Reporte primer semestre 2013
Observatorio
de Conflictos
Mineros en el Perú
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Dato considerando superposición
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Reporte primer semestre 2013 del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú

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Este semestre está marcado por
temas fundamentales que generan
preocupación, como es el evidente
retroceso en la implementación de la
consulta para los pueblos indígenas
y el paquete de medidas anunciadas
por el presidente Humala que buscan
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Reporte primer semestre 2013 del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú

  1. 1. Reporte primer semestre 2013 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
  2. 2. 2 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 3 Índice 4 18 9 24 6 21 12 27 Consulta previa: retrocesos en su implementación Cajamarca: Conga, el conflicto continúa Economía: ¿Dónde está la desaceleración? Junín: Toromocho aumenta su nivel de producción Cusco: se confirma la contaminación en Espinar Piura: conflicto Rio Blanco latente Apurímac: proyectos mineros se consolidan Conclusiones: Reactivación de conflictos Presentación ¿Qué ha pasado en este último semestre en materia de con- flictividad social vinculada a la actividad minera? ¿Cuáles son los aspectos más saltantes en las zonas de influencia de la minería que el Observatorio de Conflictos Mineros viene analizando? ¿Los conflictos han disminuido o han aumentado? ¿Qué nuevos hechos y tendencias podemos remarcar? En el presente informe analizamos no solo la situación de las cinco regiones: Piura, Apurímac, Cusco, Junín y Cajamarca, que el Observatorio de Conflictos Mineros viene siguiendo desde un inicio –julio 2007-, sino también algunas tendencias nacionales y del propio escenario global que tienen una mar- cada influencia en el país. ¿Los conflictos han bajado en número e intensidad en este pri- mer semestre? Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, mayo de 2013, se han registrado 225 conflictos (hace un año se registraron 245 conflictos), entre activos y latentes, de los cuáles el 62.2% responden a la categoría de socio-ambientales. Además, de este grupo específico, el 72.5% corresponden a ca- sos vinculados a la minería, lo que confirma la predominancia de los problemas vinculados a esta actividad. Sin embargo, los conflictos siguen evolucionando en las dis- tintas regiones, como lo veremos en el presente informe. Apurímac ha pasado a ocupar el segundo lugar en materia de conflictividad social en el país, luego de Ancash. Y en el caso de Apurímac predominan largamente los conflictos mineros. Están las movilizaciones de las poblaciones de Andahuaylas y Aymaraes; los reclamos de los mineros artesanales contra el acaparamiento de concesiones por las grandes empresas que se ubican en la región; el pedido de las poblaciones de mayores empleos directos e indirectos en Cotabambas y los procesos de reubicación de algunos pobladores. Todo indica que ésta y otras regiones vecinas del sur andino pa- sarán a ocupar un lugar especial en materia de expansión minera y conflictividad social en el país. En el norte del país, algunos conflictos, que habían estado ador- mecidos o en compás de espera, comienzan a reactivarse nueva- mente en los últimos meses. Es el caso del proyecto minero Rio Blanco que sigue despertando preocupación en las localidades de Ayabaca y Huancabamba, en Piura. Así mismo, está el caso Conga, que ha provocado recientes movilizaciones a las lagu- nas de los habitantes de Celendín y Bambamarca, en Cajamarca, frente al anuncio del avance del proyecto, la culminación de los reservorios y posibles trasvases de las aguas de la laguna El Perol. En Junín, el caso de La Oroya sigue presentando nuevos capí- tulos que abren la posibilidad que la empresa Doe Run nueva- mente intervenga en el destino del complejo metalúrgico. Por otro lado, Chinalco ha anunciado que el proyecto Toromocho ampliará sus inversiones a casi cinco mil millones de dólares y se espera que inicie operaciones el próximo año. Finalmente, Cusco y de manera específica Espinar, viene discu- tiendo con el Ministerio del Ambiente y la empresa Xstrata, los resultados del monitoreo ambiental, al mismo tiempo que encara la negociación de un nuevo convenio marco. El semestre también ha estado marcado por temas fundamen- tales que generan debate y preocupación, como es el evidente retroceso en la implementación de la consulta para los pueblos indígenas y el paquete de medidas anunciadas por el presidente Humala que buscan flexibilizar aún más los procesos de certifi- cación ambiental en el país. Todos estos temas configuran el escenario que la presente edi- ción del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presenta y busca analizar. Este semestre está marcado por temas fundamentales que generan preocupación, como es el evidente retroceso en la implementación de la consulta para los pueblos indígenas y el paquete de medidas anunciadas por el presidente Humala que buscan flexibilizar aún más los procesos de certificación ambiental en el país. Grufides Grufides Producción editorial: Hiperactiva Comunicaciones / 01-6204916
  3. 3. 4 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 5 A casi un mes de asumir el cargo el presidente Ollanta Humala –23 de agosto de 2011– el Congreso de la Repúbli- ca aprobó por unanimidad la Ley de Consulta, posteriormente fue promulgada por el presidente de la República en Imacita, Amazonas, como un acto de reivindicación con la población amazónica, tras los trágicos sucesos de Bagua, que significó la muerte de 33 personas y un desaparecido, durante el gobierno de Alan García, debido a la imposición de normas que afectaban los derechos de los pueblos indígenas sin que medie consulta previa. A menos de dos años de la promulgación de esta norma, se han dado diversos gestos políticos de retrocesos, encabezado por el pre- sidente de la República, quien sentenció en una entrevista televisiva que en la costa del país básicamente no hay comunidades nativas y que en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma de Juan Velasco Alvarado. “Más que todo se dan co- munidades nativas en la selva, que eran llamados no contactados”, es decir para el presidente las comunidades de la costa y sierra no Destrabar los obstáculos para la implementación de la Consulta previa A pesar de los avances con la promulgación de la Ley y su reglamento,a la fecha el gobierno sigue viendo a la consulta previa como una traba para las inversiones. Consulta previa creto Supremo N°001-2012-MC.Cuando al presidente Humala se le cuestionó sobre esta negativa, señaló que no se publicó la base de datos sobre pueblos y comunidades indígenas porque “no se trata de publicar y que mañana tengamos medio Perú de comunidades”. Frente a ello la Defensoría del Pueblo invocó al Consejo de Ministro y al Ministerio de Cultura a hacer público dicho documento. Consulta previa o inversión privada Entre fines de mayo y junio se aprobaron dos paquetes de refor- mas para acelerar la inversión en materia minera, una de las medi- das del primer paquete que más preocupa es el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que busca agilizar la aprobación de los Es- tudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados, según esta norma los EIA deberán ser aprobados en menos de 100 días. Para diversos especialistas esta decisión aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos, teniendo en cuenta además que el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año. Estas normas que agilizan la inversión privada en el país, podrían dificultar la aplicación del derecho a la consulta previa, a ello hay que agregar que hay una ausencia de diálogo entre los representantes del gobierno central y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Esto devela que el actual Gobierno sigue sin entender el derecho a la consulta en su real dimensión y lo sigue viendo como un obstáculo para la inversión. Los logros a la fecha han sido más formales que reales y las demandas de los pueblos indígenas siguen sin ser atendidas, agudizando en muchos casos las situaciones de tensión en todo el territorio nacional. Mientras no se entienda que el derecho a la consulta es un proce- so de diálogo intercultural, y no una traba para las inversiones, son pocos los avances que se puedan lograr en la protección de los de- rechos de los pueblos indígenas y en un reconocimiento de los mis- mos como ciudadanos, con pleno derecho a ser consultados y dar su consentimiento sobre los proyectos que afectan sus vidas. El reclamo de Cañaris El caso concreto de Cañaris, pese a que la comunidad campesina de San Juan de Cañaris, en la provincia de Lambayeque ha sido reconoci- da como pueblo indígena por diversas instituciones del Estado como el Viceministerio de Interculturalidad y la Defensoría del Pueblo como pueblo indígena, el Ministro de Energía y Minas sostuvo que no se realizará consulta previa en la zona, y que la empresa canadiense Candente Copper se encargará del proceso de diálogo. Otro documento que les reconoce como comunidad indígena es la Resolución Suprema Nº64 de enero de 1987 del Ministerio de Trabajo que dice a la letra: “Reconócese la existencia legal y personería jurídica de la comunidad de indígenas de San Juan de Cañaris, e inscríbasela en el Registro Oficial de la Dirección Ge- neral del Ramo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas”. Según los resultados del Censo Nacional del 2007, existen un total de 11 743 habitantes, 64% (7475) de ellos hablan quechua y 36% (4190) castellano. La población de Cañaris solo pide el cumplimiento del derecho a la participación y consulta previa, debido a la presencia de la em- presa canadiense Candente Copper, que con el proyecto minero Cañariaco (Cañariaco Norte, Cañariaco Sur y Quebrada Verde) proyecta una inversión de mil quinientos millones de dólares, como un yacimiento de cobre a “gran escala” que contiene 752.4 millones de toneladas, con una ley de concentrado puro de 0,45% de cobre, 0,07 g/t de oro y 1,9 g/t de plata (0,52% Cu). Todo esto equivale a 7,533 mil millones libras de cobre, 1,7 millones de on- zas de oro y 45.2 millones de onzas de plata. Además, el depósito contiene 157,7 millones de toneladas de recursos inferidos que contienen 1,434 mil millones libras de cobre en el yacimiento que se denomina “Cañariaco Norte”.  48.6% de territorio de comunidades campesinas se encuentran concesionados a la actividad minera. Cronología 23 de agosto de 2011 El pleno del Congreso aprobó por una- nimidad, la Ley de Consulta Previa que otorga a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados sobre eventuales proyectos que afecten sus vidas. 06 de setiembre de 2011 El presidente de la República, Ollanta Humala, promulga la Ley de Consulta Previa, en Imacita, Bagua, Amazonas. 03 de abril de 2012 El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, en el diario oficial El Peruano. 15 de mayo de 2013 Luis Peirano, ministro de Cultura anunció que la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas del Perú no será público. 17 de mayo de 2013 Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, afirmó que se puede entregar una concesión sin aplicar la Ley de Consulta Previa, durante su participación en un evento de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 03 de mayo 2013 El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, oficializó su renuncia al cargo. Su salida respondería a la falta de respaldo por parte del Ejecutivo para impulsar la Ley de Consulta Previa. 26 de abril 2013 El Primer Ministro Juan Jiménez indicó que 14 proyectos de exploración minera no requerirán consulta previa para así recuperar el tiempo perdido en las autorizaciones que entrega el Gobierno al sector privado. 28 de abril 2013 Ollanta Humala señaló en una entrevista televisiva que en la costa del país no hay comunidades nativas y que en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias. “Más que todo se dan comunidades nativas en la selva, que eran llamados no contactados”. tienen derecho a consulta, y que la ley solo debiera beneficiar a los no contactados, excluyendo de primera mano a las comunidades campesinas, lo que evidencia un desconocimiento real de quiénes son los beneficiados con esta ley. El 26 de abril, el Primer Ministro Juan Jiménez, indicó que 14 pro- yectos de exploración minera no requerirán consulta previa, argu- mentando que la idea era lograr una celeridad en la entrega de au- torizaciones al capital privado por parte del Gobierno. Con ello el premier reafirma que para el Gobierno la normativa de la Consulta representa una ‘traba’ para las inversiones y no apunta a salvaguar- dar los derechos de las comunidades nativas y campesinas del país. A estos hechos hay que agregar la negativa de la publicación de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas, desconocién- dose hasta la fecha quiénes son Pueblos Indígenas en el Perú e incumpliéndose una obligación legal prevista en los artículos 19° y 20° de la Ley N° 29785 y los artículos 28° y 29° del De-
  4. 4. 6 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 7 Economía Se ha abierto un debate interesante sobre las proyecciones de crecimiento del sector minero para este año. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) aparentemente no se ponen de acuerdo: mientras que el MEF (Marco Macroeconómico Multianual) proyecta un creci- miento para la minería metálica de 3.5%, el BCR es más conservador y anuncia apenas un 2%. ¿Quién se acercará a la cifra definitiva a fin de año? Las variacio- nes en las proyecciones se deben fundamentalmente al peso que se le da al contexto desfavorable de la economía mundial o en su defecto a los niveles de producción que se pueda alcanzar este año en algunos metales. Al margen de posibles aciertos o errores, lo importante es identificar algunas tendencias que ya se han comenzado a dar en la producción minera del país. Un primer elemento a destacar es que si cualquiera de las dos proyecciones se concretan, este sería el segundo año con- secutivo de cifras en azul para el Producto Bruto Interno (PBI) de la minería metálica, luego de varios años de caída: como se puede apreciar en el gráfico, el año pasado el PBI minero creció en 2.12%, luego de sucesivas caídas desde el año 2009 hasta el 2011. Es preciso resaltar que el quinquenio del gobierno aprista fue el peor de los últimos 20 años para la minería peruana. El otro dato interesante es que la producción minera del país de- penderá cada vez más del dinamismo de la evolución del cobre. El año pasado, en el último trimestre, entró en etapa de producción el proyecto de Antapaccay en Espinar, Cusco y para finales de este año se prevé la entrada en producción de la primera etapa del proyecto Toromocho, a un 25% de su capacidad, proyectándose alcanzar el 100% a mediados del 2014. Además, están los procesos de amplia- ción de Cerro Verde, Southern Perú y Antamina. Por lo tanto, pese a la caída de los niveles de producción del oro y las menores cotizaciones, todo indica que la evolución del PBI minero metálico seguirá siendo positiva no solamente este año, debido a que que se ha entrado en un período de crecimiento, que se sustentará sobre todo en la mayor producción de cobre, con la maduración adicional de proyectos como: Las Bambas, Constancia y sobretodo Toromocho, que es la inversión más importante en cobre, cuya inver- sión alcanzará US$ 4,820. Habrá que mirar con atención como este escenario se refleja en las futuras proyecciones del PBI minero. Un reciente estudio de Peru Top Publications revela que existe un portafolio de 54 proyectos por US$ 56,540 millones hasta el 2020 y que de estos proyectos, 17 poseen Estudio de Impacto Ambiental aprobados por US$ 22,580 millones, que podrían ejecutarse entre el 2013-2016. Luego de que el crecimiento económico se desaceleró en el primer trimestre del año, el presidente Ollanta Humala declaró de “interés nacional” las inversiones en el Perú,  y anunció la agilización de pro- yectos de infraestructura. Afirmó que está desaceleración económica en los primeros tres meses fue: “un bache”, debido en gran medida, ¿Y DÓNDE ESTÁ LA DESACELERACIÓN? Según el Ministerio de Energía y Minas, en la cartera de proyectos mi- neros estimados para los próximos años, existen 9 ampliaciones de tra- bajos ya existentes. El de mayor inversión del próximo año, valorizado en 1,480 millones de dólares, lo realizará la empresa Shougang Hierro Perú en la zona de Marcona, región Ica, donde viene explotando un gran yacimiento cuprífero. Sin embargo, el que más dinero desembolsará sería la estadounidense Freeport MacMoran Copper, en la ampliación de Cerro Verde, que viene trabajando en la localidad arequipeña de Yarabamba, gracias a una inyec- ción económica de 4,400 millones de dólares. Vale mencionar que con estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado en construcción, hay 9 proyectos por desarrollar. Por ejemplo, la compañía Xstrata Copper tiene estimado trabajar el 2014 en el distrito apurimeño de Chalhuahuacho, con una inversión de 5,200 millones de dólares. Asimismo, la empresa Andean American Mining Corp está con la idea de explotar diversas minas polimetálicas en Leoncio Prado, ubicado en la provincia limeña de Huaura. En esta lista también está presente la minera Suyamarca, suma de capital peruano con estadounidense, para iniciar sus labores en Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, en Ayacucho, en la sierra del país. Mientras tanto, hay 24 proyectos mineros con estudio de impacto ambien- tal (EIA) presentado. Entre ellos está la aglomeración de las compañías japonesas Pan Pacific Copper Corp.; JX Nippon Mining Holdings y Mit- sui Mining & Smelting Co; quienes tienen puesta la mira en la provincia cusqueña de Espinar. En esta parte del país abunda el cobre. Por su ex- tracción, estarían pensando invertir la suma de 490 millones de dólares. Si sumamos todos los proyectos, tanto los que se ejecutan como los que han presentado sus estudios de impacto ambiental, se registrará una inversión de 54,843 millones de dólares. La mayoría de ellos tienen pensado desarrollarse en la costa sur del país, como Arequipa, Moque- gua, y parte de la sierra de Junín, Cusco, Apurímac y Ayacucho. Cartera estimada de proyectos mineros en el Perú Un estudio de Perú Top Publications revela que existen 54 proyectos mineros valorizados en 56,540 millones de dólares hasta el año 2020. De ese total, 17 ya cuentan con EIA aprobados, los cuales podrían ejecutarse entre el 2013 y 2016. El crecimiento económico se desaceleró en el primer trimestre del año, debido a que la crisis mundial ha afectado a América Latina, sin embargo, no tendrá las implicancias señaladas debido a que nuestro país tienen una cartera de inversión proyectada para los póximos años, pese a ello se vienen dando re- formas para acelerar la inversión. Andina Ampliaciones Con EIA aprobado Con EIA presentado o en evaluación Exploración Marcona Shougang Corp. (China) Refinería Cajamarquilla Votorantim Metals (Brasil) Cerro Verde Freeport Mac Moran Cooper (USA) Lagunas Norte Barrick Gold (USA) Antamina BHP Billiton, Xstrata-Teck- Mitsubishi (Canadá) Fundición y Refinería de Ilo Grupo México (México) Bayóvar Compañía Vale Do Rio Doce (Brasil) Cuajone Grupo México (México) Marcobre (Mina Justa) Charlot (Canadá) Quellaveco Anglo American Quellaveco S.A. (UK) La Arena Rio Alto Mining (Canadá) Toromocho Aluminium Corp. of China Tantahuatay Newmont, Buenaventura (USA, Perú) Invicta Andean American Mining Corp. (Canadá) Pucamarca Grupo Brescia (Perú) Constancia Norsemont Minig (Canadá) Minas Conga Newmont, Buenaventura (Perú) Las Bambas Xstrata Copper (Suiza) San Luis Rellant Ventures S.A.C. (Canadá) Salmueras de Sechura Americas Potash Peru S.A. (Canadá) Hierro Apurímac Strike Resources Peru S.A.C. (Australia) Chucapaca Canteras del Hallazgo (Perú) Tía María Grupo México (México) Los Calatos Metminco Limited (Australia) Chaquicocha Newmont, Buenaventura (USA, Perú) Inmaculada Hoschschild Mining Plc (USA) Shahuindo SullidenExploration (Canadá) Galeno Jiangxi Copper (China) Corani Bear Creek Mining (USA) Quechua Mitsui Mining (Japón) Los Chancas Grupo México (México ) Rio Blanco Zijin Mining Group (China) Pukaqaqa Grupo Milpo (Perú) Cercana Junefield Group S.A. (China) Chucapaca Canteras del Hallazgo (Perú) Haquira Antares Minerals (Canadá) Cerro Ccopane-Huillique Cuervo Resources Inc (Canadá) Pampa de Pongo Nanjinzhao Group Co (China)Michiquillay Anglo American Michiquillay S.A. (UK) Hilarión Grupo Milpo (Perú) Rondoni Grupo Volcan (Perú) Cañariaco Candente Resources (Canadá) La Granja Rio Tinto (UK-Australia) Magistral Inca Pacific Resources (Canadá) Antapaccay Xstrata Tintaya S.A. (Suiza) Toquepala Grupo México (México) Colquijirca Buenaventura (Perú) (*) Los proyectos han sido ordenados de manera aleatoria
  5. 5. 8 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 9 a que la crisis mundial ha afectado a Latinoamérica, produciendo un retraimiento de las inversiones, particularmente en el sector de extractivas como la minería. El escenario de caída del precio del oro no tiene las implicancias señaladas, ya que hay toda una cartera de inversión proyectada para los próximos años, en el que el cobre es el gran protagonista. Cabe entonces preguntarse si los paquetes de promoción de la inversión que se han anunciado están justificados. Estamos ante un escenario ya no sólo de flexibilización de están- dares para la inversión sino ante el grave anuncio de sancionar a funcionarios que traben la inversión con multas muy elevadas, que en la práctica coacciona al funcionario a aprobar los proyectos de inversión ante el temor de recibir una sanción que según el propio ministro de Economía, Luis Castilla, podría ser penal. Medidas de este tipo no hacen más que generar mayor desconfianza en la población, que siente claramente la imposición de los proyectos de inversión y una situación de este tipo corre el riesgo de aumentar la conflictividad social a nivel nacional.• 14.00 12.30 7.78 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013* 2013** 5.27 7.37 0.45 1.68 7.27 -1.41 -4.91 .-3.59 2.12 2.00 3.50 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 * Proyección BCRP ** Proyección MEF PBI Minería Metálica Var. % 2002-2012 2009 2010 2011 Datos • El hecho que el cobre haya caído de US$ 3.60 la libra el año pasado a US$ 3.20 no hace que la rentabilidad de las empresas mineras deje de ser sumamente alta, hace 10 años el cobre apenas llegaba a US$0.70. • Con el oro sucede algo parecido. Su precio ha bajado un poco pero sigue siendo 5 veces más que cuando abrió Yanacocha, hace 20 años. La inversión en minería en el primer trimestre del año creció 23%, alcanzando los US$ 1,920 millones. Según el Ministerio de Energía y Minas, el próximo año la mayor inversión minera vendrá de la empresa Shougang Hierro Perú (Marcona), valorizado en 1,480 millones de dólares. Economía Cusco !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H Parque Nacional Alto Purus Parque Nacional Otishi Reserva Comunal Ashaninka Bosque de Protección Pui Pui PUNO MADRE DE DIOS AYACUCHO JUNIN AREQUIPA APURIMAC UCAYALI HUANCAVELICA ICA UCAYALI LA CONVENCION CALCA QUISPICANCHI CANCHIS PAUCARTAMBO ANTA CANAS PARURO URUBAMBA ACOMAYO CUSCO MANU ENE ACARI DE LAS PIEDRAS OCOÑA APURIMAC MAJES RAMIS INAM BARI MANTARO AZANGARO TAMBO PA C H A C H A C A PAM PA S LAM PA URUBAMBA OLAECHEA TAMBOPATA APURIMAC 560,000 560,000 680,000 680,000 800,000 800,000 920,000 920,000 1,040,000 1,040,000 8,400,000 8,400,000 8,540,000 8,540,000 8,680,000 8,680,000 Región CUSCO ³ 1:2,908,072Escala Proyección UTM Z18 Fuente: INGEMMET Junio 2013 23.1 %* * Área concesionada considerando c.m. superpuestas Concesiones Mineras CooperAcción Acción solidaria para el desarrollo Estado de las Concesiones Mineras Cantera afectada al Estado Planta o depósito de relaves Concesión minera titulada Petitorio en trámite Concesión minera extinta Espinar: el centro de disputa por la confirmación de contaminación Un año después del estallido del conflicto en Espinar se confirmó la existencia de contaminación asociada a la actividad minera y que las protestas de la población tenían base y sustento. Queda la tarea de implementar las medidas de remediación así como establecer medidas de monitoreo permanente a las empresas. El quinquenio del gobierno aprista fue el peor de los últimos 20 años para la minería peruana. El 2012 el PBI minero creció en 2.12%. Andina
  6. 6. 10 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 11 La publicación de los resultados del moni- toreo ambiental de Espinar, en un clima de tensión en el que el municipio y las organizaciones sociales mostraron su preocu- pación, es uno de los hechos más relevantes del periodo. Hay que tener en cuenta que los continuos retrasos en la publicación de los resultados del monitoreo ambiental realizado en el marco de la Mesa de Diálogo de Espinar, generaron desconfianza en un sector importante de la población. El Gobierno indicó que no se darían a conocer hasta que no se haya concluido el 100% de los recojos de muestras por parte de todas las entidades del Estado participantes en el proceso. De manera previa a la publicación, se conocieron declaraciones de las autoridades locales y las organizaciones provinciales. Así, el al- calde provincial de Espinar Óscar Mollohuanca, manifestó que no compartía el discurso optimista del gobierno central respecto al proceso de diálogo, que sostiene que la mesa terminará como un proceso de diálogo exitoso. Al respecto señaló: “No aceptaremos que haya alguna tergiversación de la información, ninguna manipulación, porque en este momento siguen muriendo los animales, siguen habiendo filtraciones, sigue el mal estado de la salud, el resultado tiene que ser coherente con esa realidad, estamos estructurando un plan de largo plazo de monito- reo y un sistema de vigilancia permanente”. Asimismo, indicó que el conflicto se inició por serias denuncias de contaminación ambiental y que la Mesa de Diálogo no está atendien- do esos reclamos, ya que a la fecha existen más de 300 familias en las comunidades campesinas –que hicieron reclamos de tipo ambiental- a las que no se las ha atendido. El 11 de abril se dio finalmente en la ciudad de Cusco la presenta- ción de los resultados con la presidencia colegiada de la Mesa de Diálogo de Espinar. El monitoreo participativo realizado en la pro- vincia cusqueña revela que se encontraron problemas ambientales y sanitarios de origen natural y por actividades económicas. Siendo que el monitoreo se realizó en 481 puntos, de los cuales se obtuvie- ron 25,800 resultados de laboratorio sobre muestras de aire, agua, suelo y sedimentos; así como pruebas de orina realizadas a poblado- res de las comunidades de Alto Huancané y Huisa. Frente a estos resultados, la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) presentó en conferencia de prensa un informe técnico con observaciones. Entre las observaciones presentadas, preocupan las siguientes afirmaciones: 1. Queda comprobado en el informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) que existe contaminación en la Provincia de Espinar, asociada a la actividad de la empresa minera Xstrata Tintaya. 2. El informe corrobora la presencia de metales en las aguas super- ficiales y sedimentos de las microcuencas Camacmayo, Tintaya y Collpamayo. 3. El informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec- ción del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) demuestra que el 100% de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por Xstrata Tintaya se encuentran expuestas a las pre- sencia de arsénico, talio y plomo. 4. El informe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) no responde a la preocupación de la población por la muerte, aborto y malformación en animales. “Hay contaminación en Espinar, ahora se debe determinar su cau- salidad”, declaró la Congresista Verónika Mendoza, a quien recor- demos el año pasado se le trató de irresponsable por atreverse a decir una verdad incómoda, que hoy tiene asidero en los resultados oficiales del informe del MINAM. El objetivo de presentar las observaciones fue expresar las preo- cupaciones y temas pendientes, en aras de lograr un informe final concertado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil de Espinar, que dé cuenta de la real situación ambiental y la problemá- tica de salud en la provincia. Convenio marco La negociación sobre el convenio marco es uno de los procesos más importantes que se vienen dando en la provincia, pues va a definir los aportes de la empresa minera para los próximos años. Una de las principales quejas fue que al comienzo del proceso la em- presa no proporcionaba toda la información necesaria para una ne- gociación en igualdad de condiciones, como por ejemplo no reveló el monto de sus utilidades anuales. El argumento de la empresa para no dar esa información fue el ejercicio de su derecho de confidencialidad. El aporte actual de Xstrata Tintaya es del 3% de las utilidades anua- les para la ejecución de obras y proyectos productivos. Una primera propuesta de Xstrata fue establecer un monto fijo anual (la empre- sa ha planteado aportar sólo 30 millones anuales, durante 18 años) como aporte para la provincia de Espinar, propuesta que fue absolu- tamente rechazada por la población. Se han ido proponiendo varios montos y finalmente la MPE ha presentado como propuesta que Xstrata entregue como aporte eco- nómico un 6% de sus utilidades, pues el proyecto Antapaccay, que empezó a explotar en noviembre pasado, duplicará en producción a la mina Tintaya que ya fue cerrada. Esta propuesta fue rechazada por la empresa minera y el debate continúa. La negociación va a ser muy compleja para todos los actores, pues habrá propuestas y contrapropuestas antes de arribar a un acuerdo que responda a las expectativas de cada una de las partes. La presen- cia del Gobierno Nacional en el proceso debería apuntar a garantizar que se alcance a un acuerdo equitativo. Una de las demandas que continúa vigente es que los fondos del convenio marco sean entregados a una “comisión especial” integra- da por dirigentes y autoridades, y sea ésta la que ejecute las obras. Por eso demandan la desactivación de la Fundación Tintaya, que a la fecha las ha venido ejecutando. El actual gerente de Antapaccay, Xavier Ochoa, defendió la propues- ta de la empresa señalando que la misma colocaría a Espinar como la provincia con mayor presupuesto anual por habitante de toda la región y a nivel nacional, sin considerar el ingreso por canon y re- galías. Esto significaría un crecimiento importante para la provincia ya que se podrían ejecutar proyectos de envergadura (productivos y de infraestructura) y el crecimiento económico y el desarrollo se pueden dar paralelamente con la actividad minera. Ante la pregunta: ¿Qué pasaría si la provincia no acepta esta pro- puesta? Ochoa indicó que en este tipo de escenario, no tendría mu- cho sentido rechazar la propuesta, “confiamos en que la autoridad asuma su papel con responsabilidad y elija lo mejor para el desarrollo de Espinar y su gente”. Majes Siguas El caso Majes Siguas ha vuelto a ser parte de la agenda y se han retomado las reuniones entre las autoridades del gobierno nacional y las autoridades locales de Espinar. El tema cobra mayor vigencia si tenemos en cuenta el anuncio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que presentará el Estudio técnico de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta del Río Apu- rímac (EBHICA), en el plazo anunciado, cuando desde Espinar se exigió un estudio mayor, que permita analizar los cursos hídricos en todas las estaciones del año y tener un resultado completo. Los pobladores de Espinar han mostrado su disconformidad con los plazos que se han establecido para la realización de los estudios de balance hídrico y amenazan con tomar medidas de fuerza. Otros emprendimientos mineros En Cusco, el crecimiento minero se sigue dando de manera sosteni- da y se hace evidente con la ejecución de nuevos proyectos mineros. En algunos casos ya hemos identificado algunas tensiones entre las empresas y las poblaciones de las zonas de influencia. En efecto, en Chamaca se vive una situación de tensión frente al proyecto Cons- tancia de la empresa minera Hudbay Minerals, pues existe gran pre- ocupación en la población. Hay que tener en cuenta que Hudbay no tiene los mejores antece- dentes. Pesa sobre ella una acusación por negligencia por el asesinato del líder indígena Adolfo Ich en Guatemala, 2009, así como la viola- ción en grupo de 11 mujeres y el ataque contra Germán Chub Choc que le dejó paralítico en una silla de ruedas. En noviembre de 2012 se creó La Mesa de Diálogo de Chamaca – Santo Tomás, en la que vienen participando el gobierno local, las organizaciones sociales distritales y la empresa minera Hudbay. Los temas más relevantes a abordar en esta mesa se centran en las preocupaciones ambientales de la población frente al desarrollo del proyecto Constancia, las acciones de responsabilidad de la empresa y la definición de los aportes de un fondo de financiamiento para proyectos de desarrollo en el distrito. El diálogo está atravesando una fase inicial y plantea retos importan- tes para todos los actores involucrados. El proceso llevado a cabo de Espinar ha sido el referente que se ha tomado para el caso de Chamaca y que presenta varias lecciones aprendidas como la necesi- dad de plantear argumentos técnicos sólidos tanto a nivel ambiental como a nivel económico.• 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del otorgamiento de concesiones mineras en la región Cusco (hectáreas) 676,033 511,661.51 469,525.61 303,225.84 415,090.76 546,221.45 671,145.09 735,988.29 844,895.38 1’053,996.56 1’179,191.38 1’177,555.76 1’417,803.16 1’101,393.45 1’666,471.4 Está comprobado –Informe MINAM- que existe contaminación en la Provincia de Espinar, asociada a la actividad minera Xstrata Tintaya. El 100% de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por Xstrata Tintaya se encuentran expuestas a las presencia de metales. Cusco
  7. 7. 12 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 13 Apurímac !H !H !H !H !H !H !H APURIMAC AYACUCHO AREQUIPA ANTA LA CONVENCION URUBAMBA PARURO CALCA CUSCO PAMPAS PACHACHACA O CO ÑA APURIMAC ACARI APURIMAC 680,000 680,000 800,000 800,000 8,400,000 8,400,000 8,540,000 8,540,000 Región APURÍMAC ³ 1:1,132,205Escala Proyección UTM Z18 Fuente: INGEMMET Junio 2013 64.8 %* * Área concesionada considerando c.m. superpuestas Concesiones Mineras CooperAcción Acción solidaria para el desarrollo Estado de las Concesiones Mineras Cantera afectada al Estado Planta o depósito de relaves Concesión minera titulada Petitorio en trámite Concesión minera extinta En las Bambas continúan procesos de negociación de tierras La fusión entre Xstrata y Glencore ha generado gran preocupación de la población, debido a regulaciones antimonopólicas, el proyecto La Bambas podría terminar en manos de un comprador chino, pues las empresas chinas no tienen los mejores antecedentes en materia de estándares ambientales y derechos humanos. Por la fusión entre las empresas mineras Xs- trata y Glencore, y debido a regulaciones antimonopólicas, el pro- yecto Las Bambas podría terminar en manos de un comprador chino. La noticia generó preocupación en la región Apurímac, pues este tipo de compañía de procedencia oriental no tienen los mejores antecedentes en materia de derecho humanos y estándares ambientales. Luego de un paro de 24 horas convocado por la comunidad de Ta- pairihua el 17 de enero del presente año, el Gobierno y Southern Copper (Grupo México) iniciaron un proceso de diálogo. A pesar de que la empresa lleva más de once años buscando minerales en los territorios comunales, no se han ejecutado proyectos que beneficien directamente a las comunidades. Con la presencia de diversas empresas que proponen importantes pro- yectos, la región se consolida como centro de inversión minera. Esto supone nuevos desafíos para las comunidades y sus autoridades. Problemas y demandas Se siguen identificando problemas relacionados con el crecimiento sostenido de la actividad minera: exigencias de puestos de trabajo de la población local, reclamos por el incremento del costo de los servicios básicos y preocupación por los impactos ambientales, entre otros. Estos temas van marcando una nueva agenda para la región que involucra a sus organizaciones sociales. Los conflictos en torno al proyecto Las Bambas continúan. Los pro- cesos de negociación de tierras no satisfacen las expectativas de las comunidades ni son abordados de manera oportuna. Por ello corren el riesgo de generar desconfianza, lo que a la larga puede engendrar conflictos mayores. A ello se suman las noticias sobre la posible venta del proyecto en el marco del proceso de fusión entre Xstrata y Glencore, que ha generado preocupación entre la población y las autoridades de Cota- bambas, distrito apurimeño. La minería artesanal es una actividad fundamental para las comuni- dades y en algunos casos ya se han iniciado los procesos de forma- lización y se entregaron las declaraciones de compromiso, uno de los pasos fundamentales para completar el trámite. Esta medida está generando mucha expectativa en los grupos organizados de mineros artesanales debido a que sienten que ya pueden hacer operaciones de extracción de minerales, pero en la mayoría de los casos no se están logrando acuerdos con los titulares de las concesiones. Avance de proyectos mineros y procesos de articulación La presencia de varias empresas en la región genera espacios para nuevas dinámicas y procesos de diálogo. Así, hay algunos avances entre las comunidades de Tapairihua y Pocohuanca, el Gobierno na- cional y la empresa Southern Perú Copper Corporation. Hay que recordar que el pasado 17 de enero la primera comunidad en mención convocó a un paro de 24 horas, fue acatado por todos los pueblos de la cuenca media y baja del río Antabamba, situación que obligó a la empresa a sentarse a conversar con las autoridades y dirigentes zonales. Este espacio busca establecer el diálogo e impulsar el desarrollo de la actividad minera con responsabilidad social y respetuosa del medioambiente, a partir de un trabajo concertado. En la primera reunión de coordinación realizada el 7 de marzo se acordó que el Ejecutivo emita una norma para oficializar el espacio de diálogo para el desarrollo de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, con la participación de las autoridades de los tres niveles de go- bierno y la empresa. A pesar de que Southern Perú lleva más de once años explorando en los territorios comunales, los cuestionamientos de las comunidades a la empresa han sido contundentes, pues demostraron que no se han ejecutado proyectos que los beneficien directamente. Una vez establecida la mesa de desarrollo, siguieron los reclamos. Algunos cuestionaron que la mesa haya sido conformada por inicia- tiva del gobierno nacional y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Consideran que no se tienen en cuenta los antecedentes de conflictos entre la comunidad y la empresa Southern y que, por el contrario, el gobierno intenta blindar a la empresa. Asimismo, se viene dando un proceso de articulación entre las auto- ridades y organizaciones de Espinar, Chumbilvilcas y Cotabambas, que se constituye como una iniciativa importante orientada a la iden- tificación de una agenda común interprovincial. Lo que resalta hasta ahora es la preocupación por la pérdida de territorios comunales y su acumulación en manos de las empresas que operan actualmente en el corredor minero. Xstrata adquirió tierras para la construcción de carreteras y el campamento a un precio por demás escandaloso de 20 centavos el metro cuadrado.
  8. 8. 14 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 15
  9. 9. 16 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 17 Se identificó además la necesidad de fortalecer a las organizaciones, debido a que las empresas mineras las han debilitado para el proceso de negociación por las tierras, entre otros. Sin duda esto constituye una iniciativa importante para establecer agendas comunes y formu- lar propuestas conjuntas que podrían evitar nuevos conflictos. Impactos negativos identificados Las compras de tierras son procesos muy relevantes en el desa- rrollo de todo proyecto minero. Las empresas necesitan adquirir tierras para poder ejecutar sus actividades y en la gran mayoría de casos los territorios pertenecen a comunidades indígenas con las que deben negociar. Dadas las asimetrías existentes, la mayoría de los casos analizados evidencian que los acuerdos por tierras a los que llega la comunidad con la empresa no son equitativos para los comuneros. Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en la comunidad de Pumamarca, don- de Xstrata adquirió tierras para la construcción de carreteras y el campamento a un precio por demás escandaloso de 20 céntimos el metro cuadrado. Además, la empresa contrajo ciertos compromisos para ejecutar proyectos con la comunidad pero no las cumplió. Uno de los problemas recurrentes ante la presencia de actividades mineras es la expectativa que se genera por los puestos de trabajo que, una vez que la empresa se instala, no alcanzan para todos. Las poblaciones demandan una mayor contratación de mano de obra local, pero esta demanda no se puede cumplir porque en la mayoría de los casos se requiere de obreros especializados. Otro de los principales impactos negativos identificados es el au- mento del costo de los servicios básicos de las zonas mineras. Un ejemplo es el distrito de Challhuahuacho, donde los precios de hos- pedaje y alimentación se cuadruplicaron. Esta situación ha generado malestar y preocupación entre los comuneros que no pueden asumir el aumento cuando tienen que quedarse a hacer gestiones y trámites en la capital del distrito. El mega proyecto Las Bambas Uno de los aspectos más relevantes del proceso de implementación del proyecto minero Las Bambas es la reubicación de la comunidad de Fuerabamba. Se trata de una situación mucho más compleja que una simple mudanza tal y como se entiende en la ciudad. Para la comunidad, dejar su territorio implica connotaciones profundas: es dejar una tierra ocupada ancestralmente que es parte de su cultura y evidentemente se generan resistencias y tensiones. El proceso de reubicación de la comunidad ha sido llevado de ma- nera bilateral con la empresa sin la intervención de autoridades u organizaciones que puedan garantizar estándares mínimos. No sa- bemos si se tuvo en cuenta un enfoque intercultural que considere la valoración que la comunidad le da a su territorio, que ahora se evidencia en las preocupaciones expresadas por varios miembros. Siempre hemos indicado que este tipo de procesos debe regirse por el principio de transparencia y, además, debe primar la defensa de los derechos de las comunidades afectadas que se ven obligadas a trasladarse a otro territorio debido al desarrollo del proyecto minero. Lamentablemente este no ha sido el caso y ahora empiezan a hacerse obvios los reclamos postergados. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del otorgamiento de concesiones mineras en la región Apurímac (hectáreas) 1’103,445 898,399.27 797,006.08 403,705.29 546,716.14 544,209.62 482,415.59 469,730.36 597,114.23 1’046,505.79 1’149,394.97 1149,249.21 1’220,174.6 1’206,375.95 1’353,031.4 La misma lógica se da en los procesos de compra de tierras de Xs- trata donde priman las negociaciones de carácter bilateral con las comunidades, sin que medie la intervención de las autoridades. Ello coloca en serio riesgo el cumplimiento de los acuerdos, pues no hay un ente externo que permita verificar su equidad y sobre todo que se respeten los derechos de las comunidades. Por otro lado, esperamos que las elecciones para el Consejo Direc- tivo de la Asociación Civil Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) marquen un nuevo escenario para este espacio que tiene como rol fundamental la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero. Se informó que a febrero de 2012 existe un saldo de S/. 42 millones, el cual será invertido en obras para diferentes comunidades de Grau y Cotabambas. Se indicó que será necesario implementar un núcleo ejecutor en cada distrito, para el efectivo avance de los proyectos. Como se sabe, los proyectos ejecutados por el FOSBAM han sido muy cuestionados por la gestión de fondos que, en opinión de un sector, habrían sido manejados directamente por la empresa Xstrata. Justamente una de las principales críticas que hemos hecho sobre el FOSBAM es la ausencia de líderes comunales en el Consejo Direc- tivo, órgano que toma las decisiones sobre el uso de los recursos. Es sumamente incoherente que se excluya a las comunidades del espacio de decisión sobre los proyectos de desarrollo a ejecutarse en su propio beneficio. Fusión Xstrata Glencore La noticia sobre la fusión entre Xstrata y Glencore, una de las ma- yores operaciones en la historia reciente de la minería mundial, ha tenido algunas repercusiones en Apurímac. En efecto, en el marco de este proceso y de las negociaciones para lograr la aprobación de la fusión por las autoridades regulatorias chinas, Glencore y Xstrata tuvieron que aceptar algunas condiciones, como el compromiso de abastecer de cobre, zinc y plomo al país asiático hasta el año 2020 y vender alguna de las minas que el grupo explota en Sudamérica a una empresa china. Según declaró el gerente general de Glencore, Ivan Glasenberg, de- bido a la revisión regulatoria de China se estaría contemplando la posibilidad de vender algunos depósitos de cobre en el Perú para acelerar estos trámites. Dentro de las concesiones que Xstrata estaría dispuesta a vender se encontrarían los depósitos de Las Bambas en Cusco, que representan una inversión de US$ 5000 millones, y An- tapaccay en Apurímac, que representa US$ 1800 millones. Hay que estar atentos al curso que tome este proceso. Si bien por el momento se habla sobre todo de la venta del proyecto Las Bambas, es muy probable que también se concrete una posible transferencia de las operaciones de Xstrata en la provincia de Espi- nar (Cusco), pues ambas operaciones son complementarias y estarán conectadas vía un mineroducto de algo más de 200 kilómetros que atravesará las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar. De acuerdo a las últimas informaciones, dos empresas vinculadas a grupos que cuentan con el apoyo del Estado chino están evaluan- do ofertas rivales por el proyecto. En efecto, una propuesta exitosa de Chinalco Mining Corp. Internacional o el grupo MMG Ltd. que cotiza en Hong Kong, significaría que Las Bambas podría terminar en manos de un comprador vinculado a China, el país que forzó la venta en primer lugar. Todas estas noticias han generado preocupación en la región, pues las empresas chinas no tienen los mejores antecedentes en materia de es- tándares ambientales y derechos humanos. La propia autoridad regio- nal ha señalado que la población debe estar alerta frente a los posibles cambios que se puedan dar si un nuevo operador adquiere el proyecto. Es importante indicar que Chinalco desarrolla el proyecto minero Toromocho en la región de Junín, que ha generado el reasenta- miento de todo el distrito de Morococha. A pesar de los diversos cuestionamientos, el proceso ha seguido avanzando. Lo lamentable es la ausencia del Estado y la falta de monitoreo, lo que hubiera permitido contar con lineamientos para futuros reasentamientos que puedan darse en el país. Apurímac Apurímac es la región con mayor concesión minera, el 64.8% de su territorio está concesionado. Fusión entre compañías Xstrata y Glencore, una de las mayores operaciones en la historia de la minería mundial, ha tenido repercusiones en Apurímac.
  10. 10. 18 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 19 A pesar de la anunciada suspensión por dos años del Proyecto Minero Conga, la empresa ha seguido ejecutando obras en la zona, como el inicio de la construcción de los reservo- rios, bajo el lema “el agua primero, la mina después”. En efecto, las declaraciones de Roque Benavides y el anuncio de la próxima construcción del segundo reservorio marcan la estrategia de la empresa para lograr la implementación del proyecto Conga, quien afirmó que: “… el punto de quiebre va a ser cuando termi- nemos Perol y tengamos que bombear agua al reservorio y si eso es factible, dentro del punto de vista social, pues allí podemos avanzar en la construcción de la mina”. !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H !H PIURA AMAZONAS SAN MARTIN LORETO LAMBAYEQUE LA LIBERTAD JAEN CHOTA SAN IGNACIO CUTERVO CELENDIN CAJAMARCA SAN MIGUEL CONTUMAZA CAJABAMBA SANTA CRUZ SAN MARCOS HUALGAYOC SAN PABLO PIURA CHANCAY HUAYABAMBA NIEVA CHOTANO HUANCABAMBA SISA ALTOMARAÑON CHICAM A CRISNEJAS BAJO MARAÑON C H A M AYA TABACONAS Oceano Pacifico Alto Mayo Rio AbiseoSunchubamba Tabaconas Namballe Santiago Comaina Santiago Comaina Laquipampa Bosque de Pomac Pagaibamba Chancaybaños -40,000 -40,000 80,000 80,000 200,000 200,000 9,240,000 9,240,000 9,380,000 9,380,000 Región CAJAMARCA ³ 1:1,950,000Escala Proyección UTM Z18 Fuente: INGEMMET Junio 2013 44.8 %* * Área concesionada considerando c.m. superpuestas Concesiones Mineras CooperAcción Acción solidaria para el desarrollo Estado de las Concesiones Mineras Cantera afectada al Estado Planta o depósito de relaves Concesión minera titulada Petitorio en trámite Concesión minera extinta ECUADOR Conga a más de dos años de conflicto El gobierno sigue dando muestras claras de querer imponer el proyecto mine- ro Conga sin tener en cuenta la opinión de la población y sin evaluar seria- mente la viabilidad ambiental del proyecto. Cajamarca Por otro lado, en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la Co- misión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organiza- ciones peruanas participaron en las audiencias: Situación General de Derechos Humanos en Perú, y Derechos Humanos y Protesta Social en el Perú. La delegación peruana presentó ante la Comisión y el Estado Perua- no evidencias y testimonios sobre afectaciones a la vida y a la inte- gridad por uso abusivo de la fuerza, militarización, hostigamiento y torturas a defensores de derechos humanos, convenios entre la Poli- cía Nacional y las empresas mineras y legalización de la privatización de la seguridad, entre otros. La denuncia realizada por diversas organizaciones de la Coordinado- ra Nacional de Derechos Humanos pone en evidencia el despliegue de un marco legal represivo destinado a criminalizar la protesta so- cial en el Perú. A pesar de esta denuncia el 12 de Junio el Congreso de la República aprobó una modificación al Código Penal destinada a garantizar el accionar de las fuerzas del orden, mediante la cual se exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional “que en cumplimiento de su de- ber causen lesiones o muerte utilizando sus armas u otro medio de defensa”. Esta norma se aplica incluso para los policías o miembros Indicó que si ello no es factible en términos sociales, tendrían que pensar en otras alternativas. Estas declaraciones dieron pie a que la población principalmente de Bambamarca y Celendín acudan a una asamblea en la zona de la Laguna el Perol el pasado 17 de junio, que fue convocada por los representantes de los Frentes de Defensa de Sorochuco, Bambamarca, de la Plataforma Interinstitucional Celen- dina y el Comando Unitario de Lucha, con el fin de inspeccionar las posibles obras de la empresa en la zona. Estas últimas declaraciones, tanto a nivel de la empresa como del propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, marcan la clara determinación de continuar con el proyecto a pesar de la oposición de la población. Se apuesta porque la construcción de los reservorios y el normal abastecimiento de agua terminen por convencer a las comunidades y a las rondas de la viabilidad del proyecto, sin que se tenga en cuenta los cuestionamiento técnicos al proyecto, las reales preocupaciones de la población y la decisión de optar por alternati- vas de desarrollo distintas a la minería. Actualmente, guardianes y guardianas de las lagunas se han apos- tado cerca de la laguna El Perol con el fin de resguardar sus aguas. Alrededor de 600 comuneros de los distritos de Sorochuco y Huas- mín permanecen en el campamento levantado en las inmediacio- nes de la Laguna El Perol, a fin de evitar que la empresa minera Yanacocha continúe con los trabajos para construir un reservorio de agua en la zona. El presidente del  Frente de Defensa de Hualgayoc-Bambamar- ca, Edy Benavides, denunció que al llegar pudieron constatar que, además de los trabajos para el reservorio, se observa remoción de tierra en un cerro cercano. Afirmó que ello demuestra que la mi- nera está operando. En el marco de las protestas, cuatro dirigentes fueron denunciados por el Ministerio del Interior ante la Primera Fiscalía Penal de Hualgayoc (Cajamarca) por los presuntos delitos contra medios de transportes y comunicaciones, disturbios, contra la administración pública y violencia contra la autoridad. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, formuló un llamado a la calma a los dirigentes de Cajamarca que se oponen al proyecto minero Conga. Expresó que países en desarrollo como Perú requieren de inversiones como las del proyecto minero Conga, de más de 5,000 millones de dólares, para seguir creciendo. Este conflicto sigue sin ser entendido en su real dimensión. Es más, el gobierno ha buscado responsabilizar a los líderes de Cajamarca de otros conflictos que se vienen dando en el territorio nacional. Re- cordemos que en el mes de enero estalló un nuevo conflicto minero, esta vez en el distrito de Cañaris, Lambayeque. Ante ello, sorpren- dieron las declaraciones oficiales de miembros del Ejecutivo que se- ñalaron la existencia de un “complot radical antiminero”; el mismo que estaría diseñado y azuzado directamente por los líderes de la oposición al proyecto Conga, en Cajamarca. Así, sobre el conflicto en Cañaris el sector de energía y minas declaró: “Hay una fuerte influencia de los dirigentes radicales de Cajamarca. Eso está clarísimo (…) No podemos dejar de lado y ser ingenuos. El dirigente del frente de defensa (Wilfredo Saavedra) estuvo preso 10 años por terrorismo.” Jorge Merino Ministro de Energía y Minas. “El móvil de los manifestantes sería únicamente político”. Viceministro de Minas, Guillermo Shinno, Recordemos que esta no es la primera vez que este gobierno hace alusión a la tesis del complot, ya antes señaló que los conflictos de Conga y Espinar tenían como principal objetivo detener el proyecto Las Bambas en Apurímac. Como respuesta ante esta teoría del complot, el gobierno anunció luego su voluntad de crear bases policiales en zonas de campamen- tos de los grandes proyectos mineros, para “garantizar la inversión minera” y para “proteger a la población”. Esta no es la primera vez que un gobierno tiene una propuesta de esta naturaleza. En el año 2009, el entonces presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, anunció la instalación de bases militares para proteger los asentamientos mineros. Continúa el rechazo al proyecto minero Conga, pese a ello el conflicto sigue sin ser entendido en su real dimensión.
  11. 11. 20 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 21 del Ejército que estén actuando en el marco de los convenios con las empresas mineras. El ambiguo término “otro medio de defensa” ha sido ampliamente cuestionada porque brindaría impunidad a efectivos que pudieran ser acusados asesinato o lesiones por uso excesivo de la fuerza o métodos de tortura. Así la política del Gobierno Central afirma su opción por la represión en lugar de usar mecanismos democráticos para responder a los conflictos. En ese mismo sentido, la sensación de impunidad se incrementa cuando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia omisiones en la investigación fiscal que podrían producir el archiva- miento de las investigaciones sobre la muerte de cuatro pobladores de Celendín durante la represión policial-militar de las protestas con- tra el proyecto minero Conga en julio de 2012. Entre las omisiones en la investigación, la Primera Fiscalía Provin- cial Penal Corporativa de Chiclayo no ha practicado pruebas de absorción atómica a los policías y militares que participaron en el operativo, no se inmovilizaron las armas para analizarlas ni se reali- zaron pericias balísticas tampoco se ha incorporado al expediente los protocolos de necropsia de los muertos ni la historia clínica de los heridos. El Ministerio del Interior tampoco ha entregado el plan de operaciones del operativo y sólo se han presentado dos de los cinco efectivos militares citados. Por otro lado, el proceso de diálogo respecto al cerro La Shacsha, que confronta a los pobladores y autoridades de Baños del Inca, se ha estancado, pues la empresa sigue desconociendo la ordenanza que declara el cerro como una zona intangible. La empresa ha se- ñalado que esta norma está judicializada y que en ese escenario, la misma no puede ser reconocida como legítima.• 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del otorgamiento de concesiones mineras en la región Cajamarca (hectáreas) 1’155,331 1’029,432.28 908,989.59 581,418.2 656,120.5 680,238.02 803,494.68 1’015,638.14 1’184,836.63 1’326,075.6 1’498,360.87 1’515,188.87 1’576,489.4 1’496,983.02 1’492,184.1 El mapa de concesiones mineras señala que el 44.8% del territorio cajamarquino está concesionado. Cajamarca Junín !H !H !H !H !H !H !H!H !H !H Parque Nacional Otishi Reserva Comunal Ashaninka Reserva Nacional Junín Bosque de Protección Pui Pui Zona Reservada Pampa Hermosa Santuario Histórico Chacamarca JUNIN LIMA PASCO UCAYALI HUANCAVELICA AYACUCHO CUSCO HUANUCO CUSCO SATIPO JAUJA YAULI JUNIN TARMA HUANCAYO CHANCHAMAYO CONCEPCION CHUPACA ENE MALA C A Ñ ETE TAMBO M ANTARO RIM AC PIC H IS PERENE UCAYALI HUALLAGA APURIMAC URUBAMBA PACHITEA CHILLON LAG O JUNIN 440,000 440,000 560,000 560,000 8,680,000 8,680,000 8,820,000 8,820,000 Región JUNÍN ³ 1:1,780,000Escala Proyección UTM Z18 Fuente: INGEMMET Junio 2013 26.9 %* * Área concesionada considerando c.m. superpuestas Concesiones Mineras CooperAcción Acción solidaria para el desarrollo Estado de las Concesiones Mineras Cantera afectada al Estado Planta o depósito de relaves Concesión minera titulada Petitorio en trámite Concesión minera extinta Sigue el desconcierto por futuro de La Oroya Si bien en La Oroya se lograron nuevos equilibrios desde la entrada del administrador temporal de Doe Run Perú,la situación de la empresa y el complejo metalúrgico sigue siendo incierta.La FIDH reclamó a Renco Group que desista de una demanda contra el Estado peruano presentada en abril de 2011.Por otro lado,continúan los reclamos en torno al proceso de reasentamiento del distrito de Morococha.Los enfrentamientos entre la población y la policía revelan las debilidades del proceso.Un sector de la población no cuenta con respaldo alguno de las autoridades regionales ni nacionales. Según Chinalco,el 77% de los hogares ya aceptaron mudarse.Por otro lado,está el anuncio de Chinalco de aumentar en 20% su producción anual.
  12. 12. 22 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 23 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del otorgamiento de concesiones mineras en la región Junín (hectáreas) 729,843 509,802.01 475,456.87 345,881.55 385,236.82 380,790.34 401,095.52 496,596.61 670,447.04 790,626.49 883,494,60 926,159.43 950,242.14 928,196.64 1’014,449.1 Junín Llama la atención que en La Oroya circulan algunas versiones que señalan que la empresa no estaría en capacidad de cumplir con los estándares de calidad ambiental estab- lecidos y buscaría su modificación. Si estas versiones se confirman, es- taríamos ante un escenario sumamente complicado, pues volveríamos a las lógicas anteriores en las que primó la flexibilización de las normas ambientales, situación que no se puede permitir. La Oroya y la contaminación generada por la empresa Doe Run siguen acaparando la atención de instituciones y autoridades a nivel nacional e internacional. Así, ante un panorama que define como la “historia de una tragedia”, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exigió al Grupo Renco, propietario de Doe Run, se abstenga de intentar obtener una indemnización del Perú por el complejo met- alúrgico que controlaba y está actualmente en liquidación. El pedido está contenido en un informe titulado “Complejo metalúr- gico de La Oroya: Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos”1 , que recuerda a las autoridades peruanas que La Oroya es una de las ciudades más contaminadas del mundo por la emisión de humos del complejo metalúrgico que opera allí desde hace más de cien años. El documento denuncia que durante décadas la población ha estado expuesta a “altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo, que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre”. La FIDH reclama a la firma estadounidense Renco Group que desista de una demanda contra el Estado peruano que presentó en abril de 2011 ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversio- nes (CIADI), en Washington, reclamando una indemnización de 800 millones de dólares. Por su parte, Doe Run sigue demostrando muy poco interés por reme- diar el daño generado no solo en Perú sino también en Missouri, Esta- dos Unidos. Hace unas semanas, un reporte periodístico dio cuenta de la falta de implementación de medidas de remediación efectivas frente a los impactos ambientales generados por años en ese Estado. El proceso concursal El anuncio de la posible suspensión del proceso de venta internacional abre un panorama distinto y deja sin duda muchas preguntas que las autoridades deben responder a la brevedad. Si la venta se suspende, en la práctica se estaría suspendiendo el proceso de liquidación en marcha, pues tiene como gran objetivo final la venta de la empresa como una unidad de negocio. Entonces, sin un proceso de venta in- ternacional, debemos entender que nos estaríamos moviendo hacia un proceso de liquidación simple o una reestructuración. Justamente, la próxima reunión de la junta de acreedores de DRP anal- izó este tema y se decidió cambiar el escenario de liquidación por uno de reestructuración. ¿Qué significa esto? Recordemos que cuando se instaló la Junta de Acreedores, DRP apostaba por una reestructura- ción, pues les permitiría mantener el control de la empresa. En ese momento, la Junta apostó por un proceso de liquidación en marcha y la venta del complejo. No queda claro si la posibilidad de cambiar nuevamente a un esce- nario de reestructuración implicaría que DRP reasuma el control del complejo. Hasta ahora, los medios de comunicación parecen seña- lar que lo haría un administrador y hasta se especula con que sería la propia Right Business. Si la reestructuración termina conduciendo al regreso de DRP, evidentemente significaría un serio retroceso para La Oroya pues se trata de una empresa que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones ambientales y condenó a la población a vivir en un ambiente nocivo para su salud. Según información que se hizo pública hace unas semanas, Right Business, administradora de DRP desde el 25 de mayo del año pasa- do, tiene un plan de reestructuración que requiere un financiamiento de US$ 760 millones. El costo principal no es el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, sino adecu- arse a la nueva normativa ambiental que establece el Estándar de Calidad del Aire (ECA) en un máximo de 80 µg/m³ de dióxido de azufre (SO₂) en promedio de 24 horas, que será de 20 µg/m³ a partir del próximo año, mientras que el PAMA fue diseñado para un máximo de 360 µg/m³. Si bien el complejo metalúrgico opera solo en un 60%, hay días que sobrepasa los 200 µg/m³ de SO₂ (22/05/13) e inclusive los 500 µg/m³. Un tema que sigue sin definirse es qué autoridad va a establecer las condiciones de venta, si se continúa con el proceso de venta interna- cional. Hay que tener claro qué exigencias ambientales se van a plan- tear a los interesados en adquirir el complejo para no permitir que se vuelva a una situación de contaminación y de afectación sistemática de la salud de la población. Además, sigue sin quedar claro cuál es el instrumento mediante el cual se va a controlar al nuevo operador del complejo, una vez que el proceso de venta haya finalizado. Lo segundo es identificar cuál va a ser la autoridad competente para fiscalizar el adecuado funcionamiento ambiental de la planta. En efecto, hasta la fecha no hay claridad de quién fiscalizará a la nueva empresa que asuma el control de la metalúrgica, sí es el Ministerio del Ambiente (MINAM) o el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). El arbitraje internacional Es importante señalar que en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), entre los temas abor- dados por las organizaciones de la sociedad civil peruana estuvi- eron como punto de agenda los riesgos de la aprobación de un capítulo de inversiones que promueve mecanismos de resolución de disputas inversionista-Estado. En efecto, estos mecanismos permiten que inversionistas privados de- manden directamente a los Estados en un tribunal arbitral internacio- nal. Esta herramienta ha sido utilizada por empresas como Doe Run que, amparada en el capítulo de inversiones del TLC con Estados Uni- dos, interpuso una demanda de arbitraje contra el Estado exigiendo el pago de una indemnización de 800 millones de dólares. Ello limita tremendamente la capacidad de acción de los gobiernos, que pueden ver restringida sus capacidades regulatorias de las inversiones ante los riesgos de ser demandados por empresas privadas. Morococha Siguen las resistencias por el proceso de traslado del distrito de Mo- rococha. Los enfrentamientos entre la población y la policía son una clara señal de ello y revelan las debilidades del proceso. Pese a que el presidente del gobierno regional ha buscado bajarle la intensidad a los conflictos alrededor de este proceso, es claro que desde el inicio del proceso de reasentamiento han surgido fuertes cuestionamientos. Si bien es cierto que se trata del primer proceso de reubicación de esta envergadura, sin embargo, no recibió una adecuada atención de las au- toridades nacionales, que deberían haber supervisado de cerca todo el proceso: elección del lugar, condiciones del traslado, establecimiento de los plazos, entrega de compensaciones a los afectados, entre otros. Se ha generado desconfianza en un sector de la población, que no cuenta con respaldo alguno de las autoridades regionales y nacionales. Cabe recordar que la empresa minera Chinalco, de China, construyó el asentamiento para reubicar cerca de 3500 residentes de Moroco- cha. Según la compañía, el 77% de los hogares, cerca de 900 familias, ya aceptaron mudarse. Chinalco todavía está calculando el costo del traslado, pero se estima que sería de entre U$S 150 y U$S 200 mil- lones. A pesar de la importancia del proceso, existe un grupo de pobla- dores que se resisten al traslado inminente e involuntario. Este tipo de procesos, que además tienen una serie de estándares am- bientales que se deben cumplir, requieren una participación activa del Estado, en tanto afectan un grupo importante de derechos fundamen- tales de la población. A pesar de ello, en Morococha el Estado no cumplió su rol de protección de derechos y lo que ha primado es la negociación privada entre la empresa y la población, que se basa en principios que responden sobre todo a los intereses particulares de la empresa: impulsar un proceso de reasentamiento rápido, para no atrasar el proyecto minero ni aumentar los costos. Un último hecho importante ha sido el anuncio de la minera Chinalco de elevar en un 20% su meta de producción anual en el proyecto cu- prífero Toromocho, que entrará en marcha a fines de año con una inversión de US$4.820 millones El proyecto, producirá 300.000 toneladas de cobre anualmente cu- ando inicie en diciembre. Anteriormente, la empresa tenía previsto producir unas 250.000 toneladas anuales del metal rojo con una inver- sión de unos US$3.500 millones. Pero ahora aumentará su producción dado que elevó en un 30% la capacidad de su planta concentradora. Toromocho será una mina de tajo abierto que tiene una reserva de 1.526 millones de toneladas de mineral y en sus 36 años de vida de operación se estima que producirá 1.838 toneladas diarias de concen- trado de cobre y 25,7 toneladas diarias de óxido de molibdeno. Así, este proyecto elevará en más de un 20% la producción anual de cobre de Perú -el segundo productor mundial del metal básico-, a unos 1.6 millones de toneladas. Pese a que el complejo metalúrgico de La Oroya solo opera en un 60%, hay días que sobrepasa los 200 µg/m de SO2 , llegando incluso a 500. Aún es incierto el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ¿Sí el Estado estaría atento a fiscalizarlo quién tomaría la riendas de su administración? 1 [http://www.fidh.org/IMG/pdf/informe_la_oroya.pdf]
  13. 13. 24 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 25 !H !H !H !H !H !H !H !H !H PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE TUMBES PIURA SECHURA SULLANA AYABACA TALARA MORROPON PAITA HUANCABAMBA PIURA CHIRA HUANCABAMBA CHOTANOCHINCHIPE Oceano Pacifico Biosfera Noroeste Tabaconas Namballe Laquipampa Pagaibamba Biosfera Noroeste Bosque de Pomac -160,000 -160,000 -40,000 -40,000 80,000 80,000 9,380,000 9,380,000 9,520,000 9,520,000 Región PIURA ³ 1:1,555,421Escala Proyección UTM Z18 Fuente: INGEMMET Junio 2013 31.9 %* * Área concesionada considerando c.m. superpuestas Concesiones Mineras CooperAcción Acción solidaria para el desarrollo Estado de las Concesiones Mineras Cantera afectada al Estado Planta o depósito de relaves Concesión minera titulada Petitorio en trámite Concesión minera extinta ECUADOR Alertan posible reactivación del proyecto Rio Blanco Algunas señales de reactivación de los proyectos mineros generan preocupa- ción. Inversionistas chinos custodiados por un contingente de treinta policías visitaron la zona de influencia del proyecto Rio Blanco.También causó extra- ñeza que el gobierno local tenga una sola representación en la Mesa de Tra- bajo para el Desarrollo de Tambogrande promovida desde Lima y que la presi- dencia la ocupe el Ministerio de Energía y Minas. Las comunidades y rondas campesinas de Huancabamba y Ayabaca respondieron con una serie de movi- lizaciones: la más grande fue en el mes de mayo en la ciudad de Piura y sumó a más de dos mil agricultores de Tambogrande, Suyo y Las Lomas. Piura Todo parece indicar que la decisión del gobier- no peruano es establecer las condiciones necesarias para que todos los proyectos mineros se concreten, incluso aquellos considerados inviables socialmente; debido al rechazo, por diferentes razones, de la población local. Esta voluntad política se expresa en las medidas aprobadas para “destrabar la inversión” que, entre otras cosas, recortan plazos en los procesos de toma de decisiones y flexibilizan las exigencias ambi- entales. A la fecha existe un conjunto de intervenciones concretas en determinados proyectos que se vienen dando en las regiones. Se han dado algunos hechos que podrían significar la reactivación del proyecto minero es Rio Blanco, conocido anteriormente como Minera Majaz. Este año, la empresa minera de capitales chinos Rio Blanco Copper S.A. reabrió sus oficinas en Huancabamba. Personas vinculadas a esta empresa se hicieron presentes sin autorización al- guna en tierras de la comunidad de Yanta. Este hecho llama la atención si recordamos que la población de Tambogrande se opone desde la década de 1980 a la explotación minera y apuesta por el desarrollo agroexportador y la conservación de sus bosques secos. Pero además, causa extrañeza que en la composición de la mesa el gobierno local tenga una sola representación y no se le asigne un rol más protagónico de acuerdo a sus competencias constitucionales y las otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades. Recordemos que la municipalidad distrital es precisamente el nivel de gobierno encargado del desarrollo de la zona. Tampoco queda claro el nivel de participación de los agentes económicos y producti- vos que conforman la economía tambograndina. Quejas por parte de pobladores Los representantes del agro denunciaron esta situación en un pronun- ciamiento público, y también la incorporación de representantes de los gobiernos distritales de Suyo y Las Lomas a la referida mesa, distritos contiguos donde hay serios problemas con la minería informal. Este dato es sumamente sensible para los tambograndinos dado que desde hace varios años atrás se ha venido reprochando que, después del rechazo popular a la empresa minera canadiense Manhattan Min- erals, en Tambogrande se instalaron mineros informales que gen- eran graves problemas de contaminación. Algunos medios de comunicación llegaron a mostrar imágenes de los distritos Suyo y Las Lomas para denunciar la supuesta presencia de la minería informal en Tambogrande. Sin embargo, las estadísti- cas de la Dirección Regional de Energía y Minas confirman que la minería informal de oro no es significativa en el distrito. ¿Reactivación de Rio Blanco? Otro caso en el que se han dado algunos hechos que podrían sig- nificar la reactivación del proyecto minero es Rio Blanco, conocido anteriormente como Minera Majaz. Este año, la empresa minera de capitales chinos Rio Blanco Copper S.A. reabrió sus oficinas en Huancabamba. Personas vinculadas a ella se hicieron presentes, sin autorización alguna, en tierras de la comunidad de Yanta. Un grupo de inversionistas chinos, custodiado por un contingente de treinta policías, visitó la zona de influencia del proyecto minero. Otro hecho que llamó la atención fue la presencia de más de cu- arenta policías en la ciudad de Ayabaca. Gracias a un pedido de in- formación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se supo que podría haberse tratado de una operación de patrullaje en una de las rutas del narcotráfico en la frontera Perú-Ecuador. Estas situaciones causaron preocupación en las comunidades y ron- das campesinas de Huancabamba y Ayabaca, y motivaron una serie de movilizaciones. La más grande fue la realizada en Piura en el mes de mayo que reunió a más de dos mil personas y sumó a los agricul- tores de Tambogrande, Suyo y Las Lomas, quienes ratificaron una vez más su oposición a que se ejecuten proyectos mineros en sus distritos y contra la minería informal de oro. Más de dos mil personas, entre ellos agricultores de Tambogrande, Suyo y Las Lomas, ratificaron su oposición a la actividad minera en sus distritos.
  14. 14. 26 | Observatorio de Conflictos Mineros Observatorio de Conflictos Mineros | 27 Conclusiones En Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa se presentan escenarios de reactivación de conflictos, por ello es necesario observar con mucha atención el sur andino del país. L a revisión de los principales acontecimientos en las zo- nas de trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros y lo que viene ocurriendo a nivel nacional, muestran algunas tendencias que es necesario destacar. En primer lugar, el semestre acaba con una reactivación de conflictos que seguramente marcará la pauta de la segunda mi- tad del año. En el norte las movilizaciones de las organizacio- nes sociales de Celendín y Bambamarca hacia las lagunas que el proyecto Conga pretende afectar, muestran que el conflicto en Cajamarca sigue latente y que se equivocan los que buscan acelerar nuevamente el cronograma del proyecto como si nada hubiese ocurrido en esa región. Por otro lado, los reportes de Apurímac muestran que es la región de mayor conflictividad en el país. En varias de sus provincias los conflictos se han incrementado, sobre todo los vinculados a la actividad minera. En regiones vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de obser- var con mucha atención el sur andino del país. Otra tendencia que hay que subrayar son los roles diferencia- dos de las regiones en el presente proceso de expansión de las inversiones mineras. Según las estadísticas del propio Min- isterio de Energía y Minas, Apurímac ocupa el primer lugar captando el 20.88% de los montos de inversión con proyec- tos como Las Bambas, Apurímac Ferrun, Los Chankas; entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones. Todo indica que el sur andino del país, se va a convertir en el centro de una fuerte actividad de expansión minera en los próximos años que tendrá en el cobre al principal mineral de explotación, a los que hay que agregar los de Antapaccay, Con- stanza, Ares, Los Quechuas y Ccorochuayco en Cusco, diver- sos emprendimientos en Puno, Arequipa y las ampliaciones de proyectos que ya están en explotación. Debemos destacar que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones y se ha anunciado dos paquetes de reformas para impulsar las inversiones en el país, que coincide con los pedi- dos que provenían de los gremios empresariales, entre los que destacaban los mineros. ¿Cuáles son algunas de las principales medidas anunciadas y que generan preocupación? La primera es la creación de un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inver- sión. Este equipo estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y la gran interrogante es cómo se conformará este equipo. ¿Estará conformado solamente por gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo realmente balanceado? ¿ Hasta el momento no se tiene infor- mación sobre este tema. Una segunda medida apunta a que el acceso a terrenos para obras de infraestructura se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del pago de un justiprecio. De esta manera se busca acelerar un conjunto de proyectos de infraestructura, sin tomar en cuenta que este tema ha sido fuente de varios conflictos en var- ias regiones del país, más aun cuando los proyectos extractivos están acompañados de importantes proyectos de infraestructura. Otra medida tiene relación con el Decreto Supremo Nº 054-2013- PCM, que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), para que los empresarios privados y el propio Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se pretenden de- sarrollar proyectos de inversión. Una de las medidas del paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, publicado el pasado 25 de mayo, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambi- ental (EIA) detallados y semidetallados. Estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días bajo la amenaza de sanción a los funcionarios que no cumplan con los plazos. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA. El reciente anuncio del Ministro de Economía y Finanzas, Luis Car- ranza, termina confirmando las últimas preocupaciones para “incenti- var a la inversión”. En efecto, Carranza ha señalado que: “Los funcio- narios públicos que traben las inversiones en el país serán sancionados de manera progresiva, desde una amonestación hasta con 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a 74,000 nuevos soles, sin perjuicio de responsabilidad administrativa, civil o penal”. Durante la sustentación del segundo paquete de medidas para din- amizar la inversión ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, dijo que la intención es proteger la actividad empresarial frente a los requisitos, trámites, cobros u otras restricciones o barreras burocráticas ilegales o irrazonables. La pregunta que surge es: ¿Quién mide si la medida es irrazonable? ¿Bajo qué criterios se hace esta evaluación? Con este tipo de medidas se pone una espada de Damocles sobre la cabeza de los funcionarios, en aras de acelerar trámites para atraer inversión. Lo cierto es que este estos paquetes despiertan justificadas preocupa- ciones. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país. Sin embargo, no tomar en cuenta lo que la propia realidad nos ha venido mostrando en los últimos años (la mayoría de conflictos tienen que ver con demandas sociales y am- bientales), es una demostración que estamos frente a una gestión que ha perdido los necesarios equilibrios sociales y ambientales. 1 [http://www.pcm.gob.pe/normaslegales/2013/RM-102-2013-PCM.pdf] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del otorgamiento de concesiones mineras en la región Piura (hectáreas) 640,451 533,316.41 523,166.16 421,082.88 435,554.53 372,421.24 458,654.2 562,827.26 597,846.16 836,328.41 990,023.727 1'024,121.273 1'029,430.5 1'087,268.047 1’145,417.1 Piura Declaraciones del presidente regional Otro hecho relevante fueron las declaraciones del presidente del gobierno regional de Piura, Javier Atkins, quien reafirmó su respeto por la voluntad popular expresada en la consulta cel- ebrada en las localidades de Ayabaca, Pacaipamba y El Carmen de la Frontera en 2007, y rechazó el proyecto de explotación de cobre Rio Blanco. También manifestó su compromiso con la creación de nuevas áreas de conservación regionales y el buen uso de la información produ- cida por la zonificación ecológica económica (ZEE). Minería informal Un problema que aqueja a la región Piura es la creciente presencia de la minería informal. Según datos proporcionados por los informes de la Defensoría del Pueblo publicados este año, en Piura trabajan más de 10 mil mineros artesanales de oro. Las medidas implementadas por el actual gobierno no son sufi- cientes para enfrentar la complejidad de la problemática. Si bien unos 2300 mineros artesanales habrían iniciado un proceso de formalización, muchos de ellos no estarían cumpliendo con de- tener las actividades que les exige la ley. Solo pueden levantar la paralización con la obtención de una autorización para operar, lo que supone cumplir con una serie de requisitos y contar con instru- mentos de gestión correctivos. Por otro lado, estas medidas no han tenido un correlato con otras que busquen el fortalecimiento de la fiscalización ambiental que per- mita controles más eficaces. Abordar las distintas aristas de esta prob- lemática con todos los actores es más necesario que nunca, lo que su- pone también construir opciones viables de reconversión productiva. Policías en zonas mineras Un tema importante en relación a los conflictos sociales fue el anun- cio del Ministro del Interior, en enero pasado, sobre la creación de frentes policiales en zonas mineras donde existe protesta social para dar seguridad a las personas y la inversión. Estas palabras causaron preocupación, debido a que las fuerzas del orden podrían ser utilizadas para contrarrestar una eventual protesta social y facilitar el desarrollo de proyectos mineros que no cuentan con la adhesión local. Otro hecho relevante fue la reunión entre la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con los jefes policiales de la región Piura para dialogar sobre las medidas de prevención sobre seis conflictos socioambientales. Finalmente, destacamos el gran paso dado por el gobierno regional de Piura al crear un Comité de Crisis de Seguridad Ciudadana para prevenir y atender los conflictos sociales latentes, así como también los avances en el fortalecimiento de su sistema de gestión ambiental y del territorio mediante la aprobación de la ZEE y la implementación del plan para la creación de nueva áreas de conservación regionales.• El 31% de territorio norteño se encuentra concesionado a la minería.En la región trabajan más de 10 mil mineros artesanales de oro.
  15. 15. 21.02%26'752,220.08 hectáreas Dato considerando superposición de concesiones AÑO AREA PAÍS % 1991 2'258,000.00 1.77 1992 2'258,000.00 1.77 1993 2'371,000,00 1.86 1994 6'151,000,00 4.83 1995 8'758,000,00 6.88 1996 12'110,000.00 9.52 1997 15'597,000.00 12.26 1998 14'825,000.00 11.65 1999 15'667,436.00 12.31 2000 12'766,956.57 10.03 2001 11'099,793.77 8.72 2002 7'452,232.93 5.86 2003 9'276,873.82 7.29 2004 9'311,465.33 7.32 2005 9'840,415.33 7.73 2006 11'572,574.53 9.09 2007 13'827'165.86 10.87 2008 17'129,184.22 13.46 2009 19'573,752.78 15.38 2010 21'282,977.97 16.73 2011 24'988,219.68 19.64 2012 26'363,090.09 20.72 2013 26'752,220.08 21.02 Leyenda Concesiones mineras MAPA DE CONCESIONES MINERAS-PERÚ Escala: 1:7500000 Fecha: Junio 2013 Elaboración: Cooperacción Fuente: INGEMMET Las concesiones mineras siguen creciendo Las concesiones mineras registran más de 26 millones de hectáreas de territorio,es decir 21.02% del territorio nacional.Las regiones que registran mayores concesiones son:Arequipa,Puno, Ancash,Lima y Cusco. LORETO UCAYALI PUNO CUSCO LIMA JUNIN ICA AREQUIPA PIURA MADRE DE DIOS ANCASH SAN MARTIN AYACUCHO PASCO HUANUCO AMAZONAS CAJAMARCA TACNA APURIMAC LA LIBERTAD HUANCAVELICA MOQUEGUA LAMBAYEQUE TUMBES CALLAO ECUADOR COLOMBIA BRASIL BOLIVIA CHILE 3337950.587 2544489.392 2045612.645 1886717.342 1666471.4 1619764.519 1601152.626 1492184.1 1353031.4 1206779.307 1145417.1 1136161.432 1014449.1 944774.8156 805691.1517 748643.2089 573588.6759 460778.3582 400307.5413 353943.1493 191464.554 103381.7612 33818.79405 16310.76205 3857.092161Callao Tumbes Ucayali Loreto San Martín Lambayeque Amazonas Pasco Huánuco Madre de Dios Ica Tacna Junín Huancavelica Piura Moquegua Apurímac Ayacucho La Libertad Cusco Lima Áncash Arequipa Puno Cajamarca Concesiones mineras por región (hectáreas)

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