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Derecho Procesal Civil IV

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Derecho Procesal Civil IV

  1. 1. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. © MARIO CASARINO VITERBO © EDITORIALJURÍDICA DE CHILE Ahumada 131, 4° piso. Santiago Registro de Propiedad Intelectual Inscripción N° 160.771, año 2007 Santiago - Chile Se terminó de reimprimir esta sexta edición de 1.000 ejemplares en el mes de febrero de 2008 IMPRESORES: Productora Gráfica Andros Ltda. IMPRESO EN CHILE / PRlNTED IN CHILE ISBN de la obra completa 978-956-10-1607-1 ISBN de este tomo 978-956-10-1759-7 MARIO CASARINü VITERBO Ex Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad de Chile Profesor Emérito de la Universidad de Valparaíso MANUAL DE DERECHO PROCESAL DERECHO PROCESAL CIVIL TOMO N Sexta edición actualizada por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bajo la dirección del Director del Departamento don Cristián Maturana Miquel y revisada por su autor, señor Mario Casarino Viterbo. 312ZY EDITORIAL IURIDICA DE CHILE www.editorialjuridica.cl.
  2. 2. ACTUALIZACIÓN La Editorial Jurídica de Chile encargó al Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que procediera a la actualización del texto de la presente obra con todas las modificaciones legales respectivas. La delicada labor de actualización fue realizada por el docente de la Universi- dad de Chile señor Rodrigo Zúñiga Ca- rrasco, bajo la dirección del Director del Departamento de Derecho Procesal se- 7 ñor Cristián Maturana Miquel, y revisa- da por el autor, señor Mario Casarino Viterbo. Es de destacar que en el trabajo de actualización se procuró mantener siem- pre el texto primitivo del autor, señalán- dose, en cada caso, las frases, oraciones o párrafos que hubo que modificar debido a los cambios legislativos. EDITORIALJURÍDICA DE CHILE EDITORI,L ¡URIDICA DECHILE r ::o ;oc < ~
  3. 3. SEGUNDA PARTE LOS PROCESOS DECLARATIVOS Y EJECUTIVOS COMUNES O LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DE APLICACIÓN GENERAL 7 ," ~ lDITORIAL JURIDICA LlFCHIlF m
  4. 4. INTRODUCCIÓN A. Juicio, proceso y procedimiento. Recordemos que la noción del juicio es sinónima de contienda o controversia ac- tual que se produce entre dos o más per- sonas sobre un derecho y que se somete al fallo de un tribunal; y que el instru- mento jurídico llamado a componer o so- lucionar el juicio es, precisamente, el proceso, el cual se caracteriza por estar constituido por una serie de actos que se inician con la interposición de la deman- da y terminan con el pronunciamiento de la sentencia. Ahora bien, estos actos se desarrollan en forma sucesiva, combinada y lógica, cuyo conjunto constituye el procedimiento judicial. Es por eso que este último se define como la forma racional y metódi- ca en que han de actuar los tribunales para administrar justicia, y los particula- res para solicitarla y obtenerla. B. Clasificación de los procedimien- tos judiciales. Doctrinariamente los pro- cedimientos judiciales admiten diversas clasificaciones, según sean los puntos de vista que se adopten para formularlas. Así: a) Según la naturaleza del derecho controvertido, se clasifican en civiles y pe- nales. Procedimiento civil es aquel en que el derecho controvertido es de naturale- za civil; y, en cambio, procedimiento penal es aquel en que el derecho controvertido es de naturaleza penal. Por consiguiente, el procedimiento civil está caracterizado, fundamentalmente, porque en él predo- mina la iniciativa de parte; y el procedi- miento penal, porque en él sobresalen las actuaciones de oficio. 11 b) Según su objeto o finalidad, los procedimientos se clasifican en de cono- cimiento, de ejecución y de conservación. Los de conocimiento, llamados también in- distintamente declarativos o de cognición, tienden a obtener la condena del deman- dado, la mera declaración de un dere- cho, o un efecto constitutivo mediante la dictación de la sentencia respectiva. Los de ejecución persiguen el cumplimiento forzado de una obligación, que consta en una sentencia previa dictada dentro de un procedimiento de cognición, o en otro título al cual la ley también le atribuye mérito ejecutivo. Los conservatorios o pre- cautorios tienden a asegurar el resultado de una acción ejercitada en un procedi- miento de conocimiento o ejecutivo an- terior o coetáneo. c) Según su forma o tramitación, se clasifican en ordinarios, especiales y su- marios. Procedimientos ordinarios son aque- llos que, en su tramitación, se ajustan a las normas generales del proceso. Proce- dimientos especiales son aquellos que, en su tramitación, se ajustan a las normas especiales del proceso. Y procedimientos sumarios son aquellos cuya tramitación está fundada exclusivamente en razones de rapidez o celeridad. Los procedimien- tos ordinarios y sumarios, a su vez, se agrupan en procedimientos comunes o de aplicación general, o sea, rigen en la generalidad de los casos; y como contra- puestos a los procedimientos de aplica- ción especial, o sea, a los casos específi- camente señalados en la ley. d) Según su contenido, se clasifican en singulares y universales. Procedimientos singulares son aquellos en que tienen in- [lJiTLlIUAI /URIDICA mCHllE m
  5. 5. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal miento extraordinario es aquel al cual se ajustan todos los demás juicios. La clasifi- cación fundamental de los procedimien- tos es, pues, esencialmente formalista, y la adopción de las demás clasificaciones, de importancia práctica indiscutida, ha sido la obra incesante de la doctrina y la jurisprudencia. No obstante, si tratáramos de desen- trañar las características generales del pro- cedimiento judicial chileno, tanto del ordinario cuanto del extraordinario, po- dríamos afirmar que es escrito y de doble grado: escrito, por cuanto en sus actua- ciones predomina la escritura; y de doble grado, porque las resoluciones que se van pronunciando, a través de su desarrollo, son, por regla general, susceptibles de ape- lación, esto es, de ser revisadas por un tribunal superior a petición de parte agra- viada. ~f DI !(1;(I·> JURIOICA [)I CHJlf13 sos; desconoce la clasificación de los mis- mos, según su objeto o finalidad, puesto que hay procedimientos de cognición con- templados, tanto en el libro n cuanto en el libro In del Código del ramo, y a pe- sar de haber ubicado el cumplimiento de las sentencias en el primero de dichos libros, y los procedimientos ejecutivos en el segundo de los antes nombrados, pres- cinde de la clasificación de los procedi- mientos en escritos y verbales, no obstante asignarle esta última característica a los procedimientos de mínima cuantía y al sumario; y en cuanto a los procedimien- tos comunes o de aplicación general, los distribuye arbitrariamente entremezclados con los de aplicación especial. En resumen, para el derecho proce- sal civil positivo chileno, el procedimien- to ordinario es sinónimo del juicio ordinario de mayor cuantía, y el procedi- en sus actuaciones; de obligar a los ma- gistrados que en ellos deben intervenir a . imponerse personalmente del asunto so- bre el cual van, en definitiva, a senten- ciar; de producir un mayor contacto entre el juez y las partes, y entre estas y los testigos, todo dentro de un ambiente de espontaneidad; y, en fin, de ser más eco- nómicos. Sin embargo, presentan la desventaja de ser más superficial y precipitada la re- solución de losjueces; de prestarse a even- tuales sorpresas, errores u omisiones; de influir, aun de buena fe, decididamente en la conciencia del magistrado, cuando se despliega una hábil y eficaz oratoria por parte del abogado defensor; y, por último, de adolecer, por su propia natu- raleza y desarrollo técnico, de una mayor vaguedad. Por todas estas razones es que la doc- trina y la mayoría de las legislaciones se inclinan a adoptar el procedimiento es- crito en los procesos civiles, y el procedi- miento oral lo reservan exclusivamente para los procesos penales. C. Clasificación de los procedimien- to judiciales según la ley procesal civil chilena. Después de expresar el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil que sus disposiciones rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponda a los Tribuna- les de Justicia; agrega el artículo 2° de ese mismo cuerpo de leyes, que "el pro- cedimiento es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se somete a la trami- tación común ordenada por la ley, y ex- traordinario el que se rige por las disposiciones especiales que para deter- minados casos ella establece". En consecuencia, nuestra ley proce- sal civil clasifica los procedimientos, se- gún su forma o tramitación, en ordinarios y extraordinarios, siendo ordinario el que se somete a la tramitación común orde- nada por la ley, y extraordinario el que se rige por disposiciones especiales esta- blecidas por ella para determinados ca- 12 terés una o más personas determinadas sobre derechos también determinados. Procedimientos universales son aquellos en que la materia sobre la cual versan es una universalidad, como el patrimonio de una persona viva, o la herencia de un difun- to. ~jemplos típicos de procedimientos universales son los de quiebra y los de partición de bienes. e) Según la cuantía, pueden ser de mayor cuantía, de menor cuantía y de mínima cuantía. Procedimientos de maypr cuantía son aquellos en que el monto dé la cosa litigiosa excede de quinientas Uni- dades Tributarias Mensuales (500 UTM) o ella no es susceptible de determinada apreciación pecuniaria. Procedimientos de menor cuantía son aquellos en que el mon- to de la cosa litigiosa es superior a diez Unidades Tributarias Mensuales (10 UTM) pero no excede a quinientas Uni- dades Tributarias Mensuales (500 UTM). Procedimientos de mínima cuantía son aque- llos en que la cosa litigiosa no excede de diez Unidades Tributarias Mensuales (10 UTM).* f) Según su ritualidad, se clasifican en verbales y escritos. Procedimientos verba- les son aquellos en cuya tramitación pre- dominan las actuaciones de palabra o de viva voz. Procedimientos escritos son aque- llos en cuya tramitación predominan las actuaciones literales o por escrito. En el hecho, no existen procedimientos exclu- sivamente verbales o escritos, por cuanto en los primeros hay determinadas actua- ciones escritas, y en los segundos, también se cumplen determinadas actuaciones ver- bales. Por consiguiente, la preponderan- cia en las actuaciones es lo que, a la postre, vienen a caracterizar el procedi- miento en verbal o escrito. Los procedimientos orales tienen la ventaja de proporcionarle una mayor ra- pidez al proceso; de asegurar, en toda su amplitud, el principio de la publicidad * Modificado, como aparece en el texto, por la Ley N° 19.594, publicada en el Diario Oficial el 1° de diciembre de 1998. fDITORIAL JURIDICA Dt (HIUm
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  7. 7. Capítulo Primero GENERALIDADES 323. Características e importancia del juicio ordinario de mayor cuantía. Se en- cuentra reglamentado en el libro II del Código de Procedimiento Civil, esto es, en los artículos 253 al 433 del referido cuerpo de leyes. Sus características más sobresalientes son: a) Se aplica a los negocios judiciales contenciosos cuya cuantía exceda de qui- nientas unidades tributarias mensuales* y a los que versen sobre materias no sus- ceptibles de determinada apreciación pe- cuniaria, siempre que la ley no establezca un procedimiento especial para tales ca- sos. En consecuencia, de acuerdo a las normas procesales orgánicas, el juicio or- dinario de mayor cuantía es un procedi- miento privativo o exclusivo de los jueces de letras. b) Es conocido en primera instancia por los tribunales llamados a intervenir en él, de suerte que las sentencias que aquéllos pronuncien son siempre suscep- tibles del recurso de apelación; siendo, por consiguiente, un procedimiento típi- co de doble grado o instancia. c) Se trata de un procedimiento fun- damentalmente escrito; o sea, todas sus ac- tuaciones constan en el proceso por medio de la escritura, las cuales se ajus- tan a las formalidades que la ley estable- ce para cada una de ellas en particular, según su naturaleza. Por excepción, eljui- cio ordinario de mayor cuantía está cons- tituido por algunas actuaciones orales, a * Modificado, como aparece en el texto, por la Ley N" 19.594, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 1998. 17 saber, en primera instancia, las declara- ciones testimoniales, la confesión judicial, la aceptación del cargo de perito, la peti- ción al tribunal a fin de que cite a las partes para oír sentencia, la interposición del recurso de apelación en el acto de la notificación, etc.; y, en segunda, la vista de la causa, comprendiéndose en ella la relación y los alegatos de los abogados. d) Es un procedimiento declarativo en sentido lato, o de cognición, ya que por medio de él no se persigue el cumpli- miento forzado o compulsivo de una obli- gación, sino la declaración o el reconoci- miento de un derecho desconocido o menoscabado. En el hecho, mediante sus sentencias, se persigue la condena del de- mandado a una determinada prestación, la mera declaración de un derecho con- trovertido o la producción de efectos ju- rídicos constitutivos. e) Consiste en un procedimiento común o de aplicación general, sin otras limita- ciones que la cuantía o la existencia de procedimientos especiales en razón de la naturaleza de la acción. En otros térmi- nos, el juicio ordinario de mayor cuantía es la forma normal de tramitación de los juicios; y la excepción, los juicios o pro- cedimientos especiales, cuya tramitación, a la inversa, es distinta de la primeramente nombrada y bastante variada. De ahí que el artículo 3° del Código de Procedimien- to Civil disponga que "se aplicará el pro- cedimiento ordinario en todas las gestio- nes, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza". Cada vez, pues, que estemos en presencia de una acción judicial, cuya cuantía exceda UlIIORIAL jURlDlCA DE CHILE '";7 m
  8. 8. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal ;7 ¿ e ';¿ < ~ de quinientas unidades tributarias men- suales* o sea de cuantía indeterminada, y en razón de su naturaleza no tenga señalada en la ley una tramitación espe- cial, debemos saber de antemano que tendrá que ser ventilada en conformi- dad a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía. f) Por último, es un procedimiento suple- torio en relación a los mismos procedimien- tos extraordinarios o especiales, a virtud de lo que prescribe el artículo 3° del CsS- digo de Procedimiento Civil antes tranS- crito. Esto significa que el legislador, al estructurar los procedimientos extraordi- narios, no consigna en forma exhaustiva todas las actuaciones que los constituyen; de suerte que, en presencia de cualquier vacío, se recurre indefectiblemente a las normas respectivas del juicio ordinario de mayor cuantía. Ejemplo, nada dice la ley, dentro de los juicios especiales, acerca de las medidas precautorias o de los medios probatorios: en su silencio, se aplican las normas contenidas sobre estas materias en eljuicio ordinario de mayor cuantía. En resumen, las características de ser un procedimiento común o de aplicación general, y de ser supletorio de los proce- dimientos especiales, por sí solas, demues- tran la importancia innegable que eljuicio ordinario de mayor cuantía reviste den- tro de los procedimientos judiciales chi- lenos. 324. Esquema del juicio ordinario de mayor cuantía. Este juicio se inicia me- diante demanda del actor, de la cual el tribunal confiere traslado al demandado por un término de quince días. La de- manda y su correspondiente traslado se notifican por el estado diario al actor, y personalmente, al demandado. Este últi- mo puede defenderse o no. Si no se de- fiende, a petición del actor, se dará por evacuado el trámite de contestación de * Modificado, como aparece en el texto, por la Ley N" 19.594, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 1998. EDIlORIAL JURIDICA DI CHIU 18 demanda, en su rebeldía. Si se defiende, podrá hacerlo oponiendo excepciones di- latorias, destinadas a corregir vicios Q.e procedimientos; o bien, excepciones pe- rentorias o defensas, destinadas a ener- var la acción deducida. Las primeras se esgrimen en forma previa, y son tramita- das y resueltas como incidentes; las se- gundas, en cambio, se hacen valer dentro del escrito llamado de contestación de de- manda. Contestada la demanda, o en su rebeldía, se confiere traslado al actor para replicar y de este último escrito se con- fiere también traslado al demandado para duplicar, siendo el plazo para ambos tras- lados de seis días. A esta altura del juicio, el juez debe examinar personalmente el procéso y es- tudiar si las partes, en los escritos funda- mentales, se han contradicho en hechos substanciales y pertinentes. En caso afir- mativo, recibirá la causa a prueba por el término legal y f~ará los hechos contro- vertidos, a cuyo tenor deberá rendirse la prueba. Esta resolución se notifica por cédula. El término probatorio ordinario es de veinte días, dentro del cual deben producirse la prueba testimonial y las de- más pruebas, sin perjuicio de que estas últimas puedan también rendirse en las otras oportunidades señaladas por la ley. Vencido el término probatorio, las partes tienen un plazo común de diez días para formular las observaciones que el examen de las pruebas le sugiera; y vencido tam- bién este último término, de oficio o a petición de parte, el tribunal citará para oír sentencia, se hayan o no formulado las referidas observaciones. A contar de la notificación de esta última resolución, el tribunal tiene un pla- zo de sesenta días para dictar sentencia definitiva; la cual, una vez notificada a las partes, será susceptible de los recursos le- gales que procedan, a saber, el de apela- ción y el de casación en la forma. Lo anterior es el esquema del desa- rrollo normal de un juicio ordinario de mayor cuantía. Sin embargo, a veces, en la práctica, puede complicarse. Así, eljui- cio puede haberse iniciado mediante una medida prejudicial, circunstancia que no li- bera al demandante de la obligación de presentar después escrito de demanda. El demandado, por su parte, puede no quedar satisfecho con contestar solamen- te la demanda y deducir también recon- vención en contra del demandante. En este caso, hay un trámite más, o sea, se con- fiere al demandante traslado para dupli- car en la reconvención. El término probatorio normalmente ordinario, pue- de a veces revestir el carácter de extraordi- nario o de especial, con lo cual en el hecho se alarga. Por fin, pueden suscitarse cues- tiones accesorias que requieren especial pronunciamiento del tribunal, o sea, in- cidentes, los cuales sabemos que se trami- tarán en la misma pieza de autos o en cuaderno separado, según si revisten o no el carácter de previo y especial pro- nunciamiento. 325. Períodos o fases del juicio ordi- nario de mayor cuantía. El esquema es- 19 bozado nos permite apreciar que el jui- cio ordinario de mayor cuantía, en su tramitación, atraviesa o consta de tres pe- ríodos o fases: el de discusión, el de prue- ba y el de sentencia. El período de discusión está constituido por la presentación de cuatro escritos fun- damentales; a saber: la demanda, la con- testación, la réplica y la dúplica. El período de prueba es aquel que me- dia entre la dictación de la resolución que recibe la causa a prueba y la notifica- ción de la resolución que cita a las partes para oír sentencia. El período de sentencia, en fin, es el que transcurre entre esta última actuación y la dictación y notificación de la sentencia definitiva. En consecuencia, el esquema y los pe- ríodos anteriores corresponden exclusi- vamente a la primera instancia del juicio ordinario de mayor cuantía; y sus actua- ciones serán el objeto del estudio que pa- samos a efectuar a continuación. EDITORIAL rURlDICA DE CHILE L :': ::; ~ ~
  9. 9. Capítulo Segundo LA DEMANDA :/ 326. Concepto. Dispone el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil que "todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro". En consecuencia, el juicio ordinario de mayor cuantía tiene dos formas o ma- neras de ser iniciado; a saber, por deman- da del actor, o bien, por medidas prejudiciales promovidas, ya por el futuro demandan- te, ya por el futuro demandado. Recordemos que las medidas prejudi- ciales son los medios que franquea la ley a los futuros litigantes para preparar su entrada al juicio; que pueden ser promo- vidas, tanto por el futuro demandante, cuanto por el futuro demandado; que res- pecto a su finalidad, estas medidas están destinadas a preparar la demanda, a pro- curarse de antemano ciertos medios de prueba que pueden desaparecer, o a ase- gurar el resultado de la acción que se va a deducir; y que, desde el punto de vista de su tramitación, las medidas prejudi- ciales constituyen incidentes especiales dentro del pleito. La iniciación del juicio, pues, median- te una medida prejudicial, no libera en manera alguna al actor de la obligación de presentar demanda; la novedad pro- cesal, en este caso, radica exclusivamente en que el juicio se ha iniciado mediante medida prejudicial, y que esta, cronoló- gicamente, precede a la demanda. Ahora bien, la ley no define la deman- da; pero es evidente que este término se reserva para designar el acto inicial de la relación procesal, o sea, la primera pre- sentación que hace el actor y que resume sus pretensiones. Se la define como aquel 21 acto procesal del actor mediante el cual ejercita una acción tendiente a la decla- ración, en sentido amplio, por parte del tribunal, de un derecho que le ha sido desconocido o menoscabado. La deman- da es, entonces, la forma o manera de ejercitar la acción en juicio; y esta, la de reclamar judicialmente un derecho con- trovertido. 327. Forma y contenido de la deman- da. Desde el momento en que la deman- da, como acto inicial del juicio, es un verdadero escrito, debe ajustarse a deter- minadas formalidades en su otorgamien- to y presentación, para que así produzca los efectos legales deseados por el actor. Estas formalidades son dobles; a saber, las generales de todo escrito y las especia- les propias del escrito de demanda. Las formalidades generales de todo escrito y aplicables, por consiguiente, al escrito de demanda, en síntesis, son: la deman- da deberá presentarse en papel proceso;* por conducto del Secretario respectivo y encabezada con una suma que indique su contenido (art. 30 CPC);** yacompa- *Actualmente, y con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 3.475 de 29 de agosto de 1980, pu- blicado en el Diario Oficial de 4 de septiembre del mismo año, quedó sin efecto la obligación de usar papel sellado en losjuicios y gestionesjudiciales, toda vez que el artículo 32 de dicho Decreto Ley derogó el Decreto Ley N° 619 de 1974, que la consagraba. Actualizado Depto. D. Procesal U. de Chile. ** Ver Auto Acordado de la C. de Apelaciones de Stgo., de 19 de diciembre de 1988, publicado en el 0.0. de 21 de enero de 1989 y acuerdo de la C. de Apelaciones de Valpo., publicado en el 0.0. de 7 de diciembre de 1995. EDITORIAL JURlDICA DECHILE ¿¿ m
  10. 10. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal 7 ~ m ñada, en papel simple, de tantas copias cuantas sean las partes a quienes haya de ser notificada (art. 31, inc. 1°, CPC); y, por último, en atención a que la deman- da es la primera presentación que hace el actor, deberá contener la constitución de un procurador o mandatario judicial habilitado y la designación de abogado patrocinante, también habilitado, salvo las excepciones legales (arts. 1° Y 2° Ley N° 18.120 de 30 de abril de 1982, publi- cada en el Diario Oficial de 18 de mayo del mismo año). . En cambio, las formalidades especiales del escrito de demanda las señala el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, al pres- cribir que la demanda debe contener: 10. La designación del tribunal ante quien se entabla. Este requisito se cumple a continua- ción de la suma, expresándose solamen- te lajerarquía del tribunal y, todavía, ello mediante abreviaturas. Ejemplos: se pon- drá SJ.L., tratándose de jueces letrados; LC., tratándose de una Corte de Apela- ciones; y Excma. Corte, tratándose de la Corte Suprema. 2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo repre- senten, y la naturaleza de la representación. Debe, en consecuencia, individualizar- se en forma precisa al actor, y si compa- rece por medio de representante, en igual forma a este último; expresándose, ade- más, en este caso, la naturaleza de la re- presentación, en otros términos, si es legal o convencional. La individualización del actor y de su representante se entiende cumplida me- diante la indicación de tres elementos, a saber: nombre, domicilio y profesión u oficio. Otras legislaciones son más estric- tas y exigen también que se expresen la nacionalidad y el estado civil del actor. Por nombre se entiende tanto el propio individual o de pila, como el de familia o apellidos paterno y materno; el domici- lio que es la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de perma- necer en ella; y la profesión u oficio que es la actividad preferente del actor. EDITORIAL IURIDICA DE CHILE 22 Esta exigencia legal de la perfecta ifr'l dividualización del actor y de su repre- sentante, en el escrito de demanda, per- mite que el demandado sepa, a ciencia cierta, con quién ha de litigar, y las ex- cepciones o defensas que puede oponer- les; permite, además, saber quiénes son partes y a quiénes deberán notificarse las resoluciones que se expidan; y permite; por último, saber a quiénes afectará, con la autoridad de la cosa juzgada, la sen- tencia llamada a resolver el pleito. 3°. El nombre, domicilio y profesión u ofi- cio del demandado. La individualización del demandado es indispensable, al igual que la del ac- tor, para saber contra quién se dirige la demanda y a quién debe notificarse; para determinar su capacidad y la competen- cia del tribunal en razón de territorio; y, en fin, para apreciar los efectos de la cosa juzgada. Nada dice la ley en cuanto a la indivi- dualización del representante del deman- dado, a diferencia del número anterior; pero estimamos que, en caso de que el demandado sea incapaz o tenga un re- presentante convencional, la individuali- zación del respectivo representante se hace también indispensable. 4°. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Este requisito dice relación con la substancia o médula deljuicio mismo. Las pretensiones del actor se basan en deter- minados hechos, a los cuales les aplica determinados preceptos legales; de ma- nera que su exposición, fuera de la clari- dad necesaria, debe contener los hechos en que se apoya la demanda, como igual- mente sus respectivos fundamentos de derecho. La exposición clara de los hechos en que se apoya la demanda permite califi- car de antemano, y con facilidad, la ac- ción deducida y, por consiguiente, determinar la competencia del tribunal; sirve también para saber, con posteriori- dad, qué hechos han sido reconocidos y cuáles, en cambio, han sido controverti- dos, lo que influirá, decididamente, en la recepClon de la causa a prueba; y, por último, facilita también al tribunal el es- tablecimiento de los hechos en la senten- cia definitiva, mediante la ponderación o examen de las pruebas pertinentes que se hayan rendido. La exposición clara de los funda- mentos de derecho en que se apoya la demanda, en cambio, tiene por objeto facilitar la calificación jurídica de la re- lación de derecho substancial o mate- rial controvertida. Esta exigencia se cumple expresando únicamente el ac- tor las razones de orden jurídico que, a su juicio, justifican la declaración del derecho substancial reclamado. No ne- cesita individualizar la acción por su nombre técnico ni indicar los precep- tos legales aplicables; pues esta labor la efectuará el tribunal al momento de pro- nunciar sentencia, aunque para la re- gularidad y marcha del proceso es conveniente hacerlo. 5°. La enunciación precisa y clara, con- signada en la conclusión de las peticiones que se sometan alfallo del tribunal. Es la parte petitoria de la demanda. Debe expresarse con la suficiente clari- dad y precisión, y dentro del escrito de demanda tiene una ubicación determi- nada, esto es, en la parte final del mis- mo. Estas peticiones del actor, unidas a las que plantea el demandado en su es- crito de contestación, constituyen la cues- tión controvertida del pleito y, en consecuencia, determinan su propia competencia. La sentencia definitiva, pues, deberá pronunciarse sobre las pe- ticiones de las partes, y únicamente so- bre ellas, a menos que se trate de un caso en que el tribunal pueda actuar de oficio, so pena de que en la dictación de la sentencia se incurra en vicios de forma que autoricen anularla por me- dio de los recursos procesales correspon- dientes. En el orden de importancia, esta exigencia legal reviste el máximo de in- terés, puesto que el actor, al formular sus peticiones al tribunal, concreta pe- rentoriamente sus pretensiones ante este último y frente al demandado. 23 328. De los documentos acompaña- dos a la demanda. Dispone el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil que "Los documentos acompañados a la demanda deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento, cualquiera sea su naturaleza". El precepto legal antes transcrito sus- tituyó el primitivo articulado (art. 1° N° 44 de la Ley 18.705, de 24 de marzo de 1988) que daba margen para que tanto la doc- trina como lajurisprudencia clasificaran los documentos o instrumentos de que pue- de valerse el demandante en: documen- tos en que funda su derecho y documentos que sólo lojustifican, clasificación que hoy carece de trascendencia, puesto que to- dos los documentos pueden ser acompa- ñados por las partes dentro de una misma oportunidad legal. No existe la obligación del demandante ni del demandado de acompañar documentos fundantes de la demanda, reconvención o excepción y la contraparte carece del derecho de forzar- lo a ello. El artículo 348, inciso primero, establece que "Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado deljuicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la cau- sa en segunda instancia".* 329. Resolución que recae en el es- crito de demanda. Una vez presentada la demanda por el actor al tribunal que es- tima competente en razón de las reglas de competencia absoluta y relativa que ya conocemos, éste la examina desde un punto de vista formal, o sea, a la luz de las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. En caso que este examen permita al juez apreciar que la demanda no contie- ne las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo antes cita- do, puede de oficio no darle curso (art. 256 CPC). * Inciso primero del arto 348, sustituido por lo señalado por el arto 1°, N° 48, de la Ley N° 18.705, de 24 de mayo de 1988. Actualizado Depto. D. Pro- cesal U. de Chile. 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  11. 11. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal c. z < C. ~ Por el contrario, si el juez no hace este examen, o bien éste resulta satisfac- torio, admitirá la demanda a tramitación y conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste (art. 257 CPC). Se trata, en consecuencia, de un de- creto, providencia o proveído ya que es una resolución destinada solamente a dar curso progresivo a los autos. Admitir a tramitación la demanda, implica consta- tar su corrección formal en sus requisitos mínimos; y conferir traslado de ella,.es fijar un plazo al demandado para qué 'la conteste, bajo apercibimiento de prose- guir en su rebeldía. 330. El emplazamiento del demanda- do. En su oportunidad manifestamos, que toda acción se propone mediante una de- manda, la cual, presentada ante tribunal competente, debe ser tramitada conforme a reglas de procedimiento preestablecidas, según la naturaleza de la acción ejercita- da; agregamos, además, que cualquiera que fuere el procedimiento a seguir, la deman- da y la resolución que la admite a tramita- ción, deben ser legalmente notificadas al demandado, quien tiene un plazo para comparecer a defenderse; y que la notifi- cación de la demanda hecha en forma le- gal al demandado y el transcurso del plazo que éste tiene para contestarla, reciben el nombre técnico de emplazamiento. En consecuencia, el emplazamiento consta de dos elementos: 1°. Notificación del demandado hecha en forma legal; y 2°. Transcurso del plazo que la ley fija al demandado para que comparezca a de- fenderse. Esto nos lleva, naturalmente, a analizar en qué forma se produce el em- plazamiento del demandado dentro del juicio ordinario de mayor cuantía. La notificación de la demanda al de- mandado, por ser la primera notificación que se practica dentro del juicio, deberá hacérsele personalmente (art. 40 CPC). Al actor, en cambio, se le notifica por el es- tado diario (art. 40 CPC). El plazo que tiene el demandado para comparecer a defenderse varia según sea el lugar en que haya sido notificado. Así: EDITORIAL JURI DICA DE CHILE 24 a) Es de quince días, si el demandado es notificado en el lugar donde funciona t el tribunal (art. 258, inc. ¡O, CPC). Ejem- plo: se interpone la demanda en uno de los juzgados de letras* de Valparaíso y el demandado es notificado también en la ciudad de Valparaíso. b) Se aumentará este término con tres días más, o sea, es de dieciocho días, si el, demandado se encuentra en el mismo te- rritorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna que sirva de asiento al tribunal (art. 258, inc. 2°, CPC). Ejem- plo: se interpone la demanda en uno de los juzgados de letras* de Valparaíso y el demandado es notificado en la ciudad de Viña del Mar; y c) Es de dieciocho días, y a más el au- mento que corresponda al lugar en que se encuentra el demandado, si éste es noti- ficado en un territorio** diverso o fuera del territorio de la República (art. 259, inc. ¡O, CPC). Ejemplo: se interpone la demanda en uno de los juzgados de le- tras* de Valparaíso y se notifica al de- mandado en Valdivia. El plazo será de veintiocho días, suponiendo que el au- mento que corresponda entre Valparaíso y Valdivia, señalado en la tabla respecti- va, sea de diez días. Ahora bien, este aumento será deter- minado en conformidad a una tabla que cada cinco años formará la Corte Supre- ma con tal objeto, tomando en conside- ración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comuni- caciones, y se formará en el mes de no- viembre del año que preceda al del vencimiento de los cinco años indicados, para que se ponga en vigor en toda la República desde ello de marzo siguien- te; se publicará en el Diario Oficial, y se *Artículo reemplazado por el que aparece en el texto por el N° 3 del art. quinto de la Ley N° 18.776, de fecha 18 de enero de 1989. Actuali- zado Depto. D. Procesal U. de Chile. ** Inciso modificado, como aparece en el tex- to, con el N° 4 del art. quinto de la Ley N° 18.776, de 18 de enero de 1989. Actualizado Depto. D. Pro- cesal U. de Chile. fijará a lo menos dos meses antes de su vigencia, en los oficios de todos los secre- tarios de Cortes yJuzgados de Letras (art. 259, inc. 2°, CPC). Puede suceder que los demandados sean varios, esto es, dos o más. En tal caso, sea que obren separada o conjuntamente, el término para contestar la demanda corre- rá para todos a la vez, y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a los notificados (art. 260 inc. 2° CPC). Ejemplo: el juicio se ha iniciado en Valparaíso en contra de dos demanda- dos, y éstos han sido notificados también en Valparaíso; pero en fechas diferentes, pongamos por caso, el día 2 del mes en curso al demandado A, y el día 5 de igual mes al demandado B. Tanto para el pri- mer demandado como para el segundo, el plazo para contestar la demanda, sea que obren conjunta o separadamente, ven- ce el día 20 de dicho mes. También puede suceder que proce- da, de acuerdo al artículo 18 CPC, la plu- ralidad de demandantes. En esos casos los plazos antes señalados serán aumen- tados en un día por cada tres demandan- tes sobre diez que existan en el proceso, no pudiendo exceder de treinta días di- cho plazo adicional (art. 260 inc. 2° CPC).* Todo lo anterior nos permite señalar las caracteristicas generales que presenta el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda en juicio ordinario de mayor cuantía: a) Es un plazo de días y, por consi- guiente, se entiende suspendido durante los feriados (art. 66 CPC); b) Es un plazo legal y, por consiguien- te, a diferencia de los plazos judiciales, no puede ser prorrogado (art. 67 CPC); c) Es un plazo variable, puesto que, como hemos visto anteriormente, difiere en su duración, según sea el lugar en que es notificado el demandado; d) Es un plazo fatal por cuanto el solo hecho de su vencimiento implica extin- * Norma introducida por el artículo 2° de la Ley N° 19.743 de 8 de agosto de 2001. 25 ción del derecho de contestar la deman- da,* (artículo 64),** (artículo 78 CPC). e) Si fueren varios los demandados, es individual para su iniciación, y común para su extinción o vencimiento (art. 260 CPC). No olvidemos tampoco que el empla- zamiento del demandado reviste excep- cional importancia dentro del proceso, puesto que da nacimiento a la relación procesal, esto es, al conjunto de vínculos jurídicos entre las partes y el tribunal y entre las partes entre sí y que, por tal razón, la ley lo ha elevado a la categoría de trámite o diligencia esencial (art. 795, N° ¡O, CPC). Por ello su omisión autoriza interponer en contra de la sentencia de- finitiva pronunciada en condiciones tan irregulares recurso de casación en la for- ma, tendiente a anularla y a reponer el proceso al estado de cumplirse con el em- plazamiento del demandado (art. 768, N° 9°, CPC). Se entiende que ha habido omisión del emplazamiento del demandado cuando no se le ha notificado la demanda; cuando, habiéndosele notificado, tal notificación ha sido practicada en forma ilegal; o bien, cuando, habiéndose notificado legalmen- te la demanda, se ha dado por evacuado el trámite de contestación a la demanda por parte del demandado, sin estar aún vencido el término que la ley le ha conce- dido para cumplir con tal trámite. 331. Modificación de la demanda. Puede que el demandante, después de presentada la demanda al tribunal, desee introducir algunas modificaciones. ¿Está facultado por la ley para adoptar actitud semejante? Para contestar esta interrogan- te, a nuestro juicio, es preciso colocarse en diversas situaciones: *Artículo 64 CPC sustituido por el que apare- ce en el texto, por el artículo 1° N° 4, de la Ley N" 18.882, de 20 de diciembre de 1989. ** Artículo 78 epe sustituido, por el que apa- rece en el texto, por el artículo 1° N° 9, de la Ley N° 18.705, de 24 de mayo de 1988. WI r<JRIAL JURIDICA DE CHILE z. L re < re ;¿ < m
  12. 12. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal :;:, m a) Antes de notificada la demanda al reo, podrá el actor retirarla sin trámite algu- no, y se considerará como no presentada (art. 148, parte P, CPC). Retirada, pues, materialmente la demanda, hará con ella el demandante lo que le plazca y podrá, incluso, presentar una nueva, enteramen- te diversa de la anterior; b) Una vez notificada la demanda a cual- quiera de los demandados y antes de la contes- tación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que esti~ me convenientes (art. 261, inc. 1°, CPC). Obsérvese que no se trata de simple retiro de la demanda como en el caso anterior, sino de modificaciones que será necesario presentar por escrito y pedir se tenga como complemento o modificación de la deman- da primitiva. Es talla importancia de estas modificaciones que para los efectos de su notificación se considerarán como una de- manda nueva, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la demanda primi- tiva (art. 261, inc. 2°, CPC); c) Contestada que sea la demanda, en el escrito de réplica podrá el actor ampliar, adicionar, o modificar las acciones que haya formulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto prin- cipal del pleito (art. 312 CPC); y d) Después de notificada la demanda, po- drá el demandante, en cualquier estado del juicio, desistirse de ella ante el tribu- nal que conozca del asunto, y esta peti- ción se someterá a los trámites establecidos para los incidentes (art. 148, parte 2a , CPC). Esta última actitud del demandan- te, de excepcional importancia, tiene el efecto de extinguir las acciones que se hi- cieron valer en la demanda, y mal podría deducirlas nuevamente, aun cuando fue- ran ampliadas o rectificadas. 332. Actitudes del demandado una vez notificado de la demanda. Notificado que sea legalmente el demandado del escrito de demanda, puede adoptar, a nuestro juicio, tres actitudes diferentes: aceptar lisa y llanamente la demanda, o no contrade- cir en forma substancial y pertinente los fDlTORloL JURIDICA DE CHILE 26 hechos que le sirven de fundamento; no hacer nada, esto es, asumiendo una acti- tud de completa pasividad e indiferen- cia; y, por último, que será el caso de más ordinaria ocurrencia, defenderse. Ahora bien, cada una de estas diver- sas actitudes del demandado frente a la demanda que se ha interpuesto en su con- tra, tiene una decisiva influencia en el curso posterior que debe seguir el juicio. En efecto: a) Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o si en sus escritos no contradice en materia sustancial y perti- nente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacua- do el traslado de la réplica (art. 313, inc. P, CPC). Aceptar la demanda implica recono- cer la exactitud de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apo- ya. Dada la excepcional gravedad que este acto procesal tiene para el demandado, la ley exige que si la aceptación de la demanda se efectúa por medio de man- datario éste debe estar premunido de fa- cultad especial (art. 7°, inc. 2°, CPC). Puede también que el demandado re- conozca los hechos y desconozca, en cam- bio, los fundamentos de derecho en que se apoya la demanda. Se trata de una si- tuación, como se ve, diversa de la ante- rior en que hay pleno acatamiento del demandado frente a los hechos y al dere- cho invocados por el demandante. En el fondo, en este segundo caso, el deman- dado reconoce los hechos, pero les niega las consecuencias jurídicas que les asigna el actor. Sin embargo, en ambos casos, sea que estemos en presencia de un allanamiento total de la demanda, o de la falta de con- tradicción en materia substancial y perti- nente en cuanto a los hechos, la suerte que sigue la tramitación del juicio es la misma, o sea, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva una vez evacuado el traslado de la réplica. En otros términos, contestada que sea la demanda, se dará traslado al deman- dante para que replique; evacuada la ré- plica o en rebeldía del demandante, se dará, en seguida, traslado al demandado para que duplique; y, una vez evacuada la dúplica o en rebeldía del demandado, el tribunal citará a las partes para oír sen- tencia. En consecuencia, en estos casos se prescinde, entera y solamente, de los trámites de la prueba; b) Si el demandado no contesta la de- manda en el plazo que la ley le ha señalado para estos efectos -quince días, o dieciocho días, o dieciocho días más el aumento- y el demandante desea que los autos sigan su curso progresivo, simplemente evacua su trámite de réplica. Se trata de un término fatal, como tuvimos oportunidad de señalar. Este silencio del demandado produ- ce en doctrina la llamada contestación ficta de la demanda, la cual, en el hecho, se traduce en su negación; por cuanto en derecho procesal quien calla nada reco- noce ni otorga, a menos que exista una disposición legal expresa que consagre una sanción semejante. Declarada la rebeldía de la contesta- ción a la demanda de oficio o a petición de parte, el tribunal proveerá traslado al demandante para replicar; evacuada la réplica se dará, en seguida, traslado al demandado para duplicar; y luego, eva- cuada la dúplica el tribunal examinará los autos para ver si debe recibir o no la causa a prueba, y esta seguirá así su curso normal. La rebeldía de la contestación a la demanda, lo mismo que las demás rebel- días en la primera instancia, no tienen otro alcance que dar por evacuado ficti- ciamente el trámite de que se trata, a oh- 27 jeto de que los autos puedan continuar en su curso progresivo, siendo esta situa- ción neutra, ya que declarada o no la re- beldía, igual se sigue el curso progresivo de los autos bastando evacuar la parte diligente el trámite que le corresponde, pudiendo por consiguiente la parte re- belde hacerse presente en cualquier mo- mento posterior, siempre y cuando, naturalmente, respete todo lo obrado; a menos que estuviéramos en presencia de un caso de fuerza mayor, o de falta real de notificación, que da origen a la nuli- dad procesal y que estudiaremos en mo- mento oportuno. El efecto de la rebeldía en la segunda ins- tancia. Aquí su trascendencia es mayor, pues al litigante rebelde no se le toma más en consideración; y si, posteriormen- te, desea comparecer, tendrá que hacer- lo por medio de procurador del número o de abogado habilitado. c) Si el demandado se defiende, será ne- cesario ver previamente en qué forma lo hace, para saber la tramitación que se- guirá el juicio. Se comprende que esta última actitud del demandado es en la práctica, la de más ordinaria ocurrencia. La defensa del demandado se mani- festará por oponer a la demanda excep- ciones dilatorias, como previas a la contestación, o, simplemente, contestán- dola. En la contestación a la demanda, el demandado opondrá excepciones peren- torias, alegaciones o defensas, e incluso todavía puede reconvenir. A continuación estudiaremos, en de- talle, cada una de estas actitudes defensi- vas del demandado, por su especial importancia y trascendencia en la mar- cha del pleito. lDlTORiilL /URI DleA DE CHILE :": m
  13. 13. Capítulo Tercero LAS EXCEPCIONES DILATORIAS SUMARIO: 1. Generalidades; II. Análisis particular de las excepciones dilatorias; III. Procedimiento; IV. Excepciones mixtas o anómalas. 1. Generalidades 333. Concepto. El término excepción tiene un doble significado: uno, sinóni- mo de toda defensa que opone el de- mandado a las peticiones del actor para enervarlas; y otro, equivalente también a la defensa del primero de los nombra- dos, pero fundada en la defectuosa ma- nera de haberse ejercitado la acción. La primera clase de defensa que puede es- grimir el demandado mira al fondo de la acción deducida; recibe el nombre técni- co de excepción perentoria; y se halla, por consiguiente, contemplada en las leyes de fondo o sustantivas. La segunda clase de defensa de que puede valerse el deman- dado mira a la forma del procedimiento; se llama excepción dilatoria; y, en conse- cuencia, su reglamentación la encontra- mos en las leyes procesales. Para nuestro derecho positivo, son ex- cepciones dilatorias aquellas que tienen por objeto corregir vicios de procedimiento sin afectar al fondo de la acción deduci- da (art. 303, N° 6°, CPC). Su misión es, pues, precisa y determi- nada, y del más alto significado: corregir defectos de procedimiento, procurar que la relación procesal se forme válidamen- te, o sea, exenta de todo vicio que más tarde pudiera servir para anularla. Como se comprende, el demandado al formu- lar una excepción dilatoria se abstendrá de contestar la demanda, no entrará al fondo de la causa y, en consecuencia, de- berá oponerla en forma previa a la cues- tión principal, la que quedará intertanto suspendida. En el hecho, las excepciones dilatorias para que puedan cumplir ade- 29 cuadamente su finalidad correctiva del procedimiento, retardan la entrada aljui- cio; y de ahí que, en la práctica, a veces son utilizadas como medio de obtener su consecuencia y no el objetivo antes seña- lado. 334. ¿Cuáles son? El artículo 303 del Código de Procedimiento Civil contesta nuestra pregunta y, al efecto, prescribe: "Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: la. La incompetencia del tri- bunal ante quien se haya presentado la demanda; 2a . La falta de capacidad del demandante, o de personería o represen- tación legal del que comparece en su nombre; 3a . La litispendencia; 4a . La inep- titud del libelo por razón de falta de al- gún requisito legal en el modo de proponer la demanda; sa. El beneficio de excusión; y 6a • En general, las que se refieran a la corrección del procedimien- to sin afectar al fondo de la acción dedu- cida". En consecuencia, nuestra ley recono- ce dos grupos de excepciones dilatorias: el primero, constituido por las cinco prime- ras excepciones dilatorias taxativamente enumeradas; y el segundo, por aquellas que, participando de las características señala- das en el número sexto, pueden ser en- casilladas en dicho número. Es por ello que se afirma con funda- mento que la enumeración de las excep- ciones dilatorias, contenida en el artículo 303 ya transcrito, no es taxativa. Empero la clasificación de las excep- ciones dilatorias en los dos grupos antes señalados no tiene importancia alguna, pues todas ellas están sometidas a una EDITORIIL JURI DleA DE CHILE /. 2 -<" -<" m
  14. 14. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal n. Análisis particular de las excepciones dilatorias misma reglamentación. Solamente que las del primer grupo presentan la ventaja de que, estando contempladas expresamen- te en la ley, con el carácter de dilatorias, no darán margen a dificultades, en la práctica, al esgrimirlas como tales; en cam- bio, las pertenecientes al segundo grupo, al ser opuestas, podrán originar una cues- tión previa destinada a constatar si tie- nen las características señaladas en el número 6° del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil y, por consiguien-" te, si son o no legalmente excepciones" dilatorias. m z ',¿ lfll10RIAL JURIOICA DI CHilE diverso pero sobre la misma materia. Esta definición de la litispendencia demues- tra que sus requisitos o elementos consti- tutivos son tres; a saber: existencia de un juicio anterior; seguido entre las mismas partes; y siempre que verse sobre la mis- ma materia. Ahora bien, el juicio anterior podrá estar radicado ante el mismo tribunal que está conociendo del nuevo juicio en que se planteará la correspondiente excepción de litispendencia, o bien, ante tribunal diverso; y se entiende que existe tal jui- cio, desde el momento en que el deman- dado ha sido notificado de la demanda, pues desde ese instante ha nacido la rela- ción procesal. Debe estarse siguiendo el anterior pleito entre las mismas partes, o sea, debe existir identidad legal entre las partes del primer pleito y del segundo, no impor- tando el papel procesal que ellas desem- peñan en uno y otro pleito. Se podrá así ser demandante en el primer juicio y de- mandado en el segundo o viceversa. Por último, ambos juicios deben ver- sar sobre la misma materia, esto es, tanto la cosa pedida cuanto la causa de pedir, hechas valer en un pleito, deben ser idén- ticas a las reclamadas en el otro pleito. El fundamento de esta excepción dila- toria es obvio: evitar que las partes liti- gantes pretendan subsanar los posibles errores cometidos en un juicio, renovan- do este mismo juicio mediante una nue- va demanda. Por tal razón acogida la excepción dilatoria de litispendencia, pro- duce el ifecto de paralizar el nuevo pleito, intertanto se falle el primero por senten- cia ejecutoriada; a objeto de que la parte favorecida con la excepción de cosa juz- gada, que pueda emanar de esta senten- cia, la oponga como excepción perentoria en el segundo pleito, que estaba paraliza- do, y cuya tramitación ha debido reini- ciarse a virtud de la terminación del primero. 338. Ineptitud del libelo. Está consa- grada en los siguientes términos: "Sólo 31 Ejemplo de falta de capacidad del ac- tor: deduce demanda una persona de 18 años de edad; ejemplo de falta de perso- nería del que comparece a nombre del actor: deduce la demanda a nombre de este último un mandatario o apoderado que no tiene facultades judiciales; yejem- plo de falta de representación legal del que comparece a nombre del actor: de- duce la demanda a nombre de este últi- mo, que es persona demente sujeta a interdicción, un individuo que se dice cu- rador sin serlo en realidad. y si el demandado es persona incapaz o se ha notificado la demanda a persona que no es su mandatario o representante legal, ¿qué actitud podría asumir? En verdad que no puede oponer la excepción dilatoria que estamos comen- tando, porque ella se refiere exclusiva- mente al actor; pero pensamos que no habría inconveniente legal para corregir este procedimiento vicioso, mediante la excepción 6a del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, fundada en la in- capacidad del demandado o en la falta de personería o representación legal de la persona que se pretende que compa- rezca en su nombre, según el caso. Naturalmente que esta excepción di- latoria la deducirá el demandado a su propio nombre o a través de su represen- tante legal, según sea el fundamento en que se la apoye. Tampoco divisamos inconveniente al- guno para que el seudomandatario o el seudorrepresentante legal se apersone al juicio y solicite, por vía incidental, la de- claración de ineficacia de la notificación de la demanda que se le ha practicado, por habérsele atribuido una personería o representación que, en realidad, no tiene. 337. Litispendencia. Se halla estable- cida en la siguiente forma: "Sólo son ad- misibles como excepciones dilatorias: ... 3a La litispendencia... " (art. 303, N° 3°, CPC). Se dice que hay litispendencia cuando entre las mismas partes existe otro juicio cambio, en el segundo caso, la falta d~ reclamo de la incompetencia relativa del" tribunal, en la oportunidad legal debida, produce la prórroga tácita de la compe- tencia (art. 187 COT). También es del caso llamar la atención acerca de que la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda, no cabe con- fundirla con la excepción de falta de juris- dicción del mismo, pues esta última no tiende a corregir vicios de procedimiento, sino que afecta al fondo de la acción de- ducida; en otros términos, esta última ex- cepción tiende a enervar la acción deducida y, por consiguiente, es perentoria y debe ser opuesta al contestarse la demanda. 336. Incapacidad, falta de personería o de representación legal. Esta excepción dilatoria se encuentra establecida en los siguientes términos: "Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: ... 2a . La fal- ta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre..." (art. 303, N° 2°, CPC). La lectura de este precepto demues- tra, a la simple vista, que él contempla tres situaciones diversas: falta de capacidad del demandante; falta de personería del que comparece en su nombre; y falta de representación legal del que comparece en su nombre. La capacidad del actor, al igual que la personería o representación legal del que comparece en su nombre, es requisito indispensable para accionar válidamente, o sea, para que la relación procesal nazca exenta de todo vicio y la sentencia que se pronuncie produzca los efectos que le son propios entre las par- tes litigantes. El problema de determinar si el de- mandante es o no capaz, si el mandata- rio del actor tiene o no facultad de actuar en su nombre, y si el representante legal del mismo es en verdad tal representan- te, debe ser resuelto a la luz de las dispo- siciones legales de fondo o substantivas por cuanto el Código de Procedimiento Civil no contiene normas al respecto. 30 335. Incompetencia del tribunal. Se halla establecida en los siguientes térmi- nos: "Sólo son admisibles como excep- ciones dilatorias: 1a. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda..." (art. 303, N° 1°, CPC). Recordemos que la incompetencia del tribunal puede ser de dos clases: absoluta y relativa; y que las cuestiones de compe- tencia pueden promoverse por declinato- ria y por inhibitoria. Desde el momento en que la ley no distingue, creemos que la excepción dila- toria de incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda po- drá fundarse, ya en la incompetencia abso- luta, ya en la incompetencia relativa del mismo; y que si la cuestión de competen- cia se promueve por vía declinatoria, o por vía inhibitoria, en ambos casos presentará el carácter de excepción dilatoria. Tiene importancia distinguir según si la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se haya presenta- do la demanda se funda en la incompe- tencia absoluta o relativa del mismo, pues, en el primer caso, si no se formula la correspondiente excepción dilatoria en la oportunidad legal debida, siempre pue- de formularse en el curso del juicio como incidente de nulidad de todo lo obrado (arts. 10 COT y 84, inc. 2°, CPC); y, en FDITORIAl lURIOICA DE eHI Ll L f ~
  15. 15. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal ~ < z ~ 2 '"~ m mi conocimiento, y antes de hacer cual- quiera gestión principal en el pleito. En cambio, la demanda ha sido interpuesta por un incapaz, y en vez de oponer la excepción dilatoria pertinente en el plazo para contestar la demanda, me limito a defenderme sobre el fondo y, estando el proceso en estado de prueba, formulo la correspondiente incidencia sobre falta de capacidad del demandante. Esta excepción dilatoria, aparentemente extemporánea, deberá ser acogida en definitiva, pues se funda en un vicio que anula el proceso (arts. 84 y 85 CPC); Y b) Las excepciones dilatorias de in- competencia del tribunal y de litispen- dencia "podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente" (art. 305, inc. 2°, CPC). 3A 2-"21 341. Tramitación, fallo y recursos. Las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes (art. 307, inc. l°, CPC). Se trata, por consiguiente, de una cuestión accesoria que requiere especial pronunciamiento del tribunal; y se pro- mueve y falla la excepción dilatoria den- tro de la misma pieza de auto, porque sin su previa resolución no se puede se- guir sustanciando la causa principal (art. 87, inc. 1°, CPC). Es, además, un incidente ordinario, de suerte que su tramitación, recordan- do las enseñanzas anteriores, es la siguien- te: opuesta la excepción dilatoria, se confiere traslado por tres días al actor, y haya o no respuesta de éste dentro de dicho plazo, el tribunal resuelve el inci- dente, a menos que existan puntos sus- tanciales, pertinentes y controvertidos, en cuyo caso lo recibirá a prueba por un término de ocho días y, vencido que sea, dictará el correspondiente fallo sobre el incidente. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano, esto es, sin necesidad de tramitarlas ni de recibirlas a prueba, aquellas excepciones dilatorias cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notorie- *Modificación introducida por el artículo 10--L dad, lo que el tribunal consignará en su de la Ley N° 18.882 de 20 de diciembre de ;j01~8""0)~s.olución(art. 89 CPC).,vr uo?,. oQ:-~ o~ t-v -<:l~. "i SER~~10 ~ EDITORIAL jURIDICA DE CHla '.::::l --;, ~ BIBLIOTECA J Se trata como se ve, del término para contestar la demanda, el cual, para los efectos de oponer las excepciones dilato- rias, reviste el carácter de fatal, por ser un plazo establecido para las partes en el Código de Procedimiento Civil (art. 64 CPC).* La regla general anterior presenta dos excepciones: a) Si las excepciones no se han opues- to todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento ya indica- do, "se podrán oponer en el progreso del juicio sólo por vía de alegación o defen- sa, y se estará a lo dispuesto en los artícu- los 85 y 86" (art. 305, inc. 2°, CPC). ¿Qué significado o alcance tiene este precepto? En otros términos dispone que si las excepciones dilatorias no han sido opuestas como tales en la forma y opor- tunidad que la ley señala, pueden formu- larse con el mismo carácter de dilatorias al contestar la demanda o en el curso posterior del juicio, incluso, estando las partes citadas para oír sentencia. Sin em- bargo, habrá que estarse a lo prevenido en los artículos 85 y 86, o sea, que, en principio, estas dilatorias informales y ex- temporáneas tendrán que ser rechazadas, a menos que se funden en un vicio que anule el proceso, o en una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del mismo. Ejemplo: la demanda no se ajusta a los requisitos de forma señalados en el ar- tículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y en vez de oponer la excepción di- latoria de ineptitud del libelo dentro del plazo para contestarla, me limito a eva- cuar este trámite, defendiéndome sobre el fondo de la acción deducida, y luego, al presentar el escrito de dúplica, hago no- tar el defecto de forma de que adolece la demanda. Esta excepción dilatoria deberá rechazarse, en definitiva, porque debí opo- nerla tan pronto el hecho en que se fun- da, esto es, la ineptitud del libelo, llegó a 111. Procedimiento 340. Manera y oportunidad de opo- ner excepciones dilatorias. La manera de hacer valer las excepciones dilatorias es oponiéndolas todas en un mismo escrito (art. 305, inc. l°, parte P, CPC). Ejemplo: el tribunal ante quien se presentó la deman- da es incompetente, el mandatario del demandante carece de suficiente perso- nería, y la demanda no contiene la expo- sición clara de los hechos en que se funda. Tengo, por consiguiente, tres excepcio- nes dilatorias que hacer valer en contra del demandante y las tres debo oponer- las en un solo y mismo escrito. La razón de esta disposición es lógica y manifiesta. Si así no fuere, el demanda- do, de mala fe, para alargar eljuicio, iría formulando las excepciones dilatorias, que son previas al fondo del mismo, una en pos de las otras, con la consiguiente pérdida de tiempo. En cuanto a la oportunidad para opo- ner las excepciones dilatorias, ello debe hacerse "dentro del término de emplaza- miento f~ado por los artículos 258 a 260" (art. 305, inc. P, parte 2 CPC). en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas por éste' para la seguridad de la misma deuda (art. 2357 CC). Como se comprende, esta excepción dilatoria se hará valer por el fiador en pleito que le siga el acreedor, y su finali- dad u objetivo es paralizarlo, intertanto el acreedor no agote los medios judicia- les en contra del deudor principal, y en las hipotecas o prendas que éste hu- biere prestado para caucionar la deuda misma. Si con estas nuevas acciones interpues- tas por el acreedor, no obtiene el pago de su crédito, no habrá más camino que reiniciar el juicio que había seguido pri- mitivamente en contra del fiador, el cual se hallaba paralizado, a virtud del benefi- cio de excusión hecho valer en forma de excepción dilatoria. 32EDITORIAL jURIDICA [)[ CH1U 339. Beneficio de excusión. Está in- dicado como excepción dilatoria en la siguiente forma: "Sólo son admisibles como excepciones dilatorias... 5 a • El be- neficio de excusión..." (art. 303, N° 5°, CPC). Se entiende por beneficio de excusión el derecho de que goza el fiador que ha sido demandado para exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda son admisibles como excepciones dilato- rias: ... 4a . La ineptitud del libelo por ra- zón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda..." (art. 303, N° 4°, CPC). Libelo es sinónimo de demanda y, des- de el momento en que esta excepción dilatoria se funda en la falta de requisitos legales de aquélla, es del caso relacionar este precepto con el artículo 254 del Có- digo de Procedimiento Civil, ya estudia- do, que establece los requisitos de forma '. específicos que debe contener el escrito de demanda. Por consiguiente, el libelo es inepto cuan- do le falta alguno de los requisitos de forma específicos señalados por la ley como obligatorios del escrito de deman- da. La jurisprudencia, precisando el con- cepto anterior, agrega que el libelo es inepto cuando la falta de algún requisito legal lo hace vago, ininteligible o suscep- tible de ser aplicado a diversos casos o situaciones. Recordemos que si al escrito de de- manda le falta alguno de los tres prime- ros requisitos señalados en el artículo 254, el juez puede de oficio no darle curso, expresando el defecto de que adolece (art. 256 CPC). La excepción dilatoria de ineptitud del libelo entrará en juego, pues, cuando a la demanda le falta cual- quiera de los requisitos señalados en el artículo 254 del Código de Procedimien- to Civil; o bien, cualquiera de los tres pri- meros señalados en tal precepto, y el juez no haga uso de su facultad de oficio de no admitir a tramitación la demanda, ex- presando el defecto de que adolece para que pueda ser subsanado. <
  16. 16. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal ~ L < m Al dictar sentencia, el tribunal debe- rá tener buen cuidado de fallar a la vez todas las excepciones que se le hubieren propuesto conjuntamente; pero si entre ellas figura la de incompetencia, y el tri- bunalla acepta, se abstendrá naturalmen- te de pronunciarse sobre las demás, pues, según su propia opinión, carece de facul- tad para conocer sobre ellas (art. 306, parte 1a, CPC). Sin embargo, este mismo precepto agrega: "Lo cual se entiende sin peIjui- cio de lo dispuesto por el artículo 208". En otras palabras, si se apela de esta reso- lución, el tribunal de alzada puede revo- carla y negar lugar a la excepción dilatoria de incompetencia, en cuyo caso tiene que pasar a pronunciarse sobre las demás ex- cepciones dilatorias sin necesidad de nue- vo pronunciamiento de parte del tribunal inferior, o sea, prácticamente las resuelve en única instancia. Por último, la resolución que falla el incidente de excepción dilatoria será auto o sentencia interlocutoria, según el caso, lo cual tendría importancia para el efecto de los recursos; pero la ley resuelve dere- chamente el problema de la procedencia del recurso de apelación, al prescribir que "la resolución que deseche este inciden- te será apelable sólo en el efecto devolu- tivo", con lo cual, a contrario sensu, la que lo acoja será apelable en ambos efec- tos (art. 307, ine. 2°, CPC). 342. Curso posterior del juicio. De- sechadas las excepciones dilatorias o sub- sanadas por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá diez días el demandado para contestarla, cual- quiera que sea el lugar en donde le haya sido notificada (art. 308 CPC). La ley se pone así en los dos casos que pueden presentarse con el fallo de las excepciones dilatorias. Si se deniegan, quiere decir que el procedimiento estaba correcto y debe seguir adelante en su tra- mitación; a la inversa, si se aceptan, quiere decir que el procedimiento era defectuo- so y debe ser subsanado para que pueda continuarse válidamente. EDITORIAL JURIDICA DECHILE 34 Este nuevo plazo que tiene el deman- dado para contestar la demanda es siem-" pre fatal, o sea, si no evacua e! trámite en el plazo señalado sigue el curso progresivo de los autos con el litigante o parte diligen- te y no sufre variación alguna, a diferencia, de! primitivo, cualquiera que sea el lugar en que haya sido notificada la demanda. y ¿desde cuándo se cuenta? Si la exce¡r ción ha sido rechazada, desde la notifica- ción de la resolución que así lo ha resuelto; puesto que, en e! evento de ser apelada, como lo hemos ya visto, dicha apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Por el contrario, si la excepción dilatoria es aco- gida, el demandante tendrá que subsanar los defectos en que dicha resolución se fun- da; y, desde este momento, comenzará a correr el plazo de diez días que tiene e! demandado para contestar la demanda. En la práctica, en este último caso, para evitar toda duda al respecto, el demandante pide al tribunal que se declare que ha subsana- do el vicio o defecto de que se trata, y a contar de la notificación de la resolución que así lo declare, comenzará a correr el ya citado plazo de diez días. Con todo, la frase "o subsanados por e! demandante los defectos de que ado- lezca la demanda", que se contiene en el precepto legal que comentamos, carece de la claridad necesaria para su adecua- da interpretación. La interrogante que ella plantea es determinar cuándo o en qué casos los defectos de que adolezca la demanda podrán ser legalmente subsa- nados por el actor. Pensamos que ello acontecerá siem- pre y cuando el mencionado defecto no llegue a afectar la validez de la relación procesal. En otros términos, si la deman- da -pongamos por caso- es inepta en la forma, evidentemente que, al ser acogida la correspondiente excepción dilatoria, el demandante podrá subsanar el defecto que contiene, indicando o completando las menciones omitidas. En cambio, si la excepción dilatoria aco- gida lo ha sido por incompetencia del tri- bunal ante e! cual se presentó la demanda, o por falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre, la relación procesal ha nacido viciada; pues estas cir- cunstancias miran a sus condiciones esen- ciales de validez y, por consiguiente, sólo cabe ordenar el archivo de los autos. Todo esfuerzo del actor tendiente a que la misma demanda se radique o pase ante el tribunal competente; o que se siga eljuicio ahora con su representante legal, en caso que aquél fuera incapaz, o con su verdadero representante legal o mandata- rio con poder suficiente, previa ratifica- ción de lo obrado, no implica, por cierto, subsanar defectos de forma de la deman- da, sino que ello mira más bien a la vali- dez de la relación procesal y, por ende, escapa a la norma contenida en el artícu- lo 308 del Código de Procedimiento Civil. Sólo una nueva demanda interpues- ta ante tribunal competente por el ver- dadero representante legal del actor o por su mandatario premunido de poder suficiente, puede rectificar el procedi- miento primitivo y viciado utilizado por el demandante incapaz o por su seudo- rrepresentante legal o mandatario. IV. Excepciones mixtas o anómalas 343. Su régimen legal. Las contempla el artículo 304 del Código de Procedi- miento Civil, al disponer: "Podrán tam- bién oponerse y tramitarse del mismo modo que las dilatorias la excepción de cosa juzgada y la de transacción; pero, si son de lato conocimiento, se mandará contestar la demanda, y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva".* * Artículo sustituido, por el que aparece en el texto, por el N° 1 del an. 5° de la Ley N° 18.680, de 11 de enero de 1988. Actualizado Depto. D. Pro- cesal U. de Chile. 35 Se trata, en consecuencia, de dos ex- cepciones de carácter perentorio, pues mi- ran al fondo de la acción deducida y no a la corrección del procedimiento, las cuales, por su importancia, pueden opo- nerse y tramitarse como dilatorias. De ahí también su nombre de mixtas o anó- malas. Esta disposición se funda, evidente- mente, en razones de economía proce- sal, ya que carece de objeto entrar al fondo del juicio, cuando de antemano se sabe que la demanda será desestimada, en caso de que el demandado, al contes- tarla, oponga cualquiera de estas dos ex- cepciones perentorias. Es preferible, pues, darle al demandado la oportunidad de hacerlas valer en forma previa sin los es- fuerzos que significa contestar sobre el fondo. Ahora bien, una vez opuestas y trami- tadas estas excepciones perentorias como si fueran dilatorias, esto es, en un mismo escrito, dentro del término de emplaza- miento, y confiriendo traslado por tres días al actor, el tribunal puede adoptar dos actitudes: a) Fallarlas de inmediato, sin peIjui- cio de haber abierto un término proba- torio dentro del incidente, si cree que es necesario recibirlo a prueba; o b) Mandar contestar la demanda, re- servándolas para ser falladas en la sen- tencia definitiva. y ¿cuándo adoptará una u otra acti- tud? Según si, a su juicio, estas excep- ciones son o no de lato conocimiento; y ser de lato conocimiento implica que la cuestión suscitada, por su compleji- dad, requiere de las garantías de la con- troversia y de las pruebas propias del procedimiento ordinario, y no del bre- ve y sumario, como lo es el procedi- miento incidental. WITORL1. IURIOICA DE CHIU L L ::; -;o
  17. 17. Capítulo Cuarto LA CONTESTACIÓN, LA RÉPLICA Y LA DÚPLICA, YLA RECONVENCIÓN SUMARIO: 1. La contestación de la demanda; II. La réplica y la dúplica; III. La reconvención. 1. La contestación de la demanda 344. Concepto. Así como el escrito de demanda resume las pretensiones del actor y es un acto procesal que inicia el juicio, el escrito de contestación de la de- manda resume las pretensiones del de- mandado, y es, por regla general, su primer acto procesal dentro de aquel. Se define la contestación de la demanda diciendo que es el escrito en que el de- mandado da respuesta al libelo interpues- to en su contra por el actor, o bien, el escrito en que el demandado opone las excepcio- nes o defensas que hace valer en contra del demandante destinadas a eneIVar o des- truir las acciones que este ha deducido. El objetivo fundamental, pues, del es- crito de contestación de la demanda es dar oportunidad al demandado para que se defienda de la demanda que ha esgri- mido en su contra el actor, oponiendo excepciones perentorias, o sea, aquellas que miran al fondo de la acción deduci- da y sin que se refieran para nada a la corrección del procedimiento. Estas excepciones perentorias, a diferen- cia de las dilatorias ya tratadas, no están enumeradas ni menos señaladas en el Có- digo de Procedimiento Civil. Son tantas cuantas pueda imaginar el demandado, desde el momento en que así como de todo derecho nace una acción para re- clamarlo judicialmente, también frente a toda acción hay una excepción o defensa destinada a enervarla. En general, son ex- cepciones perentorias los diversos modos de extinguir las obligaciones, y siempre se encuentran contempladas en los códi- gos o leyes de fondo o sustantivas. 37 Pero el escrito de contestación de la demanda también puede servirle al de- mandado para otros dos objetivos más, aun- que de carácter secundario o accidental, a saber, aceptar llanamente las peticiones del demandante y deducir reconvención en contra del actor. El primero de estos objetivos secundarios lo analizamos al es- tudiar las diversas actitudes que puede asumir el demandado una vez notificado de la demanda, y el segundo lo estudia- remos más adelante, por su importancia práctica innegable. 345. Clases de contestación de la de- manda. La contestación de la demanda admite diversas clasificaciones, según sean los puntos de vista desde los cuales se las formule. Así: a) Según si se ha evacuado o no, la contestación de la demanda puede ser expresa o ficta. Es expresa cuando el de- mandado presenta efectivamente el escri- to respectivo, evacuando el trámite de que se trata. Es ficta cuando el demandado no presenta este escrito en el término legal-fatal y el demandante o de oficio el tribunal le acusa rebeldía del trámite en referencia a fin de obtener el progreso del juicio. Esta clasificación tiene impor- tancia para los efectos de la recepción de la causa a prueba, pues la contestación de la demanda ficta implica negación to- tal y absoluta de los hechos contenidos en la demanda; b) Según si el demandado tiene o no que hacer valer una acción en contra del demandante, la contestación de la deman- da puede ser pura o simple y con recon- EDITORIAL JURIDICA DE CHILE L ~ '" e :s ::: m
  18. 18. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal ~ EDITORIAl rURlDICA DE CHILE m 2 ~ vención. La contestación de la demanda es pura o simple cuando está destinada a cumplir su objetivo fundamental, o sea, permitir al demandado oponer excepcio- nes perentorias a la acción deducida en su contra. La contestación de la deman- da es con reconvención cuando el deman- dado no sólo se limita a oponer excep- ciones perentorias, sino que, además, por su parte, deduce una nueva demanda en contra del actor. Esta clasificación tiene importancia para los efectos de la trami- tación posterior que sigue el juicio, pues la reconvención se sustanciajunto con la demanda principal y da origen a un trá- mite más, cual es la dúplica en la recon- vención, y c) Por último, según la actitud que adopte el demandado frente al objetivo del escrito de contestación de la deman- da, ésta puede clasificarse en contestación de la demanda destinada a aceptar llana- mente las peticiones del demandante y en contestación de la demanda destinada a defenderse, oponiendo las correspondien- tes excepciones perentorias. Esta clasifi- cación tiene importancia para los efectos de la recepción de la causa a prueba, pues, en el primer caso, no será necesario cum- plir con este trámite. 346. Forma y contenido de la contes- tación de la demanda. Desde el momen- to en que la contestación de la demanda, lo mismo que esta última, es un verdade- ro escrito, se halla sujeta a un doble gru- po de formalidades legales: las generales a todo escrito y las especiales del escrito de contestación de la demanda. Las formalidades generales de todo escri- to y, por consiguiente, aplicables al escrito de contestación de la demanda, en sínte- sis, son: la contestación de la demanda deberá presentarse en papel proceso;* por *Actualmente, y con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 3.475 de 29 de agosto de 1980, pu- blicado en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 1980, quedó sin efecto la obligación de usar papel sellado en los juicios y gestiones judiciales, toda vez que el artículo 32 de dicho Decreto Ley derogó el lDlTORIM JURlDlCA OECHIIF conducto del secretario respectivo, enca- bezada con una suma que indique su con- tenido (art. 30 CPC); y acompañada, en papel simple, de tantas copias cuantas sean las partes a quienes haya de ser notificada (art. 31, inc. 10, CPC); y, por último, en atención a que la contestación de la de- manda es, por regla general, la primera presentación que hace el demandado, de- berá contener la constitución de un pro- curador o mandatario judicial habilitado , -y la designación de abogado patrocinan- te, también habilitado, salvo las excepcio- nes legales (arts. JO y 20 Ley 18.120 de 30 de abril de 1982, publicada en el Diario Oficial de 18 de mayo del mismo año). En cambio, las formalidades especiales del escrito de contestación de la deman- da las señala el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, al prescribir que él debe contener: 1o. La designación del tribunal ante quien se presente: Este requisito se cumple a continua- ción de la suma, expresando solamente la jerarquía del tribunal y, todavía, ello mediante abreviaturas. Ejemplos: se pon- drá SJ.L., tratándose de jueces letrados; J.c., tratándose de Cortes de Apelacio- nes; y Excma. Corte, si queremos referir- nos a la Corte Suprema. 20 • El nombre, domicilio y profesión u ofi- cio del demandado. Debe contener, en consecuencia, una perfecta individualización del demanda- do, lo que tendrá suma importancia para los efectos de saber quiénes son las par- tes litigantes, dónde debe notificárseles y a quiénes va a afectar la sentencia que, en definitiva, se dicte. Nada expresa la ley en cuanto a la indi- vidualización del representante convencio- nal o legal del demandado; pero estimamos que también es indispensable señalarlas para mantener el debate judicial dentro de la lealtad y seguridad debidas. 30. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. Decreto Ley N° 619 de 1974, que la consagraba. Actualizado Depto. D. Procesal U. de Chile. 38 Debemos hacer, en estos momentos, comentarios similares a los que efectua- mos al analizar el requisito formal equi- valente que debe contener el escrito de demanda. Este requisito dice relación con la sustancia o médula del juicio mismo. Al igual que las pretensiones del actor, las del demandado se fundan en determi- nados hechos, a los cuales les aplica las disposiciones legales que cree pertinen- tes; de tal manera que lo menos que pue- de exigir el legislador respecto de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya el escrito de contestación de la demanda, es que se expongan con la suficiente claridad. Ahora bien, la defensa del demanda- do se concreta a las excepciones que ten- ga que oponer a la demanda contraria; de suerte que también lo menos que debe contener el escrito de contestación de la demanda son dichas excepciones. Es ob- vio que se trata de las excepciones peren- torias, o sea, de aquellas que miran al fondo del juicio y no a la corrección del procedimiento. En atención a que nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza indistintamen- te los términos "excepción", "alegación" o "defensa", estimamos que el escrito de contestación de la demanda también de- berá contener a estas últimas, pues ellas deben entenderse involucradas en la ex- presión "excepciones" que emplea el pre- cepto legal que estamos analizando. Sin embargo, en doctrina, los térmi- nos "excepción", "alegación" o "defensa" son distintos. En efecto, la excepción reconoce la existencia del derecho reclamado, y sólo pretende que ha caducado, por un he- cho independiente de su existencia y constitución; sostiene, por consiguiente, la falta de acción, fundándose en situa- ciones de hecho que el juez ignora has- ta esos momentos, o sea, ataca la vida misma del derecho reclamado; y, en úl- timo término, el peso de la prueba de la excepción recaerá solamente sobre el demandado. 39 La alegación o defensa, en cambio, es la total negación del derecho reclamado, desconociéndolo en su nacimiento mis- mo y fundado en los requisitos de dere- cho invocados por el actor y que el juez debe conocer; de modo que, contestan- do al demandado, mediante una alega- ción o defensa, nada tendrá que probar. .EJemplo de una excepción: se deman- da el pago de una determinada suma de dinero, yel demandado contesta que nada debe, porque la pagó. Ejemplo de una alegación o defensa: se demanda el pago de una determinada suma de dinero, y el demandado contesta que nada debe, por- que jamás el actor le ha entregado suma alguna de dinero. 40 • La enunciación precisa y clara, con- signada en la conclusión, de las peticiones que se sometan alfallo del tribunal. Es la parte petitoria del escrito de con- testación de la demanda, que tiene una ubicación determinada, o sea, a la con- clusión, al final del escrito. Esta enuncia- ción de las peticiones que se someten al fallo del tribunal debe ser precisa y clara, en forma que no pueda prestarse a equí- vocos, desde el momento en que dichas peticiones, junto con las que habrá for- mulado en idéntica forma el actor, cons- tituyen la cuestión controvertida del juicio, o sea, la materia u objeto especial y directo del fallo. 347. De los documentos en que se funda la contestación. El demandado pue- de o no acompañar en esta oportunidad documentos o instrumentos. Si se acom- pañan, serán con citación o con conoci- miento, sin peIjuicio de lo indicado por el artículo 348 inciso primero del CPC que "los instrumentos pueden presentar- se en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia".* * Inciso sustituido, por el que aparece en el texto, por el art. 1°, N° 48, de la Ley N° 18.705, de 24 de mayo de 1988. Actualizado Depto. D. Proce- sal U. de Chile. z ~
  19. 19. Mario Casarino Viterbo Manual de Derecho Procesal ElJllültlAL TURIDICA Ot lHIU ~ del Código de Procedimiento Civil; pero, en todo caso, a diferencia de los escritos de demanda y contestación, no necesitan contener mención especial alguna. No se trata de trámites esenciales, esto es, por cuya omisión pudiera invalidarse el proceso, ya que las partes son dueñas de evacuarlos o no; y si no lo hacen en el término legal-fatal a petición de la con- traparte o de oficio, el tribunal proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado pre- vio (art. 64 CPC). Ejemplo: vencido el término para contestar la demanda, el demandado replica sin necesidad de acu- sar rebeldía. El tribunal tiene por contes- tada la demanda en rebeldía y por evacuado el trámite de réplica, dando tras- lado para duplicar al demandado. El de- mandado duplica [uer'a de plazo. El tribunal, no ha lugar por extemporáneo, autos, para recibir la causa a prueba o citar a las partes a oír sentencia. 348. Plazo para presentar la contesta- ción de la demanda y resolución que en ella debe recaer. En su oportunidad mani- festamos que el plazo para contestar la de- manda varía según sea el lugar en que haya sido notificado el demandado; esto es, quin- ce días si es notificado en la comuna don- de funciona el tribunal, dieciocho días si el demandado se encuentra en el mismo te- rritorio jurisdiccional pero fuera de los lí- mites de la comuna que sirve de asiento al tribunal, y dieciocho días, más el aumento que corresponde al lugar en que se en- cuentre. Este aumento será determinado en conformidad a una tabla que cada cin- co años formará la Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las dis- tancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones (arts. 258* y 259 inciso primero CPC) .** En seguida expresamos, al estudiar las excepciones dilatorias, que una vez que sean desechadas o subsanados por el de- mandante los defectos de que adolezca la demanda, el demandado tendrá diez días para contestarla, cualquiera que sea el lugar en donde le haya sido notificada (art. 308 CPC). Por consiguiente, y en resumen, elpla- zo para contestar la demanda varía de acuerdo a la actitud asumida por el de- mandado; si se limita a contestar la deman- da, el plazo será de quince, dieciocho o dieciocho días más el aumento de la tabla del emplazamiento, según el lugar en que haya sido notificado; y si, a la inversa, den- tro de este mismo plazo opone previamente excepciones dilatorias, el término para con- testar la demanda será de diez días, una vez desechadas o subsanados por el actor los defectos de que adolecía aquélla. En cuanto a la resolución que debe re- caer en el escrito de contestación de la *Artículo reemplazado, por el que aparece en el texto, por el N° 3 del art. 5° de la Ley N° 18.776, de 18 de enero de 1989. ** Inciso modificado, como aparece en el tex- to, por el N° 4 del arto 5° de la Ley N° 18.776, de 18 de enero de 1989. Actualizado Depto. D. Proce- sal U. de Chile. mEDITORIAL jURIDICA m CHILE 40 demanda, no puede ser otra que traslado al actor por el término de seis días (art.· 311, parte P, CPC). Este plazo es fatal, y está destinado a que dentro de él el de- mandante evacue el trámite de répli- ca, al cual nos referiremos más adelante (art. 64 CPC) .* 349. Oportunidad para oponer excep- ciones perentorias. Las excepciones peren- _torias deben oponerse en la contestación de la demanda, puesto que, como lo he- mos oportunamente señalado, este es el objetivo fundamental de dicho escrito. Sin embargo, el legislador permite que determinadas excepciones perento- rias, en razón de su especial naturaleza jurídica, puedan oponerse antes de con- testar la demanda, y aun durante todo el curso del juicio. Son excepciones perentorias que pue- den oponerse antes de contestar la de- manda aquellas que pueden deducirse y tramitarse como las dilatorias, y son las siguientes: cosa juzgada y la de transac- ción; pero si son de lato conocimiento, se mandará contestar la demanda, y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva (art. 304 CPC).** En cambio, son excepciones perentorias que pueden oponerse con posterioridad a la presenta- ción del escrito de contestación de la de- manda, y en cualquier estado de la causa, las siguientes: prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito (art. 310, ine. l°, CPC). Ahora bien, para que estas últimas ex- cepciones perentorias sean admitidas a tra- mitación, se requiere: a) que se aleguen por escrito, y b) antes de la citación para senten- cia en primera instancia, o de la vista de la causa en la segunda (art. 310, inc. r, CPC). *Artículo modificado, como aparece en el tex- to, por el artículo 1° N° 4, de la Ley N° 18.882, de 20 de diciembre de 1989. ** Artículo sustituido, por el que aparece en el texto, por el N° 1 del art. 5° de la Ley N° 18.680, de 11 de enero de 1988. Actualizado Depto. D. Pro- cesalU. de Chile. La tramitación que sufran será diversa según sea la Oportunidad en que se ha- gan valer. Así, si se formulan en primera instancia antes de recibida la causa a prue- ba, quiere decir que se tramitarán como incidentes y la prueba se rendirá junta- mente con la de la causa principal; y si se formulan en primera instancia, pero des- pués de recibida la causa a prueba, tam- bién se tramitarán como incidentes, que pueden recibirse a prueba, si el tribunal lo estima necesario. En ambos casos el fallo se reservará para definitiva. Si, en cambio, se deducen en la segunda instan- cia, también se tramitarán como inciden- tes, que pueden recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario, y su fallo tam- bién se dejará para definitiva, pero con la particularidad de que es pronunciado en única instancia por el tribunal de al- zada (art. 310, incs. 2° y 3°, CPC). n. La réplica y la dúplica 350. Concepto. En el juicio ordinario de mayor cuantía, el período de discusión no queda agotado con la presentación de los escritos de demanda y de contestación que, respectivamente, han evacuado de- mandante y demandado. Existe, con pos- terioridad, una nueva intervención de ambas partes litigantes, que recibe el nom- bre de escritos de réplica y dúplica. Se define la réplica diciendo que es el escrito en que el demandante, junto con tratar de destruir las excepciones, alega- ciones o defensas hechas valer por el de- mandado, reafirma la posición de sus acciones; y la dúplica, a la inversa, dicien- do que es el escrito en que el demanda- do, junto con reafirmar, una vez más, la posición de sus excepciones, alegaciones o defensas, trata de destruir las acciones deducidas por el actor. Su forma, en consecuencia, es escrita, pues así se deduce del principio o carac- terística dominante dentro de la clase de los juicios ordinarios de mayor cuantía, y de la expresión "en los escritos de répli- ca y dúplica" que emplea el artículo 312 41 351. Ampliación, adición o modifica- ción de las acciones y excepciones. A pe- sar de lo dicho, el legislador reconoce a las partes un derecho que pueden hacer valer en los escritos de réplica y dúplica, cuya importancia no podemos descono- cer. Se halla consagrado en los siguientes términos: "En los escritos de réplica y dú- plica podrán las panes ampliar, adicio- nar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alte- rar las que sean objeto principal del plei- to" (art. 312 CPC). El tenor literal de la disposición legal antes citada permite afirmar que consa- gra una facultad en favor de las partes, y que si dicha facultad se ejerce, está sujeta a una doble limitación, a saber: la actividad de parte debe consistir únicamente en pretender ampliar, adicionar o modificar las acciones o las excepciones, según el caso, y esta actividad no puede afectar a las acciones o a las excepciones que sean oqjeto principal del pleito. En consecuencia, la aplicación de este precepto requiere, además, que en los es- z ~ ~ ~ º~ <C

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