56932366 denuncia-de-carlos-carrascosa-ante-la-cidh

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  1. 1. PRESENTA DENUNCIASr. Secretario Ejecutivo de laComisión Interamericana de Derechos HumanosDr. Santiago Cantón1889 F Street, NW20006, Washington D.C., Estados Unidos.De mi consideración: CARLOS ALBERTO CARRASCOSA, argentino, nacido el día 13 dediciembre de 1944 en Capital Federal, D.N.I. 4.443.512, actualmentedetenido y alojado en la Unidad N° 41 del Servicio Penitenciario de laProvincia de Buenos Aires, sita en Ruta 6, Kilómetro 5,5 (Código PostalB2804), Campana, Provincia de Buenos Aires, con la asistencia delabogado Fernando Díaz Cantón, titular del D.N.I. n° 16.130.705,constituyendo domicilio en la calle Lavalle 1447, 3er. Piso, oficina “8”, de laCiudad de Buenos Aires, República Argentina (Código Postal C1048AAI,Teléfono-Fax n° 00541143748358 y correo electrónicofdc@fdcabogados.com.ar), me presento ante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “laComisión”, o “CIDH”) y digo: I- Objeto. Por la presente, vengo a denunciar al Estado argentino (enadelante “el Estado”) por violación respecto de mi persona de los siguientesderechos y garantías del debido proceso legal contemplados en laConvención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “CADH”):presunción de inocencia (artículo 8.2); libertad personal (art. 7 incisos 1 y1
  2. 2. 3); proceso público (artículo 8.5); impugnación del fallo condenatorio antejuez o tribunal superior (artículo 8.2.h); prohibición de interpretaciónperversa de los derechos y garantías (art. 29); y tribunal independiente eimparcial (artículo 8.1). II- Relato de los hechos o situaciones denunciadas. El 18 de junio de 2009 fui condenado por un tribunal decasación1 a la pena de prisión perpetua por considerar que siete años antes,el día 27 de octubre de 2002, dí muerte a mi esposa, María Marta GarcíaBelsunce de Carrascosa, cometiendo contra ella el delito de homicidioagravado por el vínculo, según el artículo 80 inciso 1° del Código Penalargentino2. María Marta apareció muerta en la bañera del cuarto de baño denuestra casa, ubicada en el club de campo denominado “Carmel”, sito en lalocalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,determinándose mediante una autopsia realizada a poco más de un mes delfallecimiento, que su muerte había ocurrido a raíz del impacto de cincodisparos de arma de fuego en su cabeza. Dos años antes del fallo de casación (el 11 de julio del 2007),el tribunal ante el cual se desarrolló el juicio oral y público 3, tras cinco mesesde intensas audiencias, me condenó a la pena de cinco años y medio deprisión por considerar que encubrí al homicida –persona no individualizadapero diferente de mí-, considerándome autor responsable del delito de1 Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala Primera, compuesta por losjueces Carlos Ángel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Sal Llargués.2 Se acompaña la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Casación, como separata N° 1.3 Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, enadelante TOC, compuesto por los jueces María Angélica Etcheverry, Luis María Rizzi y HernánJulio San Martín.2
  3. 3. encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente (homicidio) de undelito especialmente grave (artículo 277 incisos 1° b y 3° a, este último enfunción del artículo 79 del Código Penal). Ello sobre la base de ciertoscomportamientos posteriores a la muerte de María Marta que se meatribuyeron –veremos que indebidamente- y que fueron considerados –también indebidamente- maniobras de ocultación del delito y de protección asu ignoto autor. Este fallo4 fue sostenido por dos de los jueces5, pues eltercero6 consideró que yo debía ser absuelto por cuanto no había prueba quepudiera generar la certeza que exige el principio de la presunción deinocencia de que yo fuera el homicida ni de que fuera el encubridor delhomicida. En estos dos pronunciamientos judiciales, pero sobre todo en elde casación, se condensan, como veremos, la mayoría de las violaciones aderechos humanos que vengo hoy a denunciar. El caso tuvo, ya desde sus mismos orígenes, una descomunalcobertura por parte de los medios de difusión audiovisuales y gráficos, apunto tal que, durante varios años, ocupó el centro de la atención por partede aquéllos. Allí encontró el fiscal que lo condujo, Dr. Diego Molina Pico, unámbito propicio para la propalación de sus diversas, mutantes y confusashipótesis sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, sobremi supuesta participación en él y sobre mis supuestos motivos para hacerlo,algunas de ellas hoy descartadas judicialmente e incluso abandonadas por elpropio fiscal. Su propósito era presentarme ante la opinión pública, ávida decasos apasionantes, nada menos que como el autor del homicidio de miesposa7, lo que era mucho más atractivo que un simple intento de robo4 Que se acompaña como separata N° 2.5 Jueces Etcheverry y San Martín.6 Juez Rizzi.7 Ver, al respecto, el meduloso análisis que se hace en el “Dossier de prensa”, elaborado por laconsultora especializada en medios “1871”, que se acompaña como Anexo 1.3
  4. 4. seguido de muerte perpetrado por terceras personas ajenas a mí, hipótesisque contaba con sólido apoyo probatorio, pero que no fue explorada debiday oportunamente, y que nunca pudo ser descartada más allá de toda dudarazonable, como lo exige la presunción de inocencia para poder condenar auna persona imputada de delito. Ante el panorama de orfandad probatoria existente parasustentar la hipótesis de mi autoría, el fiscal procedió a tergiversar pruebasy a ensayar conjeturas sobre el supuesto móvil, relacionando el homicidiocon ciertas vinculaciones que yo tendría con el narcotráfico a través delCartel de Juárez y mostrándome como el jefe siniestro de una organizaciónmafiosa8, hipótesis que ha sido descartada por el propio fiscal que la habíaintroducido –a través del agregado espurio de una misiva anónima- ydifundido públicamente en forma masiva, pero que dejó su huella indelebleen la opinión pública, a la que los jueces argentinos no son para nadaindiferentes9. El documento donde el fiscal cristaliza todas estas afirmacionestremendas respecto de mi persona, que ya venía propalando sin solución decontinuidad desde los comienzos del caso, es su requerimiento de juicio,concretamente donde pide mi enjuiciamiento público ante un tribunal10. Allíme trata no sólo de mafioso –comparándome con Don Corleone11- sino decomprador de conciencias y hasta de marido golpeador, sin ningún sustento.Dicho documento fue dado por el fiscal a la prensa en forma inmediata,8 Ver requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, en adelante REJ, glosado a fs.4240/4354 vta. Ver especialmente fs. 4246 vta./4249 vta., fs. 4253 vta., fs. 4254 vta./4258 vta.,fs. 4260 vta., fs. 4261 vta., fs. 4262 vta., y fs. 4266. El REJ se acompaña como separata N° 3.9 Ver encuesta de opinión “Estudio cuantitativo Ciudad de Buenos Aires: caso García Belsunce”,realizada por “Isonomía Consultores” el 28 de enero de 2010, que se acompaña como Anexo 2.10 Ver separata N° 3.11 Ver REJ fs. 4246 vta.4
  5. 5. antes incluso de ser presentado en el expediente12 y fue transcripto ypublicado íntegramente por los medios gráficos apenas pasados dos días dehaber sido firmado13, y ello, desde luego, con mucha antelación a serconocido por mí y por mis defensores. Destaco sólo, a modo de ejemplo, eltítulo que lo presenta en la revista “Veintitrés”: “Si usted fuera el juez, ¿quédecide?”14, todo ello acompañado con fotos de la película “El Padrino”15, enobvia alusión a mi persona, y sin que la opinión pública cuente con miversión de los hechos y, desde luego, sin que se cuente con la respuesta dela defensa, que parece no interesar en lo más mínimo. Esta actitud del fiscal –de un fiscal que actuó enteramente enviolación del deber de objetividad, inherente a su cargo- y su insólitodenuedo por encontrar un móvil y fijarlo en la mente de la opinión pública yde los jueces se explica por una razón muy sencilla: no hay al día de hoy, asiete años del hecho, siquiera una razón mínima que explique la suposiciónde que yo fuese el autor de la muerte de mi esposa, cuya familia (padre,madre, hermanos y demás miembros), que la amaba –y la ama-profundamente, me ha respaldado en todo momento y lo sigue haciendohasta el día de hoy, segura de mi inocencia. A punto tal que sus padres mecedieron íntegramente los derechos hereditarios que tenían en la sucesiónde su hija16 y su hermana María Laura, publicó recientemente, a los sieteaños de muerta María Marta, una solicitada donde deja en clara la convicción12 Como lo demuestra el programa de radio “El noticiero de Santo”, que conduce el periodistaSanto Biasati, por el Canal 13, de fecha 16/02/04, a las 13:55 horas, titulado “Novedades en elcaso García Belsunce”, que figura en el dossier titulado “Febrero 2004”, que se acompaña comoAnexo 3 (Ver Capítulo V, apartado B).13 El requerimiento fiscal tiene fecha 17 de febrero de 2004 y la nota de la revista “Veintitrés”es de fecha 19 de febrero de 2004. La revista “Noticias” lo reproduce el 21 de febrero de 2004(ver páginas 80 a 90). Estas revistas se acompañan como Anexo 4 “Revistas”.14 Ver Revista “Veintitrés”, págs. 12/15.15 Ver página 8 de la nota de la Revista “Veintitrés”.16 Ver cesión de derechos hereditarios (Anexo 5).5
  6. 6. absoluta que ella tiene de mi inocencia, la manipulación enorme de que fueobjeto el proceso judicial para poder involucrarme en el homicidio y de suprofunda desazón ante la impunidad del crimen17. También hay solicitadasfirmadas por familiares y amigos, incorporadas recientemente a la causa18. El fiscal anhelaba, pues, encontrar un móvil, completamenteausente, que no sólo pudiera sustentar la hipótesis de mi autoría, desnudade pruebas, sino ese sólido y persistente apoyo familiar, que sólo se explica,según él, en el silencio cómplice (omertà) característico de lasorganizaciones (familias) mafiosas19. El móvil mafioso también le servía alfiscal para sostener que las personas que presentaron la versión de loshechos que desmiente por completo la hipótesis de que yo pueda haber sidoel autor de la muerte de mi esposa o el encubridor del autor, y que actuaronde un modo que se condice con la hipótesis de mi inocencia, seguramentehabían sido influidas por mi supuesto poder y recursos provenientes delcrimen organizado, al que yo estaría estrechamente vinculado20. El Fiscal, al formular su requerimiento de juicio, sostuvo doshipótesis alternativas: que fui el homicida (la primera) y que fui elencubridor del homicida, que obviamente es otra persona diferente de mí (lasegunda). Que sea diferente de mí es una exigencia del mismo tipo deldelito de encubrimiento, cuya fórmula legal es “será reprimido … el que, trasla comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubieraparticipado, ayudare…”. Culminado el debate y recibida toda la prueba, elfiscal, al emitir sus conclusiones, en lugar de definirse por la hipótesis que17 Ver solicitada de María Laura García Belsunce (Anexo 6) y la entrevista televisiva hecha aposteriori y como consecuencia de dicha solicitada(http://www.managementpress.com.ar/deposito/videos/telenoche27-10-2009.wmv). Verasimismo la transcripción de dicha entrevista televisiva que se acompaña como Anexo 7.18 Ver solicitada de familiares y amigos (Anexo 8).19 Ver REJ fs. 4254 vta. y especialmente fs. 4256 vta. y 4257.20 Ver REJ fs. 4256 vta., fs. 4258, y fs. 4267.6
  7. 7. debería considerar probada más allá de toda duda razonable, que era lo quecorrespondía en función del onus probandi, mantiene las hipótesisalternativas antes señaladas: o autor del homicidio, o encubridor delhomicida (otra persona). Cuando el tribunal acepta, por mayoría, lahipótesis del encubrimiento y me condena por ello, el fiscal se queja de queno me hubiesen condenado por homicidio –a pesar de que le habíanconcedido uno de los pedidos que, en forma alternativa, había efectuado- einterpone, obviamente en ausencia de agravio, recurso de casación,considerando absurda la valoración de la prueba que descarta la autoría delhomicidio por mi parte -lo cual es un reconocimiento de que considerabaabsurda su propia hipótesis alternativa de encubrimiento, sostenida por élcon igual grado de certeza y énfasis que la de la autoría del homicidio al finaldel juicio-. El fiscal pretendió, en su recurso, que el tribunal de casación, acontrapelo de su función de control de errores en la aplicación del derecho,con exclusión de todo lo concerniente a los errores en la valoración de laprueba y en la determinación de los hechos, se inmiscuyera en los hechos yrevalorizara la prueba que consta por escrito y que, en lugar de anular elfallo y reenviar el caso a nuevo juicio -que era lo que, en el mejor de loscasos, correspondía para resguardar las garantías de oralidad, publicidad einmediación- asumiera competencia positiva y transformara la condena porencubrimiento en una condena por homicidio calificado. Lo curioso es,empero, que el fiscal que actúa ante la casación, volvió a solicitar que, ensubsidio, se mantuviera la condena por encubrimiento. El tribunal decasación procedió enteramente de conformidad con lo peticionado por aquél;pero como para inmiscuirse en los hechos y revalorar la prueba tenía queamplificar el ámbito del recurso del fiscal, invocó jurisprudencia de la Corte7
  8. 8. Suprema de la Nación21 que, sobre la base de precedentes internacionales22,tolera un esfuerzo por superar, en la medida de lo posible, las barreras de lainmediación y la oralidad (garantías del imputado) pero sólo para otorgar unmayor alcance y extensión al recurso del propio imputado –no del fiscal-contra la condena, para asegurar el derecho que la Convención Americanasobre Derechos Humanos (art. 8.2.h) y el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos (art. 14.5) acuerdan al imputado en forma exclusiva. Alproceder de este modo, el tribunal de casación ha incurrido en el vicioconocido como interpretación perversa de las garantías (art. 29 CADH), alutilizar una regla de garantía del imputado -que sólo puede estar concebidapara favorecerlo- para perjudicarlo. Más allá de la ilegitimidad constitucional y convencional de estaforma de proceder, estos vaivenes y perplejidades, no sólo de los tribunalessino incluso del propio acusador público, revelan dos cosas: 1) que no existecerteza de que yo haya matado a mi esposa ni tampoco de que hayaencubierto al homicida; y 2) que existe, sin embargo, una presión queconduce a que los tribunales, superando todo impedimento legal, enatropello de derechos humanos fundamentales y perdiendo toda laimparcialidad que debe regir su actuación, me consideren el autor delhomicidio de mi esposa –o su encubridor- y me condenen. Ambas cuestionestienen una relación directa con el principio de inocencia: la primera, porquese me ha condenado en violación del onus probandi y del in dubio pro reo,corolarios de dicho principio, aceptándose, en lo concerniente al onusprobandi, que el fiscal afirmara y exteriorizara sólo dudas y no certezas alfinal del debate y condenándoseme a pesar de ello, y, en lo atingente al indubio, que se aplicara el principio exactamente opuesto: in dubio contra reo,condenándoseme a pesar de la patente ausencia de certeza; y la segunda,21 Fallo C. 1757. XL. “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa N° 1681— (Anexo 9).22 Corte IDH, Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de 2 de julio de 2004.8
  9. 9. porque el fiscal me ha venido presentando ante la opinión pública, ya desdelos orígenes de este doloroso suceso, como el autor de la muerte de miesposa, y, para abonar esta hipótesis, como un individuo despreciable ysiniestro, contribuyendo, con el auxilio de los medios, a formar opinión alrespecto, condicionando de este modo el fallo de los jueces. En palabras dela Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El derecho a la presunciónde inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención,exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicioante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientrasno se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”23. El Fiscal, en tanto órgano del Estado, ha procedido de dichomodo violatorio del principio de inocencia, presentándome en todo momentoante la opinión pública como el autor del homicidio de mi esposa,contribuyendo a formar opinión en tal sentido, a pesar de que no existeprueba alguna del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde, ni hayaaparecido en ningún momento el arma homicida, entre otros huecosinsalvables del caso, grandes preguntas sin cuya respuesta certera no esposible condenar a nadie, sea en la Argentina o en cualquier lugar delmundo que se precie de sujetarse al principio del Estado constitucional dederecho. Debe resaltarse, además, que no nos encontramos ante unapesquisa preliminar sumaria sino todo lo contrario. Este Fiscal ha gobernadola instrucción de una encuesta judicial de 6370 páginas, condensada en 32cuerpos de expedientes y un volumen similar de anexos y carpetas deprueba, por el cual desfilaron 184 testigos –entre vecinos, amigos,investigadores, policías, periodistas, comedidos, etc.-, dando lugar a careos23 Corte IDH, Caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú”, sentencia del 25 de noviembre de 2004 (Fondo Reparaciones y Costas), párrafo 160; Cfr. Caso “Tibi vs. Ecuador”, sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 182; Caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 153; y Caso “Cantoral Benavides vs. Perú”, Sentencia de 18 de agosto de 2000 (Fondo), párr. 120.9
  10. 10. e innumerables ampliaciones, se realizaron 4 levantamientos de rastros, sehicieron 38 estudios periciales, que van desde pruebas de balística hastacomplejos análisis de ADN, se dio intervención a cuerpos auxiliares decolaboradores en el área contable y financiera, se intervinieron 56 líneastelefónicas que originaron complejos entrecruzamientos de llamados bajo ladirección de una agencia policial especializada, e intervinieron,aproximadamente, media docena de Fiscales –el titular, tres adjuntos queluego se sumaron, el de Cámara, y el de Casación) y más de una docena deJueces (entre magistrados de instrucción e integrantes de salas de laCámara de Apelaciones, que se sucedieron, del Tribunal Oral y de la Cámarade Casación), sumado al ejército de secretarios, adjuntos, relatores yempleados de cada uno de éstos funcionarios. Y sin embargo, tras estedescomunal despliegue judicial a lo largo de más de siete años, no existe niuna sola prueba directa o indirecta que indique cuál habría sido mi aportematerial o intelectual al resultado muerte, ni por qué motivo, ni en quécircunstancias. Es más, luego del juicio oral prosiguió la sustanciación de lainvestigación, para identificar a los autores del homicidio, con intervenciónde un nuevo Fiscal -el Dr. Gonzalo Aquino-, en el expediente nº 71.154 cuyacarátula se acompaña24, y tras más de dos años de actuación y más de 800fojas complementarias en cuatro cuerpos de expedientes, nada,absolutamente nada se ha aportado que conduzca a esclarecer el homicidio.En definitiva, han pasado siete años, y estamos como el primer día: nosabemos quién asesinó a mi esposa María Marta. La mencionada operación de prensa del fiscal ha conducido,evidentemente, a la pérdida de imparcialidad de los tribunales actuantes,quienes aceptaron la hipótesis de mi autoría (ya de encubrimiento calificado,ya de homicidio calificado), lo que se ha visto agravado en el fallo decasación, que, para acoger la hipótesis de mi autoría en el homicidio, no haparado mientes en violar flagrantemente el derecho al juicio público24 Carátula de los autos N° 71.154 como Anexo 10.10
  11. 11. (oralidad e inmediación) y haciendo para ello una interpretación perversa delderecho al recurso, que si bien impone un esfuerzo máximo por superar lasbarreras de la inmediación y la oralidad (garantías del imputado) lo haceúnica y exclusivamente para posibilitar la vigencia de la otra garantía delimputado (el examen integral de la sentencia de condena), predispuestapara detectar con el máximo grado de intensidad, aun a pesar de lainmediación, los posibles errores y arbitrariedades de una condena, para locual no pueden otras garantías del propio imputado, como la inmediación,funcionar como impedimento u obstáculo. En palabras de la Corte Supremaargentina: “el principio republicano de gobierno impide entender undispositivo constitucional como cancelatorio de otro”25. De este modo secomprueba hasta qué punto se ha visto afectada la imparcialidad deltribunal, especialmente del tribunal de casación, puesto que para poderllegar a la condena por homicidio calificado dicho órgano ha arremetidocontra todas aquellas reglas de garantía. Y también ha conducido, de la mano de fallas en lainvestigación del caso desde sus mismos orígenes, a que el Estado sedebatiera entre esas dos solas hipótesis, centradas exclusivamente en mipersona (o Carrascosa mató, o Carrascosa encubrió), y menospreciara otrashipótesis alternativas que, a la luz de las pruebas de que se dispone, señalanque la autoría del homicidio es atribuible a personas no individualizadas sinvinculación alguna conmigo. Dichas hipótesis, como habremos de ver, nohan podido ser descartadas más allá de toda duda razonable, como lo exigeel principio de inocencia. Ahora bien, la violación del principio de inocencia no concluyeaquí sino que, como era de esperar, se proyecta en el goce actual de miderecho a la libertad. En efecto, como consecuencia del fallo del tribunal decasación, el viernes 19 de junio del 2009, el tribunal en lo criminal ante el25 Fallo “Casal”, citado, considerando 24.11
  12. 12. cual se desarrolló el juicio me privó de mi derecho constitucional a seguir enlibertad durante la sustanciación del proceso y hasta tanto exista unasentencia condenatoria firme. La orden de detención se fundó en laconvicción de que mi nueva situación procesal implica un aumento de peligrocierto de frustración del proceso. Mis defensores dedujeron una acción dehabeas corpus ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro,quien sostuvo, para convalidar la orden de prisión, que: “en alusión alprincipio de inocencia del cual goza Carrascosa, estimo que en el caso, elmismo comienza a ceder y debe analizarse a la luz del principio general dela presunción de certeza de los fallos judiciales, y en este casoespecialmente de la sentencia destacada "ut supra" y que a la fecha reputano firme.- En dicha inteligencia no cabe ninguna duda que toda personagoza del principio de inocencia, pero al ser sometida a un proceso penal enel que existe una progresiva adquisición de conocimientos su resultadopuede ser un aumento de la sospecha que existe respecto a una persona yese status de inocencia comienza a desaparecer…”. Esto a pesar dehaber dicho esta Cámara en dicha resolución: “si bien es cierto que elimputado ha estado a derecho en el lapso en que permaneció enlibertad”26. Como se puede ver, la propia Cámara reconoce que nunca, entoda la extensión temporal del proceso, me sustraje al accionar de lajusticia, y a pesar de ello mantiene la detención preventiva. Recurrida dicha decisión en casación ante la Sala Primera delTribunal de Casación Penal, esta rechazó dicho recurso el 17 de septiembrede 2009, con fundamento en que la posibilidad de impugnación, por vía decasación, contra una sentencia adversa en materia de habeas corpus sólosería posible si ella fuera manifiestamente arbitraria o ilegítima27. Me226 Ver resolución de habeas corpus de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal yCorreccional de San Isidro del 7 de julio de 2009, que se acompaña como Anexo 11.27 Ver resolución de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de BuenosAires, que rechaza el recurso de casación en la acción de habeas corpus, que se acompaña comoAnexo 12.12
  13. 13. pregunto cómo es posible que no se considere arbitrario que se afirme queel principio de inocencia se atenúa y comienza a declinar cuando hay un fallocondenatorio que todavía no haya pasado en autoridad de cosa juzgada ycuando los propios tribunales reconocen explícitamente la ausencia de todoriesgo procesal. Debo hacer saber a esa Comisión que estuve en libertad lamayor parte de este prolongado proceso y que jamás me sustraje alaccionar de la justicia, concurriendo cada vez que se me citó o que seordenó mi detención, aun ante la hipótesis del homicidio agravado con penade prisión perpetua, que desde hace bastante tiempo se viene barajando,por “mérito” del fiscal, acerca de mi persona. No sólo no entorpecí el procesosino que contribuí a su aceleración consintiendo el auto de elevación a juiciocon la meta de procurar un esclarecimiento del hecho respecto de mipersona y así allanar el camino para que la justicia pudiera avanzar en otraslíneas de investigación. El proceso está concluido en lo que al conocimiento ya la prueba se refiere, de modo que no existe riesgo alguno en cuanto a quealgún comportamiento mío pueda bastardear el descubrimiento de la verdad.Es decir que, a pesar de mi comportamiento intachable a lo largo de todo elprocedimiento, reconocido por los tribunales, se me está privando de lalibertad con el único argumento de la pena en expectativa, sobre la baseespuria de que el principio de inocencia ya no regiría en plenitud. Ello enviolación de claros precedentes de la Corte IDH, que señalan con todaclaridad la extensión del principio de inocencia28. Como dije al comienzo, una violación al principio de inocencia(condena en ausencia de la certeza exigible) conduce a la otra (privación dela libertad sin riesgos procesales), como una reacción en cadena.28 Corte IDH, casos “López Álvarez Vs. Honduras”, “Palamara Iribarne vs. Chile”, “AcostaCalderón vs. Ecuador”, “Tibi vs. Ecuador”, “García Asto y Ramírez Rojas”, “Chaparro Alvarez yLapo Iñíguez vs. Ecuador”, “Yvon Neptune vs. Haití”, “Bayarri vs. Argentina”, “Suárez Roserovs. Ecuador”, “Ricardo Canese vs. Paraguay”, cuyas citas se verán infra in extenso.13
  14. 14. En síntesis, los hechos denunciados consisten en: 1) La violación del principio de inocencia, de la garantía delproceso público, del derecho a impugnar el fallo condenatorio ante juez otribunal superior, del principio de la prohibición de la interpretación perversade los derechos y garantías, y del derecho al tribunal independiente eimparcial, por parte del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de BuenosAires en su sentencia condenatoria de fecha 18 de junio de 2009. 2) La violación del principio de inocencia por parte delrepresentante del Ministerio Público Fiscal, al exhibirme públicamente comoculpable para generar una opinión pública en tal sentido con antelación alfallo final sobre la culpabilidad y su firmeza, e incluso con antelación aldesarrollo del juicio mismo, incumpliendo su obligación legal de actuar conobjetividad, emergente de los arts. 1°, 13, inciso 24, y arts. 54 y 67 de laLey Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires29. 3) La violación del principio de inocencia por parte del TribunalOral en lo Criminal N° 6 de San Isidro en su sentencia condenatoria de fecha11 de julio del 2007, al considerarme autor de encubrimiento agravado. 4) La violación del principio de inocencia y del derecho a lalibertad personal por parte del Tribunal de Casación de la Provincia deBuenos Aires, al rechazar, con fecha 17 de septiembre de 2009, el recursode casación y confirmar la sentencia que deniega el habeas corpus deducidoen mi favor. III- Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae,ratione temporis y rationi loci.29 Se acompaña la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires comoAnexo 13.14
  15. 15. Me encuentro facultado por el artículo 44 de la Convención Americanapara presentar denuncias ante la CIDH, en tanto habilita a “cualquier persona” a hacerlo.La República Argentina ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 5 deseptiembre de 1984, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo anterior, laCIDH tiene competencia ratione personae para conocer la presente petición. Manifiesto,por lo demás, que no es necesario que mi identidad sea mantenida en reserva frente alEstado durante el procedimiento (art. 28 inciso b, del Reglamento de la Comisión). La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición porcuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana enperjuicio de persona natural sujeta a la jurisdicción de un Estado que ratificó dichotratado. La CIDH tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechosalegados tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechosestablecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado. Finalmente, laCIDH tiene competencia ratione materiae porque en la petición se denuncian violaciones aderechos humanos protegidos en la Convención Americana. IV- Admisibilidad. A) Agotamiento de los recursos internos. Contra las resoluciones de la Sala Primera del Tribunal deCasación de la Provincia de Buenos Aires del 18 de junio de 2009, que mecondena como autor de homicidio calificado, y del 17 de septiembre de2009, que rechaza el recurso de casación contra la denegatoria de habeascorpus deducida en mi favor, deduje sendos recursos ante la Corte Supremade Justicia de la Provincia (recursos extraordinarios de nulidad). Dichosrecursos se encuentran en sede de la Corte Suprema provincial, bajo losregistros nros. 108.199 y 109.078, respectivamente, sin que hayan sidotodavía tratados.15
  16. 16. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)recoge el principio de derecho internacional conocido como “local remediesrule”, según el cual los tratados internacionales de derechos humanosofrecen a los Estados-miembros la posibilidad de remediar las violaciones ala Convención cometidas en cada Estado, en el marco del propio sistemajurídico del Estado respectivo, lo cual se traduce en la exigencia, para elpeticionario, de agotar esas vías antes de llevar su violación al conocimientode autoridades internacionales. Como se sabe, la regla es común a diversos tratadosinternacionales; p. e.: art. 26, Convenio Europeo de Derechos Humanos(CEDH); art. 41.1.c, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP). En lo que atañe a esta petición, el art. 46, CADH, dispone: “1. Para que una petición o comunicación presentada conformea los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos dejurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacionalgeneralmente reconocidos;” Por su parte, el Reglamento de la Comisión IDH establece: “Art. 31. Agotamiento de los recursos internos 1. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto laComisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de lajurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacionalgeneralmente reconocidos”. Pero también es sabido que esa exigencia no rige de modoabsoluto. El propio texto de la CADH, en el párr. 2 del mismo art. 46 —quesienta, como se vio, la regla general—, prevé las siguientes excepcionespara los casos en que:16
  17. 17. “2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presenteartículo no se aplicarán cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que setrata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos quese alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechosel acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido deagotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre losmencionados recursos”. En consonancia con ello, el Reglamento de la Comisiónestablece, en el ya mencionado art. 31, párr. 2, exactamente las mismasexcepciones al principio general. Por lo demás, la inexistencia de remedios eficientes paraproteger los derechos de la Convención es de por sí, según el art. 25, párr.1, CADH, una lesión autónoma. Dice, en efecto, esa disposición. “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápidoo a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentalesreconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuandotal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de susfunciones oficiales”. Se mostrará en el presente capítulo en cuán grave medida seda un caso de excepción a la carga de agotamiento previo de los recursosinternos. Pues: a) ha habido dilaciones indebidas en la instancia de casación,que demoró dos (2) años en tratar un recurso que luego resolvió de modo17
  18. 18. arbitrario, sin interrumpir las lesiones ya configuradas contra mis derechos yagregando otras lesiones autónomas de mayor gravedad aún, en un procesoque lleva ya siete (7) años de duración; b) los recursos del Estado Argentino se han puesto demanifiesto como ineficientes para hacer cesar los efectos de las lesiones yaconsumadas; peor aún, más bien fueron idóneos para añadir nuevasviolaciones; c) el número y gravedad de las lesiones sufridas por mí haceimpertinente toda indulgencia hacia el Estado Argentino. Las disposiciones anteriores fijan el marco normativo delrequisito del agotamiento de los recursos internos, en el que hay queanalizar si esta petición que formulo contra la República Argentina cumplecon dicho requisito. Pues, desde el punto de vista de los recursos internos, lasviolaciones cometidas contra mi persona en el caso en cuestión podrían serredimidas aún al ser resueltos los recursos de nulidad extraordinarios yainterpuestos y en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provinciade Buenos Aires (estado provincial en el que tramitó la causa origen de lasviolaciones de que fui víctima) o bien, en caso de resolución desfavorable deese tribunal provincial, en ulteriores recursos extraordinarios federales paraante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último tribunal deadministración de justicia del Estado Argentino. Se verá seguidamente que no puedo ser obligado a esperar laresolución de esas instancias para recién después poder acudir ante laComisión IDH. Como vimos, además de la demora en tratar el recurso y suineficiencia para remediar las violaciones a derechos humanos, la resolucióndel Tribunal de Casación fue arbitraria en sí misma, por cuanto violó enforma flagrante el principio de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho18
  19. 19. al juicio oral y público, el derecho al recurso con interpretación perversa y lagarantía de la imparcialidad del tribunal. La conjunción de esos dos factores referidos al recurso decasación (tiempo empleado en tratarlo + forma de tratarlo), indicanclaramente que, al menos para este proceso, el Estado Argentino no ofrecerecursos internos eficientes. Si bajo tales circunstancias se entendiera que yo debo esperar,en mi actual situación de detención, a que la Suprema Corte de la Provinciade Buenos Aires se tome un lapso similar al del Tribunal de Casación, paraquizá resolver del mismo modo, es decir, rechazar mi recurso acaso despuésde otros 2 años, hasta que, una vez llevado el caso ante la Corte Supremade Justicia de la Nación ésta lo declare inadmisible caprichosamente —a suvez este tribunal registra expedientes de excarcelación que también superanlargos años de espera con el recurrente en prisión—, tal concepciónequivaldría a derogar la CADH, pues para entonces se habrían consumadoya todos los daños posibles que la Convención Americana sobre DerechosHumanos trata de evitar, especialmente en lo que se refiere a los derechosfundamentales a la duración razonable del proceso y de la prisión preventivay a contar con un recurso eficaz, en el derecho interno, para salvaguardarlos derechos de la Convención. Pues bien lo dice el art. 25, al regular la “protección judicial”:“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otrorecurso efectivo...”. Pero lo esencial aquí no es el escaso éxito que se pudieravaticinar de los recursos faltantes ante los tribunales domésticos, sino elhecho ya manifiesto y comprobado de que tales remedios no puedenresultar eficientes al menos desde el punto de vista del tiempo que lostribunales se toman para su tratamiento. Al ritmo que ha tenido el recursode casación, para el agotamiento de los recursos internos habría que19
  20. 20. pronosticar una dilación más que superaría el plazo máximo de duraciónrazonable de la prisión preventiva. Por lo demás, la demora promedio en resolver recursosextraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad extraordinario por parte dela Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires es superior a los 2 años,habiendo llegado en algunos casos a alcanzar los 4 años, aunque elrecurrente se halle preso. Esta situación amenaza agravarse con la recientedisolución de la Secretaría de Actuaciones Judiciales de la Corte, que era laque analizaba la admisibilidad, y el consecuente envío de más de dos milexpedientes a la Secretaría Penal de la Corte provincial. La Secretaría Penaldeberá ahora analizar, antes que el fondo del asunto, la admisibilidad, con elagravante de que se trata de recursos directos, es decir que el primer yúnico examen de admisibilidad se hace en la Corte, sin que haya existidoningún examen previo por parte del tribunal inferior. Este promedio, a suvez, es relativamente similar al de la Corte Suprema nacional. Con lo cual elpronóstico de demora en el tratamiento de las violaciones a los derechoshumanos denunciadas en esos recursos es más que sombrío. Más allá de lo tratado precedentemente, también hay queconsiderar que, en este caso, los recursos internos deben ser consideradosagotados de hecho, por cuanto tanto los ya resueltos como los que estánpendientes de decisión son ineficaces para salvaguardar los derechosfundamentales cuya violación se alega en esta petición. El TEDH, cuya jurisprudencia es tomada como guía en lasopiniones de la Comisión IDH y en las decisiones de la Corte IDH, al menosrespecto de aquellas disposiciones de configuración similar en uno y otroámbito, ha establecido que el requisito del agotamiento previo de losrecursos internos sólo es exigible, según los principios de derechointernacional generalmente reconocidos, si el Estado miembro en cuestión20
  21. 21. ofrece recursos accesibles y adecuados para remediar las violacionesalegadas30. La Corte IDH ha declarado: “... el articulo 46.1.a de la CADHremite «a los principios del Derecho internacional generalmentereconocidos». Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal detales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, comoresulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2... Que seanadecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema delDerecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. Entodos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todosson aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, elrecurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica elprincipio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puedeinterpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado seamanifiestamente absurdo o irrazonable”31. Ello en razón de que "[d]e ninguna manera la regla del previoagotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidadla actuación internacional en auxilio de la víctima..."32.30 Doctrina constante del TEDH: ver casos “Stögmüller” (párr. 11), “De Wilde et al.” (párrafosn.os 53 y ss.), “Deweer” (párrafos 25 y ss.), “Van Oosterwijick” (párrafos 27), entre muchosotros.31 Sentencia del caso “Velásquez Rodríguez”, de 26/6/1987.32 Comisión Interamericana, caso “Victorio Spoltore vs. Argentina”, Informe N° 65/08, PeticiónN° 460-00, Admisibilidad, del 25 de julio de 2008; idem caso “Sebastián Klaus Furlan vs.Argentina”, Informe N° 17/06, Petición N° 531-01, Admisibilidad, del 2 de marzo de 2006. Ver,asimismo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Velásquez Rodríguez.Excepciones Preliminares”, sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párrafo 93. Caso“Godínez Cruz. Excepciones Preliminares”, sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 3,párrafo 93. Tal como lo ha señalado la Comisión, los recursos cuyo trámite se demoraindebidamente pierden su eficacia. Véase, por ejemplo, CIDH, Informe N° 27/99,Admisibilidad, Caso 11.697, “Ramón Mauricio García-Prieto Giralt vs. El Salvador”, 9 de marzode 1999, párrafo 47.21
  22. 22. La Corte IDH ha dicho recientemente: “Como la Comisión haexpresado anteriormente, para cumplir con el requisito de previoagotamiento, los peticionarios tienen que agotar los recursos idóneos, esdecir, los recursos disponibles y eficaces para remediar la situacióndenunciada. En el presente caso los peticionarios interpusieron recursos decasación en contra de las sentencias que los condenaron a la pena de prisiónperpetua y, ante su denegación, interpusieron … recursos extraordinarios,cuyo agotamiento no es necesariamente requerido por la Comisión,por su carácter de extraordinario y discrecional”33. En relación específica con los recursos extraordinarios ante laCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho la Corte IDH: “El Estado sostiene que el recurso de inaplicabilidad, decarácter extraordinario, estaba a disposición de los peticionarios, y habríaservido como mecanismo eficaz para impugnar la sentencia de condena enlos aspectos pertinentes... A este respecto debe señalarse que un recurso enel que se impugne la aplicabilidad de una ley, es un recursoextraordinario, conforme a lo estipulado en el Artículo 362 del CódigoProcesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en vigor a la fecha delproceso judicial de que se trata… 45. La jurisprudencia del sistema haestablecido que si bien en algunos casos dichos recursos extraordinariospueden ser adecuados para enfrentar violaciones de derechos humanos,como norma general los únicos recursos que es necesario agotar sonaquellos cuyas funciones, dentro del sistema jurídico, son apropiadas parabrindar protección tendiente a remediar una infracción de determinadoderecho legal. En principio, se trata de recursos ordinarios, y noextraordinarios”34. Los recursos presentados por mí ante la Corte33 Comisión IDH, caso “César Alberto Mendoza y otros vs. Argentina”, Informe N° 26/08,Petición N° 270/02, Admisibilidad, del 14 de marzo de 2008, párrafo 72.34 Comisión IDH, caso “Christian Daniel Domínguez Domenichetti vs. Argentina”, InformeNº 51/03, Petición N° 11.819, Admisibilidad, del 24 de octubre de 2003, párrafo 45. En elmismo sentido, más refiriéndose al recurso extraordinario federal, ver “Guillermo Patricio22
  23. 23. provincial (recurso extraordinario de nulidad del art. 479 y 491 del CódigoProcesal Penal de la Provincia de Buenos Aires), son regulados en formaconjunta con los recursos de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad,asignándoles la ley a todos ellos el carácter de extraordinarios. En lo que tiene que ver con la privación de la libertad duranteel proceso, la Corte IDH ha sido todavía menos exigente con el recaudo delprevio agotamiento de los recursos locales, llegando a decir que basta, aeste respecto, con la solicitud de excarcelación y su denegatoria. Ha dicho:“38. Aunque el Estado sostuvo en un primer momento que lospronunciamientos judiciales en el incidente de excarcelación no son idóneospara sostener que se han agotado los recursos internos, la Comisión deseadestacar, de conformidad con su jurisprudencia anterior, que: ‘En elcontexto de la prisión preventiva, para el agotamiento de recursos essuficiente la solicitud de excarcelación y su denegatoria’"35. Al respecto, en el caso “Bayarri”36 la Corte IDH dijo: “Conrelación a los primero, tercero y cuarto recursos interpuestos por elpeticionario, el Estado alegó que no había interpuesto el remedio Federalprevisto en la Ley 48 de tal manera que el más alto tribunal de la Nación,decidiera sobre esta materia. La CIDH nota que el Estado no precisa lanorma concreta de la mencionada Ley 48 a la que se refiere; sin embargo,la CIDH entiende que el Estado alude al recurso federal previsto en losLynn vs. Argentina”, Informe N° 69/98, Petición N° 681-00, Admisibilidad, del 16 de octubrede 2008, párrafo 41; idem Corte IDH, Caso “Velásquez Rodríguez”, Sentencia del 29 de juliode 1988, Ser. C No. 4, párrafo 63; CIDH, Informe sobre Admisibilidad No. 68/01, Caso12,117, “Santos Soto Ramírez y otros, México”, 14 de junio de 2001, párrafo 14, e InformeNo. 83/01 (Admisibilidad), Caso 11,581, “Zulema Tarazona Arriate y otros, Perú”, 10 deoctubre de 2001, párrafo 24.35 Informe N° 50/04, Petición N° 12.056, Admisibilidad, “Gabriel Oscar Jenkins, Argentina”,13 de octubre de 2004; CIDH, Informe N° 12/96, Caso 11.245, Jorge A. Giménez,Argentina, 1ro. de marzo de 1996, párrafo 57.36 Comisión IDH, caso “Juan Carlos Bayarri vs. Argentina”, Informe N° 2/01, caso N° 11.280,del 19 de enero de 2001, párrafo 38.23
  24. 24. artículos 14 y 15 ejusdem que permite el acceso a la Corte Suprema deJusticia de la Nación en circunstancias bien precisas y excepcionales. [27]La Comisión ha reconocido en casos anteriores que los recursosextraordinarios pueden constituir, en determinadas circunstancias, recursosadecuados que deben agotarse. [28] Sin embargo, fuesen o no éstas lasnormas que el Estado pretende invocar, la CIDH nota que no ha señalado dequé manera estos recursos podrían ser adecuados y efectivos a los fines deremediar la violación alegada por el peticionario. En efecto, la CIDH reiteraque el Estado que alega la falta de agotamiento de los recursos internostiene a su cargo probar la adecuación y efectividad de los recursos queconsidera que deben agotarse (ver párrafo 30 ut supra). En consecuencia,la Comisión estima que no es necesario analizar si los recursosinvocados por el Estado son adecuados y efectivos para remediar laviolación alegada por el peticionario según los principios señaladosen el párrafo 27 ut supra. La Comisión concluye que con lassentencias de las Cámaras de Apelaciones correspondientes queconocieron en segunda instancia los recursos de excarcelaciónpresentadas por el peticionario, respectivamente del 22 de junio1995, 31 de octubre de 1996 y del 6 de marzo de 1997, elpeticionario ha cumplido con el requisito de agotamiento de losrecursos internos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención conrelación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puestoen libertad”. De todos modos, como hemos visto, en el caso hubo no sólosolicitud de excarcelación, a través de un planteo de habeas corpus, y sudenegatoria, sino que hubo una apelación ante la Cámara de Apelaciones, queconfirmó dicho rechazo e incluso se agotó la instancia de casación, quedesestimó el recurso interpuesto contra la denegatoria de habeas corpus. De este modo, en los casos citados del TEDH y de la Corte IDHse ha admitido la competencia internacional a pesar de que no habían sido24
  25. 25. estrictamente agotados los recursos del derecho interno, en tanto que, bajodiversas circunstancias, se estimó que el agotamiento completo no eraexigible, pues de los recursos del derecho interno no se podía esperar unaefectiva satisfacción para los derechos violados. Esto, como ya se dijo, es evidente, tanto porque el recurso decasación (medio idóneo según la Comisión IDH para satisfacer el derecho delcondenado a un recurso ante un tribunal superior del art. 8, párr. 2, h,CADH) fue tratado recién 2 años después de presentado, como porque nosólo no reparó las graves violaciones a los derechos de la CADH que habíansido cometidas sino porque cometió nuevas y gravísimas violaciones a dichosderechos. La situación se puede ver reflejada también con claridad en loque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera respectodel requisito del agotamiento de los recursos internos según los principiosdel derecho internacional generalmente reconocidos: “No se aplicará esta regla cuando la tramitación de losmencionados recursos se prolongue injustificadamente” (art. 41.1.c, in fine). Y esto es precisamente lo que sucede en este caso, en que lostribunales se toman casi cuatro años para resolver cada recurso a pesar deque el imputado se encuentre en prisión preventiva. Por último, la gravedad de las lesiones denunciadas es tambiénuna pauta para el análisis del “agotamiento de los recursos internos”. Enefecto, la gravedad e intensidad de las violaciones que han sido cometidasen su contra, es también un elemento coadyuvante para el análisis delagotamiento de los recursos internos. Como se sabe, la jurisprudencia del TEDH (y la de la ComisiónEuropea, cuando intervenía en el procedimiento), al igual que la de laComisión IDH y la de la Corte IDH, ha desarrollado una línea depensamiento sumamente ponderativa. Se ha sido reacio a establecer25
  26. 26. argumentos y sistemas de efecto general, tratando de poner el acento en lavalidez de cada decisión respecto de “las circunstancias concretas del caso”.Como también se sabe, ese estilo tiene el riesgo de que se llegue asoluciones diferentes para casos que son sustancialmente iguales. Todaresolución de un caso, por el mismo hecho de referirse a un caso, estáobligada a tener en cuenta “las circunstancias del caso”. ¿De qué otro modose podría resolver, si no? Pero de allí no se sigue que no puedan construirsereglas de aplicación general a los casos de características relevantessimilares. Pero, por otro lado, la doctrina de “las circunstancias concretasdel caso” ha conducido a que los estudios y tomas de posiciones sobre elalcance de cada garantía protegida por la Convención, al igual que lajurisprudencia sobre el “agotamiento de los remedios internos”, esténsignados por argumentos “de ponderación”, evaluando el alcance de cadagarantía según cuál sea la medida o intensidad en que tal garantía haya sidoviolada. Ello indica que, ya para evaluar si puede haber un obstáculopara el progreso de esta petición en el hecho de que hubiera recursosextraordinarios por interponer en el país de origen (Argentina), la ComisiónIDH debe parar mientes también en el abanico de lesiones a la ConvenciónAmericana que han sido cometidas contra mi persona. Dicho de otro modo, la gravedad del fondo del asuntocondiciona también la cuestión de la admisibilidad formal de la petición. Elmúltiple y grave atropello a derechos humanos fundamentales que hemospuesto sumariamente de manifiesto en el capítulo precedente exhibepatentemente la gravedad del caso, lo que justifica, también desde esepunto de vista, que debamos considerar cumplido el requisito delagotamiento previo.26
  27. 27. Así pues, por todo lo tratado, no cabe duda de que en estecaso y según lo establecen las ya citadas normas expresas de la CADH y delreglamento de la Comisión IDH, debe considerarse que está cumplido elrequisito del agotamiento previo de los recursos internos y que lasviolaciones alegadas deben ser analizadas por la Comisión. En efecto, los recursos pendientes de decisión en la jurisdicciónlocal son extraordinarios y, como tales, no resultan aptos para remediar lasviolaciones denunciadas -o lo serían tardíamente, traduciéndose ello enperjuicios de imposible reparación-, de modo que su agotamiento no puedeser exigido, ya que así lo establecen en esta situación los principiosgeneralmente reconocidos del derecho internacional (art. 46, CADH).Igualmente, más allá de esa ineficacia natural, dichas impugnaciones no sonresueltas rápidamente, sino que llevan a un trámite extremadamenteprolongado, que las torna también por ello ineficientes (arts. 1, 25, 46, párr.2, c, CADH). La gravedad de las violaciones denunciadas, de lo que ilustranlos capítulos siguientes referidos al fondo del asunto, violación por violación,también habla en favor de que sería exorbitante resolver, en contra delpeticionante, que aún debe esperar a ver si el Estado Argentino, en lospróximos 4, 6 u 8 años, repara alguna de las múltiples violaciones cometidascontra aquél. B) El plazo de interposición. El artículo 46 de la CADH dice al respecto: “Para que una petición o comunicación presentada conforme alos artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: … b) quesea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en queel presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisióndefinitiva”.27
  28. 28. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penalde la Provincia de Buenos Aires, de fecha 18 de junio de 2009, que mecondena como autor de homicidio calificado, me fue notificada en formapersonal el día 11 de agosto de 2009, conforme surge de la constancia de ladiligencia de notificación que se acompaña37. Desde ese día hasta elpresente no han transcurrido aún los seis meses previstos por la Convención(que se cumplen recién el 11 de febrero de 2010), de modo que estapetición se formula en tiempo oportuno. Por otra parte, la resolución del mismo tribunal de casaciónrelacionada con el rechazo del recurso contra la denegatoria del habeascorpus es posterior (17 de septiembre de 2009), con lo cual queda claro queestamos dentro del plazo que contempla la norma. C) Ausencia de litis pendentia. El artículo 46 exige, por último, en su inciso c), como condiciónde admisibilidad, que “la materia de la petición o comunicación no estépendiente de otro procedimiento de arreglo internacional”. Al respecto,afirmo que no existe otro procedimiento en trámite relacionado con el casoque nos ocupa, que haya sido promovido por mí o por alguien en mi favor. V- La violación del principio de la presunción deinocencia. El artículo 8.2 de la Convención dispone que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.[…]”37 Constancia de notificación de la sentencia condenatoria del Tribunal de Casación (Anexo14).28
  29. 29. Este principio es vulnerado de tres modos diferentes: a) alhabérseme condenado en ausencia de prueba de mi autoría; b) alhabérseme presentado públicamente como culpable antes del fallo final y sufirmeza; y c) al habérseme castigado anticipadamente, poniéndoseme enprisión preventiva pese a la ausencia de todo riesgo procesal. Trataremos enorden estas diferentes modalidades. A. Condena en ausencia de prueba. 1. Introducción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el artículo 8.2de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista pruebaplena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no esprocedente condenarla, sino absolverla38. En este sentido, la Corte IDH ha afirmado también queen el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, alafirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada39. También señaló la Corte IDH que el derecho a la presunción deinocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho ala defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del procesohasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quedefirme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no hacometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde aquien acusa40.38 Cfr. Caso “Cantoral Benavides”, supra nota 139, párr. 120; caso “Ricardo Canese”, suprapárrafo 153. Los destacados son míos.39 Cfr. Caso “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12 de noviembre de 1997, nota 140,párr. 77; caso “Ricardo Canese”, cit.40 Caso “Ricardo Canese”, cit. párrafo 154.29
  30. 30. El conflicto penal (Estado vs. imputado) exhibe unadesigualdad estructural, que ha sido explicada de un modo cristalino por eljurista Julio Maier: “Igualar el poder de la organización estatal, puesta al serviciode la persecución penal, resulta imposible: ministerio público y policíaejercen el poder penal del Estado y, por ello —por su pesada tarea: deber deprevenir y averiguar los hechos punibles—, disponen de medios que, salvoexcepciones históricas, meramente prácticas, debidas al ejemploescasamente edificante de organizaciones delictivas privadas, son,jurídicamente, imposibles de equiparar. Ello se traduce, ya en la persecuciónpenal concreta e individual, en una desigualdad real entre quien acusa yquien soporta la persecución penal. Se trata así de un ideal —quizá utópicopero plausible— el intentar acercarse en la mayor medida posible al procesode partes, dotando al imputado —aun de manera parcial— de facultadesequivalentes a las de los órganos de persecución del Estado y del auxilionecesario para que pueda resistir la persecución penal, con posibilidadesparejas a las del acusador: en ello reside la pretensión de equiparar lasposibilidades del imputado respecto de aquellas que poseen los órganos de 41persecución penal del Estado en el proceso penal” . De un modo todavía más contundente, Maier, en un textocrítico, señaló: “si advirtiera, al menos, que el sistema penal, salvo escasasexcepciones, constituye todo una obra estatal contra una persona, en pos deaplicarle la fuerza pública, cuyo monopolio reside en el Estado,desembocaría en la conclusión de que el movimiento de la Ilustración, quepergeñó nuestro actual Estado de Derecho, pretendió reaccionar contra ladesprotección del ser humano frente a la fuerza estatal —aún la fundada enel principio de la mayoría (democracia)—, para lo cual, si bien aceptó, en41 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Tomo I “Fundamentos”, editores del Puerto,1996, 2ª edición, p., p. 578.30
  31. 31. definitiva, el poder penal del Estado como mecanismo de ejercicio inevitableen la organización política estatal, organización que también respetó en subase, lo rodeó de límites y garantías individuales para evitar su abuso yaplicación arbitraria al individuo: eso, y no otra cosa, representan los‘derechos humanos’, en una concepción totalmente tradicional —diría,incluso, conservadora— del Estado de Derecho en materia penal”42. En este esquema, el principio de la presunción de inocencia(cuyas principales derivaciones probatorias son el onus probandi y el indubio pro reo) es el principal mecanismo de compensación de esadesigualdad estructural entre el Estado y el imputado. Se ha dicho en formareiterada que todo el sistema de garantías que constituye la base delderecho procesal penal deriva en última instancia del llamado principio opresunción de inocencia, que procura evitar, mediante la organización de unprocedimiento adecuado, que se condene al inocente, asumiendo el costo deque se absuelva al culpable43. Se puede advertir que todos sus componentesestructurales giran en torno de la necesidad de impedir que se condene aalguien por un desajuste, voluntario o involuntario, entre la realidad de loshechos y su representación procesal. Desde un punto de vista filosófico, esclaro que el principio de inocencia, principalmente el in dubio pro reo,implica la receptación normativa del modelo cognoscitivista signado por laaspiración por la verdad-correspondencia, que implica, al decir de Maier, larepresentación ideológica correcta de una realidad ontológica, que sólo semanifiesta a través de criterios subjetivos: certeza, probabilidad o duda.42 MAIER, Julio B. J., El recurso contra la sentencia de condena: ¿una garantía procesal?, en“Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología”, edición homenaje a RicardoC. Núñez, Nueva Serie, N° 1, 1995, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho yCiencias Sociales, Marcos Lerner Editora Córdoba, ps. 151 y 152.43 Del “postulado lógico y jurídico” de la presunción de inocencia Carrara hace derivar, ademásde la carga acusatoria de la prueba, la “estricta adhesión a la competencia”, la “oportunaintimación de los cargos”, la “moderación de la custodia preventiva”, la “crítica imparcial en laapreciación de los indicios” (ver Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”,publicada por Editorial Trotta en el año 1995, pág. 626, nota 19).31
  32. 32. Verdadero es sólo el enunciado sobre hechos que se corresponde con larealidad44. Esa inaceptabilidad de dicho desajuste (error o arbitrariedad)en caso de condena —frase que condensa toda una conquista filosófica,axiológica y jurídica que pone el acento en la dignidad humana frente alabuso del poder penal estatal45— y la constatación de los condicionamientosteóricos e institucionales que enfrenta el conocimiento de los hechos y enparticular el judicial46, es lo que ha dado origen a un sistema de garantíasprocesales predispuesto para eliminar tendencialmente el error y laarbitrariedad en la verificación del enunciado fáctico en que se habrá defundar la declaración de la responsabilidad penal del imputado y laimposición de la pena, asegurándose de este modo un mínimo deconfiabilidad de la verdad procesal así obtenida que no se funde únicamenteen la mera convicción del juzgador47. De este modo se estructura un proceso de conocimientocontradictorio —signado por las reglas onus probandi e in dubio pro reo48—llevado a cabo ante un órgano jurisdiccional imparcial para que, tras laconfrontación pública (oralidad e inmediación) y amplia de las hipótesiscontrapuestas y de los indicios en que se sustentan por parte de sujetos44 Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba”,editorial Marcial Pons, Madrid, año 1999, p. 73. En la conocida formulación de A. Tarski: Laoración “la nieve es blanca” es verdadera si —y sólo si— la nieve es blanca.45 Por todos Ferrajoli, ibidem, ps. 21 a 29.46 Gascón Abellán, Marina, op. cit., p. 126.47 Para de este modo sortear la aguda crítica de Ennio Amodio: el “progresivo desmontaje delcontenido originariamente racionalista” de la libre apreciación de la prueba. Esta se habríatransformado, de una liberación de las cadenas con que la ley avasallaba la labor apreciativa, enuna especie de “anarquía” en las operaciones cognitivas del juez (Libertà e legalità della provanella disciplina della testimonianza, en Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1974, 311; y en la pág. 313 hablainclusive de una evolución patológica del principio de la libre apreciación de la prueba).48 Micheli, Gian Antonio, La carga de la prueba, traducción de S.S.M., E.J.E.A., Bs. As., p.265 a 267.32
  33. 33. enfrentados, pueda el órgano (imparcial) encargado de juzgar establecer, através del método de la inducción reconstructiva49, si la hipótesis quepermite afirmar la responsabilidad penal refleja, con la necesaria capacidadexplicativa, la verdad de lo acontecido más allá de toda duda razonable;para, finalmente, expresar ese juicio en la motivación de la sentencia de unmodo que se pueda suponer que el fantasma del error ha sido sojuzgado50.Ha dicho Luigi Ferrajoli que para que un Estado se pueda considerarautorizado a imponer una pena de prisión a un individuo la hipótesisacusatoria debe haber pasado exitosa las siguientes pruebas: primero, laconfirmación de la hipótesis acusatoria mediante prueba variada, coherentey suficiente (indicios graves, precisos y concordantes); segundo, haberpasado airosa la prueba de la refutación (contradictorio) por parte de ladefensa; y tercero y más importante, haberse podido descartar todas lashipótesis alternativas más allá de toda duda razonable51. Y para el caso de que, a juicio del condenado, el órganojurisdiccional no haya cumplido adecuadamente con esa carga52, seestructura un sistema de impugnaciones contra la sentencia condenatoriapara que otro órgano jurisdiccional diferente (imparcial), con capacidad para49 Ver la aplicación de este método en el “Soliloquio de Hamlet” de Reichembach, La filosofíacientífica, p. 259/60, cit. por Gascón Abellán, op. cit., p. 104, nota 165.50 En este sentido se ha dicho: “interdicción de la arbitrariedad y obligación de motivar sonel anverso y el reverso de la misma medalla” (Igartua Salaverría, J., Discrecionalidadtécnica, motivación y control jurisdiccional, Madrid, Civitas, 1998, p. 51). También M.Taruffo: “Entre el problema de la prueba y el de la justificación de la decisión en lamotivación de la sentencia existen vinculaciones muy estrechas” (La prueba de los hechos,editorial Trotta, traducción de Jordi Ferrer Beltrán, financiada por SEPS, p. 520) Ver, delmismo autor, en el mismo sentido, L’obbligo di motivazione della sentenza civile tra dirittocomune e illuminismo, en Riv. It. Dir. Proc. 1974, 265 y ss.). En el mismo sentido,tempranamente, se había pronunciado Jarke, Bemerkungen über die Lehre vomunvollständingen Beweise, vornehmlich in Bezug auf die ausserordentlichen Strafen, NeuesArchiv des Criminalrechts, tomo 8 (1826), ps. 97 y ss.51 Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 151.52 La motivación llega a ser el “espejo revelador de los errores del juzgador” (Vid. Calamandrei,Piero, Proceso y democracia, p. 118).33
  34. 34. dejar sin efecto la decisión, pueda evaluar la crítica de que es objeto aqueljuicio por parte del condenado y determinar si es o no fundada. Y aunque,por el imperio de la preclusión, la pena deba comenzar a ser ejecutada,todavía se asume, pese a la cosa juzgada, la posibilidad de supervivencia delerror y se estructura un mecanismo de revisión, activable sólo por elcondenado, para su eliminación in extremis53. Sólo una concepción que, reconociendo la posibilidad deconocer los hechos externos al sujeto cognoscente, a la vez desconfía de laseguridad del conocimiento alcanzado54 por una mera convicción deljuzgador, abominando del error y de sus consabidas consecuencias (castigodel inocente) —y que por lo tanto se resiste a asignar un carácter absoluto55y apodíctico a la verdad alcanzada— ha permitido configurar unprocedimiento dotado de toda esta serie de genuinas “garantías de verdad”o “garantías de evitación del error”. A lo que se aspira es a que nunca pueda válidamente ejercersela coerción material sobre un individuo si no se obtiene la prueba (certeza)de su responsabilidad penal. La prueba, por su parte, debe ser el resultadode un procedimiento que refleje el método inductivo, que es el que goza delmayor prestigio científico para la reconstrucción de los hechos yaacontecidos, y que se ve posibilitado en el proceso penal a través del53 Esta “garantía de verdad” complementa y cierra el circuito constituido por: 1) Necesidad dela prueba para poder afirmar la verdad de un enunciado; 2) Variedad de la prueba (utilización decualquier elemento que permita aportar información relevante sobre los hechos); 3) Libertadprobatoria para que el juez no dé por probados hechos que estime insuficientemente probados; 4)Insuficiencia de la prueba, para poder considerar que toda prueba relevante es necesaria; 5)Refutabilidad de las hipótesis (requisito de la contradictoriedad) (Vid. Gascón Abellán, op. cit. p.115).54 Cf. González Lagier, Daniel, Los hechos bajo sospecha. Sobre la objetividad de loshechos y el razonamiento judicial, en Analisi e diritto 2000, a cargo de P. Comanducci e R.Guastini.55 Sobre el carácter relativo del conocimiento, ver Bunge, Mario, La causalidad. El principiode causalidad en la ciencia moderna, traducción de Hernán Rodríguez, Ed. Sudamericana,Buenos Aires, 1997.34
  35. 35. mecanismo del contradictorio entre partes, que, presidido por laimparcialidad del juzgador y animado por la publicidad como preservativomás eficaz contra la arbitrariedad56, asegure la obtención de una verdad másconfiable (o menos impugnable). La única forma de conseguir, pues, desde el prisma de lapresunción de inocencia, una verdad en principio incuestionable que disipelas posibilidades de desajuste entre realidad y representación, es con laconfrontación de hipótesis y con el funcionamiento de los pares dialécticosverificación-falsación o confirmación-refutación, siempre y cuando elobservador pasivo de ese juego y luego juzgador activo sea lo más neutralposible. A esto apuntan todas las garantías orgánicas que se condensan enel llamado principio de jurisdiccionalidad estricta57. Si el encargado de decidirno es imparcial, su ánimo estará predispuesto a asumir dogmáticamente lapostura incriminatoria y carecerán de todo sentido todos los resguardos quese adopten en cuanto al ejercicio de la defensa. Por otra parte, la formulación correcta del derecho al recursoimplica, en este modelo, el otorgamiento al condenado perjudicado por unadecisión jurisdiccional conclusiva de un proceso en un todo compatible con elmodelo procesal constitucional (primer grado de jurisdicción) el derecho areprobar esa decisión ante un órgano jurisdiccional diferente (segundo gradode jurisdicción), con poder para dejar sin efecto dicha decisión, con el objetode eliminar todo vestigio de error que pudiera subsistir58. Como vimos, lanecesidad de evitar que se condene por error a una persona impuso no sóloun proceso contradictorio ante un juez imparcial con la carga de la pruebaen manos de quien afirma la culpabilidad y la obligación de absolver ante la56 Bentham, J., Tratado sobre las pruebas judiciales, p. 95.57 Ferrajoli, ibidem, p. 539 y ss.58 Cf. Pastor, Daniel, La nueva imagen de la casación penal. Evolución histórica y futuro de ladogmática de la impugnación en el derecho procesal penal, editorial Ad-Hoc, Buenos Aires,octubre de 2001, ps. 95, 137, 214, 216, 218 y pássim.35
  36. 36. duda final, sino que la actitud escéptica ante la infalibilidad de la verdadobtenida —propia de la comprobación epistémica del condicionamientoteórico e institucional con el que se encara indefectiblemente elconocimiento judicial de los hechos— exige el sometimiento a revisión de laverdad declarada. Esto se canaliza en el proceso a través del otorgamientode un derecho al condenado –y lógicamente sólo al condenado- a reprobar ladecisión ante un órgano jurisdiccional diferente, lo que aseguraimparcialidad por la ausencia de compromiso con la verdad afirmada en ladecisión impugnada. Sólo la condena que ha pasado por estas pruebaspuede, desde el punto de vista constitucional, reflejar una verdad fiable yhabilitar la ejecución de la pena. Estas breves reflexiones, además se servir de introito al temaque ahora nos ocupa, son fértiles, como se puede apreciar, para eltratamiento de las demás violaciones a derechos humanos que hemosdenunciado (violación de las garantías del juicio público, imparcialidad deltribunal, derecho al recurso ante un tribunal superior e interpretaciónperversa de los derechos y garantías). Como dije antes, se me ha condenado en violación del principiode inocencia por cuanto no hay pruebas que permitan siquiera aproximarseal grado de certeza que exige dicho principio de que yo fui el autor delhomicidio de mi esposa ni de que fui el encubridor del homicida. Esto setorna aún más grave en el fallo de casación, por cuanto el nuevo encuadrejurídico de los hechos que allí se produjo suscita la tragedia de que se meencierre de por vida por un delito que no cometí. Como veremos, la incertidumbre domina todo este caso: nohay un móvil que pueda explicar por qué se supone que yo maté a miesposa, y no hay precisión alguna en cuanto a las circunstancias de modo,tiempo y lugar, no habiendo aparecido nunca el arma homicida ni prueba derastro o al menos testimonial que abone mi intervención, sea principal,accesoria o de encubrimiento. Es decir, no hay una respuesta al por qué, ni36
  37. 37. se han podido responder adecuadamente a las preguntas consistentes encómo se supone que la maté, cuándo se supone que la maté y dónde sesupone que la maté. Como dijo el juez Rizzi, uno de los jueces del tribunalque llevó a cabo el juicio oral y público, al fundar su voto por mi absolución:“los vacíos probatorios son de tal entidad que para rellenarlos hace falta unverdadero esfuerzo imaginativo totalmente incompatible con la presunciónde inocencia y con la seriedad de un pronunciamiento judicial”59. Acontinuación trataré, en el orden señalado, estas cuestiones. 2. Ausencia de móvil. Cuando hay semejante incertidumbre en relación con lascircunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, se torna indispensable laprueba del móvil, ausente en el caso. En palabras del juez Rizzi: “Cierto es que analizar por qué razón una persona comete undelito, no forma parte de la acción típica, salvo en casos específicos (porejemplo, el odio racial o religioso) que la propia ley explicita. Y también escierto que cuando el motivo no forma parte de la exigencia típica, enprincipio no es necesario conocerlo y probarlo. “En otras palabras, si frente a testigos, o a una cámara que lofilma, Juan clava un puñal a Pedro, no es necesario saber por qué lo hizopara reprocharle las lesiones o la muerte de Pedro. Aunque nadie puedadescubrir el móvil de tal acción, y aunque Juan se niegue a confesar lasrazones de su acto, si además no se sospecha o alega alguna causa dejustificación, su responsabilidad penal puede ser determinada sin problemas. “Pero es indudable que cuando no existe un cuadro probatoriode la simpleza del descripto en el párrafo anterior, determinar cuál ha sidoel móvil de lo ocurrido, se convierte en una pieza fundamental de la59 TOC, voto del juez Rizzi, fs. 7277 vta.37
  38. 38. armazón lógica que será necesaria para conformar la hipótesis acusatoria ypoder establecer la autoría del hecho. Principalmente ello ocurre, cuando secarece de pruebas directas y se debe echar mano a indicios o presunciones. “Tal es el caso de autos, en que pese a lo que pretende elfiscal, y repitiendo su metáfora, no sólo no tenemos la ‘filmación’ del hecho,sino que ni siquiera sabemos con la precisión que exige un pronunciamientocondenatorio, cómo, ni cuándo, ni dónde ocurrió el suceso. Cuando sedesconoce o se ignora demasiado del cómo, del cuándo, y del dónde, el porqué suele ser de gran utilidad, pero adelanto desde ya que si respecto delcómo, tenemos alguna idea (fueron seis balazos disparados, de los quecinco entraron en la cabeza, pero desconocemos quién lo hizo, con quémodalidad y con qué arma, si en el marco de una lucha o si fue unaejecución mafiosa); del dónde sabemos que probablemente fue en la plantaalta de la casa, aunque no exactamente en qué ambiente; y del cuándo, quefue en el lapso de unos tres cuartos de hora transcurridos entre las 18.15 ylas 19.00 aproximadamente; del móvil en cambio no tenemos la menornoticia”60. Sepa esa Honorable Comisión que durante más de treinta añosestuve casado con María Marta García Belsunce. Es un hecho indiscutido enesta causa que ese largo período –toda una vida- estuvo signado por elafecto, la paz, la armonía y el compañerismo61. Concordia que no sólomanteníamos mi esposa y yo sino que era extensiva a todos sus familiares:su padre Horacio García Belsunce, un jurista reconocido, académico dederecho y persona de bien; su madre Luz María Blanca Luisa Galup Lanús,sus hermanos (de padre y madre) Horacio y María Laura García Belsunce ysus respectivos cónyuges. Lo mismo contaba para con los familiares60 Ver fs. 7274 vta. a 7246.61 Ver la cita de los testimonios de Inés Ongay, Susan Murray de Prilick, Inés Aberastain dePanelo, Ernesto Carlos Otamendi, Elena Caride de Gatto, Ema Benítez, Nora Burgués de Taylor,entre muchos otros, reseñadas en el voto del juez Rizzi (fs. 7278 y vta.).38
  39. 39. producto del segundo matrimonio de la madre de mi esposa con ConstantinoHurtig: Irene y Juan Hurtig y sus respectivos cónyuges. Y lo mismo respectodel segundo matrimonio de su padre Horacio con María Luisa Lanusse y elhijo producto de esta unión, Hernán García Belsunce. Toda la prueba de estacausa indica una buena relación entre todos los miembros de esta familia. Miesposa se dedicaba a obras de filantropía62, en un entorno que era bondadpura, como la bondad que emanaba de ella, sin enemigos de ningún tiposino sólo amigos y personas que la amaban. En lo que a mí respecta, sólodiré que la prueba recibida en autos –nunca controvertida- habla por sí solay me señala como un marido sensible y protector a lo largo de los treintaaños de matrimonio63. El fatídico domingo 27 de octubre de 2002, día de la muerte demi esposa, no había sido –esto también es un hecho indiscutido- unaexcepción a ese clima de concordia y amistad, ya que antes de ese episodio(que según se sostiene, con variaciones que luego veremos, habría ocurridoentre las 18:15 y las 18:55 hs.) habíamos compartido en el Country unalmuerzo con amigos, María Marta había jugado luego un partido de teniscon una amiga, luego vimos fútbol por televisión en compañía de familiaresy amigos y hasta, en uno de los gestos que siempre me caracterizaron haciaella, le dí mi campera para que no se mojara en las pocas cuadras deltrayecto desde la casa donde nos encontrábamos (propiedad de su hermanaIrene Hurtig y de Guillermo Bártoli, esposo de aquélla) hasta nuestra casa,que recorrería en bicicleta64.62 Su pertenencia, por ejemplo, a Missing Children y a la Asociación Amigos de Pilar estásobradamente acreditada en la causa (ver declaraciones de la Presidenta de Missing Children afs. 1079/84 del cuerpo VI y de la Secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Amigosde Pilar a fs. 3394/3395 del cuerpo XVII, entre muchas otras constancias).63 Ver, por citar sólo una prueba, la reciente entrevista televisiva efectuada a María LauraGarcía Belsunce, hermana de la víctima, cuya transcripción se acompaña como Anexo 7.64 Ver testimonios de Diego Piazza (fs. 2168 y vta.), Delfina Figueroa (14/2/2003) y VivianaDecker de Binello (fs. 349/354 vta.).39
  40. 40. Cuando llegó a nuestra casa la esperaba la muerte. El fiscal,cuando describe en su requerimiento de juicio, su hipótesis sobre el modo deocurrencia de los hechos, lo hace de esta manera: “La frialdad demostrada en el brutal homicidio es evidenteporque no solamente le fue vaciada la totalidad del cargador con los seistiros del revolver, sino que además, fue previamente golpeada de formasalvaje tal que partículas de plata, efecto de un ‘tortazo’ con un anillo opulsera de plata, se incrustaron en la cabeza de María Marta. Más aún, elprimer disparo en la antecámara del dormitorio disparado de abajo haciaarriba65, deja un profundo surco acanalado en el cráneo de María Marta detal magnitud y fuerza que no sólo produce el atontamiento y el desmayosino la pérdida de sentido de la víctima. Este proyectil en su cursodestructivo después de surcar el hueso craneal se aloja en el cuerocabelludo debajo del pelo de la víctima y precariamente sostenido por elmismo. Después, ya en el baño, en actitud de brutal alevosía y conensañamiento, con el arma apoyada en la cabeza de María Marta le disparany se alojan en su cerebro cinco plomos de revólver calibre 32. Un armamafiosa y una acción típica de asesino mafioso. Un vano intento deaparentar un crimen de pasiones irrefrenables de difusos móviles”66. El fiscal, a pesar de la ausencia de pruebas de la autoría –dadoque no hay testigos del hecho ni pruebas de otra especie-, sostiene que yohice todo esto o que, al menos, encubrí a quien lo hizo. Se atreve a sostenertambién que, al momento de los hechos, se encontraban también en nuestracasa su media hermana, Irene Hurtig, y el esposo de ésta, Guillermo Bártoli,insinuando de este modo que éstos habrían tenido algún tipo departicipación en los hechos67. En lo que a mí respecta, la hipótesis del65 Esta dirección del disparo es importante por lo que veremos más adelante (ver “el nodescarte de la contrahipótesis”).66 Ver REJ, fs. 4246 y vta.40
  41. 41. encubrimiento de homicidio fue, como se sabe, aceptada por el Tribunal delJuicio y la del homicidio agravado por el Tribunal de Casación. La argumentación que se desarrolla para sostener esto es,como habremos de ver, completamente caprichosa y carente de sustento. Enefecto, las pruebas que, según el fiscal y los tribunales actuantes, indicanque yo fui el autor del homicidio de mi esposa o el encubridor de dicho delitorevelan, como veremos a su turno, exactamente lo contrario. La pregunta que se impone ahora es: ¿cómo es posible que lapersona que durante décadas había mantenido sin solución de continuidaduna relación armoniosa y pacífica con la víctima, que se mantuvo inclusivedurante el día del hecho y hasta momentos antes de irse María Marta a suencuentro con la muerte, sea la misma persona que, súbitamente, laacomete con semejante violencia, agresividad y desprecio? Si fuera lamisma persona, como arbitrariamente se ha dado por supuesto en estecaso, ¿qué es lo que explica semejante mutación? ¿Qué hay en esta causa,qué prueba, qué informe, qué pericia psiquiátrica, que indique que yo puedehaber sufrido esta brutal transformación, digna de Stevenson, que de ser unmarido cuidadoso, amable y protector, me haya transformado en una bestiasemejante? ¿Cómo se explica que su hermana y su cuñado hayanpresenciado o tomado parte en ese hecho dantesco, como se atreve ainsinuar el fiscal? ¿Cómo se explica que el padre de María Marta, su madre,su hermana María Laura y demás personas jamás imputadas en la presentecausa sigan respaldando y apoyando a ese ser abominable, que mató consemejante saña a su hija y que en modo alguno erijan un dedo acusadorcontra el resto de los parientes cuya intervención insinúa el fiscal? ¿Cómo seexplica que sus padres me hayan cedido enteramente sus derechoshereditarios en el sucesorio de su hija si no es que están seguros de mi67 Ver Acta de Debate, en adelante AD, que se acompaña como Separata N° 4, a fs. 7056 y vta.,7057, 7062 y 7063. Ver también el recurso de casación del fiscal, que se adjunta como Anexo 15.41
  42. 42. inocencia, del dolor que implica para mí su pérdida y, por si ello fuera poco,la imputación de que fui el autor de su muerte? Nadie ha podido responder hasta el día de hoy estas preguntas.Las dos deficiencias enormes de la hipótesis de mi intervención en la muertede mi esposa o en el encubrimiento de sus autores, a saber: 1) ausencia depruebas de la autoría del homicidio o de que haya sabido del mismo yencubierto a sus autores; y 2) comportamiento inexplicable en comparacióncon comportamientos previos, de toda una vida previa, que indican afecto yconsideración hacia la víctima, condujeron al fiscal a elucubrar hipótesisdescabelladas sobre los posibles móviles del homicidio o del encubrimientodel homicidio por mi parte, totalmente abandonadas con posterioridad. Destaco especialmente la hipótesis de mi supuesta vinculacióncon el Cartel de Juárez, que surge del requerimiento de elevación a juicio delfiscal: “… la investigación devela en definitiva el potente nervioconductor que une a todos los vinculados en esta trama novelesca. Ingentescantidades de dinero ilegítimo proveniente de las operaciones que realizó enla Argentina el ‘Cartel de Juárez’ son las que atan conciencias y las quemueven los actos e imponen silencio a los vinculados a este crimeneliminando por banales las hipótesis de raterías, robos y móviles pasionalesde toda índole insinuados por los investigados en esta instrucción, yconformando con los relacionados con la causa un verdadero clan o núcleocerrado juramentados en el silencio”. (…) “… cuando esta Fiscalía habló de un comportamiento mafiosoen las actitudes de todos los actores que rodean el asesinato de María Martaestaba respaldada por cuanto el interés económico del conocimiento desecretos, por los que pudo ser sancionada María Marta, eran suficientementepoderosos como para mover sumas ingentes de dinero para comprar42
  43. 43. conciencias, testigos, abogados, funcionarios y todo el abanico deposibilidades que el dinero del narcotráfico y el lavado del Cartel de Juárezpuede conseguir”. (…) “Así, por violentos y tenaces lazos de fuertes operacioneseconómicas ilegítimas y cuantiosas, se puede lograr no sólo la ‘omertá’, eltradicional silencio mafioso, sino el vuelco aún de las personas que noestaban originalmente en el ‘ajo’ pero que paulatinamente, por temor o pormucho dinero fueron engrosando las filas de los encubridores”. (…) “Que aquí está claro, con este móvil impresionante, nadiereculará en sus dichos, nadie se quebrará en sus testimonios, nadie acusaráa otro miembro de la logia, nadie sacará los pies del plato. Pero el móvil delasesinato, con sus complejos entresijos para develar sus conexiones,aparece para explicarlo. Asesinato cuyo perverso móvil consiste sólo enencubrir operaciones mucho más importantes que la simple vida de MaríaMarta, totalmente prescindible para ‘Amianto’ (así me llama el fiscal) y losdemás involucrados”68. Por eso es que dice que la muerte de María Marta se produceen un “rápido enfrentamiento por posibles cuestiones de manejo de dineroilegítimo o manejo ilegítimo de dinero”69. La hipótesis de mi supuesta vinculación con el Cartel de Juárezhabía sido introducida por el fiscal a través de la incorporación espuria de unanónimo supuestamente recibido por él en sus oficinas70. A partir de esta68 Ver todo este en el REJ fs. 4254 vta. a fs. 4257.69 Ver REJ fs. 4249 vta.70 Ver fs. 4188 y fs. 4189 del Cuerpo XXI.43
  44. 44. sola base el fiscal desarrolló una profusa investigación que ocupó buenaparte de la causa a partir del cuerpo XXI en adelante. Este supuesto “móvil impresionante” ni siquiera es mencionadopor el fiscal al emitir sus conclusiones al finalizar el debate, que es elmomento cúlmine donde, según la ley, tiene que formular sus conclusiones yrequerir la condena. Sólo habla allí de una supuesta discusión que habíacomenzado el día anterior y se reanudó en mi casa entre mujeres, que pasóa mayores71. El Tribunal de Juicio no consideró acreditado este supuestomóvil. Veamos cómo trata la cuestión el juez Rizzi: “… es evidente y debemos reconocerlo, que el fiscal se dedicócon esmero a buscar el móvil homicida, pero también lo es que fracasóreiterada y rotundamente en su intento. La prueba colectada y traída aldebate relativa a las vinculaciones con el cartel de Juárez, fuerondesechadas por el propio representante del Ministerio Público, que la ignorópor completo en su alegato final. No obstante, al replicar a la defensa estepunto, admitió llamativamente que seguía convencido de que ese era elverdadero motivo, pero que carecía de las pruebas para demostrarlo. “Señalo que aún demostrando que Carrascosa fuese el jefemáximo de una red internacional de narcotraficantes, todavía hubiesefaltado el móvil, pues esa pertenencia delictiva no implica por sí mismarazón para matar a su cónyuge. Debo suponer que los narcotraficantes o losque forman parte de una organización delictiva no matan automáticamentea sus mujeres, y supongo igualmente, que hay muchos delincuentes de todotipo que son amantes esposos. Podrá ser cierto que la hermana de una delas amigas íntimas de María Marta tenía alguna oscura vinculación con laorganización mexicana, pero lo decisivo, más allá de ello y de un modo uotro, es que no tenemos la menor noticia, ni el más mínimo atisbo serio, de71 Ver AD fs. 7050 y vta.44
  45. 45. las razones que pudieron llevar a que Carrascosa o sus presuntos cómplicesresolvieran matar a María Marta García Belsunce, con lo que el procesocarece de un elemento vital para la imputación que el fiscal pretendeefectuar”72. Sigue diciendo el juez Rizzi: “En su alegato final el señor fiscal hizo alusión a la existenciade una disputa, discusión o pelea que se habría producido la noche anteriora la muerte de la víctima, en casa de la familia Bártoli. Su versión pretendiósustentarse en los dichos de los hermanos Inés y Balbino Ongay vertidosdurante la audiencia, pero de su examen se verá que estas expresionescarecen de todo valor probatorio. “A la pregunta indicativa del señor fiscal de si alguien le habíacomentado si la noche anterior al homicidio hubo una pelea en lo de Bártoli,la testigo Inés Ongay respondió que ‘... Sí, la versión que tengo essumamente indirecta ... Elsa Berger es amiga de mi hermano y yo meenteré de esto hace dos o tres semanas, cuando vine ... llegué ahora deBariloche ... parece que hace bastante cuando fue todo esto de MaríaMarta... le comentó a mi hermano... y ahora yo traté de preguntar, que laseñora Pérez del Cerro que falleció ... es amiga de una vecina de los Bártolique dijo que la noche antes había escuchado una pelea ... habría queinvestigar ... no es que yo lo escuché ... es en forma indirecta ... para mí eraalgo nuevo ... me dijeron que había sido una pelea entre mujeres ... a míme lo dijo mi hermano hace dos semanas en su casa ... ’ “Efectuada la misma pregunta igualmente indicativa sobre sihubo alguna pelea en lo de Bártoli, al testigo Balbino Ongay, hermano de laanterior, este repuso, también durante la audiencia de debate, que le habíancomentado ‘... cosas vagas ... pasaron cinco años ... no me consta nada ...’y preguntado si conocía a Elsa Berger, respondió que ‘...González Berger,72 TOC voto juez Rizzi, fs. 7277 vta. a fs. 7278.45
  46. 46. sí ... bueno ...ella me comentó que tenía una amiga vecina de Bártoli ... yque había tenido una pelea en la casa de Bártoli ...’. Al inquirírsele entrequiénes habría sido esa pelea, el testigo contesto ‘...ni idea ... no me locomentaron a mí ... la dueña de casa se lo comentó a una señora, y esta selo comentó a otra que era su amiga ... esta se murió hace dos años ... notengo idea entre quienes era la pelea ...’”73 Concluye el juez Rizzi: “Sobre esta base absolutamente imprecisa y dudosa, el señorfiscal creyó encontrar una explicación o móvil del homicidio. Al introducir elpunto en la oportunidad de su alegato final, refirió que continuando unapelea del día anterior, Carrascosa en connivencia con Guillermo Bártoli eIrene Hurtig de Bártoli, terminó dando muerte a su mujer. “Obviamente, no puede darse por seguro que esa presuntapelea o acalorada discusión, fue entre Irene Hurtig y su media hermanaMaría Marta García Belsunce. Nada así lo acredita ni siquiera en formaremota, y resulta extraño, por otra parte, que el representante delministerio público sólo con estos dos debilísimos testimonios, dé porconfigurado nada menos que el motivo de un homicidio. El punto además,no fue debidamente investigado, y si esa omisión respondió a quetardíamente tuvo conocimiento de la presunta disputa, le es de todasmaneras atribuible como un defecto más de la investigación que emprendió. “Pero, como vengo diciendo, nada serio puede sustentarse enesta prueba indirecta, de dichos de dichos, de oídas de oídas, y para colmo,con una de las que habría oído la versión, ya fallecida. “Y entonces, aún cuando diéramos por cierto –como concesiónde una hipótesis extraordinaria- que María Marta e Irene discutieronagriamente la noche anterior, todavía tenemos que probar que esa discusióntuvo la insólita gravedad como para preceder y provocar un homicidio entre73 TOC, voto juez Rizzi, fs. 7276 a fs. 7277.46

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