Revista proceso 1918 Raúl Salinas de hermano incómodo a hermano impune

2,752 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista proceso 1918 Raúl Salinas de hermano incómodo a hermano impune

  1. 1. Índice CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN: Graciela Zepeda COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez, Hugo Martínez REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co- lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando semanario de información y análisis ESTADOS 36 CHIAPAS: Epidemia feminicida /Isaín Mandujano 38 COLIMA: /Pedro Zamora Briseño ANÁLISIS 42 /Jesús Cantú 43 Michoabang /Naranjo 44 /Héctor Tajonar 45 /Ernesto Villanueva 47 /Marta Lamas 48 /Sabina Berman 49 /Axel Didriksson INTERNACIONAL 50 ESTADOS UNIDOS: /Mathieu Tourliere 53 ARGENTINA: Milani /Francisco Olaso CORRUPCIÓN 6 de impunidad /Jenaro Villamil 11 /Jorge Carrasco Araizaga ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 14 oficial /Arturo Rodríguez García 16 /Enrique Krauze NARCOTRÁFICO 18 Cocoa /José Gil Olmos 24 /Verónica Espinosa y Patricia Mayorga 28 /Patricia Dávila POLÍTICA 32 /Álvaro Delgado 24 3214
  2. 2. Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez FINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AGOSTO IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. México, DF DISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel. 5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. Resto de la República y Locales Cerrados: Publicaciones Citem, SA de CV. Tel. 5366-0000. EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, Mária Luisa Vivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2000-112911074700-102. Registro del S.P.M. CR-DFJ-003-99 / Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso 56 CHILE: /Francisco Marín CULTURA 60 /Columba Vértiz de la Fuente 66 Arte: P.I.N.T.U.R.A /Blanca González Rosas Música: /Mauricio Rábago Palafox Teatro: /Estela Leñero Franco Cine: Ladrones de la fama /Javier Betancourt Televisión: en Factor Ciencia /Florence Toussaint Libros: /Jorge Munguía Espitia ESPECTÁCULOS 71 /Luciano Campos Garza DEPORTES 74 /Raúl Ochoa 77 /Yetlaneci Alcaraz 79 82 Cambio de estrategia /Helguera y Hernández 75 50 74 A NUESTROS LECTORES: Debido al cierre de operaciones de la empresa que distribuía la revista, a partir del domingo 14 de julio, de manera temporal, no ha estado a la venta en todos los locales cerrados (tiendas de autoservicio y departamentales, cafeterías, librerías, etc.) podrán encontrar- la en algunos restaurantes Vip’s del área metropolitana de la ciudad de México (consulte la lista en nuestra página web) y en la librería Gandhi de Miguel A. de Quevedo. Además podrán en- contrarla en puestos de periódicos y algunas tiendas locales. También está disponible la versión digital que pueden adquirir en nuestra tienda en línea en 71 38
  3. 3. 6 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 Desde hace dos décadas Proceso ha documentado las trapacerías de Raúl Salinas de Gortari, quien en seis años (los mismos de su hermano en la Presidencia) acumuló una inmensa fortuna. Encarcelado en el sexenio de Ernesto Zedillo, aparentemente más por un afán de venganza que por uno de justicia, y liberado en el de Fox, El hermano incómodo vuelve a ser noticia ahora, cuando un juez decidió que la fortuna que amasó inexplicablemente no es ilícita y le será devuelta. Para el historiador Lorenzo Meyer, a contracorriente de lo que pasa en otros países, donde los políticos corruptos van a dar a la cárcel o al basurero de la historia, en México la corrupción se premia. ArchivoProceso
  4. 4. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 7 CORRUPCIÓN JENARO VILLAMIL S ímbolo de corrupción duran- te el gobierno que prometió llevar a México al Primer Mundo, Raúl Salinas de Gor- tari se ganó el sobrenombre de El hermano incómodo el 21 de noviembre de 1994, cuan- do en su número 942 Proceso publicó por primera vez el recuento pormenorizado de las andanzas, negocios, tráfico de in- fluencias y riquezas del primogénito de una dinastía que encumbró a Carlos Sa- linas en la Presidencia de la República. Han pasado casi dos décadas desde esa edición. Y transcurrieron 17 años y tres meses de complicados litigios con- tra Raúl Salinas de Gortari, incluyendo una década en la cárcel acusado de ser autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su excuñado y secretario general del PRI. El priista Ernesto Zedillo lo encarceló y mandó a Carlos Salinas de Gortari al exilio. Durante los 12 años de gobiernos panistas Raúl Salinas fue liberado y exo- nerado de cuatro de los cinco delitos que pesaban en su contra: homicidio, pecu- lado, defraudación fiscal y lavado de di- nero, al mismo tiempo que su hermano, el expresidente, “normalizó” su vida pú- blica, publicó libros, se convirtió en so- cialité y se autonombró protagonista del “debate de las ideas”. El miércoles 31 de julio la Procuradu- ría General de la República (PGR) anun- ció que apelaría la sentencia dictada el 19 de julio anterior por el juez 13 de Distrito en Materia Penal, Carlos López Cruz, quien exoneró a Raúl Salinas del último delito que pesaba en su contra: enriquecimiento ilícito. Ese mismo día Enrique Peña Nieto, el mexiquense que protagonizó el retorno del PRI a la Presi- dencia, fue intervenido quirúrgicamen- te para retirarle un nódulo de la tiroides. En los últimos 17 años la PGR ha perdi- do todos los procesos contra Raúl Salinas. Exonerado del delito de enriquecimiento ilícito, a El hermano incómodo le serán de- vueltos 224 millones de pesos deposita- dos en 12 cuentas bancarias, así como 41 inmuebles en 24 entidades del país. El juez López Cruz admitió en su sentencia que Raúl Salinas acumuló en menos de 10 años una fortuna inex- plicable para alguien que vivía de su salario como burócrata: Pasó de tener 17 inmuebles y bienes por 60 mil dólares en 1983 –antes de ser nombrado gerente general de Dis- tribuidora Conasupo S.A. de C.V.– a acumular en abril de 1992 un total de 52 millones de dólares, 41 in- muebles y fondos de inversión en el extranjero. Sin embargo el juez admitió que “al no acreditarse que los bienes que fueron adquiridos por el servi- dor público Raúl Salinas de Gortari son el producto del abuso de las atribuciones conferidas”, se desva- nece el delito de enriquecimiento ilícito. “Derrota de la justicia” De esta manera Raúl Salinas de Gortari pasaría de ser un símbolo de la corrupción a un símbolo de la impunidad,“la máxima derrota de la procuración de justicia en este país”, advierte el historiador y ensayista Lorenzo Meyer,entre- vistado por Proceso para anali- zar las repercusiones políticas del caso. Raúl, de la mano de Carlos, símbolo de No hay espacio para el optimismo en el análisis de Meyer, autor de La segunda muerte de la Revolución Mexicana y crítico puntual del salinismo: “Para entender este proceso es ne- cesario ver a los Salinas casi como un accidente. Si no hubieran sido Carlos y Raúl serían otros. El problema de fondo es la calidad y la cantidad de la corrupción, independientemente de partidos políticos, de la alternancia o del cambio de gobiernos. Algo está en- impunidad
  5. 5. 8 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 callecido en nuestra clase política. “En el caso mexicano resulta que la clase política fracasa una y otra vez y no le pasa nada. En otros países la clase política que fracasa debe terminar en el basure- ro de la historia. Así está sucediendo con Silvio Berlusconi en Italia. Así sucedió con Menem en Argentina, con Collor de Mello en Brasil, con Fujimori en Perú. Pero en México no pasa nada. Al contrario, a Raúl Salinas hasta le devuelven sus millones.” Coautor de la Historia de la Revolu- ción Mexicana, 1928-1934, conocedor del periodo cardenista, especialista en las relaciones entre México y Estados Uni- dos, Meyer va articulando una hipótesis: a diferencia del valor que se le da a la competencia en el mercado económico, en el caso político, la incompetencia y la corrupción “es lo que conviene”. “Hay solidaridad en la impudicia de una clase política que fracasa una y otra vez en su cometido fundamental que debe ser el bienestar del país, pero a ellos les va muy bien. Se han monta- do en una tendencia que es histórica en México: la incompetencia de la clase po- lítica y su impunidad.” –¿El caso de Raúl Salinas indica que la corrupción durante el periodo neoli- beral fue mayor que durante el estatis- mo mexicano? –No es mayor. Siempre ha sido igual. Lo terrible es que, por un momento al- gunos pensamos que México había dado un salto cualitativo con la alternancia... y no fue así. “El mensaje que envía la clase política a la sociedad con el caso de Raúl Salinas de Gortari es tremendo: ‘Miren, bola de babo- sos, la situación política real es ésta. Hagan lo quieran.Al final, nosotros, la clase políti- ca, entendemos la naturaleza de la corrup- ción en este país y no va a cambiar’.” –¿Es un mensaje de impunidad total? –Sí. La principal responsabilidad es de la PGR. Quizá porque su trabajo no es procurar la justicia sino la injusticia. La impunidad es la mayor de las injusticias. –Sin embargo Raúl Salinas pasó al- gunos años en la cárcel, dirían algunos... –Sí, estuvo por una cosa que no se le comprobó (la autoría intelectual del asesinato de Ruiz Massieu), pero eso to- davía sirve para hacer más cínica a la so- ciedad mexicana. “Es una pedagogía muy bien hecha por la clase política: no hay que hacerse ilusiones, aquí no pasa nada. “El fenómeno de Raúl Salinas le conviene a la clase política. Sin decirlo explícitamente nos indica que nunca habrá posibilidades de transformar el enorme castillo de corrupción que es el sistema político mexicano.” –¿Por qué entonces encarcelan a per- sonajes como Granier, Elba Esther Gordi- llo, etcétera? –Porque Granier es un advenedizo en la clase política tradicional. Al sistema político le sirve muy bien, de vez en vez, que alguien caiga, como pasó con Jorge L a noche del 10 de octubre de 2000, el conductor Joaquín López Dóriga divulgó en su noticiero de Televisa la grabación de una plática telefónica entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana Adriana. En ella, el hermano mayor del ex- presidente amenazaba con difundir toda la verdad sobre los recursos depositados por él en bancos extranjeros. Reproducimos las partes sustanciales de esa conversación: Raúl (R). Bueno… Adriana (A). Raúl (…) Hola, ¿cómo es- tás? ¿Viste la entrevista? R. Sí, sí la vi. A. A ver, cuéntame; estamos aquí un grupo de gente; a ver, cuéntanos. (…) R. Es decir, así fue el error de diciem- bre… había tanto, etcétera, creo que em- pezar a decir que no hay nada personal, eso así la gente ya no se lo cree. A. Ajá. R. Porque finalmente lo que la gente quie- re ver es lo personal. A final de cuentas, por mucho que le expliques tú a la gente de quién fue el responsable del error de diciembre, no le devuelve ni su carrito, ni su casa, ni su tra- bajo. Sin embargo, me parece que habría, que es necesario contrarrestar todas las men- tiras que se han dicho. Me parece muy im- portante que se diga ya que este gobierno fabricó una historia y una serie de historias... A. Ajá. R. Que son su responsabilidad. Me pa- rece muy importante que el PRI tenga en algún momento que enfrentar cuentas de qué hizo cada presidente a favor o en con- tra de la plataforma del PRI, de los proyec- tos del PRI y del PRI como partido. Esto a mí me parece muy bien. Eh... en cuanto a mí, a mí no me gustó nada, porque no me ayuda en nada en mi defensa; al contrario, me la dificulta, me la tropieza. Yo tengo… Conversación mortal pues un par de años haciendo un gran esfuer- zo –o sea, el año pasado y este año–, e insis- tiendo en que los fondos son lícitos. Y con las manifestaciones que hizo Carlos, pues reprobó moralmente esta posición. A. Ajá. R. Y entonces me deja en una posición muy adversa, porque él dice: Raúl debe estar en la cárcel porque hasta a mí me traicionó… que es lo que la gente recibe. Y bueno, enton- ces me hace muy difícil mi defensa. Es decir, a mi juicio dio pasos en contra de mi defen- sa que no eran necesarios. Y pudo haber di- cho perfectamente: “Hay un proceso que… al concluir su proceso, se sabrá. Yo entiendo que... (inaudible), pero lo que más importa es que no son parte de mi gobierno”... Que era lo que yo había establecido... A. Eso sí lo dijo, ¿eh? R. Sí, de pasadita. Pero la actitud esa de que a mí me lastimó, y eso, en primer lugar, nadie se lo cree. Pero el segundo, lo que es- tá diciendo es: moralmente Raúl está repro- bado, y si Raúl está reprobado es porque los fondos en la práctica son ilícitos. Y eso me da en la torre a mi defensa. La encuesta de López Dóriga
  6. 6. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 9 CORRUPCIÓN Díaz Serrano; pero a los de a de veras, como al señor Montiel del Estado de Mé- xico, a esos no se les quita ni se les toca. Los fondos en Suiza Meyer recuerda también dos episodios que hablan de la doble cara de la clase po- lítica frente al fenómeno de Raúl Salinas de Gortari: las confesiones del expresi- dente Miguel de la Madrid y las conver- saciones grabadas a Luis Téllez, entonces secretario de Comunicaciones yTranspor- tes,sobre el robo de la partida secreta de la Presidencia. En ambos casos, advierte el historia- dor, “nos hicieron saber más o menos que hubo saqueo de las arcas públicas,pero no pasó nada”. “¡Qué mala suerte de este ti- po!”, exclama Meyer al recordar a Miguel de la Madrid. “Nos dijo que se arrepintió de haber dejado a Carlos Salinas de Gorta- ri porque resultó que le gustaba el dinero”. En mayo de 2009 el expresidente De la Madrid admitió en una entrevista con Carmen Aristegui que su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, encubrió la corrup- ción de sus hermanos, en particular de Raúl y Enrique, quienes tenían “vínculos con grupos del narcotráfico”. Raúl Salinas “conseguía contratos de gobierno, se comunicaba con narcotrafi- cantes. No recuerdo exactamente cuáles, pero con los que le dieron dinero para lle- várselo a Suiza”, declaró De la Madrid. “Cuando yo ya no era presidente me di cuenta del dinero que se había lleva- do Raúl, la cuenta de Suiza. Más o menos me di cuenta que las operaciones se ha- cían por medio de bancos norteamerica- nos; hacían las transacciones de recoger el dinero y llevárselo a Suiza”, abundó. Las declaraciones de De la Madrid pro- vocaron una inmediata y airada reacción para obligar al expresidente a desdecirse, al tiempo que sus familiares y excolabora- dores cercanos argumentaron que estaba mal de sus facultades mentales. A. Estoy tomando nota. R. ¿Mande? A. Estoy tomando nota. R. Eso me lastima mucho en mi defen- sa, porque una reprobación moral es lo que más daño me hace. He venido trabajando con mucho esfuerzo para demostrar que los fondos son lícitos, que no cometí deli- tos, y si me reprueba moralmente, pues me causa un daño. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa, y la voy a dar, Adriana; le voy a tomar la palabra nada más; ya to- mé la decisión de cuándo. No va a ser ni ahorita ni mañana, pero le voy a tomar la palabra, y lo voy a aclarar todo, todo. A. Ah... R. Todo voy a aclarar: de dónde salie- ron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y adónde fueron. Porque creo que, efectivamente, la sociedad merece una aclaración completa, y creo que más mentiras no ayudan. A. Ajá. R. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Con esas mentiras a mí solamen- te me dañan, y nadie se lo cree. A. Bueno, está bien. R. Pero no lo voy a hacer ni ahorita ni mañana ni pasado. Mañana y pasado voy a hacer otras cosas que necesito hacer pa- ra mi defensa. A. Mmh...  R. Porque claramente estas actitudes desmoralizan mucho también a mis defen- sores, porque no sienten que me apoye. A. Mmm... R. ¿Tú cómo crees que le caiga a Cár- denas (Raúl, el abogado de Raúl Salinas) ahorita que estamos en las conclusiones? A. Mmm... R. De la patada. A. Mmm... R. Porque no me apoya, porque no dice que los fondos son lícitos, porque no dice qué ha demostrado la defensa. Bueno, le mandé... A. Lo de los empresarios. R. No dijo de los empresarios... A. ¡Claro que sí lo dijo! ¡Claro que dijo! Los empresarios han dicho que ellos se lo dieron. ¡Claro que lo dijo! R. Y después ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó, y que me hi- zo mucho daño a mí... A. Dijo que me lastimó de... de... de las cuestiones falsas de... papeles. R. Sí, Adriana, lo saqué a través de Go- bernación por instrucciones de él. A. ¡No es cierto! ¡Tú me dijiste otra co- sa! ¡No es cierto! R. Sí Adriana, yo tengo papeles... A. ¡No es cierto! ¡Tú me dijiste otra co- sa! Tú lo sacaste con otra cosa y dijiste que tú asumías esa responsabilidad. R. Sí, pero no para que me estén a mí golpeando… (inaudible). A. Pero no es cierto que con su anuen- cia, no es cierto, y tú me lo dijiste. R. Tan te lo dije (...) Tan es cierto (...) que en el expediente en donde está el pasapor- te falso dice: por órdenes de Gobernación. A. Esos tú los sacaste, y no por órde- nes de Carlos, y no digas mentiras... R. Y por órdenes de Carlos se com- pró la casa de Explanada, y la compró Víc- tor Cadena... A. Estás hablando de los pasaportes falsos. Y eso es mentira, y tú me lo dijiste hace tres años. R. Muy bien, Adriana. Yo voy a acla- rar todo, en su momento, como él me lo es- tá pidiendo. A. Sí, pero tú también le dijiste muchas cosas, y… (inaudible) cosas que no es cier- to (inaudible)... no sé todo lo demás, pero esto no es cierto... R. Voy a decir... voy a decir toda la ver- dad... toda... nada más que en su momen- to (…) tú verás, te voy a decir todo lo de Margarita, lo de Carlos, lo del pasapor- te (…) todo, todo voy a decir, Adriana. Pero es una cobardía de Carlos atacarme públi- camente. Es una cobardía y una traición de hermano... A. No te atacó... R. Me está atacando, porque él su- po de todos los movimientos, todos los fondos... A. Es una mentira tuya... R. …todos los movimientos... A. ...es una mentira tuya... R. ...se lo digo en su cara... A. …(inaudible) que lo aceptabas (...), y está grabado en Almoloya lo que me dijiste... R. Todo lo que tú quieras, Adriana, pe- ro es una cobardía de Carlos atacarme públicamente... A. No te atacó... R. Es una cobardía no defenderme (...) Es una cobardía gigantesca de Carlos es- tarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía na- da. Esto... (fin de la grabación).  MarcoAntonioCruz Con Peña Nieto. La exoneración
  7. 7. 10 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 Raúl Salinas de Gortari publicó una carta aclaratoria el 14 de mayo de 2009 para defenderse de las acusaciones de De la Madrid. En relación con el “fondo de inversión” formado en 1994 con capi- tal de distintos empresarios, incluyendo a Carlos Peralta, Carlos Hank y Roberto González Barrera, afirmó: “Durante 13 años (1995 a 2008) fui exhaustivamente investigado por cuatro de los países más avanzados en materia de investigación criminal (Suiza, Fran- cia, Inglaterra y Estados Unidos). Los elementos encontrados en estos países fueron nutriendo la investigación suiza. “Finalmente las autoridades suizas concluyeron que no existían elementos que pudieran vincular, ni siquiera a ni- vel de indicios, el patrimonio depositado en aquel país con alguna actividad rela- cionada con el narcotráfico. “En junio de 2008 el juez suizo Paul Perraudin emitió una sentencia en la que dio por cerrado el caso en Suiza, es- tableciendo que no existían elementos que me vincularan a mí o a mi familia con el crimen organizado.” La sentencia absolutoria del 19 de ju- lio no se pronunció sobre el dinero depo- sitado en Suiza e Inglaterra. De acuerdo con la PGR, a Salinas de Gortari le fueron devueltos 74 millones de dólares de esos 110 millones que formaron parte de un “fondo de inversionistas”. El otro escándalo que fue acallado se produjo a raíz de la divulgación de una grabación del exsecretario calderonista de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien fue subsecretario de Agri- cultura con Salinas y titular de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo. En febrero de 2009 se divulgó una declaración de Luis Téllez que hablaba de Ana Paula Gerard, esposa del expre- sidente Salinas de Gortari: “Ana Paula ya trae ese rollo también... y bueno, en el caso de Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta; sí, hizo muchas cosas”. El 12 de febrero, poco después de co- nocerse las grabaciones, Téllez leyó un comunicado en una rueda de prensa. Admitió que era real la grabación donde acusa a Salinas de sustraer la mitad de la partida secreta, pero alegó que lo hizo “de manera indebida”. “Nunca he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas”, atajó. Cuestionado sobre su probable renuncia a la Secretaría de Comunicaciones,Téllez respondió que no había razón alguna pa- ra abandonar el cargo. Semanas después Calderón lo relevó (Proceso 1685). El debate sobre el robo de la partida secreta fue alentado por el propio Raúl Salinas. En la llamada telefónica con su hermana Adriana, divulgada en octubre de 2000 en El Noticiero del Canal 2 de Te- levisa, advierte que aclarará de dónde salieron los fondos. “Voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan, yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta”, sentenció Raúl al quejarse de las declaraciones recientes de su hermano Carlos. “Sí, Adriana, lo saqué a través de Gobernación por instrucciones de él”, apuntó Raúl Salinas. Nunca volvió a mencionar Raúl Sali- nas este episodio. Ni en su libro Diario del infierno de Almoloya, editado en 2005 por Diana. López Cruz, en su sentencia del 19 de julio, resolvió que entre septiembre de 1990 y julio de 1994 poco más de 2 mil 700 millones de pesos de la partida se- creta fueron transferidos ilegalmente a una cuenta de Banco Mexicano Somex, por conducto de Ernesto Sentíes Hoyos, entonces director general de Adminis- tración de la Presidencia. Sin embargo, el mismo juez advirtió que “resulta irrelevante” si este dinero fue desviado para beneficiar a Juan Ma- nuel Gómez Gutiérrez, contador de Raúl Salinas de Gortari, porque éste ya había sido exonerado del delito de peculado en la sentencia de 2004 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca. Paradójicamente los magistrados de Toluca absolvieron a Raúl Salinas de ha- berse beneficiado con 207 millones de los 2 mil 218 millones de pesos desvia- dos por Sentíes, afirmando que la parti- da secreta de la Presidencia no tenía una finalidad específica. Cadena de impunidades En síntesis, ninguno de los delitos o de la cadena de favores y tráfico de influencias que se le imputaron a Raúl Salinas de Gortari desde que operaba como El Señor Diez por Ciento en el sexenio de su herma- no se confirmó y menos se sancionó. En junio de 1991 Manú Dornbierer pu- blicó en su columna “La Gente”, del perió- dico Excélsior, que Raúl y Enrique Salinas obtendrían 25% de la concesión del Hipó- dromo de las Américas durante 25 años. El entonces procurador general Igna- cio Morales Lechuga y el gerente general del hipódromo, Justo Fernández, negaron la versión.Dornbierer,en una entrega pos- terior, afirmó que el propio Raúl Salinas, “evaluador técnico de Solidaridad, princi- pal programa sociopolítico del gobierno”, fue a quejarse con el director de Excélsior, Regino Díaz Redondo, de ese artículo. En abril de 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio,el comisionista britá- nico Kaveh Moussavi generó un escándalo al divulgar en Washington que él había si- do víctima de un intento de soborno cuan- do fue representante de IBM en México. “Me refiero al proyecto de la refinería Santa Cruz, que se concedió a la Corpo- ración Mitsubishi. Fui testigo del hecho de que los servicios del señor Raúl fueron contratados por Mitsubishi por una tarifa de 10% en el proyecto multimillonario”, es- cribió Moussavi en el libro Carpizo expuesto. La prensa cercana al entorno sali- nista llamó a Moussavi extorsionador y chantajista. Durante el proceso de privatización de Imevisión, Raúl Salinas le prestó 30 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, el concesionario que resultó ga- nador, a través de un fondo de inversio- nes que lideraba para la compra de los canales 13 y 7. La noticia se conoció tres años después del proceso de desincor- poración de los canales del Estado. En su libro El Tigre, Emilio Azcárra- ga y su imperio Televisa, los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman recordaron que Raúl Salinas “se acercó a Serna, a Gómez Flores y al propio Sali- nas Pliego, entre otros. A los Vargas, por ejemplo, los visitó en su casa y les pidió que le hicieran una presentación sobre lo que haría Multivisión en caso de ga- nar la televisión y qué haría para compe- tir con Televisa”. “Sobre el tráfico de influencias o de información no hay pruebas documen- tales; sólo testimonios como el de ejecu- tivos de NBC Noticias que preguntaban en México –un mes antes de la privati- zación–, quién era un tal Ricardo Salinas Pliego que decía que ya estaba amarrado con el hermano del presidente”, escri- bieron Fernández y Paxman. Parte de la enorme riqueza inmobi- liaria de Raúl Salinas fue publicada el 12 de diciembre de 2004 por Proceso (núme- ro 1467). Un documento elaborado por la Dirección General de Procesos de la PGR detalla que sólo en el Distrito Federal, el hermano del expresidente adquirió 25 propiedades: desde un terreno en las Lo- mas de Chapultepec, adquirido por 750 millones de pesos en enero de 1989, hasta varias casas en las delegaciones Coyoa- cán,Álvaro Obregón y Benito Juárez. En Guerrero, Raúl Salinas se hizo pro- pietario de 17 inmuebles, incluyendo un lote de 100 millones en Ixtapa Zihuatanejo más otro en la zona hotelera que le costó 225 millones de pesos en 1991. En Morelos adquirió seis inmuebles, entre ellos, dos en Tepoztlán, entre 1990 y 1991. En Puebla compró la exhacienda Las Mendocinas por 156 millones de pesos.Y todo con el salario de director general y gerente general en la estructura del gobierno federal.
  8. 8. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 11 CORRUPCIÓN JORGE CARRASCO ARAIZAGA S i hubo delitos, Raúl Salinas de Gortari no fue culpable de ninguno. Esa fue la conclu- sión que jueces y magistrados fueron armando a lo largo de 17 años para liberar de toda responsabilidad penal a El hermano incó- modo. En la lógica que prevaleció en el Po- der Judicial de la Federación, el desvío de la partida secreta de la Presidencia de la República durante el gobierno de su her- mano Carlos (1988-1994) no fue su culpa. Y si acumuló miles de millones de pesos en ese mismo lapso fue por su creatividad empresarial. El autor más acabado de ese razona- miento es Carlos López Cruz, juez 13 de Distrito en Materia Penal federal en la Ciudad de México, quien el viernes 19 de julio exoneró del delito de enriquecimien- to ilícito al mayor de los hermanos Sali- nas de Gortari y, en consecuencia, ordenó la restitución de sus bienes, estimados en 224 millones de pesos. Esa cifra es independiente de los mil 300 millones de dólares que depositó en bancos de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuer- tes disputas entre los descendientes del jerarca Raúl Salinas Lozano, exfuncionario que hizo su vida pública al lado del profesor Carlos Hank González –ambos ya falleci- dos, al igual que el menor del clan Salinas de Gortari, Enrique, asesinado en diciembre de 2004. Las cuentas bancarias, casas, terrenos, joyas, inversiones y cuantas propiedades Raúl Salinas acumuló en nueve estados de la República –que suman 41 y que le fueron aseguradas en 1996– no las obtu- vo mediante “prácticas corruptas, irre- gulares o deshonestas”. Quien piense lo contrario, que lo demuestre y, de acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido hacerlo en 17 años y tres meses. Derrotada una y otra vez en el juicio que se ha prolongado más de tres lustros, la PGR impugnó la decisión de López Cruz, quien ha sido uno de los jueces capacita- dos en tratamiento de casos de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Uni- dos. También ha recibido instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cultura de la legalidad, transparencia y combate a la corrupción. Ha sido abogado de la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reclu- sorios del Distrito Federal, agente del mi- nisterio público federal y director general de la visitaduría de la propia PGR. En junio de 2008 fue designado juez por oposición. Su resolución judicial no fue anuncia- da por el Consejo de la Judicatura Federal Usted disculpe Un juez federal comprobó que sí se desvió dinero públi- co hacia las cuentas de Raúl Salinas. Es más: Detectó que durante el tiempo en el que El hermano incómodo desempeñó un cargo público multiplicó su fortuna 339 veces, y corroboró que en siete años el mayor de los Salinas de Gortari pasó de tener 17 inmuebles a 41. ¿La resolucióndeljuez?Declararloinocenteyordenareldes- congelamiento de sus cuentas.Su enriquecimiento,dijo, fue producto de“la efectiva inversión de sus haberes”. y tome su dinero Fernando Gutiérrez Juárez
  9. 9. 12 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 (CJF), encargado de informar sobre las decisiones más im- portantes de la justicia fede- ral. Se conoció a través del periódico Milenio el miércoles 31 de julio, al final del primer receso judicial del año. Desa- tado el escándalo, la PGR dijo que ese mismo día impugnó el fallo del juez. Pero no in- formó más. Nada dijo sobre la lógica jurídica del juzga- dor. Al cierre de esta edición, el CJF aún no anunciaba qué Tribunal Unitario revisará el fallo del juez López Cruz. El 18 de marzo de 1996, al inicio del gobierno de Ernes- to Zedillo, la PGR consignó a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimien- to ilícito y peculado. Un año antes, el mis- mo gobierno zedillista ya había logrado su encarcelamiento, acusado de ser el autor intelectual del homicidio –en septiembre de 1994– del entonces presidente del PRI y excuñado de los Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Mas- sieu Salinas, actual secretaria de Turismo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Raúl Salinas pagó 10 años de cárcel antes de obtener su libertad por vía del amparo. El 14 de junio de 2005, durante el gobierno deVicente Fox, quedó exonerado del homicidio por el Segundo Tribunal Co- legiado del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México. Ya antes, en octubre de 2004, ese mis- mo Tribunal Colegiado de Toluca le había hecho ganar una batalla crucial para re- cuperar su dinero. En un fallo dictado el 8 de octubre de ese año, estableció que no había elementos para demostrar el peculado, porque la partida secreta de la Presidencia de la República se manejaba de manera discrecional para gastos con- fue ahora ratificado por el juez 13 de Distrito en Materia Penal federal para exonerar al con- tador de Salinas Juan Manuel Gómez Gutiérrez y a Jesús Gó- mez Portugal. Después de aquella reso- lución del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Tolu- ca, el magistrado Soda Ortiz fue reemplazado por Adalid Ambriz Landa y, ocho meses después, el mismo Colegia- do decretó la exoneración de Raúl Salinas del asesinato de Ruiz Massieu, quien tam- bién fuera gobernador de Guerrero. El cambio en el Tribunal Colegiado fue atribuido al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández, un priista que al inicio del gobierno de Carlos Sali- nas pasó del Poder Ejecutivo al Poder Judi- cial del Distrito Federal. De ahí regresó al Poder Ejecutivo y luego saltó a la justicia federal (Proceso 1725). Manuel Baraibar falleció en mayo pasado, luego de haber participado en una terna propuesta por el entonces presidente Felipe Calderón para convertirse en ministro de la SCJN. En sus homenajes luctuosos estuvo Valls Her- nández, chiapaneco como el magistrado fallecido. Desde su salida de la cárcel, Raúl Sali- nas se ha dedicado a impugnar una y otra vez en los tribunales federales para recu- perar su cuantioso capital. Luego de haber superado las acusaciones de peculado, de- fraudación fiscal y de lavado de dinero,aho- ra va por el cierre del caso para recuperar en definitiva su cuantiosa riqueza. En su defensa legal ha tenido una gran aliada, la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villa- vicencio, titular del Quinto Tribunal Unita- rio en Materia Penal en el Distrito Federal. Es la misma magistrada que en 2005 decretó la exoneración del expresiden- te Luis Echeverría y su secretario Mario Moya en la acusación que el gobierno de Vicente Fox les fincó como presuntos res- ponsables del delito de genocidio, por la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo. Velasco Villavicencio fue integrante del CJF hasta la reforma judicial del propio Ze- dillo en 1995. Su salida como consejera fue adjudicada en su momento, en el Poder Ju- dicial, a su supuesta relación con el salinis- mo. Se tituló de la licenciatura con la tesis Las sociedades mercantiles irregulares. A partir de abril de 2006, casi un año después de la excarcelación de Raúl Salinas, la magistrada le concedió una serie de amparos en la causa penal 37/1997-I y su acumulada 54/2002 por enriquecimiento ilícito. En agosto de 2006, tingentes. El operador era el director ge- neral de Administración de la Presidencia, Ernesto Sentíes Hoyos. Con esa decisión, los magistrados echaron abajo lo que había determina- do el juez Juan José Olvera López, titular del Juzgado 12 con sede en el Reclusorio Oriente, para quien en la causa acumula- da por enriquecimiento ilícito, la 52/2002 abierta contra Raúl Salinas, quedó demos- trado que entre 1990 y 1994 Sentíes fue quien recibió de la tesorería federal 2 mil 700 millones de pesos. Buena parte de ese dinero, 2 mil 227 millones de pesos, fue depositada en cuentas de Araceli y Francisco Vázquez Alanís, quienes trabajaban para Sentíes y quienes traspasaron las cuentas que Raúl Salinas disfrazó con los alias de Juan José González Cadena, Rolando Gutiérrez Gar- cía y Juan Manuel Gómez. Pero los magistrados José Nieves Luna Castro,Alejandro Soda Ortiz y Manuel Barai- bar Constantino determinaron que no había pruebas de que Salinas estuviera enterado o haya facilitado el desvío. Ese mismo criterio MiguelDimayuga En presidio. Tiempos oscuros Las Mendocinas. Remanso poblano
  10. 10. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 13 CORRUPCIÓN modificó el auto de formal prisión para que no se le suspendieran sus derechos políticos. Uno de los amparos más importantes para Salinas fue el que la magistrada dictó el 22 de mayo del año pasado, que dejó insub- sistente un fallo de 2007 del Segundo Tribu- nal Unitario en Procesos Penales Federales, que había confirmado el inicio de la instruc- ción en su contra por enriquecimiento ilícito. El amparo causó ejecutoria en junio de 2012. El caso se radicó en el Juzgado Déci- mo Tercero de Distrito en Procesos Pe- nales Federales. Junto con Salinas, en la causa penal fueron incluidos su conta- dor Juan Manuel Gómez Gutiérrez y Je- sús Gómez Portugal, señalados como sus prestanombres. Exonerado del delito de peculado, al mayor del clan Salinas, de 67 años, sólo le queda el de enriquecimiento ilícito, y el juez Carlos López Cruz propuso desecharlo yendo más allá incluso de la lógica de los magistrados del Segundo Tribunal Cole- giado de Toluca: Sí, El hermano incómodo es millonario, pero gracias a sus habilidades financieras, no porque se haya aprovecha- do de la Presidencia de Carlos Salinas. Concede: “El acusado se enriqueció… incrementó sustancialmente su patrimo- nio durante el tiempo en el que desem- peñó un empleo, cargo o comisión en el servicio público… en un periodo compren- dido de enero de 1985 a abril de 1992”. Salinas, en efecto, trabajó en la admi- nistración pública federal desde Miguel de la Madrid y continuó en la Presidencia de su hermano. Con De la Madrid fue ge- rente general de Diconsa, en la Conasupo; director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo. Con Salinas fue secretario técnico del Comité de Evaluación del Pro- grama Nacional de Solidaridad (Pronasol). La sentencia absolutoria asienta que en su primera declaración patrimonial Raúl Salinas declaró tener 10.6 millones de viejos pesos (60 mil dólares al cambio de 1983), y al dejar su último cargo públi- co, en 1992, su fortuna ascendía a 3 mil 603 millones de viejos pesos (52 millones de dólares). Esto significa que, en siete años, multiplicó su riqueza 339 veces. El juez López Cruz admite que el incre- mento sustancial del patrimonio de Raúl Salinas “no es acorde con los ingresos que recibió por los cargos públicos que desem- peñó”, y aunque acrecentó de tal forma su peculio que sin lugar a dudas se sostiene que experimentó un enriquecimiento, “no se encuentra plenamente acreditado que haya incrementado sustancialmente su patrimonio con motivo de su empleo, car- go o comisión en el servicio público y que haya adquirido bienes en contravención de… la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; es decir, que ese enriquecimiento y adquisición de bie- nes tenga como causa prácticas corruptas, irregulares o deshonestas… en el desem- peño del servicio público encomendado”. Además, esas dependencias ni tenían presupuesto propio y ni siquiera tenían fondo revolvente. La causa es otra, asen- tó el juez: “La efectiva inversión de sus haberes”. Por ello, dictó la sentencia ab- solutoria a su favor en la acusación de en- riquecimiento inexplicable. Lo que el juez sí admite es la existen- cia del delito de desvío de recursos de la partida secreta. Pero en este caso también libera del todo a Raúl Salinas. Él no tuvo culpa ninguna aunque los recursos llega- ron a sus cuentas. Argumenta: el dinero se distrajo de su objeto, que era satisfacer necesidades con- tingentes de orden público de la Presidencia de la República.Se desvió para fines propios o ajenos y eso está sancionado penalmente, pero para los efectos de este asunto resul- ta “irrelevante y por ende necesario que se acrediten los subsecuentes destinos que se haya dado a ese numerario, ya que en todo caso esas operaciones subsecuentes deben ser materia de diverso análisis”. Así absolvió a los operadores de Raúl Salinas, toda vez que el responsable prin- cipal, Ernesto Sentíes Hoyos, fue declara- do muerto el 28 de agosto de 1998. El juez fue muy claro en su resolución: una vez que cause ejecutoria la sentencia, se tiene que levantar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, derechos y cuentas bancarias en el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, More- los, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla. Pero “no se hace pronunciamiento alguno en relación a las cuentas bancarias abiertas en los países de Suiza e Inglaterra, puestas a disposición del juez 12 de Distrito de Materia Penal federal en la Ciudad de Mé- xico,en relación con la causa penal 54/2002”. Carlos Salinas siempre ha dicho que desconocía las operaciones financieras de su hermano, en especial los depósitos de 100 millones de dólares en el extran- jero. En su libro México. Un paso difícil a la modernidad, publicado en el año 2000 para exculparse y decir que la desgracia de su familia se debió a una persecución de su sucesor, dice: “El dinero que manejó mi hermano no provino de ningún acto de corrupción de mi gobierno”. De un plumazo, deslinda a su hermano en el desvío de las partidas secretas de la presidencia de la República durante su se- xenio. Dice que formó “un patrimonio con- siderable antes de trabajar en el gobierno”. Prefiere concentrarse en los millonarios depósitos en el extranjero, que estuvieron congelados en Suiza. Según El hermano incómodo, esos recur- sos fueron aportados por tres empresarios: Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon –hijo de Carlos Hank González– y Roberto González Barrera El Maseco,quien murió en agosto del año pasado. Su justificación es que querían crear un fondo para invertir en México. Dice Carlos Salinas en su libro excul- patorio: “Raúl debe responder por sus actos” y más aún: “Como ciudadano, por la duda que ha generado la constitución de ese fondo, considero que el dinero de Raúl debería regresar a México y aplicar- se en su totalidad y de manera exclusiva a resolver problemas sociales… Tengo la convicción de que Raúl entenderá que ese dinero que ofendió a la sociedad debe te- ner un destino de bien”. Al final del capítulo dedicado a la situa- ción patrimonial de su hermano, insistió: “Esos recursos deben regresar a México pa- ra ser utilizados a favor de los que menos tienen. Cuando… los procesos (penales) se lleven conforme a derecho, la sociedad mexicana en general y quienes servimos a México durante mi administración, tendre- mos de Raúl y de las evidencias objetivas, una explicación precisa sobre esos recursos que tanto daño han hecho”.Hace ocho años que El hermano incómodo salió de la cárcel, y todavía no existe esa explicación.
  11. 11. 14 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA L ejos de cumplir su promesa de generar una ley y crear un órga- no autónomo y ciudadano para asignar la publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió un acuerdo con fuerza reglamentaria mediante el cual concentra en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Oficina de la Presidencia de la Re- pública el poder para autorizar o rechazar los planes publicitarios de las dependen- cias y entidades federales. Utilizado históricamente como un ins- trumento de control para premiar o san- cionar la línea editorial de los medios de comunicación, el procedimiento no prevé una supervisión a la Segob, que tendrá un poder irrestricto en la materia, pues si bien la responsabilidad para contratar publici- dad corresponde a las dependencias y en- tidades federales, no podrán hacerlo sin la venia de su Dirección General de Normati- vidad de Comunicación (DGNC). Lo anterior puede apreciarse en el “Acuerdo por el que se establecen los linea- mientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2013”(Acuer- do 2013) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de julio. Ese acuerdo constituye el único ins- trumento para regular la contratación de publicidad gubernamental. Hasta ahora el gobierno federal no ha presentado ningu- na iniciativa de ley en ese sentido. Aunque debió publicarse a finales de diciembre pasado, el Acuerdo 2013 se pos- tergó más de un semestre. Los tiempos es- tablecidos por la Recomendación 35/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –aceptada por la Segob en agosto de 2012– indican que la elaboración de ese acuerdo debió realizarse durante los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Esta recomendación fue resultado de una queja, interpuesta desde 2009 por el director de Proceso, Rafael Rodrí- guez Castañeda. Para resolverla la CNDH demoró más de tres años, y a un año de emitida la recomendación la Quinta Visi- taduría la tiene por “aceptada, sin prue- bas de cumplimiento”. Incumplimiento El 27 de abril de 2009, Rodríguez Castañe- da presentó una queja ante la CNDH por considerar que el gobierno federal asigna- ba de manera arbitraria la publicidad de sus dependencias, lo que en ocasiones se utiliza como mecanismo de premiación o Una farsa,el Acuerdo 2013 sobre publicidad oficial OctavioGómez
  12. 12. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 15 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA castigo, según la línea editorial que sigan los medios. En su escrito, el director de Proceso ex- puso que al semanario se le restringió la publicidad gubernamental en el sexenio deVicente Fox y que el veto publicitario se exacerbó en el de Felipe Calderón, hasta reducir las compras a cero. “La asignación discriminatoria de pu- blicidad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expre- sión, además de que puede ser considera- da como un medio indirecto de presión o censura contra la línea crítica de Proceso,lo cual contraviene el ejercicio de la libre ex- presión”, planteó. Tres años después de presentada la queja, el 1 de agosto de 2012, la CNDH emi- tió la Recomendación 35/2012, en la que dio la razón al semanario. También obser- vó que el gobierno federal violó derechos humanos relativos a la legalidad, la segu- ridad jurídica y la libertad de expresión e información, al ejercer una censura directa o indirecta a partir de la discriminación en la contratación de publicidad oficial. La CNDH recomendó a Gobernación que para el ejercicio fiscal 2013 emitiera lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes para la asig- nación de contratos publicitarios como parte del Acuerdo 2013. Además, pidió que se implementara una adecuada su- pervisión de la manera en que se asigna la publicidad oficial, y que el gasto en la ma- teria se realizara conforme a los criterios antes señalados. La recomendación fue aceptada por el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero. Sin embargo, el plazo para aportar las pruebas de cumpli- miento –15 días después de la aceptación– no se aplicó. Esta falta de cumplimiento fue confir- mada a Proceso la tarde del viernes 2 por el quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista Jiménez. El primer punto de la re- comendación, dijo Batista, se refería a la emisión del Acuerdo 2013, y aunque ésta ya se realizó, aún no se evalúa. De hecho, la última comunicación en- tre la CNDH y la Segob en torno al caso ocurrió a principios de año, cuando repre- sentantes de Gobernación le informaron al ómbudsman que el Acuerdo 2013 no se emitiría sino hasta que se presenta- ra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. El argumento referido fue expuesto también el 13 de febrero último. El secre- tario de Gobernación, Miguel Ángel Oso- rio Chong, publicó entonces en el Diario Oficial de la Federación una modificación del Acuerdo 2012 para renovar los tiem- pos de presentación y trámite de los pro- yectos de comunicación social en tanto se aprobaba el Acuerdo 2013. La explicación fue aceptada por la CNDH en febrero, aun cuando el acuer- do en cuestión está vinculado al paque- te fiscal aprobado en diciembre de 2012, más que al PND presentado el 20 de mayo último. Discrecionalidad Los lineamientos del Acuerdo 2013 repro- ducen la mayor parte del contenido del Acuerdo 2012. La CNDH consideró que éste fomentaba la discrecionalidad y vio- Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende hacer creer que los mecanismos para la asignación de publici- dadgubernamentalserigenporcriteriosdetransparencia y equidad, el Acuerdo 2013 en esta materia reproduce los mismos vicios que el plan predecesor, sólo que con distinta envoltura. En el nuevo instrumento perduran los mecanismos que llevaron al director de Proceso, Rafael RodríguezCastañeda,ainterponerunaquejaantelaCNDH por considerar que el gobierno asigna arbitrariamente la publicidad de sus dependencias. Si bien la Secretaría de Gobernación aceptó la recomendación emitida por el óm- budsman,hasta ahora no la ha cumplido.
  13. 13. 16 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 No pago para que me peguen”, fue la frase que utilizó López Portillo para quitar la publicidad a Proceso. No era la primera vez que ocurría el atropello ni sería la última. Poco antes del golpe de julio de 1976, Echeverría había cabildea- do con las asociaciones patronales para que privaran de anuncios a Excélsior con la evidente intención de acorralarlo. En el sexenio pasado, el gobierno volvió a las andadas, al suprimir a partir de 2008 la presencia del gobierno federal en el semanario político más importante de México. La presión fracasó: Proceso no perdió su filo crítico. La discriminación persiste hasta ahora, pero no tiene ra- zón de ser: si Proceso no merece contar con publicidad oficial, entonces pocos medios merecen tenerla. No hace mucho conversé con Julio Scherer sobre el tema. “El otorgamien- to justo de la publicidad –me dijo– no es una potestad del gobierno en tur- no ni puede ejercerse por capricho. Es una obligación del Estado”. Estuve básicamente de acuerdo. Creo que el gobierno federal debe tener una legí- tima presencia en los medios, siempre y cuando ésta sea pública y publicable. “No hay nada más público que el anun- cio”, le dije a Scherer. “Que el gobierno publique a quién le da y cuánto, y que el público juzgue si esa publicidad es pertinente”. La pertinencia de un anuncio oficial en cualquier medio debería basarse en dos criterios principales: la penetración y la influencia. La penetración es ante to- Publicidad transparente E N R I Q U E K R A U Z E do cuantitativa, pero debe calificarse con criterios cualitativos. ¿Qué puede impor- tarle a un lector de una revista del corazón la política energética del gobierno? Es ahí donde incide la influencia,que por lo gene- ral está relacionada con la calidad.Quienes deben elegir la adecuada combinación de penetración e influencia, explicando sus criterios, son los departamentos de Co- municación Social de cada dependencia. Y quien debe juzgar si el contenido de la publicidad es útil y el vehículo adecuado, es el público.De llegar a cometerse excesos en la adjudicación de publicidad,debe acti- varse la presión pública. En redes y en me- dios se debe hacer la crítica del funcionario que la otorgó y del medio que la publicó. Los excesos deben combatirse con la crí- tica, más que con regulaciones o comités evaluadores. La palabra clave es transparencia. Y para hacer aún más transparente la con- tratación, no sólo el gobierno federal si- no los propios medios (televisión, radio, periódicos, revistas, etcétera) deberían tomar la iniciativa de hacer públicas sus cifras de publicidad oficial. El gobierno federal gasta miles de mi- llones de pesos en publicidad. Un estudio publicado por Etcétera (http://goo.gl/jP8xDh) en septiembre de 2009, correspondiente a 2007, 2008 y el primer trimestre de 2009, arrojó la cifra de 8 mil 779 millones 548 mil pesos de publicidad oficial para diversos medios. La distribución –medida en orden decreciente– era como sigue: televisión, 28.75%; radio, 17.64%; medios internacio- nales (radio yTV),16.41%; medios comple- mentarios (publicidad en exteriores, cine, agencias, internet, entre otros), 12.36%; di- seño, producción, posproducción y copia- do, 11.02%; diarios del DF, 5.77%; revistas, 3.62%; diarios de los estados, 3.41%; otros, 1.14%. En el rubro“Revistas”(que alcanza ape- nas 3.62% del total, es decir $317,819,640) el estudio muestra que Proceso recibió $1,983,030 en 2007, $99,360 en 2008 y cesó de recibir anuncios en 2009. El caso no es sólo insostenible, sino ridículo. No son muchas las revistas (o me- dios) que pueden vivir sin publicidad oficial. Proceso es una de ellas, por su cantidad de lectores. Letras Libres (en sus dos ediciones, la mexicana y la española) es otra (si se diera el caso), por la diversi- ficación de sus fuentes de ingreso, entre ellas sus anunciantes privados naciona- les y extranjeros. Letras Libres y Proceso no modifican su línea editorial por pre- siones. Letras Libres ha contado con una cuota de anuncios que representa 3% de la publicidad federal en revistas. Proceso merece eso y mucho más. Bajo cualquier criterio de penetra- ción e influencia, el gobierno federal debe considerar a Proceso en sus presu- puestos. El hecho de haberse mantenido todos estos años con un público nutrido, alerta y fiel es prueba de su penetración. Y es imposible negar su influencia. Si el gobierno quiere convencer a sus críticos sobre las reformas que propone, nada más natural que hacerlo en las páginas de los órganos que más duramente lo critican. laba los derechos de Proceso y de otras publicaciones. El cambio más relevante consiste en la incorporación de “criterios” para la planeación de las campañas, programas anuales y estrategias de publicidad oficial, expuestos en el artículo 3 del acuerdo, cuya fracción II establece que la distri- bución en el plan de medios de cada de- pendencia o entidad federal debe basarse en los siguientes aspectos: capacidad del medio asignado para llegar a la población objetivo; equidad entre los medios de co- municación que reúnan características análogas, y transparencia de la informa- ción relativa a la contratación de los me- dios utilizados en una campaña. Esos criterios son similares a los enlis- tados por la CNDH en el numeral 83 de la recomendación: “Se considera necesario que la Subse- cretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación elabore criterios y objetivos claros, transparentes y no dis- criminatorios en el otorgamiento y distri- bución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, pues una regulación adecuada disminuye la dis- crecionalidad para su asignación y propicia las condiciones necesarias para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, sin sujeciones a presiones externas o cen- suras indirectas.” Sin embargo, los “estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campa- ñas”, cuyo objetivo es obtener elementos para el proceso de planeación de éstas, se identifica entre los artículos reorgani- zados –antes era el artículo 8 y ahora es “
  14. 14. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 17 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA del artículo 65 al 78–, pero el contenido es idéntico. La CNDH consideró que esa norma- tividad gubernamental “es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación en medios publicitarios”. Esa y otras observaciones sirvieron para sustentar el segundo punto de la recomen- dación, el cual establece que “se lleve a cabo una adecuada supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las dis- tintas dependencias y organismos públicos federales que incluya la evaluación adecua- da de la asignación en la contratación que éstas realicen; asimismo, que el gasto en cada supuesto se realice conforme a proce- dimientos y criterios objetivos, imparciales, transparentes y no discriminatorios”. Con los criterios establecidos en los nuevos lineamientos y la conservación de lo referente a los estudios de pertinencia y efectividad, la omisión identificada por la CNDH se traslada a la Segob, a través de su Dirección General de Normatividad y Comu- nicación, según el artículo 22 del Acuerdo 2013, que establece: “Las dependencias y entidades no po- drán realizar contrataciones sin contar con la autorización de la DGNC, que inclu- ye la clave de identificación de campaña (publicitaria).” El nuevo acuerdo tiene otra innova- ción: faculta a la Presidencia de la Repú- blica para la autorización de contenidos publicitarios, propagandísticos y de difu- sión, pues será la Coordinación de Estra- tegia y Mensaje Gubernamental y, en el caso de los portales electrónicos, la Coor- dinación de Estrategia Digital Nacional las instancias que los aprueben. En el Acuerdo 2012 se ordenaba el ape- go al Manual de Identidad Gráfica del Go- bierno Federal, pero no mencionaba que era necesario el visto bueno de la Ofici- na de la Presidencia, sin el cual no serán autorizados a su vez por la DGNC, según se establece en los artículos 16 y 17 del Acuerdo 2013. Ahora, la contratación de publicidad ya no queda al arbitrio de las dependen- cias o entidades, sino que está sujeta a Go- bernación y a la Oficina de la Presidencia. Discrecionalidad concentrada: ninguna parte del Acuerdo 2013 indica la manera en que dichas dependencias garantizarán el cumplimiento de los nuevos criterios. Otra modificación se refiere al concepto de Plan de Medios de Comunicación. En el glosario establecido en el artículo 2, frac- ción XLVI del nuevo acuerdo se establece: “Los medios deben ser elegidos de acuerdo a los objetivos de alcance geográ- fico, frecuencia, capacidad y tarifas, bajo los criterios de equidad y transparencia.” El Acuerdo 2013 incluye como nuevo concepto el de propaganda gubernamen- tal definido en el mismo artículo 2 como “Difusión en medios de comunicación social sobre logros y acciones de gobierno que realizan las dependencias o entida- des de la administración pública federal”. La CNDH no ha fijado postura respecto a los nuevos lineamientos ni puede hacer- lo. Oficialmente, no los conoce. Según Ba- tista, Gobernación no ha tenido ninguna comunicación oficial con la CNDH tras la publicación del Acuerdo 2013, por lo que la comisión está solicitándole un informe donde se funde y motive el cumplimien- to de la recomendación, si es que con la publicación del Acuerdo 2013 pretende cerrar el expediente.
  15. 15. “Cocoa” ataca: El priista Vallejo entregó Michoacán a los narcos 18 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
  16. 16. M ichoacán es el foco rojo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con un gobernador en- fermo que pidió una segun- da licencia por seis meses, el crimen organizado muestra su poder en esa entidad y pone en jaque al man- datario interino Jesús Reyna con ataques indiscriminados a la Policía Federal y a la población, mientras los grupos de autode- fensa y las policías comunitarias se mul- tiplican y toman las armas para enfrentar la crisis de gobernabilidad. A diferencia deTamaulipas, en Michoa- cán el crimen organizado controla todo el territorio, sostiene la senadora panista Lui- sa María Calderón Hinojosa, y considera evidente que el gobernador con licencia, FaustoVallejo, cedió el poder a esos grupos delincuenciales. El presidente Peña Nie- to, dice, no ha dado suficiente atención a la entidad, además de que ha cancelado su visita en tres ocasiones. La legisladora señala que desde mayo la violencia se extendió a toda la entidad, y apunta que la gobernabilidad está sosteni- da con alfileres, sobre todo por la ausencia de Vallejo. A ello se suma la deuda pública de 12 mil millones de pesos, la aparición de grupos de autodefensa ciudadana en Tie- rra Caliente y los ataques de Los Caballeros Templarios a la Policía Federal, que ya co- braron 24 vidas, incluidas las bajas de cua- tro integrantes de la fuerza pública. Para la excandidata a gobernadora y hermana del expresidente Felipe Calde- rón, mientras las autoridades de Michoa- cán se debaten en la incertidumbre, los grupos del crimen organizado tienen el control de los policías municipales, algu- nos de los cuales participan en extorsio- nes contra la población. Esos grupos, afirma, controlan también la producción minera, así como la del agua- cate y el limón; cobran impuesto a comer- ciantes, empresarios, profesionistas, cam- pesinos, hoteleros, transportistas… a todo el que se les antoje. Es más: “Son los due- ños de las minas y manejan incluso los tre- nes que llegan a Lázaro Cárdenas”,sostiene. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (EN- VE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2011 Michoacán era una de las entidades con menores ta- sas de delitos a empresas; ocupaba el si- tio 16 entre las 32 entidades con índice de 2 mil 936 casos por cada 10 mil unidades económicas. La situación empeoró. En mayo pasa- do firmas como Saba y Danone salieron de la entidad luego de que en Tierra Ca- liente Los Caballeros Templarios bloquea- ran la distribución de sus productos. La in- timidación se inició a finales de mayo de 2012, cuando el grupo criminal atacó cen- tros de distribución e incendió 40 vehícu- los de la subsidiaria del Grupo PepsiCo en varios municipios porque realizaban “ac- tividades nocivas” contra sus sicarios. En algunos municipios de Tierra Ca- liente la gente ha optado por abandonar sus tierras. Según el diputado perredista Osbaldo Esquivel, cada dos semanas salen entre 30 y 40 personas rumbo a Guanajua- to y Jalisco. Desde que inició este gobierno la si- tuación en Michoacán es terrible, comen- ta la senadora Calderón, y asegura que el gobernador Fausto Vallejo dobló las ma- nos ante el crimen organizado. En las ciudades, dice, los secuestros y extorsiones están a la orden de día. Hoy, la delincuencia organizada controla todo el territorio. Los pistoleros de Los Caba- lleros Templarios piden cuotas a los pro- pietarios de los negocios; cuando se nie- gan, los amenazan. En Morelia proliferan los anuncios de “se renta o se vende”; mu- chos locales comerciales están vacíos. Eso sucede en todos lados, insiste la senadora. Meses después de los comicios de 2011, en los que Fausto Vallejo resultó ga- nador, relata Calderón Hinojosa, ella le pi- dió ayuda para los 28 candidatos a alcal- des panistas con la finalidad de enfrentar a los criminales. “Así están todos”, afirma Cocoa que le contestó el gobernador; y se pregunta: “¿Qué más se puede decir?”. Agrega que la falta de una autoridad les deja el terreno libre a todos los delin- cuentes, quienes le están cobrando al PRI el apoyo que le dieron durante la campa- ña electoral. Y así como Vallejo ganó la elección, también la debe. “Yo le pedí que no se arrodillara frente a los delincuentes organizados…”. –¿Se arrodilló? –Bueno. No ha podido hacer gran cosa; no ha podido cambiar funcionarios. El Cen- tro de Inteligencia, Comunicaciones y Man- do de la policía C4 lo tienen bajo control (los delincuentes). ¡Qué es eso! A los ministeria- les también los tienen bajo su control. ¡Qué es eso!Y no ha podido cambiar las cosas.Es- to no es un secreto, lo sabemos todos. La crisis de gobernabilidad El jueves 1, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió por primera vez con el gobernador interino Jesús Reyna, los representantes del Con- greso local, empresarios, académicos, los líderes de los partidos en el estado y se- nadores de la entidad. El encuentro duró más de tres horas y fue a puerta cerrada. Mientras el presidente Peña Nieto se recuperaba de la operación de la tiroides, Osorio Chong prometió a los michoacanos que el Ejército,la Marina y la Policía Federal continuarían en el estado.“hasta devolver- le la paz y tranquilidad”. Estarán ahí has- ta que la entidad tenga las instituciones y la capacidad en materia de seguridad para enfrentar a la delincuencia organizada, se- gún un comunicado de Gobernación. En medio de la violencia que envuelve a Michoacán, que incluye el asesinato de un vicealmirante de la Marina,el secretario de Gobernación,Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a recuperar la paz del estado, dijo, munici- pio por municipio. Pero la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, critica al partido en el poder, el PRI, por apoyar a Fausto Vallejo para la gubernatura a sabiendas de que estaba enfermo y fue éste –quien hoy se encuentra de licencia– el que cedió el poder a los grupos delincuenciales, dice la hermana del expresidente Calderón, cuya guerra contra el narco se inició precisamente en Michoacán. JOSÉ GIL OLMOS NARCOTRÁFICO 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 19
  17. 17. Osorio Chong declaró que las fuerzas federales irían “municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolver- les la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”. A su vez, el gobernador interino, Jesús Reyna, dijo que la renuncia del procurador Plácido Torres y la dimisión del secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, eran par- te de los ajustes en su equipo de trabajo. Cristóbal Arias –quien buscó dos veces la gubernatura arropado por el PRD e in- cluso fue senador por ese partido– sostie- ne que la estrategia de contención calde- ronista que ahora continúa Peña Nieto ha sido un fracaso. Sólo ha convertido a Mi- choacán en una zona de desastre, afirma. “La ingobernabilidad es tal –añade– que las autoridades locales son formales pero no gobiernan. Hemos desembocado en un Estado fallido, aun cuando lo nie- guen el gobernador y el propio presidente Enrique Peña Nieto.” Arias lo admite: La delincuencia orga- nizada ha sustraído parte del territorio al dominio gubernamental local. Si esta si- tuación no se resuelve, la violencia crimi- nal y de inseguridad se incrementará. Se- gún él, habrá más sangre en la mayor parte del territorio michoacano, con la posibili- dad de hacerse extensivo a otros lugares. Considera que la estrategia de seguri- dad para Michoacán no debe ser de con- tención, de patrullajes y retenes, sino de investigación, persecución, detención y congelamiento de bienes y cuentas banca- rias. Y advierte: para enfrentar la crisis ge- neral del estado, es urgente atender los pro- gramas de educación, salud y empleo. Durante la entrevista, realizada en sus oficinas del Senado, Luisa María Calderón insiste en que en Michoacán no hay cer- tidumbre porque Fausto Vallejo no logró que su gobierno despegara a causa de su enfermedad. Y en cuanto al interino Jesús Reyna,dice, parece estar más ocupado en cabildear para quedarse el resto de la gestión –dos años y medio– que en establecer un programa y en- frentar la crisis en el estado. Plantea: Valle- jo debe evaluar su salud. Si no puede conti- nuar, tendrá que dejar el gobierno a Reyna y permitir al estado recuperar la certidumbre. “Lo que ahorita necesitamos es certi- W ASHINGTON.- El gobierno de Es- tados Unidos no ha solicitado al de México la extradición de Mi- guel Ángel Treviño Morales, El Z-40, líder de Los Zetas, y ningún agen- te o funcionario estadunidense ha tenido acceso al narcotraficante, según pudo sa- ber Proceso a través de un funcionario de la PGR. En entrevista telefónica desde la Ciu- dad de México, el funcionario de la PGR, quien habló del caso bajo la condición del anonimato para “evitar problemas con el gobierno estadunidense”, sostie- ne que el gobierno de Barack Obama tie- ne necesidad y urgencia de interrogar al Z-40 por todo lo que este criminal pueda saber sobre las operaciones del narco- tráfico, de las redes de tráfico de perso- nas, lavado de dinero y otras actividades criminales que se realizan en México, pe- ro repercuten en Estados Unidos. “Lo más importante, y lo que siem- pre hacen los agentes de la DEA cuando tienen acceso a un capo mexicano del ni- vel del Z-40, es interrogarlo sobre la rela- ción que tienen los grupos del narcotráfi- co con las policías mexicanas, desde las municipales hasta la federal, pero sobre todo con la clase política del país. De este tipo de información que obtiene la DEA, aunque no la verifique, elabora investiga- ciones y encausamientos judiciales”, des- taca el funcionario de la PGR. El Z-40, capturado por elementos de la Secretaría de Marina la madrugada del pasado 15 de julio, a las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, enfrenta varias acu- Washington, marginado del “Z-40” J. JESÚS ESQUIVEL saciones en Estados Unidos por delitos co- mo secuestro, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros. Consultada por este semanario, la Se- cretaría de Gobernación insistió oficialmen- te en que en el operativo de inteligencia de la Marina que llevó a la aprehensión del Z-40 no participaron agencias federales estadu- nidenses, como la DEA, el FBI o el Pentágo- no (Proceso 1916). Desde el 1 de diciembre de 2012, al arrancar el sexenio de Enrique Peña Nieto, su gobierno cambió la estrategia y enfo- que de cooperación con las agencias fe- derales de aquel país que tienen presencia en México. El cambio se aplicó de manera especial en la relación con la DEA. En el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Felipe Calderón permitió que las agencias estadunidenses, de mane- ra indirecta, dirigieran prácticamente to- das las operaciones contra el narcotráfico. Desde las Oficinas Binacionales de Inte- ligencia, una en la Ciudad de México y la otra en Escobedo, Nuevo León, la DEA, la dumbre –reafirma–, que nos digan hacia dónde y cómo hacerlo para que los dipu- tados hagan su tarea, para que el gober- nador tenga claro a dónde va, para poder- le pedir cuentas y los senadores podamos empujar.” El PRI, insiste, tiene una enorme respon- sabilidad porque desde el proceso electoral sus dirigentes sabían que Fausto Vallejo es- taba enfermo y lo eligieron candidato, y ya comogobernadorinsistieronenmantenerlo. “Decir que no pasa nada no nos ayu- da, las cosas han ido empeorando”, reite- ra, y señala que hay muchos responsables por la situación de Michoacán, incluidos los dos gobernadores del PRD, Lázaro Cár- denas Batel y Leonel Godoy. Sin embargo, en esta parte de la entre- vista Cocoa omite citar a su hermano Felipe Calderón, quien apenas arribó a Los Pinos declaró su “guerra” al narcotráfico despla- zando tropas del Ejército y policías federa- les a Michoacán, su estado natal, con los resultados desastrosos que ahora han he- cho crisis en la región. Viejos problemas Según Calderón el narcotráfico en Michoa- cán se remonta a la Segunda Guerra Mun- dial, cuando los gobiernos de México y Es- tados Unidos firmaron un contrato por el cual el primer país se comprometió a en- viar cargamentos de mariguana en cigarri- llos y goma de opio para que allá se produ- jera heroína y se mandara a los soldados del frente de batalla. “Hasta allá –relata– se remonta la histo- ria. Se desgaja de Sinaloa a Michoacán, don- de se siembra desde hace muchos años.” OctavioGómez Calderón Hinojosa. “Queremos certidumbre” NARCOTRÁFICO 20 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
  18. 18. mento de hacer la prueba de verificación de la identidad al detenido”, sostiene la fuente de la PGR. No lo extraditarán “por ahora” El gobierno de Peña Nieto desconfía de los agentes de la DEA y de sus métodos de in- vestigación, pero aún más de los mecanis- mos y formas que utilizan para elaborar los informes confidenciales que envía de México a Washington, con base en los cuales se formulan cargos o señalamientos contra narcotraficantes y políticos. “El gobierno de Estados Unidos ha pe- dido acceso a Treviño Morales. Se les ha negado porque la PGR y el comisionado na- cional de Seguridad (Manuel Mondragón y Kalb) no quieren que en este momento los agentes de la DEA intervengan en el caso”, reitera el funcionario entrevistado. Treviño Morales ingresó el 20 de julio al Centro Federal de Reclusión número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y es ahí donde el gobierno de Estados Unidos ha solicitado tener acce- so a él. Al relevar Jesús Murillo Karam a Marise- la Morales en la PGR, el gobierno de Peña Nieto descubrió la intervención de los agen- tes de la DEA en muchas de las investiga- ciones más delicadas y sensibles: “Una de las primeras decisiones que se tomó al re- CIA, el FBI, el Pentágono y el Departamen- to del Tesoro de Estados Unidos maneja- ban a su antojo todos los sistemas de inte- ligencia dirigidos a la lucha contra el narco en territorio mexicano. De acuerdo con el funcionario entrevis- tado, “la procuradora Marisela Morales le dio licencia a la DEA para hacer lo que qui- siera dentro de la PGR. Sus agentes tenían incluso acceso a las líneas de investigación que se realizaban y a las averiguaciones previas, pero con la llegada del nuevo go- bierno se puso un alto a esos atropellos”. Y explica que a fin de reestructurar los sistemas de inteligencia de México y la rela- ción con las agencias de Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto congeló la coopera- ción con la DEA, y mantuvo parcialmente la colaboración con la CIA y el FBI. “Pocos tomaron nota de esto, pero le recuerdo que el día de la captura de Treviño Morales, por primera vez en muchos años, en México no estuvo presente ningún agen- te de la DEA ni de otra dependencia de Es- tados Unidos. Tampoco estuvieron al mo- Cuenta una anécdota: Afirma que en 1986 ella atestiguó el poder del narco du- rante la campaña de su correligionario Luis Mejía Guzmán. Un día, en una plaza apare- ció un chico de 13 años a bordo de una ca- mioneta con rines de magnesio y un cuer- no de chivo. “Traía un enorme aparato de sonido y decía que no iba a la escuela, que él trabajaba moviendo macetas de día ha- cia donde estaban los rayos del sol. Lue- go vimos a otros chiquillos con los dedos negros por estarle quitando la goma a las amapolas”. Por esas fechas empezaron a secues- trar mucha gente. Decían que en tiem- po de estío el negocio de la venta de dro- ga se equilibraba con plagios: “Empezaban los secuestros de gente adinerada en los municipios pequeños, como Ario de Rosa- les, pero también en Uruapan y Aguililla. Cuando íbamos a Lázaro Cárdenas (los si- carios) ponían en fila a los autobuses, ba- jaban a la gente, le quitaban sus cosas; ha- bía incluso violaciones. AlanOrtega Semar Treviño Morales. Aislamiento Reyna y Osorio Chong. Compromiso 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 21
  19. 19. “Así que no es un tema nuevo.Tiene mu- chos años,pasan muchos años y ya hay este tipo de diversificación”, cuenta la senadora. Las cosas fueron empeorando. En el se- xenio de Vicente Fox crecieron las narco- tienditas,así como la producción de drogas sintéticas –hoy Michoacán ocupa el primer lugar en este fenómeno– y la aparición de grupos locales del crimen organizado. En 2006 el narcomenudeo se tipificó como delito federal y se hizo concurren- te su persecución en los estados, pero en Michoacán no se legisló en la materia y se dejó crecer el problema, comenta. Además, agrega, la delincuencia orga- nizada comenzó a actuar con la siguiente lógica: “‘Bueno, si estos policías estatales y municipales van a ser mis enemigos, mejor los hago mis amigos’. Entonces empieza a cooptarlos.La primera llamada de atención grave fue el secuestro de la secretaria del ayuntamiento de Uruapan en 2007”. Ese mismo año personeros de las ban- das delincuenciales citaron a los aguaca- teros en un hotel.Ahí, presuntamente Na- zario Moreno, El Chayo, les pidió una cuota para protegerlos. Y como los aguacateros aceptaron, los cobros de piso se extendie- ron a los productores de limón y a los em- pacadores de los ejidos, según Cocoa. En 2009, advierte, los grupos crimina- les irrumpieron en la política. En el proce- so electoral intermedio, que ella coordinó para el PAN, a varios precandidatos de los specto fue cerrarles inmediatamente todo el acceso que la exprocuradora Morales les había concedido”, comenta el funcionario de la PGR. –¿Por qué le tenía tanta confianza la ex- procuradora a la DEA? –se le plantea al en- trevistado, con varios sexenios en la PGR. –Porque a través del informante Jenni- fer (Roberto López Nájera), que le puso la DEA en charola de plata, se puso en mar- cha la Operación Limpieza y ello le ayudo para saldar cuentas con varios enemigos suyos y de la gente que la protegía a ella en la Secretaría de la Defensa, o de sus colaboradores más cercanos dentro de la PGR. –¿Quiénes? –Noé Ramírez Mandujano, Javier Herre- ra Valles y el general Tomás Ángeles Daua- hare, por ejemplo. Conforme al recuento de hechos que hace el entrevistado, en la PGR dirigida por Morales “se elaboró una línea de investi- gación, no una averiguación previa”, sobre una presunta relación entre Ramírez Mandu- jano y Treviño Morales. “En la PGR creemos que la DEA quiere el acceso a Treviño Morales, entre otras co- sas, para darle seguimiento a esta línea de investigación de la cual ellos fueron la fuen- te básica para que Morales autorizara su elaboración”, insiste el funcionario. –¿Por qué se detuvo la línea de investi- gación sobre la presunta relación del Z-40 con Ramírez Mandujano? –pregunta el reportero. –Porque las declaraciones de Jennifer so- bre la relación de Ramírez Mandujano con el Cártel de Sinaloa se las garantizó la DEA a la procuradora Morales… y ya ven lo que pasó. El entrevistado afirma que “por aho- ra, y en el corto y mediano plazo”, no hay planes para entregar a Treviño a la justicia estadunidense. Dice que la prioridad del go- bierno mexicano es interrogar al máximo al Z-40 sobre todo tipo de actividades crimina- les en las que están inmiscuidos Los Zetas. Reitera la necesidad de averiguar el pa- radero de miles de personas desaparecidas, la ubicación de rutas y plazas del trasiego de drogas, las alianzas y confrontaciones con otros grupos criminales, “y obviamente darle seguimiento a lo que pueda decir Tre- viño Morales sobre la presunta relación de Los Zetas con políticos, policías y funcio- narios de todos los niveles del gobierno, e incluso en el extranjero”. También descarta que sea una decisión invariable la negativa del gobierno mexicano a darle acceso al Z-40 a la autoridad estadun- idense: “Esto puede cambiar, dependiendo de la actitud que tome Washington sobre las nuevas restricciones que se impondrán a sus agencias de inteligencia y a la DEA en México (…) Primero tendrán que ser menos injerencis- tas en los asuntos nacionales y, en segundo lugar, modificar sus métodos de trabajo e in- vestigación en el territorio mexicano”. Proceso pidió al Departamento de Jus- ticia de Estados Unidos aclarar si solicitó o no al gobierno mexicano la extradición de Treviño Morales. Al cierre de esta edición, la respuesta no había llegado. EnriqueCastroSánchez/Procesofoto municipios pequeños de Tierra Caliente y del oriente de la entidad los grupos crimi- nales les dijeron que no contendieran por- que ellos iban a poner a los candidatos. “El día de las elecciones amenazaron a nuestros representantes de casilla. Les pidieron no presentarse y amenazaron con matar a quienes votaran por nues- tros candidatos. Además, a algunos de nuestros candidatos los levantaban para asustarlos.” Asimismo, el crimen organizado logró imponer a los jefes de la Policía Municipal y a los agentes ministeriales. “Los secuestros se repiten una y otra vez. Muchos decían: ‘A mi hijo lo secuestra- ron y cuando lo llevé al Ministerio Público a ratificar la denuncia, se orinó en la puer- ta porque los secuestradores eran ellos’.Al- gunas gentes cuentan que los secuestraron y los trajeron en una patrulla varios días, mientras escuchaban por radio cuando le decían a la policía del municipio: ¡Ábrame cancha porque aquí traigo uno!” En el proceso electoral estatal de 2011, la situación fue parecida, advierte la sena- dora. “Teníamos señales desde los cierres de campaña; algunos candidatos nuestros ya no llegaron. Después nos dijeron que los habían levantado, que los mandaron llamar para decirles: ‘¡Mejor ni se metan!’”. “Ellos (los sicarios) dicen a quién van a apoyar, y si a pesar de ello la gente participa y gana, ellos van y cobran.Y deciden quién debe quedar en la Policía Municipal.” Y así como rechaza la idea de la desaparición de poderes en Michoacán, se muestra contraria a la realización de comi- cios extraordinarios, porque, dice, es im- posible llevarlos a cabo sin la injerencia de Los Caballeros Templarios.Vallejo. Doblegado NARCOTRÁFICO 22 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
  20. 20. Cuando el crimen organizado se apoderó de Sauci- llo, Chihuahua, los hermanos Ponce alzaron la voz para quejarse e interponer denuncias ante unas autoridades que al final nada hicieron. Eso selló su destino. A partir de entonces fueron sometidos a una serie de agresiones, amenazas... y asesinatos. Tuvieron que abandonar sus propiedades y esca- par de su tierra para conservar la vida. Ésta es una de las miles de familias mexicanas a las que el Es- tado les ha fallado en la materia más elemental: la seguridad. S AUCILLO, CHIH.- Prósperos ganade- ros, abarroteros, empresarios... los nueve hijos e hijas de Jacob Ponce Armendáriz supieron tra- bajar el legado de su padre e hi- cieron crecer negocios, familias y propiedades al tiempo que daban empleo a los habitantes de esta localidad y de la vecina Delicias. Pero hace cuatro meses casi todos los miembros de este clan tuvieron que huir del estado a toda prisa, prácticamente con lo que traían puesto. Abandonaron casas, negocios, ranchos, empleados; dejaron a sus hijos sin escuela. Una guerra sin cuartel se había desa- tado contra ellos. En los últimos tres años fueron víctimas de secuestros y homici- dios (mataron a uno de los hermanos y a dos de los miembros más jóvenes de la fa- En Chihuahua, familias enteras pulverizadas VERÓNICA ESPINOSA Y PATRICIA MAYORGA Foto:Especial Los Ponce Ríos. Bajo asedio 24 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
  21. 21. milia). Sus propiedades –ahora lejos de su vigilancia– han sido saqueadas e incendia- das. Los ataques alcanzaron incluso a al- gunos de sus empleados, quienes han si- do asesinados. A los Ponce Ríos los persigue la delin- cuencia organizada que se asentó en esa región del centro de Chihuahua hace más de 20 años, pero que cobró fuerza el sexe- nio pasado. Su decisión de denunciar, de acudir a todas las instancias estatales y federales, su empeño de buscar justicia luego de los primeros ataques en su contra se ha topa- do con la sordera –si no es que complici- dad con las mafias– de las autoridades, las cuales incluso han pretendido hacer ver a los Ponce Ríos como delincuentes impli- cados en el trasiego de drogas. La alternativa que les presentó el gobier- no de Chihuahua –por conducto de la Fisca- lía General (FG)– fue ofrecerles el traslado a otro estado amparados en nuevas identida- des. No aceptaron “por desconfianza”. Por su cuenta, en distintas fechas en- tre marzo y abril de este año, 48 integran- tes de la familia Ponce Ríos abandonaron todo y se reunieron fuera de Chihuahua. En su improvisado refugio hablaron con Proceso de sus vidas trastocadas, su in- certidumbre, su dolor y su coraje. Sentados alrededor de una mesa en una de las viviendas donde literalmente se amontonan, están los hermanos Pon- ce Ríos: Víctor Manuel, Saúl, Armando, Jai- me, Dora Elba y Jacobo junto con su ma- dre, María de Jesús Ríos viuda de Ponce. Faltan Magdalena y Jorge Luis. Sigifredo, séptimo de los nueve hermanos, fue ase- sinado el pasado 11 de marzo último. “Emocionalmente está uno como en arresto domiciliario; dañado, encerrado y sin poder hacer nada”, describe uno de los hijos de Dora Elba, quien salió de Chihua- hua con su esposa e hijos tras malbaratar su empresa de poliuretano. Duermen sobre colchones y colcho- netas amontonados en el piso. Hay herra- mientas y algunos aparatos eléctricos que alcanzaron a sacar de sus negocios. Con- siguieron dos casas en un fraccionamien- to con vigilancia, aunque eso no amaina el desasosiego. Uno de ellos pudo instalar un pequeño supermercado, en el cual tra- tan de ocuparse todos,“porque si nos que- damos quietos o se acaba el trabajo, nada más estamos piense y piense”. Tienen las huellas del trabajo rudo en las manos. Todos nacieron en Estación Conchos, comunidad de Saucillo donde su abuelo vendía carne en un carretón y lue- go su padre abrió la primera carnicería local. Luego se hicieron productores de car- ne, abarroteros y hasta exportadores. Dora Elba optó por las boutiques.Ya tenía varias. Pero en los ochenta llegó a Saucillo la familia Gandarilla García y con ellos co- menzaron a tener lugar algunas activi- dades clandestinas: carreras de caballos, juego y distribución de drogas. El panora- ma local cambió. Dos de los hermanos Ponce quisieron incursionar en política y contendieron por algunos cargos públicos. Jacobo, por ejem- plo, fue candidato del PAN a la presidencia municipal en 2004. “Nunca nos han gustado las injusticias; siempre hemos puesto el dedo en la llaga y eso no les ha gustado a muchos”, dice Jaco- bo. “Al exgobernador Patricio Martínez nos lo echamos encima cuando tomé la caseta de peaje Saucillo-Delicias en protesta por el cobro”. “En los municipios de Saucillo y aleda- ños (Julimes, Meoqui, Rosales y Delicias) se vive un clima de inseguridad, horror, in- gobernabilidad y muerte presentes en su máximo nivel... extorsión, secuestro, ro- bos, cobro de cuotas, amenazas, incendio de negocios y asesinatos es con lo que está viviendo la sociedad de estos municipios y vemos que día a día van en incremento”, dice uno de los tantos escritos del grueso expediente con el que los Ponce Ríos han acudido ante la FG, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacio- nal de los Derechos Humanos,la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Ofici- na de la Presidencia, entre otras instancias. “Las autoridades están al servicio de es- tas personas que tienen el control de Sau- cillo, los hermanos Abel y Félix Gandari- lla García, que llegaron al estado huyendo porque uno de sus hermanos mató a una persona importante... tienen sicarios a su servicio y se dedican al crimen organizado, narcotráfico, abigeato, secuestros; desgra- ciadamente nadie de sus víctimas se atre- ve a denunciarlos”, refieren estos escritos en poder de la Fiscalía Especializada en In- vestigación y Persecución del Delito (de la FG) y de la Sedena. A los Gandarilla –de quienes se dice que están al servicio del Cártel de Sina- loa– y sus lugartenientes se les suele ver en las cabalgatas tradicionales que tie- nen lugar en los municipios de la región, acompañando a presidentes municipales y a diputados locales y federales. Un secuestro, tres asesinatos La pesadilla comenzó el 14 de noviembre de 2010 con el secuestro de Víctor Manuel Ponce Reyes (hijo de Víctor Manuel Pon- ce Ríos), quien estuvo cuatro días en po- der de sus plagiarios. La FG envió a una negociadora para apoyar a los padres, pe- ro éstos prefirieron actuar por sus propios medios.“Supimos quiénes fueron”, dice el padre del muchacho. A Jacobo le mataron dos hijos. En 2011 Bersaín Gerardo, de 32 años, fue molido a golpes y abandonado afuera de un inmuebleenlaAvenida11yEjidodeSaucillo. Al respecto, Eduardo Esparza Rodríguez, portavoz de la Fiscalía Zona Centro informa a Proceso que el dueño de la vivienda afue- ra de la cual encontraron el cadáver, Pedro Guadalupe Ochoa Salinas, aseguró que es- tuvo ingiriendo bebidas con Gerardo y acep- tó que lo mató, aunque no se sabe la causa. Para despistar, el homicida dejó un mensaje cerca del cuerpo: “Por ser línea y a todos los del Chapo”, pero según la inda- gatoria se encontraron manchas de sangre en su ropa y en su casa, por lo que fue dete- nido –un año después del asesinato– y sen- tenciado a ocho años de prisión. Los Ponce identifican a Pedro Guadalupe como hijo de Toribio Ochoa, quien años antes fue si- cario de los Gandarilla. “Gerardo fue asesinado por los mismos integrantes de la delincuencia y el narco- tráfico ya señalados, pero le dieron otra lí- nea a la investigación”, afirma Jacobo. Otro hijo de Jacobo, Jonathan Ponce Carrasco, de 14 años, murió acribillado en la camioneta en la que viajaba el pasado 8 de febrero junto con su primo Víctor Ma- nuel, quien aparentemente era el blanco del ataque. Horas antes había sido asesinado en Delicias Abel Gandarilla García –a quien señalan como el jefe del grupo delictivo que asuela la región– aparentemente por un grupo rival. Su tienda en Saucillo. Quemada y tiroteada Foto:Especial NARCOTRÁFICO 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 25
  22. 22. Los Ponce Ríos asumen que en una ac- ción de represalia, el grupo de Abel persi- guió la camioneta en la que viajaban Víc- tor y Jonathan –y en la cual habían ido a entregar ganado al rastro de Camargo– hasta que los hicieron chocar. Víctor escapó y corrió hasta ser resca- tado por unos soldados. Su primo quedó hecho un ovillo en el vehículo. Sobre este caso el vocero de la fiscalía indica que según el expediente 95-31/2013 un juez de garantía giró órdenes de apre- hensión contra las dos personas identifi- cadas como las agresoras. Tras el segundo ataque contra su hijo y puesto que recibió amenazas de muer- te, Víctor Manuel Ponce Ríos fue el prime- ro en salir de Chihuahua el 16 de febrero. “Recibimos llamadas y a nuestros ami- gos les llegaban versiones de que querían acabar con todos los Ponce; mi hijo había reconocido a los que iban por él y preferí darle seguridad”. El 11 de marzo, mientras Jacobo y otros S AUCILLO, CHIH.- El año pasado el campo de batalla entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa –los cuales se disputan una ruta privilegiada para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos– se desplazó de Ciudad Juárez y de la capi- tal estatal a la zona centro-sur y a la región serrana de Chihuahua. Los homicidios dolosos aumentaron en esta región desde 2012, sobre todo en Ca- margo, Delicias, Meoqui, Rosales y Saucillo. El pasado febrero el Observatorio Ciudada- no de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua informó que el año anterior se in- crementó ese delito en 24 municipios. Entre ellos se menciona a Jiménez, Ca- margo, Delicias (de la zona centro-sur), Gua- chochi y Guadalupe y Calvo (de la Sierra Ta- rahumara), con una tasa superior a 100 ho- micidios por cada 100 mil habitantes. La misma organización reveló que tam- bién se incrementaron los secuestros en los municipios de Delicias, Camargo, Jiménez, Cuauhtémoc, Guachochi, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua. En contraste, en el municipio de Juárez los homicidios disminuyeron 35% de 2011 a 2012. Saucillo vio incrementada la violencia en 2010, cuando se reportaron 23 asesinatos. En 2011 fueron 27. Durante 2012 la estadís- tica disminuyó a ocho, pero este año el ín- dice volvió a aumentar con por lo menos 13 asesinatos. En este municipio no hay regis- tros de homicidios antes de 2007. Una consulta al sistema de transparen- cia Infomex revela que más de 70% de las víctimas de asesinato en Chihuahua eran trabajadores agrícolas; el resto eran comer- ciantes, electricistas, mecánicos y un rotu- lista. De 10% no se conoce el oficio. En más de 75% de los casos no hay consignados. La región centro-sur de Chihuahua es pa- so obligado para trasladarse de Juárez y de la capital estatal hacia el centro y sur del país. Durante los primeros años de la guerra contra el narcotráfico, 2007 y 2008, el índice de homicidios en esta región era muy bajo. Por ejemplo, Camargo no registró nin- guno en 2007; en 2008, cuando se recrude- ció la violencia en Juárez, sólo dio cuenta de nueve; en 2009 fueron 51; en 2010, 70; en 2011, 65, y en 2012, 90. Una de las muchas víctimas recientes en esta región fue el exalcalde panista de Juli- mes, David Carrasco Carnero, de 52 años, muerto a tiros el pasado 24 de febrero; su ca- dáver fue hallado bajo un puente varias horas después de reportada su desaparición. Carrasco aspiraba nuevamente a la al- caldía. Dedicado a la agricultura, había de- nunciado las acciones criminales de un gru- po delictivo que operaba en la región. Nuevos embates El discurso del gobierno del estado es “dis- tante de la sociedad”, señalan pobladores del municipio de Camargo, pues el goberna- dor se ha empeñado en declarar que la en- tidad está en paz gracias a su estrategia de seguridad. Habitantes de la región centro-sur del estado coinciden en que el año pasado hu- bo un breve periodo de “paz aparente” lue- go de la captura del presunto jefe del Cártel de Sinaloa en el sur del estado, Lamberto Gurrola, El Gato. La gente trató de recomponer la econo- mía y su vida, pero la violencia los atacó de hermanos estaban en la Comisión de De- rechos Humanos de Chihuahua para inter- poner una queja contra la FG, fueron avisa- dos del asesinato de su hermano Sigifredo. “Sigifredo era el ángel de la familia; al- truista y generoso, ayudaba a todo el mun- do. Ese día estaba en su negocio, en un lo- cal que rentaba en un centro comercial de Delicias, y llegaron varios hombres en un vehículo; dos entraron y le preguntaron: ‘¿Tú eres Sigifredo Ponce Ríos?’. Cuando respondió afirmativamente le dispararon en la cabeza, frente a sus empleadas”, na- rra Víctor Manuel. De la investigación del homicidio de Si- gifredo Ponce –expediente 9663-461/2013– el vocero de la FG consultado por Proceso no dio información. Sólo mencionó que el día de este ho- micidio, en un rancho propiedad de Víc- tor Manuel Ponce Ríos fueron asesinados otros cuatro hombres y que en ese mismo sitio las autoridades decomisaron mari- guana, armas y “parque” de diferentes ca- libres –incluso del conocido como matapo- licías– y uniformes de equipo táctico. Víctor Ponce Ríos muestra a las repor- teras las declaraciones ministeriales y ofi- cios donde denuncia que el armamento, los uniformes y la droga fueron “sembra- dos”, pues los sicarios ratificaron su ame- naza de acabar con toda la familia. “Por no callarnos, porque no nos deja- La región se inunda de sangrePATRICIA MAYORGA Foto:Especial Casa de Dora Elba. Abandono

×