Informe nro. 2

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CASO 1992 CITDH

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Informe nro. 2

  1. 1. INFORME Nro. 2 I. ANTECEDENTESEl Autogolpe de 1992 fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril porAlberto Fujimori en ese entonces Presidente de la República con el respaldo de lasFuerzas Armadas, mediante la disolución violenta e inconstitucional del Congreso de laRepública, la intervención del Poder Judicial, la toma de varios medios de comunicación—radiodifusoras, canales de televisión y periódicos de difusión nacional— y lapersecución hacia algunos miembros de la oposición.Tras ganar las elecciones de 1990, Cambio 90 el partido oficialista, no obtuvo mayoría enel Congreso de la República -Cámara de Diputados y Senado- frente a la mayoríasrelativas del Partido Aprista Peruano y el Fredemo. Ambas Cámaras, sin embargo lehabían delegado tres períodos sucesivos (180 días cada uno) de facultades legislativascon la finalidad de permitir las reformas económicas necesarias. La oposición querevisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo,se sintió ofendida porque el presidente había observado más de diez autógrafas de leydados por el Legislativo.1 Asimismo una comisión del Senado investigaba los casos deviolaciones a los derechos humanos, por los que fue juzgado y se encuentra presoactualmente Alberto Fujimori.2 De esta forma el congreso de la republica se centró enaumentar su presupuesto, extender las cédulas vivas a los ex congresistas (posiblementepara asegurar el futuro de los padres de la patria), sin embargo para temas frontales de lalucha antiterrorista no llegaban a mayoria y muchas de las sesiones claves no contabancon el quorúm suficiente para las aprobaciones respectivas.Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sinfiscalización y con una evidente falta de cooperación por parte del Congreso, Fujimoridecidió el domingo 5 de abril de 1992 disolver el Congreso de la República. El martes 7de abril se publicó la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y ReconstrucciónNacional.Cabe resaltar que la OEA participó durante este cierre arbitrario, como lo consta losdocumentos publicados en el Diario "El Peruano" de aquella epoca. Adicionalmente seidentificó que una de las capturadas cabecillas principales con Abimael Guzman, eraMeche Sambrano Padilla, que fue liberada por el poder judicial que funcionaba antes del05 de abril. Uno de los motivos mas para reestructurarlo (Mensaje a la Nación posterior al05 de abril)Asi pues según el mismo Fujimori en su discurso el día domingo 5 de abril de 1992 nos daalgunos ejemplos de por que se llega a esta decisión:Discurso Presidencial. La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios norespeta, tampoco, los mandatos constitucionales, los cuales son violadosconscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Leyde Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República quepretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar.
  2. 2. Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista,cuando se niega al Presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia.Incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes dificultadeseconómicas, el Congreso ha elevado, groseramente, su presupuesto y extendido,indebidamente, las cédulas vivas a ex parlamentarios. Esta actitud demuestra la totalindiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en eltrabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente.Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el Hemiciclo nocontaba con quórum. Así, muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país,quedan encarpetados por irresponsabilidad, desidia, holgazanería de los mal llamados“Padres de la Patria”.Cierre del CongresoEs menester resaltar que la Constitución entonces vigente (1979) preveía una eventualdisolución de la Cámara de Diputados tras la negación de confianza o censura de tresconsejos de ministros sucesivos:Artículo 227. El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara deDiputados si ésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.Artículo 228. El decreto de disolución expresa la causa que la motiva.Incluye la convocatoria a elecciones en el plazo perentorio de tres días, de acuerdo con laley electoral en vigor al tiempo de la disolución.Si el presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o laselecciones no se efectúan, la Cámara disuelta se reúne de pleno derecho, recobra susfacultades constitucionales y cesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de susmiembros pueda ser nominado nuevamente para ministerio alguno durante el períodopresidencial.La Cámara elegida extraordinariamente completa el período constitucional de la disuelta.Artículo 229. El presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputadosdurante el estado de sitio ni de emergencia.Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato.Durante ese término, la Cámara sólo puede votar la censura del Consejo de Ministros ode cualesquiera de los ministros con el voto conforme de por lo menos dos tercios delnúmero legal de diputados.El presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución sino una sola vezdurante su mandato.El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori instauró el "Gobierno de Emergencia yReconstrucción Nacional".4 Esta medida logró realizar lo siguiente: Disolver el Congreso de la República del Perú, removiendo y neutralizando a sus opositores políticos. Dejar en suspenso la Constitución de 1979 en lo relacionado a los artículos que se oponían a la instauración del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
  3. 3. Convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, elecciones en las cuales obtuvo una amplia mayoría popular,[cita requerida] cuya función fue sancionar una nueva Constitución política del Perú.Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero esigualmente cierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturasordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que, casi al término del presentemandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para lareconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso se decide a aprobar lasmodificaciones necesarias, incluyendo aquéllas que son contrarias a los intereses de lospropios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no-reelección.¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundosque a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, niel Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a latransformación y el progreso.Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías yme he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procuraraligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar lassiguientes trascendentales medidas. 1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. 2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. 3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.5Reacciones localesMuchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre losmás destacados se encontraban: Miró Quesada; “Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso” Mario Vargas Llosa; quien llamó a una insurgencia popular. Alan García Pérez; quien tras enterarse del golpe y de -según su versión- escapar de un intento de asesinato, pidió asilo político y se exilió en Colombia, evitando ser capturado y obligado a responder por los supuestos actos de corrupción que existieron en su gobierno (1985-1990). Fernando Belaúnde Terry; no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó a éste al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.7 8
  4. 4. Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de Diputados y senadores en diversos lugares.En el contexto de la situación descrita tuvieron lugar los acontecimientos que motivaron ladenuncia interpuesta por el ex presidente Alan GARCIA PEREZ ante la ComisiónInteramericana de DD.HH contra su persona, la de su esposa y de sus hijos.BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS CORTE INTERAMERICANA DD.HHEn abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre, en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de derechos humanosde carácter general. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960.Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación generalde los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desdeentonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros. Con respecto a susobservaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informesespeciales, habiendo publicado hasta la fecha 60 de ellos.Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias opeticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechoshumanos. Hasta diciembre de 2011, ha recibido varias decenas de miles de peticiones,que se han concretado en 19.423 casos procesados o en procesamiento. Los informesfinales publicados en relación con estos casos pueden encontrarse en los informesanuales de la Comisión o por país.En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró envigor en 1978 y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina,Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana,Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Convencióndefine los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometeninternacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella creaademás la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones yprocedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultadesadicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos,el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de laConvención.II.- TRÁMITEEl 15 de abril de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió unapetición en la que se denunciaba que el 5 de abril de ese año tropas del Ejército, pororden del General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, habían ingresado violentamente a lacasa del ex-Presidente Alan García Pérez con la "orden superior de detenerlo". Así,además de atentarse contra la vida y seguridad personal del Dr. Alan García Pérez, sushijos menores de edad y su esposa habían sido incomunicados y mantenidos bajo arrestodomiciliario.
  5. 5. Mediante nota del 18 de abril de 1992, los peticionarios presentaron información adicionalampliatoria de los hechos originalmente denunciados. En tal sentido, expresaron que laesposa del Dr. García Pérez había intentado en varias oportunidades presentar unaacción de habeas corpus en favor del ex-mandatario pero que las tropas del Ejército querodeaban el Palacio de Justicia habían impedido su entrada.El 7 de mayo de 1992 los peticionarios, En efecto, denunciaron que mediante dosresoluciones ministeriales se había solicitado al Procurador Público que formulase dosdenuncias penales contra Alan García por la comisión del delito de tenencia ilegal dearmas. La primera de las acciones se fundaba en el presunto hallazgo de armas,municiones y explosivos en el local del Partido Aprista Peruano, del cual Alan García eraSecretario General. La segunda de ellas estaba motivada por el presunto hallazgo dearmas de fuego en la casa del ex-Presidente la noche del 5 de abril, cuando su domiciliofue asaltado por tropas del Ejército.El Gobierno de Perú presentó observaciones el 29 de junio de 1992, señalando que loshechos descritos por los peticionarios no se correspondían con la realidad pues el objetivode las tropas del Ejército era proteger el domicilio del ex-Presidente García.Los peticionarios, en distintas presentaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 1992y octubre de 1993, remitieron a la Comisión información adicional tendiente a sustentarsus argumentos en cuanto a la existencia de violaciones de derechos humanos cometidaspor el Estado peruano contra la persona del ex-Presidente Alan García y su familia.III.- ANALISIS DE LOS HECHOSEn la noche del 5 de abril de 1992, tropas del Ejército, por orden del General Nicolás deBari Hermoza Ríos, quien a su vez actuaba en cumplimiento de lo dispuesto por elPresidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, rodearon la casa delDr. Alan García Pérez, con tanques de guerra dotados de cañones, tanquetas y vehículosporta tropas artillados, Seguidamente instaron a la "rendición y entrega del Dr. AlanGarcía Pérez quien, por orden del Comando Conjunto, quedaba detenido".A continuación atacaron el domicilio del Dr. García Pérez con disparos de bala yfinalmente allanaron el lugar donde se encontraban, además del primero, el DiputadoJorge del Castillo Gálvez y seis miembros de la Policía Nacional encargados de laseguridad del ex-Presidente y de su hogar. Los últimos fueron reducidos a golpes,desarmados y detenidos.El Diputado del Castillo Gálvez fue duramente golpeado por los militares, quienes loencapucharon y lo llevaron detenido; en el momento del allanamiento, se encontraban enla casa los cuatro hijos menores de edad del ex-Presidente y las empleadas domésticas,quienes fueron obligados a permanecer en las habitaciones de la misma, negándoseles elderecho a salir de ellas.En última instancia, el automóvil del diputado Jorge del Castillo fue severamente dañado yde su interior los militares se apoderaron de valiosa documentación relativa a la defensalegal del Dr. Alan García.
  6. 6. Con posterioridad al 5 de abril de 1992, el Gobierno de Perú declaró en reorganización alPoder Judicial. Por este motivo, fueron destituídos de sus cargos, por decreto, los vocalesde la Corte Suprema, los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y losmiembros de los consejos nacionales y distritales de la Magistratura.Esta situación afectó, en particular, a la esposa del Dr. Alan García Pérez, quien intentópresentar en varias oportunidades un recurso de habeas corpus en favor del ex-Presidente. En efecto, el 12 de abril acudió al Palacio de Justicia acompañada de sushijos pero su ingreso fue impedido por las tropas del Ejército que rodeaban dicho lugar.Instaurado en el poder el nuevo Presidente constitucional, Ingeniero Alberto Fujimori, seinició una investigación parlamentaria en contra de Alan García y como consecuencia deella sobrevino un proceso de Acusación Constitucional por el presunto delito deenriquecimiento ilícito que concluyó el 19 de octubre de 1991 con la resolución senatorialNº 1189-91, en la cual se declaró "ha lugar" la formación de la causa y se suspendió alimputado en el ejercicio de sus funciones de Senador Vitalicio, de acuerdo a lo dispuestoen el artículo 184 de la Constitución, quedando de este modo "sujeto a juicio según ley".Se fundaba en los siguientes hechos: Desequilibrio patrimonial Indicios de un mayor desequilibrio entre sus ingresos y egresos indicios de participación directa en la decisión de colocación de reservas del Banco Central de Reserva del Perú en el BCCIRecepcionada la denuncia por la Sala Penal de la Corte Suprema, se nombró VocalSupremo Instructor quien, luego de evaluar los términos de la misma y fundado en lodispuesto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, emitió un auto denegatoriode apertura de instrucción y dispuso su archivo definitivo.Contra esa resolución, tanto la Procuradora Pública como el Fiscal Supremo en lo Civilinterpusieron recursos de nulidad, los que fueron declarados improcedentes. Acontinuación la Procuraduría y el Ministerio Público plantearon un recurso de queja quefue tramitado ante la Primera Sala Penal de la Corte Suprema. El 29 de enero de 1992 lamisma resolvió declarar ambos recursos infundados.De esta manera, la decisión del Vocal Supremo Instructor, confirmada por el TribunalCorreccional de la Corte Suprema, luego de desestimados los recursos de nulidad y dequeja oportunamente planteados, adquirió la autoridad de Cosa Juzgada.Sin embargo, luego de la medidas adoptadas por el Presidente Fujimori a partir del 5 deabril de 1992, no sólo la mencionada causa fue reabierta sino que también se inició unanueva causa penal fundada en los puntos de la Acusación Constitucional que habían sidodesestimados oportunamente por el Fiscal de la Nación por no estar tipificados por lalegislación penal.En efecto, el 15 de julio de 1992 el Procurador Público designado por el PresidenteFujimori planteó ante la Sala Penal de la Corte Suprema un recurso de nulidad de lo
  7. 7. actuado por el Vocal Supremo Instructor, particularmente en relación a la denegatoria deapertura de instrucción contra el ex-Presidente Alan García.Al término de su mandato como Presidente de la Nación, el 28 de julio de 1990, el Dr.Alan García Pérez adquirió la condición de Senador Vitalicio de acuerdo a los términos dela Constitución de 1979.Mediante la Resolución Senatorial No. 1189-91 se aprobó la formación de causa contra elex-Presidente y, en consecuencia, se decidió levantar su inmunidad parlamentaria a losefectos de que fuera procesado de acuerdo a lo prescrito por la ley.Culminado el proceso de investigación judicial con la resolución definitiva de la CorteSuprema confirmando la denegatoria del auto de apertura de instrucción en su contra, laMesa Directiva de la Cámara de Senadores devolvió el fuero parlamentario al Dr. Garcíamediante un oficio de fecha 20 de marzo de 1992. De este modo, el ex-Presidenterecuperó su inmunidad parlamentaria y, con ella, todos los derechos reconocidos por laConstitución y las leyes peruanas a los Senadores Vitalicios.Sin embargo, su calidad de Senador Vitalicio y las inmunidades que le correspondencomo tal, no fueron reconocidas en los nuevos procesos iniciados en su contra.En efecto, aun cuando el artículo 176 de la Constitución peruana de 1979, vigente hastael 31 de diciembre de 1993, dispone que los Senadores y Diputados no podrán serprocesados ni detenidos sin previa autorización de la Cámara a la que pertenecen, desdeel 5 de abril de 1992 se iniciaron dos procesos penales contra el Dr. Alan García en virtudde la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas, en ninguno de los cualesse solicitó la autorización debida a la Cámara de Senadores.El Gobierno del Perú alegó que los recursos internos judiciales no se encontrabanagotados en el presente caso y que de este modo, de acuerdo a lo establecido en elartículo 46.1.a de la Convención, la petición debía declararse inadmisible.En relación a las otras violaciones alegadas, particularmente libertad personal, derecho ala intimidad y aquellas derivadas del presunto trámite ilegal de dos causas por tenenciailegal de armas, el Gobierno no presentó observación alguna.El Gobierno de Perú cuestionó los hechos denunciados por los peticionarios, señalandoque no hubo disposición alguna de aprehender violentamente al Dr. García Pérez en lanoche del 5 de abril de 1992. Por el contrario, la orden que recibieron las tropas delEjército fue la de vigilar el domicilio del ex-mandatario con la finalidad de evitar la posiblealteración del orden público.El Gobierno de Perú argumentó que la Acusación Constitucional que finalizó con laResolución Senatorial No. 1189-91 declarando "ha lugar" la formación de la causa contrael ex-Presidente Alan García Pérez por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito enagravio del Estado, señalaba y debidamente sustentaba la presunta responsabilidad delex-mandatario en relación a la existencia de cuentas bancarias en el exterior nojustificadas
  8. 8. Los peticionarios resaltan que el Gobierno en sus distintas presentaciones no niega loscargos de violaciones a derechos humanos cometidos contra el ex-Presidente AlanGarcía, su esposa e hijos. Por el contrario, justifica las acciones del Ejército y luego selimita a discutir la existencia o no de cosa juzgada y doble juzgamiento en las causas quese le siguen al ex-Presidente Alan García Pérez por el delito de enriquecimiento ilícito.CONCLUSIONESFinalmente la Corte Interamericana de DD.HH concluye que el Estado del Perú esresponsable de la violación del derecho a la libertad y seguridad personal, del derecho ala intimidad del Dr. Alan García Pérez, su esposa y del derecho a la protección especialde los hijos del ex-Presidente (artículos 7, 11 y 19 de la Convención Americana) por loshechos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992.El Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales ydebido proceso legal del Dr. García Pérez (artículo 8 de la Convención Americana) por latramitación de dos causas basadas en prueba obtenida ilegalmente.
  9. 9. COMENTARIOS:Se puede deducir de el informe leído, la dictadura de los años 90,donde había tanta corrupción y nadie quería decir nada, abusaban desu poder como gobierno apoyándose en las fuerzas armadas parapoder derrotar a sus enemigos, como lo pasado con el Ex presidenteAlan García Pérez, que ingresaron a su casa y lo imputaban delitos,todo con el fin de verlo encerrado pero como se dice no hay mal quedure 100 años, además como vivimos en un mundo globalizado yexiste el derecho internacional público, donde hay acuerdos,convenios que se firman y son de estricto cumplimento, es asi comoaparece la CITDH para velar por aquellos derechos que nos sontrasgredidos, por persecución política o por cualquier otro motivo.Sin embargo también se puede hacer mención que en algunos casoson mal utilizado estas comisiones de derechos humanos, como lopasado con el terrorismo en el Perú, que defienden a esas personasque tanto daño hicieron a nuestro país, causaron tantas muertes,entonces por que no hay derechos humanos para esas familias depolicías y militares muertos en emboscadas terroristas, el colmo de loscolmos, el estado peruano tiene que pagar indemnización por estaspersonas asesinas; por ello se dice que hay varias formas deinterpretar el derecho, cada uno busca su conveniencia y busca lafigura jurídica ideal para lograr sus objetivos.

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