Informe del MOVICE de los tres años de implementación de la
ley de victimas
Responsable del informe: Luis Alfonso Castillo...
Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092/08, a los integrantes de
la Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organiza...
particularmente defensoras y defensores de los derechos humanos,
así como de las víctimas, en especial las sometidas a crí...
asesinatos, por la disputas de estos grupos que intentan ejercer
control territorial de la zona, sin que las autoridades d...
Ahora bien, con este marco normativo no solo se ponen en evidencia
las víctimas que ha dejado la insurgencia a lo largo y ...
por distintos hechos victimizantés, lo cual sin duda es un importante
camino en el proceso de reparación a las mismas.
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encargada en su implementación, se ha elaborado un ...
Persisten problemas con la capacidad de las Personerías en
municipios pequeños y aun en Bogotá, los turnos que se asignan
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atención a víctimas, son absorbidos por una serie de vicios y
complejidades que maneja la maquinaria estatal. Ahora bien, ...
La estructura de la ley por si misma es una dificultad, por dos
razones: la primera obedece a la falta de comprensión y mo...
cual se somete toda víctima, será entonces un reto más no solo para
víctima sino para el gobierno dedicar grandes esfuerzo...
implementado en la sociedad colombiano es totalmente deficiente, el
enfoque por lo menos diferencial a las víctimas no se ...
víctimas del conflicto armado interno no deben prestar servicio militar
obligatorio, sin embargo los jóvenes están siendo ...
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con este propósito fuese motivo de orgullo, como si ...
Fuente: ht
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Aun así las el acceso preferent...
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mujeres cabeza de hogar, discapacitadas, adulto mayor u ...
Es evidente que para que las mujeres puedan llevar a buen término
todo el proceso de restitución desde el inicio hasta su ...
Fuente:http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el
18 de junio de 2014
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Fuente: http
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de 2014
Las cifras sobre victimización a l...
grupos el acceso a la reparación individual, sin que se consideren
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quienes ostentan el poder político, en contra de quienes se proponen
proyectos alternativos de poder- resulta insuficiente...
pesar de que se han constituido mesas de de participación de
víctimas en el 80% de los municipios del país y en los 32
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En distintos documentos el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado y de otras organizaciones de DDHH y de ví...
sido bienvenida por las élites de los sectores de la palma aceitera, el
azúcar de caña y la industria ganadera en Colombia...
pensando en favorecer a las víctimas del conflicto, permitir la
restitución de tierras a estas, y que ellas, en plena auto...
metas que él mismo se había establecido, restituir 2´000.000.000 de
hectáreas en los 2 primeros años de la ley de víctimas...
Víctimas y en el exilio: refugio, fronteras, migración
Es necesario reconocer que en estos aspectos, la política pública h...
La administración de Gustavo Petro, desarrolló una política de
víctimas, a partir de la creación de la alta consejería par...
para conocer solo uno de los tantos casos similares que se presentan
a lo largo y ancho del territorio nacional. Las más e...
Fuente:http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el
18 de junio de 2014
Nota: El reporte muestra el número d...
donde la infraestructura no es la requerida para desarrollar labores
con niños. Igualmente, no hay la posibilidad de desar...
que alcanza 60 años de agudeza, en este sentido es necesario ubicar
una fecha mucho más cercana al origen del actual confl...
cualificación social y política de las mismas, es necesario entender la
importancia de la consolidación las organizaciones...
a) Programa de restitución de derechos ciudadanos.
b) Programa de reparaciones en educación.
c) Programa de reparaciones e...
2. Se ha dispuesto para las víctimas y sus familiares en no pago
a la universidad y a la salud, subsidiadas estas en un ci...
de una sentencia por falta de investigación, o a razón de no encontrar
el victimario, o por muerte o escape de este. Esto ...
votación por la paz tuvo un respaldo significativo del electorado
Colombiano, lo que sin duda compromete a la mucho más al...
efectiva en el texto definitivo de los acuerdos que se suscriban en
dicho proceso.
No menos importante en este anuncio rea...
iniciativas y propuestas que permitan considerando a las víctimas
tener en cuenta este principio.
La participación de las ...
asesinados al menos 70 líderes y lideresas y decenas de ellos se
encuentren amenazados por distintos grupos armados, urge ...
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Informe del MOVICE de los tres años de implementación de la ley de victimas

  1. 1. Informe del MOVICE de los tres años de implementación de la ley de victimas Responsable del informe: Luis Alfonso Castillo Garzon, miembro del Comité de Impulso del MOVICE.hojasuelta0@gmail.com. 14 julio 2014 Agradecimientos Este informe es el resultado de la participación del MOVICE en diversas reuniones con víctimas realizadas a lo largo y ancho del país donde nuestro movimiento tiene capítulos regionales, en las cuales los asistentes aportaron información útil que nutre de contenido y de datos el texto Igualmente, y para ampliar las visiones sobre la evolución en el proceso de implementación de la ley de víctimas, realizamos encuestas entrevistas a distintas organizaciones que aportaron también información que permite realizar el diagnóstico que ponemos en su consideración, algunas de estas organizaciones son las siguientes: Mesa Municipal de Participación de las Victimas del municipio de Gamarra Cesar, coordinador de la mesa la Distrital de victimas de Cartagena, victimas agremiadas en la asociación ACODELMA Florida Blanca, Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, la organización Luz de Esperanza Futuro, Irma Tulia Escobar y Orlando Burgos, integrantes de la mesa nacional de participación de víctimas, CORGEDES Corporación, Ezequiel Amador Arcila, Yisel Torres integrantes de la Coordinación Nacional de Desplazados CND, ASOVIDEFOSA, organización de victimas de Jerusalén C/marca, Luz Marina Palacios Bocanegra ECATE, Organizaciones de víctimas Nariño, Organizaciones de víctimas de magdalena, integrantes del
  2. 2. Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092/08, a los integrantes de la Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, Victimas del Norte del Departamento del Cauca asociación desplazada NUEVO RENACER. El Agradecer igualmente los aportes realizados por, Anne Hermilda Zapata Candelo, Patricia del Socorro Tafur Perdomo, Maria Johana Rivadeneira Araujo Igualmente agradecer los aportes contenidos en el informe “LA LEY DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESDE LAPERSPECTIVA DE LAS MUJERES, ANÁLISIS Y PROPUESTAS” elaborado por Sandra Montealegre, consultora, Diana García, Pasante de la Universidad Nacional, Carolina Esguerra, documentadora y la coordinación de María Eugenia Ramírez Brisneda, responsable del Programa de Derechos Humanos y Mujeres de ILSA y los aportes del Tribuna de Mujeres Tejiendo Redes para la exigibilidad de los DESC y los derechos a la tierra y la vivienda , Mesa DESC de Mujeres Región Caribe. Bogotá, febrero 2014. Agradecimientos también a la corporación Viva la Ciudadanía y a su director Antonio Madariaga el, a Claudia Erazo y Irene Lopez de la corporación Yira Castro, a Andres Bastidas y el equipo de trabajo de la corporación AVRE y a Vera Zamudio, por concedernos las entrevistas que nutrieron de datos y conceptos el presente informe. Al profesor de la Universidad Libre de Bogotá Heyder Alfonso Cano. Las opiniones contenidas en el presente informe son sólo responsabilidad el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y no comprometen de ninguna manera a las organizaciones y personas que contribuyeron con aportes encuestas y entrevistas para la elaboración del mismo Contexto político entre sombras y luces para las víctimas Durante los tres años transcurridos, desde que fuera sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos la ley de reparación y restitución a las víctimas del conflicto armado, el país ha venido asistiendo a una serie de transformaciones coyunturales, que no dejan ver con tranquilidad cual será la perspectiva para el restablecimiento de las más de seis millones de víctimas que ha provocado el conflicto armado colombiano en los últimos 60 años. De un lado, y casi de manera simultánea con el proceso de implementación de la ley, se anunció públicamente el inicio de los diálogos para poner fin al conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC - EP, proceso que ha marcado de manera importante el acontecer político, social y económico de la nación, y saludado de manera positiva por las organizaciones sociales,
  3. 3. particularmente defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de las víctimas, en especial las sometidas a crímenes estatales. No obstante, mientras se adelantan los diálogos en La Habana (Cuba), con una agenda en la que se abordan problemáticas como la agraria, la participación política, el narcotráfico, los derechos de las víctimas y los acuerdos de refrendación; la dinámica social y política del país se ve agitada por la movilización social, especialmente del movimiento campesino, estudiantil, mujeres, indígenas, comunidades afro-descendientes y comunitaria, entre otras. Movilizaciones que abogan por reivindicaciones sociales, económicas y políticas a las que el gobierno responde de manera represiva, autoritaria y estigmatizadora, con un papel definitivo que juegan los medios de comunicación a la hora de presentar la movilización como conducta vandálica, desvirtuando los hechos y generando confusión. Un ejemplo claro de ello es el Paro Agrario en el mes de agosto del año pasado, en donde evidenciamos como se orienta la información hacia actos fatalistas, exagerados, donde se refleja al sujeto social como violento y armado. Fue claro el uso desproporcional y excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, y en general de las Fuerzas Armadas, donde se presentaron alrededor de 200 heridos y más de 10 muertos, situación que pone de cara la grave afectación del orden público y por supuesto la violación de derechos humanos. Paralelamente y mientras se desarrollan los diálogos , el conflicto armado continúa agudizándose, provocando decenas de víctimas, entre asesinados, amenazados y desplazados, porque el proceso se adelanta en medio del conflicto y por la negativa reiterada del gobierno a declarar un cese de hostilidades, mientras la insurgencia de las FARC – EP lo ha hecho en 3 oportunidades, esta petición del cese bilateral del fuego, también ha sido realizada por diferentes sectores sociales que se han movilizado exigiendo de las partes la suspensión de las hostilidades. Es absolutamente claro que el gobierno sostiene un ambiguo discurso frente al tema de la paz, mientras de un lado habla de la paz como una de sus principales conquistas, también da rienda suelta a su ministro de la defensa Juan Carlos Pinzon, que lanza ataques al propio proceso de la habana convirtiéndose en uno de los más grandes saboteadores del mismo. Desde allí se han divulgado coordenadas de localización de los negociadores de la insurgencia, se ha espiado y chuzado las comunicaciones de los negociadores, se mantiene una ofensiva verbal y belicista, mientras los grupos paramilitares continúan operando a sus anchas en buena parte del país, como lo demuestra la dramática situación de Buenaventura principal puerto del país, donde todos los días se provocan
  4. 4. asesinatos, por la disputas de estos grupos que intentan ejercer control territorial de la zona, sin que las autoridades desplieguen actos para evitar la situación. Como parte de esa ambigüedad, el Presidente Juan Manuel Santos asume el proceso de paz bajo una falta de contundencia para enfrentar al fenómeno paramilitar durante sus cuatro años de gobierno. Las acciones del desmonte han sido pocas e ineficaces, durante este periodo estos grupos han continuado desarrollando su acción, mientras el gobierno sigue dándoles la categoría de bandas criminales; en este sentido es preocupante que dichas organizaciones se fortalezcan, como quiera que la posibilidad de que queden en libertad los principales jefes paramilitares que se encontraban detenidos en los procesos de justicia y paz se incremente. No menos preocupante es la perspectiva que se presenta en el Congreso de la República, donde un importante número de parlamentarios ha empezado a mostrar su talante regresivo encabezados por el ex presidente Uribe. Se evidencia la clara probabilidad que desde este importante escenario se profundice la política guerrerista, ello como consecuencia es sin lugar a dudas un escenario adverso para las víctimas y por el muy contrario favorable para la profundización del conflicto armado y social y para aquellos que patrocinan la guerra como medio de lucro. Por estas razones, desde la perspectiva de los sectores populares y democráticos, se discuten estrategias que permitan consolidar la unidad más amplia en favor de la paz con justicia social, de la verdad histórica y la democracia. Esta unidad debe privilegiar la movilización como mecanismo esencial para determinar las trasformaciones sociales y económicas que requiere la sociedad colombiana para la terminación del conflicto armado y las garantías para que los crímenes cometidos no se vuelvan a presentar en el país. Tres años de la ley 1448 un importante instrumento para la reparación, pero que se queda corta para atender este derechos de las víctimas en el proceso de la implementación. Entre lo bueno y lo malo El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha planteado en varias oportunidades, la importancia que tiene la existencia de la ley 1448 como instrumento normativo que hace grandes esfuerzos por garantizar el acceso de las víctimas, al restablecimiento de los derechos vulnerados en el marco y desarrollo del conflicto; igualmente, es importante mencionar que en ella hay un avance respecto al reconocimiento de las víctimas en un conflicto armado, en donde la invisivilización era casi absoluta.
  5. 5. Ahora bien, con este marco normativo no solo se ponen en evidencia las víctimas que ha dejado la insurgencia a lo largo y ancho del país, sino que por el contrario, también han salido a flote las víctimas que han dejado los crímenes de agentes estatales; con la ley 1448 podemos observar siete aspectos fundamentales que enriquecen el proceso de reparación y restitución: 1. La ley 1448, o ley de víctimas como se le conoce, es la primera que pone en el centro de la institucionalidad a la víctima, el Estado entonces crea toda una institucionalidad especial, exclusivamente encargada de atender los asuntos relacionados con las mismas y despliega todo un accionar jurídico, social, económico y patrimonial, para ir en busca de la verdad, de la justicia y de la reparación. 2. El segundo aspecto a resaltar es la importancia que tiene el hecho que en la negociación que se está llevando a cabo en La Habana exista un punto especial para las víctimas, sin lugar a dudas un avance significativo. 3. Las víctimas encuentran una voz por medio de la institucionalidad, que si bien no es perfecta, son esfuerzos que realiza la institucionalidad para las víctimas, que se queden cortos en la realidad practica será otro tema que plantear más adelante. 4. La institucionalidad crea espacios de participación, en donde la víctima como sujeto social también construye y ayuda a la edificación, no solo de su reparación individual, sino también colectiva, participa por el restablecimiento de sus derechos vulnerados y, por ende, también será una oportunidad de que las víctimas establezcan una vocería 5. Es justo reconocer que la ley hace un esfuerzo en procura de garantizar los derechos, especialmente los atinentes a la aprehensión y la reparación así como de la restitución de tierras. Estos aspectos constituyen los elementos centrales del impulso a una política pública de aprehensión, reparación y restitución de los derechos a las víctimas del conflicto colombiano. 6. Es necesario señalar que la existencia de esta ley ya hace posible al menos como enunciado los instrumentos para que las víctimas puedan participar en distintos procesos particularmente en el seguimiento al proceso implementación, aunque cabe señalar que éste es un mecanismo que no cuenta con las adecuadas garantías para el ejercicio de este derecho, y ni siquiera existe en áreas tan importantes como la restitución, según se observa y escucha en distintos espacios, en todo caso, instrumentos como las mesas de participación de víctimas, tanto municipales, como departamentales y nacional, son un importante punto de partida para que las víctimas hagan sus vocerías y exijan sus derechos. 7. La ley contribuye al esclarecimiento del universo de las víctimas a través de ella, o la institucionalidad cuenta con unas estadísticas mucho más aproximadas a lo que significa en el impacto en la población del conflicto armado, al punto que hoy el gobierno reconoce la existencia de por lo menos seis millones de víctimas discriminadas
  6. 6. por distintos hechos victimizantés, lo cual sin duda es un importante camino en el proceso de reparación a las mismas. 8. Rango y estatus de la UARIV en la estructura del estado impiden mayor contundencia en el proceso de reparación, como hemos señalado anteriormente no deja de ser problemático que la coordinación del sistema de atención y reparación a las víctimas sea un ente con poca jerarquía de la estructura del estado, esto hace que las convocatorias y llamados hechos por la unidad de víctimas sean en muchas ocasiones desatendidos, un asumidos con poca prioridad por ministerios y otras dependencias encargadas del desarrollo de la política pública. Antes de enunciar las dificultades en la implementación de la ley 1448, es menester tener un panorama nacional del número de víctimas por hecho victimizante que hasta el momento registra la Red Nacional de Información, y la Unidad de Víctimas para que el lector tenga una mayor comprensión de los hechos aquí descritos. Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el 18 de junio de 2014 Ahora bien, durante el proceso de implementación de la ley de víctimas, se evidencian una serie de dificultades, que en ocasiones confunden o incluso re victimizan a las víctimas que acuden al proceso para acceder al derecho a la reparación y a la restitución de HECHO PERSONAS Abandono o Despojo Forzado de Tierras 7.139 Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 67.855 Amenaza 165.634 Delitos contra la libertad y la integridad sexual 5.440 Desaparición forzada 135.863 Desplazamiento 5.632.062 Homicidio 848.710 Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 10.928 Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 80.392 Secuestro 36.233 Sin información 35 Tortura 8.210 Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 7.361
  7. 7. tierras. Con el ánimo de contribuir al debate con la institucionalidad encargada en su implementación, se ha elaborado un inventario de algunos de sus problemas para que sean superados de manera oportuna, considerando que a la fecha ha trascurrido una cuarta parte del tiempo previsto en la ley para garantizar la reparación y la restitución a las víctimas del conflicto. Acceso a la información a través de las páginas WEB Dificultades que encuentran las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que intentan hacer seguimiento y veeduría, en primer lugar el acceso a la información sobre las ejecutorias de las distintas entidades encargadas del proceso implementación. Las páginas web de entidades como la UARIV, la unidad de tierras, o el ICBF entre otras, no entregan adecuada y oportuna información de rendición de cuentas que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas, tampoco ilustran de manera adecuada la forma en que la entidad desarrolla sus procedimientos; sumándole a ellos la imposibilidad que encuentran las víctimas para acceder a estos medios. Aspiración por cumplir metas Se observa un afán del gobierno de Juan Manuel Santos para el cumplimiento de metas generales, que se divulgan ampliamente a través de los medios masivos de comunicación, generando una gran expectativa a las víctimas, sobre programas, coberturas y beneficios, si se accede a los procedimientos y rutas creadas para la implementación de la ley. Sin embargo, toda esta información mediática contrasta con los resultados que hasta la fecha pueden mostrar en materia de indemnización y restitución la ley de víctimas. Es menester mencionar que en su afán de demostrar resultados en la imprimación de la ley, se realizan actos diferenciados como convocatorias masivas para presentar propuestas, que incluso, no están bien diseñadas, actos como la inflación de la información prevista en fotografías, videos, o la publicación de folletos y revistas que generan al individuo la falsa creencia que en el territorio existe una profunda demanda de víctimas que es atendida, ilustrada y acompañada de manera integral por la institucionalidad. El problema del registro y la inexistencia del registro único de víctimas Se siguen presentando denuncias y quejas de las víctimas sobre dificultades que impiden el derecho a rendir declaración, en municipios del país, e incluso en Bogotá, ante la solicitud de inclusión en el registro único de víctimas.
  8. 8. Persisten problemas con la capacidad de las Personerías en municipios pequeños y aun en Bogotá, los turnos que se asignan tardan varios meses, dada la incapacidad de infraestructura y recursos humanos de estas instituciones para evacuar ágilmente el alto número de solicitudes. Igualmente, hay dificultades en la respuesta a las solicitudes, en muchos casos se tardan hasta 6 meses para responder, y se han denunciado problemas con la notificación a las víctimas sobre su calidad como tales. Transcurridos dos años después del plazo fijado por la ley 1448 para que se creara un registro único de víctimas éste no ha podido ser implementado hasta la fecha, se desconocen las razones políticas o técnicas por las cuales no se ha realizado. El máximo logro de la Unidad de Víctimas en este sentido es la interoperabilidad, la cual consistirá en el acceso de la unidad de víctimas a las bases de datos de algunas de las instituciones que cuentan con información sobre las víctimas. Sin embargo, seguimos considerando urgente y necesario la creación del registro único de víctimas, de manejo exclusivo de la unidad de víctimas, lo cual a nuestro juicio, agilizaría los procesos de reconocimiento de la calidad de víctimas e incluso daría fácil trámite a las eventuales apelaciones que las víctimas presenten a posibles rechazos a la inclusión. Mucha burocracia y poca calidad en la atención. Un hecho incuestionable que viene después de la aprobación de la ley de víctimas, es el crecimiento del recurso humano, tanto en el ámbito nacional, como territorial para el desarrollo de los procesos de implementación. La mayoría de las instituciones vinculadas al sistema de atención y reparación a las víctimas son responsables en los temas de enlaces, asesores, y toda suerte de modalidad de vinculaciones; sin embargo, y considerando necesario el incremento en la nómina para la atención a las víctimas, cabe mencionar que en muchas partes se evidencia vinculación de personal sin la idoneidad, sensibilidad y el compromiso con el tema de las víctimas. Son múltiples y constantes las denuncias de las organizaciones de víctimas a lo largo y ancho del país en relación con la forma en que son atendidos. Podemos decir que buena parte de esta vinculación obedece a la asignación de cuotas burocráticas de líderes políticos, congresistas, concejales, etc. Esta situación va en detrimento del derecho de las víctimas a ser atendidas de manera digna; de la misma manera aquellos funcionarios con alguna trayectoria y/o experiencia con el tema de
  9. 9. atención a víctimas, son absorbidos por una serie de vicios y complejidades que maneja la maquinaria estatal. Ahora bien, esta es una tendencia que persiste y que se presentaba aun antes de la aprobación de ley de víctimas en los procesos de atención a víctimas del desplazamiento forzado y en el marco del proceso de atención a víctimas de los grupos paramilitares, beneficiarios del decreto 1290 establecido por la ley 975 de 2005, reparación administrativa. Las expectativas de las víctimas En consecuencia con lo inmediatamente anterior, hay una dificultad alrededor de tantas expectativas que se le han generado a la víctima, esto es, cuando la víctima tiene un primer acercamiento con la institucionalidad y ella no responde de manera eficiente, hay por ende una mala respuesta a las expectativas de la víctima, como quiera que uno de los objetivos de la institucionalidad es crear ese lazo de confianza con la víctima y cuando la misma no es eficiente se mina la confianza y credibilidad del proceso. Las acciones de restitución presentan dificultades para ser aplicadas La restitución de tierras, como una de las cinco maneras de reparar consagradas en la ley, al momento de su aplicación no es efectiva o por lo menos no genera el resultado que busca el Estado de la mano con la víctima, en el entendido que los procesos de retorno y reubicación no cumplen ni con la necesidad ni con la satisfacción del individuo, como quiera que se han presentado casos en donde la víctima encuentra su tierra o la que le es otorgada en forma hostil, en un ambiente donde los demás sujetos rechazan la presencia de la víctima, así pues se identifica una seria falta de acompañamiento a la víctima. Se presentan dificultades, tanto operativas como en el mismo diseño de la ley, por ejemplo; la ley no previó la restitución por vía administrativa, por ende todos los reclamos, las pruebas, la oposición todo se tramita por vía judicial, lo que cierra la posibilidad de adelantar casos por otras vías. Un ejemplo es lo que sucede en la unidad de restitución, que dedica entre 4 y 6 meses a la consecución y acumulación de pruebas, para luego si presentar el caso a nivel judicial. Generando varios problemas, entre ello: demostrar física y jurídicamente las delimitaciones del predio, o su propiedad, como quiera que muchas de las tierras no tienen un justo título. Así las cosas, hay una enorme diferencia entre la realidad sobre la propiedad de la tierra y la formalidad de la propiedad sobre la tierra. Estructura y diseño institucional de ley
  10. 10. La estructura de la ley por si misma es una dificultad, por dos razones: la primera obedece a la falta de comprensión y modo de presentación de la ley. En el sentido en que la ley trabaja con tres derechos, que se tornan pilares, que son justicia, verdad y reparación, y de los cuales por parte de la institucionalidad no son atendidos de manera integral, esto es, la ley ofrece el conjunto de estos derechos pero por la misma ineficacia o negligencia para atender estos tres derechos, no son recibidos para las víctimas en su integralidad La segunda obedece a la falta de coordinación entre entidades competentes para dirimir las dificultades que se puedan presentar a lo largo del proceso de indemnización, reparación, restitución o cualquiera que hubiese lugar, más aun cuando la entidad con la cual se debe planificar u orientar está jerárquicamente por encima de la otra. En este sentido la misma estructura institucional no guarda coherencia con la forma metodológica y operativa para atender de manera oportuna a la víctima. Aplicación de la ley en lo regional y enfoque centralista Hay una concepción centralista por parte de las víctimas y del Estado acerca de la ley, como quiera que su articulación de la ley con lo central con lo y lo regional no funciona, de modo tal que la unidad nacional no tiene las herramientas para actuar en el terreno de lo regional, así que al momento de poner en marcha el diseño institucional para las víctimas, se presentan dificultades como las que hemos venido enunciando, y adicionalmente se presenta la falta de herramientas para actuar y hacer concreta la ley, donde verdaderamente necesita la víctima ser atendida. Ello se expresa principalmente con los planes de acción de los municipios y departamentos, que no tienen la orientación suficiente para el tema, en consecuencia la ley no es aterrizada a lo local, profundizando en herramientas concretas que permitan el ejercicio de la ley de acuerdo con las circunstancias del territorio. Así pues, es preciso mencionar que en diferentes regiones (sobre todo las mas apartadas) no existen los suficientes recursos para atender a las víctimas, para garantizar la participación, o el acercamiento de las mismas a la institucionalidad. Es el caso donde la víctima demora un poco mas de tres horas para trasladarse al punto mas cercano de atención, porque no cuenta ella, con medios idóneos de trasporte que le faciliten su traslado, a ello hay que sumarle que la atención que recibe no es la mejor, como ya lo hemos venido enunciado, y tarda la víctima varias horas para ser atendida, sin contar que se encuentra toda la jornada sin alimentos. Son aspectos que evidentemente entorpecen y hacen mas complejo el proceso al
  11. 11. cual se somete toda víctima, será entonces un reto más no solo para víctima sino para el gobierno dedicar grandes esfuerzos para que se vayan superando aspectos de este orden. ¿Acaso un retroceso en la atención integral? La ley de víctimas, establece un capítulo completo dedicado al tema de la atención integral a las víctimas, a través de la cual se accede a un componente del proceso de reparación. Sin embargo, en consultas realizadas por el Movimiento Nacional de Víctimas a representantes de ellas en varias organizaciones, mesas municipales y departamentales, son reiteradas las denuncias en relación con dificultades que tienen las víctimas para acceder de manera ágil y oportuna a sensibles derechos como salud, educación, vivienda digna, extinción del servicio militar obligatorio, proyectos productivos, ayudas de emergencia y ayuda humanitaria así como las prórrogas de la misma. Lo que ha puesto en evidencia la ley de víctimas es el fracaso del modelo de atención que se ha implementado, porque el gobierno parte de la premisa se trata es de contratar más recurso humano sin considerar otros problemas estructurales, como ya lo ha señalado la sentencia T 025 del año 2004 a través de la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, el cual ha venido platicando diez años después a través de mar del autos de seguimiento, y en los cuales se reafirma que los problemas de la atención están asociados particularmente a la ausencia de coordinación entre las entidades encargadas de la misma, lo que redunda en duplicación de esfuerzos, derroche de recursos económicos, técnicos y humanos, y finalmente, bajo impacto en el restablecimiento de los derechos que procuren la dignidad de las víctimas. Y mientras la preocupación de las entidades del sistema de atención integral a las víctimas sea la vinculación de personal sin el mínimo el cumplimiento de criterios de idoneidad y sensibilidad requeridas para abordar esta temática, los resultados seguirán siendo los mismos, lo que seguirá en las entidades encargadas de la atención a las víctimas, son largas filas, procedimientos engorrosos que ni los propios funcionarios comprenden o conocen suficientemente, así las cosas el panorama no cambiara mucho si la institucionalidad sigue privilegiando cantidad sobre calidad. A continuación se enunciaran algunos de esos derechos establecidos en la ley y discriminados en el acceso: Salud: En cuanto a salud proclamado varias veces por la Corte Constitucional como derecho fundamental por conexión y en concordancia con el capitulo de derechos fundamentales, ello y en especial para las víctimas queda en un saludo a la bandera. Si bien no hay que desconocer que de por si el sistema de salud actual
  12. 12. implementado en la sociedad colombiano es totalmente deficiente, el enfoque por lo menos diferencial a las víctimas no se aplica; el tratamiento prioritario como medida de discriminación positiva hacia la víctima no existe, la asignación de citas, la aprobación de medicamentos, tratamientos y atención tampoco es realizada. Educación: El tema de educación para las víctimas, no es ajeno a la realidad que en general se presenta y que tendría que soportar cualquier individuo que se encuentre en condiciones de olvido por parte del Estado. La víctima además de encontrarse en condiciones económicas precarias para contribuir con al educación, por lo menos, de sus menores hijos, no encuentra la eficacia, ni ayuda de los planteles educativos al menos públicos para la incorporación de prioritaria de sus hijos e hijas al plantel, es decir, la política administrativa de los planteles educativos, hoy manejada por cupos, no presenta tan siquiera rasgos de priorizar la educación como derechos fundamental para las víctima. La falta de educación para las víctimas es una constante y reiterada situación que se presenta con mayor acentuación en los corregimientos y lugares mas apartados en donde la mano del Estado aun no llega, lo que genera por ende necesariamente el incremento del trabajo en los menores quienes se someten a jornadas de labores extensas para su subsistencia. Vivienda: El panorama que existe actualmente referente al tema de vivienda para las víctimas se trasversaliza por dos circunstancias criticas nodales, la primera es la falta de programas y de proyectos de vivienda que le garanticen a la víctima una reparación desde una óptica integral, las administraciones tanto locales como gubernamentales no desarrollan desde su Plan de Acción iniciativas que tengan prevista la destinación de recursos para dicho fin, o por lo menos que en la destinación de recursos para la vivienda haya un espacial enfoque y destinación para las víctimas, lo que tiene como consecuencia directa que la víctima siga en todo un ciclo de espera y desamparo, condicionada a un espacio de habitad indefinido y precario por las mismas condiciones sociales y económicas por las que atraviesa la víctima. La segunda cuestión, es aun mas gravosa que la primera y se expresa con el desconocimiento de proyectos, planes y/o subsidios que se puedan estar destinando para las víctimas, esto es, de existir alguna ayuda especial que favorezca a la víctima en cuanto a vivienda, simplemente se desconoce por parte de ella, lo cual planeta como consecuencia una falta preocupante que tendría la institucionalidad para dar a conocer sus proyectos y su forma de ejecución. SMO Son muchas denuncias que se reciben permanentemente, por el incumplimiento de las autoridades militares tanto de la ley de víctimas, como de distintas jurisprudencias que establecen que las
  13. 13. víctimas del conflicto armado interno no deben prestar servicio militar obligatorio, sin embargo los jóvenes están siendo reclutados, llevando los padres de estos a tener que realizar múltiples acciones jurídicas para sacarlos de las unidades militares a los que han sido remitidos los jóvenes, lo que implica una inversión de tiempo y de recursos económicos que nadie está reconociendo Ayudas Humanitarias Este aspecto, es sin duda el elemento más sensible la política de atención a las víctimas, por cuanto existe un retraso en la programación de los pagos, a lo que se suma un mecanismos bastante ineficaz de información sobre la adjudicación de pagos de acuerdo a los turnos establecidos por la unidad de víctimas, en la práctica quienes acuden en búsqueda de este derecho, tienen que esperar entre 8 y 10 meses para el pago en la respectivas ayudas humanitarias por las prórrogas, las que ahora están fraccionadas en sus pagos correspondiendo una parte a la unidad de víctimas, y otro porcentaje de la misma que debe ser pagado por el instituto colombiano de bienestar familiar, lo que en últimas de cuentas se convierte en una gran confusión, y una posibilidad para que se enfadan responsabilidades en todo caso del Estado. 3. La atención psicosocial en búsqueda de terapeuta Una primera situación que tiene que afrontar la víctima que requiere atención psicosocial, son las inconsistencias del sistema nacional de salud, el cual se fundamenta en un sistema excluyente y no garantista de los derechos fundamentales, además de no considerar la atención psicosocial a víctimas como una prioridad del sistema, en General la atención en salud para las víctimas es de baja calidad e inoportuno. PASIVI La gran expectativa, y esperanza que se habían generado por el desarrollo del programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto, no ha podido tener importantes desarrollos, porque en lo fundamental el programa todavía se encuentra en fase experimental, los municipios focalizados para el desarrollo de esta fase, aún no asumen los compromisos y gatitos zonales que permitan un desarrollo adecuado de esta política, requerida por las víctimas, a lo que se suman múltiples observaciones, tanto en la concepción que se desarrollará en la atención psicosocial, como los problemas administrativos que no permiten la continuidad y la seriedad que este tipo de programas requieren, Hay una evidente falla a la hora de implementar acciones de reparación tanto individual como colectiva, en donde el enfoque claro de la institucional es un enfoque individualista y aun peor, busca evadir responsabilidad estatal, lo mencionado a propósito del diseño de un programa de la Unidad de Victimas que buscaba otorgar
  14. 14. medallas de sobrevivientes a las víctimas, como si llevar una medalla con este propósito fuese motivo de orgullo, como si la medalla reparar en lago en profundo dolor de la víctima o como si la medalla simbolizara aspectos positivos; muy por el contario la medalla se torna un medio victimizante, puesto que con el solo hecho de pretender otorgar una mención por sobrevivir a un conflicto armado donde la víctima no escoge participar o no, en él, es un hecho que claramente carece de sentido, respeto y dignidad por la víctima. Por otro lado hay ausencia, por parte del Estado a través de sus entidades, para aceptar la responsabilidad de sus agentes en crímenes hacia la población civil. La construcción de la memoria debe ser un factor central del restablecimiento ala derecho la verdad, ello pasa por el hecho de reconocer, aceptar reivindicar sus acciones con las víctimas, en el sentido de garantizar la historia para los pueblos y sus garantías de no repetición. Estos factores aquí mencionados conlleva necesariamente a la continua victimización que sufre de nuevo la víctima, en esta oportunidad no a manos de grupos guerrilleros, paramilitares o a mano de las Fuerzas Armadas del Estado sino a manos de la institucionalidad, representada por la creación de la 1448, y por otra parte representada por entidades de orden local, municipal y/o departamental, esto es, las entidades promotoras de salud, vivienda y educación no dedican esfuerzos para que la víctima supere de manera amable su condición de víctima sino que por el contrario profundiza su situación y condición. Acceso preferente de las mujeres a la atención y a la reparación – restitución La mujeres también es víctima dentro de este conflicto armado y social que presenta nuestro país, sin exagerar podemos decir que las mujeres han sido quienes mas han tenido que padecer lo horrores de la guerra, el despojo, desplazamiento, las torturas y amenazas. Hecho Mujer Homicidio 383.677 Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 29.794 Abandono o Despojo Forzado de Tierras 1.707 Sin información 7 Desaparición forzada 61.350 Secuestro 7.959
  15. 15. Fuente: ht tp://rni.uni dadvictima s.gov.co/? q=node/107 Consultado el 18 de junio de 2014 Aun así las el acceso preferente y el enfoque diferencial, así como para las mujeres, etnias, y discapacitados no es aplicado, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Verificación realizada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, menos del 3% de la mujeres tenían títulos de propiedad sobre los predios que habitaban y de los cuales fueron despojadas y obligadas a desplazarse. De hecho, las mujeres desplazadas afrontan dificultades al momento de demostrar la propiedad de los terrenos que antes habitaban y que, en muchas ocasiones, tenían la escritura a nombre de su cónyuge o compañero desaparecido o asesinado. La participación de las organizaciones víctimas del desplazamiento y de mujeres que deberían integrar las Mesas de Víctimas, como lo estableció la Ley de Víctimas, no ha sido posible y sigue siendo muy deficiente, debido a la poca capacidad de concertación entre el Estado y las víctimas, por lo que a nivel territorial, apenas se han implementado mesas en buena parte de los municipios del país. Este aspecto retrasa el monitoreo de la implementación de la Ley y, a su vez, impide que se puedan generar acciones oportunas para solventar las dificultades que se presentan. De acuerdo a los informes presentados por distintas organizaciones que hacen seguimiento a la situación de las mujeres víctimas del conflicto, particularmente del grupo distrital de seguimiento y la mesa de seguimiento al auto 092, a la fecha el gobierno no ha sido capaz de implementar los trece programas que ordena la Corte Constitucional en el mencionado auto, los cuales se requieren para garantizar a las mujeres víctimas del conflicto la atención a la que ellas tienen derecho, dicho esto y transcurridos 30 meses desde que iniciara el proceso implementación de la ley de víctimas, no se conocen los protocolos para la atención preferente a las mujeres víctimas del conflicto, tampoco se han establecido en los centros de Tortura 2.904 Delitos contra la libertad y la integridad sexual 4.672 Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 2.289 Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 27.403 Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 1.008 Amenaza 85.283 Desplazamiento 2.872.805
  16. 16. atención ventanillas especializadas, ni atención preferente a las mujeres cabeza de hogar, discapacitadas, adulto mayor u otra condición que amerite dicha discriminación positiva. Igualmente no se conocen las instrucciones jurídicas que permitan establecer los criterios a través de los cuales se las mujeres van a acceder de manera preferente a los procesos de reparación (indemnización) o restitución de sus predios despojados. También es necesario señalar que más allá de algunos programas de sensibilización, el gobierno no ha establecido cuáles son los procedimientos que van a permitir a las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado acceder a sus derechos a la reparación integral, a su derecho a la justicia y por supuesto a su derecho a la verdad, y sí lo ha hecho no lo ha divulgado ampliamente. Lo que se busca es legitimar el supuesto cumplimiento, con algunos talleres de socialización de rutas de acceso, pero en realidad estas no se implementan, la realidad de las mujeres en zonas de conflicto es que se han agudizado sus dificultades y en muchas ocasiones, siguen siendo objeto de re victimización tanto como por grupos armados, como por las instituciones encargadas de su atención. No existen cifras consolidadas que sirvan como herramienta para el diagnóstico del impacto real de la Ley de Víctimas. La información a la que se puede acceder está fragmentada y no en todos los casos las cifras se presentan desagregadas, lo que hace más difícil el análisis con respecto a la situación de las mujeres en cuanto a la efectividad o no de la restitución. Por ejemplo la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro no cuenta con una variable que indique el sexo del solicitante. En opinión de las organizaciones de mujeres, no existe una política integral en materia de protección y los distintos programas existentes están desarticulados entre sí. El decreto 4912 de 2011 por el cual se crea el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, que pretendía subsanar las fallas en esta materia, no parece arrojar resultados positivos. Las garantías de no repetición que se debiesen articular con acciones de prevención y protección, medidas de satisfacción, medidas de justicia y otras medidas encaminadas a este fin, no se logran en la realidad. A pesar de contar con el SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, a la falta de coordinación institucional, se le suma la poca eficacia de la UNP (Unidad Nacional de Protección). En un informe de HRW (Human Rights Watch) de septiembre de 2013, se habla de que desde 2012 más de 500 reclamantes han sido objeto de amenazas.
  17. 17. Es evidente que para que las mujeres puedan llevar a buen término todo el proceso de restitución desde el inicio hasta su culminación, es indispensable que cuenten con medidas de protección efectivas, al fallar estas, los procesos de restitución probablemente se vean truncados, se producirán nuevos desplazamientos por temor a las amenazas. Persisten dificultades, vacíos o debilidades en los sistemas de registro e información, en el proceso de toma de declaraciones, de valoración, la inscripción y comunicación a las víctimas acerca de la inclusión en el RUV (Registro Único de Víctimas). Por otra parte, son evidentes las deficiencias en la preservación de la información contenida en algunos expedientes relacionados con el trámite de inscripciones en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, los documentos no están archivados en su totalidad, faltan los actos administrativos de micro-focalización, autos de pruebas, constancias de la inscripción de registros de instrumentos públicos, notificación personal al propietario, poseedor u ocupante que se encontraba en el predio en el momento de inicio del estudio del caso. Adicionalmente se encontraron errores en las fechas de los actos administrativos o correcciones manuales sobre fechas de notificación, lo cual genera incertidumbre sobre su veracidad. Enfoques diferenciales: población afro descendientes, comunidades indígenas, pueblos Rom, niños y niñas, discapacitados, LGBTI. Poco se sabe de los enfoques diferenciales para atender a comunidades afro descendientes, indígenas, pueblos Rom, niños y niñas, discapacitados y comunidad LGBTI, y aunque las entidades encargadas en el ámbito nacional han establecido algunas rutas y publicado algunos materiales, no logran trascender el ámbito central sin que lleguen a los territorios, lo que implica que la política de enfoque diferencial no tiene los desarrollos suficientes a qué se ha referido la ley 1448; lo que si podemos observar es el numero preocupante de víctimas por cada etnia y/o sector su correspondiente hecho victimizante. Según lo anterior se evidencia con preocupación que no existan medidas efectivas para el enfoque diferencial y aun mas con niveles tan altos de víctimas por etnias, como lo muestra la grafica, en donde el sector mas afectado son los indígenas con lo que respecta a desplazamiento con 128.890, 61 niños o niñas indígenas con vinculación y la desgarrante cifra de 20.656 homicidios solo para afro- descendentes y 16.785 amenazas para el mismo sector. La situación es muy compleja y las medidas aun muy pocas.
  18. 18. Fuente:http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el 18 de junio de 2014 De acuerdo las cifras de este cuadro, se puede inferir que todos los grupos poblacionales diferenciales, están fuertemente afectados por el conflicto armado en por lo menos once hechos victimizantes, estas cifras, preocupantes en todo caso, no se compadecen, con la lentitud y negligencia con la que actúa las autoridades gubernamentales encargadas de la atención a las víctimas, en materia de restablecimiento pleno de los derechos, de estos grupos poblacionales muchos de ellos objeto de especial protección constitucionales. Hecho LGBTI Homicidio 73 Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 9 Abandono o Despojo Forzado de Tierras Sin información Desaparición forzada 10
  19. 19. Fuente: http ://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el 18 de junio de 2014 Las cifras sobre victimización a la población LGBTI, degenere en evidencia que éste el grupo poblacional no ha sido ajeno a los procesos de violencia vinculados con el conflicto armado interno siendo la amenaza y el desplazamiento los hechos con mayor número de registro pero también el homicidio con 73 miembros de esta comunidad asesinados de acuerdo los registros de la unidad de víctimas. En General, hay que decir que si bien hay un adelanto en la formulación de las normas especial y particularmente en la ley 1448 del año 2011 sobre los derechos de las comunidades y poblaciones vulnerables, que reconocen a estas comunidades y grupos poblacionales como sujetos de derecho, esto no se ve traducido en enfoques concretos de atención diferenciada, que reconozcan dichas particularidades. Situación particular está a la que tienen que asistir las víctimas del conflicto armado que sufren algún tipo de discapacidad, para quienes los enfoques preferenciales al menos en la atención y tampoco en una reparación son hechos que puedan destacarse, y por el contrario, se siguen escuchando las denuncias de estos grupos poblacionales sobre el descuido el auto de ida es gubernamentales para atender sus particularidades. Reparación colectiva. La política pública de atención integral a víctimas, ha diseñado algunos criterios para abordar el tema de la reparación colectiva, sin embargo, es necesario señalar que en este aspecto los desarrollos son bastantes precarios, básicamente se reducen a identificar a algunos golpes sujetos de la reparación colectiva, a partir de los cuales lo que se hace es garantizar para los integrantes de tales Secuestro 6 Tortura 4 Delitos contra la libertad y la integridad sexual 17 Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 1 Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 18 Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo Amenaza 119 Desplazamiento 612
  20. 20. grupos el acceso a la reparación individual, sin que se consideren otros aspectos esenciales a la hora de reparar comunidades y colectivos: en este sentido no se hace énfasis en la necesidad de recuperación de los tejidos sociales, recuperación de la memoria individual y colectiva, restablecimiento de los espacios políticos, recuperación patrimonial y restablecimiento del mar daño moral causado a decenas de centenares de organizaciones fracturas por el impacto al conflicto armado en Colombia. Para la institucionalidad el tema de reparación colectiva ha sido una de sus grandes dificultades, por varias razones, entre ellas, porque reparar a una víctima que ya no se encuentra o que ha sido desprendida de su región, grupo, o comunidad es bastante complejo, o el mismo desplazamiento forzado, el despojo ocasiona el daño colectivo y que repararlo es evidente no es tarea sencilla. La ley enuncia cuatro condiciones para la restitución colectiva, por lo menos en lo que respecta a predios El error está en que la institucionalidad no crea espacios de re agrupación, y colectivización para las víctimas y en ese sentido facilitar la reparación colectiva. El genocidio político contra la Unión patriótica y otros agrupaciones políticas de oposición quedan excluidos de las definiciones de la ley de víctimas. Llama la atención, el hecho de que la ley la víctimas no reconoce tipologías tan graves como el , genocidio por razones políticas al que fueron sometidos los militantes de la Unión Patriótica, desde su creación en 1984, movimiento político surgido los acuerdos de paz, entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC-EP, tampoco reconoce la ley, la persecución política sistemática que dejó como consecuencia el exterminio o debilitamiento y grupos de oposición como la propia Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, el movimiento político A luchar y el Frente Popular, entre otras, víctimas estas, de prácticas sistemáticas de negación al derecho de libertad de expresión, de asociación, a la libertad y a la paz. Se limita la ley de víctimas, a reconocer una indemnización precaria individual, omitiendo la responsabilidad del estado Colombiano por promover y fomentar estas prácticas criminales, aún por parte de agentes estatales, sin incluir alternativas de reparación política que restablezcan el daño colectivo provocado a estas agrupaciones. En este sentido la forma en que se propone la Ley, reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso del genocidio político - que no es producto de la guerra y el conflicto armado, como si, una acción política deliberada por parte de
  21. 21. quienes ostentan el poder político, en contra de quienes se proponen proyectos alternativos de poder- resulta insuficiente al no reconocer la responsabilidad del estado Colombiano en esta criminalización, tanto por acción como por omisión. Igualmente la ley, excluye a las víctimas del genocidio político al no reconocer entre las tipologías, las prácticas sistemáticas de violencia a las que fueron sometidos los militantes y afiliados de la Unión Patriótica, situación que negaría el derecho a la reparación colectiva contemplada en la normatividad internacional, por lo que los miembros de ese movimiento político han considerado la Ley como mecanismo inadecuado e insuficiente para el restablecimiento pleno sus derechos políticos. Indemnización no es reparación La política establecida en la ley de víctimas privilegia la e indemnización, como medida de reparación, pero cabe señalar que esta tanto por su cuantía mínima, como por la forma en que se establece, descuidando una otros aspectos parte de la reparación como lo son el establecimiento de la dignidad mínima de las víctimas, el derecho a la verdad, las medidas de rehabilitación, el derecho a la justicia, hacen difícil o imposible que la víctima recuperar su dignidad, y en todo caso vuelva a un estado igual o mejor al que se encontraba antes de los hechos que provocaron el daño, máxime si se considera, que los montos establecidos para la indemnización sola absolutamente mínimos y no permiten, a una víctima los mínimos para lograr un el restablecimiento socioeconómico que se requiere. Según información suministrada por la UARIV, con fecha de corte al 31 de mayo del 2014, se había recepcionado 658.000 solicitudes de reparación administrativa en la Unidad de Victimas, de las cuales han sido pagadas 385000, de las cuales 26.500 corresponden a pago de indemnizaciones de solicitudes represadas de años anteriores, concretamente a solicitudes del decreto 1290/08 ley 975/05 y a solicitudes no pagadas de ley 418/97. Correspondiente al pago de indemnizaciones en el marco de lo establecido por la ley de victimas solo se han pagado 107.500 solicitudes, más 12.500 pagos correspondientes a indemnizaciones a familias desplazadas. Las cifras indican que a este ritmo el gobierno necesitará mucho más de diez años para reconocer el pago de indemnizaciones a las víctimas que ha reconocido día cuerdo los datos proporcionados por el propio registro de víctimas. Continúa el derecho a la participación sin garantías Hemos indicado que uno los aspectos más importantes establecidos en la ley de víctimas, es la creación de espacios a través de los cuales las víctimas puedan ejercitar su derecho a la participación en los procesos de implementación y evaluación de la ley. Sin embargo, a
  22. 22. pesar de que se han constituido mesas de de participación de víctimas en el 80% de los municipios del país y en los 32 departamentos, así como una mesa nacional de participación de víctimas, señalan los integrantes de éstas, que éste proceso de integración de las mesas, así como de las garantías de participación efectiva a quienes las integran, ha facilitado que en muchos municipios las mesas de participación, así como los comités municipales de justicia transicional sean escenarios formales, en los que justamente las víctimas no tienen la palabra, y su participación es la última que se considera en los escenarios donde se toman decisiones. Alrededor de este aspecto vale la pena señalar que en muchos municipios, departamentos, y aun, en la mesa nacional de participación, sus integrantes siguen siendo objeto de amenazas de múltiples grupos armados. Las investigaciones desarrolladas por los entes encargados nunca culminan y, en el mejor de los casos, terminan archivadas. La entidad creada por la ley de víctimas para garantizar la protección (UNP) es un ente ineficaz para la implementación de medidas que garanticen la protección de los líderes. Los estudios de riesgo tardan hasta ocho meses, la implementación de las medidas adoptadas puede tardar igual de tiempo. De otra parte, los plazos establecidos para cumplir con los pagos, contrataciones y otros aspectos incluidos en la medida de protección, no se cumplen. Reparación sin protección a líderes y procesos de víctimas De tiempo atrás, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha señalado que resulta muy difícil aceptar que avance un proceso de reparación a víctimas del conflicto armado, mientras desde el Estado colombiano no se brinden las condiciones mínimas para desarrollar tal proceso. Tras estos 3 años de implementación de la ley de víctimas, los programas orientados a la prevención del riesgo y a la prevención de nuevos hechos victimizantes, todavía no se conocen. Son muchas las víctimas que en el marco de este proceso, siguen siendo amenazadas por grupos paramilitares, hostigadas, impedida la acción organizativa de todos aquellos que trabajan por el restablecimiento de los derechos de las víctimas y, como se ha denunciado en varias oportunidades, cerca de 100 reclamantes de tierras han sido asesinados en el marco de la implementación de la ley de víctimas y 165.634 reportes de amenazas Restitución de tierras sólo anuncios pero la tierra prometida aún no llega
  23. 23. En distintos documentos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de otras organizaciones de DDHH y de víctimas han señalado que resulta difícil, por no decir imposible, adelantar un proceso de restitución de tierras en medio del conflicto. Ya se ha conocido ampliamente por el país, la manera en que grupos al margen de la ley siguen actuando en muchas de las zonas y territorios donde se implementan procesos de restitución, provocando amenaza, hostigamientos y asesinatos a líderes y comunidades enteras. Y por supuesto a renglón seguido la complejidad de que haya un proceso efectivo de restitución de tierras, justamente donde los grupos que provocaron el desplazamiento y perpetraron el despojo, siguen actuando, ejerciendo no solamente control militar, sino también político, y en ocasiones con complicidad de autoridades locales, regionales, nacionales e incluso de la rama judicial. De tal suerte que el éxito del proceso de restitución, depende en buena medida de los avances que se puedan efectuar con el desmonte de paramilitarismo. Así que a continuación nos permitimos mostrar una grafica que representa el porcentaje de desplazados entre 1990 y 2014 en perspectiva de los últimos gobiernos y su supuesta vinculación con paramilitares, grupos que también han causado a centenares de familias la pena del desplazamiento. Nota: la recolección de información sobre desplazamiento se fue afinando cada año por tanto los primeros años la información es insuficiente Durante las tres últimas décadas, la liberalización económica respaldada por el paramilitarismo en Colombia, ha incrementado la demanda de tierras y, por consecuencia, ha llevado a la especulación con ellas, resultando en el mayor ciclo de acaparamiento de tierras que ha sufrido la historia del país. Según los datos de la agencia gubernamental Acción Social unos 6,8 millones de hectáreas cambiaron de dueño entre los años 1980 y 2010, transfiriendo las áreas donde antes pequeños campesinos cultivaban alimentos a empresas agroindustriales, mineras y petrolíferas. Ante este panorama, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue declarada por el Gobierno de Santos como el mecanismo para que las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado pudieran por fin recibir una indemnización y restitución por los delitos cometidos contra ellas. Esta iniciativa no solo ha sido acogida con satisfacción por la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Unión Europea, sino que también ha
  24. 24. sido bienvenida por las élites de los sectores de la palma aceitera, el azúcar de caña y la industria ganadera en Colombia, precisamente los mismos grupos que se beneficiaron del acaparamiento de tierras. La Ley funciona de forma tal que no afecta a las compañías que se beneficiaron de los ciclos anteriores de desplazamientos. Por ejemplo, si las víctimas que desean regresar a sus tierras se encuentren con una empresa en su territorio, se verán obligadas a formar parte del nuevo modelo económico impuesto, que se basa en la extracción de recursos y la agroindustria. La impunidad de los que han causado el desplazamiento va a la par con cada vez más obstáculos para que los desplazados accedan a la justicia, especialmente en el caso de los campesinos que quieran reclamar sus tierras. Asimismo, en el contexto de una política económica más amplia, es probable que en las zonas donde hay restitución a los dueños originales, esta acabe en el traspaso de la propiedad de las tierras a grandes compañías y corporaciones por las presiones económicas y políticas. Como han señalado funcionarios colombianos, la Ley de Restitución no es un artículo legislativo único, sino que forma parte de un conjunto de políticas más amplio que busca ‘modernizar’ la Colombia rural. Esta modernización viene acompañada de una estrategia cívico-militar, cuyo principal objetivo es “mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional”. Es probable que esta Ley se convierta en un medio para establecer títulos de propiedad a la vez que se transfieren tierras; de campesinos que no pueden subsistir como agricultores tradicionales a grandes compañías que cuentan con el capital necesario para explotar las tierras. Las palabras de Alejandro Reyes, director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, en este sentido son dicientes, cuando señaló como objetivo principal de la Ley la reducción de los riesgos que han mantenido alejados a los inversores. También hemos señalado al proceso de restitución se contrapone el impulso de la que quizá es la principal política del gobierno Juan Manuel Santos: el avance de la locomotora minero energética y de los tratados de libre comercio. Ambas circunstancias hacen posible que las tierras se mantengan bajo el dominio y control de quienes emprendieron, financiaron y posibilitaron la estrategia paramilitar del despojo. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, reitera la petición al gobierno para que este proceso de restitución se haga
  25. 25. pensando en favorecer a las víctimas del conflicto, permitir la restitución de tierras a estas, y que ellas, en plena autonomía y con pleno apoyo del Estado colombiano, se dediquen a la continuidad de los proyectos de economía campesina. Igualmente, señalamos en este informe cómo los procesos de macro y micro focalización son un impedimento para que la restitución avance a un ritmo más ágil que hasta ahora. Del tiempo transcurrido desde el proceso de implementación a marzo De 2014, tan solo han sido falladas 372 sentencias del restitución, restituido en total 20.694 hectáreas al mes de marzo; de ellas 12.669 corresponden a predios baldíos, lo que significa que la restitución solamente se ha implementado para 8.000 hectáreas de tierras que fueron denunciadas como despojadas. También es útil señalar que de esas 20.000 hectáreas, al menos 10.000 corresponden a una sola familia ubicada en el departamento del Meta, quienes, entre otras cosas, no son propiamente víctimas sino que se dedican justamente a ser propietarios de otras tierras de desplazados. El cuello de botella en el proceso de restitución administrativa se encuentra en las declaratorias para las solicitudes de restitución de las resoluciones de microfocalización, sin embargo el como lo ha señalado el Movice en varias oportunidades hacer depender este trámite administrativo de la voluntad del ministerio de la defensa es garantizar que el proceso no avance al ritmo que las necesidades del proceso de restitución requiere, como se evidencian el cuadro anterior de las 54. 063 solicitudes presentadas ante la unidad de restitución de tierras sólo el 30%de las mismas han cumplido el requisito de la micro focalización. El otro 60% de las solicitudes esperan el trámite que dé vía libre, para iniciar el proceso administrativo que debe liderar la unidad de restitución de tierras. Hacer depender este proceso de una institución que como ha sido señalado en reiteradas oportunidades por diversos informes de derechos humanos incluida la naciones unidas de haber participado y facilitado el actual de estructuras criminales que propiciaron el despojo y el desplazamiento en diversas regiones del país, es en todo caso un mensaje que no dará confianza a las víctimas que debían acercarse a dicho proceso. Es importante observar que el procedimiento implementado por la ley de víctimas, que combina la restitución administrativa-judicial, es un camino bastante largo, sobre todo para aquellos predios que no presentan conflicto de intereses y para los cuales, valdría la pena agilizar un proceso administrativo con todos los riesgos que este podría implicar en zonas donde paramilitares y despojadores continúan ejerciendo control territorial. Sin embargo, un procedimiento mucho más rápido en aquellos predios sin dificultades, podría permitir el gobierno supere la pobre cifra del 1.7% de las
  26. 26. metas que él mismo se había establecido, restituir 2´000.000.000 de hectáreas en los 2 primeros años de la ley de víctimas, en un tiempo más corto. Algunos de los problemas de esta ley son los siguientes:  Fechas de corte arbitrarias que dejan fuera periodos anteriores donde hubo desplazamientos a gran escala.  Indemnización insuficiente, que no incluye animales o maquinaria perdida durante el proceso de desplazamiento.  Exclusión en el proceso de comunidades desplazadas que habían ocupado tierras de una forma reconocida.  Discriminación en cuanto a la forma de desplazamiento; los desplazamientos dentro de un núcleo urbano o como consecuencia de fumigaciones aéreas no están cubiertos.  Infravaloración de la extensión de tierras robadas  Exclusión de algunas víctimas de desplazamiento debido a la reclasificación de los grupos paramilitares como bandas criminales de acuerdo a la ley de Justicia y Paz de 2005. Aparte de ser el resultado de un acuerdo entre sectores contrapuestos que buscan diferentes propósitos, el problema de la Ley 1448 de 2011 radica en que difícilmente puede ofrecer una reparación integral con garantías de no repetición a las víctimas, en su mayoría rurales. Esto se explica por la prevalencia del conflicto socioeconómico, político y armado, en medio de un modelo agrario puramente extractivo en el que parece no haber cabida para que las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes puedan desenvolver sus vidas bajo sus propios referentes en sus territorios. La única opción que el gobierno parece dejarles es mediante su incorporación como mano de obra barata en los diversos enclaves extractivos. La utilización de figuras jurídicas como las SAS, por parte de empresarios para evadir la prohibición de acumulación de Unidades Agrícolas Familiares en baldíos del Estado, y la evasión del asunto por parte del gobierno, reflejan claramente cómo, mientras en el país se criminaliza la legítima protesta, al mismo tiempo se buscan salidas para legalizar el despojo. El papel de la comunidad internacional en el país ha tenido impactos importantes, tanto positivos como negativos: por un lado las presiones para que el gobierno respete los derechos humanos han sido quizás uno de los pocos alicientes que aun funcionan. Sin embargo, la firma de Tratados de Libre Comercio y las dinámicas de acaparamiento de tierras en las que varias empresas extranjeras se han visto envueltas, relevan claramente como los problemas internos en Colombia se ven agravados y limitados en soluciones por este tipo de intervenciones extranjeras en el país.
  27. 27. Víctimas y en el exilio: refugio, fronteras, migración Es necesario reconocer que en estos aspectos, la política pública ha tenido importantes evoluciones, que implican principalmente el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado que se encuentran fuera del país y el diseño de unos protocolos de atención y orientación, son sin duda alguna un paso importante para miles de víctimas del conflicto armado, que ostentan la calidad de refugiadas o exiliadas, o incluso en peores condiciones fuera de su país. Este avance, ha permitido que en consulados se presenten a declarar su condición de víctima 815 personas, en 23 países, igualmente reconocer el esfuerzo del gobierno colombiano en desarrollar jornadas de capacitación en los consulados lo que seguramente permitirá el personal diplomático incorpore la sensibilidad necesaria a la hora de atender a las víctimas que acudan a esos escenarios en búsqueda de orientación. Sin embargo este reconocimiento de los avances, no puede dejar pasar por alto que la oferta institucional, para los colombianos víctimas del conflicto que se encuentran fuera del país, es bastante limitada pues ella se restringe tan sólo al tema de la asistencia para que los colombianos que se encuentran en esas condiciones a que era del documento de identidad que los reconoce como colombianos es decir la cédula de ciudadanía, así como, el reconocimiento de la indemnización respectiva a la que de acuerdo al hecho de que Nissan que tenga derecho. El pago de esta indemnización ahora se está efectuando a través de giros al exterior para colombianos que acrediten tener cuenta bancaria en el respectivo país. Caso Bogotá: Víctimas en medio del debate distrito/nación En Bogotá, las víctimas se han visto inmersas y perjudicadas en medio de un debate de responsabilidades entre la nación y el distrito capital. Este tema se ha convertido en la continua descarga de responsabilidad una por la otra, en el que unas autoridades nacionales indican que la responsabilidad de atender es del distrito y el distrito capital señala que son responsabilidades nacionales. Otro problema concreto, se refiere a la implementación del nuevo modelo administrativo impulsado durante la administración de Gustavo Petro, el cual desconoció los eventuales avances obtenidos en el desarrollo del proyecto 295 de la administración pasada, y con el cual se construyó el Perú porque no por la corte constitucional, en un ejercicio participativo que duró aproximadamente seis meses, para que luego del formulado, no fuera ni tan siquiera considerado y sus principales lineamientos y los respectivos compromisos presupuestales y de inversión fueron totalmente desconocidos.
  28. 28. La administración de Gustavo Petro, desarrolló una política de víctimas, a partir de la creación de la alta consejería para las víctimas, desde la cual se intentan desarrollar una serie de programas y la construcción de una política pública de atención integral a las víctimas, que no ha podido obtener mayores desarrollos debido fundamentalmente a la dificultad de coordinación entre el gobierno distrital y la responsabilidad del gobierno nacional como se señaló anteriormente. La casa en el aire Así, y de esta manera, el tema más perjudicial para las víctimas es el correspondiente al de vivienda digna, concretamente se trata de los 8.000 cupos de vivienda gratis en la ciudad de Bogotá del programa impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que no han podido concretarse, tan sólo han sido construidas unas pocas que empiezan asignarse dos años después de iniciado el programa. Además, el compromiso de campaña del alcalde Gustavo pétreo de construir 40.000 soluciones de vivienda para las víctimas, tampoco se han obtenido significativos avances, fundamentalmente porque esta promesa de campaña se sustentaba en el eventual compromiso del gobierno nacional que por supuesto no se ha concretado debido a las dificultades de orden político. Los centros DIGNIFICAR Pero no es este el único problema que encuentran las víctimas en Bogotá, también se da el caso de los centros “Dignificar”. Estos lugares, contrario a su nombre, lo que han provocado en el tema de la atención a las víctimas, es situación de indignidad. Allí son pocos los cupos que se asignan para atender las diferentes demandas de las víctimas, el personal asignado no proporciona el trato digno y adecuado al que tiene derecho cada víctima. En muchos lugares hemos constatado la negligencia y, en todo caso, la falta de disposición de las instituciones nacionales y distritales para coordinar acciones que permitan mayor serenidad y mayor calidad en la atención a las víctimas. El 9 de abril de 2012, fue inaugurado por el Alcalde y la Alta consejería para los derechos de las víctimas, el Centro Dignificar de Cuidad Bolívar, para que funcionara adjunto al CADE, dentro de la plataforma de la Secretaria de Desarrollo Económico. El citado Centro Dignificar desde que se inauguró viene atendiendo diariamente a 300 víctimas del conflicto armado interno, de las localidades de Usme y Cuidad Bolívar, ahora bien hemos querido desglosar un poco la situación y las dificultades que se presentan en el Centro Dignificar
  29. 29. para conocer solo uno de los tantos casos similares que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional. Las más evidentes: Primero: interminables filas que empiezan a las 4:00am puesto que el Centro abre sus instalaciones a las 7:00am. Segundo: las instalaciones no son idóneas, no hay ramplas o ascensores en buen estado que permitan la movilidad de las víctimas con discapacidad, a ello hay que sumarle que el espacio tampoco es lo suficientemente amplio para acabar toda la gente que llega allí, se evidencia porque en medio de la espera para ser atendidos, madres gestantes, madres con niños en brazos y adultos mayores deben esperar en el piso o en los escalones. Tercero: los lugares dedicados para atender a la víctima en relación con servicios jurídicos, sicológicos y trabajo social, no cuentan con la privacidad que merece cada tema y cada víctima, por lo cual para cualquier funcionario o persona puede ser fácilmente ser escuchada una por la otra. Cuarto: las instalaciones de Centro Dignificar pertenecen a la Secretaria de Desarrollo Económico, que fueron construidas para atender las tareas del IPES (plaza de mercado) y no construidas para atender a las víctimas del conflicto armado, razón por la cual se entiende que la Alta Consejería de Secretaria General improviso para ubicar un centro regional de esta naturaleza. Donde Cuidad Bolívar es la primera en albergar el mayor número de víctimas de Bogotá Ese es sólo uno de los casos en que se demuestra de manera efectiva y concreta como la atención ha pasado a un segundo plano, mientras la preocupación de la oficina de la alta consejería para las víctimas, se centra más en mostrar resultados y cifras de atención y cobertura, y no necesariamente en proporcionar una atención digna a las víctimas que acuden a los centros mal denominados DIGNIFICAR. En el caso particular del centro dignificar de ciudad bolívar, a la fecha de la publicación del presente informe (julio 2014) después de un año de reiteradas solicitudes del hospital de Bella vista de esa localidad, para dar solución a varias situaciones de insalubridad en esa infraestructura, hoy se sigue amenazando con el cierre de las instalaciones, lo que demuestra la negligencia administrativa para der solución a simpes problemas logísticos. Atención a niños y niñas: Casas de memoria y lúdica, el programa “Atrapa sueños” A continuación las cifras detalladas de los niños, niñas y adolescentes víctimas solo en Bogotá:
  30. 30. Fuente:http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Consultado el 18 de junio de 2014 Nota: El reporte muestra el número de víctimas por año. La suma de los valores de la tabla no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede saber reportado hechos en varios años. En mayo de 2014 reporta la Unidad de Víctimas 7.361 vinculaciones a niños y a niñas y sin duda alguna, uno de los programas más importantes impulsados por la administración distrital de Bogotá es el programa de atención a niños y niñas, víctimas del conflicto para el restablecimiento de la memoria. Estos centros o casas de la memoria y lúdica son lugares donde los niños y niñas víctimas del conflicto, pueden acceder al desarrollo de una serie de programas psicosociales que buscan trabajar y abordar el tema de la memoria y la superación de los traumas generados por el conflicto. Sin embargo, y a pesar de reconocerla como una importante iniciativa que se desarrolla exclusivamente en Bogotá, tiene dificultades que es necesario entrar a resolver con urgencia. En primer lugar, el tema de los espacios adecuados: ninguna de las casas de memoria y lúdica son espacios adecuados para el trabajo con niños. Se trata de lugares pequeños, Hecho entre 0 y 5 entre 6 y 12 entre 13 y 17 Sin información Homicidio 18 114 155 Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles Secuestro 3 2 Desaparición forzada 2 23 62 Tortura Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 1 Delitos contra la libertad y la integridad sexual Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 7 26 38 Amenaza 54 87 73 Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 1 1 Desplazamiento 672 1.404 1.155
  31. 31. donde la infraestructura no es la requerida para desarrollar labores con niños. Igualmente, no hay la posibilidad de desarrollar un trabajo continuo de acompañamiento a los niños y niñas que participan del proceso. Quizás lo más grave es que este programa tan importante de atención a niños y niñas, que tienen que llegar con sus padres a los centros dignificar desde las 4 o 5 de la madrugada y luego son acogidos por los trabajadores de la casa de memoria y lúdica, no cuentan con un refrigerio porque ninguna de las entidades del distrito capital se ha dado la tarea de asignar recursos para este rubro, de tal suerte que los niños y las niñas que participan del programa tienen que permanecer allí pintando, soñando, cantando, dibujando, haciendo artesanías, bailando, pero sin la posibilidad de acceder a un mínimo refrigerio que le permita completar la jornada. A esta situación se suma el hecho de tener que realizar la actividad en medio de olores nauseabundos, porque las instalaciones sanitarias esta dañadas desde hace meses. De esta manera, entonces, un buen programa se ve atrapado en la negligencia e ineficacia de funcionarios de la Alta Consejería para las Víctimas que no se permiten pensar en la integridad de la atención. Ni mucho menos en la dignidad humana. Sugerencias y recomendaciones. Perspectivas políticas del derecho a la reparación integral de las víctimas en Colombia ahora que se habla en la Habana de los derechos de las víctimas del conflicto armado, vale la pena plantear la discusión sobre el derecho a la reparación integral, dado que con lo que hasta la fecha se ha visto la ley de víctimas no es el instrumento adecuado para garantizar de manera oportuna y eficaz el derecho de las víctimas a ser reparadas integralmente, el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, MOVICE, realiza este planteamiento con la esperanza que la discusión es en la Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC EP y las anunciadas discusiones con el ejército de liberación nacional, permitan replantear lo que hasta el momento se ha establecido como reparación, en este sentido consideramos que es necesario introducir modificaciones a algunos artículos de la ley de víctimas que permitan entre otros aspectos los siguientes: Modificar la fecha del límite para reconocer la calidad de víctimas y el pago de la respectiva indemnización, la fecha establecida de 1985 para acceder el derecho a la indemnización en 1991 para el derecho a restitución, son periodos de tiempo muy tempranos para un conflicto
  32. 32. que alcanza 60 años de agudeza, en este sentido es necesario ubicar una fecha mucho más cercana al origen del actual conflicto. Adecuar los montos que se establecen para el pago de las indemnizaciones, los actuales valores, no permiten que una víctima restablezca sus condiciones de vida, ni mucho menos lo devuelva una condición igual o mejor a la que se encontraba antes de los hechos violentos, además es necesario que la reparación incluya el pago de un porcentaje no inferior al 50% de los bienes patrimoniales que cada víctima haya perdido por causa del conflicto, además de reconocer una bonificación en salarios mínimos legales vigentes por cada año que haya durado el hecho victimizante. Es necesario que se cree un Ministerio de víctimas del conflicto armado, desde el cual se articula y coordine toda la implementación de la política pública de reparación integral y restitución de tierras. Se requiere igualmente incorporar modificaciones en el articulado de restitución de tierras permitiendo crear una figura de restitución administrativa, la cual debe ir acompañada de un reconocimiento económico que permita a las familias que deseen retornar al campo, además de créditos blandos, asesoría técnica, precio de sustentación y medidas eficaces de prevención de nuevos desplazamientos y despojos, así como, una eficaz política de protección de quienes retornan. Igualmente para el tema de la restitución es necesario que se aumente el número de jueces de restitución y tribunales especializados que permitan mayor celeridad este proceso Se requiere mejorar los procesos de participación de las víctimas en todas las fases de la implementación y evaluación de la misma en tal sentido conviene analizar y evaluar la experiencia de las actuales mesas de participación y crear mecanismos, que brinden garantías de participación a todos los hechos victimizantes, como también poder resolver el tema de las garantías para la participación de las víctimas. Es necesario que se diseñe mecanismo mucho más eficaces que los actuales que permitan una real política de prevención de las amenazas y situaciones de riesgo a líderes y lideresas que participan en estos procesos, así como, medidas de protección mucho más eficaces tanto en el tiempo, como adecuadas, a la necesidad de cada líder El camino el fortalecimiento organizativo: No menos importante, para hacer efectivas las modificaciones que requiere con urgencia la ley de víctimas es garantizar los procesos organizativos y autónomos de las víctimas, hace falta elevada
  33. 33. cualificación social y política de las mismas, es necesario entender la importancia de la consolidación las organizaciones como estructuras democráticas, desde las cuales, se promueven políticas de educación, empoderamiento, elaboración de propuestas de movilización política. En este sentido, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, reitera su compromiso y disposición a continuar el proceso de fortalecimiento y Empoderamiento político de las víctimas de criminalidad estatal, fortaleciendo las estrategias de lucha contra la impunidad, alentando a las víctimas a desarrollar las tareas de memoria y construcción de la verdad, exigiendo al estado colombiano el desarrollo de una política pública que garantice de manera efectiva y pronta el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto social, económico y armado que atraviesa el país. responsable del informe: Alfonso Castillo Garzon integranted el MOVICE. hojasuelta0@gmail.com ANEXO 1 EXPRERIENCIA NORMATIVA A PRÓSITO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE VICTIMAS EN PERU E ITALIA PERÚ La experiencia que ha tenido Perú, en materia normativa con la ley 28592/05 por la cual se sanciona la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) ha sido una implementación lenta que carece de vida organizativa efectiva. En el primer artículo encontramos el objeto de la ley: “establecer el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones - PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000…” Y aunque el objetivo es claro, y teniendo en cuenta que dicha disposición solo cuenta con 11 artículos, lo que no lo está, es el contenido de ese marco normativo. La reglamentación Peruana es, si se quiere, muy puntual en destacar aspectos del orden finalista, quedándose corta en pronunciarse en aspectos organizativos; aun así la ley avanza y la tarea institucional también avanza pero con grandes dificultades en lo que respecta al desarrollo de los compontes o programas del Plan Integral de Reparación consignados en el artículo dos, que son:
  34. 34. a) Programa de restitución de derechos ciudadanos. b) Programa de reparaciones en educación. c) Programa de reparaciones en salud. d) Programa de reparaciones colectivas. e) Programa de reparaciones simbólicas. f) Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional. g) Otros programas que la Comisión Multisectorial apruebe. Según don Luis Arojeno Allanca, representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política del Perú, una de las dificultades más agudas se localiza en el Programa de salud, sin desconocer por supuesto las demás dificultades que tienen los otros programas. Es en la atención a salud para las victimas donde el gobierno ha tenido una implementación desafortunada, la despreocupación hacia las víctimas por parte del Estado en esta materia se debe, entre otras cosas, a la falta de organización y eficacia de la institucionalidad (gobierno) a la hora de abordar herramientas que cumplan con las necesidades de las víctimas. Según don Luis la función la ley en general no se cumple y frente a ello la acción organizada de varias corporaciones defensoras de derechos humanos ha sido realizar foros nacionales, regionales y locales en donde se invita a la institucionalidad para de esta manera tratar de conseguir informes acerca de los supuestos “avances” que el actual gobierno presenta. Es evidente, así las cosas, que la problemática no solo se presenta en la falta de implementación de la ley, que se vive en lo local, sino también la falta de conocimiento del quehacer diario de consejos y comisiones, encargadas de darle vida a la reparación, verdad y justicia para las víctimas. ITALIA En el caso de Italia, al igual que en Colombia la importancia de Ley 109 de 1996 que pretenda reconocer y reparar a las víctimas se torna un acto significativo por sí mismo. La ley en Italia presenta avances y puntos significativos de la misma, entre ellos están: 1. La ley crea toda una fundamentación para la atención a la víctima. A pesar de no ser la mejor cuenta con importantes avances no solo en materia técnica sino también es recursos humanos.
  35. 35. 2. Se ha dispuesto para las víctimas y sus familiares en no pago a la universidad y a la salud, subsidiadas estas en un cien por ciento por el Estado. 3. Las víctimas y sus familiares podrán trabajar en los Ministerios Públicos, como desarrollo de la política de empleo del país. La asignación de estos puestos se hace a través de concursos en algunas regiones, puesto que en otras regiones no hay necesidad de presentarse a dichos concursos. Aun así como en todo proceso de reparación y superación de situaciones fuertes de violencia se presentan aspectos que dificultan el proceso en sí, señalaremos a continuación algunos de ellos: Hay un evidente formalismo desde todo punto de vista. Los derechos para las víctimas se reducen a la consigna de una ley, y en el campo real muy poco se ve reflejado ello. Esto se trasversaliza por aspectos como: La falta de estudio de la ley por parte de los funcionarios, que en muchos casos se quedan cortos en atención, por no conocer que procedimiento legal dentro del marco jurídico para el que hacer de las víctimas en la búsqueda de su reparación. Pero el desconocimiento de la ley en la población, es sin duda un factor grave. Se conoce de casos en donde las victimas y/o sus familiares no conocen de la ley en sí, o desconocen los derechos de los cuales pueden reclamar. Ello se debe principalmente a la falta de voluntad del gobierno y sus entidades para divulgar de manera suficiente todo lo plasmado en la ley, a razón de más gasto en el presupuesto nacional en relación con las víctimas. En consecuencia, no se garantiza la reparación total o por lo menos importante en la población, como quiera que si no se sabe del derecho, inexistente serán las posibilidades de reclamarlo. Falta de sensibilización por parte de los funcionarios. Es en cuestión personal que no se sintoniza con el dolor de la víctima, personal que sin dejar de un lado su falta de estudio por la normatividad, no atiende de manera digna a las víctimas. Hay un excesivo ritual procesal. La victima para poder acceder algún tipo de derecho debe primero contar con una sentencia (fallo) penal de condena hacia el grupo o individuo que le haya ocasionado el daño en cuestión, lo preocupante del caso torna en el tiempo que ello conlleva, en donde fácilmente un proceso judicial y más de este carácter puede tardar entre uno y dos años, en el mejor de los casos. Aparte de esto se observan casos en donde la víctima no puede contar con la formalidad de la existencia
  36. 36. de una sentencia por falta de investigación, o a razón de no encontrar el victimario, o por muerte o escape de este. Esto es sin duda un reflejo de la falta de justicia. Una vez quede en firme la sentencia (algunas veces, depende del caso en concreto) la victima debe esperar la declaración del Ministerio del Interior, que la identifique como familiar o víctima. Declaración que tarda varios meses y hasta años; como es el caso de Flavia víctima de la mafia en Italia donde debió esperar 7 años para dicha declaración. Teniendo como partida estos aspectos y don Luis y Flavia, representantes cada uno por su país, saludan el esfuerzo de Colombia por crear una ley que ya cumple sus tres años de implementación en miras de reconocer y reparar a las más de las seis millones de víctimas que ha dejado en conflicto, y en este sentido consideran fundamental para la integración de los pueblos, la memoria, la verdad y la paz la creación de una Red Internacional de Organizaciones de Víctimas, en aras de compartir experiencias, conocer sus historias particulares y crear alrededor de sus vivencias un acompañamiento al dolor de las victimas y/o sus familiares, y por supuesto una Red de respaldo y apoyo reciproco para crear una gran fuerza capaz de crear presión para hacer exigible la justicia la verdad y la reparación. “TENEMOS UN COMPROMISO FUNDADO EN EL DOLOR” 16 de julio 2014 ANEXO 2 Discusión del V tema de la agenda de diálogos en La Habana Las víctimas participando para construir sus derechos Ha comenzado en la Habana Cuba, la discusión del quinto punto de la agenda que se adelanta en esa ciudad entre el gobierno Colombiano y la insurgencia de las FARC EP desde hace 18 meses, y que tiene como objetivo poner fin al conflicto armado que vive el país y conseguir una paz duradera y estable. Este proceso se va ser impulsado sin duda alguna, por los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial realizada el 15 de junio, en los que la
  37. 37. votación por la paz tuvo un respaldo significativo del electorado Colombiano, lo que sin duda compromete a la mucho más al Presidente reelecto Juan Manuel Santos, como la insurgencia las FARC EP, el mandato recibido en estas votaciones, es claramente, que la decisión ciudadana no solamente para respaldar los diálogos de paz, sino fundamentalmente, para que continuando estos, se profundice en las reformas sociales, políticas y económicas que permitan a la sociedad Colombiana transitar el necesario escenario de la justicia social con la democratización, que suponga garantías, para los distintos sectores que anhelan participar en política. Las víctimas del conflicto armado, saludamos con beneplácito tanto los resultados electorales, así como el comunicado del gobierno nacional con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, anunciando el inicio de un proceso exploratorio. Particularmente el anuncio realizado por las delegaciones de gobierno y la guerrilla dado el día sábado 7 de junio, en la Habana, el cual viene acompañado de una declaración de principios, en la que se considera una serie de derechos largamente exigidos por las víctimas del conflicto armado, entre los cuales consideramos de suma importancia los siguientes: …“resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”; este aspecto constituye sin duda alguna un avance de las partes, por cuanto que cada una de ellas tenía consideraciones distintas sobre los derechos de las víctimas, consideraciones en todo caso colocaban en las víctimas del conflicto armado en segundo plano, este reconocimiento entonces es la demostración de que este proceso avanza en el camino correcto de la superación del conflicto y el logro de una paz duradera y estable. Igualmente la consideración a la integralidad de los derechos de las víctimas y el reconocimiento de las partes de la responsabilidad, es sin duda alguna, una conquista de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas que durante muchos años y particularmente en el último período en el que se desarrolla el proceso de diálogos en La Habana, organizaciones entre las que se destacan particularmente la mesa de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, entre otras “… las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición;…” Este aspecto particular de la declaración de principios, alienta a las organizaciones de víctimas, a afinar las propuestas que han de presentarse en el marco de la discusión de este quinto punto de la agenda de diálogos, para que ellas sean incorporadas de manera
  38. 38. efectiva en el texto definitivo de los acuerdos que se suscriban en dicho proceso. No menos importante en este anuncio realizado el día 7 de junio, es la incorporación de la perspectiva de género, mediante la conformación de una Comisión conjunta, a través de la cual se incorporarán a los acuerdos alcanzados entre las partes, los elementos de consideraciones que incluyan el enfoque diferenciado particularmente de las mujeres, como también de las diversidades sexuales afectadas en el desarrollo el conflicto armado en Colombia. Este hecho, se dan el marco de otro anuncio también importante en la perspectiva de dar solución al conflicto armado en color el día 10 de junio se conoció públicamente la decisión del gobierno colombiano y la guerrilla del ejército de liberación nacional del inicio de una fase exploratoria para desarrollar un proceso de diálogos, proceso en el cual esperamos también se ha considerado el tema de la participación directa de las víctimas. De la declaración de principios El reconocimiento de las víctimas: El reconocimiento de las partes de la existencia de las víctimas supone un avance cualitativo en el desarrollo de un proceso que tiene como objetivo la superación del conflicto armado, este hecho constituye sin duda alguna un avance sustancial de lo que hasta el momento se ha escuchado en el país en cuanto hacia el reconocimiento de los actores armado del existencia de víctimas por su accionar, destacable que este reconocimiento venga acompañado de la consideración de que éstas no sólo es como víctimas sino como ciudadanas son sujetos de derechos. El reconocimiento de responsabilidad: Llena de satisfacción y esperanza escuchar tanto el gobierno como la guerrilla en actuar la aclaración de que el proceso de diálogo no significa de ninguna manera un intercambio de impunidades, preocupación que rondaba en muchas organizaciones de derechos humanos y de víctimas y en este sentido con el reconocimiento de la responsabilidad hecho también trascendente alienta las organizaciones de víctimas y de derechos humanos a continuar profundizando en la búsqueda el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados en el conflicto y la derrota por fin de la impunidad en el país. Satisfacción de los derechos de las víctimas: Sin duda alguna, los negociadores en la Habana han comprendido que cualquier proceso del término o el conflicto supone la satisfacción de los derechos de las víctimas y en este sentido alienta, a escuchar de las partes,
  39. 39. iniciativas y propuestas que permitan considerando a las víctimas tener en cuenta este principio. La participación de las víctimas: Este principio lo con un clamor planteado en distintas oportunidades por varias organizaciones entre ellas la mesa nacional de victimas pertenecientes a organizaciones sociales, el movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado, las organizaciones de mujeres, de discapacitados, aforos entre otras quienes habían exigido tanto el gobierno, la guerrilla crear mecanismos que permitieran una participación con garantías, se trata en todo caso del mecanismo de participación que de encontrar con la posibilidad de discutir con los negociadores de manera directa a fin de diseñar los mecanismos que permitan garantizar los derechos de las víctimas supera la impunidad. El esclarecimiento de la verdad: Coincidimos con la declaración de principios, al manifestar que la superación del conflicto parte en lo fundamental de identificar las causas que lo originaron así como el reconocimiento de las características, tipologías y participantes del mismo, llama nuestra atención en el acuerdo logrado en torno a la necesidad del esclarecimiento y la construcción de la verdad histórica, por la cual han luchado desde hace muchos años las organizaciones de víctimas y distintos sectores de la sociedad Colombiana. La reparación de las víctimas: Confortar el planteamiento este principio, por cuanto abre la posibilidad para la rediscusión de distintos aspectos que no logra atender la ley 1448 del año 2011, como se ha señalado en varias oportunidades la ley a trece años de su implementación presenta múltiples dificultades que han hecho que las expectativas generadas por las víctimas en cuanto al lugar de manera efectiva su derecho a la reparación y a la restitución se vayan desvaneciendo poco a poco, este principio o abre la posibilidad para construir alternativas distintas que una indemnización precaria, se trata en todo caso de construir alternativas que permitan como lo señala el acuerdo de transformar sus condiciones de vida, para ello será necesario no sólo una reparación efectiva de acuerdo los estándares internacionales sino también, las transformaciones sociales, políticas y económicas que la sociedad colombiana viene reclamando desde hace muchos años. Las garantías de protección y seguridad: Llama la atención el reconocimiento de este principio, dado que en el periodo transcurrido en el proceso implementación de la ley de víctimas tanto la protección como la seguridad quienes participan del mismo y exigen el restablecimiento pleno de sus derechos no ha sido garantizado, las políticas públicas de prevención y la ausencia de voluntad política por parte de la Unidad Nacional de Protección han desembocado en que en 3 años de la implementación de la ley de víctimas hayan sido
  40. 40. asesinados al menos 70 líderes y lideresas y decenas de ellos se encuentren amenazados por distintos grupos armados, urge entonces una política mucho más abultadas que permitan garantizar estos derechos fundamentales de las víctimas que permitan mejorar las condiciones de participación. La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la Agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo. Principio de reconciliación: la inclusión de este principio es importante por cuanto supone que la discusión para poner fin al conflicto armado tiene como objetivo construir una nueva sociedad, que suponga e incorpore como práctica para la resolución de los conflictos la civilidad y la convivencia ciudadanas, se entiende claramente que esta reconciliación será posible en tanto que se garanticen los derechos de las víctimas, no se trata de ninguna manera de unos a cambio de otros. Enfoque de derechos: Llama mucho la atención de este principio, por incorpora este importante reconocimiento no solamente han ocultado en el quinto tema de la agenda, sino que además no extiende a los otros temas discutido. EL reconocimiento a garantizar los derechos de forma “…global y de manera justa y equitativa”, supone el compromiso y la responsabilidad de las partes para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el concurso de las mismas para el resarcimiento de las vulneraciones causadas por el conflicto. No menos importante, es el llamado de la mesa de diálogos a “crear una comisión histórica del conflicto y sus víctimas conformada por expertos,”… A lo que consideramos que ella no debería ser exclusivamente expertos, también las víctimas y sub organizaciones tendrían la posibilidad de aportar elementos que ayuden al esclarecimiento de las causas que originaron el conflicto. Asimismo reconocemos como un anuncio trascendente el acuerdo de las partes de insistir en la conformación de una comisión de la verdad en la que de manera clara se reconoce el derecho de las víctimas a participar de la misma. Más allá de discutir la importancia de este decálogo de principios, es necesario insistir que las víctimas deben fortalecer el proceso de organización y participación que permita asistir con reflexiones y propuestas concretas a los foros que también fueron acordados de

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