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La prueba en el procedimiento administrativo autor josé maría pacori cari

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LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Se muestra la importancia de la prueba en el procedimiento administrativo (Autor José María Pacori Cari)

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La prueba en el procedimiento administrativo autor josé maría pacori cari

  1. 1. 2 opinión La Paz, MARTES 30 de enero de 2018 sado invoque como fundamentos de su petición (art. 150, Ley 38, Panamá). REGLA DE CONTRADICCIÓN El interesado contará con la oportuni- dad de controvertir las pruebas aporta- das o practicadas dentro de la actua- ción, antes de que se dicte una decisión de fondo (art. 40, Ley 1437, Colombia). Es decir que la prueba aportada por la administración pública únicamente tendrá valor, si la persona interesada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el procedimiento administrativo, para este propósito, la práctica de las diligen- cias dispuestas por la administración pública será notificada a la persona interesada a fin de que ejerza su derecho de defensa (art. 196, Código Orgánico Administrativo (COA), Ecuador). MEDIOS DE PRUEBA Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser acre- ditados por cualquier medio de prueba admisible en derecho (art. 47, Ley 2341, Bolivia). Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesa- rios, salvo aquellos prohibidos por dis- posición expresa (art. 175, TUO Ley 27444, Perú). Los hechos para la decisión en un procedimiento pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba admisi- ble en Derecho (art. 199, COA, Ecua- dor), esto es, no prohibido por la ley (art. 70 Decreto 500/991, Uruguay), apreciándose en conciencia (art. 35, Ley 19.880, Chile). Las pruebas son apreciadas según las reglas de la sana crítica (art. 145, Ley 38, Panamá). El funcionario ex- pondrá razonadamente en la decisión el examen de los elementos probato- rios y el mérito de les corresponda (art. 146, Ley 38, Panamá). DEFINICIÓN DE PRUEBA Conforme a esto podemos indicar que la prueba en el procedimiento adminis- trativo es definida como el elemento racional que sirve a la formación de la convicción del funcionario, siempre que no esté expresamente prohibida por la ley ni sea contraria a la moral o al orden público (art. 140, Ley 38, Panamá). CLASES DE MEDIOS PROBATORIOS Las pruebas que se puede ofrecer en el procedimiento administrativo pueden ser (art. 140, Ley 38, Panamá): 1. Documentos. Serán documentos las fotocopias o reproducciones mecáni- cas y los documentos enviados median- te facsímil, se incluye la solicitud de recabar antecedentes y documentos. La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de las autoridades directa- mente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que esti- me convenientes para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente (art. 176, TUO Ley 27444, Perú). También se considera el derecho a consultar documentos y actas, ade- más, de solicitar acciones exhibitorias. 2. Testimonio. El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados, si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio, la admi- nistración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso de declaracio- nes contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados (art. 184, TUO Ley 27444, Perú). Asimismo, procederán medios de prueba como conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos decla- raciones por escrito. 3. Inspección. Practicar inspeccio- nes oculares donde los servidores públicos verifican in situ situaciones planteadas por los administrados. 4. Pericia. Los administrados po- drán proponer la designación de peri- tos a su costa, debiendo en el mismo * Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. La prueba en el procedimiento administrativo l procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte o de oficio requiere de la actua- ción de medios probatorios que servirán para generar pruebas (ele- mentos racionales) que, a su vez, servi- rán de fundamento a la decisión admi- nistrativa que se adopte, de esta mane- ra, la actividad probatoria se convierte en la columna vertebral del procedi- miento administrativo. DERECHO A LA PRUEBA Los administrados gozan del derecho al debido procedimiento administrativo que comprende, entre otros, el derecho a ofrecer y a producir pruebas (art. IV, texto único ordenado (TUO), Ley 27444, Perú). Es así que en sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a aportar los elementos de prueba en cualquier actuación adminis- trativa en la cual tenga interés (art. 5 Ley 1437, Colombia). Incumbe a las partes probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favo- rables (art. 150, Ley 38, Panamá). Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió; si son varios los interesados, los gastos serán distribuidos en cuotas iguales (art. 40, Ley 1437, Colombia). PRUEBA OFICIOSA Además de las pruebas pedidas por el administrado, el funcionario deberá ordenar la práctica de todas aquellas pruebas que estime conducentes o pro- cedentes para verificar las afirmacio- nes de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el procedimiento (art. 147 Ley 38, Panamá). Es así que las administraciones públicas podrán disponer la práctica de cualquier prueba que juzguen necesa- ria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos (art. 198, COA, Ecuador). Durante la actuación admi- nistrativa y hasta antes de que se pro- fiera la decisión de fondo se podrá aportar, pedir y practicar pruebas de oficio a petición del interesado (art. 40, Ley 1437, Colombia). Se prohíbe a la administración públi- ca solicitar o requerir del peticionario documentos que reposen, por cualquier causa, en sus archivos y que el intere- E acto acompañar el cuestionario sobre el que estos deberán ser expedidos. La Administración se abstendrá de contra- tar peritos por su parte, debiendo limi- tarse a recabar informes de sus agen- tes y oficinas técnicas, salvo que ello resultare necesario para la debida sus- tanciación del procedimiento (art. 73, Decreto 500/991, Uruguay). 5. Informes y dictámenes. Es dere- cho de los administrados ofrecer prue- ba y que ella se produzca, si fuere per- tinente, debiendo la administración requerir y producir los informes y dic- támenes necesarios para el esclareci- miento de los hechos (art. 2, Ley 19.549, Argentina). La solicitud de informes o dictáme- nes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento jurí- dico de la pretensión sea razonablemen- te discutible o los hechos sean contro- vertidos jurídicamente y que el propio instructor no pueda dilucidar tal situa- ción (art. 181, TUO Ley 27444, Perú). La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente… Publicum et laborisPublicum et laboris Referencias Código Orgánico Administrativo de 7 de julio de 2017. Ecuador. Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991. Normas generales de actuación admi- nistrativa y regulación del procedimiento en la Administración Central. República Oriental del Uruguay. Decreto Supremo 006-2017-JUS de 20 de marzo de 2017. Decreto Supremo que aprue- ba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Perú. Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Colombia. Ley 19.549 de 3 de abril de 1972. Ley de Procedimiento Administrativo, Argentina. Ley 19.880 de 22 de mayo de 2003. Establece bases de los procedimientos admi- nistrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, Chile. Ley 2341 de 23 de abril de 2002. Ley de Procedimiento Administrativo, Bolivia. Ley 38 de 31 de julio de 2000. Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y el Procedimiento Administrativo General y se dicta disposiciones especiales, Panamá. José María Pacori Cari* 2 Pág. 30_2 PAG. 15 29/01/18 18:05 Página 1

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