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PRESENTACIÓN DE LA LEY DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE CANNABIS.
Parlamento de Cataluña, 28 de junio de 2017.
A cargo de David Pere Martínez Oró. Doctor en Psicología Social. Coordinador de la Unidad de Políticas de
Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona. En representación de la comisión promotora de la ILP
«La Rosa Verde».
Agradecimientos
En primer lugar agradecer a todas las personas que han hecho posible la tramitación de esta ley. El camino
ha sido largo hasta el día de hoy. Agradecer a la comisión promotora por la ingente tarea ejecutada.
A la Comisión de Salud y los diputados que la conforman, por escuchar tantas voces y hacer posible que
esta ley llegue a buen puerto. Una especial mención a la presidenta de la comisión, la diputada Alba
Vergés. Al Observatorio Civil de Políticas de Drogas por ser el alma mater e impulsar la ILP «La Rosa
Verde». Al movimiento cannábico, asociaciones, clubes y usuarios/as de cannabis por el apoyo constante.
Momento de cambio
Hoy es un día de enhorabuena para la sociedad catalana. Hoy realizamos un paso firme para conseguir una
sociedad más justa e igualitaria. La ley de asociaciones de personas que consumen cannabis apuntala más
firmemente la democracia. El Parlamento de Cataluña mediante esta ley de consenso, empieza a subsanar
el error histórico que han supuesto las políticas prohibicionistas en materia de drogas. Confiamos que esta
ley sea otro impulso en nuestro país para defender los derechos de las personas consumidoras de drogas y
velar por sus libertades, entre ellas la libertad farmacológica, pero también para delimitarlos las obligaciones
y deberes que implica ejercer tal libertad. La presente ley tiene un talante netamente democrático que
aparca la vía penal y criminalizadora y empieza a circular por la vía de la regulación.
Cataluña toma el único camino posible en materia de políticas de drogas: su reforma en clave
normalizadora, que no debe confundirse con la banalización. El cannabis es una realidad social innegable e
indeleble. Todos los esfuerzos realizados por erradicar su uso han fracasado estrepitosamente. La lógica
prohibicionista cuenta en su haber unos escasos resultados satisfactorios, pero ingentes fracasos en su
deber. Y esto lo sabemos porque la evidencia científica es abrumadora, a pesar de los esfuerzos realizados
por el prohibicionismo para dinamitar cualquier intento serio de evaluación de impacto de sus políticas.
Las consecuencias no previstas por el prohibicionismo, reconocidas desde 2008 por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hacen insostenible perpetuarlo y representa una vulneración de
los Derechos Humanos la persecución, la estigmatización y la expulsión a los márgenes sociales de las

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personas usuarias. Redoblar los esfuerzos en políticas prohibicionistas, como así lo piden las voces más
intransigentes, redobla también los daños, como por ejemplo, en el reforzamiento del crimen organizado, el
lavado de capitales, la corrupción policial, la erosión de los fundamentos del Estado de Derecho, como
estamos observando despavoridos en México. Vulneración de los derechos humanos y las libertades
individuales en forma de condenas desproporcionadas de prisión y también tortura y pena de muerte, el
caso más dramático en la actualidad es Filipinas de Duterte. Estela de fracaso que por suerte los países
netamente democráticos estando dejando atrás.
En la actualidad son multitud los agentes, desde los representantes del mundo local hasta organismos
internacionales, que claman por la reforma de las políticas de drogas. El camino que emprendemos sigue la
alternativa política de los países que ya han comenzado a resquebrajar el muro prohibicionista. Más allá del
modelo imperfecto de los Países Bajos. Uruguay y ocho estados de los Estados Unidos ya han regulado el
cannabis con fines recreativos y 29 estados de los Estados Unidos lo han hecho con fines exclusivamente
terapéuticos, así como los Países Bajos y Alemania, entre otros países europeos. En este sentido, la
mencionada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, en su reciente «Informe sobre
drogas 2.017», publicado hace justo una semana, reconoce explícitamente la viabilidad de las nuevas
formas de regulación del cannabis, por tanto, entierra la beligerancia contra las propuestas reformistas. Esto
nos evidencia, que aunque tímidamente las agencias internacionales responsables de la fiscalización, son
conscientes de que la innovación en las políticas de drogas se convierten en una necesidad.
Cataluña vio nacer las asociaciones cannábicas, en primer instancia de la mano de ARSEC y
posteriormente de la asociación de Catadores de Cannabis de Barcelona. Desde entonces, el movimiento
cannábico ha sido persistente y perseverante para conseguir la regulación del cannabis. Un movimiento
fuertemente implementado en nuestro país del que las asociaciones cannábicas son el producto más
genuino. Asociaciones que entroncan nítidamente con la vetusta tradición asociativa catalana. Sabemos
que la sociedad catalana ha impulsado, y también liderado muchos cambios legislativos, y este es un caso
más.
A falta de una regulación legal, los CSC a través de sus Federaciones (FEDCAC y CatFAC) han trabajado
incansablemente, para autorregularse y lograr un consenso reflejado en sus buenas prácticas. La auto
regulación ha permitido fundamentar sólidamente el modelo de club social de cannabis, exportado con éxito
a otros países tanto de forma legal como es el caso de Uruguay, como en la alegalidad como es el caso de
Bélgica. Modelo que ya ha mostrado cierta efectividad tanto para reducir riesgos derivados del consumo
como para defender las libertades de los consumidores de cannabis. Con la ley que hoy presentamos llega
el momento de establecer un regulación de Derecho de los CSC. Regulación que elimina ambigüedades,
zonas grises e inseguridad jurídica. Terrenos pantanosos que han sido aprovechados para camuflar bajo la
apariencia de clubes sociales de cannabis prácticas alejadas del espíritu genuino de las asociaciones
cannábicas.
Por lo tanto, hay que aplaudir el Parlamento de Cataluña porque por fin regula las asociaciones cannábicas,
y así poder subsanar, el agravio histórico que han sufrido los conciudadanos consumidores de cannabis. El

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nuevo escenario que posibilita la ley, nos hace prever sin lugar a dudas una mejora sustancial en todos los
ámbitos. Esta ley sigue la vía reformista. Ley pionera en Europa y la primera del mundo a la hora de regular
con todos los pormenores las asociaciones cannábicas, condenadas hasta el momento a la inseguridad
jurídica. Ley como la que discutimos hoy, permite poner bajo el control el cannabis. Esta sustancia no es
inocua y por eso la hemos de regular y controlar. Si las sustancias psicoactivas las abandonamos a los
márgenes sociales su control es imposible y los daños aumentan inevitablemente. Por lo tanto, esta ley
permite a la sociedad catalana tomar el control. Las asociaciones cannábicas es convertirán, a partir de
ahora, en un actor clave a la hora de preservar la salud colectiva.
Apostar por políticas de drogas en clave normalizadora es una oportunidad para poner luz a un fenómeno
escondido en la oscuridad de la clandestinidad. Entre las consecuencias positivas de la regulación
destacamos los avances previstos en la búsqueda tanto en clave biomédica como sociocultural. Más allá de
fundamentar el Estado social y democrático de derecho, la ley permitirá la protección de los derechos del
conjunto de la población, y no sólo del 11,1% de la población entre los 15 y los 64 años, que se estima que
ha utilizado cannabis al menos una vez en el último año, sino también al 89% restante no tiene ningún
contacto con el cannabis. Posibilitará preservar la salud pública ya sea debido a la dispensación de
productos con todas las garantías sanitarias, ya sea por la implementación de programas de prevención,
sensibilización o asistenciales. Permitirá mejorar la convivencia cívica, y también, la seguridad ciudadana, y
confiamos en que disminuya la delincuencia y debilite el crimen organizado. Y cuando se establezca los
mecanismos legales oportunos será una fuente de ingresos al erario público, porque más allá de ciertos
gravámenes, formalizará trabajos que en estos momentos se encuentran en la informalidad y la
precariedad.
Proceso de tramitación de la ley
Tramitar una iniciativa legislativa popular, como bien sabemos, no es un tarea fácil, sin la voluntad de una
comisión promotora potente, la empresa se hubiera convertido en una quimera. Conseguir 50.000 firmas, en
un país de poco más de 7 millones y medio de habitantes ha precisado de una cantidad considerable de
recursos humanos y económicos, así como de ingentes esfuerzos por parte de todos los agentes
implicados. Y además hacerlo con sólo 9 meses. Se presentaron más de 65.000 firmas de las cuales fueron
validadas más de 56.000. Y tenemos el convencimiento de que si hubiéramos tenido más tiempo y más
recursos, el número de firmas hubiera sido mucho más elevado porque a las personas que se les
presentaba la oportunidad de firmar a favor de la ILP, lo hacían. Sólo una minoría si negaba.
Un claro indicador de que la ciudadanía catalana apoya la regulación de los clubes de cannabis, es decir,
una muestra innegable de la voluntad social para dar un paso adelante en la reforma de las políticas de
drogas y avanzar hacia sociedades netamente democráticas. Y debemos reconocer que la ILP Rosa Verde
ha sido y es un referente para otras estrategias políticas que persiguen la regulación del cannabis, como es
el caso de la ILP de nivel estatal "Tu Papel Importa" que necesita 500.000 firmas. Desde aquí ofrecer la
experiencia de la Rosa Verde a todos los agentes que quieran empezar un proceso regulador.

4.
¿Qué aporta la ley de regulación de los clubes de cannabis.
La ley de las personas que consumen cannabis goza de un amplio consenso y la comisión promotora está
suficientemente satisfecha con el redactado propuesto hoy en el hemiciclo. La ley garantiza los derechos y
las libertades fundamentales en consonancia del artículo 15 del Estatuto de autonomía de Cataluña donde
se «reconoce que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal».
Pone punto y final a la inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y la vulneración
de sus derechos fundamentales a los consumidor de cannabis.
Una ley que tiene los siguientes objetivos:
• El autoabastecimiento y la distribución de cannabis entre los asociados.
• La prevención de riesgos y la reducción de daños asociados a los mercados informales.
• La información a los asociados relativa a la sustancia, el consumo y los riesgos.
• Control de calidad del cannabis.
La ley contempla unas condiciones de ingreso a los clubes de cannabis (mayor edad, consumidor cannabis,
aval de otro socio, excepto en casos terapéuticos que debido a la sus necesidades reciben un trato
diferencial en diferentes momentos).
Marca unos derechos claros a los asociados, pero también los deberes. Además las asociaciones
cannábicas tendrán unas obligaciones documentales con diferentes libros como el de asociados, el de
autoabastecimiento, transporte y distribución. Establece cantidades máximas de producción de los clubes
(150 kilos por años) y 60 gramo por socio y mes. Vela para evitar la distribución a terceras personas con
una especial atención a los menores. Especial protección a la salud pública con la prohibición de consumo
de alcohol y de consumibles. Establece un régimen sancionador.
Los miedos de la reforma
Somos conscientes de que determinadas voces intentarán desvirtuar los avances sociales, políticos y
sanitarios que esta ley pretende conseguir. Despertando los miedos irracionales y el rechazo hacia todo lo
que remita a drogas, hasta el momento fiscalizadas. En ocasiones se utilizarán burdas caricaturas como la
teoría de la escalada, que pregona infundadamente que el inicio del cannabis conlleva a utilizar otras
sustancias potencialmente más adictivas como la heroína. La ciencia nos evidencia que esto no es así.
También se apuntará al aumento de los consumos de cannabis. Los primeros resultados de las
evaluaciones de impacto de Colorado, donde se permite el cannabis recreativo, muestran que la
legalización no implica un aumento del consumo, sino que las tendencias de los últimos años continúan en
su línea. Se puede decir que la mayor oferta aumenta el consumo. Esto depende de cómo se produce la
oferta. El modelo propuesto por la presente ley contempla una dispensación totalmente controlada. Además,

5.
en nuestro contexto la oferta de cannabis es casi total. Como así nos lo muestra la encuesta a población
escolar y población general, y quien quiere consumir consume, las políticas prohibicionistas no lo han
impedido, por lo tanto, controlar sensatamente la oferta no tiene porque correlacionar con el aumento del
consumo.
El aumento de fracaso escolar y el consumo de los menores también se presentará como una consecuencia
no deseada de la regulación de los clubes de cannabis. No habrá mejor manera de controlar los menores y
sus consumos en un escenario que mira de cara la realidad y controla la dispensación de cannabis. Y como
bien sabemos el fracaso es producto de factores contextuales donde el cannabis sólo es el punto
culminante de un contexto complejo, especialmente de pobreza.
Las voces contrarias a la reforma a veces invocan a estudios científicos para desacreditar cualquier proceso
de reforma, pero en el caso de que se presenten tales estudios rápidamente observamos fuertes carencias
metodológicas o un claro sesgo ideológico que conlleva que dichos estudios científicos deriven en
documentos ideológicos.
Cierre.