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Pronunciamiento internacional19 nov12

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Pronunciamiento internacional19 nov12

  1. 1. Libertad para los presos políticos en huelga de hambre y víctimas de la masacre en Predio Marina Cué, ParaguayLa Vía Campesina Paraguay - conjuntamente con otras organizaciones internacionales ynacionales - ha elaborado un pronunciamiento internacional solidarizándose con los presospolíticos de la masacre de Marina Cue el pasado 15 de junio en Paraguay, que están en huelgade hambre y presentan un estado de salud muy delicado.En la carta estamos solicitando a la comunidad internacional separar al fiscal como fiscal delcaso, la liberación de campesinos y campesinas imputados arbitrariamente, la entrega de latierra de Marina Cué a las familias afectadas por el conflicto de forma urgente, entre otros.Es urgente comenzar a difundir este pronunciamiento a la comunidad internacional peronecesitamos que otras organizaciones internacionales se sumen al mismo para darle másfuerza política.Por favor, apoyen este pronunciamiento con la adhesión de la organización internacional a laque pertenece. Ustedes pueden dirigir su adhesión al siguiente correo de la CLOC - LA VÍACAMPESINA PARAGUAY: cloc.lvc.paraguay@gmail.com quienes recogerán lasadhesiones hasta el 22 de noviembre.Adjunto encuentran el pronunciamiento internacional al que solicitamos su apoyo. PRONUNCIAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE Y VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN PREDIO MARINA CUÉ, PARAGUAYLas organizaciones firmantes rechazan la detención que calificamos como arbitraria de:Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería,Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez,Luis Olmedo, Nery Urbina; en la penitenciaría de Coronel Oviedo, departamento deCaaguazú, Paraguay. Estas personas se encuentran en huelga de hambre desde hace 53 días enseñal de protesta por la falta de respuesta de las autoridades responsables del gobierno defacto de Federico Franco.
  2. 2. Estas personas, a las que consideramos presos políticos, son víctimas de la masacre ocurridael día 15 de junio en la tierra mal habida de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú, lacual terminó con la vida de 11 campesinos y 6 policías. En su informe preliminar, la MisiónInternacional1 realizada del 5 al 11 de septiembre pasado, concluyó que la orden deallanamiento de parte del juez de la ciudad de Curuguaty, José Benítez, fue improcedente yprovocó un desalojo de facto –que incumplió con todos los estándares de derechos humanosaplicables– y el asesinato de campesinos y campesinas inocentes que buscaban acceder a latierra estatal para garantizar su derecho y el de sus familias a alimentarse.Los diez presos políticos de Marina Cué son parte de un grupo de 54 personas que han sidoimputadas arbitrariamente con 7 cargos penales que incluyen: hecho punible de homicidiodoloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave,coacción e invasión. Sin embargo, de acuerdo a la citada misión internacional “se carece deindicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas enlos hechos que se les atribuyen. Incluso se ha llegado a incluir en la lista de personasimputadas a algunas que ni siquiera estaban presentes en el lugar del conflicto, en base a unantiguo listado de familias asentadas en el lugar.”2Las organizaciones firmantes impugnamos el nombramiento de Jalil Amir Rachid como fiscalencargado de la causa por su falta de objetividad y parcialidad en sus actuaciones, que atentacontra los intereses de los/as campesinos/as imputados. De acuerdo al informe de laPlataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), el papel del fiscales cuestionado por el hecho de negarse a investigar el papel de la fiscal Ninfa Aguilar en eldesalojo de facto ocurrido el 15 de junio, la falta de título de propiedad del agroempresarioBlas Riquelme y sus requerimientos a las autoridades sin fundamento legal, las torturas ydetenciones arbitrarias a campesinos y campesinas víctimas, el accionar de la policía despuésde la balacera, entre otros.3 De acuerdo a dicho informe, el fiscal ha tomado declaración alos/as imputados/as violando las garantías judiciales exigidas en el Código Penal al nogarantizar la traducción y hacer firmar a los imputados declaraciones que no fueron leídas enel idioma guaraní, incumpliendo de plano con el derecho al debido proceso de los acusados.De acuerdo con las reglas mínimas del debido proceso, el mencionado fiscal debería estarinhabilitado para conocer de este caso específico, debido a un claro conflicto de intereses. Enefecto, Jalil Amir Rachid es hijo del ex senador y ex presidente del Partido Colorado, BaderRachid, amigo íntimo de Blas N. Riquelme, asimismo ex senador y presidente del mismopartido, 4 quien además fuera gran terrateniente y propietario de la agroempresa “CamposMorombí”, beneficiario de tierra mal habida y disputaba con el Estado, la tierra de Marina1 FIAN Internacional, Campaña Global por la Reforma Agraria (Vía Campesina Centroamérica), el Grupo deInvestigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica deCataluña, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional), ANAMURI (Vía Campesina Sudamérica).Conjuntamente con organizaciones nacionales de Paraguay pertenecientes a la Vía Campesina: MCNOC, OLT,CONAMURI, MAP, MCP y ONAI2 Informe Preliminar Misión de Investigación Caso Marina Cué, 5-11 de septiembre 2012, Paraguay, página 6.3 Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág.173-174.4 Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág.154-155.
  3. 3. Cué. Mantener al fiscal como responsable del caso en estas condiciones es contrario a lasobligaciones mínimas del derecho internacional, asumidas por el Estado paraguayo.Los imputados de Marina Cué llevan meses en prisión preventiva a pesar de que el fiscal noha aportado el menor indicio que pueda señalar que estos procesados podrían ser autores delos hechos. Esto contraviene el artículo 242 del Código Procesal que establece como requisitopara la prisión preventiva que “existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, quees autor o partícipe de un hecho punible”. Así mismo esto incumple con el principio depresunción de inocencia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional deParaguay. Resaltamos que, en caso específico, no es aplicable la reciente modificación delartículo 245 del Código Procesal Penal que impide la aplicación del arresto domiciliario,puesto que esta norma no se puede aplicar retroactivamente al hecho ocurrido previo a lareforma.Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes expresamos la necesidad de que lacomunidad internacional se exprese ante el gobierno de facto de Paraguay a fin de exigir a lasautoridades que cumplan con el derecho al debido proceso, mediante las siguientes medidas: Separar al fiscal de Jalil Amir Rachid como fiscal del caso Marina Cué y garantizar la objetividad e imparcialidad en la investigación, eludiendo la presión que pudieran ejercer sobre dicha investigación los hechos de índole política que acontecieron en Paraguay en el mes de junio del año en curso; En cumplimiento del artículo 242 del Código Procesal y del artículo 17 de la Constitución Nacional sobre presunción de inocencia, dictar la libertad y el sobreseimiento de los campesinos y campesinas imputados arbitrariamente, Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina, en el caso Marina Cué, desvinculándolas definitivamente de los procesos penales en su contra; Constituir, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo en Paraguay, una Comisión Internacional de Observación a fin de acompañar la investigación de todos los crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas cometidos en el caso Marina Cué, para asegurar que se cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado paraguayo; Asegurar que se implemente el derecho a la alimentación de las comunidades afectadas mediante la entrega de la tierra de Marina Cué a las familias afectadas por el conflicto de forma urgente, así como el otorgamiento de una indemnización justa y adecuada a las familias de las víctimas, acorde a sus necesidades reales. 19 de Noviembre 2012Organizaciones firmantesCLOC/Vía Campesina Paraguay
  4. 4. Fian internacionalCátedra Unesco de DDHH UPC, EspañaCampaña Global por la Reforma AgrariaRadio Mundo Real – Amigos de la Tierra UruguayMNCI – Vía Campesina ArgentinaCLOC/Vía Campesina ChileFian Paraguay

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