Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, desde Plataforma 2012 señalamos que no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio de expropiación los daños terminarían siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad.

1. Indemnizar a Repsol, socializar los pasivos ambientales
Maristella Svampa y Enrique Viale
Rio Negro.com.ar / Argentina / 22 marzo 2014
http://www.rionegro.com.ar/diario/indemnizar-a-repsol-socializar-
los-pasivos-ambientales-1923621-60621-nota.aspx
Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las
acciones de YPF, desde Plataforma 2012 señalamos que no existía
ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el
accionar de Repsol y que si estos pasivos ambientales sólo eran
usados para reducir el precio de expropiación los daños terminarían
siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la
sociedad.
En plena euforia estatizante, poco después del anuncio de la
expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de la compañía,
Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española
pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. La
noticia de que el gobierno planificaba auditar los pasivos ambientales
dejados por Repsol causó un gran revuelo y no fueron pocos los
voceros políticos y mediáticos del oficialismo que iniciaron una rápida
recolección de datos a fin de cuantificar el "daño ambiental".
"Actualmente, el rojo de Repsol en YPF asciende a cerca de u$s
15.000 millones, u$s 9.000 en concepto de pasivo financiero y el
resto (más de u$s 6.000 millones) en daños al medioambiente en las
principales provincias petroleras", escribía un columnista en un diario
oficialista en abril de 2012.
Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias
petroleras desempolvaron los informes ambientales y comenzaron a
hacer los cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes:
en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo

2. ambiental del orden de los u$s 3.000 millones. El gobernador de
Chubut, Martín Buzzi, consideró que "será muy importante e incluso
puede superar al del resto de las provincias". Sólo en Comodoro
Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol
mantiene "una deuda de casi $ 200 millones y además hay un pasivo
ambiental por el paso del oleoducto de casi 3.000 pozos". En ese
entonces, el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que,
si bien el pasivo aún no estaba monetarizado, las proyecciones
indicaban que éste alcanzaría los u$s 1.500 millones.
Claro que tanto entusiasmo resultaba paradójico, por no decir
sobreactuado y falaz, habida cuenta de que, desde los 90, la mayor
parte de las denuncias realizadas por comunidades afectadas,
pueblos originarios y organizaciones ambientalistas fue
sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos provinciales y
nacionales, lo cual alcanza de pleno a la administración kirchnerista.
Así, el concepto de "pasivo ambiental" tuvo una entrada sorpresiva y
fulgurante pero igualmente fugaz... Evidentemente el oficialismo
encontró que no era conveniente seguir insistiendo en el tema debido
a la existencia –real y potencial– de tantos reclamos de carácter
socioambiental. A esto se sumó que el argumento pronto dejó de ser
funcional en la puja con Repsol. Los tiempos fueron moderando el
tono de los reproches ante la urgencia de negociar con otros
operadores petroleros, como Chevron, para explotar Vaca Muerta.
En esta misma línea puede interpretarse la embestida del senador
Miguel Ángel Pichetto a Gabriel Cherqui, representante de la
comunidad mapuche Kaxipayin, durante el tratamiento en comisión
del "Convenio de Solución Amigable" entre YPF-Repsol en el Congreso
nacional. El senador le señaló que "su comunidad tiene acuerdos de
trabajo con YPF", algo que Cherqui reconoció porque "no hay otra
opción, no nos han dejado ninguna otra forma de vida". Recordamos
entonces la conversación que tuvimos con un abogado de las
comunidades, hace dos años, viajando por la estepa chubutense. Le
preguntamos cómo veía la relación entre las empresas (petroleras,
mineras) y las poblaciones indígenas. El abogado nos miró dos veces,
respiró hondo y comenzó a hablar: "Las cosas son así. Las empresas
llegan con todo el aval del gobierno, se presentan ante las
comunidades indígenas y les dicen: 'Hola. Vamos a hacer el amor.
Ustedes pueden elegir cómo y dónde: si quieren que sea en una pieza
destartalada o en un hotel de lujo de cinco estrellas, si quieren que
sea con la luz apagada o con la luz prendida, si quieren que sea de
día o de noche. Pero que quede claro: vamos a hacer el amor'".
Mientras lo observábamos, muy impresionados, él continuaba: "Lo
dije en forma elegante, pero el verbo que se utiliza es otro, mucho
más rudo...".

3. El breve pero contundente relato del abogado sirve para advertirnos
acerca del violentamiento original que subyace en la relación
empresas-comunidades indígenas, algo que incluye además al propio
Estado y que seguramente está lejos de ser ignorado por el
experimentado senador Pichetto.
En conclusión, triunfó una vez más la impunidad ambiental y también
el cinismo político, pues las cláusulas de "desistimiento, renuncia e
indemnidad" establecidas en el convenio entre YPF y Repsol no sólo
eximen de responsabilidad a esta última sino que terminan
socializando los pasivos ambientales y seremos el conjunto de los
ciudadanos los que pagaremos entre todos, con nuestra salud,
ecosistemas y territorios.
(*) Investigadora del Conicet y escritora. (*) Presidente de la
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
MARISTELLA SVAMPA (*) y ENRIQUE VIALE (**)
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