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Comunicado ante el cierre de espacios para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Guatemala

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Comunicado ante el cierre de espacios para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Guatemala

  1. 1. Comunicado ante el cierre de espacios para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Guatemala El Equipo de PBI fue testigo del desalojo violento por parte de la Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La Puya, donde las comunidades locales se oponen a la construcción de la Mina El Tambor GUATEMALA.- El pasado 1 de julio 2014 el Gobierno de Guatemala canceló la residencia temporal de dos integrantes del equipo de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en el país, sin explicación de las razones o hechos que motivan la decisión. Ambos, en cumplimiento de su mandato de observación internacional, habían sido testigos del desalojo violento por parte de la Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La Puya, donde las comunidades locales se oponen a la construcción de la Mina El Tambor, el pasado 23 de mayo. La resolución mencionada constituye un acto que no sólo afecta a las dos personas citadas, sino que perjudica las posibilidades de acompañamiento y observación internacional que contribuyen a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos, de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala y de construcción de una paz justa. Ante ello, la CODPI hace público el siguiente comunicado. COMUNICADO ANTE EL CIERRE DE ESPACIOS PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
  2. 2. La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) es una plataforma de organizaciones del Estado español comprometidas con los derechos indígenas, que agrupa a Almáciga, alterNativa Intercambio con los Pueblos Indígenas, Mugarik Gabe y la Associació Perifèries. Entre los países con los que nos unen lazos de solidaridad y cooperación se encuentra Guatemala, donde hemos trabajado al lado de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, apoyando las demandas por la construcción de un Estado incluyente. Somos, por tanto, conocedoras de la preocupante situación de vulnerabilidad en la que los y las activistas por los derechos indígenas y por la defensa de los territorios y los bienes naturales desempeñan sus tareas, especialmente en el actual escenario de cierre de espacios de diálogo y agravamiento de los procesos de criminalización. En este marco y en los últimos días, hemos tenido conocimiento de que el pasado 1 de julio 2014 la Dirección General de Migración (DGM) del Gobierno de Guatemala canceló la residencia temporal de dos integrantes del equipo de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en el país, de nacionalidad chilena y española, sin explicación de las razones o hechos que motivan la decisión. Ambos, en cumplimiento de su mandato de observación internacional, habían sido testigos del desalojo violento por parte de la Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La Puya, donde las comunidades locales se oponen a la construcción de la Mina El Tambor, el pasado 23 de mayo. La resolución mencionada constituye un acto que no sólo afecta a las dos personas citadas, sino que perjudica las posibilidades de acompañamiento y observación internacional que contribuyen a proteger espacios no-violentos y no-injerentes de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala. Ante esta situación, la CODPI quiere: 1. Respaldar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y su derecho de recibir acompañamiento por parte de PBI y de otras organizaciones. 2. Recordar al Estado guatemalteco su obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, según los compromisos contraídos con la firma de los tratados internacionales en la materia. 3. Expresar nuestra más honda preocupación por la cancelación de la residencia temporal en Guatemala a dos personas voluntarias de PBI, y respaldar la labor de acompañamiento y observación internacional que esta organización viene realizandoen
  3. 3. Guatemala desde hace más de 30 años, respondiendo a la petición de organizaciones y actores sociales que enfrentan amenazas y agresiones debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos, actuando siempre dentro del marco legal del país y contando con los debidos registros y acreditaciones. 4. Solicitar al Estado de Guatemala que anule las resoluciones injustificadas de la DGM del 1 julio, de manera que las dos personas voluntarias de PBI recuperen la residencia temporal que había sido otorgada en su favor y que reconozca la importancia de la labor que realizan en Guatemala las organizaciones internacionales de acompañamiento cuando lo solicitan ciudadanos y entidades guatemaltecas que sufren la violación de sus derechos humanos. 5. Solicitar a las instituciones públicas del Estado español, especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y a la Embajada de España en Guatemala, que se interesen por la situación de los acompañantes de PBI afectados por la resolución, y hagan valer sus derechos. 6. Hacer un llamado a todas aquellas organizaciones y entidades sociales y comunitarias, autoridades indígenas y organismos internacionales preocupadas por los derechos humanos en Guatemala para que muestren su solidaridad con PBI y expresen su preocupación por este nueve cierre de espacios. Porque la paz con justicia y dignidad sólo se puede construir en un marco de total respeto hacia los derechos humanos, individuales y colectivos de todas las personas y todos los pueblos. A Coruña, 8 de julio de 2014 Descargar comunicado en PDF

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