Desapariciones forzadas colombia

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Desapariciones forzadas colombia

  1. 1. DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIALuego de su visita en 2005, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntariasde las Naciones Unidas, concluyó que “no obstante los progresos hechos por Colombia en laelaboración de un impresionante marco constitucional, jurídico o institucional para hacerfrente a los casos de desapariciones, la aplicación efectiva del marco ha dejado mucho quedesear”La impresionante brecha entre el marco jurídico existente y la realidad concreta que afrontanlas víctimas de este crimen, se evidencia claramente en la impunidad en que permanecen lacasi totalidad de los casos, y en el continuo aumento del número de personasdesaparecidas en Colombia. Algunos de los aspectos más preocupantes de la situación actualen relación con las desapariciones forzadas en Colombia son los siguientes:1. Continúa creciendo el número de personas desaparecidas forzadamenteA noviembre de 2011, el Registro Nacional de Desaparecidos, reportaba un total de 50.891casos (24% mujeres y 17% niñas y niños). De ese total, se presume que 16.907corresponden a desapariciones forzadas2. Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó a mayode 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos
  2. 2. paramilitares, recibidos a través de los formatos de registro que llenaron las víctimas dehechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley3. Por impresionantes que puedan parecer esas cifras, constituyen un subregistro en relacióncon la magnitud del fenómeno en el país. Evidencia de este subregistro es que de las 22.689personas que fueron registradas como N.N en los diferentes cementerios públicos de todo elpaís a fines del 2011, tan solo 440 habían sido reportadas por sus familias comodesaparecidas ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Tampoco se incluyen lasmiles de personas que han sido arrojadas a los ríos o que fueron incineradas en hornoscrematorios, o enterradas en cementerios clandestinos, según han confesado algunos de losparamilitares dentro del proceso de la ley 975/05.4. Las víctimas fueron en su mayoría personas campesinas, habitantes de zonas rurales muyapartadas en donde se desarrollaban operativos militares, quienes fueron señaladaspor informantes o guías del Ejército de ser colaboradores de las guerrillas. En la granmayoría de los casos, las personas fueron sacadas a la fuerza de su casa por el Ejército, inclusoteniendo como testigo a los familiares. Sin embargo, siempre que se acercaron a las basesmilitares a preguntar por la víctima, el Ejército se negó a entregar información sobre suparadero, o negó tenerla en su poder. No obstante, el cuerpo de la persona solía aparecerposteriormente reportado como guerrillero muerto en combate, sin documentos deidentidad y a menudo, en un municipio distinto del lugar en donde solía vivir la víctima y sufamilia. En otros casos las víctimas fueron personas marginadas de las cuales no se esperabaque nadie acudiera en su búsqueda, particularmente habitantes de la calle, que fuerontrasladados desde los centros urbanos hasta zonas rurales apartadas en donde fueronejecutados y posteriormente presentados como muertos en combate. Se estima que entre2002 y 2008, se cometieron 3.345 ejecuciones extrajudiciales, siguiendo este patrón de acción.Muchos de estos cuerpos continúan enterrados como N.N. (sin nombre) en diferentescementerios del país, y en la práctica, se encuentran desaparecidos para sus familiares. Noobstante, en la gran mayoría de esos casos no se está investigando la desaparición forzada.Las desapariciones forzadas permanecen en la impunidad. La impunidad es uno de losprincipales obstáculos que deben enfrentar las víctimas. La Oficina del Alto Comisionado deNaciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido que “El grado de impunidad querodea esta grave violación a los derechos humanos es muy alto”5. Por su parte la Fiscalía General de la Nación ha dicho que “había abierto algunasinvestigaciones sobre esta violación pero que debido a la naturaleza compleja del delito la granmayoría estaba en etapa de indagación”6. Un gran problema es la visión limitada de jueces y fiscales sobre los fines del procesopenal en el caso de las desapariciones forzadas pues, históricamente su tratamientoha copiado el enfoque de los demás delitos que se dirigen exclusivamenteidentificar a los autores y muy poco a establecer la verdad, dejando de lado una líneade investigación sobre la suerte y el paradero de las víctimas, absolutamente necesaria encasos de desapariciones forzadas. En general, los fiscales a cargo de los casos deciden cerrarlos
  3. 3. cuando: i) las ejecuciones ocurrieron en zonas rurales apartadas, en donde se desarrollaronoperaciones militares contrainsurgentes ordenadas por la llamada política de seguridaddemocrática; ii) las víctimas fueron previamente seleccionadas por guías o informantes queacompañaron a las unidades militares durante los operativos que culminaron en falsospositivos; iii); las víctimas fueron presentadas como combatientes muertos en combate, paralo cual fueron vestidas con prendas militares, armamento y munición previamente preparadospara tal fin, y los cuerpos fueron despojados de los documentos de identidad i v) una vezcometido el asesinato se informó el resultado positivo de la operación al comando del Batallóndel que dependía la unidad militar y se preparó la escena del crimen para hacer parecer queocurrió un combate real. Al respecto ver por ejemplo: Coordinación Colombia Europa EstadosUnidos, Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre EjecucionesExtrajudiciales e impunidad en Colombia, Observatorio de Derechos Humanos y DIH de laCoordinación­Colombia­Europa­Estados Unidos, Bogotá, 2008; Coordinación Colombia EuropaEstados Unidos, Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable, Observatorio de DerechosHumanos y DIH de la Coordinación Colombia­Europa­Estados Unidos, Bogotá, 2008.7. Colombia está impulsando un nuevo marco normativo que contraviene susobligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El Gobierno del presidenteSantos, está impulsado una preocupante regresión en temas de Justicia Penal Militar,que apunta a restablecer el ámbito de conocimiento de esta jurisdicción especial,estableciendo la presunción según la cual, los delitos cometidos por miembros del a FuerzaPública en servicio activo, en medio de operaciones militares y procedimientos de la PolicíaNacional, están relacionados con el servicio y por lo tanto solo podrían ser investigados porjueces militares. Aunque el crimen de desaparición forzada se encuentra expresamenteexcluido de los códigos militares, actualmente la justicia penal militar continua conociendo denúmeros casos de desapariciones, particularmente, aquellos asociados a la comisiónde ejecuciones extrajudiciales. De prosperar la propuesta de reforma, existe el riesgo de quelos casos de desapariciones forzadas, entre otros crímenes de lesa humanidad, pasen aestar en conocimiento de la Justicia Penal Militar, hecho que ha sido reconocido por diversasinstancias de protección de los derechos humanos como una de las causas principales deimpunidad en el país. Del mismo modo, las disposiciones del llamado Marco Legal para la Pazapuntan a la concesión de un indulto generalizado a todos los actores de la guerra, incluidospolíticos aliados con paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, que dejaría en laimpunidad miles de desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad.Por todo lo anterior, Colombia debe culminar el proceso de ratificación de laConvención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desapariciónforzada y aceptar la competencia adicional del Comité en los términos previstos en el artículo31 de la Convención.Este paso demostraría un real compromiso por parte del Estado colombiano y dotaría a lasvíctimas de una importante herramienta para luchar contra la impunidad en la quepermanecen los crímenes, y avanzar de manera eficaz en la búsqueda de sus familiares.MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADASCOORDINACION COLOMBIA­EUROPA­ESTADOS UNIDOS
  4. 4. Marzo de 2012Notas1. Durante los últimos años la Fuerza Pública cometió numerosas desaparicionesforzadas asociadas a ejecuciones extrajudiciales que no están siendo investigadas Organizaciónde las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 62° Periodo de Sesiones, Informepresentado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, sobre sumisión a Colombia, doc.E/CN.4/2006/56/Add.1, enero de 2006, párr. 98.2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), cifras a noviembre de2011. El total del Registro Nacional de Desaparecidos, reporta 64.564 víctimas, de las cuales serestaron 11.215 personas aparecidas con vida y 2.458 personas aparecidas muertas.3 Fundación Nidia Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia:La desaparición forzada no es un crimen del pasado, Bogotá, mimeo, diciembre, 2011.Entre2002 y 2008, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo a gran escala en todo elterritorio nacional siguiendo un patrón específico de acción5 Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada para los DerechosHumanos de las Naciones Unidas sobre la Situación en Colombia, doc. A/HRC/16/22, febrerode 2011, párr. 54.6 Fiscalía General de la Nación, 2009­2010 Informe Audiencia Pública de Rendiciónde Cuentas. Ver:http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuentas/audienciapublica2010.pdfhan transcurrido seis meses de investigación y no han individualizado a los autores. En lugarde investigar, los fiscales adoptan figuras jurídicas que se convierten en impunidadcomo la resolución inhibitoria, la preclusión o el archivo provisional, que en lapráctica se vuelve definitivo. En realidad, el peso de la investigación recae sobre losfamiliares pues, mientras no presenten nuevas pruebas no se reabren los casos, aun cuandolas víctimas no aparezcan ni vivas ni muertas. A nivel disciplinario, aunque el MinisterioPúblico tiene facultades legales para sancionar la negligencia en la búsqueda de las personasdesaparecidas, hasta ahora no se conocen casos en que se haya ejercido un control en esesentido7 Fundación Nidia Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia:La desaparición forzada no es un crimen del pasado, Bogotá, mimeo, diciembre, 2011.

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