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Humanidad. Por primera vez, uno de los máximos responsables de larepresión que sufrieron los pueblos de Guatemala durante ...
Tomando en cuenta la responsabilidad que en todos estos hechostuvo el general retirado Efraín Ríos Montt -entonces al mand...
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CODPI: manifiesto de denuncia por anulación sentencia Rios Montt

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CODPI: manifiesto de denuncia por anulación sentencia Rios Montt

  1. 1. Diego Jiménez - CODPI <codpi@codpi.org>GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos sido muchas laspersonas y las organizaciones que hemos seguido con atención elproceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad que sedesarrollaba en Guatemala, en contra del general retirado Efraín RíosMontt -presidente de facto entre los años 1982-1983-, en lo queconsideramos un intento decidido por construir una base sólida parala paz.No obstante, la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC)de revocar parte de dicho proceso supone un duro golpe a lajusticia, abriendo además un incierto periodo que abunda en el dolorde los sobrevivientes, y que están aprovechando distintos grupos depoder para amedrentar y criminalizar a la sociedad civil, poniendo enuna situación de grave riesgo a las comunidades mayas del áreadonde se produjeron los hechos juzgados. Por ello, desde la CODPIos invitamos a sumaros a este manifiesto de solidaridad ydenuncia.LEER Y FIRMAR EL MANIFIESTOMANIFIESTO ABIERTOSIN JUSTICIA Y SIN DIGNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS NO ESPOSIBLE LA PAZEn las últimas semanas, los ojos del mundo han estado centrados enel proceso judicial que se ha venido desarrollando en Guatemalacontra el general retirado José Efraín Ríos Montt -presidente defacto entre 1982 y 1983-, por genocidio y crímenes contra la
  2. 2. Humanidad. Por primera vez, uno de los máximos responsables de larepresión que sufrieron los pueblos de Guatemala durante el largoperiodo de las dictaduras militares, se ha sentado en el banquillo delos acusados.Según estimaciones recogidas en el informe "Guatemala Memoria delSilencio", elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico(CEH), auspiciado por Naciones Unidas y publicado en 1999, elconflicto armado que asoló Guatemala de 1960 a 1996 (36años) se cobró más de 200.000 muertes, y cerca de 45.000personas desaparecidas, muchas de las cuales siguen en paraderodesconocido. Del total de violaciones de derechos registradas, lamayoría (un 81%) se produjo entre los años 1981 y 1983, siendo elperiodo de mandato de Ríos Montt, el más violento de todos.La CEH comprobó que la responsabilidad del 93% de lasviolaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala,incluyendo en esta categoría al Ejército Nacional, las Patrullas deAutodefensa Civil (PAC, grupos paramilitares armados y entrenadospor los militares), los Comisionados Militares, otras fuerzas deseguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte. Además, másdel 83% de las víctimas de violaciones de derechos humanos yhechos de violencia registradas, pertenecían al pueblomaya. También se documentó que, antes de ser ejecutadas, un altoporcentaje de las personas asesinadas habían sufrido torturas y, en elcaso de las mujeres, agresiones sexuales graves y continuadas,cometidas como parte del intento de exterminio de una parte de lapoblación. La violencia del Ejército no diferenció a la poblacióncivil de los grupos armados; no respetó a hombres y mujeresdesarmadas, ni a niños o niñas, ni a personas ancianas; y sellevó a cabo en en el marco de un claro y continuado incumplimientode la normativa internacional de los Derechos Humanos.Durante el reciente proceso judicial, que se refería específicamente alos actos de genocidio cometidos contra el pueblo ixil, se pudieroncomprobar todos estos extremos, quedando sostenidos por distintaspruebas testimoniales, periciales y documentales. En la sentenciaemitida por el Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo el pasado 10 demayo de 2013, se concluye que "...las acciones violentas realizadasen contra de los ixiles, no fue una actividad espontánea, sino laconcretización de planes previamente elaborados, queconformaban parte de la política de Estado tendiente a laeliminación de un grupo étnico determinado (...) Habiéndosecomprobado hasta la saciedad que eran poblaciones civiles, dedicadasa la agricultura". También concluye la sentencia que fue el racismo delas élites guatemaltecas contra los pueblos indígenas una de lasprincipales bases ideológicas que pusieron en marcha la "maquinariadel exterminio" contra el pueblo ixil.
  3. 3. Tomando en cuenta la responsabilidad que en todos estos hechostuvo el general retirado Efraín Ríos Montt -entonces al mando delEjército- el tribunal finalmente le condenó a 80 años de prisióninconmutables, señalando también la necesidad de seguirinvestigando la cadena de mando para depurar las responsabilidadesdel resto de personas implicadas en este oscuro episodio de laHistoria reciente de la Humanidad.No obstante, y después de numerosas presiones por parte dediferentes grupos de poder, la Corte de Constitucionalidad (CC),en su resolución dictada el 19 de mayo de 2013 y tomando encuenta los recursos presentados por la defensa del general,anuló parte del proceso. Concretamente lo operado a partir del 19de abril, dejando así sin efecto la sentencia, y obligando a reabrir eljuicio.Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes,queremosMANIFESTAR1. Nuestro total y absoluto apoyo, respeto y admiraciónhacia las víctimas del genocidio, las cuales, venciendo almiedo y a las amenazas, testificaron en el tribunal sobrelos abusos que fueron cometidos contra ellas y contra susfamilias y sus comunidades. Especialmente queremos destacarla valentía de las mujeres ixiles que, a pesar del estigma que elloles puede suponer, hablaron francamente de las agresionessexuales que tuvieron que padecer a manos del Ejército y de losgrupos paramilitares. La revocación de la sentencia por parte dela CC por supuestas debilidades procesales no sólo es injusta ydesproporcionada, sino que abunda de manera cruel en el dolorde todas estas personas.2. Nuestro respaldo a la jueza Jasmín Barrios y al resto decomponentes del Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo,quienes, en medio de un clima de continuas presiones,fueron capaces de llevar adelante un proceso judicialcomplejo y sembrado de innumerables artimañas legalespara evitar que se hiciese justicia. El hecho de que un tribunalnacional juzgue por delitos de genocidio y crímenes contra laHumanidad a los responsables de hechos tan brutales como losque se produjeron durante las dictaduras guatemaltecas, suponeun paso decidido en la construcción de un país más digno y másjusto, lo cual es una demanda histórica de los pueblosguatemaltecos. Y es también un ejemplo que Guatemala estádando al mundo entero.
  4. 4. 3. Nuestro rechazo a las estrategias de presión que hanprotagonizado distintos estamentos y poderes del país, conel ánimo de hacer imposible el adecuado desarrollo delproceso judicial. Entre ellas, especialmente las del actualpresidente Otto Pérez Molina, quien negó la existencia delgenocidio; las del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que llamó a lamovilización en contra de la sentencia, negando los hechos quefueron por ésta probados; y las de la Fundación Contra elTerrorismo (FCT) y otras entidades vinculadas a los poderesocultos, cuyo único fin es amedrentar a quienes sobrevivieron algenocidio y a las organizaciones que les acompañan, creando unclima de terror y zozobra entre la sociedad civil.4. Nuestra solidaridad con las comunidades, lasorganizaciones y colectivos sociales, los abogados yabogadas de la acusación y todas las entidades que se hanhecho presentes en este proceso de recuperación de la memoriacolectiva y búsqueda de justicia, arriesgando en muchos casos supropia integridad física. Especialmente, queremos alertar sobreel alto grado de vulnerabilidad que afecta a lascomunidades mayas del área rural donde se produjeron loshechos de violencia juzgados, y donde continúan operandopoderes represivos que ya les hostigaban durante el tiempo delgenocidio.Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla yporque el único camino para lograr una paz firme y duradera esel de la justicia, el reconocimiento a las víctimas ysobrevivientes del genocidio, y el establecimiento de medidaspara la reparación y para garantizar que no se reproduzcan lasgraves violaciones de derechos humanos perpetradas durante eloscuro periodo del conflicto armado."EN GUATEMALA QUEREMOS VIVIR LA VIDA. NO MORIRLA"(ver organizaciones y personas firmantes aquí)

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