecidió que el hecho debía encuadrarse como homicidio en ocasión de robo y no comohomicidio agravado como lo requerían las acusaciones. Se trata de un tema que tiene que vercon consideraciones jurídicas y de valoración de la prueba entre dos figuras o delitos queposeen puntos de contacto. Si hubiera un error, aunque siempre se debe recordar que elderecho no es matemática, el mismo será corregido en instancias superiores, que para esoestán los recursos. Resulta absurdo hablar de impunidad cuando se aplica una figura que prevé penas de10 a 25 años de prisión. Y estos jueces ¿se volvieron locos al mantener la detención y diferir la aplicación de lapena hasta que los procesados cumplan los 18 años?. La Ley provincial 13.634, que regula elproceso de menores, establece que una vez concluido el debate, el tribunal debe absolver odeclarar responsable al joven y aplicarle una o varias medidas que no son penas (orientación,apoyo, obligación de reparar, reglas de conducta, derivación a los servicios locales). Tambiénestablece que el régimen es aplicable a todo joven punible según la legislación nacional quefuera imputado de un delito en jurisdicción de la provincia (arts. 32, 56 y 68). Es decir que la ley provincial no establece que deba aplicarse una pena luego deldebate. Y ¿por qué es esto?, porque rige la Ley nacional 22.278, que tiene treinta años devigencia, y en su art. 4 dispone que para imponer una pena a un menor deben darse lossiguientes requisitos: a) que previamente se haya declarado su responsabilidad penal; b) quehaya cumplido 18 años de edad; y c) que haya sido sometido a un período de tratamientotutelar no inferior a un año. IV. Realmente resulta bochornoso y obsceno aprovechar el dolor de los familiares dela víctima y la justificada preocupación de la sociedad para obtener réditos políticos ypretender disciplinar a los jueces de esta provincia para obligarlos a fallar contra el sistemaque diseña la constitución, afectando la división de poderes y la independencia judicial.
  3. 3. Habiendo llegado a estos niveles de absurdo, bien se podría propiciar el cierre de lasfacultades de derecho, la supresión de la función judicial y que la culpabilidad de losprocesados, las calificaciones jurídicas de los hechos delictivos y las penas a aplicar seandecididas por los concejos deliberantes del lugar, previas consultas populares. O bien,suprimir la defensa y que los jueces deban receptar sin chistar las postulaciones de losacusadores. Esperamos que finalmente prime la sensatez y ese disparatado y absurdo pedido dejuicio político no prospere. Ello por el bien de la institucionalidad y de la separación depoderes, que tanto se declama y poco se cumple. Sería deseable también que ciertosfuncionarios con responsabilidades políticas, en vez de lanzar fuegos de artificio en direcciónde la demagogia punitiva, se ocuparan en serio de que los miles de jóvenes que no estudian nitrabajan empuñen un libro o una herramienta en lugar de un arma. Bahía Blanca, agosto de 2010* Juez Correccional del Depto. Judicial de Bahía BlancaProfesor Adjunto por concurso de la asignatura “Derecho Procesal Penal”, en laUniversidad Nacional del SurProfesor Tutor en la Especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional del Surwww.derechouns.com.ar

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