El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió un veredicto encontrando responsables al gobierno de Canadá y a cinco empresas mineras canadienses de violaciones a los derechos humanos en América Latina, incluyendo destrucción ambiental, violaciones a los derechos indígenas, asesinatos, y represión de protestas. El tribunal recomendó el cese de actividades dañinas, reconocimiento de daños, y leyes para prevenir futuros abusos. El veredicto fue entregado a las empresas y agencias gubernamentales