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Informe complementario al informe del estado colombiano al comité de derechos del niño 1998-2003
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Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colombiano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité, conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes.
Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por organizaciones
de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad
civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado.
Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención.
La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez.

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Informe complementario al informe del estado colombiano al comité de derechos del niño 1998-2003

  1. 1. Colombia:En deuda con su infancia Informe Complementario al Informe de Estado Colombiano al Comité de Derechos del niño 1998-2003Complementary Report to the Third Report of theGovernment of Colombia to the Committee on the Rights of the Child 1998-2003
  2. 2. Equipo dinamizadorUniversidad Nacional de ColombiaSede BogotáFacultad de Ciencias HumanasObservatorio sobre InfanciaSave the ChildrenReino UnidoPlanPrograma ColombiaVisión MundialEquipo redactorObservatorio sobre Infancia Universidad Nacional de ColombiaErnesto DuránMariela del CastilloErika PrietoGiselle MayaFotosPlan InternacionalJulián LinerosAndrés DuplatDiseño y diagramacióntratadeletrasImpresiónT&J Impresores© Enero, 2006Bogotá - Colombia
  3. 3. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN ESTE INFORME Asociación Afecto Asociación Grupo Opciones Asociación Edupar Ambientes de Fraternidad Asociación Colombiana de Jóvenes -YMCA de Bogotá BEMPOSTA Cedavida CIMDER CEDAVIDA Corporación Puerta Abierta Corporación Educativa Combos CONVIDAME Derechos plenos Escuela Nacional Sindical Fundación Renacer Fundación Macondo Fundación Eudes Fundación Semilla y Mostaza Fundación Saldarriaga Concha Fe y Alegría Fundación Paz y Bien Fundación los hijos de la Luz Instituto Pensar Democracia Vital Proyecto Bogotá Incluyente Universidad Distrital FJC Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional* Plan Internacional* Red Antioqueña de Niñez - REDANI Save The Children, Reino Unido* Vision Mundial* 3
  4. 4. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia TABLA DE CONTENIDO Presentación A. Informe Complementario al Informe de Estado Colombiano al Comité de Derechos del niño 1998-2003 1. Introducción 9 1. 1. Contexto del País 10 1. 2. Comentarios al Informe del Estado 11 2. Medidas de Aplicación y Principios Generales 12 3. Derechos y Libertades Civiles 16 3.1. Derecho a la Identidad 16 3.1.1Registro Civil 16 3.1.2Respeto a la Diversidad Étnica y Cultural 16 3.2.Derecho a la Participación, a la Libertad de Expresión y al Acceso a La Información 19 4. Entorno Familiar y Otro Tipo de Tutela 23 5. Salud Básica y Bienestar 25 5.1Entorno Saludable 30 6. Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales 32 6.1.Derecho a la Educación 32 6.2.Derecho al Descanso, al Esparcimiento y a las Actividades Culturales 37 7. Medidas Especiales de Protección 38 7.1.Derecho a La Protección Integral de Niños y Niñas Frente al Conflicto Armado 38 7.1.1. Niños y Niñas Vinculados Directamente al Conflicto Armado Interno 38 7.1.2. Desvinculación y Reintegración 39 7.1.3. Niñez Afectada por las Minas Antipersonales 40 7.2.Derecho a la Protección Integral de los Niños y Niñas Refugiados o Desplazados. 41 7.3. Derecho a la Protección Integral Contra la Explotación Económica y Contra el Desempeño de Cualquier Trabajo que Pueda Ser Peligroso 43 7.4.Derecho a la Protección Integral contra el uso y Explotación Relacionada Con Estupefacientes. 44 7.5.Derecho a la Protección Integral Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial 45 7.5.1. Niños y Niñas Víctimas de Abuso Sexual 45 7.5.2. Niños y Niñas en Situación de Explotación Sexual 46 7.6.Derecho a la Protección Integral contra la venta, la Trata y el Secuestro 48 7.6.1. Tráfico y Trata de Niños y Niñas 48 7.6.2. Secuestro 49 7.7. Derecho de los Niños y Niñas con Discapacidad a Recibir Atención Especial 49 7.8. Derechos de los Niños y Niñas en Situación de Conflicto con la Ley 50 7.9. Derechos de los Niños y Niñas Habitantes de la calle 51 8. Conclusiones 53 9. Recomendaciones 54 B. Version English Complementary Report to the Third Report of the Government of Colombia to the Committee on the Rights of the Child 1998-2003 59 Anexo Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Colombia, año 2000.9 98 5
  5. 5. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia PRESENTACIÓN Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colom- biano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité, conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes. Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por orga- nizaciones de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado. Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención. La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez. En esta oportunidad, el Estado colombiano publicó su tercer informe, que comprende el periodo 1998-2003, en mayo del 2004. En convenio, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, Plan Internacional, Visión Mundial y Save the Children, Reino Unido, impulsamos la elaboración de un informe complementario al del Estado, con el interés de profun- dizar la reflexión sobre la situación de los derechos de la niñez en Colombia y aportar insumos para ampliar el debate sobre el tema y sobre los mecanismos necesarios para reformular políticas y reorientar acciones hacia una garantía cada vez más real de los derechos de la niñez en el país y su concreción en cambios positivos reales en las condicio- nes de vida de los niños y niñas colombianos. Diversas organizaciones nacionales y locales se sumaron a la iniciativa y participaron en foros regionales donde se aportaron contenidos al informe, entre ellas caben resaltar organizaciones de niños y niñas, que en conjunto con niños y niñas no organizados, aportaron importantes elementos de análisis que quedaron consignados en el informe. El producto de este esfuerzo conjunto es el que ponemos hoy en sus manos. Esperamos que cumpla con su objetivo de contribuir al debate sobre la situación de la niñez y a la difusión de información sobre lo que hace y deja de hacer el Estado en la aplicación de la Convención y en el cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño ha hecho al país en ocasiones anteriores. A la vez que sea una herramienta de trabajo en la movilización social en torno al respeto a los derechos de los niños y las niñas. Es nuestro interés así mismo, que este documento sirva de punto de partida para la implementación de un mecanismo 7
  6. 6. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciade seguimiento permanente, con la participación activa de niños y niñas y de toda la sociedad, sobre la situación dederechos y de políticas y programas relativos a la niñez en el país. Es decir, una veeduría social permanente sobre elavance hacia el pleno cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas colombianos, que tengan en cuenta sudiversidad, sus especificidades y sus diferentes condiciones y expectativas.Estamos convencidos que sólo la decisión de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la priorización de la niñez,desde una perspectiva de derechos, en la agenda pública y en todos los espacios de programación y acción, permitiráir haciendo posible un mejor país, en el que todos los niños y niñas tengan condiciones apropiadas para su desarrollointegral.Bogotá, diciembre de 2005 8
  7. 7. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia INTRODUCCIÓN El artículo 44 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, obliga a los Estados Partes a presentar informes quinquenales sobre los avances que han logrado y las medidas que han adoptado en cumplimiento de su obligación de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención en sus respectivos países. Estos se constituyen en un mecanismo fundamental para que el Comité de los Derechos del Niño verifique, controle y haga recomendaciones a los Estados, dirigidas al cumplimiento de la Convención. Sin embargo, la elaboración de informes al Comité de los Derechos del Niño, no puede, ni debe ser una labor exclusiva de los entes gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en relación con la niñez tienen la re- sponsabilidad de producir informes al Comité sobre la situación de la infancia y la implementación de la Convención. Estos informes de la sociedad civil apuntan a indicar desde una perspectiva más crítica, en qué medida han sido cumpli- das las recomendaciones hechas por el Comité al Estado en relación con sus obligaciones en el cumplimiento de la CDN y permiten que el Comité tenga más elementos de la situación de los derechos de los niños y niñas en el país, ampliando la visión de los informes estatales. Así mismo, estos informes, son una oportunidad de hacer seguimiento y supervisión del cumplimiento de los derechos del niño y se constituyen en mecanismos de difusión, acción y presión política para que el Estado cumpla con los compromisos asumidos nacional e internacionalmente. Desde este marco los firmantes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos aca- démicos, presentamos nuestro análisis y opinión sobre el Informe que el Estado colombiano presentó al Comité de los Derechos del Niño, así como sobre lo ocurrido con los derechos de la niñez en el país en el quinquenio comprendido entre 1998-2003 y sobre el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover, respetar y hacer respetar los derechos de los niños y las niñas. Para la elaboración del presente informe se conformó un equipo de trabajo integrado por representantes del Observa- torio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, Plan Internacional, Save the Children UK y Visión Mundial quienes se encargaron de dinamizar el proceso, que tuvo una duración de cuatro meses. Como parte del proceso de recolección de información se consultaron fuentes documentales sobre el estado de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, elaboradas por organizaciones no gubernamentales e instituciones del ámbito académico, enfatizando de manera especial en informes producidos durante el quinquenio analizado por la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y entidades como UNICEF y ACNUR. Igualmente, se llevaron a cabo consultas regionales con niños y niñas en Bogotá, Cali, Mede- llín y Villavicencio (participaron 52 niños y niñas vinculados a procesos locales en torno a los derechos de niños y niñas), quienes aportaron significativamente a los contenidos del informe; así como con ONG e instituciones académicas (participaron en total 58 organizaciones), que aportaron sus análisis y comentarios frente a la situación de los niños, las niñas y los adolescentes. 9
  8. 8. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaSe creó un espacio en la web con información permanente sobre el proceso de construcción del informe, posibilitandola participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de manera constante y sistemática.Así mismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por el Comité para la elaboración de informes, la propues-ta de elaboración de informes al Comité diseñada por el Instituto Interamericano del Niño y las recomendaciones quesobre el particular ha desarrollado la Coalición Internacional de ONG.Esperamos que el contenido del informe, el análisis de los datos existentes sobre la niñez y las recomendaciones res-pectivas, contribuyan a que los niños, niñas y adolescentes de Colombia puedan vivir sus derechos.1.1 CONTEXTO DEL PAÍSEl informe del Estado entrega información acerca de la crisis económica, política y social que vivió el país durante elperíodo estudiado , crisis que se evidencia en el deterioro de muchos indicadores sociales y económicos.Entre los cambios políticos, sociales y económicos que se dieron en el periodo 1998-2003 y que pueden explicar por quéel país no avanzó significativamente en el respeto a los derechos de los niños y las niñas están: -El aumento de la deuda externa (un 6% con respecto al PIB en el quinquenio, el más grande en la historia reciente del país).1 -La disminución del gasto social, -La disminución del PIB, con una disminución del ingreso per cápita del 6,5%. -El aumento del índice de pobreza que pasó del 51,5% al 64,3% entre 1998 y 2003 y el índice de miseria que pasó del 17,9% al 31,1%, en el mismo periodo.2 -La redefinición del gasto público, con un aumento exponencial en el servicio de la deuda3 y un aumento progresivo del gasto en seguridad.4 -La reducción progresiva del Estado, principalmente en el sector social, con una entrega de la prestación de los servicios al sector privado, tanto en salud y educación, como en servicios de protección a la niñez. -El aumento de la inequidad, en un país ya de por sí reconocido como uno de los más inequitativos del mundo. -El aumento del desempleo y el subempleo, con un crecimiento de la economía informal que, como lo dice el in- forme del Estado, representaba en el año 2002 cerca de las dos terceras partes del total de ocupados del país. En 1999 el país alcanzó el índice más alto de desempleo de toda su historia: 19.2% (cifras del Departamento Adminis- trativo Nacional de Estadísticas), generándose en este periodo, como lo dijo el Contralor General de la República, “la mayor eliminación de puestos de trabajo en la historia laboral moderna del país y la anulación de ingresos para vastos sectores de la población”.5 Estos hechos son en gran parte consecuencia de la política estatal de desregu- larización y flexibilización laboral. -La agudización, degradación y extensión por todo el territorio nacional del conflicto armado interno, convirtiéndose en una verdadera “guerra contra la sociedad” y generándose un aumento del fenómeno de desplazamiento masivo, así como el deterioro de la calidad de vida y la violación permanente de los derechos de la población que habita en zonas de conflicto6. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, se produjo un incremento excesivo de los ejércitos, tanto de naturaleza irregular (guerrilla y paramilitares) como de las Fuerzas Militares, al punto de que para el 2003 existían 32 mil personas armadas en los ejércitos irregulares y 240 mil integrantes de la Fuerza Pública7.1 BANCO DE LA REPÚBLICA. Boletín Trimestral de la Deuda Externa. Bogotá, 2004.2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “Evaluación de la Política Social 2003”. Informe del Contralor al Congreso. 2004.3 SAVE THE CHILDREN Y OTROS. Finanzas Públicas Niñez Y Juventud. Serie Economía y Niñez No 1.. Bogotá, 2003.4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. Bogotá, 2003.5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.6 UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA. Niñez y conflicto armado: Una mirada institucional al caso colombiano. Papeles del Observatorio 1. Bogotá, 2004.7 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. Cit. 10
  9. 9. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia -La violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los diversos actores del conflicto armado, incluidas, en algunos casos, las Fuerzas Armadas del Estado.8 -Las estructuras excluyentes que limitan el ejercicio de la ciudadanía para la mayoría de los colombianos. -La existencia de cultivos ilícitos y del fenómeno del narcotráfico. Como resultado de la crisis económica y social vivida en el quinquenio y el modelo de desarrollo adoptado por el país, se ha ahondado la desigualdad y la exclusión económica, social, política y cultural; esta situación se ha visto agravada por el conflicto armado interno. “Las condiciones de pobreza, el desempleo, la marginalidad, el abandono del campo y en especial el conflicto armado interno han agudizado la situación de la infancia a tal punto que se puede afirmar que los de- rechos de los niños y niñas en Colombia son mas vulnerados que en cualquier otra época contemporánea de la sociedad.”9 1.2. COMENTARIOS AL INFORME DEL ESTADO El informe del Estado es de una mejor calidad que los anteriores. Trata de responder a las preguntas de la guía elabora- da por el Comité y recoge parte importante de la información dispersa que el país tiene sobre el tema. Fue publicado y difundido en medio magnético por el ICBF. Tiene la limitante de haber sido elaborado por funcionarios de un gobierno, cuando la mayor parte del informe corresponde al periodo completo de un gobierno anterior, en un país en el que no hay continuidad en las políticas sobre la niñez. El informe no retoma los compromisos asumidos por el Estado después de la firma de la Convención en las cumbres mundiales y regionales. El informe no asume claramente las responsabilidades que el Estado tiene sobre el respeto y la vigencia de los dere- chos de los niños y las niñas. El informe no tiene una perspectiva de género, ni en la información ni en el análisis. Igualmente no considera las gran- des diferencias urbano-rurales, ni las diferencias interregionales e interétnicas, en un país donde el 28% de la población es rural, y el 75% de esta vive en la miseria y sólo el 33% tiene acceso a servicios de salud a diferencia de los habitantes urbanos que alcanzan una cobertura del 76% del mismo. De Igual forma no se hacen evidentes las diferencias entre regiones y departamentos. Por ejemplo, mientras en el departamento del Quindío el 11,5% de la población está por debajo de la línea de indigencia, en el departamento del Chocó (de mayoría afrocolombiana) el 47,4% de la población está por debajo de esta línea. Mientras en el departamento de Cundinamarca hay coberturas de vacunación cercanas al 90%, en el Departamento de Guainía (de mayoría indígena) hay coberturas que no llegan al 25%10. Los datos que contiene el informe del gobierno al Comité no permiten analizar los logros de la mayor parte de las políticas públicas, pues se presentan fragmentados y sin puntos de referencia claros (las coberturas de acciones y programas son presentadas en su mayoría en términos absolutos). El informe pretende ser objetivo en el análisis de la vigencia de los derechos, pero hace énfasis en los “logros” del Estado, particularmente del actual gobierno. El informe estatal no expresa de manera clara qué se hizo frente a las recomendaciones que formuló el Comité al Se- gundo Informe, cuando estas recomendaciones deben ser los lineamientos para las políticas y programas a favor de la infancia. El capítulo de seguimiento a las recomendaciones es un resumen del informe, que no relaciona las acciones con las recomendaciones específicas que hizo el Comité. 8 NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 2003. 9 LINARES, Beatriz. Delegada para los derechos de la juventud, la mujer y los ancianos. En : 4 años por los derechos humanos y la paz 1999. Defensoría del Pueblo. pp. 225 10 MINPROTECCIÓN – INS - OPS. Situación de salud en Colombia. Indicadores básicos. Bogotá, 2003. 11
  10. 10. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia 2. MEDIDAS DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES (Artículos 2, 3, 6, 12, 4, 42)No hubo durante el quinquenio revisado una articulación real de las diferentes instituciones del Estado encargadas de la pro-tección de los derechos de la niñez o de la atención a la misma; así como tampoco una entidad o funcionario del Estado quecoordinara los esfuerzos dispersos de las diferentes instituciones que son responsables de acciones dirigidas a niños y niñas.Es de anotar, como lo dice el informe del Estado, que en 1999 se dio un paso adelante con la reorganización del llamadoSistema Nacional de Bienestar Familiar, con la intención de articular a las instituciones del sector público y del sector pri-vado que participan en la “prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar”. El Decreto de reorganización del SistemaNacional de Bienestar Familiar, propició la conformación de los Concejos Locales de Política Social, cuya implementaciónha sido positiva para el país por cuanto ha permitido una articulación entre las instituciones locales que tienen que ver conla política social y en particular con los planes, proyectos y programas dirigidos a la niñez.En el año 98 se desmontó una oficina que coordinaba y lideraba los servicios prestados a la niñez, ubicada en la Presiden-cia de la República y no se designó otro funcionario o institución coordinadora. Quien respondió ante el CDN o ante otrasconvocatorias públicas sobre el tema de las políticas del Estado sobre los derechos de niños y niñas en el periodo 98-03fue el director(a) del ICBF sin que tuviera una delegación establecida para ello, como lo afirmó este mismo funcionario ante ,el Congreso de la República en las citaciones que se le hicieron.Al no existir una institución responsable, el liderazgo se le dejó a la oficina de la primera dama, oficina no especializada,que en el quinquenio 98-03 si bien diseñó programas con un impacto positivo como el de ludotecas infantiles, tambiéndiseñó programas como el de Nutrición Comunitaria para la Población Colombiana, que pretendía reemplazar el proyectode alimentos enriquecidos, ya consolidado en el país por el de suministro de soya a los niños, por lo que fue cuestionadonacional e internacionalmente por organizaciones académicas y de la sociedad civil, siendo retirado después de una graninversión de recursos económicos, sin que sus responsables respondieran ante el país.Es preocupante que, pasos que se habían dado en la búsqueda de construir una política pública de niñez, como es el caso delPacto por la Infancia o el documento CONPES de política económica y social “El Tiempo de los Niños”, hayan sido olvidados, ter-minando de desaparecer de la política nacional durante este quinquenio, sin que se hubiera hecho una evaluación de ellos. Situación similar ocurrió en los ministerios o instituciones del Estado, donde desaparecieron oficinas enteras, como la división materno-infantil del Ministerio de Salud, o proyectos como el de comunicación para la infancia del ICBF o el proyecto Ursulas del Ministerio de Educación, sin que tampoco existiera una evaluación conocida del impacto de los mismos. Todas estas situaciones reflejan la ausencia en el país de una política pública co- herente y unificada de niñez, como lo afirma la Alianza por la Niñez Colombiana: “En Colombia, pese a los avances logrados, aún no ha sido plenamente asumida la responsabilidad que se tiene con la niñez y la juventud ni de parte del Estado ni de la Sociedad Civil porque, para implementarla, se necesita transitar de una política de 12
  11. 11. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia administraciones y gobiernos, a la construcción de una política de Estado en niñez y juventud que se ejecute articulada- mente entre el Estado, la familia y la comunidad, de manera que se potencien los recursos -cada vez más escasos- por las sinergias que la atención a la niñez genere en los niveles locales y por la forma en que contribuya a que el gasto sea más eficiente, transparente y pertinente”11. Los programas de atención dirigidos a la niñez son en su mayoría asistencialistas, reparadores, dirigidos a satisfacer necesidades más no a garantizar derechos, por lo que, como lo afirma la Defensoría del Pueblo, generalmente lo que hacen es institucionalizar la pobreza12. Al respecto, algunos de los niños y las niñas consultados dicen: “Necesitamos que el gobierno no nos ayude si no que garantice el derecho como una obligación”13… “El gobierno cree que con una pequeña dotación puede solucionar o encubrir su mal trabajo y todas aquellas problemáticas que no le han dado una buen solución y que afectan cada vez más a la niñez, como por ejemplo: la mala calidad de vida, la mala alimentación, el mal manejo del dinero puesto que lo utilizan en bienes suntuosos e innecesarios para la sociedad. Influyó para mal, porque no tener un buen nivel de vida, no le ayuda al niño o niña para su buen desarrollo psicológico, como físico”14. Producto de la falta de una política pública de niñez y de la falta de compromisos del Estado con los niños y las niñas, la mayoría de metas para la infancia asumidas por él para el año 2000 no se cumplieron15 y Colombia fue uno de los países que presentó menos resultados en el cumplimiento de dichas metas en la cumbre mundial del año 2002. El país no tuvo durante el quinquenio un Plan Nacional de Acción por la Infancia vigente, porque el que se planteó al principio de la década pasada fue un documento escrito que no llegó a desarrollarse. En el momento de la elabo- ración de este informe, el país no había suscrito aún un nuevo Plan Decenal de Niñez y Adolescencia y, si bien se ha adelantado un proceso de discusión del mismo, éste no se ha aprobado oficialmente, tres años después de la Cumbre Mundial. Los principios de interés superior del niño y la niña y prevalencia de sus derechos, a pesar de ser reconocidos por la Constitución Nacional, fueron durante el quinquenio, y siguen siendo hoy, supuestos discursivos, , que no han sido apropiados por los gobernantes. Esta pauta que da el Estado trasciende a otros espacios de la sociedad: en lo local, comunitario, barrial, escolar, familiar y en la sociedad en general, no se tiene en cuenta la primacía del interés de los niños y las niñas, en la medida en que no son considerados como sujetos de derechos. Los principios de igualdad y no discriminación, como se verá en este informe, no son aún los deseables, aunque es necesario reconocer que el país ha avanzado en el tema de equidad entre géneros y en el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica. La realidad es que, como lo afirma la relatora especial de Naciones Unidas para el tema de educación, las comunidades afrocolombianas e indígenas siguen siendo víctimas de una discriminación racial sistemática.16 A esto se suma la discriminación que sufren los niños y las niñas que pertenecen a sectores vulnerables, como los desplazados, los habitantes de calle, los que están en conflicto con la ley, los desvinculados, los explotados sexual- mente. Ellas y ellos son vistos socialmente más como un peligro que como niños y niñas a quienes les han vulnerado sus derechos. 11 GRUPO DE REFLEXIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. Bogotá, 2003. 12 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001. 13 Consulta regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005. 14 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005. 15 Informe de Colombia seguimiento de la cumbre mundial a favor de la infancia 1990 – 2000. Nueva York, 2002. 16 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas: Katarina Tomasevski. NACIONES UNIDAS – Consejo Económico y Social - Febrero 2004. 13
  12. 12. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaSobre el particular algunos de los niños y las niñas consultados opinan que: “El Estado sólo ha cumplido en la parte dediscriminación pero de adultos, pero de niños no... no se promueve ese derecho, porque los niños no viven dignamente,porque vivir dignamente no es vivir debajo de un techo de cartón o ser maltratado por sus padres y demás personasde la sociedad y no ha garantizado que los niños tengan las mismas oportunidades de salud, alimentación y educación,porque en estas tres se ve mucha discriminación a nivel económico. Los niños se sienten mal por ser discriminadostanto por la sociedad como por su propia familia, porque se han visto casos en que la sociedad discrimina por ser pobreo indígena...”17.Como lo dice un informe de expertos sobre inversión en niñez, “La disminución del gasto social, el aumento del montodirigido a la defensa, y el crecimiento de la deuda, terminan reduciendo los recursos disponibles para atender los progra-mas de niñez y juventud. Los gastos destinados a la niñez han disminuido su participación en el gasto de la administra-ción pública”18. Esta disminución en cifras es francamente preocupante (en el caso de los recursos del ICBF estos pasaron ,de un porcentaje del 2,5% del gasto de la Administración Pública a solo el 1.5% en el periodo 1995-2001)19. El gasto eneducación y salud es cada vez más inequitativo y la inversión en niñez es procícilica, presentándose disminución en lamisma si hay deterioro en la economía, mientras que sí se protege el gasto en otros sectores como seguridad o ayudaal sector financiero20.La ausencia de una Ley General de Niñez sigue siendo hoy, como lo fue en toda la década pasada, un tema crítico parael país. Si bien, como lo dice el informe del Estado, se aprobaron los dos protocolos facultativos de la Convención, sesuscribieron múltiples acuerdos internacionales y se expidieron leyes que mejoran el marco jurídico de la niñez, el paísno tiene todavía una ley marco que sea garante del cumplimiento de los Derechos.Al respecto, señala la Defensoría del Pueblo que “el Estado colombiano está en la mira de los organismos internacionalesde derechos humanos en materia de protección jurídica de los derechos de la niñez, ya que su normatividad nacional,específicamente el Código del Menor, va en contravía de las disposiciones establecidas por dichos organismos. (...)Adicionalmente, el Código del Menor contradice la Constitución Política, ya que desconoce que ésta le otorga a la niñezcolombiana, sin discriminación alguna, la titularidad de sus derechos fundamentales”21.A los gobiernos a quienes correspondía, como también a la clase política, para quien la niñez no ha sido una prioridad,les faltó voluntad política para sacar adelante una nueva legislación sobre niñez. Actualmente se desarrolla un esfuerzoconcertado entre entidades del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Naciones Unidas, tendien-te a tramitar una Ley Estatutaria de Niñez y Adolescencia. Si este esfuerzo se cristaliza, será un paso adelante importantepara el país.En el periodo 98-03 se avanzó muy poco en el monitoreo de la situación de derechos de los niños y las niñas, siendoimportante el esfuerzo hecho en el tema de trabajo infantil con el apoyo de IPEC-OIT. Pero en otros temas los avancesfueron mínimos. Esto se suma a la pobreza del sistema de estadísticas sociales del país, dando como resultado la au-sencia de un sistema de información sobre niñez que permita conocer objetivamente la situación de los derechos deniños y niñas en el país. Producto de ello, tanto el informe del Estado, como éste, son producto de la recolección de unainformación dispersa.17 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.18 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO. Op. Cit.19 MARTINEZ, Rafael. Empleo del Presupuesto Nacional en el Desarrollo Humano: Niñez y Juventud. UNICEF DNP PDH. Bogotá, 2002. Mimeografiado. , ,20 Programa nacional de Desarrollo Humano. Op. Cit.21 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001. Op. Cit. 14
  13. 13. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia La investigación sobre políticas y programas dirigidos a la niñez o sobre la situación de la misma fue escasa y se centró en algunos temas que, por diferentes causas, cobran actualidad, como es el caso reciente de los niños desvinculados del conflicto. No hay una política clara ni una apropiación presupuestal adecuada del Estado para su fomento. La entidad estatal que apoya la investigación en el país no consideró pertinente el apoyo a una línea de investigación en este sentido. Durante el periodo 98-03 se hicieron varias actividades de divulgación de los derechos de los niños y las niñas, tanto por parte del Estado, como de diferentes organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, en las consultas hechas a los niños y las niñas en el marco del presente informe, se evidencia poco conocimiento y apropiación de los mismos, lo cual es aún más crítico entre los adultos. El estado colombiano no ha desarrollado un sistema de respuesta a las denuncias sobre violaciones a los derechos de los niños. Sobre ellas no hay una base de datos o un sistema de seguimiento. Si bien la Defensoría del Pueblo atiende muchas de estas denuncias, no hay mecanismos efectivos para castigar a los culpables y por eso la impunidad en estos casos es muy grande. 15
  14. 14. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia3. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES3.1. DERECHO A LA IDENTIDAD (Artículos 7 y 8)3.1,1. REGISTRO CIVILEn el año 2000, la cobertura nacional de registro civil fue de 81.6%; el Departamento Nacional de Estadística estimó quede cada 100 certificados de nacimiento expedidos por las instituciones de salud, tan sólo se registraban civilmente 73 o7422. En los departamentos con más bajas coberturas, ésta apenas llegó al 52%.23 Las coberturas más bajas se dan entrepoblación indígena, campesina, en condiciones de indigencia o desplazada. No se cuenta con un proceso de registroidóneo en todos los municipios del país. Esta situación es bastante compleja en zonas de conflicto armado, fronteras,municipios alejados y en poblaciones indígenas.A pesar de que durante el quinquenio se realizaron esfuerzos para ampliar la cobertura, anualmente más de 150mil niñosy niñas no son registrados en el primer año de vida, lo que a la vez limita su acceso a salud y educación24. Es preocupan-te la situación de posregistro, puesto que aunque los niños y las niñas son inscritos por sus padres ante la Registraduríay poseen el documento certificado, estos registros no son ingresados a las bases de datos del país, por lo cual no gozanformalmente de la calidad de ciudadanos.Igualmente es preocupante la demora que se presentó en el quinquenio en resolver las demandas por paternidad y juicios dealimentos, que constituyeron la principal causa de procesos por delitos menores en el país. El ICBF manifestó en el año 2004 quetenía represadas 55 mil demandas de paternidad y 18 mil demandas por alimentos, algunas hasta con 6 años de antigüedad.3.1.2. RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURALLos indicadores de situación social y de situación de la niñez muestran que en las zonas del país con mayoría o porcen-taje importante de población indígena o afrocolombiana, se dan las peores condiciones de salud, educación, nutrición,calidad de la vivienda, cobertura de servicios públicos, entre otros; en una clara evidencia del olvido y la marginaciónhistórica a que han estado sometidos estos grupos étnicos. En los últimos años, la situación social, económica y cultural de las minorías étnicas del país ha venido sufriendo un notable deterioro dadas las condiciones en que se encuentran inmersas con el escalamiento del conflicto armado, lo que se suma a las tradicionales condiciones de marginación, aislamiento, pobreza extrema y al riesgo continuo de la pérdida de su identidad cultural. Tal situación ha afectado inevitablemente la calidad de vida de los niños y las niñas pertenecientes a estas comunidades. 22 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de derechos. Bogotá, 2003. 23 UNICEF COLOMBIA. La niñez Colombiana en cifras. Bogotá, 2002. 24 Ibíd. 16
  15. 15. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia La respuesta institucional a esta problemática se ha concentrado en la implementación de algunos planes y programas orientados, principalmente, a la atención de las familias indígenas y afrocolombianas. En este sentido, el ICBF además de dar cobertura a estas familias con sus programas institucionales nacionales, ha desarrollado programas como el Programa de Atención a la Familia y al Menor Indígena, el de Apoyo al Desarrollo de las Familias para su Fortalecimiento Social y Cultural, y el de Apoyo a Familias de Comunidades Negras y Raizales en Formación y Desarrollo. Sin embargo, no existen estimativos claros que den cuenta de resultados y logros concretos obtenidos, más allá de los niveles de cobertura reportados. Se aprobó la Ley 691 de 2001, reglamentaria del derecho a la salud y seguridad social de los pueblos indígenas, que incorpora los principios de la diversidad étnica y cultural como ejes rectores de la política de salud que el Estado debe garantizar a esta población. No obstante, la Defensoría del Pueblo considera que los principios y derechos propuestos en la ley no se han cumplido25. Aunque se ha dado un aumento en la cobertura de salud y seguridad social y se han creado varias Administradoras de Régimen Subsidiado –ARS- y Empresas Promotoras de Salud –EPS- para los grupos étnicos, no siempre se logra adecuar el Plan Obligatorio de Salud (POS) ofertado por ellas a las particularidades socio-culturales de sus afiliados, ni se garantiza una atención integral en salud que reconozca el conocimiento ancestral de la medicina tradicional reconocida y practicada por estas etnias. Programas como Familias en Acción, Fortificación de Alimentos, Escuela de Padres y Haz Paz, también han llegado a estas poblaciones; sin embargo, si bien pueden tener alguna pertinencia en otros sectores poblacionales, no necesaria- mente responden adecuadamente a las condiciones particulares de estas comunidades26. Con respecto a las necesidades educativas de los grupos étnicos, la respuesta institucional debe obedecer a los prin- cipios constitucionales y al marco legislativo existentes sobre el tema que obligan al Estado a garantizar la educación de los grupos étnicos acorde con sus particularidades socioculturales y lingüísticas. Durante el quinquenio, se continuó con el programa de Etnoeducación que desde hace dos décadas se ha venido desarrollando, como resultado de las reivindica- ciones políticas de los pueblos indígenas frente a su derecho a la autodeterminación y a la reivindicación de su identidad étnica y diversidad lingüística. Las acciones del Ministerio de Educación se han concentrado más en intentar la ampliación de cobertura que en el fortalecimiento del modelo etnoeducativo. En este sentido, en muchas regiones del país se ha mantenido una estanda- rización curricular que en ocasiones obstaculiza el desarrollo de diseños curriculares adecuados a las características propias de los grupos indígenas, afrocolombianos y raizales. No se ha dado total cumplimiento al artículo 27 de la ley 21 de 1991 para que los mismos pueblos indígenas administren su educación, estipulando edad escolar, política para la educación superior y adecuación al contexto socio-cultural, ni tampoco a la incorporación de la cátedra de estudios afrocolombianos al currículo de las instituciones educativas de los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media del país, conforme a lo dispuesto por la ley 115 de 1994 y el decreto 1122 de 199827 De otro lado, se observa una carencia de información sobre los grupos étnicos en general, y sobre la niñez pertenecien- te a ellos, expresada en la inexistencia de estadísticas, investigaciones, indicadores e información general y sectorial que se requiere para la toma de decisiones institucionales. 25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2003. 26 UNICEF. Los Pueblos Indígenas en Colombia. Derechos, Políticas, Desafíos. Bogotá, 2003. 27 Ibíd. 17
  16. 16. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaEsta falta de información ha contribuido a la ausencia de políticas públicas diferenciales y acordes con las peculiaridadesétnico-culturales de estos grupos, así como con las necesidades particulares de sus niños y niñas. Generalmente, laspolíticas que los incluyen los han ubicado indiferenciadamente con el resto de “pobres”, “vulnerables” o de “personas queviven en poblaciones rurales”, ignorando su diversidad étnica y cultural.El fenómeno de los cultivos de coca y amapola aumentó durante el quinquenio en forma importante en zonas dondehabitan estas minorías étnicas, lo que también ha impactado profundamente sus culturas tradicionales. Adicionalmentelas fumigaciones indiscriminadas de dichos cultivos, han afectado la salud y la calidad de vida de estas comunidades,generando procesos de desplazamiento.Efectos del conflicto armado y el desplazamiento en los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicasEn la última década, los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, se han convertidoen espacios predilectos para la presencia de los actores armados, debido a su privilegiada situación geopolítica, a ladiversidad de recursos que poseen (minería, petróleo y fuentes energéticas) y a la posición estratégica para el desarrollode economías ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y los cultivos ilícitos.La acción directa del conflicto armado en sus territorios ha perjudicado la calidad de la atención en salud y educación,ya que las hostilidades han afectado al personal médico y paramédico que realiza brigadas de salud, y las continuasamenazas a maestros han dado lugar al cierre de varias instituciones educativas. Las condiciones de salud y la seguri-dad alimentaria, ya de por sí deterioradas dentro de la población infantil, se agravaron más a causa de los bloqueos dealimentos y medicinas que practican los actores armados hacia los asentamientos indígenas y afrocolombianos28.El anterior panorama, caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades, se constituye encaldo de cultivo para que los niños, las niñas y los jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos ingresen a las filas de losgrupos armados como una opción para solucionar sus necesidades básicas y para buscar salida a la crisis. Así, se hanvenido reportando algunos casos de vinculación directa de niños, niñas y jóvenes indígenas y afrodescendientes quehan sido reclutados por parte de los grupos armados existentes en sus territorios29.Adicionalmente, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha masificado entre las comunidades indígenas y afroco-lombianas. El abandono obligado de sus territorios ancestrales vulnera la integridad étnica de estos grupos afectandosu relación tradicional con el territorio, exponiéndolos al peligro de perder su identidad cultural, e incluso, propiciando ladesaparición misma de la etnia.La magnitud del problema ha superado la capacidad del Estado para atenderlo. La respuesta institucional no ha tenidomayor incidencia entre las comunidades: el apoyo, tanto para la población en general como para los niños y las niñasen particular, se ha circunscrito a ayudas puntuales como servicio médico y psicológico, alimentación, transporte deemergencia y alojamiento transitorio, que no tienen en cuenta las particularidades socioculturales de estos grupos. Nose tiene conocimiento de la existencia de programas específicamente dirigidos a la atención de los niños y las niñaspertenecientes a minorías étnicas30.Si bien es cierto que la Red de Solidaridad Social como coordinadora del Sistema de Atención a la Población InternamenteDesplazada, ha planteado incorporar a su modelo de atención el enfoque diferencial para atender las necesidades y particu-laridades de la población desplazada de acuerdo con su condición étnica, etarea y de género, en la práctica esto no se hallevado a cabo31.28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002.29 Mesa de Trabajo. Mujer y Conflicto Armado. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia (Tercer Informe 2002), Bogotá, 2003; Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNIColombia. Informe para la 34ª. Sesión del Comité de los Derechos del Niño. Violación de Derechos a niños, niñas y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas en Colombia, Bogotá, 2003.30 Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNI. Ibíd.31 UNHCR – ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. Bogotá, 2004. 18
  17. 17. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia Esta falencia de la política quedó en evidencia con la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional en donde se plantea que en el país “no han sido reglamentadas políticas que faciliten el acceso de la oferta institucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como mujeres cabeza de familia, jóvenes y etnias. Y no existen programas especiales que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a dichos grupos”.32 3.2. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL ACCESO A LA INFORMACIÓN (Artículos 13, 15, 17) “ Proponemos que el gobierno tenga en cuenta la mayor de la parte a las niñas y a los niños para que tengamos un buen desarrollo. Que no nos traten como números, si no como personas, por que hablan o más bien nos cuentan pero no nos tienen en cuenta, que nos abran verdaderos espacios de participación en donde digamos lo que sentimos, pero también en donde tomemos decisiones sobre lo que nos afecta. Que por favor el gobierno deje de hablar, de esto ya estamos cansados, sería mejor actuar, pues de esto estamos necesitados”33. En Colombia la participación de niños, niñas y jóvenes como derecho fundamental que aporta al fortalecimiento de la democracia está reconocida en el artículo 45 de la Constitución, en la Ley General de Educación, y en la Ley de Juven- tud. No obstante, la participación de los niños y las niñas en la práctica es bastante incipiente. El alcance de las acciones que ha promovido el Estado encaminadas a impulsar espacios de participación y opinión de los niños y las niñas no ha sido significativo; su impacto ha estado limitado dado que obedecen a situaciones coyuntu- rales y hay falta de información sobre los mismos. “Se abren algunos espacios y hay muy poca información para acceder a dichos espacios, muchas veces los niños y jóve- nes quieren opinar y que sean tenidos en cuenta para tomar alguna decisión y no es posible esto, ya que no nos prestan mucha atención, los jóvenes tenemos muy buenas propuestas y esto no lo tienen en cuenta. A veces se abren sitios o se hacen supuestamente espacios de participación para los jóvenes y a veces no sabemos que están hechos para nosotros y no hacemos uso de estos, o a la hora de tomar decisiones en estas las toman ellos, los adultos, y no toman la opinión de los jóvenes”34. La visión que los adultos tienen acerca de la niñez, determina la manera en que se relacionan con la misma, así como el espacio que se les da a los niños, las niñas y los jóvenes para participar en los asuntos familiares, escolares, comunita- rios e institucionales. En el país la noción del niño y la niña como sujetos de derechos es bastante débil, lo que limita su reconocimiento como actores sociales, autónomos, reflexivos, participativos, con capacidad de interpretar y reconstruir su realidad.. “en las familias en ocasiones no nos escuchan, al tomar decisiones no nos tienen en cuenta, dentro del hogar se impone la palabra del padre, y esto se debe a la falta de charlas hacia las familias. A nivel escolar se elige un gobierno escolar al cual no hay el apoyo de los docentes o directivos hacia sus ideas o actividades propuestas por los jóvenes y tampoco hay presupuesto. A nivel del barrio nos hace falta oportunidades para los jóvenes en cuanto a talleres para así formarse como lideres de sus comunidades. Existen algunos espacios, pero estos espacios están manipulados y falta más información de dichos espacios”35.” 32 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Citado por UNHCR – ACNUR. Ibíd. 33 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, Abril de 2005. 34 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio , Cali y Medellín. Abril de 2005. 35 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005. 19
  18. 18. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaSe puede afirmar que en Colombia continua vigente “una visión tradicional del niño, que hace común que el grueso de adul-tos todavía no valoren y potencien las capacidades del niño para contribuir en su desarrollo personal, en el de su familia yen el de su comunidad. Más aún, que no toma en cuenta la importancia que tiene para la formación del niño la estimulaciónde su expresión, opinando o participando”36.“anteriormente y ahora, pero se ve un poco menos, es que a los niños no se les tiene en cuenta ni su opinión por serniños o porque los adultos piensan que por solo ser niños y jóvenes solo estamos pensando en jugar, ver tele, andar enla calle y otros, y no toman en cuenta que podemos tener cosas buenas para aportarles”37.El impulso que se ha dado a la participación de niños, niñas y jóvenes se ha reducido a algunos espacios for-males, dejando de lado espacios vitales donde los niños y las niñas despliegan su cotidianidad: familiar, barrial,escolar y comunitario.Si bien han aumentado las posibilidades de participación de la niñez y la juventud en espacios sociales e instituciona-les, para la mayoría de los niños, las niñas y los jóvenes no existe tal oportunidad; principalmente si se trata de niños yniñas que viven en el campo , que se encuentran en situación de desplazamiento, o que hacen parte de cualquier otrapoblación en situación de alta vulnerabilidad.El Estado no ha estimulado a los niños, las niñas y los jóvenes para que creen sus espacios de participación y suspropias formas organizativas , y no se han creado estrategias en este sentido para apoyar su formación, respaldar suspropuestas y proyectos, para brindarles un acompañamiento constante, y asegurarles una asistencia técnica38. Tampocose han promovido redes u otras formas de organización de largo plazo, que permitan a niños y niñas hacer seguimientoa la situación de sus derechos y participar activamente en espacios donde se toman decisiones.En el quinquenio, se avanzó en el desarrollo de mecanismos de la participación en el ámbito escolar, pero aún dentrode una tensión permanente entre las visiones y prácticas tradicionales de la educación, donde prevalece la autoridad yconocimiento del adulto, que genera obstáculos en la participación de niños y niñas, relegándola a actividades formales,con las nuevas formas de expresarse y de comunicarse de los niños, las niñas y los jóvenes. En cuanto a la construcciónparticipativa de los manuales de convivencia o reglamentos, esto no se dio en la práctica, ya que si bien se les consul-taba su opinión, los manuales en muchos casos terminaron siendo de corte legalista y represivo39.Ahora, la participación en espacios educativos no puede reducirse al tema de los gobiernos escolares y personeros; esnecesario democratizar y vivenciar la participación en las aulas en todos los momentos, así como en las relaciones quelos maestros establecen con los niños y en las decisiones que se toman con respecto a ellos y ellas.El Estado no ha creado los suficientes mecanismos, ni las estrategias para difundir información necesaria para que losniños y las niñas interioricen y vivencien el sentido de la participación auténtica de manera activa, y el derecho a la aso-ciación como mecanismos garantes en el cumplimiento de sus derechos.La participación dinámica de los niños, las niñas y los jóvenes en la toma de decisiones en todos los niveles, así comoen la planificación, práctica, vigilancia y evaluación en todos los asuntos que los afecten, no ha trascendido de maneraefectiva. En general los alcaldes y sus equipos de gestión no cuentan con el conocimiento y la experiencia suficientesobre los temas de niñez y juventud40.36 UNICEF. Presentación del seminario “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la Convención de los derechos del niño: visiones y perspectivas”. Citado en el informe de los grupos de investigadores y ONGsde Colombia al Comité de Derechos del Niño, 1998.37 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.38 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.39 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004.40 ACOSTA, Alejandro; KATTAH, Fadua. Hacia la construcción de una política de infancia y adolescencia. Bogotá, 2002. 20
  19. 19. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia “Proponemos que en el país los grupos juveniles y de niños dedicados al trabajo en cualquier campo sean más, e igual- mente tengan el apoyo total e incondicional del Estado. Que se tenga más en cuenta la participación de los niños en todos los espacios. Que se tenga más en cuenta a los niños y niñas, los derechos humanos ya no se respetan y cada quien hace lo que quiere a su conveniencia, que el Estado se concientice de la situación del país y de los niños, y que tengan un verdadero compromiso con Colombia. Que se haga un trabajo con los jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes. Cada alcalde con su gobierno deberían tener en cuenta la voz y el voto de los niños, niñas y jóvenes de sus comunidades para dar cuenta de sus necesidades para darles solución”41. No se ha promovido la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la elaboración de los planes de de- sarrollo y en su ejecución. Ha sido incipiente su participación en estrategias a su favor en los Consejos Territoriales de Planeación, y su protagonismo es débil ante la toma de decisiones. No se han impulsado estrategias para que los niños y las niñas se sientan comprometidos en la búsqueda de soluciones para la satisfacción de sus propias necesidades y el bienestar de la comunidad, así como para fortalecer sus capacidades y habilidades de gestión para incursionar en espacios de planeación y toma de decisiones42. Cuando los niños, las niñas y los jóvenes han hecho propuestas, éstas no han sido tenidas en cuenta en la etapa de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. “Recomendamos que en los consejos de juventud municipales se haga una convocatoria abierta a los jóvenes lideres de cada barrio, enfocándose a los grupos juveniles para que se hable de las necesidades de los jóvenes en cada ciu- dad, para que se haga un encuentro nacional de consejos de juventud y allí se exprese las necesidades de los jóvenes para que lleven todas estas inquietudes al congreso y hagan parte del congreso de la republica”43. A pesar de la escasa reglamentación de la Ley de la Juventud, es preciso reconocer que se ha logrado avances en la participación de los jóvenes, sin embargo en estos espacios con frecuencia se reproducen los vicios de la democracia representativa de otros niveles y se carece de representatividad entre los y las jóvenes44. “Anteriormente a los niños no se les tenía como tal, sino como objetos y no se les tenía en cuenta por ser niños. Ahora en estos años se les están abriendo un poco las puertas a los jóvenes para que participen y se les tenga un poco en cuenta. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Juventud, dicen que es para los jóvenes, pero a la hora de la hora son los adultos y los del gobierno quienes influyen en estos”45. En general, en el país, predominan formas de participación limitada: convocatoria a eventos públicos donde se trata algún tema relacionado con la niñez, simulacros de elecciones o para justificar decisiones que ya han sido tomadas46. “El gobierno utiliza a los niños como fachadas, permiten que ellos hablen y den su opinión pero no se les presta mucha atención (habla por hablar) y lo que decimos queda en el aire”47. En cuanto al acceso a la información, el Plan Nacional de Comunicación para la Infancia PCIN mencionado en el informe del Estado, que tuvo algún impacto en diversas regiones del país, se redujo y prácticamente desapareció a fin del quin- quenio. Los programas de gobernaciones, alcaldías e ICBF en este campo, son más acciones de tipo recreativo, que no alcanzan a tener una incidencia efectiva en el acceso a la información para los niños, las niñas y los jóvenes. 41 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005. 42 CIMDER – UNICEF. Lineamientos para una política pública de adolescencia y juventud con enfoque de derechos y ciudadanía en tres municipios de Colombia: Istmina, Pasto y Popayán. Cali, 2004. 43 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005. 44CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit. 45 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. Abril de 2005. 46 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit. 47 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. abril de 2005. 21
  20. 20. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaLos otros programas mencionados en el informe del Estado, que son de orden nacional no han tenido cobertura ampliaen todo el territorio. En varias regiones los Consejos de Juventudes no han sido implementados. Los espacios que sonplaneados para estar a cargo de los jóvenes, en algunos casos son dirigidos y coordinados por adultos, y no respondena los objetivos para los cuales se crearon.El acceso a la información es un asunto precario, en especial para los niños y las niñas de sectores marginados y comu-nidades rurales. En estas, por lo general faltan bibliotecas y las que hay no poseen el material suficiente o de calidad paradar información sobre el acontecer del país, del mundo o de los avances de la ciencia. Gran parte de este material estádeteriorado o es obsoleto. El acceso a Internet u otras formas de comunicación es todavía limitado a algunos sectoresurbanos.La televisión es el medio de comunicación más utilizado por los niños y las niñas, pero al igual que la radio, no ofrecierondurante el quinquenio, como no lo hacen ahora, la mejor alternativa de educación y acceso a la información. El controlsobre los contenidos transmitidos es pobre, dejándose la responsabilidad sobre el mensaje trasmitido, a la ética de losmonopolios privados que hoy manejan dichos medios, con un interés comercial antes que de servicio.Aunque se han realizado algunos avances en materia de permitir la expresión de los niños y las niñas y difundirla através de los medios masivos de comunicación, éstas son experiencias aisladas en las que participan pocos de ellos.Falta una política estatal clara al respecto.Tanto en la familia como en la escuela la palabra del adulto sigue prevaleciendo sobre la de los niños, las niñas o losjóvenes . Existen numerosas tutelas denunciado lo problemático que ha sido para muchos niños y niñas, y en especialadolescentes, expresarse abiertamente y dar a conocer sus puntos de vista. Aún no existen mecanismos claros quepermitan hacer realidad el derecho a la libre expresión en espacios cotidianos. 22
  21. 21. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia 4. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA (Artículos 11, 10, 20, 21, 39) “El gobierno no debería prometer cosas que no va a cumplir y luego asegurar y valerse de ellas para su propio benefi- cio, disfrazan sus grandes errores con actos publicitarios que no contribuyen a la protección de los niños. Si el gobierno estuviera comprometido realmente con la problemática de los niños dejaría de preocuparse por emplear recursos para la guerra y trabajaría realmente en pro de la niñez...”48. En Colombia, se erigen primordialmente cuatro situaciones que se constituyen en los principales factores que vulneran a la familia y atentan contra el bienestar particularmente de las mujeres, los niños y las niñas: la pobreza, la inequidad, la violencia política y la violencia social. Dentro de la violencia social, se manifiesta la violencia intrafamiliar como el segundo delito cometido en Colombia. “En el año 2001 fueron reportados ante Medicina Legal 69.681 casos de violencia Intrafamiliar que incluyen 10.918 denuncias por maltrato infantil y 41.320 por violencia conyugal”.49 Las mujeres y los niños son las principales víctimas de esta forma de violencia. Estadísticas del Instituto de Medicina Legal muestran que al año son recibidos y atendidos 7.600 casos de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, en el mismo sentido las estadísticas oficiales indican que el 91% de las víctimas de actos violentos en el espacio doméstico son mujeres, incluidas las jóvenes50 . De acuerdo con las cifras oficiales, de cada 1.000 niños y niñas, 361 sufren algún tipo de maltrato dentro de su familia. Los datos sobre maltrato infantil muestran un crecimiento constante del número de casos reportados anualmente (de 3051 en 1995 se pasó a 6552 casos en todo el país en 2000), situación que puede interpretarse como visibilización de un problema previamente oculto. Visto en conjunto el maltrato infantil afecta de manera equivalente a los niños y las niñas, salvo en el grupo de mayor edad (14 a 17) en el que las mujeres son las principales víctimas. Se mantiene el patrón en relación con la edad pues el mayor número de casos se concentra en el grupo de 10 a 14 años (59% del total en el año 2000). En la mayoría de los casos (52%) el agresor es el padre o padrastro mientras que en una cuarta parte de los casos la agresión proviene de la madre. Frente a la respuesta del Estado, el quinquenio tuvo la particularidad de estar enmarcado dentro de la propuesta del Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, el cual tenía como eje fundamental el tema de la paz. Por lo que la política social de familia se enmarcó dentro de una política de convivencia pacifica nacional.51 Esto se plasmó en el programa denominado “Haz Paz” cuyo objetivo era la prevención detección, vigilancia y atención de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, el programa, como lo reconoce la Defensoría del Pueblo, no cambió las cifras de violencia intrafamiliar. El programa Haz Paz no tuvo una difusión amplia en las regiones. Fue un programa nacional en el que se invirtieron importantes recursos y cuyo mayor logro fue haber desarrollado unos materiales para el trabajo en la construcción de paz; en consultas hechas en algunas regiones, el programa simplemente no se aplicó, . A finales del quinquenio, con el cambio de administración, el programa se redujo aún más su modesta cobertura. 48 Consulta regional a niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005. 49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2002. Op. Cit. 50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999 51 El soporte de esta política se evidencia en el documento “Haz Paz”, el cual tiene como principal objetivo el logro de la paz por medio de la convivencia familiar en un propósito nacional. 23
  22. 22. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infanciaOtros programas o acciones contra la violencia intrafamiliar se mantuvieron durante el quinquenio. Es el caso de lasredes del buen trato y de otras estrategias como el sistema de vigilancia de violencia y maltrato SIVIGILA. Es de resaltarel papel cumplido por el Instituto de Medicina Legal en el seguimiento, difusión y análisis de la problemática.El sistema de protección, encargado de la atención individual de los casos, fue insuficiente y generalmente ineficiente,sus resultados son pocos, en este, como en otros problemas que le atañen. Desafortunadamente no hay estudios oevaluaciones que permitan medir el impacto de estas intervenciones, que generalmente son puntuales y transitorias ysobre las cuales no se hace un adecuado seguimiento.Es crítica la situación de abandono a que están expuestos muchos niños y niñas; las cifras citadas por el informe del Es-tado (602.555 en situación de abandono o peligro en el 2002) son preocupantes. Igualmente es preocupante el númerode casos atendidos por los centros de emergencia (13.118 en el 2002), lo que deja ver el impacto que sobre los niños ylas niñas tiene la crítica situación nacional descrita.Los niños y las niñas en abandono, así como aquellos casos en que se considera que la familia no ofrece garantías parasu desarrollo y bienestar, son institucionalizados o ubicados en medio familiar sustituto. La Defensoría del Pueblo señalaque, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “durante el año 2000 fueron atendidos en medio institucional yen medio familiar, incluidos hogares sustitutos, un total de 99.683 niños y niñas: 62.125 en medio institucional y 37.558en medio familiar sustituto”. 52A pesar de la gran cantidad de niños que están en medio institucional o familiar sustituto, hay un problema importantede debilidad del sistema de protección en relación con la cobertura y la presencia de centros zonales del ICBF “espe- ,cialmente para aquellos sectores donde no tiene presencia física el mencionado centro, los niños y las niñas que seanvíctimas de todo tipo de atropellos, no tienen ninguna autoridad ante quien acudir, debido a que el monopolio en materiade protección está en cabeza de los defensores de familia que prestan sus servicios a través de estos centros zonales.Por tal razón muchos casos no llegan a conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.53Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha planteado debilidades de los programas de atención a los niños y las niñasen situación de abandono o peligro, como que estas instituciones reciben indiscriminadamente diversidad de casos(niños y niñas abandonados o en peligro, contraventores, consumidores de substancias psicoactivas y otros problemas),haciéndose manifiesta la falta de programas especializados en relación con las diversas situaciones que propician lamedida de ubicación en medio institucional.Sería pertinente evaluar la pertinencia, eficacia y los alcances de la institucionalización de los niños y las niñas como medi-das para garantizar y proteger sus derechos y propiciar otras medidas de protección alternativas, como el medio familiar.Las adopciones de niños colombianos, como lo dice el Informe del Estado se hicieron en su mayoría por familias ex-tranjeras, lo que puede mostrar el interés de algunas instituciones de privilegiar estas adopciones sobre las nacionales,como una baja cultura de la adopción en Colombia. . Si bien el ICBF aumentó el control y vigilancia del proceso deadopciones, este se realizó no sólo por el Instituto a través de su programa especializado, sino también por institucionesprivadas, autorizadas para adelantar el programa de adopciones. Se continuó presentando un sistema de adopción pa-ralelo a través del cual muchos niños y niñas salen del país ilegalmente como lo ha demostrado la Interpol54 y no huboacciones claras del Estado dirigidas a frenar este tráfico de niños y niñas.52 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2000.53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999. Op. Cit.54 Informe de los grupos de investigadores y organizaciones no gubernamentales de Colombia al Comité de los Derechos del niño. 2000. 24

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